Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00627-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00627-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2020-00627-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 47001-23-33-000-2020-00627-01 (0097-2025)
Demandante : Azael Enrique Rada Arrieta
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG
Litisconsorte Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, Departamento del Magdalena –
Secretaría de Educación y el Municipio de Pijiño del
Carmen
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación Ley 33 de 1985
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de 26 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1 Pretensiones
1
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 03.
Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
El señor Azael Enrique Rada Arrieta, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin que se declare la nulidad parcial
de la Resolución 433 de 19 de febrero de 2019, a través de la cual el FOMAG le
reconoció una pensión de jubilación docente.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al FOMAG a reliquidar
la pensión de jubilación docente que le fue reconocida en cuantía equivalente al
75% del promedio mensual de todos los factores de salario devengados durante el
año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionado. También requirió el
pago de las diferencias dejadas de percibir a partir del 18 de enero de 2017, día en
que adquirió el estatus de pensionado, sumas que solicita sean debidamente
indexadas.
Por último, solicitó que se ordene dar cumplimiento a la sentencia que se profiera
en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, y la condena en costas
y agencias en derecho contra el FOMAG.
1.1.2 Hechos
El demandante puso de presente que laboró por más de veinte años al servicio de
la docencia oficial y cumplió con los requisitos establecidos por la ley para que le
fuera reconocida su pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985.
Indicó que, la base de liquidación pensional, en su reconocimiento, incluyó solo la
asignación básica omitiendo tener en cuenta la prima de navidad, prima de
vacaciones y demás factores salariales percibidos por la actividad docente durante
el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus jurídico de
pensionado.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
Finalmente, señaló que la entidad demandada es la llamada a restablecer el
derecho según se indicó́ en la sentencia del 21 de noviembre de 1996, Consejero
Ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora, en ese sentido citó lo siguiente: «[…] sobre
el particular es necesario anotar que la demanda fue correctamente instaurada contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional, resultando superflua la citación de algún otro ente. Además, como
bien claro quedó, la función pagadora en lo atinente a las prestaciones sociales (causadas a partir
de la ley 91 de 1989) del personal nacional y nacionalizado le corresponde al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y no a la Previsora».
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículo 15
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; artículo 1° de la Ley 33 de 1985; la Ley 62
de 1985 y el Decreto Nacional 1045 de 1978.
Como sustento de lo anterior, señaló que «[…] la Ley 33 de 1985, no instituye de manera
taxativa cuáles factores salariales conforman la base para calcular la mesada pensional, de manera
general, expresa que la pensión mensual vitalicia de jubilación se pagará sobre el equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio. No obstante, [de] no estar definidos los factores salariales, tal circunstancia,
no impide que se incluyan todos los factores devengados por el trabajador durante el último año de
servicios».
Finalmente, citó la sentencia del Consejo de Estado con radicado 25000-23-25-000-
2006- 07509-01(0112-09)2, del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), con el
fin de exponer que, «[…] la mencionada Sentencia busca efectivizar en mejor medida los
derechos y garantías laborales de los trabajadores, unificando varias jurisprudencias encontradas,
que revalidan un reconocimiento de todos los factores salariales como monto pensional, que no es
nuevo sino que proviene de la legislación del año 1945, que emana de un organismo con
competencia para dirimir conflictos de empleados públicos como lo es el Consejo de Estado».
2
M.P Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
1.2 Contestación de la demanda
1.2.1 FOMAG3
Expuso que, en el presente asunto, «[…] no se acreditó que sobre todos los factores
devengados en el último año de servicio se hubiesen efectuado aportes, su inclusión por orden
jurisprudencial no puede ser tenido en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación. Por
lo tanto, y habida cuenta que el acto administrativo tuvo en cuenta solo factores sobre los cuales se
realizaron aportes, goza de plena validez dentro del ordenamiento jurídico». (sic)
Lo anterior, con fundamento en la sentencia del veinticinco (25) de abril de de dos
mil diecinueve (2019) del Consejo de Estado que unificó el criterio sobre los factores
que se deben tener en cuenta para el reconocimiento y pago de las pensiones de
jubilación de los afiliados al FOMAG, al señalar la siguiente subregla: «[…] En la
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1o de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. […]».
