Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00868-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00868-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00868-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00868-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de junio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: ENILDA QUIROZ PONTÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN JUBILACIÓN.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración de sus
derechos fundamentales, con ocasión de la providencia que confirmó la decisión que negó la
reliquidación de su pensión, con la inclusión de las horas extras devengadas durante el año
anterior a la adquisición de su estatus pensional pues, a su juicio, incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. La Sala confirmará la decisión que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
porque el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 16 de marzo de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional,
de conformidad con las razones ut supra.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 17, primera instancia- negrillas
y mayúsculas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 6 de febrero de 20261, la señora Enilda Quiroz Pontón promovió proceso de acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que se protegieran
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
1 Índice 1, Samai, primera instancia.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en
sentencia proferida el día 31 de julio de 2025, dentro del proceso ordinario con
radicado No. 20-001-33-33-006-2019 00061-01, transgredió los derechos
fundamentales transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la parte accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial
referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión
haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación de
pago de la pensión de jubilación en consonancia con el derrotero jurisprudencial
fijado en casos similares.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, índice 2, primera instancia).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se desempeñó como docente nacional vinculada desde el 17 de julio de 1990 hasta
el 2 de octubre de 2012 y obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación mediante
la Resolución no. 978 del 11 de marzo de 2014, expedida por la Secretaría de Educación
del Departamento del Cesar, liquidación para la cual se tuvieron en cuenta únicamente
la asignación básica y la prima de vacaciones.
2) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), con el propósito de que se reliquidara su pensión incluyendo las
horas extras y demás factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición de su estatus pensional, debido a que tales conceptos aparecían registrados
en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios.
3) El litigio fue desatado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar2, mediante sentencia del 31 de julio de 2025, en la cual negó las pretensiones
de la demanda por considerar que, aunque se acreditó el pago de la prima de navidad y
de horas extras, no se demostró que sobre dichos conceptos se hubieran efectuado
aportes al sistema pensional.
2 Proceso con radicación no. 20001-33-33-006-2019-00061-00/01.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) Esa decisión fue apelada por la parte demandante, por cuanto sí tenía derecho a la
reliquidación de su pensión con inclusión de las horas extras devengadas durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, pues, dicho factor salarial aparecía
expresamente previsto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y se encontraba acreditado
en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios.
5) El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó esa decisión mediante sentencia del 31
de julio de 20253, en atención a que no existía prueba de que las horas extras y la prima
de navidad hubieran servido de base para efectuar aportes pensionales, requisito que
estimó necesario para su inclusión en la liquidación de la pensión.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia con ocasión de la providencia proferida el 31 de julio de 2025, por cuanto, a su
juicio, incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
En cuanto al defecto sustantivo, adujo que el tribunal aplicó de manera errónea el régimen
jurídico cuando exigió que se acreditara que sobre las horas extras se hubieran efectuado
aportes pensionales para poder incluirlas en la liquidación de la pensión.
A su juicio, dicha exigencia era contraria a la jurisprudencia reciente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, según la cual la omisión del empleador en efectuar los
aportes no puede trasladarse al trabajador ni impedir el reconocimiento de un factor
salarial expresamente previsto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
Asimismo, indicó que el tribunal se apartó de decisiones del Consejo de Estado4 que han
ordenado incluir las horas extras en la base de liquidación pensional de docentes
vinculados bajo las Leyes 33 y 62 de 1985, sin ofrecer una justificación suficiente para
retirarse de esa línea jurisprudencial.
3 Decisión notificada por correo el 6 de agosto de 2025.
4 Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2025, radicado
47001-23-33-000-2020-00627-01 (0097-2025); sentencia del 26 de junio de 2025, Rad. No. 68001-23-33-
000-2018-00610-01 (4040-2022); sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
4. Actuación de primer grado
Mediante auto de 10 de febrero de 20265, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación admitió el proceso de acción de tutela y ordenó la notificación del presidente
y los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cesar, así como, del titular
del Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, al departamento del Cesar – Secretaría
de Educación y a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 16
de marzo de 20266, declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, en la medida que los fundamentos de la demanda
se reducían a un desacuerdo con la valoración probatoria y con la interpretación
normativa efectuada por el juez natural dentro del proceso ordinario.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 28 de mayo de 20267.
Sí se cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que no pretende reabrir el
debate propio del proceso ordinario, sino cuestionar que el tribunal se apartó del
precedente reciente y vinculante del Consejo de Estado sin ofrecer una justificación
suficiente.
La providencia incurrió en desconocimiento del precedente judicial, por excluir las horas
extras de la liquidación pensional por falta de prueba de aportes, pese a que la
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha señalado que la obligación de cotizar
corresponde al empleador y que esa omisión no puede trasladarse al trabajador ni impedir
la inclusión de dicho factor salarial en la pensión.
5 Índice 5, samai, primera instancia.
6 Índice 17 Samai, primera instancia.
7 Índice 25 Samai, primera instancia.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cesar con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 31
de julio de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.
