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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00689-02

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00689-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia del 27 de marzo de 2025, que quedará del siguiente modo: Cuarto. A título de restablecimiento del derecho condenar a la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a: i) Reliquidar las prestaciones sociales de Luz Dary Sánchez Taborda, desde el 21 de febrero de 2011 y hasta que permanezca en el servicio devengando la denominada prima especial, pero no más allá el 31 de diciembre de 2020 siempre que la entidad haya cumplido con el pago de la prima especial de servicios en los términos del Decreto 272 de 2021, de acuerdo con el 30% del salario que le fue fraccionado y sin que en ningún caso supere el límite del 80% de lo que por todo concepto devengan anualmente los magistrados de alta corte; ii) Reconocer y pagar a Luz Dary Sánchez Taborda la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 21 de febrero de 2011 y hasta que desempeñe el empleo que le dé derecho a percibirla, pero no más allá del 31 de diciembre de 2020 siempre que la entidad haya cumplido con el pago de la prima especial de servicios en los términos del Decreto 272 de 2021, sin que en ningún caso supere el límite del 80% de lo que por todo concepto devengan anualmente los magistrados de alta corte; y 17 Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025) Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda iii) Realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme con lo expuesto. La reliquidación de los aportes al sistema pensional debe recaer sobre el 30% del salario fraccionado más la prima especial de servicios que solo es factor de salario para estos efectos desde la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 y que debe corresponder al 30% de la asignación básica, los cuales deben realizarse por todo el tiempo en el que la demandante haya percibido la prima especial de servicios y no se hayan realizado las cotizaciones pensionales en los términos aquí indicados, en atención a la imprescriptibilidad de tales rubros. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-00689-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luz Dary Sánchez Taborda presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMR14-3995 del 29 de abril de
2014 y 7221 del 31 de diciembre de 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva

1
En adelante DEAJ.
2
La demanda fue presentada el 17 de marzo de 2016. Folio 186 del expediente físico.
3
En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

Seccional de Administración Judicial de Medellín4 y la DEAJ, por medio de las
cuales le negó el reconocimiento del 30% del salario dejado de pagar o pagado a
título de prima especial de servicios y la reliquidación de sus prestaciones sociales
de acuerdo con ese porcentaje.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 1 de enero de 1993 hasta que desempeñe
el empleo que le confiere tal derecho, de los siguientes emolumentos: a) el 30% del
salario básico que no se le pagó por haber sido catalogado como la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; b) la prima especial de
servicio en cuantía del 30% de la asignación básica; c) las diferencias causadas por
la reliquidación de todas las prestaciones sociales, cesantías e intereses a las
cesantías; y ii) la actualización mes a mes sobre el valor de la condena de acuerdo
con el índice de precios al consumidor.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

3.1. Luz Dary Sánchez Taborda se desempeñó como juez de la República desde el
año 1991 y como magistrada del Tribunal Superior de Medellín desde el año 2007
«en adelante»6.

3.2. El 21 de febrero de 2014 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ en
la que solicitó el pago del 30% del salario dejado de percibir o pagado a título de
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la
reliquidación de todas las prestaciones sociales que se calculaban con base en el
salario.

3.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución DESAJMR14-3995
del 29 de abril de 2014. En contra de esa decisión interpuso recurso de apelación,
que fue resuelto de manera negativa por la DEAJ por medio de la Resolución 7221
del 31 de diciembre de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 25, 53 y 209 de la Constitución
Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152, ordinal 7, de la Ley 270 de 1996.

4
En lo siguiente DESAJ.
5
Folios 147 al 150 del expediente físico.
6
Así se indicó en el escrito introductorio de la demanda.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:

5.1. El legislador creó la prima especial de servicios a través del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. El gobierno nacional reglamentó dicho emolumento por medio de los
decretos 51, 53 y 57 de 1993, en los que dispuso que el 30% de la asignación básica
correspondía a la citada prima especial de servicios la cual no tenía carácter salarial.
Por lo tanto, la entidad solo le pagó el 70% de su asignación y sus prestaciones
sociales también se calcularon con una base salarial desmejorada.

