Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00172-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00172-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2015-00172-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-2022)
Demandante: Asmir Ruiz Cuellar
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Reconocimiento de pensión bajo el marco de la Ley 33 de
1985, docente vinculado antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Asmir Ruiz Cuellar, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la
Resolución 494 del 19 de diciembre de 2014, por medio de la cual se le negó el
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
reconocimiento de la pensión de jubilación que depreca.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), en adelante Fomag a lo
siguiente: i) reconocer y pagar una pensión de jubilación equivalente al 75% de los
emolumentos percibidos durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento
del estatus jurídico de pensionado; ii) cancelar las sumas de dinero dejadas de
percibir debidamente indexadas e incluyendo los intereses moratorios; iii) cumplir
la sentencia al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv)
condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Asmir Ruiz Cuellar nació el 7 de septiembre de 1958.
ii) Laboró un total de 9.162 días al servicio del magisterio entre el 2 de febrero
de 1988 y el 2 de diciembre de 2014, de manera interrumpida a saber: como
docente al servicio del departamento del Caquetá, por soluciones educativas,
durante los años 1988 a 1995, vinculaciones que se desarrollaban desde el 2 de
febrero hasta el 30 de noviembre de cada año; y en el municipio de Florencia,
nombrado en propiedad como docente mediante el Decreto 209 del 12 de febrero
de 1996, por lo que estuvo afiliado al Fomag por más de 20 años.
iii) El 6 de octubre de 2014, solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de
Florencia el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, de conformidad
con la Ley 91 de 1.989 y demás disposiciones, petición que fue denegada a través
del acto acusado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 46, 48, 53, 58, 208 y
336 de la Constitución Política; 15, numeral 1°, inciso 1° y 2, numeral 5, de la Ley
91 de 1989; 9 del Decreto 2563 de 1990; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; 2, literal
a) del y 12 de la Ley 4ª de 1992; 1° del Decreto Reglamentario 1440 de 1992; 115
y 180 de la Ley 115 de 1.994; 4 de la Ley 4ª 1.966; 5 del Decreto 1743 de 1996; 1
parágrafo 2 de la Ley 24 de 1.947; 29 de la Ley 6ª de 1945; 81 de la Ley 812 de
2.003 y 36 de la Ley 100 de 1.993.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) La entidad demandada negó el reconocimiento pensional al argumentar que
por tener cotizaciones en los años 1994 y 1995 a la Administradora Colombiana
de Pensiones, en adelante Colpensiones, que suman 80 semanas cotizadas, se
generaba un cambio en la edad pensional exigible al accionante; afirmación que
contraviene los principios de legalidad, favorabilidad, irrenunciabilidad a las
garantías mínimas, el derecho a un mínimo vital y móvil y al debido proceso, ya
que aun cuando el docente hubiere cotizado a una entidad distinta al Fomag esta
circunstancia no afecta el régimen especial al cual pertenece, causado por su
vinculación a la docencia oficial con anterioridad de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
ii) El demandante no está obligado a soportar cargas que no devienen
expresamente de disposiciones legales, como lo sería aumentar la edad pensional
de 55 a 60 años, cuando los preceptos aplicables al caso concreto crean un
régimen especial, el cual tiene protección constitucional por aplicación de los
derechos adquiridos.
iii) Así las cosas, el acto acusado adolece del vicio de falta de motivación, en
tanto en ningún momento expuso las razones jurídicas por las que exigía 60 años
de edad para acceder a la pensión.
