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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01089-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01089-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia del 4 de octubre de 2024 objeto de apelación que condenó en costas a la parte demandada, para en su lugar no imponer dicha condena. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 4 de octubre de 2024 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Juana María Alegría Sinisterra en contra de la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y del municipio de Tumaco (Nariño), por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 26 Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025) Demandante: Juana María Alegría Sinisterra Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 27

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2020-01089-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio1 y municipio de Tumaco

Temas: Pensión de vejez docente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 4 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Nariño mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Juana María Alegría Sinisterra en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2 previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 9748 del 6 de
julio y 9933 del 16 de septiembre de 2020, por medio de las cuales el Fomag, a

1 En lo siguiente Fomag.
2 Demanda fue presentada el 23 de octubre de 2020. Acta de reparto en el folio 35 de la demanda

en el link visible en el documento 4 del expediente digital de la primera instancia.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

través de la Secretaría de Educación de Tumaco, le negó el reconocimiento de una
pensión de vejez.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de una pensión de vejez en cuantía del 75% de todos
los factores salariales percibidos durante el último año de servicio; ii) el pago
retroactivo de las mesadas causadas, debidamente indexadas; y iii) los intereses
moratorios causados.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señaló los siguientes4:

3.1. Juana María Alegría Sinisterra nació el 8 de agosto de 1964, laboró en el
servicio público docente del municipio de Tumaco (Nariño) desde el 31 de agosto
de 1980 hasta el 28 de julio de 2020 y cumplió con la totalidad de los requisitos para
adquirir el derecho a una pensión de vejez el 8 de agosto de 2014.

3.2. El 17 de septiembre de 2019 solicitó ante el Fomag, por medio de la Secretaría
de Educación de Tumaco, el reconocimiento de una pensión de vejez de acuerdo
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.

3.3. La anterior solicitud fue negada por medio de la Resolución 9748 del 6 de julio
de 2020 y confirmada a través de la Resolución 9933 del 16 de septiembre de ese
año.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución
Política; las leyes 33 y 62 de 1985; 91 de 1989; 100 de 1993 y 812 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:

5.1. Los docentes vinculados a la docencia oficial con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, tendrían derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de
1985 y sus decretos reglamentarios, mientras que quienes lo hicieron con
posterioridad serían beneficiarios de los derechos pensionales dispuestos en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

4 Folios 11 al 15 de la demanda.
5 Folios 15 al 23 de la demanda.

2

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Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

5.2. Ingresó al servicio docente en el municipio de Tumaco a través de nombramiento
en provisionalidad que tuvo lugar en el año 1980, empleo que desempeñó por más
de 12 años. Entre 1996 y 2003 laboró en la modalidad de órdenes de prestación de
servicios (OPS) y a partir del 1 de enero de 2004 se vinculó a través de una relación
legal y reglamentaria que le daba derecho a que su pensión fuera reconocida bajo
las condiciones de la Ley 33 de 1985 al cumplimiento de 20 años de servicios y 55
años de edad, exigencias que acreditó en agosto de 2019, por lo que no había razón
para que se le negara su derecho pensional.

1.2. Contestación de la demanda

6. El municipio de Tumaco se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y propuso como único argumento la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en atención a que su labor es de mero intermediario, pues el Fomag era la
autoridad encargada de decidir sobre los derechos prestacionales reclamados por
los docentes afiliados6.

7. El Fomag, a pesar de haber sido debidamente notificado, guardó silencio 7.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia proferida el 4 de octubre de
2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte demandada. La orden fue la siguiente:

PRIMERO.- Declárase la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. 9748 del 6 de julio de 2020 y 9933 del 16 de septiembre de 2020, a
través de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que
deprecara la señora Juana María Alegría Sinisterra, de conformidad con el contenido
de la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- Ordénase al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión de jubilación a
la señora Juana María Alegría Sinisterra, efectiva a partir del 8 de agosto de 2019, en
cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de lo devengado
durante el año previo a la adquisición de su derecho, esto es, entre el 8 de agosto de
2018 y el 8 de agosto de 2019, tomando como único factor salarial para determinar el
ingreso base de liquidación, la asignación básica.

