Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01511-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01511-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01511-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01511-00
Demandante: Carmelita Ochoa Jaimes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 30 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01511-00
Demandante: CARMELITA OCHOA JAIMES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensional. Defecto
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito de relevancia
constitucional. Reiteración de argumentos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carmelita Ochoa Jaimes contra el
Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de febrero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Carmelita Ochoa Jaimes pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, así como la aplicación del principio de seguridad jurídica y confianza legítima.
A juicio del demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 21 de agosto de 2025, con la que el Tribunal Administrativo del Cesar, que
confirmó la decisión de primera instancia, la cual denegó las pretensiones en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-006-2019-00107-01.
2. Pretensiones
El tutelante formuló las siguientes pretensiones:
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia proferida el día 21 de julio
de 2025, dentro del proceso ordinario con radicado No. 20-001-33-33-006-2019-00107-01, transgredió
los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la parte accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la postura del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.
Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar,
PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación
de pago de la pensión de jubilación en consonancia con el derrotero jurisprudencial fijado en casos
similares.
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01511-00
Demandante: Carmelita Ochoa Jaimes
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó la señora Carmelita Ochoa Jaimes que el 2 de marzo de 2016, la Secretaría
de Educación del Departamento del Cesar, a través de la Resolución 001013, reconoció
pensión de jubilación a su favor, con inclusión de la asignación básica mensual y la prima
de vacaciones, a partir del 9 de diciembre de 2015.
Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que se declarara la nulidad parcial
de la resolución que le concedió la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se ordenara la inclusión de las horas extras y demás factores
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
La demanda se adelantó bajo el radicado 20001-33-33-006-2019-00107-00 y
correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar que, por sentencia del 17 de
noviembre de 2020, denegó las pretensiones, al considerar que no se acreditó durante el
último año anterior a la adquisición de su status, haber realizado aportes, ni haber
percibido los factores salariales, tales como prima de antigüedad, prima de navidad,
prima de servicios y horas extras.
Inconforme, la parte demandada apeló con el argumento de que no se tuvieron en cuenta
los conceptos que integran el salario devengado durante el último año de servicios,
anterior al cumplimiento de la pensión de jubilación.
Adujo que debía aplicarse los reajustes establecidos por la ley, así como el respectivo
pago de las mesadas atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho hasta
la inclusión en la nómina de pensionados. Que la Ley 62 de 1985 no determinaba un
listado taxativo de factores salariales; por el contrario, era una lista enunciativa, como se
había señalado en una sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de
Estado y, en una sentencia de unificación vigente al momento de la radicación de la
demanda.
Señaló que, en virtud del principio de progresividad y de sus derechos laborales, se
reconoce como factores salariales la bonificación pedagógica, de conformidad con el
artículo 3 numeral 4 del Decreto 2354 de 2018.
Por último, pidió que se ordene el reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir
de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y hasta el cumplimiento total de la condena.
Por sentencia del 21 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
decisión apelada, básicamente, por las mismas consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en los siguientes defectos al proferir la decisión cuestionada:
Defecto sustantivo por inaplicar el Decreto 1045 de 1978 y el Acto Legislativo 01 de
2005, que ordenaban que se tuviera en cuenta, para la liquidación de su pensión, todos
los factores que devengó y cotizó en el año anterior al retiro del servicio.
Dijo que la liquidación de su pensión debía incluir, además del sueldo, los siguientes
factores: (i) bonificación mensual; (ii) bonificación pedagógica; (iii) prima especial; (iv)
prima de alimentación; (v) prima de navidad y (vi) prima de vacaciones.
