Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00331-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00331-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2017-00331-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00331-01 (4056-2021)
Demandante: JUDITH MARÍA ZABLEH HASBUN
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Temas: Reliquidación pensión docente. Vinculación anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. ADICIONA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora JUDITH MARÍA ZABLEH HASBUN, obrando por medio de apoderado
debidamente constituido, instauró demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL
MAGISTERIO en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
1 Folios 1 a 3.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00331-01 (4056-2021)
Demandante: Judith María Zableh Hasbun
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 0388 del 10 de mayo de 2017,
mediante la cual la entidad demandada a través de la Secretaría de Educación
Distrital de Santa Marta, le reconoció pensión de jubilación a la accionante sin la
totalidad de los factores salariales percibidos en el año anterior a la adquisición del
estatus.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a liquidar y
pagar la pensión de jubilación de la demandante, con efectividad desde el 5 de
noviembre de 2014, calculada sobre el 75% del promedio de todos los salarios y
demás factores devengados durante el año anterior a la consolidación del derecho
prestacional y con los respectivos reajustes anuales de ley.
Que se ordene a la entidad demandada pagar de forma retroactiva las mesadas
atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho y hasta la inclusión en
nómina del reclamante, y que del valor de esta condena se descuente el monto de
lo que le fue reconocido al actor en virtud del acto administrativo cuestionado.
Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes
del CPACA, y que en consecuencia, las sumas adeudas sean actualizadas en su
valor conforme a la variación del IPC, junto con la cancelación de intereses
moratorios a partir de la fecha de ejecutoria del fallo.
Que se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la señora Judith María Zableh Hasbun laboró más de 20 años al servicio de la
docencia oficial y cumplió los requisitos para que le fuera reconocida una pensión
de jubilación conforme a las previsiones del régimen especial del magisterio.
2 Folio 3.
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Demandante: Judith María Zableh Hasbun
Que el ingreso base de liquidación de la prestación de la actora, solo incluyó en su
cómputo la asignación básica percibida por aquella durante su último año de
servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, omitiendo para el efecto la
prima de navidad, prima de vacaciones y demás factores devengados por esta.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 19 de septiembre de 2017 y notificada
a la entidad accionada.3 La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM
presentó memorial de contestación4, para lo cual manifestó que la pensión
reconocida fue liquidada con arreglo a la normativa legal y reglamentaria aplicable
a los derechos de la docente demandante, según la cual no es procedente ordenar
la inclusión los factores salariales sobre los cuales esta no hubiese cotizado.
Propuso como excepciones las que denominó, inexistencia de la obligación, cobro
de lo no debido, falta de legitimidad en la causa por pasiva, compensación y la
genérica o innominada.
En la audiencia inicial5 fueron resueltas las excepciones propuestas declarándolas
no probadas, en ella se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía
ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180
numeral 10 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, en audiencia de pruebas6 se
recaudaron y practicaron las documentales ordenadas en diligencia previa y
finalmente se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia
escrita con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo del Magdalena dictó sentencia escrita el 3 de febrero de
3 Folios 78 a 79 y 89 a 96.
4 Folios 97 a 107.
5 Folios 195 a 199.
6 Folios 291 a 293.
7 Folios 303 a 313.
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Demandante: Judith María Zableh Hasbun
2021, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en
el sentido de ordenar la reliquidación de la prestación con inclusión de la
bonificación mensual docente, además de los factores que ya fueron tenidos en
cuenta en el acto demandado. Para ello hizo un recuento normativo y jurisprudencial
sobre el régimen pensional aplicable a los docentes.
Adicionalmente manifestó que se encuentra probado en el proceso que mediante
Resolución 0388 del 10 de mayo de 2017, se reconoció la pensión de jubilación a
la señora Judith María Zableh Hasbun teniendo en cuenta el 75% del promedio de
los factores salariales devengados incluyendo la asignación básica y la doceava de
la prima de vacaciones, ello para una mesada equivalente a $1.230.686.
Que la fecha de vinculación de la actora de acuerdo con el acervo probatorio fue el
23 de mayo de 1997, adicionalmente aquella adquirió su estatus pensional el 5 de
noviembre de 2014, y continuó laborando hasta el 31 de diciembre de 2018. Que en
virtud de dichas fechas y debido a que el nombramiento de la educadora se produjo
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable a su caso es el
previsto en la Ley 91 de 1989, por lo que de acuerdo con la regla fijada en la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019,
para el cálculo del ingreso base de liquidación de la prestación se deben tener en
cuenta solo los factores previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, de los
cuales únicamente se encuentra demostrada la asignación básica.
