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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01471-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01471-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y
Porvenir

Tema: pensión de jubilación en la Contraloría General de la República. Subtema 1:
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Subtema 2: ingreso base de liquidación de
la pensión de jubilación de los servidores de la Contraloría General de la República
beneficiarios del régimen de transición. Reiteración de jurisprudencia.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2021
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones.

I. Síntesis del caso

Rosalba Ocampo Gómez cuestionó la legalidad de la Resolución 6144 del 24 de marzo
de 2011, por medio de la cual, el Instituto de Seguros Sociales, ISS, le negó una pensión
de vejez; así como de la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013, a través
de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, ordenó
reconocerle una pensión en aplicación de las reglas del régimen general de la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Señaló que tales decisiones desconocen el
ordenamiento jurídico, porque su pensión debe liquidarse de manera integral de acuerdo
con el Decreto 929 de 1976, ya que, es beneficiaria del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, puesto que, a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma,
tenía 45 años, y además trabajó en el sector público más de 20 años, especialmente en
la Contraloría General de la República.

El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones luego de
considerar, que Rosalba Ocampo Gómez es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual debía reconocérsele
la pensión conforme al régimen especial de la Contraloría General de la República,
previsto en el Decreto 929 de 1976. A partir de ello, el tribunal determinó que los actos
administrativos demandados son contrarios al ordenamiento jurídico y, en consecuencia,
procedió a declarar su nulidad y ordenó reliquidar la pensión, teniendo en cuenta el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo devengado durante los
últimos 10 años de servicios de la accionante, y con los factores señalados en el Decreto

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

1158 de 1994, todo esto con una tasa de reemplazo del 75% como lo indica el artículo 7
del Decreto 929 de 1976, en aplicación de la sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020, proferida dentro del expediente
05001-23-33-000-2012-00572-01.

El Consejo de Estado confirma parcialmente la sentencia de primera instancia, porque
en efecto, la determinación del ingreso base de liquidación no se rige por el Decreto 929
de 1976, sino por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en aplicación de la
mencionada sentencia de unificación de esta Sección. Asimismo, ordena revocar la
prescripción de las diferencias de mesadas decretada por el tribunal.

II. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El 26 de junio de 2016, Rosalba Ocampo Gómez presentó1 demanda2 de nulidad y
restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se exponen.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad absoluta del «acto de afiliación efectuado el 21 de
diciembre de 1999 […] vigente a partir del 1 de febrero de 2000, al régimen de ahorro
individual con solidaridad, a cargo de la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir».

3. También pidió la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Resolución 6144 del 24 de marzo de 2011, mediante la cual el ISS le negó el
reconocimiento de la pensión de vejez, porque se trasladó al régimen de ahorro
individual con solidaridad, RAIS, y porque no es beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.

b) Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013 – parcialmente –, proferida
por Colpensiones, que reiteró lo dispuesto por el ISS en la Resolución 5753 del 09 de
marzo de 2012, mediante la cual el ISS concedió pensión de vejez a la demandante,
con base en el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, y dejó la prestación «en reserva»,
hasta que la accionante acreditara el retiro definitivo de la Contraloría General de la
República.

c) Acto administrativo ficto o presunto, configurado por el silencio administrativo
negativo en que incurrió la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
con ocasión de los recursos de reposición, y en subsidio apelación, presentados el

1
Según el «acta individual de reparto», visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-
01, archivo pdf «ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_04ACTAREPARTO(.PDF)
NROACTUA 12».
2
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, índice 12 archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_01DEMANDA(.pdf) NroActua 12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

16 de diciembre de 2013, contra la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de
2013.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declarara que conserva el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que se ordenara a
Colpensiones: (i) reconocerle, reliquidarle y pagarle, de manera indexada, la pensión de
jubilación bajo el régimen especial aplicable a los servidores de la Contraloría General
de la República, contenido en el Decreto 929 de 1976, con efectos fiscales a partir de 13
de junio de 2012, día siguiente a su retiro definitivo del servicio, (ii) liquidarle la prestación
con el 75% del promedio de todo lo devengado el último semestre trabajado, como lo
dispone el mencionado régimen especial, (iii) pagarle los retroactivos, mesadas
adicionales e intereses moratorios a que hubiere lugar, o que en su defecto se ordene la
indexación de las diferencias de mesadas, (iv) ajustarle anualmente la mesada pensional
con el índice de precios al consumidor, IPC, y (iv) condenar a la demandada al pago de
las costas procesales.

2.1.2. Hechos

5. Rosalba Ocampo Gómez nació el 15 de noviembre de 1948.

6. Para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del sistema general de
seguridad social en pensiones para los empleados públicos del orden nacional, la actora
tenía 45 años de edad.

7. Rosalba Ocampo Gómez trabajó 24 años, 10 meses y 21 días, de la siguiente manera:

• Departamento de Antioquia: del 09/04/1969 al 28/02/1971.
• Departamento de Antioquia: del 17/03/1987 al 12/09/1987.
• Departamento de Antioquia: del 26/05/1988 al 09/05/1989.
• Círculo de viajes universal: del 05/09/1989 al 06/12/1989.
• Contraloría General de la República: del 26/02/1991 al 11/06/2012.

