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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01396-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01396-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01396-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01396-01 (6472-2019)
Demandante: Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto
popular. Nulidad del acto administrativo. Violación al debido
proceso y falsa motivación. CONFIRMA DECISIÓN. Sentencia
de segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta
Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la
Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001-
03-15-000-2024-04153-00 y acumulados1, procede la Sala a dictar sentencia de
reemplazo.

ANTECEDENTES

El señor Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación y el Departamento de Santander, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 13 de abril de 2015 por la Procuraduría Provincial de
Yarumal y el 11 de diciembre del mismo año por Procuraduría Regional de
Antioquia, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general
por el término de diez (10) años.

Que, como consecuencia, se ordene retirar del registro de antecedentes
disciplinarios la anotación realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria.

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que se posesionó como alcalde el municipio de San Andrés de Cuerquia el 1 de
enero de 2012.

Que el 29 de enero de 2013 se recibió una queja anónima en la Procuraduría
Provincial de Yarumal, que dio lugar a la apertura de una indagación preliminar y
posterior investigación disciplinaria.

Que el 12 de agosto de 2014 se formuló pliego de cargos, reprochándole,
presuntamente, haber inobservado el principio de transparencia en la selección del
contratista y celebración del contrato interadministrativo 001 de 2012 con la
Asociación de Municipios del Norte Antioqueño – AMUNORTE, pues con ello, abusó
del poder que le fue conferido como ordenador del gasto de San Andrés de
Cuerquia, en la medida en que contrató con una entidad que no tenía la experiencia
para desarrollar el objeto contractual, lo que se vio reflejado en que AMUNORTE
debió, posteriormente, celebrar un contrato de administración delegada con un
particular para la ejecución del convenio.

Que, agotado el periodo probatorio y recibidas sus intervenciones (descargos y
alegatos de conclusión), fue sancionado en primera instancia con destitución e
inhabilidad general por el término de 11 años, lapso que fue modificado al resolver
la segunda instancia disciplinaria, fijándose en 10 años.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN2

Constitución Política: artículos 2, 6, 25 y 29; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 6, 7, 9,
12, 17, 92, 128, 130, 142, 143, 163, 169 y 171; Ley 1437 de 2011: artículos 137 y
138.

Que los actos sancionatorios incurrieron en nulidad por desconocimiento de los
derechos de audiencia y de defensa y al debido proceso, porque la autoridad
disciplinaria actuó en contravía de la presunción de inocencia, pues desde la
apertura de la investigación disciplinaria prejuzgó e imputó responsabilidad.

Que la segunda instancia disciplinaria incluyó argumentos que no fueron esgrimidos
por la primera y que, de esta forma, se limitó el derecho de contradicción y que,
además, no se pronunció en relación con los elementos del recurso de apelación
referidos a la errónea calificación de la forma de culpabilidad como dolosa.

Que en las decisiones demandas se valoró como prueba su versión libre,
contrariando los artículos 92 y 130 de la Ley 734 de 2002, lo que se puede
evidenciar tanto en el decreto de pruebas como en su análisis.

Que no se encontró probada la forma de culpabilidad dolosa, porque no hay en los
actos sancionatorios ningún elemento que dé cuenta de la expresión de su voluntad

2 Según el escrito de la demanda (véanse folios 1075 a 1100 del cuaderno 3) y de la subsanación (véanse folios

1108 a 1116 del cuaderno 3).

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ni del su conocimiento de la ilicitud sustancial de la conducta que se le atribuyó,
asunto que fue objeto de apelación y sobre el cual la autoridad en segunda instancia
nada dijo, sin olvidar que la decisión que resolvió la apelación se expidió por fuera
del término previsto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

Que los actos demandados incurrieron en falsa motivación, porque se afirmó al
resolver la segunda instancia que el apelante nada había dicho en relación con la
calificación de la forma de culpabilidad y que ello no corresponde a la realidad del
recurso.

Que también se desconoció el derecho de defensa porque existían causales para
declarar la nulidad de lo actuado y no se hizo y porque al formular el cargo
disciplinario por el cual fue sancionado se incluyó el razonamiento contenido en la
decisión de apertura de investigación disciplinaria.

Que la autoridad disciplinaria actuó con falta de competencia, pues, como se indicó,
la decisión de segunda instancia se expidió 5 meses y 9 días después de recibido
el recurso de apelación, lo que implica que tal acto administrativo fue extemporáneo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Por auto del 20 de enero de 20173 fue admitida la demanda y notificada a la entidad
demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que
las decisiones disciplinarias se ajustaron a derecho y que por ello su presunción de
legalidad debía permanecer incólume.

Que no es cierta la existencia de un prejuzgamiento en la expedición de los
diferentes actos procesales, pues en todos se partió de la presunta responsabilidad
del demandante, lo que implica la no prosperidad de la causal de nulidad
relacionada con la violación de los derechos de audiencia y de defensa.