Que en reciente sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, se estableció que a pesar de que la bonificación de que trata
el artículo 1 del Decreto 1566 de 2014 no se halla enumerada dentro del catálogo
de factores a que alude el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, ello porque se creó con
posterioridad, también es claro que tal concepto constituye factor salarial para todos
los efectos legales y, por lo tanto, los aportes obligatorios sobre los pagos que se
efectúen por ese emolumento se realizarán de conformidad con las disposiciones
legales vigentes. En tal sentido, como la reclamante percibió la mentada
bonificación, esta debe ser incluida en el cálculo del IBL.
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Demandante: Judith María Zableh Hasbun
Que en el acto de reconocimiento y pago de la reliquidación pensional, la entidad
incluyó como factor salarial en la base de liquidación la doceava prima de
vacaciones, factor que no está incluido en la Ley 62 de 1985 dentro de los que sirven
de base para calcular los aportes y en consecuencia conforman la base de
liquidación.
Que sin perjuicio de lo anterior, el acto administrativo debe conservar su validez en
la medida que no se puede afectar el derecho reconocido a la demandante cuya
pretensión iba dirigida a que se incluyeran factores adicionales a los reconocidos
por la entidad. Es decir, en aplicación del principio de favorabilidad consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, la decisión censurada no puede ser
modificada en aquello que no fue objeto de demanda a través de este medio de
control.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se modifique la
sentencia de primera instancia a fin de que se incluyan las horas extras como factor
en la orden de reliquidación, esto en el entendido de que en el cuadro realizado por
el tribunal de origen en el que contrastó los factores salariales percibidos por la
actora y los enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, no se tuvo en cuenta
que uno de los emolumentos a incluir en el IBL según dicha normativa, es el de las
horas extras, las cuales se demostró que la reclamante devengó durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico pensional, lo cual se corrobora no
solo con el certificado de salarios, sino también de los comprobantes de pago de la
Secretaría de Educación de Santa Marta.
Que la inclusión de las horas extras en mención, también fue convalidada por el
Consejo de Estado a través de la sentencia del 2 de octubre de 2019 dictada en el
proceso con número interno 3379-2018, por lo que no cabe duda de la posibilidad y
necesidad de tener en cuanta tal concepto laboral al momento de determinar el
ingreso base de liquidación de su pensión.
8 Folios 321 a 322.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.9
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO10
El agente del Ministerio Público no rindió concepto11.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de las horas
extras como factor salarial percibido por esta durante el año anterior a la adquisición
de su estatus jurídico pensional.
Marco normativo y jurisprudencial
En atención a que el presente asunto se centra en el debate sobre el ingreso base
de liquidación pensional, y por consiguiente en la determinación del valor final de la
pensión de la accionante en calidad de docente oficial, resulta necesario traer a
colación la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 proferida el 25 de abril
de 2019 por la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del consejero
César Palomino Cortés, dictada dentro del expediente
68001233300020150056901, a través de la cual se procedió a sentar jurisprudencia
frente al IBL en el régimen pensional de los educadores vinculados al servicio
público educativo oficial, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En la providencia se fijaron las siguientes reglas interpretativas sobre el
tema en cuestión.
9 Ver constancia secretarial obrante en el folio 337 del expediente.
10 Idem.
11 Idem.
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“i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.
v. Efectos de la presente decisión
73. Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en sentencia C-816
de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de
cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como
guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política12. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que
12 La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en
el vértice de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de
la jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-
123/95 citada en la Sentencia T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de
unificación jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos
de cierre, según el Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales
y de examen de validez constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de
ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y 237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad
de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria (CP art. 235). […]»
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exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio”.
74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación,
se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente,
disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este
pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”. (Subrayado y negrilla del
texto original).
En conclusión, en la citada sentencia se fijó como regla jurisprudencial, para el tema
que interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún concepto diferente a estos.
Ahora bien, sin perjuicio del acatamiento el criterio unificador de la sentencia de
antes mencionada, lo cierto es que de la lectura del mencionado precepto normativo
al que esta hace referencia, se extrae que, […] En todo caso, las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores
que hayan servido de base para calcular los aportes. […].