8. La actora estuvo afiliada a las siguientes cajas o fondos de previsión:

• Pensiones de Antioquia: del 09/04/1969 al 28/02/1971.
• Pensiones de Antioquia: del 17/03/1987 al 12/09/1971.
• Pensiones de Antioquia: del 26/05/1988 al 09/05/1989.
• Instituto de Seguros Sociales, ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones: del 05/09/1989 al 06/12/1989.
• Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal: del 26/02/1991 al 31/01/2000.
• Porvenir: del 01/02/2000 al 29/02/2004.
• ISS, hoy Colpensiones: del 01/03/2004 al 11/06/2012.

9. El 21 de diciembre de 1999, la actora suscribió el formulario 01288309 de solicitud de
traslado a Porvenir, es decir, su traslado del régimen de prima media, RPM, al régimen
de ahorro individual con solidaridad, RAIS. Su vinculación al RAIS fue aprobada el 1 de
febrero de 2000.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

10. La demandante no fue informada por Porvenir, que su traslado de la extinta Cajanal
hacia el RAIS, administrado por Porvenir, implicaba la pérdida del régimen de transición
o renuncia pensional alguna. Tampoco le prestó la suficiente asesoría financiera, técnica
o profesional, sobre lo que implicaba para ella, la afiliación y permanencia en el RAIS,
como por ejemplo, el hecho de que el monto de la mesada pensional de vejez resultaba
menor que la mesada pensional liquidada en el RPM.

11. La actora suscribió formulario de vinculación al ISS el 27 de enero de 2004,
vinculándose a partir del día siguiente, 1 de marzo de 2004, nuevamente al RPM.

12. La accionante solicitó ante el extinto ISS, el reconocimiento y pago de su pensión
vitalicia de jubilación, el 24 de abril de 2008, con fundamento en el régimen de transición
pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo
7 del Decreto 929 de 1976, que contiene el régimen especial de pensiones de los
servidores de la Contraloría General de la República.

13. El ISS emitió la Resolución 16361 del 29 de mayo de 2009, en la que no accedió a
conceder pensión de vejez a la actora, por haberse trasladado a Porvenir, y porque
consideró que no era beneficiaria del régimen de transición, al no contar al 1 de abril de
1994, con 15 o más años de servicios, según lo señalado en la Ley 100 de 1993.

14. El 27 de octubre de 2010, la actora presentó por segunda vez, petición en la que
solicitó el reconocimiento de una pensión de vejez, con todo lo devengado durante sus
últimos 6 meses de trabajo, como lo establece el Decreto 929 de 1976.

15. Mediante Resolución 6144 del 24 de mayo de 2011, el ISS negó nuevamente la
petición pensional formulada por la actora, para lo cual esgrimió iguales argumentos a
los contenidos en el acto administrativo 16361 de 29 de mayo de 2009.

16. El 05 de octubre de 2011 la actora solicitó ante el ISS, el «desarchivo de su expediente
y la revisión de su pensión de vejez».

17. El ISS mediante Resolución 5753 del 09 de marzo de 2012, notificada el 21 de marzo
de 2012, concedió pensión de vejez a la demandante, con sustento normativo en el
artículo 9 de la Ley 797 del 2003, y dejó la prestación «en reserva», hasta tanto acreditara
el retiro definitivo de la Contraloría General de la República.

18. Según Resolución 1185 del 14 de junio de 2012, proferida por la Contraloría General
de la República, se aceptó la renuncia presentada por la actora al empleo de profesional
universitario grado 01 de la Gerencia Departamental de Antioquia, a partir del 12 de junio
de 2012.

19. Colpensiones, a través de la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013,
ordenó su inclusión en nómina. En el referido acto administrativo, Colpensiones estudió
nuevamente el derecho pensional de la accionante, en atención a los nuevos tiempos
laborados, luego del reconocimiento inicial. En ese sentido, Colpensiones reiteró el
reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos efectuado por el ISS en la
Resolución 5753 del 9 de marzo de 2012.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

20. El16 de diciembre de 2013, la actora presentó ante Colpensiones recurso de
reposición, y en subsidio de apelación, en contra de la Resolución GNR315075 del 22
de noviembre de 2013, para que su pensión le fuese reliquidada con el régimen de
transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia
con el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, régimen especial de pensiones de los
empleados de la Contraloría General de la República.

21. Pese a que Colpensiones emitió constancia de radicación, nunca atendió los recursos
interpuestos.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

22. Rosalba Ocampo Gómez citó como normas violadas las siguientes: los artículos 1, 11,
12, 15, 20, 23, 29, 48, 53, 58, 93, 118, 150 (numeral 19, literal e), 152, 153, 209, y 249,
inciso 3, de la Constitución; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; los artículos 1, 2, 5, 6, 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; los artículos 1, 2 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Protocolo de San Salvador; los artículos 7 y 40 del Decreto Ley 929 de 1976;
los artículos «19, 29 a 34, y 37 de la Ley 49 de 1919»3; los artículos 26 y 27 de la Ley 32
de 1985; el artículo 1 de la Ley 33 de 1985; los artículos 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; los
artículos 11, 13, 31, 36, 97, 141, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; los artículos 1, 2, 3,
5, 7, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Ley 1328 de 2009; el artículo 2 de la Ley 797 de 2003; los
artículos 22, 822, 830, 831, 835, 871, 897, 898 y 899 del Código de Comercio; el artículo
12 del Decreto 717 de 1978; los artículos 7 y 40 del Decreto 929 de 1976; el artículo 4
del Decreto 911 de 1978, y los artículos 4, 14, 15 y 19 del Decreto 656 de 1994.