En la sentencia de primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
En el escrito de impugnación la parte demandante insistió en que no se podían excluir
las horas extras de la liquidación pensional por falta de la prueba de los aportes.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente8, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
8 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal9”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales10”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
9 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.11
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
11 Idem.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios12” (negrillas adicionales).
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) La parte demandante afirmó que el tribunal interpretó y aplicó de manera errónea las
Leyes 33 y 62 de 1985 por excluir las horas extras de la liquidación de la pensión por no
encontrarse acreditados los aportes pensionales sobre dicho factor, pese a que
constituyen un factor salarial expresamente previsto en la ley y que la eventual omisión
en el pago de los aportes es imputable al empleador.
2) Además, señaló que se apartó injustificadamente de la jurisprudencia reciente y
reiterada del Consejo de Estado que ha reconocido la inclusión de las horas extras en la
liquidación pensional de docentes vinculados bajo las Leyes 33 y 62 de 1985, aun cuando
no exista prueba de los aportes efectuados sobre dicho concepto.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación,
oportunidad en la cual la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora
pretende, que las horas extras devengadas durante el año anterior a la adquisición del
12 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
estatus pensional debían incluirse en la liquidación de su pensión de jubilación, así no
existiera prueba de los aportes efectuados sobre dicho concepto, por tratarse de un factor
salarial expresamente previsto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y porque la eventual
omisión en el recaudo de las cotizaciones correspondía exclusivamente al empleador y
no al trabajador.
4) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia enjuiciada, en la
cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión de primera instancia, pues,
si bien se encontraba acreditado que la parte demandante percibió horas extras durante
el año anterior a la consolidación de su derecho pensional, no existía prueba de que dicho
factor hubiera servido de base para la realización de aportes al sistema pensional.
5) Con fundamento en la regla de unificación fijada por el Consejo de Estado el 25 de
abril de 2019, concluyó que la inclusión de factores salariales en la base de liquidación
de la pensión exige no solo que estos se encuentren expresamente enlistados en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985, sino también que respecto de ellos se hubieren efectuado
los correspondientes aportes, razón por la cual descartó la reliquidación pretendida por
la actora, así:
“[A]hora, frente a los demás factores pretendidos, esto es, prima de navidad y
horas extras, si bien se acreditó que fueron efectivamente devengados en
el periodo de la referencia, no obra prueba en el expediente que permita
inferir de manera clara y suficiente que dichos conceptos hayan servido
como base para realizar aportes al sistema pensional, exigencia prevista en
la regla jurisprudencial fijada por la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado del 25 de abril de 2019, incumpliendo de esta forma con uno de los
requisitos imprescindibles para la admisión de las pretensiones, pues la sola
acreditación de lo devengo no basta para ordenar su inclusión.
Finalmente, la Sala concluye que, en virtud del criterio fijado por el Consejo
de estado, no es posible ordenar la reliquidación de la pensión de
jubilación docente con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, por lo que se impone
confirmar la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.
Y el cambio jurisprudencial de que se duele la apelante, no constituye un
motivo suficiente para acceder a las súplicas de la demanda, porque el
como bien lo ha explicado la alta Corporación el adoptar una nueva regla
de unificación es evidente ocurre de manera general para los casos en los
cuales tal regla deba ser aplicada, es decir hacia el futuro. Por ello, la noción
de confianza legítima y de seguridad jurídica no puede examinarse en abstracto,
ni entenderse como un derecho absoluto a la no modificación de una regla
jurisprudencial, porque ello implicaría que las decisiones judiciales fueran
pétreas. Por tal motivo la adopción de una decisión posterior a la regla de
unificación de 2010 por parte de la misma alta corporación no puede dar
lugar a desconocer el precedente jurisprudencial ahora imperante, máxime
si se trata de una regla de unificación cuya aplicación es obligatoria para toda
12
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
la jurisdicción.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 11, negrillas de la Sala).
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se reconociera la inclusión de
las horas extras en la base de liquidación de la pensión de jubilación, en el entendido de
que dicho concepto constituye un factor salarial expresamente reconocido por la ley y
que la ausencia de aportes no puede constituir una carga atribuible al trabajador cuando
la obligación legal de efectuarlos recae en la administración empleadora.
7) Así pues, aunque la parte demandante pretende otorgar a esta circunstancia la
connotación de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es
que los fundamentos de la acción de tutela corresponden, en esencia, a una reiteración
de los argumentos jurídicos que fueron formulados y decididos en el proceso ordinario,
particularmente en la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de julio de 2025.
8) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela, concluyó que no procedía la reliquidación pensional
solicitada, por cuanto, aun cuando las horas extras fueron efectivamente devengadas por
la docente, no se acreditó que hubieran servido de base para la realización de aportes
pensionales, requisito que estimó indispensable conforme a la regla jurisprudencial de
unificación aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, por
lo cual consideró que la sola acreditación de que devengó el factor salarial no era
suficiente para ordenar su inclusión en la liquidación de la prestación pensional.
9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
10) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
13
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00868-01
Demandante: Enilda Quiroz Pontón
Acción de tutela – Impugnación fallo
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Ausente con excusa
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.