Lo anterior permite inferir que tanto la línea jurisprudencial en cita como la norma
aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el cálculo del IBL, no
solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos aquellos conceptos
sobre los cuales se hubiese establecido el carácter de factor salarial computable
para efectuar aportes.
Puntualmente, en el caso de los docentes oficiales, se encuentra que los Decretos
633 y 634 de 2007 crearon un emolumento denominado asignación adicional, a la
cual accederían los directivos docentes regidos por los Decretos 2277 de 1979 y el
1278 de 2002. Al respecto, se advierte que este haber salarial está consagrado
como factor salarial por hacer parte de la asignación básica mensual de los
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educadores, la cual es base de cotización conforme al artículo 6° del Decreto 691
de 1994.
Asimismo, el Decreto 1566 de 2014 creó una bonificación mensual efectiva a partir
1° de junio de 2014, la cual ha sido fijada con posterioridad cada año bajo el mismo
criterio, esto es, el relativo a que la naturaleza de dicho emolumento es el de un
factor salarial con efectos legales para el cálculo de los aportes, respecto del cual
deben efectuarse los respectivos descuentos.
Por otro lado, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada bonificación pedagógica
efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal de las
entidades territoriales certificadas en educación, la cual, además, también fue
concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal como lo previó
el artículo 3°, numeral 4° de la norma en cita.
En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida en
la sentencia de unificación analizada previamente, al igual que la normativa citada
anteriormente sobre los factores salariales establecidos como tales. Conforme a ello
se procederá a dar solución al caso concreto.
Resolución del caso concreto
Para definir el presente asunto se tiene que, el secretario de educación del distrito
de Santa Marta, actuando en representación de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la
Resolución 0388 del 10 de mayo de 201713, concedió la pensión vitalicia de
jubilación a la demandante, en cuantía mensual de $1.230.686 con efectividad
desde el 6 de noviembre de 2014. En dicha resolución quedó establecido lo
siguiente.
• Que la pensión vitalicia de jubilación debía ser reconocida con fundamento en
los requisitos de la Ley 33 de 1985 por haberse vinculado la reclamante como
docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
13 Folios 18 a 21.
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• Que el valor de la pensión vitalicia de jubilación sería el equivalente al 75% del
salario promedio mensual devengado durante el último año anterior a la fecha
de adquisición del estatus jurídico pensional de la demandante (5 de noviembre
de 2014).
• Que los factores salariales tenidos en cuenta en el IBL pensional fueron la
asignación básica mensual y la doceava de la prima de vacaciones.
Como se precisó anteriormente, a la Sala le corresponde dar aplicación a la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en
primer lugar, porque la tesis del 4 de agosto de 2010 fue replanteada por la Sala
Plena del Consejo de Estado en la primera providencia en mención, esto para el
caso puntual de los docentes oficiales. En segundo lugar, porque tal como allí se
estableció, aquella constituye un precedente vinculante y obligatorio para los casos
que guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno
de la cosa juzgada14, tal como sucede en el presente asunto, dado que la
providencia apelada no ha quedado ejecutoriada.
En primer lugar, sin que exista discusión en esta instancia sobre el régimen
pensional que rige la situación particular de la actora, esto es, el de la Ley 33 de
1985 por haber sido vinculada como docente oficial antes del 27 de junio de 2003
cuando entró en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de mayo de 1997)15, resulta
evidente que para definir el litigio bajo estudio se debe acudir a la primera regla
jurisprudencial esbozada anteriormente.
Al respecto, dicho postulado jurisprudencial en materia de liquidación del derecho
reconocido a la reclamante, indica que el ingreso base de liquidación de la pensión
comprende, i) el período correspondiente al último año de servicio, anterior a la
consolidación del estatus pensional, y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que
corresponden a los siguientes: asignación básica, gastos de representación, primas
14 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos
de la decisión».
15 Según el acto administrativo demandado visible de folios 18 a 21 del expediente.
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de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras, bonificación por servicios prestados, y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los devengados
por la interesada durante el mencionado período16, comprendido entre el 5 de
noviembre de 2013 y el 5 de noviembre de 2014 (año anterior a la adquisición del
estatus), se observa lo siguiente.
