RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2021-00408-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00408-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00408-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 31 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Edinson Guzmán Filo contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, salvo el numeral cuarto que se modifica en los siguientes términos: «CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar al solicitante, debidamente indexadas en su valor, las sumas que dejó de percibir por concepto de pensión de jubilación, desde el momento de su status pensional (4 de abril de 2019) tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, anterior a la adquisición de su estatus pensional, incluyendo los factores salariales la asignación básica, las horas extras y la bonificación pedagógica. Las sumas reconocidas se ajustarán a la siguiente fórmula: R= Rh X Índice final Índice inicial En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha de su causación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos. Para el efectivo cumplimiento de esta decisión judicial la entidad accionada verificará si se realizaron cotizaciones sobre los factores cuya inclusión se ordena en el cálculo del IBL pensional. En el eventual caso en que el empleador no los haya realizado ni girado, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio quedará habilitada para realizar […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00408-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00408-01 (5792-2024)
Demandante: Edinson Guzmán Filo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento de
Putumayo
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede a las pretensiones
de la demanda. Sin condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide los recursos de apelación interpuestos por las
partes en contra de la sentencia de 31 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión1, que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda instaurada por el señor Edinson Guzmán Filo en
contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Putumayo.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. El señor Edinson Guzmán Filo, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
Resolución 2558 de 8 de julio de 2021, expedida por la Secretaría de Educación

1 Con ponencia del magistrado Álvaro Montenegro Calvachy.
2Expediente digitalizado primera instancia. Archivo «Cuaderno
principal\1_0001NULIDADRESTABLEC.PDF»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

del departamento de Putumayo, entidad que actuó en nombre y representación
de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por la que se le negó el reconocimiento de una pensión
de jubilación a la luz de la las Leyes 33 y 62 de 1985.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, de conformidad
con lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, desde el momento
de la adquisición de su estatus pensional (55 años y 20 de servicio), tomando
como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año
de servicio, con inclusión de todos los factores salariales devengados. Además,
que se le paguen las diferencias adeudadas, los intereses de mora y los ajustes
de valor sobre las mismas de acuerdo con el IPC; que se cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 188, 189 y 192 del CPACA y que se
reconozca la compatibilidad entre pensión y sueldo por su vinculación antes de
la expedición de la Ley 812 de 2003.

4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos.

5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. El señor Guzmán Filo nació el 11 de marzo de 1959 y al momento de la
presentación de la demanda se encontraba laborando como docente oficial para
la Secretaría de Educación del Putumayo, donde fue vinculado desde el 1.º de
febrero de 1981 hasta el 24 de febrero de 2021, con dos interrupciones entre el
30 de junio de 2003 y el 1.º de junio de 2015 y el 7 de mayo de 2018 y el 9 de
agosto de 2018, por lo que al 24 de febrero de 2021 había acumulado 21 años,
2 meses y 20 días.
7. Ingresó a la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003, por lo que adquirió
el derecho a la pensión el «4 de abril de 2019» cuando cumplió 55 años y 20 de
servicio, a la luz de lo prescrito en las Leyes 33 y 62 de 1985 así como la Ley 91
de 1989.
8. Solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación el 2 de noviembre
de 2017, en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985 y con efectividad desde
cuando adquirió el estatus, por compatibilidad entre salario y pensión.
9. Mediante la Resolución 2558 de 8 de julio de 2021, la Secretaría de Educación
del departamento de Putumayo, en nombre y representación del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, le negó el reconocimiento pensional en
los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985.

835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

10. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53
y 58 de la Constitución Política de Colombia, 279 de la Ley 100 de 1993; el Acto
Legislativo 01 de 2005; las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003 y
los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.

11. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció que, a los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003 se les deben aplicar las normas
anteriores a la expedición de la Ley 812 de ese año, es decir la Ley 33 de 1985
como servidores públicos regulares o si se trata de docentes que tenían aportes
al sector privado la Ley 71 de 1988, para la pensión por aportes.

