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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00746-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00746-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Guillermo Gutiérrez Moreno contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-00746-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y otro
Temas: Reliquidación pensión de jubilación de docente vinculado legal y
reglamentariamente antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, compatibilidad entre pensión y salario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Guillermo Gutiérrez Moreno, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare a. la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) 8410 del 30 de agosto de 2013 (nulidad parcial), emitida
por el subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación del municipio de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Medellín, mediante la cual reconoció una pensión de jubilación al señor Guillermo
Gutiérrez Moreno, en cuantía de $ 3.268.889, en lo relacionado con la fecha de
efectividad condicionada al retiro definitivo del servicio; ii) 11863 del 27 de
noviembre de 2013, proferida por la entidad demandada a través de la cual se
desató el recurso de reposición contra la anterior resolución, en el sentido de
confirmar su contenido; y b. la falta de competencia del subsecretario administrativo
de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín al expedir los actos
administrativos censurados, comoquiera que esa función le corresponde al
secretario de Educación del referido municipio.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG, a lo siguiente: i) reconocer
y pagar una pensión de jubilación, más los incrementos anuales, equivalente al 75%
de los salarios y acreencias laborales recibidas en el último año de servicio, sin que
se le exija el retiro definitivo para proceder con la cancelación de la mesada; ii)
ordenar a la entidad demandada cancelar las sumas de dinero dejadas de percibir
debidamente indexadas desde la fecha de adquisición del derecho hasta cuando se
efectúe su pago; iii) cumplir la sentencia al tenor de lo dispuesto en los artículos 192
y 195 del CPACA; y iv) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Desde el 16 de julio de 1986 hasta el 30 de junio de 1993, el señor Gutiérrez
Moreno laboró como docente de tiempo completo en la Institución Educativa José
Feliz de Restrepo; y posteriormente, fue vinculado como docente del municipio de
Medellín, vínculo que, a la fecha de presentación de la demanda, continua vigente.

ii) El señor Gutiérrez Moreno, elevó derecho de petición ante la entidad demandada
con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación como docente.

1
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Aquella petición fue resuelta en el sentido de ordenar el reconocimiento de la
prestación, con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año
anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional; sin embargo, el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio condicionó la efectividad de la prestación al
retiro definitivo del servicio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 23 y 48 de la Constitución Política; 15 de
la Ley 91 de 1989; 1.° del Decreto 2285 de 1955; 5 del decreto Ley 224 de 1972; 42
del Decreto 1042 de 1978; y 70 del Decreto Ley 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

Los actos administrativos reprochados fueron expedidos con desconocimiento de
las normas que debían fundarse porque el actor se vinculó a la docencia antes del
31 de diciembre de 1989, sin embargo, la entidad demandada otorga a la Ley 91 de
1989 un alcance que no tiene, pues aquella no impone el condicionamiento del retiro
del servicio para acceder al pago de la pensión de jubilación, la cual es compatible
con el salario.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante
sentencia proferida el 26 de octubre de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:3

2 Conforme lo constató el Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco de la audiencia inicial

celebrada el 21 de septiembre de 2017. Folios 83 al 85.
3 Expediente digital visible a índice 29 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de

Antioquia.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

i) No es un hecho en discusión que la normatividad en materia pensional aplicable
al demandante es la Ley 33 de 1985, comoquiera que se vinculó al municipio de
Medellín el 16 de julio de 1986, momento para el cual no se encontraba vigente la
Ley 812 de 2003. Por lo tanto, se le aplica lo establecido en el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que dispone que los vinculados a partir del 1° de enero de 1990 tendrán
derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual
promedio del último año y gozarán del régimen vigente paralos pensionados del
sector público nacional, que para la época era la Ley 33 de 1985; conforme fue
reconocido en la Resolución 0840 del 30 de agosto de 2013.

ii) El Consejo de Estado ha sostenido que el reconocimiento de la pensión de
jubilación de los docentes vinculados al servicio público desde antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003, se debe efectuar sin necesidad de demostrar el
retiro definitivo del servicio, esto, teniendo en cuenta que el régimen especial
docente lo permite y el artículo 19 de Ley 4a de 1992 no restringe dicha
compatibilidad.