5.2. Lo anterior fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de abril de 20148, en la que se determinó que la prima especial de
servicios debe ser reconocida de manera adicional, por lo que había lugar a la
reliquidación del salario básico y de las prestaciones sociales que se calculan con
base en ese rubro.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DESAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación9:

6.1. Las prestaciones sociales de la demandante fueron liquidadas en estricto
cumplimiento de los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional,
que estaba facultado por la Ley 4ª de 1992 para determinar qué componentes de la
remuneración tenían o no carácter salarial. La citada norma es clara al indicar que
la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, por lo que no había lugar a
reliquidar ninguno de los haberes mensuales percibidos por Luz Dary Sánchez
Taborda de acuerdo con ese emolumento.

6.2. No podían aplicarse retroactivamente las sentencias del Consejo de Estado10
que declaró la nulidad de los decretos anuales de los años 1993 a 2007 para
desconocer el régimen salarial vigente al momento de la liquidación porque esa
decisión solo tenía efectos hacia el futuro. Las decisiones adoptadas en sede
administrativa fueron proferidas conforme con el principio de legalidad y las normas
aplicables, por lo que acceder a las pretensiones implicaría modificar judicialmente
un régimen salarial definido por el legislador y el gobierno nacional.

7. Propuso las siguientes excepciones: legalidad del acto acusado, ausencia de
causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y
prescripción trienal.

7
Folios 153 al 178 del expediente físico.
8
Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
9
Folios 222 al 230 del expediente físico.
10
Sentencia del 29 de abril de 2014, radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en sentencia proferida el
27 de marzo de 202511, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
no emitió condena en costas. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

«Primero: Declarar no probadas las excepciones de “ausencia de causa petendi,
inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido” y “legalidad de los actos
acusados”, propuestas por la demandada.

Segundo. Inaplicar los artículos que establecen que se considerará como Prima, sin
carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de entre otros, los
jueces de la República, contenido en el artículo 6° del Decreto 658 de 2008; el artículo 8
de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014, y artículo 4 del Decreto 1105 de 2015, y siguientes.

Tercero. Declarar la nulidad de la de la Resolución No. DESAJMR 14-3995 del 29 de
abril de 2014, emanada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia; y de la Resolución No. 7221 del 31 de diciembre de 2015, emanada de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante los cuales se negó a la actora
la reliquidación y pago de prestaciones sobre el 100% del salario, incluyendo el 30%
descontado por concepto de prima especial, y el pago dicha prima como adición al
salario.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho se condena a la RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales de la señora Luz
Dary Sánchez Taborda, desde el 21 de febrero de 2011, y hasta que permanezca en el
servicio devengando la denominada prima especial, teniendo en cuenta como factor
salarial el 30% descontado por concepto de prima especial, sin que en ningún caso
supere el límite del 80% de lo que por todo concepto devengan anualmente los
Magistrados de Alta Corte; ii) reconocer y pagar a la señora LUZ DARY SÁNCHEZ
TABORDA la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 21 de febrero
de 2011, sin que en ningún caso supere el límite del 80% de lo que por todo concepto
devengan anualmente los Magistrados de Alta Corte; y iii) realizar los descuentos de ley
y aportes propios para el sistema general de seguridad social, en las proporciones
correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo
expuesto.

Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.

Quinto. Declarar probada la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales
causados con anterioridad al 21 de febrero de 2011.
[…]
Séptimo. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

11
Documento 5 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

Octavo. Negar las demás pretensiones. […]» [sic].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. El Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 201412, declaró la nulidad
de varios artículos contenidos en los decretos salariales de la rama judicial
expedidos por el gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, al considerar
que había interpretado erróneamente dicha ley y asumió equivocadamente que el
30% del salario básico constituía la prima especial de servicios, lo que redujo ese
salario al 70%, cuando la interpretación correcta consistía en que la prima equivalía
al 30% del salario básico y debía sumarse a este. En ese sentido se desmejoraron
los salarios y prestaciones sociales de los servidores judiciales.

9.2. La sentencia de unificación del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019 13
reiteró que la asignación básica debía pagarse en un 100% y que la prima especial
debía adicionarse a dicho valor, sin que ello implicara reducir la base salarial; y
precisó que las prestaciones sociales debían liquidarse sobre la totalidad del salario
básico, sin descontar el 30% correspondiente a la prima especial.

