Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00895-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00895-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00895-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
6 de octubre de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: MARTHA RUTH AVENDAÑO OSMA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO1
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente
oficial. Aplicación integral de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. Fecha de
vinculación posterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003. No es procedente aplicar el
régimen pensional de la Ley 71 de 1988.
Incompatibilidad doble erogación proveniente del
erario.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-167-2022
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Martha Ruth Avendaño Osma en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 001940 del 25 de octubre de
2018 por medio de la cual la Secretaría de Educación de Cundinamarca
reconoció una pensión de jubilación a favor de la demandante, en cuanto
1
En adelante FNPSM.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3
Folios 54 a 56.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
los requisitos para adquirir el estatus jurídico eran 55 años de edad y 1.000
semanas de cotización, así como tampoco debió exigir el retiro definitivo
del servicio para el goce efectivo de la prestación.
2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, FNPSM, reconocer a favor de la libelista una pensión
de jubilación equivalente al 75 % de los salarios y primas recibidas de
manera anterior al cumplimiento del estatus jurídico, es decir, a partir del
29 de marzo de 2013, momento para el cual cumplió 55 años de edad y
1.000 semanas de aportes, sin exigir el retiro definitivo del empleo.
3. Condenar a la parte demandada al ajuste de los valores a que haya lugar
con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las
sumas adeudadas.
4. Ordenar el pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente de la
fecha de ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se
efectúe el desembolso de los montos correspondientes.
5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y
siguientes del CPACA.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda4
1. La señora Martha Ruth Avendaño Osma nació el 29 de marzo de 1958.
2. La demandante realizó aportes al extinto Instituto de Seguro Social (hoy
Colpensiones), durante 1.123,86 semanas.
3. Fue nombrada como docente oficial en propiedad, en el año 2004, empleo
el cual ha desempeñado hasta al menos la fecha de presentación de la
demanda (18 de diciembre de 2018).
4. A través del acto administrativo demandado “se negó” a la libelista el
reconocimiento de la pensión por aportes, esto es, en cumplimiento de los
55 años de edad y 1.000 semanas de cotización, sin que para ello sea
obligatorio demostrar el retiro definitivo del servicio oficial.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
4
Folios 56 a 57.
5
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
3
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 11 de marzo de 2020.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
La autoridad demandada no presentó medios exceptivos en el escrito de
contestación de la demanda y el a quo no advirtió de oficio la configuración de
alguno.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] La presente controversia se contrae a determinar si la señora Martha Ruth
Avendaño Osma tiene derecho o no, a que se le reconozca una pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas
anteriores al status de pensionada, con 1000 semanas de cotización y 55 años de
edad, sin acreditar retiro definitivo del servicio, a partir del 29 de marzo de 2013.
En caso afirmativo, se procederá a establecer si procede el pago de la mesada
pensional y el salario de docente dada la compatibilidad entre estos, junto con los
ajustes de valor a que haya lugar por motivo de la disminución del poder adquisitivo
de las sumas adeudadas.». (Folios 187 a 188 y en cd que reposa a folio 179).
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA6
El a quo profirió sentencia escrita el 27 de enero de 2021 por medio de la cual
denegó las pretensiones de la demandante, ello con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Realizó un recuento normativo y jurisprudencial del régimen especial que
gobierna a los docentes oficiales, y puntualizó que la Ley 812 de 2003 logró
diferenciar dos situaciones a saber: i) a los profesionales de la educación
vinculados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, les sería aplicable
para efectos pensionales el régimen de prima media contenido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003; y ii) para los educadores que para el momento de
su fecha de promulgación ya se encontraban vinculados al servicio público
oficial, les gobernaba el régimen pensional previsto en las disposiciones
anteriores a dicha norma, esto es, el de la Ley 91 de 1989.
Bajo dicha intelección, valoró las pruebas arrimadas con destino a este
proceso para indicar que la demandante, al haberse vinculado al sector
docente oficial tan solo hasta el 26 de enero de 2004, es claro que no quedó
amparada por el régimen contemplado en la Ley 812 de 2003 que le permitiera
beneficiarse de las prerrogativas anteriores, como la Ley 71 de 1988.