23. En el concepto de violación la demandante sostuvo en primer lugar, que su traslado
del régimen de prima media con prestación definida, RPM, al régimen de ahorro
individual con solidaridad, RAIS, es nulo e «ineficaz de pleno derecho», porque Porvenir
vulneró su derecho al debido proceso, así como los deberes de buen consejo y de ofrecer
información veraz, y el principio de buena fe. Ello porque incumplió con la obligación de
suministrar información completa, exigida por el Estatuto del Consumidor Financiero y el
Código de Comercio. Precisó que Porvenir no le suministró asesoría adecuada, completa
y suficiente sobre la pérdida del régimen de transición, las diferencias estructurales entre
el RPM y el RAIS, y las implicaciones económicas y jurídicas del traslado de régimen.

24. No obstante, precisó que su traslado al RAIS generó una situación de múltiple
vinculación a Porvenir y al ISS, que fue resuelta posteriormente mediante el
procedimiento previsto en el Decreto 3800 de 2003, pues, se determinó que la afiliación
válida era la correspondiente al RPM administrado por el ISS. En ese sentido, afirmó que
nunca existió un traslado real o perfeccionado al RAIS y que, en consecuencia, nunca
perdió el régimen de transición.

3
Según la demanda, por medio de la referida norma, el Congreso de la República aprobó el Tratado de Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Sin embargo, la Sala aclara que a través de la Ley 49 de 1919, el
legislativo autorizó al gobierno para que adhiriera en nombre de la República al Pacto de la Liga de las Naciones
acordado por la Conferencia de la Paz.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

25. Por otra parte afirmó, que el reconocimiento pensional efectuado a su favor, por el ISS
a través de la Resolución 5753 del 09 de marzo de 2012, y luego ratificado por
Colpensiones mediante la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013,
desconoce que ella es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, ya que, en aplicación de dicha previsión normativa, como exservidora de la
Contraloría General de la República por más de 20 años, su pensión debió liquidarse
conforme al Decreto 929 de 1976, es decir, con el 75% del promedio de todo lo
devengado el último semestre trabajado.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Porvenir

26. Porvenir contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las pretensiones4.

27. Sostuvo que «la solicitud de nulidad [del traslado] que contiene la demanda constituye
un hecho superado», porque «ya existe una declaración formulada en Comité de Múltiple
Afiliación celebrado entre COLPENSIONES y la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A,
en el sentido que la afiliación de la señora [Rosalba Ocampo] al RAIS no produjo efectos
jurídicos».

28. Al respecto precisó, que «la afiliación de la señora OCAMPO al Sistema General de
Pensiones presentó una circunstancia de multiafiliación, razón por la cual su caso fue
dirimido entre el ISS, hoy COLPENSIONES y […] PORVENIR S.A., a la luz de las
directrices establecidas en el decreto 3800 de 2003, el cual se realizó a través de una
operación denominada "Cruce Masivo de Base de Datos" y se definió que la afiliación
válida de la señora OCAMPO al SGP era al ISS hoy COLPENSIONES, razón por la cual,
[…] realizó el traslado de los aportes pensionales de la cuenta de ahorro individual junto
con sus rendimientos financieros con destino a COLPENSIONES […]».

29. En consecuencia, alegó que no existe un traslado vigente que pueda ser anulado,
dado que la propia administración dejó sin efectos la afiliación al régimen de ahorro
individual y procedió a la devolución de los aportes correspondientes, de modo que la
actora retornó al RPM desde el 1 de marzo de 2004.

30. Sin embargo, afirmó que el traslado cuestionado por la demandante fue realizado en
cumplimiento de todos los requisitos legales vigentes para la época y con pleno
consentimiento de la afiliada, ya que ella diligenció el formulario respectivo, firmó las
certificaciones exigidas y declaró haber recibido información suficiente sobre ambos
regímenes. Señaló que en el formulario obrante en la historia laboral se consignó que la
decisión se adoptó de manera libre, voluntaria y sin presiones, y que la administradora
cumplió con el deber de brindar información general en los términos previstos por el
Decreto 692 de 1994. Por ello, insistió en que no puede afirmarse que existió un vicio en
el consentimiento ni desconocimiento de la normativa de protección al consumidor
financiero.

4
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, índice 12, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_11CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua
12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

31. Indicó que, en cualquier caso, la demandante sí conservó el régimen de transición,
pues regresó al RPM dentro del periodo de gracia permitido por el artículo 2 de la Ley
797 de 2003 y por el Decreto 3800 de 2003, razón por la cual nunca perdió los beneficios
derivados del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que fue justamente por esa
circunstancia que Colpensiones reconoció la pensión, lo cual desvirtúa la afirmación
según la cual, la supuesta pérdida del régimen de transición obedeció al traslado
efectuado en 1999.