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Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
1.2. Contestación de la demanda
Por intermedio de apoderado, la Nación (Ministerio de Educación Nacional,
Fomag) se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en que en
virtud de las competencias asignadas al Ministerio de Educación Nacional a través
del Decreto 2831 de 2005, es a los entes territoriales a quienes les corresponde la
atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales de los
docentes adscritos a ellas.1
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; no
comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; inexistencia de la
obligación con fundamento en la ley; y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia escrita proferida el 30
de junio de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:2
i) La Resolución 494 del 19 de diciembre de 2014, objeto de reproche, refiere
que la razón por la cual se le negó al actor el reconocimiento de la pensión no es
otra que el no cumplimiento de la edad de jubilación, en tanto consideró el Fomag
que como aquel cotizó entre 1.994 y 1.995 a Colpensiones «LA EDAD PARA
ADQUIRIR LA PENSIÓN ES 60 AÑOS PARA HOMBRES… Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL
DOCENTE NACIÓ EN 1958-09-07 ENTONCES CUMPLE EL REQUISITO DE EDAD EN 2018-09-
07».
ii) Adicionalmente se observa que en el referido acto no fueron computados
completamente los tiempos de servicio prestados a la docencia por soluciones
educativas a través de contratos ante la Secretaría de Educación Departamental
del Caquetá, tiempo laboral que asciende a 5 años, 9 meses y 16 días, pues
1 Expediente digital consultado en la Plataforma Samai.
2 Ibidem, con ponencia del magistrado Pedro Javier Bolaños Andrade.
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Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
solamente se relacionaron los tiempos prestados a la Secretaría de Educación
Departamental del Caquetá del 8 de febrero de 1994 al 31 de diciembre de 1995,
salvo una interrupción, y ante la Secretaría de Educación del municipio de
Florencia del 13 de febrero de 1996 al 18 de septiembre de 2014.
iii) El hecho de haber cotizado a Colpensiones durante los años 1994 y 1995
no convierte al actor en trabajador del régimen privado, pues según se observa del
material probatorio aportado su empleador y/o contratante entre los años 1988 a
1995 fue siempre el departamento del Caquetá; aunque posteriormente -a partir
del año 1996 y hasta adquirir el estatus de pensionado-, fue afiliado al Fomag,
siendo en esta última época su empleador el municipio de Florencia. Por ende, la
afiliación que se acredita del accionante a Colpensiones y que obedece a la
expresa razón por la cual le ha sido negado el derecho pensional, no tiene por qué
inhibir el régimen jurídico a él aplicable.
iv) En efecto, el señor Ruíz Cuéllar laboró al servicio oficial docente por 24
años, 7 meses y 5 días y aunque se quisiera descontarle el tiempo «laborado»
cotizado a Colpensiones (1 año, 4 meses y 16 días) no es dable que se le
apliquen los requisitos de la Ley 100 de 1993, «dada su vinculación anterior»,
siendo este aspecto el que enmarca verdaderamente el régimen jurídico a aplicar
a su situación prestacional, más allá del fondo o caja de previsión al que haya
podido cotizar durante los más de 20 años de trabajo como docente oficial.
v) En ese orden, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades y en tratándose de docentes oficiales, se estima procedente
contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo
la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación; por ende, no se encuentra justificada
la razón del Fomag para hacer nugatorio el derecho prestacional invocado.
vi) En suma, declaró la nulidad de la resolución demandada y no probada la
excepción de prescripción; ordenó reconocer y pagar al señor Ruíz Cuéllar una
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Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
pensión mensual vitalicia de jubilación, con fundamento en lo previsto en la Ley 33
de 1985, en cuantía equivalente al 75% del promedio de la asignación básica
mensual y demás factores salariales devengados y sobre los cuales hubiere
hecho aportes al sistema durante el año anterior a la causación del derecho,
con los ajustes anuales de ley, y condenó en costas a la parte vencida.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) Contrario a lo afirmado por el a quo, la parte demandante no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación por la Ley 33 de 1985, toda vez que
su vinculación al Fomag surge con posterioridad al 27 de junio del año 2003, es
decir, durante la vigencia de la ley 812 del año 2003.
ii) De la norma en cita se puede concluir que el régimen aplicable por remisión
expresa es el contemplado en la Ley 100 de 1993, artículo 33 y subsiguientes, el
cual establece requisitos rigurosos frente al tiempo de cotización y a la edad. En el
caso en concreto y al momento de la presentación de la demanda inclusive, el
docente claramente no reúne los requisitos de edad y tiempo plasmados en la ley
ibidem.
iii) Corolario de lo anterior, en las bases de liquidación de una eventual
pensión no se podían tomar en cuenta los factores devengados sobre los cuales el
demandante no efectuó aportes, pues estos no constituyen base de liquidación y
por tanto, no se pueden incluir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985.