El Municipio de Tumaco deberá transferir al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, las sumas debidamente actualizadas, que
corresponden a los descuentos que se debieron efectuar a la demandante para aportar

6 Documento 16 del expediente digital.
7 Según constancia de notificación visible en el documento 7 del expediente digitalizado.

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Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

a pensión, correspondientes a los períodos contractuales a los que se hizo referencia en
la parte considerativa de este fallo.

Teniendo en cuenta que se trata de pagos de tracto sucesivo, los valores que se adeudan
se actualizarán mes por mes, aplicando la fórmula descrita en la parte motiva de la
providencia.

TERCERO.- Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- Condénase en costas a la parte demandada, a favor de la parte
demandante. Se liquidarán por la Secretaría de esta Corporación.

9. Como fundamento de su decisión, señaló lo siguiente:

9.1. En sentencia SUJ–014–CE–S2–2019 del 25 de abril de 2019, el Consejo de
Estado fijó como regla de unificación que la pensión de los docentes beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 812 de 2003 y, por consiguiente, del régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985, debía calcularse con base en los factores
taxativamente enlistados en las leyes 33 y 62 de 1985. Por su parte, en sentencia
del 13 de febrero de 20208 se indicó que los tiempos acreditados en la modalidad
de prestación de servicios debían ser computados tanto para el reconocimiento de
la mesada como para establecer la fecha de ingreso al servicio docente.

9.2. Juana María Alegría Sinisterra nació el 8 de agosto de 1964 y cumplió los 55
años de edad el 8 de agosto de 2019. Laboró como docente entre el 31 de octubre
de 1980 y el 31 de diciembre de 1992, nombrada a través del Decreto 96 del 31 de
octubre de 1980. Además, ejecutó 15 contratos de prestación de servicios
celebrados entre el 24 de septiembre de 1996 y el 21 de diciembre de 2003. Con
posterioridad se vinculó en provisionalidad desde el 1 de enero de 2004 hasta el 22
de mayo de 2016; en periodo de prueba del 7 de junio de 2016 al 15 de enero de
2017; y en propiedad desde el 16 de enero de 2017 hasta el 28 de julio de 2020.
Por lo anterior, se acreditó un total aproximado de 31 años de servicios.

9.3. Debido a que ingresó al servicio docente antes de la fecha de vigencia de la Ley
812 de 2003, era beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985,
por lo que debió concedérsele el derecho a la pensión de vejez y liquidarse de
acuerdo con el 75% del promedio de los salarios percibidos durante el año anterior
a la adquisición del derecho, esto es entre el 8 de agosto de 2018 y el 8 de agosto
de 2019, con una base de liquidación conformada únicamente por la asignación
básica.

8 Dictada dentro del proceso con radicado 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-15).

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Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

10. Impuso condena en costas a la parte demandada, en atención a los gastos en
que debió incurrir la demandante para adelantar el proceso judicial.

1.4. El recurso de apelación

11. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior con base en los siguientes
argumentos9:

11.1. Juana María Alegría Sinisterra fue nombrada el 31 de diciembre de 2003, es
decir con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de ese año,
por lo que es esa norma la que debe regir las condiciones de su reconocimiento
pensional y no la Ley 33 de 1985, como se ordenó en la sentencia apelada.

11.2. De acuerdo con el artículo 365 del Código General del Proceso, solo hay lugar
a imponer condena en costas cuando se pruebe su causación, circunstancia no
acreditada durante el trámite de la primera instancia, razón por la que debe
revocarse la condena impuesta por el a quo.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

12. El 28 de julio de 2025 se corrió traslado del certificado de afiliación al Fomag
emitido por esa entidad el 10 de diciembre de 2024, allegado con el recurso de
apelación y decretado como prueba de oficio a través de auto del 22 de mayo de
2025.