32. Señaló, además, que no existe nexo de causalidad entre las actuaciones de Porvenir
y el reconocimiento pensional efectuado por el ISS, que luego fue ratificado por
Colpensiones, por lo que la administradora no es responsable del monto liquidado, ni de
la motivación de dicha determinación. Precisó que el reconocimiento del derecho
pensional, su cuantía y el régimen aplicable, son materias de competencia exclusiva de
Colpensiones, de modo que Porvenir no tiene legitimación en la causa por pasiva para
responder por el restablecimiento del derecho solicitado.

33. Como excepciones propuso: «falta de causa para pedir», «buena fe», «inexistencia
de las obligaciones demandadas», «prescripción», «prescripción de la acción que
pretende atacar la nulidad de la afiliación» y «ausencia de responsabilidad atribuible a la
demandada».

2.2.2. Colpensiones

34. Colpensiones también contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones5.

35. Señaló que los actos administrativos acusados fueron expedidos por autoridad
competente, con los requisitos legales y con fundamento en una motivación suficiente,
por lo cual gozan de presunción de legalidad. Indicó que la pensión reconocida a la actora
fue liquidada conforme al ordenamiento vigente y bajo criterios de favorabilidad, razón
por la cual no existe irregularidad que justifique su anulación.

36. Afirmó que la demandante conservó el régimen de transición, pero precisó que este
únicamente ampara los requisitos de edad, monto y semanas cotizadas, mas no el
ingreso base de liquidación, IBL. Explicó que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y la jurisprudencia constitucional —en particular las sentencias C-258 de 2013
y SU-230 de 2015—, el IBL no hace parte del régimen de transición y debe determinarse
con base en las reglas generales previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993. Por ello, sostuvo que no es posible acudir al Decreto 929 de 1976 para determinar
el IBL de la pensión de la accionante, pues hacerlo desconocería la sostenibilidad
financiera y la cosa juzgada constitucional.

37. Precisó que, en efecto, la actora regresó válidamente al RPM el 27 de enero de 2004,
dentro del periodo de gracia previsto en la Ley 797 de 2003 y el Decreto 3800 de 2003,
por lo que nunca perdió el régimen de transición. Señaló que los hechos relativos al

5
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, índice 22, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_14CONTESTACIONDEMAND(.PDF)
NROACTUA 12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

traslado ante Porvenir no son atribuibles a Colpensiones, pues la entidad no intervino en
la asesoría ni en la afiliación al RAIS, y que dicho tema ya fue resuelto
administrativamente mediante la determinación de la afiliación válida al RPM.

38. Añadió que los factores salariales que integran el IBL deben corresponder
exclusivamente a aquellos sobre los cuales se efectuaron cotizaciones, en virtud de lo
establecido por el artículo 48 de la Constitución —modificado por el Acto Legislativo 01
de 2005— y por la Ley 33 de 1985. En tal sentido, aseveró que Colpensiones no puede
reconocer factores extralegales, subsidios o conceptos no salariales que no fueron objeto
de cotización por parte del empleador, y que ordenar su inclusión implicaría un
enriquecimiento sin causa y un detrimento al fondo común del RPM.

39. Respecto de las demás pretensiones, sostuvo que no procede la reliquidación con el
75% del último semestre ni la indexación, ni los intereses moratorios, por cuanto la
pensión ha sido pagada oportunamente y las mesadas se actualizan conforme al artículo
14 de la Ley 100 de 1993.

40. Como excepciones propuso: «inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de
vejez con el IBL del promedio de lo devengado durante el último semestre de servicios»,
«inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión con factores salariales no
reportados o no cotizados», «cumplimiento de las obligaciones a cargo de
Colpensiones», «cobro de lo no debido», «pago y compensación» «prescripción»
«improcedencia de la indexación de las condenas e intereses comerciales», «buena fe»
e «imposibilidad de condena en costas».

2.3. Sentencia de primera instancia

41. El Tribunal Administrativo de Antioquia6, mediante sentencia del 23 de junio de 20217,
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes
términos:

«Primero: Desestimar las excepciones de ausencia de responsabilidad, buena fe, falta de
causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, propuestas por Porvenir
S.A., e igualmente las de cumplimiento de las obligaciones, cobro de lo no debido, pago
y compensación, que propuso Colpensiones.

Segundo: Declarar la ineficacia de la afiliación No. 01288309 del 21 de diciembre de 1999
a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., […] y en
consecuencia declarar que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al
régimen de ahorro individual con solidaridad y, por lo tanto, siempre permaneció en el
régimen de prima media con prestación definida.

Tercero: Declarar que la señora Rosalba Ocampo Gómez es beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Cuarto: Declarar la nulidad de la Resolución No. 006144 del 24 de marzo de 2011, la
[nulidad] parcial de la Resolución No. GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013 y la
[nulidad] total del acto ficto presunto configurado por el silencio administrativo negativo

6
En Sala integrada por los magistrados Andrew Julián Martínez Martínez (ponente), Martha Nury Velásquez Bedoya
y Jairo Jiménez Aristizábal.
7
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, índice 22, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_53FALLO(.pdf) NroActua 12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con ocasión de los
recursos de reposición y en subsidio apelación propuestos contra el último acto
administrativo.

