Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06298-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06298-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06298-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06298-00
Accionante: Luz Dary Narváez Mieles
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 instaurada por la señora Luz Dary Narváez Mieles, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, tutela
efectiva y acceso a la administración de justicia; así como principio de seguridad
jurídica, ocurrida con la expedición de la sentencia del 5 de febrero de 2026, al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
20001-33-33-001-2019-00066-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Luz Dary Narváez Mieles en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con
el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la
.reliquidación de la pensión de invalidez2 con inclusión de todos los factores
salariales, esto es, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios,
prima de antigüedad, horas extras y demás factores salariales percibidos por la
actividad docente durante el último año de servicios anterior al cumplimiento del
status jurídico de pensionada
3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar que, mediante la sentencia proferida el 18 de agosto de 2020
resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no solo era
1 Acción de tutela promovida el 11 de agosto de 2026
2 Pensión de invalidez reconocida, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 3135 de 1968, Decreto
1848 de 1969 y Ley 91 de 1989.
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necesario demostrar los factores salariales percibidos en el último año de servicios
antes de adquirir el estatus pensional, sino también sobre los cuales se hicieron los
respectivos aportes a seguridad social, de conformidad con lo establecido en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019.
4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cesar mediante providencia
del 5 de febrero de 2026 confirmó la anterior decisión.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento de precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado3
según el cual la inclusión de todos los factores salariales devengados por el
trabajador, aun cuando no se hubiese acreditado los aportes a la seguridad social,
toda vez que la responsabilidad de efectuar dichos descuentos corresponde al
empleador y no al trabajador.
6. De esta manera, precisó que la posición del Tribunal de excluir factores que el
legislador ha reconocido expresamente como salariales y que inciden de forma
directa en la liquidación de la pensión de jubilación, como la bonificación mensual
docentes, comporta una vulneración de las garantías del debido proceso, igualdad,
confianza legítima y seguridad jurídica, en la medida en que impone como requisito
la acreditación de unos aportes cuya exigencia ya ha sido descartada por el máximo
órgano de cierre en materia contencioso administrativo, al precisar que la obligación
de efectuar dichas deducciones recaía exclusivamente en el empleador, esto es, la
Nación – Ministerio de Educación - Fomag, a través de la respectiva secretaría de
educación territorial.
2.3. Pretensiones
7. Con fundamento en lo anterior solicitó lo que se cita a continuación:
«(…)
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia
proferida el día 5 de febrero de 2026, dentro del proceso ordinario con radicado No.
20-001-33-33-001-2019-00066-01, transgredió los derechos fundamentales
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Y PRINCIPIO PRO HOMINE de la parte accionante, por considerar que las razones
de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la postura del Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: Subsección A, sentencias del
6 de junio de 2019, rad. 05001-23-33-000-2014-02096-01 (5149-16); 30 de abril de 2020, rad. 44001-23-33-
000-2015-00090-01 (1888-17), C. P. Gabriel Valbuena Hernández; 30 de enero de 2025, rad. 68001-23-33-
000-2017-01506-01 (6740-2023), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de mayo de 2025, rad. 52001-23-33-
000-2021-00408-01 (5792-2024), C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 19 de junio de 2025, rad. 68001-23-33-000-
2017-01507-01 (5158-2024), C. P. Juan Camilo Morales Trujillo; y 2 de octubre de 2025, rad. 73001-23-33-000-
2021-00352-01 (3580-2024), C. P. Juan Camilo Morales Trujillo; Subsección B, sentencias del 4 de febrero de
2021, rad. 76001-23-33-000-2016-01411-01, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 1.º de julio de 2022, rad. 68001-
23-33-000-2017-01407-01 (6619-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; 12 de diciembre de 2023, rad. 68001-
23-33-000-2017-01425-01, C. P. César Palomino Cortés; 19 de septiembre de 2024, rad. 15001-23-33-000-
2021-00335-01 (1984-2023), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar; 6 de junio de 2025, rad. 47001-23-33-000-
2020-00627-01 (0097-2025), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; y 26 de junio de 2025, rad. 68001-23-
33-000-2018-00610-01 (4040-2022), C. P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial
referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo
un estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación de pago de la
pensión en consonancia con el derrotero jurisprudencial fijado en casos similares.»
(Sic)
2.4. Intervenciones
8. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 12 de agosto
de 2026 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar
como accionado y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar y
la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), como terceros interesados en el resultado del proceso.