12. En este caso el accionante se vinculó como docente oficial con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que el régimen pensional
aplicable está consignado en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y el artículo 15
de la Ley 91 de 1989; conforme a lo anterior, no le es aplicable la Ley 100 de
1993, ni su régimen de transición.

13. Por tanto, su pensión debe reconocerse atendiendo al cumplimiento de 55
años de edad y 20 de servicios; además su liquidación debe incluir los factores
salariales percibidos durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, contenidos en la Ley 62 de 1985.

2.2. Contestación de la demanda3.

2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en que se le deben aplicar al demandante las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003 en atención a su fecha de vinculación al Fondo, tal como lo
dispone la Ley 812 de 2003.
14. En ese sentido, explicó que la parte accionante desconoció con sus
pretensiones la postura unificada del Consejo de Estado, adoptada mediante
sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, respecto al ingreso base
de liquidación en el régimen pensional de los docentes. Al mismo tiempo, de
conformidad con la fecha de vinculación de la parte demandante, los factores
para tener en cuenta al momento de determinar el ingreso base de liquidación,
son los contenidos en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, siempre que, respecto
de estos, se hubiesen hecho los respectivos aportes.
15. Según lo indicó, la Resolución 2558 del 8 de julio de 2021 se ajusta a derecho
dado que negó la pensión con base en la Ley 812 de 2003 en concordancia con

3 Expediente digitalizado primera instancia. Archivo «0007.Contestación.pdf»
.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

la Ley 100 de 1993 cuya exigencia es de 1300 semanas cotizadas y 57 años
cumplidos, por lo que al evidenciar solo 1129 semanas cotizadas no se
consolidaba el derecho.
16. Formuló las excepciones de: «Falta de integración de litis consorcio
necesario por pasivo (sic)», «Legalidad de los actos administrativos atacados de
nulidad», «Falta de legitimación en la causa por pasiva, por no haber expedido el
acto acusado debido a no tener la competencia para negar o aprobar el
reconocimiento solo para pagarlo», «Beneficiario no es destinatario de las
normas alegadas», «Factores salariales que integran el ingreso base de
liquidación - Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019», «Ineptitud de la
demanda por carencia de fundamentos jurídicos», «Improcedencia de condena
en costas» y «Genérica»

2.2.2. Contestación del departamento del Putumayo.

17. Esta entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en que el
departamento del Putumayo no es la entidad encargada del reconocimiento
pensional reclamado por el demandante.

18. Al efecto explicó que, para el caso de los docentes nacionales y
nacionalizados, según lo dispone en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, los
docentes afiliados o vinculados a partir de la vigencia de la norma (27 de junio de
2003), gozarían de las prerrogativas del sistema general de pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993, mientras que los vinculados a partir de la vigencia de la
norma en mención su régimen es el previsto en las Leyes 33 de 1985 y 91 de
1989.

19. Para este caso el señor Guzmán Filo se vinculó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad al 27 de junio de 2023,
por lo que le son aplicables las previsiones de la Ley 100 de 1993, por lo que no
se le podía reconocer la pensión ya que solo acreditaba 1129 semanas y no 1300
como lo exige esa norma.

20. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«inexistencia de la causal de nulidad invocada contra el acto administrativo
acusado», «cobro de lo no debido» y genérica.

2.3. La sentencia apelada4.

21. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia de 31 de mayo de 2024 declaró probada la excepción de «falta de
legitimación por pasiva» frente al departamento del Putumayo y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

4 Ibidem. Archivo «Cuaderno principal\033Sentencia prime_0420210408FALLOPIEDI.pdf»
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

22. Para ello, se refirió a los artículos 4.º y 5.º de la Ley 91 de 1989 en
concordancia con el artículo 180 de la Ley 115 de 1994 a partir de los cuales
coligió que era función del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio pagar las pensiones de los docentes, además que finalmente era la
entidad a cargo de hacer los reconocimientos de esa prerrogativa a través de la
aprobación de los proyectos elaborados por las correspondientes secretarías de
educación territoriales, razón por la cual estas entidades locales no eran las
legitimadas para responder por los reconocimientos y pagos como sí debía
hacerlo el Fondo.