1.2.2 Administradora Colombia de Pensiones – Colpensiones4
Se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que, «[…] resulta improcedente
la vinculación de COLPENSIONES en un proceso cuyas causas no fueron desencadenadas por el
actuar de la misma, motivo este por el cual es apenas lógico que no haya tenido la oportunidad de
estudiar y pronunciarse, sobre los hechos de este proceso. De conformidad con lo anteriormente
expuesto, y al no existir prueba si quiera sumaria que acredite que Colpensiones, conocía las
pretensiones de la demanda, se concluye que hay lugar a la configuración […] de la falta de
legitimación por pasiva de la Administradora».
Propuso las excepciones que denominó «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
3
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 23.
4
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 11.
4
Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
«prescripción», «falta de reclamación administrativa», «inexistencia de las obligaciones
reclamadas», «cobro de lo no debido», «buena fe», y «genérica e innominada».
1.2.3 Departamento del Magdalena – Secretaría de Educación y el Municipio de
Pijiño del Carmen. Guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 26 de junio de
2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y negó la condena
en costas.
En primer lugar, hizó referencia a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019
del veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Consejo de
Estado, que concluyó que los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1° de la Ley 62 de 1985, vale decir, i) asignación básica, ii)
gastos de representación, iii) primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación, iv) dominicales y feriados, v) horas extras, vi) bonificación por servicios
prestados y vii) trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
El tribunal como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas,
encontró acreditado que, mediante la Resolución 433 de 19 de febrero de 2019, el
FOMAG tuvo en cuenta para liquidar la mesada pensional del señor Rada Arrieta
los siguientes factores salariales i) salario básico, ii) auxilio de movilización y iii)
prima de vacaciones. Asimismo adujo que, el demandante, en el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionado, devengó los siguientes factores salariales:
i) asignación básica, ii) auxilio de movilización, iii) bonificación de difícil acceso, iv)
5
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 55.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
horas extras, v) prima de navidad, vi) prima de servicios, vii) prima de vacaciones.
Señaló que, le asiste razón a la parte actora en cuanto pretende le sea reliquidada
la pensión de jubilación, aunque solo respecto de la inclusión de las horas extras,
conforme a la aludida sentencia de unificación y el artículo 1° de la Ley 62 de 1985,
que prevé dicho emolumento como base de aportes para pensiones. No obstante,
señaló que, dentro de los factores, no funge la bonificación por difícil acceso, prima
de navidad y prima de servicios de las cuales el actor pretendía su inclusión. Por lo
anterior, ordenó al FOMAG el reajuste de la pensión de jubilación del actor, teniendo
en cuenta, además de los factores salariales ya incluidos, las horas extras, en la
proporción devengada en el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
efectiva a partir del 17 de enero de 2017.
Finalmente, indicó que la prestación fue reconocida a partir del 19 de febrero de
2019 y la demanda presentada el 10 de septiembre de 2020, razón por la cual no
operó el fenómeno de la prescripción trienal de mesadas.
1.4 El recurso de apelación6
Inconforme con la decisión de primera instancia, el abogado el FOMAG interpuso
recurso de apelación, en el que señaló que, «[...] a la parte actora no le asiste el derecho,
teniendo en cuenta que no se evidencia [que] las horas extras haya[n] sido constituid[as] como factor
salarial y de reconocerse se estarían reconociendo factores que no han sido cotizados al sistema de
seguridad social en pensión, vulnerando el principio de sostenibilidad financiera establecido
constitucionalmente y ratificado a través del acto legislativo 001 de 2005». Asimismo, indicó que
la pensión, «[...] no goza de ningún beneficio diferente a las demás pensiones, por lo que se
deberán tener en cuenta solo aquellos factores salariales sobre los que el demandante cotizó al
sistema pensional, lo anterior en pro de no incurrir en un detrimento patrimonial a la entidad máxime
cuando maneja recursos públicos que gozan de especial protección». (sic)
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Samai-expediente digital-índice 002, archivo 57.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
1.5 Trámite de segunda instancia
Con auto de 1°de abril de 20257, el consejero ponente admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y, al no
existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo.