1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación
3 Aplicativo Samai, expediente digital.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
El señor Asmir Ruiz Cuellar no emitió pronunciamiento alguno.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del ministerio público rindió concepto en el que solicitó que sea
confirmada la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 expedidas por la
Corte Constitucional y en el fallo unificado del 28 de agosto de 2018 proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado contradicen la posición de la entidad
apelante, la cual resulta confusa respecto de lo pretendido por el actor y lo
resuelto judicialmente.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
el Fomag le reconozca una pensión de jubilación, en aplicación de las reglas
previstas para los docentes antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales
Mediante la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de
2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,6 se estableció la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la
Ley 91 de 1989, conforme a las siguientes reglas:
4 Aplicativo Samai, índice 10.
5 Aplicativo Samai, índice 9.
6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de
1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores,
distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo
8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y
el 8 % equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman
parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco
les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la
liquidación de la mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
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Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con
las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
Ahora bien, en el entendido de que en la sentencia antes mencionada se hace
referencia a que en la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 los factores
que se deben tener en cuenta son aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes, es dable inferir que tanto «la línea jurisprudencial en cita
como la norma aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el
cálculo del IBL, no solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos
aquellos conceptos sobre los cuales se hubiese establecido el carácter de factor
salarial computable para efectuar aportes».7
Así pues, en el caso de los docentes oficiales, particularmente, se advierte que a
través de los Decretos 633 y 634 de 2007 se creó el emolumento denominado
«asignación adicional», a la cual accederían los directivos docentes regidos por
los Decretos 2277 de 1979 y el 1278 de 2002. En ese orden, ese factor tiene
carácter salarial por hacer parte de la asignación básica mensual de los
educadores, el cual es base de cotización conforme al artículo 6° del Decreto 691
de 1994.
Por su parte, el Decreto 1566 de 2014 creó una «bonificación mensual» efectiva
a partir 1° de junio de 2014, la cual ha sido fijada año a año bajo el mismo criterio,
esto es, el relativo a su naturaleza de factor salarial con efectos legales para el
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 22 de junio de 2023, radicado
47001-23-33-000-2017-00331-01 (4056-2021) M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
cálculo de los aportes, respecto del cual deben efectuarse los respectivos
descuentos.
De igual modo, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada «bonificación
pedagógica» efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de
personal de las entidades territoriales certificadas en educación, que también fue
concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal como lo
dispuso el artículo 3°, numeral 4° de la norma en cita.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
i) El señor Asmir Ruíz Cuéllar nació el 7 de septiembre de 1958.8
ii) De conformidad con el Certificado expedido por la coordinadora de archivo
y registro de la Gobernación del Caquetá, el señor Ruíz Cuéllar prestó sus
servicios en los siguientes períodos en calidad de docente por soluciones
educativas dependiente de la Secretaría de Educación del departamento del
Caquetá:9
• 1988 docente en Escuela Delicias Canelo Medio, municipio de Curillo.
• 1989 docente en Escuela Delicias Canelo Medio, municipio de Curillo.
• 1990 docente en la Escuela Monterrey, municipio de San José del Fragua.
• 1992 docente en Escuela Delicias Canelo Medio, municipio de Curillo.
• 1993 docente en la Escuela Monterrey, municipio de San José del Fragua.
• 1994 docente en la Escuela La Ondina, municipio de Belén de los Andaquíes.
• 1995 docente en la Escuela La Primavera, municipio El Paujil.
En dicha certificación se indicó que «los contratos por soluciones educativas se
realizaban desde el 2 de febrero al 30 de noviembre de cada año».