Quinto: Ordenar a Colpensiones que a título de restablecimiento del derecho reconozca
y pague en favor de la señora Rosalba Ocampo Gómez la reliquidación de la pensión con
efectos fiscales a partir del 13 de junio de 2012.

La reliquidación de la prestación en cuanto al IBL y factores salariales se hará conforme
a lo indicado en esta providencia y según las reglas establecidas en la Sentencia de
Unificación del Consejo de Estado - Sección Segunda, del 11 de junio de 2020, radicado
05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-SII 020-20 y con efectos fiscales a
partir del 13 de junio de 2012.

Determinado el IBL el monto de la mesada corresponderá al 75% sin que sea inferior al
SMLMV, haciéndose igualmente la indexación conforme a la fórmula antes indicada.

[…]

De lo reconocido Colpensiones podrá descontar lo correspondiente a los aportes a la
seguridad social a cargo de la demandante.

Igualmente, Colpensiones tiene la posibilidad de recuperar el bono pensional o la cuota
correspondiente en caso de ser necesario por las diferencias que se reconocen.

Sexto: Declarar prescritas las diferencias en las mesadas pensionales anteriores al 12 de
junio de 2013 por las razones indicadas en esta providencia.

Séptimo: Sin costas en esta instancia.

[…]».

42. En resumen, el tribunal argumentó lo siguiente:

43. La afiliación realizada por la demandante al RAIS el 21 de diciembre de 1999 carecía
de efectos jurídicos, pues se configuró una situación de múltiple afiliación que fue
dirimida por el Comité de Multiafiliaciones con fundamento en el Decreto 3800 de 2003,
determinándose que la afiliación válida correspondía al RPM. En esa medida, consideró
que la actora nunca se trasladó realmente al RAIS y que, por lo tanto, debía declararse
la ineficacia del acto de afiliación.

44. Rosalba Ocampo Gómez es beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual debía reconocérsele la pensión
conforme al régimen especial de la Contraloría General de la República. A partir de esta
consideración, el tribunal determinó que los actos administrativos demandados son
contrarios al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, procedió a declarar su nulidad y
ordenó reliquidar la pensión, para lo cual, precisó que, en aplicación de la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020,
proferida dentro del proceso radicado 05001-23-33-000-2012-00572-01, se debe tener
en cuenta el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo devengado
durante los últimos 10 años de servicios, que en el caso concreto van del 2002 a 2012,
y con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, todo esto con una tasa de
reemplazo del 75%, como lo indica el artículo 7 Decreto 929 de 1976.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

45. En cuanto a la prescripción, adujo que «[p]or cumplir 20 años de servicios, la actora
presentó solicitudes de reconocimiento de pensión así: El 24 de abril de 2008
interrumpiendo la prescripción por un término de tres años hasta el 24 de abril de 2011
(fl. 85). Dentro de ese término de interrupción presentó nueva solicitud el 27 de octubre
de 2010 (fl. 89). A partir del 25 de abril de 2011 inició nuevamente el término de
prescripción hasta el 25 de abril de 2014. En este lapso la demandante presentó al ISS
otra solicitud para acceder a la pensión de vejez (fl. 92). La prestación económica fue
reconocida por el ISS mediante Resolución 005753 del 9 de marzo de 2012 quedando
supeditada al retiro laboral que ocurrió el 12 de junio de 2012, por lo tanto, la pensión
solo se hizo efectiva a partir del 13 de junio de 2012. Finalmente, Colpensiones reconoció
la misma a través de la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013 y la
demanda se presentó el 12 de junio de 2016. En esta dirección se considera que operó
el fenómeno de la prescripción de lo que en exceso le correspondería a la demandante
por las diferencias debidas y anteriores al 12 de junio de 2013 teniendo en cuenta que la
demanda fue presentada el 12 de junio de 2016 y la pensión se hizo efectiva a partir de
la renuncia y retiro[, el] 13 de junio de 2012».

46. Finalmente expresó, que no procedía la condena a intereses moratorios porque el
derecho a la reliquidación pensional estaba en discusión. Y porque además, la orden
emitida comprendía la indexación de las diferencias de mesadas.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Colpensiones

47. Colpensiones interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, para que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda8.

48. Pese a que en el texto del recurso de apelación Colpensiones señaló que la
demandante es beneficiaria del régimen de transición, de manera contradictoria
argumentó que su pensión estuvo bien liquidada en los términos de la Ley 100 de 1993
y la Ley 797 de 2003.

49. Por otra parte, no obstante que no tiene relación con el objeto de la litis, la entidad
también se refirió a la mesada 14, para explicar que, en aplicación del Acto Legislativo
01 de 2005 y de la doctrina interna, cuando como resultado de una reliquidación el monto
anual de la pensión supera el límite de 3 salarios mínimos legales mensuales, el afiliado
pierde el derecho a dicha mesada adicional y debe restituir los valores pagados por ese
concepto, dado que la nueva liquidación se retrotrae a la primera mesada. La Sala aclara,
que no hizo referencia a la situación de la demandante, es decir, no indicó si el propósito
de referirse a la mesada 14 era para señalar que la demandante no tenía derecho a ello.