Seguidamente, se remitió a lo preceptuado por los Decretos 224 de 1972 y
2277 de 1979, en punto a la posibilidad de los docentes de percibir de manera
simultánea pensión y sueldo, lo que le llevó a argüir que gozan de un
6
Folios 204 a 211.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
tratamiento especial por parte del ordenamiento jurídico. Lo anterior, tal como
se acompasa con el artículo 128 superior y el artículo 19 de la Ley 4.º de 1992
referentes a la prohibición de percibir doble erogación proveniente del erario,
de cuya disposición se encuentran exceptuados los maestros que, a la fecha
de entrada en vigencia de la última de las precitadas normas, fueren
beneficiarios de una pensión.
En estos términos, sostuvo que al regirse el reconocimiento de la pensión de
la señora Avendaño Osma por la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797
de 2003, la inclusión en nómina de pensionados y el pago de las mesadas se
encuentran sujetas al retiro del servicio, pues el beneficio de doble erogación
del tesoro público únicamente lo gozan los docentes que ingresaron al servicio
del Magisterio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que
no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de acceder a
sus pedimentos. Indicó que, contrario a lo argumentado por el tribunal de
primera instancia, a la señora Avendaño Osma no le resultaba aplicable la
regla contenida en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, habida cuenta de que
su vinculación al servicio se presentó en el año 1977, fecha anterior a la
entrada en vigencia de la referida normativa (26 de junio de 2003), de ello que
su situación jurídica particular se encentra gobernada por la Ley 71 de 1988.
Resaltó que la Ley 71 de 1988 consagró la pensión por acumulación de
aportes a fin de posibilitar que el trabajador sumara los tiempos de cotización
y de servicios en el sector público y privado, por lo que, al haber quedado
demostrado que la libelista inició con los aportes a pensión desde su afiliación
con el extinto Instituto de Seguro Social, y posteriormente se vinculó al FNPSM
cuando desempeñó sus funciones como docente oficial, esta es la prerrogativa
que debe gobernar su situación jurídica particular. En este punto agregó que
la demandante cumplió los 55 años de edad el 29 de marzo de 2013 y cuenta
con un total de 1.794,27 semanas de cotización.
Acto seguido, expuso que el ejercicio de la docencia oficial se encuentra
excluido de la prohibición constitucional de percibir salario y pensión de
jubilación, pues en estos términos ha sido desarrollado por parte del artículo
5.º del Decreto 224 de 1972 y el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 27 de enero de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presenten solicitud probatoria.
7
Folios 216 a 223.
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 16 de marzo
de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 9 del registro de SAMAI,
en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de
fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Problema jurídico
¿A la señora Martha Ruth Avendaño Osma en su calidad de docente oficial
con acumulación de aportes del sector público y privado, le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71
de 1988 en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo
y con efectividad a partir de tal fecha sin condicionar su goce al retiro definitivo
del servicio?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta la demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019. Empero, debido a que
su primera y única vinculación oficial como docente tuvo lugar desde el 16 de
enero de 2006, es decir, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, no le asiste el derecho a que el FNPSM le otorgue y
pague una pensión de jubilación de conformidad con los preceptos de la Ley
71 de 1988, pues su régimen pensional aplicable sería el de las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, además que deberá demostrar el retiro definitivo del
servicio oficial para el goce efectivo de la prestación, ello como se explica a
continuación:
Ø La calidad de docente oficial de la demandante
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa,
se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 71 de 1988.
Dicha posición jurídica la asumió en el entendido de que a lo largo de su
historia laboral, aquella realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy
Colpensiones), provenientes de relaciones laborales en el sector privado y
público, al igual que de una vinculación legal y reglamentaria con el Estado
para desempeñarse como docente oficial al servicio de la Secretaría de
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
Educación de Cundinamarca, en virtud de la cual asegura que efectuó aportes
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Pues bien, sobre el particular la parte demandada esgrimió en el acto
administrativo reprochado que, el nombramiento formal de la libelista como
docente del magisterio oficial, solo ocurrió hasta el 16 de enero de 2006, razón
por la cual la normativa aplicable a su caso para el reconocimiento
prestacional deprecado era la contenida en la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003.