iii) La Resolución 0840 del 30 de agosto de 2013 condicionó el reconocimiento y el
pago de la pensión de jubilación al retiro definitivo del servicio del actor, así mismo,
tuvo en cuenta para su liquidación no solo la asignación básica sino el sobresueldo,
las primas de navidad, de vacaciones, de carestía, de profesional docente, el
aguinaldo y el subsidio de transporte. En ese orden, se desvirtuó parcialmente la
presunción de legalidad de aquel acto administrativo porque al señor Gutiérrez
Moreno, le asiste el derecho a obtener el reconocimiento pensional sin
condicionamiento al retiro del servicio.

iv) Respecto a la la inclusión de los factores salariales y prestaciones sociales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, de
acuerdo con el certificado de salarios aportado, es decir, las primas profesional
docente, de navidad, de vacaciones, de vida cara, aguinaldo y subsidio de
transporte; no se encuentran enlistadas en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985
modificada por la Ley 62 del mismo año, a excepción de la asignación básica
mensual que hizo parte de la liquidación de la mesada pensional.

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Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que los conceptos antes mencionados
no son factores salariales sino prestaciones sociales, y así tuvieran dicha calidad no
son factores pensionales, puesto que el legislador no los incluyó como tal a efectos
de hacer parte de la base de liquidación de la pensión de jubilación devengada por
el actor.

Sin embargo, pese a que la pensión vitalicia de jubilación del actor fue liquidada
teniendo en cuenta no solo la asignación básica sino también sino el sobresueldo,
la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de carestía, la prima de
profesional docente, el aguinaldo y el subsidio de transporte, que se reitera no
constituyen factor salarial, al no haber sido objeto de demanda no es posible
modificar la resolución de reconocimiento.

iv) En el presente caso la exigibilidad del derecho pensional surgió el 4 de junio de
2009 y el actor elevó petición de reconocimiento pensional el 25 de abril de 2013, el
dando lugar a la interrupción del fenómeno jurídico de la prescripción por un lapso
de tres años, sin embargo, como la resolución que resolvió el recurso de reposición
se notificó el 2 de diciembre de 2013 y la demanda fue instaurada el 28 de marzo
de 2016, resulta forzoso concluir que las mesadas pensionales causadas desde el
4 de junio de 2009 hasta el 24 de abril de 2013, se encuentran prescritas.

v) Por lo expuesto, se declara la nulidad de las resoluciones 08410 (nulidad parcial)
y 11863 de 2013. A título de restablecimiento del derecho, se condena al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar al señor Guillermo
Gutiérrez Moreno la pensión de jubilación a partir del 5 de junio de 2009, día
siguiente a la fecha de adquisición del estatus de pensionado, con efectos fiscales
desde el 25 de abril de 2013, por prescripción trienal, previa deducción de los
valores correspondientes para la seguridad social. Las sumas adeudadas serán
actualizadas. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por conducto de

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Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

apoderada, interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

i) Conforme con el artículo 61 del CGP es imperioso vincular a la Secretaría de
Educación municipal de Medellín como litisconsorcio necesario por pasiva, porque
fue la entidad que negó al actor el derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación en compatibilidad con la pensión de jubilación. En consecuencia, el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio está en imposibilidad material de cumplir la
orden impartida por el a quo.

ii) Los docentes a partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 2005, sólo
se diferencian del régimen ordinario laboral en temas taxativamente expuestos, en
los cuales no cabe la doble asignación proveniente de recursos del patrimonio
público, patrimonio que es deber del juez administrativo proteger.

iii) Ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993, ni la Ley 115 de 1994, habían
establecido, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el derecho en favor de
los docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada pensional y del sueldo por
el ejercicio del cargo. La única previsión en tal sentido que es posible deducir de la
Ley 91 de 1989 es la atinente a la compatibilidad del disfrute de la «pensión gracia»
y del sueldo, aspecto que tiene sentido tanto desde el punto de vista legal como
jurisprudencial, toda vez que la pensión gracia es una dádiva del Gobierno nacional.

iv) La Ley 344 de 1996 no mantuvo la vigencia de lo estatuido por el artículo 5º del
Decreto 224 de 19725 como tampoco lo ha hecho ninguna otra norma de las muchas
que posteriormente se han expedido y que al unísono han reiterado que es
incompatible el disfrute de la pensión y del sueldo, lo cual es coherente con la
situación de desempleo que afecta a economías estructuralmente deficitarias como
la nuestra.