9.3. Luz Dary Sánchez Taborda ejerció como juez de la República entre el año 1993
y el 7 de agosto de 2008 y como magistrada de tribunal a partir del 8 de agosto de
2008 hasta, por lo menos, la fecha de radicación de la demanda, razón por la que
tenía derecho a que la prima especial de servicios se le pagara como un
emolumento adicional al salario y no como parte de él como se indicó en los
decretos salariales anuales.

9.4. Debido a que la mencionada prima fue pagada como parte integrante del salario,
la DEAJ le adeudaba el 30% del salario y los valores resultantes de la reliquidación
de todas las prestaciones sociales que se calculan a partir de la asignación básica,
sin que dichos rubros superen el 80% de lo que por todo concepto perciben los
magistrados de altas cortes. También debía pagar la respectiva reliquidación de los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones y realizar los descuentos que
correspondían a la demandante.

9.5. Las sumas causadas antes del 21 de febrero de 2011 prescribieron de acuerdo
con la fecha de radicación de la reclamación administrativa que tuvo lugar el 21 de
febrero de 2014 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. No se causaron
costas, razón por la que no hubo lugar a su imposición.

12 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
13Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19. C.P. Carmen Anaya
de Castellanos.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

1.4. El recurso de apelación

10. LaDESAJ presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos14:

10.1. La prima especial de servicios no tiene carácter salarial, razón por la que debe
revocarse la orden de reliquidación de las prestaciones sociales ordenadas por el a
quo.

10.2. La entidad se encuentra ante una imposibilidad material y presupuestal para
dar cumplimiento al pago de los mayores valores generados de la reliquidación del
salario con ocasión del correcto pago de la prima especial de servicio pues ello
podría implicar el desconocimiento de las normas de presupuesto.

10.3. La prima especial de servicios se ha pagado como un emolumento adicional al
salario desde el 1 de enero de 2021 en cumplimiento del Decreto 272 de 2021, por
lo que la condena debe limitarse al 31 de diciembre de 2020.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar15.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad16.

2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscriben a

14
Documento 8 del expediente digital de la primera instancia.
15
Así se indicó en el auto admisorio del 23 de julio de 2025.
16
Constancia en el documento 7 del expediente digital de la segunda instancia.
17
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

establecer ¿si hay lugar a revocar la orden de reliquidación de las prestaciones
sociales ordenada por el a quo en atención a que la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial? ¿si la disponibilidad presupuestal de la entidad demandada
puede condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de
la condena? Y ¿si la orden de restablecimiento del derecho debe limitarse al 31 de
diciembre de 2020?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial18 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
18
Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24
de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad
para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el
concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos
por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no
implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano
tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la
comunidad internacional».

7

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Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200719, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar20».

19
Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la
Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de radicado
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
20
Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no
se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201921, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

9

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201922.

24. Asimismo, el Consejo de Estado23 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 24 «la

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-2018).
23
Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. Declaró la
nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto
54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º
del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47
de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º
del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto
64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37
de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º
del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724
de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002;
8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de
2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004;
6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del
Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto
392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
24
Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

27. En la sentencia del 2 de septiembre de 201925, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto

25
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior26 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro-operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0527 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

33. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».

34. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la
igualdad:

«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
asignación en el monto señalado en la ley.

26
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
27
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».

35. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes
por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

36.1. Luz Dary Sánchez Taborda se vinculó a la Rama Judicial en 1988. Desde el
año 1991 hasta el 2007 se desempeñó como «juez grado 15», juez civil municipal y
juez civil del circuito hasta el año 2008. A partir del 8 de agosto de 2008 ha ejercido
el cargo en propiedad de magistrada del Tribunal Superior de Medellín, vínculo que
se mantuvo vigente hasta, por lo menos, el 30 de abril de 2014, de acuerdo con el
certificado proferido por la DESAJ el 5 de mayo de ese año28 en el que se observa
que la demandante pertenece al régimen «acogido»29.

36.2. El 21 de febrero de 2014 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ
en la que solicitó el pago del 30% del salario dejado de percibir o pagado a título de
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la
reliquidación de todas las prestaciones sociales que se calculan con base en el
salario30.

