Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01355-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01355-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01355-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-2022)
Demandante: José David Redondo Camargo
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Reconocimiento de pensión, docente vinculado legal y
reglamentariamente antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, compatibilidad entre pensión y salario
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor José David Redondo Camargo, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-22)
Demandante: José David Redondo Camargo
del acto ficto o presunto configurado por la falta de respuesta a la petición
formulada el 10 de febrero de 2021 ante la Secretaría de Educación de Antioquia,
por medio de la cual se negó el reconocimiento de una pensión de jubilación bajo
las previsiones de la Ley 33 de 1985.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la Nación, (Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante Fomag) a lo
siguiente: i) reconocer y pagar una pensión de jubilación, equivalente al 75% de
los salarios y acreencias laborales recibidas en forma anterior al cumplimiento del
estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir del 28 de octubre de 2018,
momento en que el cumplió la edad de 55 años y 20 años de servicio, sin que se
le exija el retiro definitivo para proceder con la cancelación de la mesada; ii)
cancelar las sumas de dinero dejadas de percibir debidamente indexadas e
incluyendo los intereses moratorios; iii) cumplir la sentencia al tenor de lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) condenar en costas a la
entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor José David Redondo Camargo, nació el 28 de octubre de 1963,
por lo que cumplió los 55 años de edad en el año 2018.
ii) Laboró como docente al servicio del departamento de Boyacá desde 1996
hasta el 2002, y desde el 2004 hasta el 2008 de manera discontinua. Durante el
año 2003 prestó sus servicios en el departamento del Casanare; y posteriormente
fue vinculado como docente desde el 24 de julio de 2008 en el departamento de
Antioquia, hasta la fecha de la presentación de la demanda.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-22)
Demandante: José David Redondo Camargo
iii) El 10 de febrero 2021, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
como docente; sin embargo, esta petición fue negada, mediante el acto
administrativo enjuiciado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1°, inciso 2° de la Ley 33 de 1985; 15
numerales 1° y 2° de la Ley 91 de 1989; 6° de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley
115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1° y 2° del
Decreto 3752 de 2003.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) La actuación cuestionada no se ajusta a las disposiciones de ley en que
debía fundarse, pues el actor es beneficiario de la pensión de jubilación por haber
alcanzado la edad de 55 años y 20 años de servicio, tal como lo dispone la Ley 33
de 1985.
ii) Lo anterior por cuanto su vinculación a la docencia se dio antes del 23 de
junio de 2003, y por ello, cumple con la premisa del artículo 81 de la Ley 812 de
2003; así las cosas, el actuar de la administración vulneró las normas en que
debía fundarse, teniendo en cuenta que la intención del legislador fue proteger los
derechos de las personas que han laborado como él antes del 2003 para la
docencia oficial, sin exigencias adicionales.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag) se opuso a las
pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:1
1
Expediente digital, archivo 08ContestacionDemanda.pdf.
3
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Demandante: José David Redondo Camargo
i) El docente no cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión
de jubilación deprecada, teniendo en cuenta la fecha de su vinculación al servicio
educativo oficial; y en todo caso, al momento de efectuarse dicho reconocimiento
deberá tenerse en cuenta únicamente los factores sobre los cuales hubiese
efectuado los respectivos aportes al sistema de seguridad social.
ii) «La compatibilidad de la pensión y el salario no es aplicable a los docentes
con vinculación territorial de carácter municipal financiados con recursos propios
del municipio de Medellín conforme a los convenios, acuerdos y disposiciones
legales reguladoras de las particulares formas de vinculación», sumado a que la
negativa está sujeta a las disposiciones de orden constitucional y legal.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, ineptitud de la demanda
por falta de integración de litisconsorte necesario, y la genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 16
de febrero de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:2
i) El señor José David Redondo Camargo tuvo diversas vinculaciones como
docente nacional desde el año 1996 hasta el año 2003 de manera discontinua y
de manera continua desde el 17 de marzo de 2004 hasta el momento de
interponer la demanda.
ii) En ese contexto, «al actor no le resultaba aplicable la regla inserta en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y, por ende, el régimen pensional de prima
media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto su vinculación
al servicio docente data del 15 de julio de 1996, fecha que es anterior a la de
2 Ibidem. Archivo 36ConcedeParcialmenteSuplicas 2021-01355.pdf. Con ponencia de la
magistrada Liliana Patricia Navarro Giraldo.