v) La sentencia de primera instancia pasa por alto que el Decreto 224 de 1972 nunca
cobijó a los docentes territoriales, sino que únicamente a los docentes de carácter

4 Expediente digital visible a índice 32 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
5 Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación

siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se
decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

nacional.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

La parte demandante y el ministerio público no se pronunciaron en esta oportunidad
procesal, pese a que a través del auto admisorio del recurso de apelación emitido
el 6 de julio de 2023,6 se les informó que contaban con la posibilidad de hacerlo
hasta la ejecutoria de aquella providencia y hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para sentencia, respectivamente.7

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i)
i) si el señor Guillermo Gutiérrez Moreno tiene derecho a percibir la pensión de
jubilación sin condicionamiento al retiro del servicio como docente oficial; y ii) si es
necesario vincular a la Secretaría de Educación municipal de Medellín como
litisconsorcio necesario por pasiva.

2.2. Marco normativo

Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente
al régimen pensional de docentes oficiales

Mediante la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,8 se estableció la forma de
liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de
1989, conforme a las siguientes reglas:

a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de

6 Folio 114.
7 Al revisar SAMAI, la Sala observa que el demandante y el ministerio público no allegaron
pronunciamiento.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial

SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa.

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Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre
los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33
de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo
1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional
y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes
de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los
empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los
recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5%
del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 % equivalente al aporte
de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio

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Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo
con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún
factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la
base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de
esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y
que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de
los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que
quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se
señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de
1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece
un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al
disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor según certificación que expida el DANE”.
Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación
prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se
debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

obligatorio.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

El 4 de junio de 1954, nació el señor Guillermo Gutiérrez Moreno.9

De conformidad con los certificados que reposan en el plenario, el accionante prestó
servicios de la siguiente forma:

• Desde el 16 de julio de 1986, hasta el 1.° de julio de 1993, en el cargo de directos
de Unidad Docente de la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo.10

• Desde el 6 de julio de 1993 hasta 29 de diciembre de 2014,11 como docente del
municipio de Medellín.

El 30 de agosto de 2013, el subsecretario administrativo de la Secretaría de
Educación del municipio de Medellín expidió la Resolución 08410,12 mediante la
cual reconoció una pensión de jubilación al señor Guillermo Gutiérrez Moreno,
efectiva a partir de la fecha en que se acreditara el retiro definitivo del servicio, en
los siguientes términos:

[…] 2. Que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio expedidos por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Caja de Previsión Social
EICE, hoy en liquidación, ha venido prestando sus servicios así:

ENTIDAD DONDE LABORÓ PERIODO Nro. Días
CAJANAL 16-jul-1986 – 01-jul-1993 2.503
F.N.P.S.M – FIDUPREVISORA S.A. 06-jul-1993 – 04-jun-2009 5.729
Total 8.235

3. Que nació el 04-jun-1954.
4. Que la fecha de status 04-jun-2009.

9 Conforme consta en su cédula de ciudadanía. Folio 59.
10 Folios 49 y 50.
11 Conforme consta en la Resolución 013500 del 11 del diciembre de 2014, expedida por la secretaria

de Educación de Medellín, por medio de la cual se aceptó la renuncia, a partir del 30 de diciembre
de 2014, al señor Guillermo Gutiérrez Moreno en el cargo de coordinador de la Institución Educativa
Concejo de Medellín. CD obrante en el folio 1Bis.
12 Folios 32 y 33.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

5. Que el (la) peticionario (a) tiene más de cincuenta y cinco (55) años de edad […].
(Resaltado original del texto)

[…] 7. Que los factores salariales que sirvieron de base para esta liquidación son:

FACTOR VALOR
Asignación Básica Mensual 2.949.121
Sobresueldo 549.431
Prima de Navidad 285.017
Prima de Vacaciones 125.225
Prima de Carestía 274.432
Prima Profesional Docente 36.366
Aguinaldo 136.883
Subsidio de Transporte 2.043
Total 4.358.518

Así mismo, el acto referido señaló para la liquidación de la prestación se tomó una
tasa de reemplazo del 75 % del salario promedio mensual devengado durante el
último año de servicio a la fecha que adquirió el estatus jurídico pensional, para lo
cual estimó la cuantía de $ 3.268.889, conforme las Leyes 33 de 1985 y 812 de
2003.