36.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución DESAJMR14-
3995 del 29 de abril de 2014, con fundamento en que, aunque el artículo 7 del
Decreto 618 de 2007 fue declarado nulo por el Consejo de Estado 31, en la citada
norma no se enlistaron a los jueces de la República como beneficiarios de la prima
especial de servicios32.

28
Folios 64 al 69 del expediente físico.
29 Folios 135 al 138 del expediente físico.
30
Folios 12 al 13 reverso del expediente físico.
31
En sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00.
32
Folios 14 al 16, del expediente físico.

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Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

36.4. En contra de esa decisión, interpuso recurso de apelación, en el que insistió en
el derecho que le asistía a la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales.
La alzada fue resuelta a través de la Resolución 7221 del 31 de diciembre de 2015
en el sentido de confirmar la negativa recurrida33.

2.4. Análisis sustancial

37. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de los actos administrativos
cuestionados, ordenó el pago de la prima especial de servicios en cuantía del 30%
del salario básico y la reliquidación de las prestaciones y aportes a seguridad social
de acuerdo con el 30% del salario que fue descontado o pagado a título de la citada
prima. Además, declaró la prescripción trienal de los haberes causados antes del
21 de febrero de 2011.

38. La parte demandada apeló la decisión y explicó que no había lugar a ordenar la
reliquidación de las prestaciones sociales porque la prima especial de servicios no
era factor de salario, que no contaba con la disponibilidad presupuestal necesaria
para asumir el pago de las sumas ordenadas y que la prima especial de servicios
se ha pagado como un emolumento adicional al salario desde el 1 de enero de 2021,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 272 de ese año.

39. Pues bien, antes de abordar el análisis de los problemas jurídicos planteados
vale la pena destacar que ninguna de las partes discutió el derecho que le asistió a
la demandante a percibir la prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 durante el tiempo en el que se desempeñó como juez y
magistrada de tribunal, lo que implica que el estudio en esta oportunidad partirá de
dicho presupuesto.

40. En cuanto al primer asunto, es decir el relacionado con el presunto carácter
salarial de la prima, debe decirse que tal como se indicó en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y en la sentencia C-279 de 1996 de la Corte Constitucional, la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y, en consecuencia, no debe hacer
parte del cálculo de liquidación de las prestaciones sociales, con excepción de los
aportes a seguridad social en pensiones.

41. Así, es importante señalar que la reliquidación de las prestaciones sociales
ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia no obedece a que se le
otorgue carácter salarial a la prima especial de servicios, sino a la inclusión del
30% en la base de liquidación, correspondiente al porcentaje del salario que había
sido deducido de la asignación básica por la incorrecta interpretación de la norma.

33
Folios 17 al 26 del expediente físico.

14

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

42. En ese sentido, las órdenes de reajuste dictadas por el juez de primera
instancia recaen sobre el 30% correspondiente a la diferencia salarial dejada de
pagar y que generó que el salario se fraccionara.

43. En segundo lugar, frente a las dificultades de la entidad demandada para asumir
el pago de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia por falta de
disponibilidad presupuestal, la Sala destaca que esta situación no es una
justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas. En consecuencia, no existe
sustento legal o jurisprudencial para afectar los derechos del demandante por una
supuesta deficiencia económica del empleador.

44. De ese modo, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales del demandante, sino también los
mandatos legales previstos en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que son claros y
expresos.

45. Por lo tanto, a pesar de las dificultades financieras manifestadas, a la entidad le
corresponde reconocer y pagar los derechos causados a favor Luz Dary Sánchez
Taborda, para lo cual deberá adoptar las medidas que considere necesarias para
cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales que le impone la ley y que
gozan de prelación en los términos explicados por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

46. Ahora bien, tal como manifestó la DEAJ en el recurso de apelación, a través del
Decreto 272 de 2021 se ordenó el pago de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento adicional al salario, con efectos
fiscales a partir del 1 de enero de ese año. En tal sentido, tiene razón la entidad al
solicitar que el restablecimiento del derecho se limite temporalmente al 31 de
diciembre de 2020, siempre y cuando se verifique que se ha cumplido con el pago
correcto de la citada prestación en los términos indicados en esa norma.