Que tampoco corresponde a la realidad que el cargo por el cual fue sancionado no
contara con el respaldo probatorio necesario, pues en el expediente disciplinario se
encontró acreditada la celebración del convenio interadministrativo nro. 001-2012,
bajo la modalidad de contratación directa, entre el municipio de San Andrés de
Cuerquia y la Asociación de Municipios del Norte (AMUNORTE) y que tanto este
como los anexos que lo acompañan permiten concluir que el razonamiento de la
autoridad disciplinaria no se basó en supuestos.

Que su versión libre no fue catalogada como prueba, ni en su decreto (pues se le
denominó «diligencia») ni en su análisis y menos se convirtió en un interrogatorio,
porque ello mal podría deducirse de haber indicado que no se le interrogaría sobre
sus condiciones civiles.

Que sí se encontró acreditada la forma de culpabilidad imputada, pues de los tres
cargos formulados solo uno prosperó parcialmente: el segundo, en su literal b), y en
los actos demandados se examinó la forma dolosa del comportamiento, para
concluir que fue el demandante, en su condición de alcalde de San Andrés de

3 Véase folio 1117 del cuaderno 3.

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Cuerquia, quien sin la intervención de ningún otro funcionario, escogió a quien no
tenía idoneidad ni experiencia para desarrollar el objeto del convenio
interadministrativo 001-2012.

Que si bien el apelante en su recurso manifestó que «(…) causa extrañeza y
preocupación a la defensa, como un organismo de control (…), por un lado
concluya, que mi poderdante (…), estaba en el deber legal de conocer la legislación
que resulta el ejercicio del cargo y en consecuencia su actuación es catalogada
como dolosa; pues considera el a quo, que no solo conocía la norma presuntamente
quebrantada, sino que quiso su transgresión (…)», no expresó argumentos para
sustentar que la forma de culpabilidad debiera ser otra y, por eso, en la decisión de
segunda instancia se concluyó que este elemento de la responsabilidad no se había
atacado, recordando que quien interpone el recurso debe manifestar las razones
que lo sustentan.

Que lo anterior permite desvirtuar el cargo de nulidad por falsa motivación, en la
medida en que, más allá de una manifestación de inconformidad con la calificación
dolosa del comportamiento, no se advirtió argumento alguno para que la
Procuraduría Regional de Antioquia realizara una valoración diferente.

Que en efecto la decisión de segunda instancia se expidió luego de transcurridos
los 45 días dispuestos por el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, pero que ello no
significa que la autoridad actuó con falta de competencia, porque la jurisprudencia
ha señalado que el incumplimiento de términos procesales no afecta la facultad
sancionadora ni vicia de nulidad el procedimiento4.

Se celebró audiencia inicial el 16 de mayo de 20185, en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el periodo probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el término oportuno por el
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 24 de julio de 2019,
negó las pretensiones, indicando que, de la lectura de las consideraciones de la
demandada, contenidas en el auto de apertura de indagación preliminar, de
investigación disciplinaria y en la formulación de cargos, se desprende que siempre
se presumió inocente al disciplinado, en la medida en que la autoridad disciplinaria
en su motivación aludió a presuntas irregularidades.

Que, precisamente, cuando se usa el adjetivo «presunto» es porque se considera
que no se tiene la seguridad de que sea responsable, es decir, no se tiene certeza
de que la conducta o las irregularidades sean reales, toda vez que el disciplinado
dentro del término que cuenta para presentar sus descargos puede desvirtuar la
presunción de irregularidad de los cargos por los cuales se le abrió la investigación
disciplinaria.

Que en las decisiones de primera y segunda instancia no se hizo uso de la palabra

4 Véanse folios 1129 a 1141 y 1147 a 1159 del cuaderno 3.
5 Véanse folios 1162 a 1166 del cuaderno 3.

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presunción, sino que se hizo referencia a «haber participado y haber inobservado»,
por cuanto dentro del proceso disciplinario no se lograron desvirtuar los cargos del
pliego y, por ende, no se vulneró el principio de presunción de inocencia.

Que, al realizar un análisis de las decisiones proferidas por la demandada, no se
pudo evidenciar que la versión libre haya sido el soporte para tomar alguna decisión
y que haberla incluido en la relación de pruebas no implica que se hubiese valorado
de manera indebida, sumado a que en la demanda no se explica en qué sentido se
le dio el tratamiento probatorio.

Que, en relación con la forma de culpabilidad, en el recurso de apelación
efectivamente no se incluyó ningún argumento en relación con el cargo que fue
objeto de la sanción definitiva, pues las manifestaciones referidas a este punto se
relacionaron con la conducta imputada en el tercer cargo, mismo que fue
desestimado en la decisión de segunda instancia.

Que tampoco prosperaba el cargo de nulidad por falta de competencia, pues el
incumplimiento del término previsto por el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, a lo
sumo podría acarrear sanciones para el funcionario encargado de resolver la
segunda instancia, pero no se convierte en una causal de nulidad del acto.

Que, en relación con las consideraciones para declarar probado el cargo segundo
en su literal b), el operador disciplinario se refirió al abuso del poder, pues se
encontró acreditado que AMUNORTE no tenía la experiencia para ejecutar el objeto
del convenio, tanto así que debió tercerizarlo con un particular en la modalidad de
administración delegada, alejándose el demandante de los fines del Estado y de la
actividad contractual.