8 Expediente digital, archivo 01CuadernoPpal, folio 3.
9 Ibidem, folio 5.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
iii) De conformidad con el Reporte de Semanas Cotizadas emitido por
Colpensiones, actualizado al 24 de septiembre de 2014, el demandante tiene
cotizaciones a dicha administradora entre el 8 de febrero y el 30 de diciembre de
1994, efectuadas por aquel; y desde el 1° de mayo hasta el 31 de diciembre de
1995, realizadas por el Fondo Educativo Regional (total cotizaciones 1 año, 4
meses y 22 días).10
iv) De conformidad con el Certificado Único para la Expedición de Historia
Laboral expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Florencia el
señor Ruíz Cuéllar, fungió en calidad de docente nacional de primaria en
propiedad, durante un lapso de 18 años, 9 meses y 19 días, como a
continuación se detalla:11
Plantel Educativo Acto Posesión Desde Hasta Entidad
Administrativo de
Previsión
La Primavera de El Decreto 209 del
Paujil. 12/02/1996 13/02/1996 13/02/1996 26/04/2000 Fomag
Rafael Uribe Uribe Decreto 226 del Fomag
de El Paujil 27/04/2000 27/04/2000 27/04/2000 29/11/2001
Las Lajas Yurayaco Decreto 430 del Fomag
en San José del 30/11/2001 30/11/2001 30/11/2001 31/12/2007
Fragua
IE Agroecológico Decreto 639 del Fomag
Amazónico Buinaima 27/12/2007 02/01/2008 01/01/2008 28/05/2014
de Florencia.
IE Agroecológico Decreto 216 del Fomag
Amazónico Buinaima 29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 02/12/2014
de Florencia.
v) El 24 de septiembre de 2014, la gerente nacional de nómina de
pensionados de Colpensiones, hizo constar que el accionante no percibe pensión
por parte de dicha administradora.12
10 Ibidem, folio 4.
11 Ibidem, folios 6 y 7, certificado del 2 de diciembre de 2014.
12 Ibidem, folio 10.
12
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
vi) El 29 de septiembre de 2014 la directora del Fondo de Pensiones Territorial
del Caquetá certificó que revisada la base de datos el actor no devenga pensión
por parte de esta entidad.13
vii) El 6 de octubre de 2014, el demandante solicitó el reconocimiento
pensional,14 petición que fue negada mediante la Resolución 494 del 19 de
diciembre de 2014,15 bajo los siguientes argumentos:
Que el proyecto de acto administrativo fue estudiado y NEGADO por la entidad La
Fiduciaria La Previsora que administra los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, según oficio 2014 / 0170063201 del 19 de
noviembre de 2.014 y recibido por la Secretaría de Educación Municipal mediante
SAC -2014 PQR 9101 del 25/11/2014, con hoja de liquidación N° 1287186 de
fecha 10/11/2014, la cual se transcribe textualmente: “DADO QUE EL DOCENTE
PRESENTA APORTES A COLPENSIONES, LA EDAD PARA ADQUIRIR LA
PENSIÓN ES 60 AÑOS PARA HOMBRES Y 55 PARA MUJERES Y TENIENDO EN
CUENTA QUE EL DOCENTE NACIÓ EN 1958-09-07 ENTONCES CUMPLE EL
REQUISITO DE EDAD EN 2018-09-07”.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
De conformidad con lo probado en el proceso, se observa que el actor se vinculó
al servicio público educativo a través de contratos a partir del 1988 en calidad de
docente por soluciones educativas para desempeñarse en la Secretaría de
Educación del departamento del Caquetá, vinculo que se sostuvo entre 1989,
1990, 1992, 1993, 1994 y 1995, usualmente por los períodos comprendidos entre
el 2 de febrero y el 30 de noviembre de cada anualidad, contemplando un tiempo
de labor de 5 años, 9 meses y 16 días.
