Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01507-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01507-01 (5158-2024)
Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)1
Tema: Bonificación mensual del Decreto 1566 del 2014, Factores
salariales para reliquidación de pensión de jubilación docente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia dictada el 13 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se declaró la nulidad del Oficio No. 2017EE106 del 13 de febrero de
2017, así como la nulidad parcial de las Resoluciones No. 259 del 17 de octubre de 2008
y No. 9405 del 16 de diciembre de 2015, expedidas por la Secretaría de Educación del
municipio de Floridablanca, y se ordenó a dicha entidad reliquidar la pensión de jubilación
reconocida a la señora Rosa Emilia Moreno Villabona.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. Rosa Emilia Moreno Villabona promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos: (i) el Oficio No. 2017EE106 del 13 de febrero de 2017, expedido por el
FOMAG, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de todos los factores
salariales percibidos en el último año de servicios; (ii) parcialmente, la Resolución No.
259 del 17 de octubre de 2008, por la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión
vitalicia de jubilación; y (iii) parcialmente, la Resolución No. 9405 del 16 de diciembre de
2015, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez, sin tener en cuenta todos los
factores salariales devengados en el año previo al cumplimiento del estatus pensional.
1
En adelante FOMAG.
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01507-01 (5158-2024)
Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara el reconocimiento y
pago de una pensión ordinaria de jubilación a partir del 28 de marzo de 2007, equivalente
al 75% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales
percibidos en los doce meses anteriores a su retiro del servicio. Así mismo, pidió el pago
del retroactivo pensional correspondiente, debidamente reajustado e indexado conforme
al artículo 187 del CPACA, junto con los intereses moratorios que resulten procedentes
hasta su inclusión en nómina.
3. Expuso que laboró durante más de veinte años como docente oficial y que, al cumplir
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, esta le fue reconocida mediante la
Resolución No. 259 de 2008. Sin embargo, la liquidación efectuada incluyó únicamente
la asignación básica, el sobresueldo, la prima de navidad y la prima de vacaciones, sin
incorporar otros factores salariales como la prima de servicios y la bonificación mensual,
los cuales también integraban su remuneración en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional.
Contestación de la demanda.
4. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que,
de conformidad con lo señalado en la sentencia de unificación SUJ-014 del 25 de abril
de 2019, la liquidación de la pensión de jubilación únicamente puede comprender
aquellos factores salariales sobre los cuales se hubieren efectuado aportes, conforme al
artículo 1º de la Ley 62 de 1985. En consecuencia, indicó que no resulta jurídicamente
procedente incluir en la base de liquidación pensional conceptos distintos a los
expresamente enunciados en dicha norma.
II. SENTENCIA APELADA.
5. Mediante providencia del 13 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su
decisión, acogió los lineamientos de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019, proferida por esta Corporación, en la cual se definieron los criterios
aplicables al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes oficiales afiliados al FOMAG.
6. Con base en el material probatorio, el a quo estableció que la demandante, nacida el
28 de marzo de 1952, se vinculó al servicio docente el 10 de marzo de 1970 y adquirió el
estatus pensional el 28 de marzo de 2007, tras haber acumulado 37 años y 18 días de
servicio. Igualmente, constató que la Resolución No. 259 del 17 de octubre de 2008,
expedida por la Secretaría de Educación de Floridablanca, le reconoció una pensión
vitalicia de jubilación con efectos a partir del 29 de marzo de 2007, fecha para la cual se
encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
7. En relación con la base de liquidación, el fallo de primera instancia verificó que dicha
resolución tuvo en cuenta únicamente la asignación básica mensual, el sobresueldo, la
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Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
prima de vacaciones y la prima de navidad. No obstante, con fundamento en el formato
único de certificado de salarios, se evidenció que en el último año de servicios la docente
devengó también asignación adicional por el cargo de coordinadora, bonificación
mensual y prima de servicios, entre otros emolumentos.
8. El Tribunal consideró que, conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable,
debía incluirse la bonificación mensual como factor salarial, en atención a su naturaleza
y al reconocimiento expreso en el Decreto 1566 de 2014. Por el contrario, descartó la
inclusión de la prima de servicios, al no encontrarse prevista como base salarial en las
disposiciones vigentes. En cuanto a la prima de vacaciones, si bien advirtió que no
constituye factor salarial, se abstuvo de pronunciarse, por no haber sido objeto de
controversia dentro del proceso.