Que en la decisión de primera instancia quedó claro el conocimiento que el
demandante tenía de los contratos de consultoría, al cual pertenecía el objeto del
convenio 001-2012, mientras que en la segunda instancia se agregó que, autorizar
la subcontratación del total de las obligaciones contractuales resultaba en una
afrenta al principio de transparencia y un abuso del poder, pues empleó la atribución
que tenía como alcalde para obtener un fin distinto al querido por la ley, lo que en el
caso concreto ocurrió al desatender el deber de selección objetiva.

Por último, condenó en costas a la parte demandante6.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación7, expresando que la sentencia
enfocó el análisis de la motivación del acto sancionatorio en la existencia de la falta
disciplinaria en un claro ejemplo de responsabilidad objetiva, sin analizar la
responsabilidad subjetiva del disciplinado, pues en materia disciplinaria no basta
con que el disciplinado adecúe su actuar a una conducta típica consagrada en la
Ley 734 del 2002, sino que además se requiere que ese actuar sea realizado
violando los principios de ilicitud sustancial y culpabilidad.

6 Véanse folios 1222 a 1233 del cuaderno 3.
7 Véanse folios 1237 a 1243 del cuaderno 3.

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Que existen normas que sustentan con suficiencia la celebración de contratos
interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa entre un municipio y
una asociación de municipios. Que, para el caso concreto, bastaría con verificar las
calidades de idoneidad, experiencia, capacidad y relación directa del objeto de la
asociación de municipios frente al objeto contractual que se pretende realizar, y que
dichas condiciones las cumplía con suficiencia la Asociación de Municipios del Norte
Antioqueño – AMUNORTE.

Que el hecho de que esta entidad haya subcontratado no significa que carezca de
la idoneidad y capacidad para celebrar el contrato objeto de investigación
disciplinaria.

Que se adhiere a los argumentos esbozados en el salvamento de voto de la
magistrada Yolanda Obando Montes8 cuyas consideraciones hace propias para la
sustentación del recurso.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de marzo de 20209 fue admitido el recurso de apelación y el 16 de octubre del
mismo año se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto10.

El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

La demandada11 reiteró lo señalado en primera instancia, en el sentido de que no
existió ninguna irregularidad en el trámite disciplinario. Que en el pliego de cargos
no existió prejuzgamiento ya que se cumplieron los requisitos de la Ley 734 de 2002
y se utilizaron verbos y expresiones que daban cuenta de lo preliminar de la etapa
y se estudiaron los argumentos expuestos en primera y segunda instancia por el
disciplinado.

Que no existió vulneración del derecho al debido proceso ya que el actor participó
activamente en la actuación y se probó con suficiencia por los operadores
disciplinarios la comisión de un ilícito.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 8 de febrero de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia12, revocando la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declarando la
nulidad de los actos demandados, al considerar que la Procuraduría General de la
Nación carecía de competencia para sancionar disciplinariamente al demandante.

8 El salvamento de voto de la magistrada Yolanda Obando Montes reposa en el folio 1234 del cuaderno 3.
9 Véase folio 21 del cuaderno 4.
10 Véase índice 00024 de SAMAI.
11 Véase índice 00026 de SAMAI.
12 Véase índice 00052 de SAMAI.

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En contra de esta decisión la Procuraduría General de la Nación interpuso una
acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación, ordenando que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su
competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en
consideración a lo aquí decidido»13. Esto, luego de considerar que las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los
actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante
los cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad o de suspensión a
funcionarios elegidos por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis
consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional,
que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro
Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos
los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la
sentencia de tutela14; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la
aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de
jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció
a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado
Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la
jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la
importancia de proteger el principio democrático, pues resulta claro que la
imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos
popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de
decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del
ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar
sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia se referirá a la
competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se
configura la nulidad de los actos demandados y, posteriormente, abordará la
violación del debido proceso y la falsa motivación, luego de lo cual analizará el caso
concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus
consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué
manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24

de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.
14 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas
de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la
Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos
políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio
aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció
el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).

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de tutela del 24 de febrero de 202515:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas
convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de
la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación
no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de
quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la
autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en
el artículo 23.2 de la CADH16.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la
parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis
adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de
elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo
23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los
artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que
la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar
a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o
definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución
Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores
internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno
de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado
la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas
sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que
dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la
comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias
temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos
públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto
de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU-712 de 2013, en la que estudió,
vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En
esa oportunidad, señaló (se trascribe):

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los
instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte
concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador General

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
16 «Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.».

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-01396-01 (6472-2019)

de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(…)
En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa constitucional
en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y prerrogativas parlamentarias),
de los preceptos legales que regulan la materia, así como de los precedentes
decantados por esta Corporación, demuestra que el Procurador General de la Nación
sí es competente para investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las
sanciones a que haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos
propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole.

Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio Público
en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de una autoridad judicial,
en tanto son actos administrativos susceptibles de ser sometidos a control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para adelantar esta clase de juicios disciplinarios, concretamente, la
suspensión provisional de servidores públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley
734 de 2002) y sostuvo (se trascribe):

“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del
proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la
Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma
parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder
público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En
tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la
Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado,
de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al
momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo
23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de control judicial, por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a un
servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador
disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos,
conforme al antedicho precedente, debe concluirse que la norma demandada es
compatible con las normas previstas en el artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de
la Constitución.”

61. Mediante Sentencia C-111 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo
45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la expresión “elección”, cuando se hace
referencia a la terminación de la relación del servidor público sin importar la naturaleza de
esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al
respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo
93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el
artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a)
la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales ; (ii) la
restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a
un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso;
(iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es
una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones
asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son
judicialmente controlables de una manera efectiva. Por lo tanto (iv) no se justifica que
la Corte Constitucional cambie su precedente.
(…)
27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad
distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido
proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus
ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que
limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que
dicha autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales
establecidas en su artículo 8.

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28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los demandantes
según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las garantías mínimas de los
derechos políticos. Los Estados tienen un margen de apreciación en virtud del cual
pueden atribuir a los organismos de control del Estado competencias disciplinarias que
puedan conducir a la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad general de
los servidores públicos. Por ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a
cualquier autoridad siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos
29 de la Constitución y 8 de la CADH. Así, se concluye que el límite que encuentra el
margen de apreciación son los derechos al debido proceso de los servidores públicos
de elección popular. De allí que, no obstante no ser un “juez penal”, la PGN debe
respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución y 8 de la CADH.
En consecuencia, puede válidamente limitar los derechos políticos de los funcionarios
públicos de elección popular.

29. La PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos. En el caso sub examine, la
disposición acusada se encuentra dentro de los límites del margen de apreciación del
Estado colombiano porque garantiza los derechos establecidos en el artículo 29 de la
Constitución y el 8 de la CADH. Esto es así por tres razones: (i) la PGN es una autoridad
independiente e imparcial, (ii) el proceso de imposición de sanciones a funcionarios de
elección popular asegura las garantías judiciales previstas por la Constitución y la
CADH, (iii) sus actos pueden ser controlados judicialmente de una manera efectiva.”

62. Finalmente, en la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la
exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la
aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos
118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de
forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio
de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de
lo contencioso administrativo.

63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la
Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular,
respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema
tenia a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas y, en consecuencia, incurrieron
en los defectos invocados.

64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencias SU-381 de 2024, resolvió
un pleito con identidad fáctica y jurídica al del asunto de la referencia. En dicha providencia,
la Corte advirtió la configuración de los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y sustantivo, por las siguientes razones (se trascribe):

“184. En conclusión, las condiciones normativas y jurisprudenciales del año 2012 en las
que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia, aunado a que la
interpretación realizada por el Consejo de Estado a partir del trasplante de una regla de
decisión de la sentencia López Mendoza vs. Venezuela 17 desconoció principios
constitucionales, conducen a afirmar que se configuró una violación directa de la
Constitución. Lo que correspondía en este caso a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado era pronunciarse sobre la legalidad de la sanción, a
partir de los cargos invocados por el señor Merlano Morales, sin reprochar un asunto
de competencia que, se insiste, estaba claro en el año 2012 respecto a su titularidad en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y sigue claro bajo el estándar
constitucional vigente, sin perjuicio, por supuesto, del exhorto realizado al legislador.
(…)
200. Por lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que para el
momento en el que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia

17 Se tiene en cuenta que esta fue la providencia de la Corte IDH que estimó el Consejo de Estado estaba

«vigente» al año 2012 y, por lo tanto, era aplicable en este caso.

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disciplinaria –año 2012–, el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 18 había sido objeto de
decisión de exequibilidad por este Tribunal a través de la Sentencia C-028 de 2006 al
amparo del artículo 23.2 de la CADH, en aplicación de la cláusula de remisión prevista
en el artículo 93.1 de la Constitución. Adicionalmente, la Subsección B mencionada
pasó por alto que, al momento de emitir su decisión, también existía la Sentencia C-500
de 2014 que había reafirmado esa constitucionalidad, pese a la expedición de la
Sentencia de la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela. En la medida en
que estas sentencias determinaron la exequibilidad del artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002, hacer caso omiso a su vinculatoriedad, implica la configuración del defecto
sustantivo examinado.”

65. Asimismo, en Sentencia SU-382 de 2024, la Corte señaló (se trascribe):

“(…) Sin embargo, dentro del marco normativo que evaluó, la subsección accionada
pasó por alto el precedente constitucional que había avalado la facultad de la PGN de
expedir tales decisiones.

83. La sentencia objeto de la acción de tutela, igualmente, desconoció el precedente
constitucional sobre el valor de las normas convencionales y de la jurisprudencia de la
Corte IDH en el ordenamiento interno colombiano. Estas, como lo ha insistido la Corte
Constitucional, no deben aplicarse en forma aislada y en perjuicio de las normas
constitucionales, sino que su aplicación debe ser sistemática y armónica. En el caso
concreto, con ocasión de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, el Estado
colombiano inició un proceso de armonización normativa que, en todo caso, no podía
ser “automático”. Ese proceso se empezó a realizar a partir de las sentencias C- 146 de
2021 y C-030 de 2023, así como de la Ley 2094 de 2021, pero sus consecuencias no
podían aplicarse a decisiones administrativas anteriores, cuando el ordenamiento
jurídico nacional reconocía la competencia de la PGN en casos como el que es objeto
de estudio.