9. El Tribunal Administrativo del Cesar expresó que reitera los fundamentos de
orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la sentencia objeto de
censura.
10. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar manifestó que
los fundamentos de hecho y derecho que conllevaron a tomar la decisión que se
pretende informar a través del presente mecanismo constitucional se encuentran
plasmados en la sentencia.
11. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.
12. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio declarar
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva y
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados en
protección.
13. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, Acuerdo 080 del 20194 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1 De la falta de legitimación en la causa por pasiva
15. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó ser
desvinculado del presente proceso, al respecto, la Sala no encuentra mérito
suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que analizado el material
4 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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probatorio se tiene que dicha entidad hizo parte del proceso ordinario, por lo
tanto, la Sala considera que le asiste interés en el proceso.
3.3. Problema jurídico
16. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cesar, al proferir la sentencia del 5 de
febrero de 2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
tutela efectiva y acceso a la administración de justicia, al incurrir en un
desconocimiento de precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
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tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. La providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y
extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que cobró ejecutoria la decisión que en sede de tutela se cuestiona,
esto es, el 16 de febrero de 2026 y la interposición del mecanismo constitucional,
esto es, el 11 de agosto de la presente anualidad.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, tutela efectiva y acceso a la
administración de justicia, como consecuencia del desconocimiento de precedente,
el cual se encuentra fundamentado razonablemente.
21. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
22. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18965, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
23. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
24. Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido
5 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
25. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso7.
26. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación8.
27. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de precedente
en el caso concreto
28. La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento de precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
según el cual es factible la inclusión de todos los factores salariales devengados
por el trabajador, aun cuando no se hubiese acreditado los aportes a la seguridad
social, toda vez que la responsabilidad de efectuar dichos descuentos correspondía
al empleador y no al trabajador.
29. De conformidad con el material probatorio, el Tribunal Administrativo de Cesar,
mediante sentencia del 5 de febrero de 2026 confirmó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda, al considerar:
«(…) Ahora bien, para entrar a resolver de fondo, es necesario comprender que,
contrario a lo que la apelante afirma y en concordancia con la máxima corporación de
esta jurisdicción, la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 goza de fuerza
vinculante para el presente proceso y no el criterio jurisprudencial del 4 de agosto de
2010, en virtud de que:
(…)
Entonces, observa esta Sala que, si bien es cierto que la fecha de presentación de la
demanda ha sido antes de que el Consejo de Estado profiriese sentencia de unificación
de 2019, tampoco es menos cierto que a la fecha del a quo emitir sentencia de primera
instancia el 18 de agosto de 2020, el criterio aplicable al caso de la demandante era la
sentencia de unificación del año 2019; por ende, no encuentra esta Sala un error de
interpretación por parte del juez de primer grado.
En el expediente solo se encuentran acreditado que la actora prestó sus servicios al
7 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
8 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Estado como servidora pública y, por disminución de su capacidad laboral, le fue
reconocida una pensión de invalidez mediante Resolución 007110 del 8 de octubre de
2018, en la que se tuvo en cuenta para su liquidación el 100% del promedio salarial
del último año, esto es sueldo básico y horas extras:
(…)
En virtud de lo anterior, es claro que, al momento de resolver asuntos como el que hoy
se discute, por su carácter vinculante y obligatorio, se debe aplicar en su integridad el
nuevo precedente del Consejo de Estado en cuanto a los factores salariales que deben
tenerse en cuenta al momento de liquidar las pensiones para los docentes, en el
entendido de que para la liquidación pensional deberá tenerse en cuenta únicamente
los factores salariales devengados por estos en el último año de servicios y/o en el
último año antes de adquirir el status, siempre que se encuentren enlistados en la ley
y sobre los mismos se hubieran realizado los respectivos aportes.
(…)
De este modo, la Sala concluye que, según el criterio fijado por el Consejo de Estado,
no es posible ordenar la reliquidación de la pensión de invalidez del docente con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, sino solo sobre aquellos en los que se efectuaron los aportes al sistema y
están previstos en la Ley 62 de 1985, conforme se explicó precedentemente.
(…)
La demandante pretende que se incluyan en la base de liquidación de su pensión de
invalidez todos los factores que devengó durante el año anterior al cumplimiento del
status pensional, pero no acreditó los factores salariales que devengó en ese
interregno, como tampoco cuáles de ellos sirvieron de base para calcular los aportes.