El 18 de septiembre de 2013, el señor Gutiérrez Moreno interpuso recurso de
reposición contra la Resolución 08410 de 2013, con el fin de obtener su revocatoria
y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación en
compatibilidad con el salario devengado, a partir de la fecha de adquisición del
estatus de pensionado conforme las disposiciones de la Ley 33 de 1985, sin la
exigencia del retiro definitivo del cargo.13

El 27 de noviembre de 2013, el subsecretario administrativo de la Secretaría de
Educación del municipio de Medellín emitió la Resolución 11863,14 a través de la
cual desató el recurso de reposición descrito líneas atrás, en el sentido de confirmar
el contenido de la Resolución 08410 de 2013. Dicha decisión tuvo fundamento en
que el ingreso en nómina de pensionados a partir de la fecha de adquisición del
estatus jurídico pensional no era aplicable para los «docentes municipales
(territoriales) Recursos Propios nombrados por el Municipio de Medellín y
parcialmente pagados por el Ente Municipal Vinculante, conforme con los
Convenios, Acuerdos y disposiciones legales reguladoras de estas particulares

13 Folios 40 al 45.
14 Folios 35 al 38.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

formas de vinculación al [s]ervicio [d]ocente».

El 3 de enero de 2017, como consecuencia de una solicitud elevada por el actor el
3 de octubre de 2016,15 el secretario de Educación del municipio de Medellín expidió
la Resolución 000112 mediante la cual reliquidó la pensión de jubilación reconocida
al señor Gutiérrez Moreno, con ocasión del retiro definitivo del servicio. En ese
orden, la referida autoridad tomó una tasa de reemplazo del 75 % del salario
promedio mensual devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de
los factores de asignación básica, «coordinador», primas de navidad, de vacaciones
y de «licencia/profesional» y auxilio de transporte; para lo cual estimó la cuantía de
$ 3.926.625, efectiva a partir del 30 de diciembre de 2014.16

Finalmente, el acto en comento ordenó pagar al actor que las diferencias que
resultaren entre la prestación inicialmente reconocida y el monto de la reliquidación.
El 16 de enero de 2017, aquella decisión le fue notificada personalmente.17

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Frente al primer problema jurídico

En primera medida, la Sala advierte que en el sub lite no está en discusión el
régimen jurídico pensional aplicable al demandante, comoquiera que las partes no
lo reprochan, por el contrario, en sede administrativa, a través del acto
administrativo de reconocimiento pensional, se determinó que la prestación se
liquidó en los términos de la Ley 33 de 1985.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto de reproche de la entidad apelante, la Sala
confirmará la decisión del a quo que accedió al pago de la pensión de jubilación del
demandante sin condicionamiento al retiro del servicio. Esta conclusión se funda en
los siguientes razonamientos:

15 Conforme consta en la parte motiva de la Resolución 000112 del 3 de enero de 2017, CD obrante

en el folio 1Bis.
16
CD obrante en el folio 1Bis.
17
CD obrante en el folio 1Bis.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

La Constitución Política de 1886 estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público o de empresas o instituciones en que
tuviera parte el Estado, con excepción de los casos especialmente establecidos por
el legislador. Textualmente, el artículo 64 dispuso lo siguiente:

Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la nación, los
departamentos y los municipios.

Posteriormente, el Decreto Ley 1317 de 1960, reiteró la mentada prohibición; no sin
antes establecer algunas excepciones de la siguiente manera:

Artículo 1º. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público
o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.

En cuanto al ejercicio de la docencia, como una de las excepciones aludidas, el
Decreto 224 de 1972 dispuso en el artículo 5º, lo siguiente:

El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente,
pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.

Por su parte, el Decreto 1042 del 7 de junio de 1978, por el cual se establece el
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, entre otras cosas, prorrogó
la excepción en los mismos términos referidos, como se ilustra a continuación:

Artículo 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con el
artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de
una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga
parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a
continuación se determinan:

a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo

13

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

completo.

Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reiteró la prohibición
de percibir doble asignación proveniente del erario, en los siguientes términos:

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir
doble asignación proveniente del tesoro público hace referencia i) al desempeño de
dos empleos de forma simultánea y/o ii) a recibir más de una asignación del tesoro
público.

Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado18 ha indicado
que el contenido del precepto ejusdem, al referirse a la noción de asignación del
tesoro público, debe entenderse de manera irrestricta.