13. La parte demandante alegó de conclusión10 en el sentido de indicar que ingresó
al servicio público docente el 31 de agosto de 1980, razón por la que no se
encontraba cobijada por el régimen pensional de la Ley 812 de 2003, sino que se
estaba sujeta a la Ley 91 de 1989 que, a su vez, remite a la Ley 33 de 1985, de
modo que debería confirmarse la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1.6. El Ministerio Público

14. El agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad11.

9 Documento 30 del expediente digitalizado de la primera instancia.
10 Memorial visible en el documento 8 del expediente de segunda instancia en Samai.
11 Según consta en el paso a despacho en el documento 15 del expediente de segunda instancia en

Samai.

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Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

15. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscriben a
establecer ¿si Juana María Alegría Sinisterra era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 812 de 2003, de modo que tenía derecho al reconocimiento de
una pensión de vejez en los términos de las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985? Y ¿si
hay lugar a revocar la condena en costas impuesta al Fomag en primera instancia?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

16. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte13. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas14.

17. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio

12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
14 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001

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público y lograr su satisfacción15. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»16. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

18. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos17. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

19. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

20. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

15 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
16 Preámbulo y artículo 6.
17 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

21. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200318.

22. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

23. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
Nacionalizado nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes

18 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
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establecidos en el artículo 3 de
la Ley 43 de 1975).

Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag

24. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

25. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

26. La Ley 60 de 199319, derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001, asignó
la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados
con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal,
en conjunto con los departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación

19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

del personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag,
así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las
nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del indicado fondo.

27. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

28. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes

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nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

29. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

30. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

31. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»20 (se destaca).

32. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que

20 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.

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aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

33. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.

34. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes21 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

35. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

36. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no

21 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.

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hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»22 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

37. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador23. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

38. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

39. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de

22 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
23 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre

cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.

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estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

40. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación24.

41. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

42. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

43. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

44. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

24 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas

sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».

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45. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior25.

46. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

47. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .

48. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.

49. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta

25 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

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antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

50. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

51. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

52. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

53. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio

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1).

54. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200326, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

55. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201927, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».

26 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
27 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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56. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de

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capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]

57. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años28. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».

58. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección29, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

58.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad30
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios.

28 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,

radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
30 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).

19

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

58.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 31, al colmar el
número de semanas de cotización establecido en esta última norma y llegar a la
edad de 57 años de edad, sin importar el género32, por lo que su liquidación será
con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los últimos 10 años de labores33 y en atención a los factores enunciados en
el Decreto 1158 de 199434 y los demás factores salariales que señale expresamente
la norma, como por ejemplo, los señalados en los decretos 1566 de 2014 y 2354 de
201835.

59. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

60. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

61. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

61.1. Juana María Alegría Sinisterra nació el 8 de agosto de 196436.

61.2. Laboró como docente del municipio de Tumaco (Nariño), en los siguientes
periodos37:

31 Modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003
32 Pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y mujeres
33 Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
34 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
35 Corresponden a asignación adicional para directivos docentes, bonificación mensual para

docentes y directivos docentes y bonificación pedagógica.
36 Folio 24 del documento de la demanda en el índice 8 de Samai de la primera instancia.
37 Folios 25 al 37 del documento de la demanda

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

Tipo de Tiempos
Desde Hasta
vinculación Años Meses Días
Decreto 96 del
31 de octubre de 31 de octubre 31 de diciembre
12 2 0
de 1980 de 1992
198038
24 de
12 de diciembre
OPS septiembre de 0 2 18
de 1996
1996
13 de enero de 13 de abril de
OPS 0 3 0
1997 1997
14 de abril de 14 de julio de
OPS 0 3 0
1997 1997
1 de
12 de diciembre
OPS septiembre de 0 3 10
de 1997
1997
2 de febrero de 30 de abril de
OPS 0 2 28
1998 1998
4 de mayo de 26 de junio de
OPS 0 1 22
1998 1998
1 de
30 de noviembre
OPS septiembre de 0 2 29
de 1998
1998
16 de enero de 31 de marzo de
OPS 0 2 15
1999 1999
5 de abril de 30 de junio de
OPS 0 2 25
1999 1999
13 de abril del 12 de mayo del
OPS 0 1 0
2000 2000
13 de junio del 12 de julio del
OPS 0 1 0
2000 2000
13 de
12 de diciembre
OPS septiembre del 0 2 29
del 2000
2000
23 de
23 de diciembre
OPS noviembre de 0 1 0
de 2001
2001
1 de junio del 1 de agosto de
OPS 0 2 0
2002 2002
1 de
21 de diciembre
OPS septiembre de 0 3 20
de 2003
2003
Provisionalidad
Decreto 1235
1 de enero de 22 de mayo de
del 31 de 12 4 21
2004 2016
diciembre de
2003
Periodo de
prueba Decreto 7 de junio de 15 de enero de
0 7 8
0310 del 7 de 2016 2017
junio de 2016
Propiedad
Decreto 0042 16 de enero de 28 de julio de
3 6 12
del 16 de enero 2017 2020
de 2017
Total 27 49 237
Tiempo consolidado 31 8 27