47. Finalmente, aunque la sentencia de primera instancia realizó un pronunciamiento
y emitió orden de reliquidación de los aportes a seguridad social, la Sala considera
necesario precisar que la reliquidación de los aportes a pensión debe recaer no solo
sobre el 30% del salario dejado de pagar o pagado a título de prima especial de
servicios, sino sobre ese porcentaje más la prima especial de servicios que a su vez
debe corresponder al 30% de la asignación básica. Lo anterior debido a que la citada
prima es factor de salario solo para efectos pensionales.

48. Además, se adicionará el fallo apelado para indicar que sobre los aportes
pensionales no operó el fenómeno de la prescripción en atención a su carácter

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

especial y que el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que
se verifique que no se hayan realizado otros pagos por los mismos conceptos.

2.5. Costas

49. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma34.

65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

66. En el caso concreto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal de la primera instancia ni de la segunda, razón por la que la Sala
se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la reliquidación de las
prestaciones sociales ordenadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia recae
en realidad sobre el 30% del salario dejado de pagar o pagado a título de prima

34
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-2013-
00065-01 (1908-2014).

16

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

especial de servicios y no sobre la citada prima, que solo es factor de salario para
efectos pensionales.

68. Además, las dificultades económicas y la falta de apropiación presupuestal no
son óbice para que la entidad demandada se sustraiga del deber de pagar la
condena de carácter salarial y prestacional que le fue impuesta, pero dicha condena
no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2020, siempre que la entidad
haya cumplido con el pago de la prima especial de servicios a partir del 1 de enero
de 2021 en los términos indicados en el Decreto 272 de ese año y que verifique que
no haya realizado otros pagos a la demandante por los mismos conceptos aquí
ordenados.

69. Finalmente, se adicionará el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia
para indicar que deben reliquidarse los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones de acuerdo con el porcentaje del salario fraccionado más la prima
especial de servicios, sobre los cuales no opera el fenómeno de la prescripción,
razón por la que deben pagarse por todo el periodo en el que la actora devengó la
citada prestación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar y adicionar el ordinal cuarto de la sentencia del 27 de marzo
de 2025, que quedará del siguiente modo:

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho condenar a la Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a:

i) Reliquidar las prestaciones sociales de Luz Dary Sánchez Taborda, desde el 21 de
febrero de 2011 y hasta que permanezca en el servicio devengando la denominada
prima especial, pero no más allá el 31 de diciembre de 2020 siempre que la entidad haya
cumplido con el pago de la prima especial de servicios en los términos del Decreto 272
de 2021, de acuerdo con el 30% del salario que le fue fraccionado y sin que en ningún
caso supere el límite del 80% de lo que por todo concepto devengan anualmente los
magistrados de alta corte;

ii) Reconocer y pagar a Luz Dary Sánchez Taborda la prima especial de servicios como
adición al salario, desde el 21 de febrero de 2011 y hasta que desempeñe el empleo que
le dé derecho a percibirla, pero no más allá del 31 de diciembre de 2020 siempre que la
entidad haya cumplido con el pago de la prima especial de servicios en los términos del
Decreto 272 de 2021, sin que en ningún caso supere el límite del 80% de lo que por todo
concepto devengan anualmente los magistrados de alta corte; y

17

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00689-02 (1448-2025)
Demandante: Luz Dary Sánchez Taborda

iii) Realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad
social, en las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y
no cotizadas, conforme con lo expuesto. La reliquidación de los aportes al sistema
pensional debe recaer sobre el 30% del salario fraccionado más la prima especial de
servicios que solo es factor de salario para estos efectos desde la entrada en vigencia
de la Ley 332 de 1996 y que debe corresponder al 30% de la asignación básica, los
cuales deben realizarse por todo el tiempo en el que la demandante haya percibido la
prima especial de servicios y no se hayan realizado las cotizaciones pensionales en los
términos aquí indicados, en atención a la imprescriptibilidad de tales rubros.

El cumplimiento de esta decisión estará condicionado a que la entidad verifique que no
haya realizado otros pagos por los mismos conceptos aquí ordenados.

Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la
demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con permiso

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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