84. Finalmente, la sentencia tampoco consideró que, al estudiar la legalidad de actos
administrativos, debían privilegiarse las circunstancias de hecho y de derecho vigentes
al momento en que fueron proferidos, en línea con la jurisprudencia del propio Consejo
de Estado. La postura de la subsección accionada ponía a la PGN en una situación
imposible: desconocer el precedente vigente de la Corte Constitucional y comprometer
la validez de sus actuaciones por cuenta de la “aplicación” de un precedente
interamericano que todavía no había sido adoptado. En efecto, la vinculatoriedad del
precedente está relacionada con la protección de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, confianza legítima y coherencia del orden jurídico. Su aplicación rigurosa
permite orientar el comportamiento de las personas e instituciones hacia las normas y
principios constitucionales.
(…)
92. Es cierto que, al declarar la nulidad de los actos de destitución e inhabilidad por falta
de competencia, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado no dio el
alcance a los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución como habían sido entendidos
por la jurisprudencia constitucional en su momento. Además, con el argumento de
aplicar un control de convencionalidad difuso, el Consejo de Estado desconoció que las
normas de la CADH no tienen un carácter superior a las de la Constitución Política, por
lo que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el
contrario, es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica. En esta
labor, no se puede desconocer la interpretación autorizada por parte de la Corte
Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se produce en este
caso por no aplicar las normas superiores que otorgaban una competencia que había
sido reconocida pacíficamente por esta Corporación. La configuración de este defecto
trae por consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso de la PGN, pues
dicha garantía fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de
acatar, en todo momento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le
correspondió conocer, los postulados del texto superior.”

66. En aquellos pronunciamientos, la Corte revocó las decisiones de instancia que negaron
y declararon improcedentes las solicitudes de amparo y, en su lugar, amparó el derecho al
debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, pues estimó que las providencias
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho no superaron el juicio de validez
constitucional de tutela.

18 La Sentencia SU-355 de 2015, reconoció que sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar

servidores públicos de elección popular recaía el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ver la reseña
realizada en el apartado 5.3. de esta providencia.

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67. Finalmente, no puede pasarse por alto que la postura adoptada por esta Sala se alinea
con las consideraciones del Auto de 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-0019, según las cuales (se trascribe):

“Por lo tanto, en el presente caso, el juicio efectuado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-030 de 2023, en cuanto declaró ajustado a la Constitución las expresiones
contenidas en el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que modificó el art. 2º de la Ley
1952 de 2019, y el artículo 54 de la Ley 2094, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, dado que en el fallo no se hicieron salvedades, limitaciones ni distinciones
sobre el juicio desarrollado. Así entonces. en relación con las prescripciones anteriores,
no es dable discutir su compatibilidad con la Carta ni con las disposiciones de la CADH
ni los fallos de la Corte IDH”20, pues, este asunto fue resuelto por el juez que tiene la
atribución constitucional de velar por la integridad y supremacía de la Constitución
Política.”».

Por ello, como se concluyó en la providencia de la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación, no hay lugar a declarar la nulidad por falta de competencia de
la autoridad disciplinaria.

Causales de nulidad del acto administrativo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13721 y 13822 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

Interesan, para resolver el caso concreto, el desconocimiento del debido proceso y
la falsa motivación, reproches a los que se refirió el demandante al apelar la
sentencia del 24 de julio de 2019, considerando que la autoridad disciplinaria imputó
responsabilidad objetiva sin analizar en debida forma la culpabilidad y –en virtud del
salvamento de voto al cual se adhirió el recurrente– modificó sustancialmente el
cargo formulado; además, no se tuvo en cuenta por el operador disciplinario que
AMUNORTE sí tenía la capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato objeto de la
investigación disciplinaria.

• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

19 No puede pasarse por alto que los consejeros de Estado William Barrera Muñoz y Alberto Montaña Plata

aclararon su voto frente a dicha providencia de unificación.
20 Sentencia C-310 de 2002 y Sentencia C-098 de 2007.
21 Del medio de control de nulidad.
22 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas23.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201824 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del

23 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
24 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’25»26.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa27.

En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»28.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente29.

Caso concreto

Del análisis del expediente disciplinario, la Sala destaca (se referirán los hitos
relacionados con el cargo objeto de sanción):

• Que el 15 de enero de 2013 se radicó una queja anónima ante la Procuraduría
Provincial de Yarumal (Antioquia), en la cual se relataba, entre otras cosas,
presuntas irregularidades en la celebración del contrato para la actualización
catastral urbana y rural del municipio de San Andrés de Cuerquia30.