En ese entendido, el artículo 128 Superior tuvo que ser desarrollado por la Ley 4.ª
de 1992,19 que respecto de las mentadas restricciones dispuso lo siguiente:

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;

18 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 10 de mayo de 2001 y del 8

de mayo de 2003.
19 «Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional

para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»

14

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado relativo
a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario, ello con base en los
siguientes planteamientos:

Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado
por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo.

Advierte la Sala que la excepción a la prohibición en comento también fue planteada
por el legislador en desarrollo del régimen general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993, toda vez que en el artículo 279, inciso 2°, se consagró expresamente
la compatibilidad de las prestaciones y salarios docentes de la siguiente forma:

Artículo 279. Excepciones. (…) Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.
En ese orden, para la Sala reviste suficiente claridad el hecho de que el goce de la
pensión de vejez de los educadores vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, como es el caso del demandante, no es
incompatible con el ejercicio de empleos docentes. Dicho de otra manera,
legalmente les está permitido a los docentes percibir la pensión de jubilación y el
salario, simultáneamente.

Al respecto, en sentencia del 14 de agosto de 2009, esta Corporación expresó lo

15

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

siguiente:20

Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de la Ley 4
de 199221 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada en
vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con
posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite
acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad demandada
al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con anterioridad a su entrada
en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a los beneficios que para la fecha
de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992, cobijan a los docentes que adquieran
la calidad de pensionados. [Resalta la Sala].

Vale la pena recordar que la única disposición legal que de forma textual estableció
una incompatibilidad entre el salario de los docentes y la pensión de vejez fue el
Decreto 1278 de 2002, por el cual se expide el estatuto de profesionalización
docente, que estableció lo siguiente:

Artículo 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los
servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible
con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares

No obstante, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1157 de 2003, declaró
inexequible dicha norma bajo los siguientes postulados:

[…] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el régimen
disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades extraordinarias para
reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de los deberes y prohibiciones
de un servidor público; pero eso no significa que la concesión de facultades para un
cambio de una ley, que no tenga relación directa con el régimen disciplinario, exija
igualmente que la norma habilitante prevea que el Gobierno también puede reformar el
régimen disciplinario. Ahora bien, en el presente caso, el artículo 111, numeral 2 de la
Ley 715 de 2001 no atribuyó competencia al Gobierno para modificar el régimen
disciplinario de los educadores, y sin embargo el Ejecutivo expidió el artículo 41 del
Decreto 1278 de 2002, que realmente tiene implicaciones disciplinarias específicas, pues
modifica el régimen de deberes de los docentes y directivos docentes, lo cual implica
una alteración del contenido particular de las posibles faltas disciplinarias de estos

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de 14 de agosto de 2009, radicación 050012331000200403824 01.
21 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

servidores públicos. 19- Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que
el artículo 45, referido a las incompatibilidades, fue también expedido excediendo las
facultades que le fueron otorgadas al Gobierno. En efecto, una incompatibilidad implica
una prohibición para un servidor público de realizar otros oficios u actividades, mientras
se desempeña como servidor público. La violación del régimen de incompatibilidades
tiene obvias consecuencias disciplinarias, por lo que el Gobierno no podía reformar dicho
régimen, puesto que el Congreso no lo habilitó expresamente para tal efecto. Por tanto,
es evidente que el ejecutivo desbordó las facultades conferidas y por tanto el artículo 45
deberá ser declarado inexequible.

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, denota que el legislador en el marco de sus potestades había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública.22

En armonía con todo lo expuesto, deben tenerse en cuenta, además, los regímenes
pensionales aplicables a los docentes en atención a su fecha de vinculación al
magisterio oficial debido a la expedición de la Ley 812 de 2003, pues la
determinación de tal punto es esencial en el sub judice, habida cuenta de que al
hallar el marco normativo que rige la situación particular del demandante es posible
verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones para estimar la procedencia del
derecho pensional, así como los elementos que podrían constituirlo.23

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 pueden devengar
salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.24

22 A dicha conclusión arribó esta Sala de Decisión en la sentencia del 22 de junio de 2023, rad.

17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
23
Existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación para los
docentes oficiales tanto nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada
a la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
24 Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021) M. P. William Hernández Gómez.

17

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

De suerte que el personal docente vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 está exceptuado de la prohibición de doble asignación del tesoro
público, consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política, en atención a lo
dispuesto en el artículo 279 ibidem, situación que ha permanecido en el tiempo
desde la promulgación del Decreto 224 de 1972, inclusive; en ese orden, aquellos
pueden seguir ejerciendo la docencia y percibir, además, su mesada pensional.