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Demandante: Carmelita Ochoa Jaimes
Que se debía dar aplicación al principio de favorabilidad y acudir a la sentencia del 4 de
agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, en el expediente 25000-23-25-000-
2006-07509-01, que, según dijo, ordenaba que se liquidara su pensión con la inclusión
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
Desconocimiento del precedente La línea jurisprudencial definida sobre el tema, por el
Consejo de Estado, en las sentencias proferidas en la Sección Segunda, Subsección A 2
y Subsección B3, de la cual, según la demandante, el tribunal se apartó
injustificadamente, a pesar de que éstas imponían que se ordenara la inclusión de la
totalidad de los factores devengados por el trabajador, por estar incluidos en la lista
taxativa del artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
Dijo que, conforme al artículo 22 de la Ley 100 de 1993, le corresponde al empleador
realizar los aportes a la seguridad social para el reconocimiento de las horas extras. Sin
embargo, la falta de dicha cotización no puede excluir del ingreso base de liquidación un
factor salarial, porque estaría desconociendo los principios de buena fe, confianza
legítima y la sostenibilidad del derecho a la seguridad social.
Por último, adujo que se acreditó los factores salariales percibidos durante el último año
anterior a la adquisición del status pensional, mediante el Formato Único para Expedición
de Certificados de Salarios del FNPSM.
5. Trámite procesal
Por auto del 4 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó
notificar en calidad de demandado a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Cesar y, en calidad de terceros con interés, al juez sexto administrativo de Valledupar, al
ministro de Educación Nacional y al representante legal de la Fiduprevisora S.A., en calidad
de vocera y administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 9 de marzo de
2026.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo del Cesar compartió el enlace del proceso con radicado
20001333300620190010701 y señaló que reiteraba y acogía los fundamentos expuestos
en la decisión acusada.
El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declarara improcedente la solicitud
de amparo y que se le desvinculara de la acción de tutela. Señaló que el asunto no tenía
relevancia constitucional por tratarse de una discusión de orden económico y privado.
Que el tribunal demandado no había vulnerado los derechos fundamentales del tutelante
y que carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no era la llamada a
responder por las pretensiones de la actora.
El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar y la Fiduprevisora S.A. nose
pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificadas.
2 Expediente 44001-23-33-000-2015-00090-01 - MP Gabriel Valbuena Hernández.
Expediente 05001-23-33-000-2014-02096-01 - MP Rafael Francisco Suárez.
Expediente 68001-23-33-000-2017-01506-01 - MP Jorge Iván Duque Guitérrez.
Expediente 52001-23-33-000-2021-00408-01 y 76001-23-33-000-2019-00236-01 – MP Luis Eduardo Mesa Nieves.
Expediente 73001-23-33-000-2021-00352-01 – MP Juan Carmilo Morales.
3 Expedientes 76001-23-33-000-2016-01411-01 - MP Sandra Lisset Ibarra Vélez
Expediente 15001-23-33-000-2021-00335-01 - MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
Expediente 47001-23-33-000-2020-00627-01 – MP Jorge Edinson Portocarrero Banguera.
Expediente 68001-23-33-000-2018-00610-01 – MP Elizabeth Becerra Cornejo.
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II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia con la que el Tribunal
Administrativo del Cesar desató en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 20001-33-33-006-2019-00107-01, por presuntamente
incurrir en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política.
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional señaló que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, porque las pretensiones de la demanda de tutela iban dirigidas en
contra del tribunal demandado.
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la solicitud
de amparo, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
La Sala advierte que esta autoridad fue vinculada al trámite de tutela como tercero con
interés, mas no como demandada. La vinculación no obedeció a que las pretensiones de
la demanda de tutela estén dirigidas contra esa entidad, sino porque funge como
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-006-
2019-00107-01 y, por lo tanto, podría resultar afectada con la sentencia que se dicte en
este asunto constitucional.
Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta
providencia.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Carmelita
Ochoa Jaimes para dejar sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo del Cesar que denegó, en segunda instancia, las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-006-2019-00107-
01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no satisface
el requisito general de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la utiliza para
insistir en que se debió ordenar la reliquidación de su pensión con el reconocimiento y
pago de las horas extras y demás factores devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
4 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala
que se calculó su mesada pensional sin incluir todos los factores salariales percibidos en
el último año de servicios al cumplimiento del status de Pensionada.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 17 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado 6 Administrativo de Valledupar, se
lee lo siguiente:
De las normas citadas por el Antecedente Jurisprudencial transcrito, se evidencia que en el caso que
nos ocupa, el régimen de Seguridad Social Integral establecido en la Ley 100 de 1993 No se aplica a la
Docente CARMELITA OCHOA JAIMES en lo que a Pensión se refiere, quien estuvo afiliada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que dichas prestaciones siguen sometidas al
régimen legal anterior, que no es otro que el de la Ley 33 de 1985, debido a la fecha en que ingreso a
la Docencia Oficial.