• Que, con fundamento en lo anterior, el 20 de febrero de 2013 se inició una
indagación preliminar en contra del señor Oscar Sepúlveda Londoño, en su
condición de alcalde de San Andrés de Cuerquia para el periodo 2012-2015, en

25 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
27 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
28 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
29 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
30 Véanse folios 1-2 del cuaderno 1.

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el marco de la cual se ordenó oficiar al municipio para que aportara la
información relacionada con el contrato suscrito para la realización de la
actualización catastral urbana y rural31.

• Que por auto del 16 de agosto de 2013 se ordenó la apertura de una
investigación disciplinaria, pues de manera preliminar se advirtieron posibles
irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo 001-2012 entre
el municipio de San Andrés de Cuerquia y AMUNORTE32.

• Que el 12 de agosto de 2014 se formuló al señor Oscar de Jesús Sepúlveda
Londoño el siguiente cargo:

«(…) presuntamente inobservó el principio de transparencia, en la selección del
contratista y la celebración del convenio interadministrativo 001 de 2012,
suscrito entre el Municipio (sic) de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, con la
Asociación de Municipios del Norte Antioqueño – AMUNORTE, a través del cual
ésta se obligó para con el Municipio (sic) a la “realización de la actualización de
la formación catastral de la zona urbana y rural del municipio de San Andrés de
Cuerquia, en los términos de la Ley 14 de 1983, su Decreto Reglamentario 3496
de 1983, parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley 223 de 1995 y Resolución 70
de2011 del I.G.A.C. y sus modificaciones expedidas por la Dirección General
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas técnicas y
procedimientos vigentes”, porque abusó del poder que le fue conferido como
ordenador del gasto y director de la actividad contractual, ya que escogió y
contrató con alguien que no tenía idoneidad y experiencia para desarrollar el
objeto contractual, porque:
(…)
b) AMUNORTE no tenía la experiencia para ejecutar el contrato y debió
tercerizar con particulares la ejecución del objeto contractual, lo cual se
materializó al suscribir con el señor ANDRÉS FELIPE PALACIO MONTOYA
contrato para la administración delegada para la ejecución del convenio
interadministrativo Nro. 001-2012 suscrito ente el Municipio de San Andrés de
Cuerquia y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño -AMUNORTE».

La autoridad disciplinaria determinó que se trataba de una falta gravísima, con
fundamento en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y que la conducta
se había ejecutado a título de dolo33.

• Que, practicadas las pruebas ordenadas y recibidas las intervenciones del
investigado, el 13 de abril de 2015 se declararon probados los cargos primero34,
segundo literal b) y tercero35 y se impuso la sanción consistente en destitución e
inhabilidad general por el término de once (11) años.

Se ratificó la forma de culpabilidad analizada al formular el pliego de cargos,
considerando que el dolo se encontraba acreditado teniendo en cuenta que fue
el disciplinado, en su condición de alcalde municipal, quien seleccionó y contrató
a quien no poseía la experiencia para ejecutar el objeto del convenio 001-2012,
destacando que su comportamiento fue consciente y voluntario, pues,

31 Véanse folios 4-5 del cuaderno 1 y 4-5 del anexo 1.
32 Véanse folios 587 a 595 del cuaderno 1 587 a 595 del anexo 3.
33Véanse folios 843 a 864 del cuaderno 2 y 843 a 864 del anexo 5. El segundo cargo formulado, en los folios

854 (reverso) a 859 (reverso) de ambos tomos.
34 Por haber celebrado el contrato de consultoría bajo la modalidad de contratación directa debiendo haber

adelantado un concurso de méritos.
35 Por entregar un anticipo en el convenio 001-2012 sin solicitar la constitución de una cuenta separada para el

manejo de estos recursos, desconociendo lo exigido por el artículo 8.1.18 del Decreto 734 de 2012.

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conociendo su ilicitud, pudo haberlo ajustado a derecho, no obstante, dirigió sus
acciones a la trasgresión de la normativa contractual y disciplinaria36.

• Que, presentado el recurso de apelación, el 11 de diciembre de 2015 se confirmó
la decisión de declararlo disciplinariamente responsable únicamente en relación
con el cargo segundo, literal b) y, en consecuencia, modificó el término de la
inhabilidad general, fijándolo en 10 años.

En esa instancia, se explicó que lo ocurrido en el presente caso fue que el alcalde
municipal requería de un consultor que actualizara la formación catastral de San
Andrés de Cuerquia, pero no podía entregar esta tarea a un particular, porque
para ello se debía adelantar previamente un concurso de méritos, por lo cual se
firmó con AMUNORTE un convenio interadministrativo en el cual se autorizó a
la Asociación de Municipios para que celebrara subcontratos. Por ello,
posteriormente, dicha entidad celebró un contrato que denominó de
«administración delegada» que, materialmente, se ejecutó como la consultoría
que se requería.

Con ese panorama, respecto del literal b) del cargo segundo, concluyó que se
había desconocido el principio de transparencia, pues el disciplinado actuó con
abuso de poder, para conseguir un fin contrario a los presupuestos de orden
legal, encontrando de esta manera acreditada la antijuridicidad del
comportamiento.