4
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Demandante: José David Redondo Camargo
entrada en vigencia de la primera ley en cita -26 de junio de 2003-».
iii) Bajo ese entendido, el derecho pensional del demandante debió
examinarse al amparo del régimen pensional que regula a quienes laboraron en
exclusivo en el sector público (Ley 33 de 1985), pues se verifica el cumplimiento
de los requisitos exigidos en este, dado que al haber nacido el 28 de octubre de
1963, cumplió la edad de 55 años el 28 de octubre de 2018; y de cara a que su
vinculación a la docencia oficial data de 1996, aunque en forma interrumpida, los
20 años de servicio los completó aproximadamente el 7 de junio de 2018.
iv) En consecuencia, al señor Redondo Camargo, le asiste el derecho a
obtener el reconocimiento pensional con efectos a partir del 28 de octubre de 2018
(fecha exacta sujeta a verificación de la entidad), sin condicionamiento al retiro del
servicio, debido a que no puede olvidarse que para la fecha de interposición de la
demanda (julio de 2021) se desempeñaba como docente al no acreditarse el
retiro.
v) Lo anterior por cuanto, precisamente la docencia es uno de los oficios que
se encuentran excluidos de la prohibición constitucional contenida en el artículo
128, según la cual nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, ya que
así quedó establecido en el artículo 5° del Decreto 224 de 1972.
vi) En el presente caso la exigibilidad del derecho pensional surgió el 28 de
octubre de 2018, y el actor elevó petición de reconocimiento pensional el 10 de
febrero de 2021, dando lugar a la interrupción del fenómeno jurídico de la
prescripción por un lapso de tres años, y como aquel acudió a la jurisdicción a
reclamar su derecho pensional el 11 de julio de 2021, resulta forzoso concluir que
no se presentó el fenómeno extintivo de la prescripción trienal de mesadas
pensionales.
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Demandante: José David Redondo Camargo
vii) En suma, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó el
reconocimiento de la pensión de jubilación al señor Redondo Camargo a partir del
28 de octubre de 2018 (fecha exacta sujeta a verificación de la entidad), conforme
a las premisas de la Ley 33 de 1985. La mesada deberá calcularse en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los salarios percibidos y sobre los cuales
efectuó los aportes pensionales en el año anterior al de consolidación del estatus y
conforme al listado contenido en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985; y negó las
demás pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag) interpuso
recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes
argumentos:3
i) Ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993, ni la Ley 115 de 1994, habían
establecido, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el derecho en favor de
los docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada pensional y del sueldo por
el ejercicio del cargo. La única previsión en tal sentido que es posible deducir de la
Ley 91 de 1989 es la atinente a la compatibilidad del disfrute de la «pensión
gracia» y del sueldo, aspecto que tiene sentido tanto desde el punto de vista legal
como jurisprudencial, toda vez que la pensión gracia es una dádiva del Gobierno
Nacional.
ii) La Ley 344 de 1996 no mantuvo la vigencia de lo estatuido por el artículo 5º
del Decreto 224 de 19724 como tampoco lo ha hecho ninguna otra norma de las
muchas que posteriormente se han expedido y que al unísono han reiterado que
es incompatible el disfrute de la pensión y del sueldo, lo cual es coherente con la
situación de desempleo que afecta a economías estructuralmente deficitarias
3 Ibidem. Archivo 39RecursoApelacionDdo.pdf
4 Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente,
pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-22)
Demandante: José David Redondo Camargo
como la nuestra.
iii) La sentencia de primera instancia pasa por alto que el Decreto 224 de 1972
nunca cobijó a los docentes territoriales, sino que únicamente a los docentes de
carácter nacional.
iv) Los docentes a partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del
2005, solo se diferencian del régimen ordinario laboral en temas taxativamente
expuestos, en los cuales no cabe la doble asignación proveniente de recursos del
patrimonio público, patrimonio que es deber del juez administrativo proteger.
1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación
El señor José David Redondo Camargo no se pronunció respecto del recurso de
apelación propuesto por la entidad demandada.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a
percibir la pensión de vejez reconocida en este trámite judicial sin
condicionamiento al retiro del servicio como docente oficial.