Luego, el señor Ruíz Cuéllar fue nombrado docente nacional de primaria en
propiedad al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Florencia,
afiliado al Fomag desde el 13 de febrero de 1996 hasta el 2 de diciembre de 2014,
inclusive, según fue certificado por el ente territorial.
13 Ibidem, folio 9.
14 Ibidem, folios 11 y 12.
15 Ibidem, folios 13 y 14.
13
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
En este orden de ideas, tal como lo ha indicado en varias ocasiones esta Sala, los
tiempos laborados por el demandante mediante órdenes de prestación de
servicios, o soluciones educativas en este caso, son computables a efectos de
acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación.
Esta circunstancia ha sido admitida por esta Subsección con base en las
consideraciones esbozadas, específicamente para casos de reconocimiento 16 y
de reliquidación pensional,17 que fueron analizados bajo supuestos fácticos y
jurídicos similares al que se estudia, relacionados con docentes que se
desempeñaron a través de contratos de prestación de servicios.
Empero, no puede desconocer la Sala que además de prestar servicios como
docente por soluciones educativas dependiente de la Secretaría de Educación del
departamento del Caquetá a los que se viene haciendo referencia, el señor Ruíz
Cuéllar tuvo una vinculación legal y reglamentaria en propiedad con la
Secretaría de Educación del municipio de Florencia entre 1996 y la fecha de
interposición de la demanda, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, circunstancia que sin lugar a duda sería suficiente para acreditar su
condición de maestro oficial previa al límite temporal impuesto en la norma
ibidem, contrario a lo afirmado por la entidad apelante.
Entonces, habida cuenta de que la naturaleza y calidad de docente oficial no se
desvirtúa ni se determina por el tipo de vinculación al Estado (contractual o legal y
reglamentaria) y que aquella condición se fundamenta en la actividad o funciones
realmente desarrolladas desde la perspectiva propia del cargo o servicio prestado,
se debe tener en cuenta el 2 de febrero de 1988 como fecha a partir de la cual el
señor Ruíz Cuéllar adquirió la calidad de docente oficial, y en consecuencia, se
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias dictadas en los procesos con radicados 50001-23-33-000-2018-00357-01 (5585-2019)
del 3 de junio de 2021; 63001-23-33-000-2014-00249-01 (0249-2016) del del 18 de marzo de
2021; del 11 de febrero de 2021: 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014) y 81001-23-33-
000-2013-00005-01 (4114-2014); así como en providencia del 18 de febrero de 2021 proferida en
el proceso con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 18 de noviembre de 2020. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-2017).
14
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
debe aplicar el régimen de la Ley 33 de 1985 a efectos de determinar la
procedencia del derecho prestacional reclamado, tal como acertadamente lo
determinó el a quo.
Así las cosas, aunque el actor hubiere realizado cotizaciones a Colpensiones por
las vinculaciones contractuales sostenidas bajo la modalidad de «soluciones
educativas» entre el 8 de febrero y el 30 de diciembre de 1994 como
independiente, y del 1° de mayo al 31 de diciembre de 1995, a través del Fondo
Educativo Regional, no se puede desconocer que ese tiempo estuvo vinculado en
calidad de docente dependiente de la Secretaría de Educación del departamento
del Caquetá, luego, esa afiliación no enerva su condición de docente oficial y
debe ser tenida en cuenta para el reconocimiento pensional por parte de la
entidad demandada.
De acuerdo con lo anterior, al presente asunto deben aplicarse las reglas
establecidas en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril
de 2019,18 la cual, pese a relacionarse concretamente con el ingreso base de
liquidación en el régimen pensional de los docentes oficiales vinculados al Fomag,
resulta útil en cuanto a las previsiones normativas sobre requisitos y condiciones
jurídicas para acceder y consolidar el derecho prestacional propiamente dicho.