23. Luego de citar varias providencias del Consejo de Estado resaltó que sobre
el asunto debatido en el proceso de estudio no se había dictado una providencia
de unificación, pero en aquellas proferidas frente al «contrato realidad» fue
aceptada la procedencia de la acumulación de tiempos laborales para el
reconocimiento pensional a la luz de la Ley 33 de 1985, con tiempos de servicios
previos a la expedición de la Ley 812 de 2003 según las reglas de la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016.

24. Citó la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 frente a la existencia
de dos regímenes según la fecha de vinculación, antes y después de la vigencia
de la Ley 812 de 2013; precisó los factores a incluir en el caso de los docentes
que venían vinculados antes de la Ley 812 y sujetos a las Leyes 33 y 62 de 1982,
los cuales serían: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

25. En cuanto al caso concreto estableció que el señor Edinson Guzmán Filo
nació el 11 de marzo de 1959 y la historia laboral del actor registraba las
siguientes vinculaciones: con la Secretaría Departamental del Putumayo desde
el 1.º de febrero de 1987 hasta el 30 de junio de 2003; con el Colegio Nacional
José María Hernández de Puerto Leguízamo desde el 1.º de junio de 2015 hasta
el 7 de mayo de 2018 y; en el Colegio Cándido Leguízamo de esa misma
localidad desde el 9 de agosto de 2018 hasta el 11 de marzo de 2021, para un
total de 22 años y 8 días, es decir, al momento de la petición el actor contaba con
61 años cumplidos y más de 20 de servicios en la docencia oficial dada su
vinculación desde el 1.º de febrero de 1987, fecha anterior al 27 de junio de 2003
y determinante para precisar el régimen aplicable a su caso, como son las Leyes
33 y 62 de 1985.

26. Por ello, como al 11 de marzo de 2014 tenía 55 años cumplidos, pero aún no
completaba los 20 de servicios que vinieron a acreditarse el 4 de abril de 2019,
allí confluyeron los requisitos para acceder al derecho pensional docente
conforme al régimen aplicable.

27. Estableció el Tribunal que esa pensión era compatible con el sueldo según la
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

previsión del artículo 5.º del Decreto 224 de 1972 y la sentencia del Consejo de
Estado del 4 de agosto de 2009, que al tratar las excepciones a la prohibición de
percibir doble erogación del tesoro público explicó que en las excepciones estaba
la de los docentes de poder recibir al tiempo la pensión y el sueldo. Además, el
Decreto 1278 de 2002 no era limitante para gozar de la compatibilidad.

28. En consecuencia, declaró la falta de legitimación la nulidad de la Resolución
2558 de 8 de julio de 2021, y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la
accionada reconocer la pensión de jubilación acorde con lo establecido en las
Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989 «desde el momento de su status pensional
(4 de abril de 2019) tomando como base de liquidación el 75% del promedio de
lo devengado en el último año de servicios, anterior a la adquisición de su status
pensional, incluyendo los factores salariales sobre los cuales se acredite que se
haya realizado los respectivos aportes».

29. Ordenó el pago de las sumas adeudadas debidamente actualizadas con base
en el IPC y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188,
192, 194 y 195 del CPACA.

30. Finalmente condenó en costas a la entidad.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. El apoderado del demandante presentó recurso de apelación en el cual
solicitó que se revoque parcialmente la sentencia apelada para que se ordene el
reconocimiento pensional con la inclusión de los factores salariales sobre los
cuales cotizó, incluyendo la asignación básica, la bonificación pedagógica y las
horas extras.

31. Según lo indicó, el docente adquirió el estatus pensional el 4 de abril de 2019,
por lo que su pensión se debe liquidar con el 75% de los factores salariales
cotizados en el año anterior a esa fecha, sin embargo en el numeral cuarto de la
sentencia, el Tribunal dijo que se deben incluir como factores salariales aquellos
que sirvieron de base para calcular los aportes previstos únicamente en la Ley
62 de 1985, por lo que se excluye a la bonificación pedagógica y las horas extras,
los cuales no se encuentran allí enlistados, han sido introducidos posteriormente
como factores salariales (Decreto 2354 de 2018). Además, fueron devengados
por el actor como lo certificó la Secretaría de Educación del Putumayo.