Factores de la Ley 62 de 1985 y demás normas en materia
Factores devengados
salarial docente
Asignación básica / Sueldo Asignación básica
Gastos de representación
Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
Dominicales y feriados
Horas extras17 Horas extras
Bonificación por servicios
Trabajo suplementario
Asignación adicional
Bonificación mensual 1 de junio/14 – 31
Bonificación mensual docente
diciembre/15
Bonificación pedagógica
Prima de navidad
Prima de servicios docente
Prima de vacaciones
Bonificación por difícil acceso 15%
Se concluye entonces que los únicos factores salariales que coinciden para el caso
de la apelante, son la asignación básica y las horas extras, razón por la cual, en
principio, serían los únicos a incluir en la base de liquidación, de conformidad con la
sentencia de unificación, toda vez que el pago de cada uno de estos haberes fue
debidamente demostrado con las pruebas practicadas en el proceso y se
encuentran enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
16 Acreditados en el formato único para la expedición de certificado de salarios obrante a folio 277.
17Demostradas a través del certificado de salarios que reposa a folio 277, así como de una
certificación emitida el 9 de febrero de 2017 por el líder de talento humano de la Secretaría de
Educación de Santa Marta, la cual se encuentra en el folio 278 del expediente.
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Demandante: Judith María Zableh Hasbun
Sobre la bonificación mensual docente, se recalca que no existe discusión en esta
instancia respecto de su inclusión en el cálculo del IBL, pues lo propio fue ordenado
expresamente por el tribunal de primera instancia y el único recurrente es la parte
activa en cuanto al cómputo adicional de las horas extras.
En tal sentido, al verificar probatoriamente que la demandante sí percibió este último
concepto salarial entre el 5 de noviembre de 2013 y el 4 de noviembre de 2014,
resulta necesario que aquel sea tenido en cuenta para la determinación del ingreso
base de liquidación de la pensión de la apelante, pues, en efecto, las horas extras
están consagradas en el listado del artículo 1° de la Ley 62 de 1985, es decir, dentro
de los factores computables para el efecto según la regla de unificación
jurisprudencial precitada.
En conclusión, la Sala adicionará la sentencia apelada, toda vez que se acreditó
que la reclamante tiene derecho a que la pensión de jubilación reconocida a su favor
mediante el acto administrativo demandado sea liquidada en cuantía equivalente al
75% del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus jurídico de pensionada, incluyendo para el efecto en el
cálculo del IBL, adicionalmente a los conceptos tenidos en cuenta inicialmente en la
mentada resolución (asignación básica y prima de vacaciones), los siguientes, la
bonificación mensual ordenada por el tribunal de origen y las horas extras que se
habían omitido en primera instancia.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, es de destacar que el Consejo
de Estado en sentencia del 7 de abril de 201618 determinó el criterio objetivo-
valorativo para la imposición de dicha carga. Bajo tal contexto, la determinación
sobre este punto implica una valoración que excluye como criterio de decisión la
mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula
que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
18 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Judith María Zableh Hasbun
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público19.
Aun con base en las anteriores reglas, atendiendo lo dispuesto en los numerales 1
y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,20 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia, pues si bien prosperó el recurso de la
parte demandante, la entidad accionada no intervino en esta instancia debido a que
no se habilitó la etapa correspondiente para el efecto conforme al artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: ADICIONAR AL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida el tres
(3) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del
Magdalena que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Judith María Zableh Hasbun contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo siguiente,
incluir las horas extras en los factores salariales tenidos en cuenta para liquidar la
pensión de jubilación de la demandante. Por lo tanto, dicho ordinal quedará de la
siguiente manera:
«[…] A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), reliquidar la pensión de jubilación de la señora JUDITH MARÍA ZABLEH
HASBUN identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.538.960, incluyendo
además de los factores salariales ya tenidos en cuenta en la resolución acusada,
los emolumentos denominados: bonificación mensual docente y horas extras
devengadas dentro de su último año de servicios anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional.
19 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […].»
20 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Las sumas que resulten en favor de la accionante se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la siguiente fórmula:
R = Rh x índice Final
índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el correspondiente a cada concepto causado al mes, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debió hacerse el pago). Es claro que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes a mes teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento en que debió hacerse cada pago. […]».
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada, según lo manifestado en las consideraciones que anteceden.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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