Así las cosas, descendiendo al caso particular, el señor Guillermo Gutiérrez Moreno
tiene la posibilidad legal de continuar en ejercicio de la plaza como maestro estatal,
y al mismo tiempo percibir una pensión de jubilación, toda vez que dicha atribución
se deriva directamente de lo preceptuado en los artículos 5 del Decreto 224 de 1972,
19 de la Ley 4ª de 1992, y 279 inciso 2° de la Ley 100 de 1993, los cuales habilitan
el anterior supuesto al menos hasta la edad de retiro forzoso, como excepción a la
regla plasmada en el artículo 128 de la Constitución Política.

Ahora bien, en el expediente se demostró que la entidad demandada mediante las
Resoluciones 013500 del 11 del diciembre de 2014 y 000112 del 3 de enero de
2017, aceptó la renuncia presentada por el actor, a partir del 30 de diciembre de
2014 y reliquidó su pensión de jubilación con ocasión del retiro definitivo del servicio,
ordenando su pago a partir del 30 de diciembre de 2014, respectivamente.

Al respecto, llama la atención de esta Subsección que las partes no hicieron referencia
alguna, en la audiencia inicial celebrada el 21 de septiembre de 201725 ni en el recurso
de apelación, a las resoluciones expedidas con posterioridad a los actos
administrativos censurados, pues, conforme a lo expuesto, se acreditó que la situación
jurídica del demandado fue modificada posteriormente por la Resolución 000112 del
3 de enero de 2017, en la que se ordenó la reliquidación de la prestación con
efectividad desde el 30 de diciembre de 2014, esto es, a partir de la fecha del retiro
del servicio del señor Gutiérrez Moreno; no obstante, se observa que aquella autoridad
insistió en el momento en cual se hacía efectiva, lo cual atañe a la pretensión principal
en este proceso.

25 Folios 83 al 85.

18

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Ahora, se destaca que dicho acto conserva la presunción de legalidad, al no ser
objeto material de demanda en esta oportunidad, razón por la cual la Sala no está
habilitada para efectuar su verificación de legalidad. En ese orden, la entidad
demandada deberá tener en cuenta los efectos de lo resuelto en esta providencia y
que puedan recaer sobre la eficacia y ejecutoria de la Resolución 000112 del 3 de
enero de 2017, pero en todo caso, sin que por esta razón se enerve o se ponga en
discusión su validez y existencia.

En suma, la pensión de jubilación del demandante no debe estar condicionada a la
demostración del retiro definitivo del servicio de aquel, sino que debe hacerse
efectiva sin restricción alguna desde la fecha de adquisición del estatus pensional,
esto es, el 4 de junio de 2009, tal como lo determinó el a quo, momento en el que
cumplió los 55 años de edad exigidos en la Ley 33 de 1985, bajo el entendido de
que ya tenía acumulados los 20 años de servicio público y que se vinculó al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (concretamente
en 1986); con efectos fiscales desde el 25 de abril de 2013, por prescripción trienal.

2.4.2. Frente al segundo problema jurídico

De otro lado, la entidad recurrente manifiesta que es necesario vincular a la
Secretaría de Educación municipal de Medellín como litisconsorcio necesario por
pasiva, porque fue la entidad que negó al actor el derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación en compatibilidad con el salario.

Pues bien, la Sala advierte que la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, es la entidad responsable del
reconocimiento y pago de la pensión a favor del actor.

Aunado a lo anterior, se destaca que esta corporación26 ha señalado en reiteradas
oportunidades que la entidad encargada del reconocimiento y pago de las
prestaciones de los docentes, únicamente es la Nación, Ministerio de Educación,

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.

19

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En efecto, los artículos 4
y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, indican:

Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia
del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación
de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los
requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no
podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las
cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal
que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de
naturaleza formal o normativa y económica.

Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los
siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […].

La citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los
docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación,
esto es, el 29 de diciembre de 1989, así como el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza
formal y económica. Esto debido al proceso de nacionalización de la educación
oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975.

Por su parte, respecto del manejo de los recursos que integran el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, reguló
que para tal efecto el Gobierno nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil
con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se
encargaría de ello. Textualmente, señaló:

Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística,
sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria
estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para
tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia
mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de
la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a
la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada
en el Ministro de Educación Nacional […].