38 El certificado no indicó el tipo de vinculación.

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

61.3. El 17 de septiembre de 2019 presentó petición ante la Secretaría de Educación
de Tumaco con el fin de que se le reconociera una pensión de vejez bajo las
condiciones de las leyes 91 de 1989 y 33 de 198539.

61.4. La anterior solicitud fue negada por medio de la Resolución 9748 del 6 de julio
de 2020, en la que se indicó que no había lugar a acceder a lo pedido porque el
régimen aplicable a los docentes vinculados con posterioridad al 26 de junio de 2003
es el previsto en la Ley 812 de 200340.

61.5. Interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión que fue desatado
negativamente por medio de la Resolución 9933 del 16 de septiembre de 2020 con
iguales fundamentos a los expuestos allí.

2.4. Análisis sustancial

62. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, pues declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó al Fomag reconocerle a Juana María Alegría Sinisterra una pensión de vejez
en aplicación de las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio
de los salarios percibidos entre el 8 de agosto de 2018 y el 8 de agosto de 2019,
con un IBL conformado únicamente por la asignación básica.

63. El Fomag apeló la anterior decisión y argumentó que el ingreso al servicio
docente de la demandante ocurrió el 1 de enero de 2004, fecha en la que se afilió
al fondo, razón por la que no era posible reconocer la pensión de vejez en los
términos concedidos por el a quo. Además, solicitó que se revocara la condena en
costas por no haberse probado su causación.

64. De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso Juana María Alegría
Sinisterra nació el 8 de agosto de 1964 y laboró como docente oficial del municipio
de Tumaco. La primera vinculación laboral tuvo lugar en el año 1980 y para el 17 de
septiembre de 2019, fecha de la reclamación administrativa, contaba con alrededor
de 30 años y 10 meses de servicio, además cumplió con los requisitos enunciados
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por cuanto estuvo vinculada al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de
manera que tal y como lo dispuso el a quo era beneficiaria del régimen de transición
fijado en ese aparte normativo.

39 Según se extrae de la Resolución 9748 de 2020, en los folios 16 al 18 del documento de la

demanda.
40 Folios 16 al 18 del documento de la demanda.

22

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

65. Al respecto, es necesario precisar que antes de la entrada en vigencia de la ley
812 de 2003 la demandante ya acreditaba 12 años y 2 meses de servicios con
ocasión de la primera vinculación laboral en calidad de docente provisional.
Adicionalmente, los periodos en los que laboró en la modalidad de prestación de
servicios entre el 24 de septiembre de 1996 y el 21 de diciembre de 2003, también
son computables para acreditar el requisito previsto en el artículo 81 ibidem, por
cuanto el beneficio del régimen de transición de esa norma no establece alguna
condición adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo
oficial41.

66. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»42.

67. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

68. De esta manera, aun cuando por alrededor de 6 años aproximadamente, la
demandante estuviera vinculada a través de una relación contractual, esa situación
desconocía las disposiciones del legislador y desatendían las interpretaciones
judiciales según las cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los
contratistas no tenía justificación constitucional en la medida en que realizaban igual
actividad y, en contraste vulneraba los derechos laborales irrenunciables de
aquellos a quienes tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares,
esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.