Ahora, para definir esta controversia en punto a la normativa aplicable al caso
de la libelista, resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de
la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le
permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
Al respecto, se resalta que a la presente actuación fueron allegados como
material probatorio relevante, solo los siguientes dos documentos:
i) Reporte de semanas cotizadas a Colpensiones con corte al 2 de julio
de 2013, en el que se relacionan los aportes efectuados en razón de
diferentes vínculos laborales particulares y públicos de la señora
Avendaño Osma, entre el 16 de octubre de 1977 y el 30 de septiembre
de 2001, para un total de 1.123,86 semanas de aportes.
Se resalta que figuran como empleadores los siguientes: «Pinzón
Atehortua Luis, Tall Retromaq Muñoz&Hnos., Cámara de Comercio de Bogotá
y Contraloría de Santafé de Bogotá». (Folio 4).
ii) Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral de
la demandante emitidos por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca el 17 de octubre de 2018, en los que consta que aquella
fue nombrada como docente en provisionalidad mediante Resolución
019 del 22 de enero de 2004, cargo para el que tomó posesión el 26
de enero del mismo año.
Asimismo, se informó que fue nombrada en propiedad, de conformidad
con la Resolución 10516 del 16 de diciembre de 2005, posesionada
para tal efecto desde el 16 de enero de 2006. (Folios 7 a 10).
A partir de lo expuesto, se observa en el sub examine que la libelista tuvo
sendas relaciones contractuales y legales y reglamentarias con diferentes
empleadores privados y públicos. Lo anterior tuvo lugar en un período
comprendido entre el 16 de octubre de 1977 y el 30 de septiembre de 2001,
durante el cual se efectuaron las cotizaciones con destino a pensión ante el
extinto ISS, hoy Colpensiones.
Por otro lado, se destaca que la señora Avendaño Osma igualmente ha
ejercido labores como servidora pública en calidad de docente oficial al
servicio del departamento de Cundinamarca, luego de ser nombrada en
propiedad y haber tomado posesión del cargo desde el 16 de enero de 2006,
y al menos, conforme al hecho tercero del escrito introductor, hasta la fecha
de presentación de la demanda (18 de diciembre de 2018). Por lo anterior,
durante este último período no existe duda de la existencia de una vinculación
formal con el Estado como educadora de este.
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
Conforme a este contexto fáctico se estima que, por la calidad de docente
oficial que detenta la libelista, para la solución jurídica del presente caso,
deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos en la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 20198, emanada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese a relacionarse
concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen pensional de
los maestros vinculados al FNPSM, resulta útil en cuanto a las previsiones
normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas para acceder y consolidar
el derecho prestacional propiamente dicho.
Ø Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 y su aplicación para determinar el régimen pensional
aplicable a la libelista
Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.
Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular de
la demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones para estimar la procedencia o no del derecho pensional
reclamado y sus elementos constitutivos.
Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.
Se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el proveído
unificador en comento respecto del régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, se señaló lo siguiente:
«35. Antes de abordar el estudio de los factores que integran el ingreso base
de liquidación de las pensiones de jubilación y de vejez de los servidores
públicos vinculados al servicio docente, la Sala considera necesario precisar
los siguientes aspectos:
ü Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la
Ley 100 de 1993.
ü Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco
les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de
liquidación del monto de la mesada pensional.
ü El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de
1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para
adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del
numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.
ü De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y
nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de
servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la
Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de
1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo
de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985,
lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo,
que no tuvieron el carácter de “especiales”.
Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.» (Negrilla conforme a la transcripción).
Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:
i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.
Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).
Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
• Edad: 55 años para hombres y mujeres
• Tiempo de servicios: 20 años
• Tasa de remplazo: 75%.
• Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:
«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).