(…)
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Así las cosas, en materia de Pensión de Jubilación, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen “especial” en materia pensional. Tampoco lo hace la Ley 115 de 1994, pues
esta ratificó el régimen de Jubilación ya establecido para los Docentes, o sea la Ley 33 de 1985.
Por otra parte el art. 81 de la Ley 812/2003, dispuso que el Régimen Prestacional de los Docentes
Oficiales Nacionales, Nacionalizados y Territoriales, que se encuentren vinculados al Servicio Público
Educativo Oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con la anterioridad
a la entrada en vigencia de esa Ley, excepto los que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
misma, quienes serán afiliados al FNPSM y tendrán los Derechos Pensionales del Régimen de Prima
Media establecido en la Ley 100/1993, con excepción de la edad de Pensión de Vejez que será de 57
años para hombres y mujeres. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 3752/2003. Por
consiguiente, este Decreto No es aplicable al caso que nos ocupa.
(…)
Se precisa que la Sentencia de Unificación del Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, de fecha 28 de agosto de 2018, Rad: 52001-23-33-000-2012-00143-01, relacionado con
el criterio de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció que las Subreglas señaladas
en la misma No cobija a los Docentes afiliados al FNPSM, como quiera que fueron exceptuado del
Sistema integral de Seguridad Social por disposición del artículo 279 de la Ley 100 del 1993 y su
Régimen Pensional, como se precisó anteriormente está previsto en la Ley 91 de 1989, no estando
cobijados por el Régimen de Transición.
(…)
En este sentido es preciso destacar que No obra en el proceso FORMATO UNICO PARA EXPEDICION
DE CERTIFICADO DE SALARIOS DEL FNPSM que acredite los Factores Salariales percibidos durante
el último año anterior a la adquisición del status de Pensionado, por lo que no se certificó que además
de la Asignación Básica y la Prima de Vacaciones devengara Prima de Antigüedad, Prima de Navidad,
Prima de Servicios y Horas Extras, pese a que los factores Horas Extras y Prima de Antigüedad se
encuentra enlistados en el art 1° de la Ley 62 de 1985 que modifico el art 3 de la Ley 33 de 1985;
además, no se acredita que sobre los mismos se haya hecho Aportes o sirvieron de base para calcular
los Aportes al Sistema. (Texto en cursiva y subrayado del original)
Por su parte, en la acción de tutela la parte actora argumenta lo siguiente:
De esta manera, la posición del tribunal accionado de excluir factores que el Legislador ha reconocido
expresamente como salariales y que inciden de forma directa en la liquidación de la pensión de
jubilación, como las horas extras y la bonificación mensual, comporta una vulneración de las garantías
del debido proceso, igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica, en la medida en que impone como
requisito la acreditación de unos aportes cuya exigencia ya ha sido descartada por el máximo órgano
de cierre, al precisar que la obligación de efectuar dichas deducciones recaía exclusivamente en el
empleador, esto es, la Nación – Ministerio de Educación - Fomag, a través de la respectiva secretaría
de educación territorial.