Agregó que de las pruebas recaudadas se advertía que AMUNORTE no tenía
experiencia en el objeto contratado, porque no contaba con ningún trabajo de
actualización catastral anterior al convenio 001-2012, así tuviese un objeto social
que hipotéticamente le permitiese postularse para realizar actividades de este
tipo y que ello se ratifica con el posterior contrato de administración delegada,
pues, en la práctica fue el particular contratado quien terminó actualizando el
catastro municipal37.

Para el demandante, estas decisiones desconocieron el debido proceso e
incurrieron en nulidad por falsa motivación porque no se analizó su responsabilidad
en el aspecto subjetivo y no se tuvo en cuenta que existen normas que sustentan la
celebración de contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación
directa, ante lo cual bastaba con verificar las condiciones de idoneidad, experiencia,
capacidad y relación directa del objeto de AMUNORTE con lo que se pretendía
contratar, sin que la subcontratación significara la carencia de tales calidades y que,
además, la decisión de segunda instancia fue más allá de lo que pudo ser objeto de
contradicción.

La Sala no encuentra que la demandada lesionara el derecho al debido proceso, ni
que sus actos se encuentren falsamente motivados y, en ese medida, resulta
acertado el razonamiento del Tribunal en la sentencia apelada, pues tanto las
pruebas recaudadas como la valoración que de ellas se hizo, dan cuenta de que se
advirtió la ejecución de una conducta irregular en la celebración del convenio
interadministrativo 001-2012, que correspondió a un comportamiento

36 Véanse folios 944 a 995 del cuaderno 2 y folios 944 a 995 del anexo 5.
37 Véanse folios 1044 a 1061 del cuaderno 2 y 1044 a 1061 del anexo 5.

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disciplinariamente reprochable en los términos de la falta gravísima del artículo 48
numeral 31 de la Ley 734 de 2002 y que se ejecutó a título de dolo.

Cabe destacar que el demandante no fue sancionado por haber celebrado un
convenio interadministrativo, como parece argumentar en el recurso de apelación.
En la decisión disciplinaria de segunda instancia se abordó la diferencia entre un
contrato y un convenio, para concluir que, desde la fase de estudios previos, lo que
se pretendía celebrar, en su esencia y naturaleza, era propio de un contrato
interadministrativo y, en ese orden, debía circunscribirse a lo dispuesto por el
numeral 4, literal c) del artículo 2 de la Ley 1150 de 200738.

Tampoco se reprochó que el objeto de AMUNORTE no fuera compatible con el que
se requería contratar; el contenido del cargo formulado permite distinguir que la
responsabilidad disciplinaria se estructuró cuando el señor Sepúlveda Londoño
escogió a un contratista sin experiencia (fase precontractual) y celebró con este un
contrato en el que después se debió tercerizar la ejecución del objeto contractual
(fase contractual), cumplidos así los elementos dispuestos en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002:

«Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución
y en la ley» (subrayas de la Sala).

Se agregó que el principio desconocido era el de transparencia, en el alcance
previsto en el artículo 24, numeral 8 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

«Principio de transparencia. En virtud de este principio:
(…)
8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente,
les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás
requisitos previstos en el presente estatuto» (subrayas de la Sala).

De manera que la adecuación típica del comportamiento se realizó atendiendo a los
presupuestos de la normativa disciplinaria, pues, ante una falta que se estructura a
partir del desconocimiento de un principio, a continuación se concretó el supuesto
con la disposición del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
contentivo del principio específico trasgredido (artículo 24) y de la conducta
específica que lo lesiona (numeral 8).

Además, en relación con el reproche sobre el elemento subjetivo de la
responsabilidad, la Sala encuentra que la autoridad disciplinaria valoró tanto el
conocimiento que el demandante tenía o debía tener de la normativa contractual
como las actividades que de manera volitiva ejecutó para incurrir en el

38 En los estudios previos, suscritos por el alcalde Oscar Sepúlveda Londoño, se indicó que el municipio requería

«(…) contratar con una empresa consultora de amplio recorrido y experiencia en este tipo de contratos, que
tiene entre sus tareas la prediación de campo, sistematización de la información y tecnificación del catastro
municipal, la actualización del catastro del Municipio (…)» y más delante: «(…) La contratación de la referencia
se rige mediante la modalidad de convenio interadministrativo, establecida en el numeral 3° del artículo 2° de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993» véanse folios a 622 a 632 del
cuaderno 2 y 622 a 632 del anexo 4.

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comportamiento sancionado, advirtiendo que desde la suscripción de los estudios
previos hasta la celebración del contrato, el señor Sepúlveda Londoño sabía qué
objeto se pretendía contratar y la forma como se buscaba atender a la necesidad
del municipio y, aun conocedor de la falta de experiencia de AMUNORTE, celebró
con dicha entidad el contrato interadministrativo39.

De manera que en la motivación de la decisión de primera instancia se abordó en
debida forma el estudio de la culpabilidad; si no se realizó en la segunda instancia,
fue porque al apelar la decisión disciplinaria no se elevó ningún reproche sobre este
punto, pues, además de indicar que le «causaba extrañeza» la imputación dolosa,
no se refirió a ningún argumento para que, al resolver su recurso, se decidiera en
otro sentido.