En el referido pronunciamiento esta Sección precisó que de acuerdo con el
parágrafo transitorio 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes
prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes
oficiales tanto nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está
condicionada a la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, de la siguiente
manera:
i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de
abril de 2019, radicado 68001 23 33 000 2015 00569 01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base
de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 62 de
1985; y
ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha reglamentación, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este
personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de
1993, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.
En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada a la
fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente. Por
consiguiente, se itera, la condición de educador estatal del demandante debe ser
considerada como tal desde el año 1988 cuando ejerció funciones inherentes a la
mentada profesión en el programa de soluciones educativas en el departamento
del Caquetá.
Bajo esos lineamientos, se precisa que los docentes vinculados al servicio oficial
antes del 27 de junio de 2003,19 se encuentran exceptuados del Sistema Integral
de Seguridad Social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Por esta
razón, no son beneficiarios del régimen de transición estipulado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y tampoco están sometidos a las condiciones que en
materia de ingreso base de liquidación pensional desarrolló el artículo 21 ibidem,
sino, tal y como lo señaló la tantas veces mencionada sentencia de unificación, al
previsto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 que indicó lo siguiente:
Artículo 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por
19 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
16
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
Del texto transcrito se advierte que el período que debe tenerse en cuenta para
calcular el IBL de la prestación es el último año de servicio, que por tratarse de un
docente oficial corresponde al período anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional y no el de la última anualidad de labores. Lo anterior, en consideración a
que por la naturaleza de su labor pueden percibir el salario y la pensión ordinaria
de jubilación, tal como lo autorizan los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992,
5 del Decreto 224 de 1992 y 70 del Decreto 2277 de 1979.
Así pues, dentro del proceso se demostró que el demandante adquirió el estatus
pensional el 7 de septiembre de 2013, data para la cual acreditó los 55 años de
edad, y superaba con suficiencia los 20 años de servicio, motivo por el cual le
asiste derecho al reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985.
En cuanto al ingreso base de liquidación, este comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
De acuerdo con la regla establecida respecto del ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, el Tribunal dispuso que para el cálculo del monto
pensional, la entidad demandada debía tener en cuenta en el IBL el 75% del
promedio de la asignación básica mensual y demás factores salariales
devengados y sobre los cuales el docente hubiere hecho aportes al sistema
durante el año anterior a la causación del derecho, orden que la Sala encuentra
ajustada al ordenamiento, bajo el entendido de que en la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019 se dejó claro que en la liquidación
17
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003 los factores que se deben tener en cuenta son
aquellos de los enlistados sobre los que se hubieran efectuado los
respectivos aportes; así como también aquellos conceptos sobre los cuales se
hubiese establecido el carácter de factor salarial computable para efectuar
aportes, tal como se explicó en el marco normativo de esta providencia
(concretamente respecto de la asignación adicional, bonificación mensual y la
bonificación pedagógica).20
Por lo expuesto, en atención al argumento esgrimido en el recurso de apelación de
que en las bases de liquidación de una eventual pensión no se pueden tomar en
cuenta los factores devengados sobre los cuales no se efectuaron aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, no encuentra asidero, pues
aunque no se tiene certeza en el plenario de cuales fueron los factores salariales
que percibió el actor el año anterior a la adquisición de su estatus pensional el
tribunal señaló con claridad cuáles de ellos harían parte del IBL, no de manera
general y abstracta como pretende hacerlo ver el recurrente.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la decisión de primera instancia deberá
confirmarse.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 22 de junio de 2023,
radicado 47001-23-33-000-2017-00331-01 (4056-2021) M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,21
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse
favorablemente, toda vez que el señor Asmir Ruíz Cuéllar en su calidad de
docente oficial, vinculado antes de la Ley 812 de 2003, tiene derecho a que el
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
19
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-22)
Demandante: Asmir Ruíz Cuéllar
Fomag le reconozca y pague la pensión de jubilación conforme a las previsiones
de la Ley 33 de 1985, tal como lo determinó el a quo; motivo por el cual es del
caso confirmar la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Asmir Ruíz Cuéllar en contra de la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), de conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa
de este proveído.
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
20
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