32. En apoyo de su argumentación citó la sentencia de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2022, dictada en el
proceso radicado interno 0411-2021, con ponencia del consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas.

835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

2.4.2. La entidad accionada5 solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y denegar las pretensiones de la demanda, a través de un escrito confuso, que
se sintetiza en los siguientes términos en aras de la prevalencia del derecho de
acceso a la administración de justicia:

33. En primer lugar citó el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, norma esta última
de la que coligió que el régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados al servicio público
educativo oficial, correspondería al establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, y que
quienes se vincularan a partir de su entrada en vigencia, serian afiliados al
FOMAG con los derechos pensionales del régimen de prima media señalado en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas, con
excepción de la edad de pensión de vejez que sería de 57 años para hombres y
mujeres, es decir la incorporación de este sector de servidores al sistema general
de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.

34. Luego se refirió a la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley
71 de 1988 que permite la acumulación de aportes efectuados a entidades de
previsión social en el sector público y al ISS en el privado, de manera que se
acrediten 20 años de cotizaciones sin importar su origen.

35. Resaltó que el accionante no se encontraba vinculado al sector oficial al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 pues según lo indicó
se afilió al Fondo el 30 de enero de 2019 y, anteriormente se vinculó por contratos
de prestación de servicios regidos por normas civiles, lo cual ocurrió desde 1988
sin que pudiera calificarse como un vínculo laboral. En ese sentido, debió
adelantarse un proceso para debatir la existencia del contrato realidad y darse la
declaración correspondiente, porque no podía presumirse sin estructurarse los
elementos del contrato de trabajo y especialmente la dependencia del trabajador,
ya que quien cotizaba era el empleador.

36. Expresó que contrario a lo afirmado por la parte demandante el interesado se
había vinculado como afiliado al FOMAG en vigencia de la Ley 812 de 2003 por
lo que su régimen era la Ley 100 de 1993, criterio reiterado en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019, por lo cual el concepto de violación carecía de
fundamento, por ende, debían despacharse desfavorablemente las pretensiones.

37. Finalmente insistió en que es improcedente la condena en costas toda vez
que lo que hizo la entidad fue ejercer su defensa material, además, en este caso
no se probó que se causaron.

5 Índice 30 ibidem.
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

2.5. Alegatos de segunda instancia

38. En esta oportunidad las partes guardaron silencio.

2.6. Concepto del Ministerio Público6.

39. El procurador tercero delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.

40. Al efecto indicó que en la historia laboral del accionante se verificó su
vinculación a la docencia oficial desde febrero 1.º de 1987, independientemente
de la fecha de afiliación al FOMAG, pues tuvo varias vinculaciones, la primera
entre el 1.º de febrero de 1987 hasta el 30 de junio de 2003, por lo que al momento
de entrar en vigor la Ley 812 de 2003 el accionante se encontraba laborando de
manera formal y oficial.

41. Por tanto, una vez acreditada su vinculación anterior a la vigencia de la Ley
812 de 2003 no había lugar a duda alguna sobre el derecho que le asiste al
demandante de obtener la pensión ordinaria docente, además, no es el profesor
quien debe soportar las negligencias de la administración si no cumplió con el
deber de la afiliación, como sucedió en este caso, ya que al culminar su primera
etapa de vinculación en junio de 2003 no se le había afiliado al Fondo del
Magisterio.

42. Recordó que la Ley 812 de 2003 es clara y determinó cuál era el régimen
prestacional para el docente según su fecha de ingreso o vinculación al servicio
de la educación oficial y, por ende, dada la fecha del ingreso formal a la actividad
docente oficial por parte del actor y de la prestación real de servicios docentes
antes de la Ley 812, se colige que la decisión recurrida acertó sustancialmente
en lo decidido.

43. En cuanto a las costas procesales, afirmó que la conducta asumida por la
Fiduprevisora S.A. revela una falta de lealtad frente a su contraparte y la
administración de justicia, al defender una tesis tan contraria a lo aceptado en el
Consejo de Estado, en sentencia de unificación por lo que «la condena en costas
en una consecuencia leve para su comportamiento».

44. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

6 Índice 11 segunda instancia.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

45. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.

46. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problemas jurídicos

47. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Edinson
Guzmán Filo tiene derecho a que su labor como docente desempeñada antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003 le sea computada para que la pensión de
jubilación le sea reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?

48. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, deberá verificarse
¿cuáles factores salariales deben ser incluidos en la liquidación? Y finalmente se
verificará si ¿procede la condena en costas?

49. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019 y se verificará el acervo probatorio.

3.3. Primer problema jurídico. ¿El señor Edinson Guzmán Filo tiene derecho
a que su labor como docente realizada antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 le sea computada para que la pensión de jubilación le sea
reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?

3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

50. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado8 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
8Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

51. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda de esta Corporación
previos los siguientes razonamientos:

«[…]

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte
del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.

835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

52. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:

a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1.° de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

53. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.

3.3.2. Caso concreto.

54. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual
consideró que los periodos en los que el actor laboró con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, permitían la aplicación de las previsiones de la
Ley 33 de 1985.

55. Por su parte, la entidad apelante indicó que en este caso el desempeño
laboral del demandante anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 lo fue a
través de contratos de prestación de servicios por lo que solo la vinculación en
propiedad al servicio docente oficial, posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, determina la norma aplicable y en consecuencia no se le puede
reconocer y liquidar la pensión en los términos de la Ley 33 de 1985. Además, su

835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ocurrió el 30
de enero de 2019.

56. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.

➢ Edad del demandante: De acuerdo con copia de la cédula de ciudadanía
allegada en el índice 139, el señor Edinson Guzmán Filo nació el 11 de
marzo de 1959, por lo que cumplió 55 años de edad el 11 de marzo de
2014 y en la actualidad cuenta con 66 años de edad.

➢ Tiempos de servicios.
Al efecto se acreditaron los siguientes periodos laborados en la docencia
oficial, según certificado expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio consecutivo 94210 de 24 de febrero de 2021,
«formato único para la expedición de certificado de historia», se señalan
los siguientes tiempos laborados:

9 De la primera instancia. índice 013 SAMAI, archivo 00, folio 21.
10 Folios 18 y s.s. Cuaderno principal, Digitalizado en el sistema SAMAI, correspondiente a la primera

instancia. Archivo «1_0001NULIDADRESTABLEC.PDF».
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

• De acuerdo con lo anterior se tiene que el señor Guzmán Filo laboró en
los siguientes periodos:

Entidad Desde Hasta

Docente departamental - 1.° de 30 de junio 16 años, 4 meses y
Secretaría de Educación febrero de de 2003 29 días
Departamental del 1987
Putumayo
Docente Nacional - Colegio 1.° de junio 7 de mayo 2 años, 11 meses y 6
Nacional José María de 2015 de 2018 días
Hernández de Puerto
Leguízamo

Docente nacional 9 de agosto 11 de marzo 2 años, 8 meses y 2
Colegio Cándido Leguízamo de 2018 de 2021 días
de Puerto Leguízamo

TOTAL
22 años, 8 días

Es de anotar que en las certificaciones a que se hace referencia se indicó
que el demandante fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

➢ Reclamación Administrativa

57. Finalmente, a través de la Resolución 2558 de 8 de julio de 202111, expedida
por la Secretaría de Educación del departamento de Putumayo, en nombre y
representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, se le negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación al indicarle al demandante que no reunía las 1300 semanas
exigidas en la Ley 100 de 1993.

3.3.3. Análisis sustancial

58. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala de Subsección precisa que,
a diferencia de lo señalado por la entidad apelante, el demandante no se
desempeñó a través de contratos de prestación de servicios sino a través de
relación legal y reglamentaria desde el año 1987.

59. Además, esta fehacientemente probada su vinculación a la docencia oficial
desde esa data, por lo que tales tiempos laborados por el demandante con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son computables a
efectos de cumplir con el tiempo de servicios para acceder a la pensión de
jubilación.