9. En consecuencia, ordenó al FOMAG reliquidar la pensión de jubilación de la actora,
con inclusión de la bonificación mensual a partir del 7 de julio de 2015, efectuando los
ajustes legales correspondientes. Asimismo, dispuso que, en caso de no haberse
realizado aportes sobre dicho concepto, la entidad proceda a efectuar los descuentos
pertinentes para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
10. El demandado interpuso recurso de apelación. Afirmó que el fallo de primera
instancia desconoció lo dispuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019. Sostuvo que la bonificación mensual no se encuentra dentro de los
factores expresamente previstos en las Leyes 33 y 62 de 1985 como integrantes del
ingreso base de liquidación, motivo por el cual no resulta procedente su inclusión para
efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
11. Mediante auto proferido el 1° de noviembre de 2024, notificado por estado del 22 de
noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación2.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01507-01 (5158-2024)
Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
Problema jurídico.
13. En el presente caso, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en un error al concluir que la bonificación mensual forma parte del
ingreso base de liquidación (IBL) para calcular la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
14. Para resolver el asunto, la Sala abordará, en primer lugar, los lineamientos
establecidos en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
relativos a los factores que deben integrar el IBL en esta categoría de pensiones. En
segundo término, se analizará si la naturaleza jurídica de la bonificación mensual permite
su inclusión en dicha base de liquidación. Finalmente, se verificará si los actos
administrativos acusados se ajustaron a la legalidad y si la sentencia de primera instancia
aplicó correctamente las disposiciones normativas y el precedente jurisprudencial
relevante.
Análisis.
15. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que la bonificación
mensual reviste una naturaleza salarial clara, toda vez que ha sido expresamente
señalada como base para el pago de aportes al sistema de seguridad social. En
consecuencia, debe incluirse dentro del ingreso base de liquidación (IBL) de la pensión
ordinaria de jubilación.
Liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
16. La sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, proferida
por esta Corporación, fijó criterios respecto del régimen aplicable a la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003.
17. En dicha providencia se estableció que la liquidación de estas pensiones debía
efectuarse conforme a las reglas previstas en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 del mismo año. En particular, el artículo 1° de
la Ley 62 de 1985, además de establecer las prestaciones básicas computables para la
liquidación pensional, dispone expresamente que:
«En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre
se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular
los aportes. » (Negrilla fuera de texto).
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Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
18. El precedente de unificación no debe interpretarse en el sentido de que dicho artículo
contiene un listado cerrado o taxativo de factores salariales, sino que, como lo ha
precisado esta Corporación3 en decisiones posteriores, lo determinante es verificar que
el concepto retributivo en cuestión haya sido efectivamente tenido en cuenta como base
para el cálculo de aportes a la seguridad social, conforme al principio constitucional de
sostenibilidad financiera.
Naturaleza jurídica de la bonificación mensual del Decreto 1566 del 2014.
19. La bonificación mensual discutida fue creada mediante el Decreto 1566 de 2014,
expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades otorgadas por
la Ley 4 de 1992. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 1° del citado decreto,
esta prestación fue establecida para los servidores públicos docentes y directivos
docentes vinculados a los niveles de preescolar, básica y media, y expresamente
calificada como factor salarial para todos los efectos legales, incluidos los aportes
obligatorios al sistema de seguridad social.
20.En consecuencia, el Tribunal no incurrió en error, pues aplicó correctamente la
disposición normativa y comprendió de manera adecuada el alcance de la sentencia de
unificación, en concordancia con los principios constitucionales que rigen el régimen
prestacional del Magisterio.
21. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la decisión adoptada en primera
instancia no incurrió en el yerro señalado en el recurso, razón por la cual se confirmará
el fallo apelado.
Condena en costas.
22. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Además, dispone que, en todo
caso, se condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
2080 de 2021. De lo anterior se colige que, para la imposición de costas, se deben
emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.
23. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la condena en costas, la
jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo-valorativo, según el
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Tal como se expresó en sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia
del 22 de junio de 2023, radicado: «(…)la inclusión en el cálculo del IBL, no solo de los enlistados en
dicho precepto, sino también todos aquellos conceptos sobre los cuales se hubiese establecido el
carácter de factor salarial computable para efectuar aportes»
47001-23-33-000-2017-00331-01 (4056-2021) M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la condena resulte
procedente:
“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”4
24. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio únicamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis exige
también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo 188 del
CPACA, relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.
25. En el caso concreto, aun cuando los fundamentos del recurso de apelación resultan
desestimados, no puede afirmarse que estos carecieran abiertamente de respaldo
jurídico. El desacuerdo se centra en la interpretación de normas aplicables y del
precedente de unificación, lo cual excluye la configuración de la hipótesis de “manifiesta
carencia de fundamento legal” prevista en el artículo 188 del CPACA. Por lo tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida del 13 de junio de 2024, por medio de la
cual, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda instaurada por la señora Rosa Emilia Moreno Villabona en contra de la Nación
(Ministerio de Educación Nacional, FOMAG).
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01507-01 (5158-2024)
Demandante: Rosa Emilia Moreno Villabona
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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