8
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, índice 22, archivo pdf «
ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_56RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua
12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

50. Así mismo, sostuvo que la actualización de las sumas reconocidas ya se efectúa
mediante la aplicación del IPC, por lo que no procede una indexación adicional ni el
reconocimiento de otros reajustes por ese concepto.

51. Finalmente, Colpensiones advirtió que el reconocimiento de una pensión con base en
factores no cotizados o en certificaciones que no se ajusten al sistema de información
previsto en el Decreto 726 de 2018 y en el Sistema de Certificación Electrónica de
Tiempos Laborados, CETIL, administrado por el Ministerio de Hacienda, implicaría un
detrimento de los recursos del sistema y vulneraría los principios de solidaridad e
igualdad, aspecto que tampoco guarda relación con la materia objeto de estudio.

2.4.2. Rosalba Ocampo Gómez

52. Rosalba Ocampo Gómez apeló para reiterar los siguientes argumentos de su
demanda: (i) su pensión debe ser reliquidada en su integridad con el régimen especial
aplicable a los servidores de la Contraloría General de la República, contenido en el
Decreto 929 de 1976, con efectos fiscales a partir del 13 de junio de 2012, día siguiente
al retiro definitivo del servicio, es decir, con el 75% del promedio de todo lo devengado
el último semestre trabajado, y (ii) sobre las diferencias de mesadas le deben ser
pagados intereses de mora, o en su defecto, dichas sumas deben serle indexadas.

53. Adicionalmente, solicitó que a su caso no se aplique la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, del 11 de junio de 2020, proferida dentro del
expediente 05001-23-33-000-2012-00572-01, porque desconoce su derecho adquirido
al régimen de transición, y vulnera los principios de inescindibilidad y de progresividad,
así como el bloque de constitucionalidad.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

54. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

2.6. Concepto del Ministerio Público

55. El Ministerio Público guardó silencio y no rindió concepto en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

56. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

57. La Sala anota, que al apelar, las partes no formulan cuestionamientos relacionados
con la validez del traslado de la demandante al RAIS efectuado en 1999, y que la

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Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

discusión sobre ese aspecto, en realidad carece de objeto porque tanto Porvenir como
Colpensiones indicaron que el traslado fue invalidado en sede administrativa, por
consiguiente, a esta corporación corresponde determinar entonces, si: ¿la accionante,
en su condición de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a que su pensión se reliquide de manera integral con el Decreto 929 de 1976,
es decir, con un IBL del 75% del promedio de la totalidad de los factores devengados
durante los últimos 6 meses de servicios?

58. Para el efecto, la Sala estudiará, el régimen pensional de los funcionarios de la
Contraloría General de la República, y el precedente fijado por la Sección Segunda de
esta corporación, en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, proferida dentro
del expediente 05001-23-33-000-2012-00572-01, donde se fijaron las reglas
jurisprudenciales sobre la interpretación del régimen de transición y sus implicaciones
frente a los funcionarios de la Contraloría General de la República.

59. Finalmente, la Sala revisará de oficio si hay lugar a ordenar la indexación de la primera
mesada pensional, teniendo en cuenta que el reconocimiento pensional definitivo y la
inclusión de la demandante en nómina de pensionados, se produjeron más de un año
después de su retiro definitivo del servicio.

3.3. Régimen pensional de los funcionarios de la Contraloría General de la
República, establecido en el Decreto Ley 979 de 1976

60. El Decreto Ley 929 de 1976, estableció el régimen de prestaciones sociales de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, y determinó lo
siguiente en relación con la pensión de jubilación:

«Artículo 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de
servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto,
de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de
la República, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último semestre».

61. La norma trascrita, señaló los requisitos para obtener la pensión de jubilación de
dichos funcionarios y empleados, así:

• Edad: 50 años si son mujeres y 55 años si son hombres;

• 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia
de este decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Contraloría;

• Tasa de retorno del 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre.

62. Debe tenerse en cuenta que el artículo 9 del Decreto Ley 929 de 1976 frente a viáticos
dispuso:

«Para liquidar las pensiones de que trata este Decreto y las demás prestaciones
establecidas o reconocidas por el presente Decreto, no se incluirán los viáticos que haya

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente y se
hayan recibido, durante un lapso continuo de seis meses o mayor.».

63. El artículo 17 del Decreto Ley 929 de 1976 también señalaba que «[e]n cuanto no se
oponga el texto y finalidad del presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 y normas que lo modifican y adicionan, serán aplicables a los empleados de la
Contraloría General de la República.».

64. Posteriormente, el Decreto Ley 720 de 1978, aplicable a los servidores de la
Contraloría General de la República, señalaba los emolumentos que constituyen factor
salarial en los siguientes términos:

«Artículo 40.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la
ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días
de descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:
a). Los gastos de representación.
b). La bonificación por servicios prestados.
c). La prima técnica.
d). La prima de servicio anual.
e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio».

65. Como el artículo 40 del Decreto Ley 720 de 1978 determina de manera general que
constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios, resulta necesario revisar en conjunto las
normas y hacer integración de fuente con el Decreto Ley 3135 de 1968, y las normas
que lo modifican y adicionan, para llenar los vacíos en dicha disposición, tal y como lo
autoriza el artículo 17 del mismo Decreto Ley 929 de 1976.