60. En este punto, se destaca que el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha
el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.

61. Lo anterior bajo el entendido que la Ley 812 de 2003 no consagró un régimen
de transición, razón por la cual, debe darse aplicación al principio de la condición
más beneficiosa, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, que
hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de
pensionarse con una regulación más favorable. En efecto, a este principio se
acude en aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que
el Congreso haya previsto un régimen de transición que señale el trato normativo
que debe aplicarse a aquellas personas que, de alguna manera, se encontraban
cobijadas por una norma que les era más favorable.

62. De acuerdo con lo anterior, ante la ausencia de previsión del régimen de
transición por parte de la Ley 812 de 2003, en virtud del principio de la condición
más beneficiosa es dable acudir en lo pertinente, a lo dispuesto en la Ley 91 de
1989. Bajo ese entendido, la Sala considera que la accionante goza del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden

11 Folios 16 a 18 idem.
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

nacional previsto en la Ley 33 de 1985, por remisión expresa contenida en el
literal b) del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los factores
pensionales son aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

63. Sin embargo, en este caso está suficientemente acreditado que el
demandante se vinculó en provisionalidad ante la Secretaría de Educación de
Putumayo y pese a que la entidad insistió en que la afiliación al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se realizó en el año 2019, no obstante,
en la certificación correspondiente a los años 1987 a 2003 se indicó que el
docente para ese periodo ya se encontraba afiliado al citado, situación que
además, no es óbice para desconocer los tiempos de servicios prestados como
docente oficial, antes de que empezara a regir tal norma.

64. Es de destacar que en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la
Sección Segunda del Consejo de Estado12 estableció dos escenarios para la
aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes
de acuerdo con su fecha de vinculación; empero, en ella no se hizo ningún tipo
de diferenciación frente al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o
provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que
perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de
presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto
3135 de 1968 o mucho menos, que la fecha de afiliación al Fondo podría afectar
los tiempos de servicios docentes de cara a la determinación del régimen
aplicable.

65. Por el contrario, se estableció con toda claridad que el derecho a la pensión
de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1.° de enero de 1981
nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1.° de enero de 1990,
de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes
reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores previstos en la
Ley 62 de 1985.

66. Por lo tanto, al vincularse al servicio oficial docente desde el año 1987,
acumular más de 20 años de servicios en condición de maestro estatal ( 4 de
abril de 2019) y adquirir la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985, resulta
contrario al ordenamiento jurídico desconocer que el accionante había laborado
como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor de la mencionada
norma.

67. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, la Sala advierte que la normatividad que regula la
situación pensional del accionante es la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el literal

12Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

b) del numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, tal como lo determinó la
sentencia apelada.

3.4. Segundo problema jurídico. ¿Cuáles factores salariales deben ser
incluidos en la liquidación?

68. Como ya se indicó el Tribunal ordenó el reconocimiento pensional, acorde
con lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989 «desde el momento
de su status pensional (4 de abril de 2019) tomando como base de liquidación el
75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, anterior a la
adquisición de su status pensional, incluyendo los factores salariales sobre los
cuales se acredite que se haya realizado los respectivos aportes».

69. En la parte considerativa de su decisión el a quo estableció que solo los
factores establecidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 podían ser considerados para
tales efectos. Sin embargo, el apelante insiste en que deben incluirse las horas
extras y la bonificación pedagógica.

70. Al respecto es menester señalar que, el ingreso base de liquidación,
comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985,
que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»

71. En el caso concreto, del certificado de factores salariales referido,
específicamente las páginas 28 y s.s. del documento PDF13, se desprende que
el demandante adquirió su estatus pensional el 4 de abril de 2019 y por tanto
entre el 4 de abril de 2018 y el estatus pensional, devengó los siguientes factores
salariales: asignación básica, «HE Com. Planta Lic. Y Prof. “A con esp/zacion
d», Pago sueldo vacaciones, prima de navidad, prima de vacaciones docentes,
bonificación pedagógica y horas extras.