En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:
• Edad: 57 años para hombres y mujeres
• Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
• Tasa de remplazo: 65%-85%9
• Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
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Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente
a la condición de educadora estatal de la demandante, esta debe ser
considerada como tal desde el 16 de enero de 2006 cuando ejerció funciones
inherentes a la mentada profesión luego de ser nombrada en propiedad bajo
dicho cargo al servicio del departamento de Cundinamarca, ello a través de
una relación legal y reglamentaria concretada con la posesión respectiva, que
solo tuvo lugar desde aquella data conforme al formato único para la
expedición de certificado laboral (folios 7 a 10), fecha que en todo caso es
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
De acuerdo con esta precisión, se destaca que por el hecho de que la señora
Martha Ruth Avendaño Osma solo haya demostrado la existencia de un nexo
laboral con el Estado como maestra oficial con posterioridad a la promulgación
de la norma referida, resulta inviable verificar su situación pensional conforme
a las previsiones de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, toda vez que, aun
bajo la premisa del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en el entendido de que
fue vinculada después de 1990 (se reitera, el 16 de enero de 2006), tal
situación en nada distorsiona ni modifica la línea jurisprudencial creada para
definir asuntos como el sub examine, según la cual la fecha relevante para los
mentados efectos es la del nombramiento anterior o posterior al 27 de junio de
2003. Con base en tal contexto jurídico, para definir la presente controversia,
en este caso se debe acudir a la regla jurisprudencial ii) enunciada
anteriormente.
Ø De la situación particular de la libelista
En primer lugar, al analizar puntualmente el acto administrativo demandado
contenido en la Resolución 001940 del 25 de octubre de 2018, por medio de
la cual se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor de
la señora Avendaño Osma, se encuentra lo siguiente:
«[…] Que el (la) docente nació el 29 de marzo de 1958 y cumplió los 57 años de edad
el 29 de marzo de 2015.
Que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio expedidos por el Director(a)
de Personal de Instituciones Educativas con Nº consecutivo 2017032283 de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA, COLPENSIONES y LA
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, el (la) educadora prestó y ha venido prestando sus
servicios a la educación y sector oficial así:
Que el (la) docente MARTHA RUTH AVENDAÑO OSMA reúne un total de 12.505
días equivalentes a 1.786 semanas cotizadas para pensión.
Que el (la) docente adquirió el status de jubilado el 29 de marzo de 2015 fecha en la
que se encontraba afiliado(a) al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.
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Que de conformidad con los documentos anexados por el (la) docente, la última
vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se dio a partir
del 16 de enero de 2006, por lo cual, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 812
de 2003, es susceptible aplicar a la liquidación de la pensión las normas
contempladas en la ley 100 de 1993 y ley 797 de 2003.
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a MARTHA RUTH AVENDAÑO OSMA
identificado(a) con la CC. No. 41.697.582 de Bogotá D.C., una pensión de vejez Ley
100 de 1993 por el valor mensual de UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($1.052.262.oo) M/Cte., a partir de la fecha
del retiro del servicio de la docente, conforme con la parte motiva que antecede.
PARÁGRAFO: El valor de la mesada se indexará desde la fecha de status 29 de
marzo de 2015, hasta la fecha de efectividad, es decir, hasta la fecha de retiro del
servicio. […]».
Según lo transcrito se desprende que la autoridad demandada acertó en
cuanto al régimen normativo aplicable a la señora Martha Ruth Avendaño
Osma frente a su solicitud de reconocimiento pensional, pues efectivamente
tuvo en cuenta como fecha de vinculación al Estado en calidad de docente
oficial, la de la única relación legal y reglamentaria bajo tal empleo generada
el 16 de enero de 2006, data que por ser posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, implicaba que el derecho prestacional reclamado tendría
que ser estudiado y, una vez verificados los requisitos para su cumplimiento,
reconocido en atención a los preceptos sobre requisitos y cálculo del IBL
consagrados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como se determinó
en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril
de 2019.