20

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Con posterioridad, el presidente de la República mediante Decreto 1775 del 3 de
agosto de 1990, en sus artículos 5 a 8, reglamentó el funcionamiento del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la siguiente manera:

Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán
radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo
Regional.

La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas
reglamentarias.

Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones
sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la
documentación.

Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.

Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de reconocimiento.
[…]». (Resaltado fuera del texto original).

Sobre el asunto, esta Subsección en sentencia del 18 de febrero de 2021, sostuvo:27

[…] Por lo tanto, puede afirmarse que en los actos administrativos en los que se
reconocen prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, es a la fiduciaria que lo administra a la que le
corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución. Lo expuesto en virtud de los
artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de 2005.

En suma, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es quien debe
cancelar las sumas y emolumentos que se pagan a los docentes afiliados a este y no las
entidades territoriales certificadas a las cuales pertenece dicho personal, tal como se
reitera en la línea de interpretación pacífica de la Sección Segunda del Consejo de
Estado28. Este postulado se sintetiza en que las consecuencias económicas que se
derivan de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración funcional
radicada en los entes certificados, se consolidan única y exclusivamente bajo la
responsabilidad de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM.

27 Consejo de Estado, Sala lo de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-14).
28 En las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo (i) de la

subsección A: del 2 de julio de 2015, expediente: 25000-23-25-000-2012-00262-01(0836-13); del 12
de julio de 2017, expediente: 08001-23-33-000-2012-00400-01(1874-14), (ii) de la subsección B: del
5 de diciembre de 2013, expediente: 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12)l; del 10 de julio de
2014, expediente: 05001233100020050421801 (2713-2013); sentencias del 8 de septiembre de
2016, expediente: 15001-23-33-000-2013-00082-01(1530-14) y del 15 de noviembre de 2017,
expediente: 41001-23-33-000-2015-00686-01(4155-16).

21

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Como sustento de lo afirmado, es destacable el hecho de que el artículo 56 de la Ley
962 de 2005, (el cual fue derogado por la Ley 1955 de 201929, y posteriormente
modificado por el artículo 5730 ejusdem), señala que las pensiones de los docentes
oficiales serán reconocidas y pagadas por el aludido fondo mediante la aprobación del
proyecto de resolución por parte de quien la administre, el cual en todo caso debe ser
elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada a la que se
encuentre vinculado el docente.

Empero, a pesar de la referida conjugación de intervinientes en el íter administrativo
descrito, resulta imperioso precisar que ello no despoja a la mentada entidad de previsión
de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los educadores
estatales, aun ante la suscripción de encargos fiduciarios para la administración y pago
material de tales prestaciones, pues ello es constitutivo de una situación externa que
determina un procedimiento para materializar un derecho, pero no desplaza las
obligaciones impuestas legalmente a una autoridad para garantizarlo.

Por lo expuesto, es posible asentir que frente a la Nación, Ministerio de Educación,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en efecto existe una
legitimación material en la causa por pasiva que la conmina, no solo a estar vinculada al
presente proceso, sino a responder por el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria
de jubilación a que tiene derecho la demandante al estar dicha obligación dentro de su
competencia y rango de funciones constitucional y legalmente previstas.

A contrario sensu, tal como lo esgrimió el Departamento de Arauca en su recurso de
apelación, este no es responsable ni se encuentra legitimado para asumir la carga
económica de la referida prestación, así como tampoco para concurrir parcialmente en
ella, debido a que su actuar de trámite en la actuación administrativa no lo sujeta a lo
decidido y menos a sus efectos cuando ello normativamente está asignado al FNPSM
en virtud de su naturaleza jurídica.

Por lo expuesto, el recurso de apelación impetrado por la entidad demandada no
tiene vocación de prosperidad.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento

29 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
30 «[…] ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
[…]
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de
quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del
Secretario de Educación de la entidad territorial. […]»

22

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,31 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el señor Guillermo Gutiérrez Moreno tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación sin condicionar su

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

23

Radicación: 05001-23-33-000-2016-00746-01 (0567-2023)
Demandante: Guillermo Gutiérrez Moreno

goce a la demostración del retiro definitivo del servicio docente. En ese orden se
confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Guillermo
Gutiérrez Moreno contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

24

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