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio
Público emitió concepto8, en el que concluyó que, «[...] al demandante le asiste derecho, en
cuanto a que su pensión de jubilación sea reliquidada, teniendo como inclusión las “horas extras”,
esto es, como índice de liquidación; toda vez que, de conformidad con lo preceptuado en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, se les reconocerá la pensión de jubilación, esto, conforme a lo preceptuado
en la Ley 91 de 1989, que a su vez, remite al régimen general previsto en la Ley 33 de 1985 y que
para efectos de liquidarla solo deberán tomarse como factores de salarios los previstos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985 que modificó la Ley 33 de ese mismo año, es decir, “asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales
y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
conocer y decidir en segunda instancia este proceso, de conformidad con lo
establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.
De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 3289 del Código
7
Índice 04 Samai.
8
Índice 09 Samai.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala
establecer si al demandante, en su calidad de docente oficial, le asiste derecho para
que su pensión de jubilación sea liquidada teniendo en cuenta las horas extras
devengadas durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de
pensionado.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas recaudadas; y 2.5.
Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente
El artículo 3 del Decreto 2277 de 1979 determinó que los educadores oficiales que
prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental,
distrital y municipal, son empleados oficiales de régimen especial; no obstante, debe
decirse que en materia pensional nunca gozaron de un régimen previsto
específicamente para el gremio docente, hasta la expedición de la Ley 91 de 1989.
Recuérdese que, en principio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la
pensión de jubilación prevista por la Ley 6 de 1945, según la cual, quien acumulara
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
20 años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados
durante el último año». Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la
Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación
para aquellos que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad,
liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y estableció el régimen prestacional aplicable a todos sus afiliados,
dentro del cual fue previsto un régimen de pensión ordinaria de jubilación, que, en
adelante, dicho personal gozaría del régimen pensional del sector público nacional,
de la siguiente manera:
ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de
1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.
Esas condiciones pensionales, en principio, no cambiaron con el advenimiento del
Sistema General de Seguridad Social Integral contenido en la Ley 100 de 1993,
normativa que, al tenor de lo previsto por el artículo 279 ibidem, exceptuó de su
aplicación a los docentes afiliados al Fomag, razón por la cual, es posible afirmar
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
que aun en vigencia del Sistema General de Pensiones, los docentes oficiales
conservaron las prerrogativas previstas en la Ley 91 de 1989. Lo anterior, sin
perjuicio del derecho que les asiste a solicitar la aplicación de las normas previstas
en la Ley 100 de 1993, en los términos establecidos por el artículo 288 10 de esa
obra.
Todo permaneció igual hasta la expedición de la Ley 812 de 2003, que escindió el
régimen pensional de jubilación de los docentes oficiales.
En efecto, el artículo 81 de esa norma estableció que el régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados
al servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley» ; sin embargo, en
seguida dispuso que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor
(27 de junio de 2003), deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será
de 57 años para hombres y mujeres».
Esa disposición, fue reiterada por el Acto Legislativo 01 de 2005 y elevada así a
cláusula de orden superior, tal como quedó consignado en el parágrafo transitorio
1° del artículo 48 de la Constitución Política, veamos:
Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la
citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
10
«Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en las leyes anteriores. Todo trabajador
privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea
aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la
misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.»