Por ello, resulta palmario que el acto administrativo demandado se ajusta a
derecho en punto al marco normativo que gobierna la situación jurídica
pensional de la demandante, pues la motivación y fundamento jurídico de
dicha decisión, se acompasa con la línea jurisprudencial interpretativa que se
aplica actualmente de manera uniforme para esta clase de asuntos, lo cual
implica a su vez denegar las pretensiones de la demanda, tal como lo
determinó el a quo.
Ahora, en gracia de discusión, se resalta que la denegación de los pedimentos
del libelo no advierten transgresión alguna al derecho a la seguridad social de
la parte activa, toda vez que la decisión de fondo en este caso consiste en
confirmar la negativa del reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988 por no ser este el régimen aplicable,
pero de igual manera quedó demostrado que la Resolución 001940 del 25 de
octubre de 2018 expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca
en representación del FNPSM, concedió una pensión de jubilación a favor de
la demandante en aplicación de los preceptos legales que gobiernan su
situación jurídica, esto es, las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, cuyo goce
efectivo quedó supeditado al retiro definitivo del servicio oficial.
Sobre el punto se destaca que la señora Avendaño Osma en su demanda
manifestó que al momento de su interposición (18 de diciembre de 2018),
continuaba vinculada al servicio activo oficial como docente del departamento
de Cundinamarca.
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La mentada circunstancia implica que la demandante aún detenta una relación
legal y reglamentaria con el Estado, la cual genera necesariamente el pago de
su correspondiente salario, de las prestaciones vigentes que haya
consolidado, así como de la afiliación y realización de aportes tanto al Sistema
de Seguridad Social en Salud, como el de Pensiones y Riesgos Laborales.
Lo propio se puede extraer incluso de la consulta que la Sala efectuó en la
base de datos pública del Registro Único de Afiliados (RUAF), que se
encuentra disponible en el Sistema Integral de Información de la Protección
Social del Ministerio de Salud (SISPRO), en la que se identifica que la libelista
al 6 de octubre de 2022 permanece activa como cotizante, tal como se verifica
a continuación:
Pues bien, dadas las circunstancias en mención, la apelante solicitó que se
declarara la compatibilidad entre el salario y las mesadas pensionales que se
generaron con ocasión del reconocimiento prestacional contenido en el acto
administrativo demandado. En ese orden, en cuanto a la prohibición
constitucional de percibir doble erogación proveniente del erario, se pone de
presente el artículo 128 superior que reza lo siguiente:
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los
casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.».
Este postulado constitucional fue desarrollado a través de una norma marco
como es la Ley 4.ª de 1992, por medio de la cual se fijó el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la que, por
cierto, sobre los presupuestos excepcionales a la regla aludida, se previó lo
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
siguiente:
«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más
de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.». (Subrayas de la Sala).
De las disposiciones en cita se concluye que, si bien existe la prohibición
constitucional y legal de desempeñar simultáneamente más de un empleo
público o de devengar más de una asignación cuyos dineros provengan del
erario, lo cierto es que el legislador contempló diversos grupos, dadas sus
condiciones especiales, que se exceptuarían de esta regla general; dentro de
los cuales se encuentran los docentes oficiales que gozaran de una pensión
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 4.ª de 1992.
En ese orden, resulta pertinente remitirnos a lo preceptuado por el artículo 6.º
de la Ley 60 de 1993 que en su inciso cuarto consagró:
«Artículo 6. Administración de personal. […]
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley
91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial. […]».
La anterior normativa fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001,
por lo que es dable argüir que, a partir de su promulgación (21 de diciembre
de la citada anualidad), los docentes oficiales vinculados al Magisterio desde
aquel momento no pueden percibir salario y pensión de manera simultánea.
Ello se acompasa con la posición jurisprudencial que ha asumido esta
Subsección10 en asuntos con contornos similares al sub lite, puntualmente en
la improcedencia frente a los maestros oficiales vinculados después de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de devengar salario y pensión. Al
respecto, se discurrió:
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de enero de 2021, radicación:
18001-23-33-000-2014-00055-01 (3869-2015), demandante: Antonio María Manjarrés Rocha.