72. Es de precisar que, pese a que la referida bonificación pedagógica no figura
dentro de los factores señalados en la Ley 62 de 1985, lo cierto es que fue creada
a través del artículo 3.° del Decreto 2354 de 2018 «Por el cual se crea la
Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las plantas
de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en
educación» en cuyo artículo 2.°14 estableció: «Créase la Bonificación
Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal
de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación, la

13 Cuaderno principal, Digitalizado en el sistema SAMAI, correspondiente a la primera instancia. Archivo

«1_0001NULIDADRESTABLEC.PDF».
14 Modificado y adicionado por el Artículo 1 del Decreto 1797 de 2021.
835
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

cual será cancelada a partir del año 2018 en los términos que a continuación se
señalan: […]», que en su artículo 3.°, numeral 4.°, se consideró como « […] factor
salarial para todos los efectos legales.».

73. En consecuencia, dado que las horas extras se encuentran contempladas en
las Leyes 33 y 62 de 1985 y la bonificación pedagógica fue creada como factor
salarial para todos los efectos legales, deben tenerse en cuenta, junto con la
asignación básica para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión
de jubilación a que tiene derecho el demandante, esto es, de acuerdo con su
naturaleza jurídica y de acuerdo con la regla establecida respecto del ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, según la cual,
los factores que deben tenerse en cuenta son únicamente aquellos sobre los que
se hubieran efectuado los aportes, de acuerdo con el artículo 1.° de la Ley 62 de
1985.

74. Por lo anterior, se modificará parcialmente la decisión de primera instancia,
para ordenar que el reconocimiento pensional incluya además las horas extras y
la bonificación pedagógica.

75. Ahora bien, dado que en el certificado de factores salariales expedido por el
FOMAG no se precisa sobre cuáles factores se realizaron los descuentos por
aportes en pensión, a efectos de garantizar la sostenibilidad del sistema y el
financiamiento de la prestación, se ajusta el proyecto para señalar que, en caso
que no se hayan efectuado los citados descuentos, la parte accionada quedará
habilitada para realizar las gestiones interadministrativas tendientes al cobro de
los mismos frente al empleador; así mismo para realizar el respectivo descuento
en la condena, frente a la empleada, en el monto que legalmente le corresponde,
esto, con la debida actualización.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

76. En este caso advierte la Sala que no hay lugar a condenar en costas:

77. En efecto, es importante señalar que, si bien en anteriores oportunidades esta
Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o
no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto a
la carencia de fundamentación jurídica para imponerlas.

78. En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis,
de la revisión de los argumentos presentados por la parte demandada se advierte
que, los argumentos de oposición a la primera instancia, cuentan con asidero

835
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

jurídico y la debida fundamentación por lo que, la Sala no considera que en este
caso se deba imponer la condena a cargo de la entidad.

79. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 31 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que
accedió parcialmente las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por el señor Edinson Guzmán Filo contra
la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, salvo el numeral cuarto que se modifica en los
siguientes términos:

«CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, a reconocer y pagar al solicitante, debidamente indexadas en su
valor, las sumas que dejó de percibir por concepto de pensión de jubilación,
desde el momento de su status pensional (4 de abril de 2019) tomando como
base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicios, anterior a la adquisición de su estatus pensional, incluyendo los
factores salariales la asignación básica, las horas extras y la bonificación
pedagógica.

Las sumas reconocidas se ajustarán a la siguiente fórmula:

R= Rh X Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por el
guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha de su causación,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación
de cada uno de ellos.

Para el efectivo cumplimiento de esta decisión judicial la entidad accionada
verificará si se realizaron cotizaciones sobre los factores cuya inclusión se ordena
en el cálculo del IBL pensional. En el eventual caso en que el empleador no los
haya realizado ni girado, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio quedará habilitada para realizar
las gestiones interadministrativas tendientes al cobro indexado de los valores
faltantes en el porcentaje que le hubiese correspondido al empleador. Igualmente
deberá descontar de la suma de la condena lo que también le correspondía al
demandante en calidad de empleado, a título de aporte en el porcentaje que le
corresponde.»
835
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021 -00408-01 (5792 -2024)

Demandante: Edinson Guzmán Filo

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

835
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.