2.2. Marco normativo
5
Constancia secretarial obrante en el índice 9 de la plataforma Samai.
6
Ibidem.
7
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Demandante: José David Redondo Camargo
Mediante la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de
2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,7 se estableció la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la
Ley 91 de 1989, conforme a las siguientes reglas:
a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de
7 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa.
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Demandante: José David Redondo Camargo
1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores,
distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo
8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y
el 8 % equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman
parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
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Demandante: José David Redondo Camargo
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco
les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la
liquidación de la mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con
las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
Ahora bien, en el entendido de que en la sentencia antes mencionada se hace
referencia a que en la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 los factores
que se deben tener en cuenta son aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes, es dable inferir que tanto «la línea jurisprudencial en cita
como la norma aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el
cálculo del IBL, no solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos
aquellos conceptos sobre los cuales se hubiese establecido el carácter de factor
salarial computable para efectuar aportes».8
Así pues, en el caso de los docentes oficiales, particularmente, se advierte que a
través de los Decretos 633 y 634 de 2007 se creó el emolumento denominado
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 22 de junio de 2023, radicado
47001-23-33-000-2017-00331-01 (4056-2021) M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-22)
Demandante: José David Redondo Camargo
«asignación adicional», a la cual accederían los directivos docentes regidos por
los Decretos 2277 de 1979 y el 1278 de 2002. En ese orden, ese factor tiene
carácter salarial por hacer parte de la asignación básica mensual de los
educadores, el cual es base de cotización conforme al artículo 6° del Decreto 691
de 1994.
Por su parte, el Decreto 1566 de 2014 creó una «bonificación mensual» efectiva a
partir 1° de junio de 2014, la cual ha sido fijada año a año bajo el mismo criterio,
esto es, el relativo a su naturaleza de factor salarial con efectos legales para el
cálculo de los aportes, respecto del cual deben efectuarse los respectivos
descuentos.
De igual modo, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada «bonificación
pedagógica» efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de
personal de las entidades territoriales certificadas en educación, que también fue
concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal como lo
dispuso el artículo 3°, numeral 4° de la norma en cita.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
i) El señor José David Redondo Camargo nació el 28 de octubre de 1963,
conforme se aprecia en la copia de la cédula de ciudadanía.9
ii) De conformidad con los certificados que reposan en el plenario, el
accionante prestó servicios como docente nacional de la siguiente forma:10
• En el departamento de Boyacá, como docente nacional nivel básica
secundaria, entre el 15 de julio de 1996 y el 30 de noviembre de 1996; el 30
9 Expediente digital, archivo 01Demanda.pdf, folio 25
10 Ibidem, folios 26 al 61.
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Demandante: José David Redondo Camargo
de enero de 1997 y el 30 de noviembre de 1997; del 16 de febrero de 1998 al
15 de junio de 1998; del 13 de julio de 1998 al 30 de noviembre de 1998; del
02 de febrero de 1999 al 11 de junio de 1999; del 12 de julio de 1999 al 26 de
noviembre de 1999; del 31 de enero del 2000 al 09 de junio del 2000; del 10
de julio del 2000 al 1° de diciembre del 2000; del 28 de febrero de 2001 al 15
de junio de 2001; del 09 de julio de 2001 al 05 de diciembre de 2001; y del 05
de febrero de 2002 al 30 de noviembre de 2002;
• En el departamento de Casanare, como docente territorial de nivel primaria,
entre el 13 de enero de 2003 y el 30 de diciembre de 2003;
• En el departamento de Boyacá entre el 17 de marzo de 2004 y el 23 de julio
de 2008;
• En el departamento de Antioquia, como docente desde el 24 de julio de
2008 hasta la fecha de interposición de la demanda.
iii) De acuerdo con los certificados de factores devengados mes a mes entre
enero de 2010 y noviembre de 2020,11 el demandante devengaba los siguientes
factores: asignación básica, asignación adicional rector 30% (desde el año 2015),
asignación adicional coordinador 20% (hasta el año 2015) prima de navidad, prima
de vacaciones, bonificación mensual, bonificación pedagógica y prima de
servicios.