10
Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación
docente, el Consejo de Estado profirió sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de
abril de 201911 en la que fijo las siguientes reglas de unificación jurisprudencial:
Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
lo siguiente:
De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada
docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción
de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Así las cosas, es claro que el desarrollo normativo regular del régimen pensional
docente trajo una suerte de clasificación entre los afiliados al Fomag derivada,
fundamentalmente, de la fecha de ingreso al servicio, que, a partir de la
jurisprudencia de unificación de esta Corporación, puede sintetizarse así:
i. Docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003.
Normas aplicables: Ley 91 de 1989 y Ley 33 de 1985.
Requisito de edad: 55 años.
Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019, expediente
680012333000201500569-01 (935-2017), C. P. César Palomino Cortés.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
Monto: 75%.
IBL – Componente temporal: último año anterior a la adquisición del
derecho a pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de
la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5
de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
IBL – Factores: aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados
en el mencionado artículo.
ii. Docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003.
Normas aplicables: Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003.
Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo.
IBL – Componente temporal: 10 años anteriores a la consolidación del
estatus jurídico de pensionado o al retiro del servicio, según corresponda,
o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de
1993.
IBL – Factores: los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Luego entonces, no cabe duda que el régimen de jubilaciones establecido para los
docentes oficiales afiliados al Fomag vinculados con antelación a la promulgación
de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez, remite al
«[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», contenido en la Ley 33
de 1985, que establece los factores sobre los cuales deben efectuarse las
cotizaciones que compondrán el ingreso base de liquidación de las pensiones de
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
esos servidores.
Sin embargo, en el caso de los docentes oficiales no puede perderse de vista que
existen algunos emolumentos que fueron creados con posterioridad a la Ley 62 de
1985 y los mismos por disposición legal tienen carácter salarial para ser parte de
las cotizaciones, en ese orden, deberán igualmente incluirse en el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación12, siempre que se acredite que fueron
devengados por el docente, por ejemplo: la asignación adicional creada por medio
de los Decretos 633 y 634 de 2007, o la asignación adicional, o la bonificación
mensual Decreto 1566 de 2014.
Por lo tanto, se colige que el ingreso base de liquidación de las pensiones de
jubilación docente debe ser integrado de acuerdo con el régimen aplicable a cada
educador oficial, así: (i) con los emolumentos enlistados en el artículo 1° de la Ley
62 de 1985 o en otros instrumentos legales o reglamentarios que así lo autoricen,
para los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, y (ii) con los factores
establecidos por el Decreto 1158 de 1994 o en otros instrumentos legales o
reglamentarios que así lo autoricen, para aquellos que ingresaron al servicio
después de esa fecha, en vigor de la Ley 812 de 2003.
2.4 Pruebas recaudadas
A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de
juzgamiento, en atención al material probatorio traído al plenario, del que se destaca
lo siguiente:
i) Cédula de ciudadanía del señor Azael Enrique Rada Arrieta,13que da cuenta que
nació el 03 de marzo de 1957.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-
01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Samai-expediente digital-índice 002, archivo 43.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
ii) Resolución N° 0433 del 19 de febrero de 2010,14 por medio de la cual el secretario
de educación del departamento del Magdalena, le reconoció al demandante una
pensión de jubilación a partir del 18 de enero de 2017, correspondiente al 75% del
promedio de factores salarias devengados en el último año de servicios anteriores
al estatus jurídico.
iii) Formato único para la expedición de certificado de salarios, de la secretaría de
educación del Magdalena15 del 21 de agosto de 2019, donde se enlistan los factores
salariales del accionante desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 julio de 2019.
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Samai-expediente digital-índice 002, archivo 03.