66. Una de las normas que adicionan dicha preceptiva es el Decreto 1045 de 1978,
aplicable a todos los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, en
cuyo artículo 45, enlista los factores de salario para efectos de liquidar la cesantía y
pensión de jubilación, así:

«Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se
tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
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ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad del art. 38 del decreto 3130 de 1968.».

67. En suma, la base de liquidación pensional de los empleados de la Contraloría General
de la República estaba constituida por los factores salariales enlistados en los artículos
45 del Decreto 1045 de 1978 y 40 del Decreto 720 de la misma anualidad, que habitual
y periódicamente devengaba el trabajador como remuneración por sus servicios en los
últimos 6 meses.

3.4. La sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado

68. El Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 11 de
junio de 2020, proferida dentro del expediente 05001-23-33-000-2012-00572-01,
determinó cómo debe calcularse la pensión de quienes trabajaron en la Contraloría
General de la República y se pensionaron bajo el régimen de transición de la Ley 100 de
1993. La Sección aclaró, que aunque estas personas pueden pensionarse con los
requisitos del régimen anterior (edad, tiempo de servicio y porcentaje de pensión), el
cálculo del valor de la pensión (ingreso base de liquidación, IBL) debe hacerse con base
en las reglas de cotización de la Ley 100 y no con las del régimen anterior:

«[…]

Reglas jurisprudenciales que se dictan en la sentencia

107. Considerando el tema que fue avocado para unificación, y lo disertado en esta
sentencia, la Sala fija la siguiente regla jurisprudencial:

107.1 Sentar jurisprudencia en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar
que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del
Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto
a periodo, corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y
respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1º del
Decreto 1158 de 1994».

69. En este punto, la Sala recuerda que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, el IBL se calcula de la siguiente manera:

«Artículo 21. Ingreso base de liquidación. se entiende por ingreso base para liquidar las
pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos
de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el
trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas
como mínimo.».

70. En conclusión, en cuanto al ingreso base de liquidación, IBL, para quienes se
pensionan bajo el régimen de transición con los requisitos del Decreto 929 de 1976, se
calcula según los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; y en cuanto a los factores

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salariales, solo se tendrán en cuenta aquellos sobre los cuales se hayan hecho aportes
al sistema pensional, conforme al artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

3.5. Indexación de la primera mesada

71. La jurisprudencia de esta corporación9 ha entendido que la indexación de la primera
mesada es el mecanismo que se utiliza para revalorizar las obligaciones pensionales,
con el ánimo de traer a valor presente las sumas que, por el transcurso del tiempo, han
perdido el poder adquisitivo, ello en aplicación de los principios de equidad y justicia.

72. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la indexación
de la primera mesada se origina cuando se hubiera producido una depreciación
considerable del ingreso base con que ha de liquidarse la prestación y la pérdida del
poder adquisitivo de ella10.

73. La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre el
derecho a la indexación, tanto en sede de tutela como de control abstracto de
constitucionalidad y ha indicado que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
48 y 53 de la Constitución Política, la actualización monetaria de las mesadas tiene por
finalidad evitar la disminución del poder adquisitivo de las pensiones con ocasión del
tiempo comprendido entre el momento en el que la persona cumple los requisitos para
pensionarse y cuando la prestación es efectivamente reconocida y pagada11.

74. Teniendo en cuenta ello, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente al afirmar
que el derecho a la indexación de la mesada pensional es un asunto de relevancia
constitucional, en tanto que es una forma de materializar diversos principios y derechos
fundamentales contenidos en la Constitución de 1991, tales como el principio de Estado
Social de derecho, de indubio pro operario12 y los derechos a la igualdad y a la dignidad
humana13.

75. En conclusión, hay lugar a ordenar la indexación de la primera mesada pensional,
cuando por efecto del paso del tiempo se ha perdido de manera ostensible y considerable
su poder adquisitivo.

3.6. Estudio del caso concreto

3.6.1. Hechos probados

76. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:

9
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: de 18 de febrero de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-07987-
01(0836-08), de la Subsección A; y de 12 de abril de 2012, expediente 25000-23-25-000-2008-00800-01(0581-10), de
la Subsección B.
10
Sobre el particular se pueden consultar entre otras, las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y C-891A de
2006, T-799 de 2007 y T-012 de 2008.
11
Un buen resumen de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, se puede ver en la sentencia SU-637 de 2016.
12
In dubio pro operario es un principio jurídico del derecho laboral que, en caso de duda sobre la interpretación de una
norma, favorece al trabajador. Su objetivo es equilibrar la relación laboral, que por naturaleza es desigual, al interpretar
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de la manera más beneficiosa para el empleado. Este
principio se aplica cuando existe una duda real sobre el alcance de la norma. Sobre el particular se puede consultar a
la Corte Constitucional, sentencias T-730 de 2014, SU-267 de 2019 y SU-2021 de 2024.
13
Sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, SU-1073 de 2012 y SU-415 de 2015.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

76.1. Rosalba Ocampo Gómez nació el 15 de noviembre de 1948, según su cédula de
ciudadanía14.

76.2. La demandante tiene acreditados 24 años, 10 meses y 21 días de tiempo de servicio,
de la siguiente manera15:

® Departamento de Antioquia: del 09/04/1969 al 28/02/1971.
® Departamento de Antioquia: del 17/03/1987 al 12/09/1987.
® Departamento de Antioquia: del 26/05/1988 al 09/05/1989.
® Círculo de viajes universal: del 05/09/1989 al 06/12/1989.
® Contraloría General de la República: del 26/02/1991 al 11/06/2012.