Pues bien, la docente demostró que la pensión de jubilación reconocida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio fue otorgada bajo el régimen de las Leyes 33 y 62 de 1985, según
se lee de la Resolución No. 001013 del 2 de marzo de 2016, incluyendo en la liquidación de la prestación
económica la asignación básica y la prima de vacaciones, más no las horas extras y la bonificación
mensual que fueron igualmente devengadas en el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
como se verifica de la información contenida en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Salarios No. 5298:
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(…)
En el presente caso, la sala colegiada no cumplió con la carga argumentativa exigida, ya que no hizo
referencia a la posición actual del Consejo de Estado respecto de la no exigibilidad de los aportes de
factores salariales, ni explicó las razones por las cuales aplicó un precedente abandonado al momento
de analizar la pretensión de reconocimiento pensional del docente. Del mismo modo, la autoridad judicial
omitió justificar por qué debía otorgarse prioridad a una tesis restrictiva y superada, en lugar de acoger
la interpretación más favorable que venía consolidándose en la jurisprudencia vertical para casos
análogos.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en la sentencia del 21 de agosto de
2025, en la que consideró:
De acuerdo con el recuento normativo expuesto en precedencia, estima la Sala que, tratándose del
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor de un docente oficial, resulta necesario
verificar el momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen pensional
aplicable. En efecto, si la vinculación al servicio se registró con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable es el vigente con anterioridad a esa fecha; si, por el contrario,
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la vinculación se registró con posterioridad, no hay duda de que el régimen aplicable será el general en
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.
(…)
De la Resolución 1013 del 2 de marzo de 20162, se evidencia que la demandante se vinculó al servicio
oficial docente en el año 1994; por lo tanto, el régimen aplicable es el previsto en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985, toda vez que el nombramiento se produjo antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
(…)
Observa esta sala que, si bien es cierto que la fecha de presentación de la demanda fue anterior a la
expedición de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2019, no es menos cierto que, para
la fecha en que el a quo emitió la sentencia de primera instancia, el 17 de noviembre de 2020, el criterio
aplicable al caso de la señora era la sentencia de unificación del año 2019; por ende, esta Sala no
encuentra error de interpretación por parte del juez de primer grado.
(…)
Así las cosas, al analizar el acto administrativo acusado, mediante el cual se reconoció la pensión de
jubilación a la actora, la Sala observa que la entidad incluyó como factores salariales en la base de
liquidación el sueldo básico y la prima de vacaciones, esta última no enlistada entre los que sirven de
base para calcular los aportes. Sin embargo, el acto administrativo conserva su validez en la medida en
que no se puede afectar el derecho reconocido a la demandante, cuya pretensión iba dirigida a que se
incluyeran factores adicionales a los reconocidos por la entidad. El acto acusado no puede modificarse
en aspectos que no fueron objeto de demanda dentro de este medio de control.
(…)
En cuanto a los demás factores solicitados por la parte actora, esto es, la prima de navidad, prima de
vacaciones, prima de servicios, prima de antigüedad, horas extras y demás conceptos salariales
percibidos, se observa que alguno de ellos, esto es, factores como la prima de antigüedad y horas
extras, sí se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985. Sin embargo, en el caso bajo estudio no se
acreditó que dichos emolumentos hubieran sido efectivamente devengados por la demandante durante
el último año de servicio docente, ni que sobre los mismos se hubieran efectuado los respectivos aportes
a seguridad social en pensiones.
De igual forma, pese a que la recurrente solicitó el reconocimiento de la bonificación pedagógica, no se
demostró, con las pruebas obrantes en el expediente, que hubiese percibido dicho factor,
configurándose así una orfandad probatoria que impide a esta Sala acceder a las pretensiones
formuladas por la recurrente
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que, de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de
Estado, no es posible ordenar la reliquidación de la pensión de los docentes con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
sino únicamente de aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes al sistema y estén
expresamente previstos en la ley como integrantes de la base de liquidación pensional.
Ahora, si bien la actora alega de manera tácita la configuración de un defecto sustantivo
y un desconocimiento del precedente, lo cierto es que invoca esas causales específicas
con el propósito de insistir en los argumentos que expuso en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia que decidió el asunto en primera instancia y que fueron
desestimados en la providencia cuestionada.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era procedente o no ordenar la reliquidación pretendida por el demandante. La acción de
tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que no puede
utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa o tratar
de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales de
instancia.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala declare improcedente la solicitud
de amparo, por incumplir el requisito de relevancia constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01511-00
Demandante: Carmelita Ochoa Jaimes
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de Educación
Nacional.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica
: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
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