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Número Interno: 0097-2025
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2.5 Caso concreto
Descendiendo al sub examine, se tiene que el demandante pretendió obtener la
reliquidación de la pensión de jubilación docente que le fue reconocida por el
FOMAG en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores
de salario devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
de pensionado.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 26
de junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que le asiste razón a la parte actora en cuanto pretende le sea
reliquidada la pensión de jubilación, aunque únicamente respecto de la inclusión de
las horas extras devengadas en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
de pensionado, conforme a la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 y el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
Inconforme con la decisión de primera instancia, el FOMAG interpuso recurso de
apelación, al considerar que «[...] a la parte actora no le asiste el derecho, teniendo en cuenta
que, no se evidencia [que] las horas extras haya sido constituido como factor salarial y de
reconocerse se estarían reconociendo factores que no han sido cotizados al sistema de seguridad
social en pensión, vulnerando el principio de sostenibilidad financiera establecido
constitucionalmente y ratificado a través del acto legislativo 001 de 2005».
Puesto en consideración el alcance de la alzada, la Sala reitera la regla de
unificación16 que regirá la solución del caso concreto, orientada a establecer que el
ingreso base de liquidación de las pensiones de los docentes regidos por la Ley 91
de 1989, debe ser integrado por los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Al respecto, dicha norma, prevé:
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019, expediente
680012333000201500569-01 (935-2017), C. P. César Palomino Cortés.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
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«ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja
de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea
que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como
inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para
los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida
por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes». (Resalta la Sala)
En el presente caso se encuentra acreditado que el FOMAG le reconoció una
pensión de jubilación al demandante, conforme a las Leyes 33 de 1985 y 91 de
1989, a través de la Resolución N° 433 de 19 de febrero de 201917, en cuya
liquidación no fueron incluidas las horas extras devengadas por el actor en el último
año de prestación de servicios.
Asimismo, está acreditado en el plenario que el actor percibió pagos por horas
extras18 en el último año de servicio anterior al 17 de enero de 2017, fecha en la que
adquirió el estatus jurídico de pensionado.
Por lo tanto, conforme a las Leyes 62 de 1985 y 91 de 1989, y de acuerdo con la
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de
2019,19 es evidente que el aludido factor debe integrar la base de liquidación de la
pensión, como acertadamente lo concluyó el Tribunal de Primera Instancia.
17 Samai-expediente digital-índice 002, archivo 03.
18 Ibid.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019, expediente
680012333000201500569-01 (935-2017), C. P. César Palomino Cortés.
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Frente a los descuentos que hubieren podido o no efectuarse respecto de las horas
extras, resalta la Subsección que no está demostrado que se hubieran efectuado o
no dichos descuentos y sus correspondientes aportes, sin embargo, es dable
concluir que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 22 de la
Ley 100 de 199320 por parte del Estado como empleador, referentes a los deberes
de descontar, aportar y trasladar el monto de las cotizaciones a las entidades
administradoras de pensiones, no puede tenerse como un asunto oponible al
docente oficial, y, por ende, no es óbice para que este reclame el reajuste de su
pensión con fundamento en los factores que constituyen la base legal y
reglamentaria de liquidación de la prestación, pues, como lo señala la norma
referida, «[el] empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador».
Finalmente, la Sala resalta que, pese a que ha acogido una tesis enunciativa y no
taxativa, respecto de los factores aludidos en la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019, de tal suerte que, el
ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes
vinculados antes del 27 de junio de 2003, debe ser integrado con los emolumentos
enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 o en otros instrumentos legales
o reglamentarios que así lo autoricen, en este caso no resulta posible realizar un
análisis completo de lo devengado por el demandante y cómo debe ser integrado el
IBL de la prestación, en virtud del principio non reformatio in pejus, que proscribe
hacer más gravosa la situación del FOMAG, como apelante único.
En consecuencia, se impone para la Sala confirmar la sentencia apelada que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de esta
20 «ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte
de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto
de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará
estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para
el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador»
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providencia.
2.6 Sobre la condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas
otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica
examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso21.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá
condena en costas.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 26 de junio de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena, accedió parcialmente a las pretensiones
21
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Número Interno: 0097-2025
Demandante: Azael Enrique Rada Arrieta
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Azael
Enrique rada Arrieta en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fomag, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
20
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