No podría la Sala entrar a analizar el elemento de la culpabilidad en esta instancia,
porque, pese a que el control del juez de lo contencioso administrativo es integral
en las actuaciones de esta naturaleza, no puede convertirse con ello en una tercera
instancia disciplinaria. Con todo, lo cierto es que ni en la demanda ni en el recurso
de apelación se observa argumento alguno que llevase a discutir siquiera la
existencia de culpa o inclusive la posibilidad de excluir la responsabilidad
disciplinaria, ni una referencia a las pruebas valoradas por la demandada en este
sentido.

Ahora, en lo que corresponde al reproche relacionado con el contenido de la
decisión de segunda instancia, que el apelante formuló apoyado en el salvamento
de voto a la sentencia apelada, lo cierto es que se parte de una confusión en la
manera de valorar el hecho de la celebración del contrato de administración
delegada y, con ello, se desconoce que el cargo por el cual fue sancionado el señor
Sepúlveda Londoño consta de varios elementos.

Se definió que el demandante era disciplinariamente responsable porque escogió y
contrató con alguien que no tenía ni idoneidad ni experiencia para desarrollar el
objeto contractual, porque AMUNORTE «(…) no tenía la experiencia para ejecutar
el contrato y debió tercerizar con particulares la ejecución del objeto contractual, lo
cual se materializó al suscribir con el señor ANDRÉS FELIPE PALACION
MONTOYA contrato para la administración delegada para la ejecución del convenio
interadministrativo Nro. 001-2012 (…)».

No se trató, como se indicó en el salvamento de voto (traído por el demandante en
su apelación), de una sanción por el solo hecho de haber contratado con quien no
tenía experiencia, lo que lleva a concluir que tampoco corresponde a la realidad que
el derecho de contradicción solo se hubiese ejercido respecto de ese supuesto.

Por el contrario, desde el momento de formular el cargo disciplinario se advirtió que
esa falta de experiencia fue la que implicó que AMUNORTE luego debiera celebrar
un contrato con un particular al que denominó de «administración delegada», el
cual, visto desde la óptica del contrato interadministrativo 001-2012 era un
subcontrato, autorizado por la cláusula décima segunda contractual:

«CESIÓN Y SUBCONVENIOS: AMUNORTE no podrá ceder los derechos y

39 Véase folio 991 del cuaderno 2 y 991 del anexo 5.

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obligaciones que adquiere por este convenio a ninguna persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, salvo autorización escrita del MUNICIPIO.
AMUNORTE podrá subcontratar la ejecución del objeto contractual. Los
subcontratos se celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad de AMUNORTE y
en ellos se hará constar que se entienden celebrados dentro de los términos del
presente convenio. (…)» (subrayas de la Sala)40.

Se encontró acreditado que (i) AMUNORTE no tenía experiencia, para lo cual se
analizó la información que reposaba en el Registro Único de Proponentes 41 y (ii)
que se celebró un posterior contrato con el particular Andrés Felipe Palacio
Montoya42 y en esos términos se elevó el reproche disciplinario, rarificado en ambas
instancias, pues tanto la inexperiencia como la consecuente subcontratación
constituían los presupuestos del cargo formulado43.

De esta forma, no encuentra la Sala que las decisiones disciplinarias se hubiesen
expedido vulnerando el debido proceso o incurriendo en falsa motivación y, por
tanto, lo procedente confirmar la providencia apelada.

De la condena en costas en esta instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que según el cambio introducido por el
legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202144, que dicha declaración es
viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal. Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsección A
considera que, en el presente caso, observando los argumentos esbozados por la
parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta el referido supuesto;
por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

40 Véanse folios 72 a 79 del cuaderno 1 y 72 a 79 del anexo 1.
41 Véanse folios 605 a 611 del cuaderno 2 y 605 a 611 del anexo 4. En el RUP de AMUNORTE, respecto quien

cesaron los efectos de la inscripción para el 14 de diciembre de 2012; volviéndose a inscribir el 27 de mayo de
2013, se pudo constatar que antes de la celebración del contrato con el municipio de San Andrés de Cuerquia,
no tenía experiencia en actividades de consultoría.
42 Véanse folios 139 a 145 del cuaderno 1 y 139 a 145 del anexo 1. El objeto del contrato celebrado con el señor

Andrés Felipe Palacio Montoya fue el siguiente: «Administrar el proyecto CONEVENIO
INTERADMINISTRATIVO N° 001-2012 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO -AMUNORTE- CUYO OBJETO ES
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL DE LA ZONA URBANA Y RIURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, (…)».
43 Inclusive, sobre ambos elementos se ejerció el derecho de defensa en etapa de descargos (folio 870 a 878

del cuaderno 2 y 870 a 878 del anexo 5), alegatos de conclusión (folios 934 a 941 del cuaderno 2 y 934 a 941
del anexo 5) y al presentar el recurso de apelación (folios 1001 a 1019 del cuaderno 2 y 1001 a 1019 del anexo
5).
44 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo

caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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