iv) El 10 de febrero de 2021, el señor Redondo Camargo, a través de
apoderado, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
equivalente al 75% de los salarios y demás factores salariales anteriores al 28 de
octubre de 2018, fecha de adquisición del estatus de pensionado conforme las
disposiciones de la Ley 33 de 1985, sin la exigencia del retiro definitivo del cargo.12
La entidad demandada no emitió respuesta alguna a esta petición.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
11 Ibidem, folios 62 al 69.
12 Ibidem, folios 70 al 75.
12
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-22)
Demandante: José David Redondo Camargo
Teniendo en cuenta el objeto de reproche de la entidad apelante, la Sala
confirmará la decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión de
vejez del demandante, sin condicionamiento al retiro del servicio. Esta conclusión
se funda en los siguientes razonamientos:
La Constitución Política de 1886 estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público o de empresas o instituciones en que
tuviera parte el Estado, con excepción de los casos especialmente establecidos
por el legislador. Textualmente, el artículo 64 dispuso lo siguiente:
Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la
nación, los departamentos y los municipios.
Posteriormente, el Decreto Ley 1317 de 1960, reiteró la mentada prohibición; no
sin antes establecer algunas excepciones de la siguiente manera:
Artículo 1º. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo
las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter
oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.
En cuanto al ejercicio de la docencia, como una de las excepciones aludidas, el
Decreto 224 de 1972 dispuso en el artículo 5º, lo siguiente:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.
Por su parte, el Decreto 1042 del 7 de junio de 1978, por el cual se establece el
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, entre otras cosas,
13
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Demandante: José David Redondo Camargo
prorrogó la excepción en los mismos términos referidos, como se ilustra a
continuación:
Artículo 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con
el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir
más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en
que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de
honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reiteró la
prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los
siguientes términos:
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir
doble asignación proveniente del tesoro público hace referencia i) al desempeño
de dos empleos de forma simultánea y/o ii) a recibir más de una asignación del
tesoro público.
Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 13 ha
indicado que el contenido del precepto ejusdem, al referirse a la noción de
asignación del tesoro público, debe entenderse de manera irrestricta.
En ese entendido, el artículo 128 Constitucional tuvo que ser desarrollado por la
13 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 10 de mayo de 2001 y del 8
de mayo de 2003.
14
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Demandante: José David Redondo Camargo
Ley 4.ª de 1992,14 que respecto de las mentadas restricciones dispuso lo
siguiente:
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúense las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores
de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de
su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado relativo
a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario, ello con base en los
siguientes planteamientos:
Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo
es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la
remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la
concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como
recibir más de una asignación que provenga del erario público. El término
"asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público,
llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el
legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de
1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se
hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19,
objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba
perfectamente facultado para hacerlo.
14 «Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
15
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Demandante: José David Redondo Camargo
Advierte la Sala que la excepción a la prohibición en comento también fue
planteada por el legislador en desarrollo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que en el artículo 279, inciso 2°, se
consagró expresamente la compatibilidad de las prestaciones y salarios docentes
de la siguiente forma:
Artículo 279. Excepciones. (…) Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con
la reglamentación que para el efecto se expida.
En ese orden, para la Sala reviste suficiente claridad el hecho de que el goce de la
pensión de vejez de los educadores vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, como es el caso del demandante, no es
incompatible con el ejercicio de empleos docentes. Dicho de otra manera,
legalmente les está permitido a los docentes percibir la pensión de jubilación y el
salario, simultáneamente.
Al respecto, en sentencia del 14 de agosto de 2009, esta Corporación expresó lo
siguiente:15
Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de la
Ley 4 de 199216 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su
entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia
con posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la que
les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el
contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la
docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a los
beneficios que para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados. [Resalta la Sala].
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 14 de agosto de 2009, radicación 050012331000200403824 01.
16 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
16
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Demandante: José David Redondo Camargo
Vale la pena recordar que la única disposición legal que de forma textual
estableció una incompatibilidad entre el salario de los docentes y la pensión de
vejez fue el Decreto 1278 de 2002, por el cual se expide el estatuto de
profesionalización docente, que estableció lo siguiente:
ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para
todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es
incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares
No obstante, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma bajo los siguientes postulados:
[…] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el
régimen disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades
extraordinarias para reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de los
deberes y prohibiciones de un servidor público; pero eso no significa que la
concesión de facultades para un cambio de una ley, que no tenga relación directa
con el régimen disciplinario, exija igualmente que la norma habilitante prevea que el
Gobierno también puede reformar el régimen disciplinario. Ahora bien, en el
presente caso, el artículo 111, numeral 2 de la Ley 715 de 2001 no atribuyó
competencia al Gobierno para modificar el régimen disciplinario de los educadores,
y sin embargo el Ejecutivo expidió el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, que
realmente tiene implicaciones disciplinarias específicas, pues modifica el régimen de
deberes de los docentes y directivos docentes, lo cual implica una alteración del
contenido particular de las posibles faltas disciplinarias de estos servidores públicos.
19- Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el artículo 45,
referido a las incompatibilidades, fue también expedido excediendo las facultades
que le fueron otorgadas al Gobierno. En efecto, una incompatibilidad implica una
prohibición para un servidor público de realizar otros oficios u actividades, mientras
se desempeña como servidor público. La violación del régimen de
incompatibilidades tiene obvias consecuencias disciplinarias, por lo que el Gobierno
no podía reformar dicho régimen, puesto que el Congreso no lo habilitó
expresamente para tal efecto. Por tanto, es evidente que el ejecutivo desbordó las
facultades conferidas y por tanto el artículo 45 deberá ser declarado inexequible.
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el
precepto bajo estudio, denota que el legislador en el marco de sus potestades
había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la
17
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Demandante: José David Redondo Camargo
Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de
percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor
dentro de la función pública.17
En armonía con todo lo expuesto, deben tenerse en cuenta, además, los
regímenes pensionales aplicables a los docentes en atención a su fecha de
vinculación al magisterio oficial debido a la expedición de la Ley 812 de 2003,
pues la determinación de tal punto es esencial en el sub judice, habida cuenta de
que al hallar el marco normativo que rige la situación particular del demandante es
posible verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones para estimar la
procedencia del derecho pensional, así como los elementos que podrían
constituirlo.18
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 pueden
devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.19
De suerte que, el personal docente vinculado antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 está exceptuado de la prohibición de doble asignación del tesoro
público, consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política, en atención a lo
dispuesto en el artículo 279 ibidem, situación que ha permanecido en el tiempo
desde la promulgación del Decreto 224 de 1972, inclusive; en ese orden, aquellos
pueden seguir ejerciendo la docencia y percibir, además, su mesada pensional.
17 A dicha conclusión arribó esta Sala de Decisión en la sentencia del 22 de junio de 2023, rad.
17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18
Existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación para los
docentes oficiales tanto nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está
condicionada a la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, esto es, antes o después del 27 de
junio de 2003.
19 Radicado: 25000-23-42-000-2019-00895-01 (4158-2021) M. P. William Hernández Gómez.
18
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01355-01 (5017-22)
Demandante: José David Redondo Camargo
Así las cosas, descendiendo al caso particular, el señor José David Redondo
Camargo tiene la posibilidad legal de continuar en ejercicio de la plaza como
maestro estatal, y al mismo tiempo percibir una pensión de jubilación, toda vez
que dicha atribución se deriva directamente de lo preceptuado en los artículos 5
del Decreto 224 de 1972, 19 de la Ley 4ª de 1992, y 279 inciso 2° de la Ley 100 de
1993, los cuales habilitan el anterior supuesto al menos hasta la edad de retiro
forzoso, como excepción a la regla plasmada en el artículo 128 de la Constitución
Política.
En suma, la pensión de vejez del demandante no debe estar condicionada a la
demostración del retiro definitivo del servicio de aquel, sino que debe hacerse
efectiva sin restricción alguna desde la fecha de adquisición del estatus pensional,
esto es, el 28 de octubre de 2018, tal como lo determinó el a quo, momento en el
que cumplió los 55 años de edad exigidos en la Ley 33 de 1985, bajo el entendido
de que ya tenía acumulados los 20 años de servicio público y que se vinculó al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
(concretamente en 1996).
Así las cosas, el recurso de apelación impetrado por la entidad demandada no
tiene vocación de prosperidad.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
19
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Demandante: José David Redondo Camargo
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,20
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
considera que el señor José David Redondo Camargo tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez deprecada, sin condicionar su goce
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
20
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Demandante: José David Redondo Camargo
a la demostración del retiro definitivo del servicio docente. En ese orden se
confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 16 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José
David Redondo Camargo contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. – Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
21
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