69. Asílas cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la

41 En ese sentido pueden consultarse las sentencias proferidas por la esta Sección el 19 de enero

de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015); el 28 de septiembre de 2023
radicado 18001-23-33-000-2015-00172-01 (5817-2022); y el 16 de abril de 2026 radicado 15001-23-
33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
42 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

23

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

realidad laboral de los docentes; así, tal como concluyó el a quo, constituye un deber
de la entidad acudir a los mecanismos legales que considere necesarios para
recaudar las sumas de dinero derivadas de los aportes a pensión faltantes por los
periodos laborados por la demandante en la modalidad de prestación de servicios,
pues así se desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y
57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
3752 de 2003; cuyo trámite no puede afectar el reconocimiento prestacional, de
conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

70. La Sala advierte que la demandante acreditaba el presupuesto exigido para ser
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, pues su vinculación al
servicio educativo oficial inició mediante el nombramiento efectuado a través del
Decreto 96 del 31 de octubre de 1980 y se extendió hasta el 31 de diciembre de
1992, periodo durante el cual acumuló 12 años y 2 meses de servicios, más de 6
años acreditados en prestación de servicios.

71. Así, no es cierto, como afirmó el Fomag, que el ingreso al servicio docente oficial
hubiese ocurrido el 1 de enero de 2004, pues el material probatorio da cuenta de
que la demandante inició su actividad en la docencia oficial desde el año 1980 y
continuó prestando sus servicios en distintos periodos y modalidades de
vinculación.

72. Por tal motivo, la demandante era beneficiaria del régimen pensional previsto en
las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985 y, en consecuencia, una vez acreditó el
cumplimiento de los 20 años de servicios y los 55 años de edad, adquirió el estatus
pensional, circunstancia que ocurrió el 8 de agosto de 2019.

73. En consecuencia, el reconocimiento debió corresponder a la cuantía equivalente
al 75% del ingreso base de liquidación, determinado conforme con el promedio de
lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus,
con inclusión de aquellos factores salariales sobre los cuales se hubieren realizado
los aportes respectivos, de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado43 sobre la materia. Bajo tales consideraciones,
se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

74. En este punto la Sala estima necesario precisar que al revisar el material
probatorio aportado se advirtió que durante el año previo al cumplimiento de todos
los requisitos legales para adquirir el derecho a la pensión, Juana María Alegría

43 Sentencia del 13 de febrero de 2020 dentro del proceso con radicado 54001-23-33-000-2014-

00106-01 (0156-15).

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

Sinisterra percibió los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación
pedagógica, bonificación de zona de difícil acceso, prima de servicios, bonificación
mensual docente y las primas de vacaciones y navidad, de los cuales la asignación
básica, la bonificación pedagógica y la bonificación mensual docente pueden
integrar el ingreso base de liquidación.

75. A pesar de lo anterior, en la sentencia de primera instancia solo se ordenó el
cálculo de la pensión a partir de la asignación básica, circunstancia que no fue objeto
de apelación por parte de la demandante. En tal sentido, no hay lugar a emitir
pronunciamiento alguno en torno a dicha circunstancia, en atención a que la
demandada funge como apelante único y el análisis en esta instancia debe sujetarse
al principio de non reformatio in pejus.

76. En relación con la solicitud de revocatoria de las costas impuestas se harán las
siguientes consideraciones:

2.5. Costas

77. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

78. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

79. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.44

44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

80. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

81. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal de la primera ni de la segunda instancia, la Sala revocará la
condena impuesta en ese sentido en el fallo apelado y se abstendrá de imponerlas
en esta instancia.

3. Conclusión

82. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Juana María Alegría
Sinisterra era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, de modo
que tenía derecho a que su pensión de vejez fuera concedida en los términos de la
Ley 91 de 1989 que remite a su vez a la Ley 33 de 1985. Finalmente, se revocará
la condena en costas impuestas en la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia del 4 de
octubre de 2024 objeto de apelación que condenó en costas a la parte demandada,
para en su lugar no imponer dicha condena.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 4 de octubre de 2024 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Juana María Alegría Sinisterra en
contra de la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y del municipio de Tumaco (Nariño), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

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Radicado: 52001-23-33-000-2020-01089-01 (0075-2025)
Demandante: Juana María Alegría Sinisterra

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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