Por tanto, no es posible ordenar la reliquidación de la pensión de invalidez de la
demandante con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, puesto que no acreditó haber devengado durante ese tiempo
los factores enlistados en la Ley 62 de 1985, ni que sobre estos se efectuaron los
aportes al sistema.
En un caso similar al presente, donde igualmente se pretendía la reliquidación de la
pensión de invalidez de un docente oficial por factores salariales, la Sección Segunda,
Subsección B del Honorable Consejo de Estado, en sentencia de fecha once (11) de
abril de dos mil veinticuatro (2024), manifestó lo siguiente:
(…)
En consecuencia, será confirmada la sentencia apelada, que negó las pretensiones de
la demanda, toda vez que de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de
Estado, no es posible ordenar la reliquidación de la pensión de los docentes con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, sino solo sobre aquellos en los que se efectuaron los aportes al sistema y
están previstos expresamente en la Ley como factores que conforman la base de
liquidación pensional, conforme se explicó precedentemente
(…)»
30. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que no se configura el
desconocimiento de precedente, en la medida que en las providencias relacionadas
en la demanda como desconocidas9 resolvieron controversias sobre
reconocimiento y reliquidación de pensiones de jubilación de docentes oficiales,
mientras que el proceso en cuestión promovido por la señora Narvaez Mieles tenía
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: Subsección A, sentencias del
6 de junio de 2019, rad. 05001-23-33-000-2014-02096-01 (5149-16); 30 de abril de 2020, rad. 44001-23-33-
000-2015-00090-01 (1888-17), C. P. Gabriel Valbuena Hernández; 30 de enero de 2025, rad. 68001-23-33-
000-2017-01506-01 (6740-2023), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de mayo de 2025, rad. 52001-23-33-
000-2021-00408-01 (5792-2024), C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 19 de junio de 2025, rad. 68001-23-33-000-
2017-01507-01 (5158-2024), C. P. Juan Camilo Morales Trujillo; y 2 de octubre de 2025, rad. 73001-23-33-000-
2021-00352-01 (3580-2024), C. P. Juan Camilo Morales Trujillo; Subsección B, sentencias del 4 de febrero de
2021, rad. 76001-23-33-000-2016-01411-01, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 1.º de julio de 2022, rad. 68001-
23-33-000-2017-01407-01 (6619-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; 12 de diciembre de 2023, rad. 68001-
23-33-000-2017-01425-01, C. P. César Palomino Cortés; 19 de septiembre de 2024, rad. 15001-23-33-000-
2021-00335-01 (1984-2023), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar; 6 de junio de 2025, rad. 47001-23-33-000-
2020-00627-01 (0097-2025), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; y 26 de junio de 2025, rad. 68001-23-
33-000-2018-00610-01 (4040-2022), C. P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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por objeto la reliquidación de la pensión de invalidez, la cual le fue reconocida con
fundamento en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 91 de 1989,
asuntos que se encuentran sometidos a presupuestos de causación, porcentajes y
reglas de liquidación distintos.
31. En esas condiciones, para la Sala, lo que pretende la parte actora en el presente
asunto es extender a la pensión de invalidez unos parámetros fijados en procesos
en los que se discutió el reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación
docente sin demostrar suficientemente la identidad fáctica y jurídica entre ambos.
32. Ahora, la coincidencia en la calidad de docente oficial, en la afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en la discusión sobre factores
salariales no resulta suficiente para convertir aquellas providencias en precedentes
vinculantes comoquiera que subsisten diferencias relevantes, particularmente, el
régimen aplicable al momento de su reconocimiento.
33. De esta manera, para la Sala emerge con claridad que el precedente
presuntamente desconocido por el Tribunal no resulta aplicable al asunto en
cuestión, en la medida que sustentó su decisión en los parámetros de la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, y en un pronunciamiento que refiere específicamente la pensión de
invalidez docente.
34. Máxime cuando la decisión objeto de cuestionamiento contiene una carga
argumentativa suficiente y razonable en la que se observaron las pautas
jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que
no es dable considerarla como constitutiva de desconocimiento del precedente,
pues, por el contrario, corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los
jueces, conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.
35. Así las cosas, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.
36. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
37. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
confirmar la decisión de primer grado.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06298-00
Accionante: Luz Dary Narváez Mieles
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación promovida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta
por la señora Luz Dary Narváez Mieles, de conformidad con lo expuesto en esta
sentencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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