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«[…] Finalmente, debe advertirse que el pago de la pensión en este caso está
restringido hasta tanto no se demuestre el retiro definitivo del servicio del
demandante. Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto al sector docente oficial
se le ha permitido gozar concurrentemente de salario y pensión en los términos del
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, dicha norma fue derogada expresamente por la
Ley 715 de 2001, de manera que aquellos docentes vinculados a partir de la Ley
812 de 2003 no tienen derecho a este beneficio. […]».
Los razonamientos en cita permiten a la Sala concluir que, contrario a lo
afirmado por la señora Avendaño Osma en la demanda y en el recurso de
alzada, a aquella no le asiste el derecho de percibir su pensión de jubilación
mientras aún se encuentra vinculada al servicio activo de la docencia oficial,
lo que, como consecuencia lógica, le permite gozar de salario y demás
prestaciones propias del ejercicio de la profesión.
Esto además porque i) la pensión de jubilación otorgada mediante Resolución
001940 del 25 de octubre de 2018 indicó que la consolidación de su estatus
jurídico fue el 29 de marzo de 2015, fecha posterior a la entrada en vigencia
de la Ley 4.ª de 1992, que permitía gozar doble asignación a los maestros ya
pensionados al 18 de mayo de 1992; y, ii) su vinculación al Magisterio como
maestra en propiedad se presentó el 16 de enero de 2006, esto es, luego de
la derogatoria de la Ley 60 de 1993 que en su artículo 6.º había previsto la
compatibilidad instada, la cual únicamente subsistió en nuestro ordenamiento
hasta el 20 de diciembre de 2001.
Aunado el hecho que para el momento en que regía la Ley 60 ejusdem, la
libelista aún no prestaba sus servicios como profesional de la educación, por
lo que, en todo caso, esta prerrogativa no le sería aplicable.
En los términos expuestos, el acto administrativo demandado debe conservar
sus plenos efectos legales, habida cuenta de que no se advirtió la
configuración de algún vicio de nulidad que afecte su presunción de legalidad,
ello al haberse fundado en las normas que debió expedirse, las cuales
obedecen a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 para el reconocimiento de
la pensión de jubilación de la libelista.
En conclusión: a la señora Martha Ruth Avendaño Osma en su calidad de
docente oficial, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988, toda vez que,
precisamente por las condiciones especiales de su empleo, y en aplicación de
las reglas desarrolladas en la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 25 de abril de 2019 para esta clase de servidores, no podría
considerarse como beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley
812 de 2003, por cuanto su primera y única relación legal y reglamentaria
como educadora del Estado tuvo lugar el 16 de enero de 2006, es decir, con
posterioridad al 27 de junio de 2003 cuando entró en vigencia esta última
norma.
En tal sentido, no es viable conceder a favor de la demandante una pensión
de jubilación por aportes con base en los postulados de la Ley 71 de 1988,
pues su nombramiento oficial como maestra estatal ocurrió cuando había
cobrado vigor la Ley 812 de 2003, según la cual, su situación pensional debe
ser determinada de acuerdo con los requisitos y condiciones consagradas
para tal efecto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, de manera articulada
con las reglas jurisprudenciales definidas en la aludida sentencia de
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Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
unificación del 25 de abril de 2019, como en efecto se realizó en el acto
administrativo objeto de control judicial.
Asimismo, a la demandante no le asiste el derecho de devengar
simultáneamente asignación básica y pensión de jubilación, por lo que el
disfrute de esta última estará supeditado al retiro definitivo del servicio oficial,
por las razones expuestas en precedencia, tal como se ordenó en el acto
administrativo demandado.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C el
27 de enero de 2021, la cual denegó las pretensiones de la demanda, lo
anterior habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de
apelación formulado por la libelista.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201611, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP12, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
11 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
12
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
16
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021)
Demandante: Martha Ruth Avendaño Osma
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público13.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la demandante, en la medida que a pesar de haber resultado
vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP
no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención
de las partes en segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio
y el consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el
artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 27 de enero de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Martha Ruth Avendaño Osma contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
13
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
Sigue leyendo
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