76.3. El 21 de diciembre de 1999, la actora suscribió el formulario 01288309 de solicitud
de traslado al Fondo de Pensiones Provenir, es decir, su traslado del régimen de prima
media, RPM, al régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. Su vinculación al
RAIS fue aprobada por Porvenir el 1 de febrero de 200016.

76.4. Posteriormente, suscribió formulario de vinculación al ISS el 27 de enero de 2004,
retirándose de Porvenir, vinculándose a partir del día siguiente, 1 de marzo de 2004,
nuevamente al RPM17.

76.5. La accionante solicitó ante el extinto ISS, el reconocimiento y pago de su pensión
vitalicia de jubilación, el 24 de abril de 2008, con fundamento en el régimen de transición
pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concordante con el artículo 7
del Decreto 929 de 1976, régimen especial de pensiones de los empleados públicos de
la Contraloría General de la República18.

76.6. El ISS emitió la Resolución 016361 del 29 de mayo de 2009, en la que no accedió a
conceder pensión de vejez a la actora, por haberse trasladado a Porvenir, y no tener, al
1 de abril de 1994, 15 o más años de servicios, según lo establecido por los incisos 4 y
5 de la Ley 100 de 199319.

14
Como consta en la cédula y en el registro civil de nacimiento visible en: Samai Consejo de Estado 05001-23-33-
000-2016-01471-01, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».
15
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».
16
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».
17
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».
18
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».
19
Samai Consejo de Estado 05001-23-33-000-2016-01471-01, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

76.7. El 27 de octubre de 2010 la actora solicitó nuevamente el reconocimiento de su
pensión de vejez20.

76.8. Mediante resolución 6144 del 24 de mayo de 2011 el ISS, negó la pensión de vejez
a la actora, para lo cual expresó idénticos argumentos a los contenidos en el acto
administrativo 16361 de 29 de mayo de 200921.

76.9. El 05 de octubre de 2011 la actora solicitó ante el ISS, el «desarchivo de su
expediente y la revisión de su pensión de vejez»22.

76.10. El ISS, mediante Resolución 005753 del 09 de marzo de 2012, notificada el 21 de
marzo de 2012, concedió pensión de vejez a la demandante, en aplicación del artículo 9
de la Ley 797 del 2003, y dejó la prestación «en reserva», hasta tanto ella acreditara el
retiro definitivo de la Contraloría General de la República23.

76.11. Según Resolución 1185 del 14 de junio de 2012, proferida por la Contraloría General
de la República, a la demandante le fue aceptada la renuncia al empleo de profesional
universitario grado 01 de la Gerencia Departamental de Antioquia, a partir del 12 de junio
de 201224.

76.12. El 15 de agosto de 2013, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez, en atención a que se había producido su retiro definitivo del servicio25.

76.13. Colpensiones, a través de la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013,
ordenó su inclusión en nómina. En el referido acto administrativo, reiteró el
reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos efectuado por el ISS en la
Resolución 5753 del 9 de marzo de 201226 y ordenó el pago del retroactivo
correspondiente. Sin embargo, no ordenó indexar la primera mesada pensional, con
ocasión del pago tardío.

76.14. El 16 de diciembre de 2013, la actora presentó ante Colpensiones recurso de
reposición, y en subsidio de apelación, en contra de la Resolución GNR315075 del 22
de noviembre de 2013, para que su pensión le fuese reliquidada con el régimen de

20
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Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia
con el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, régimen especial de pensiones de los
empleados públicos de la Contraloría General de la República27.

76.15. Pese
a que Colpensiones emitió constancia de radicación BZ2013_9011030-
28
2721902 , nunca atendió los recursos interpuestos.

3.6.2. Análisis sustancial de la Sala

77. La discusión concreta del asunto se contrae en definir el IBL de la pensión reconocida
a Rosalba Ocampo Gómez con fundamento en el Decreto 929 de 1976, quien es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Frente a tal
cuestión, el Tribunal Administrativo de Antioquia estableció, en aplicación de la sentencia
de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 11 de junio de 2020,
proferida en el expediente 05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-SII 020-
20, que la pensión de la demandante debe reliquidarse, y pagarse de manera indexada,
conforme a los factores del Decreto 1158 de 1994, y a la variable temporal del artículo
21 de la Ley 100 de 1993.

78. Frente a tal decisión, ambas partes mostraron su inconformidad a través del recurso
de apelación. Por un lado, Colpensiones manifestó que la pensión de la accionada debe
liquidarse en los términos de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como se hizo en
sede administrativa, pues, en su criterio, ella no es beneficiaria del régimen de transición.
Por otro lado, la demandante también porque estima que su pensión debe ser
cuantificada con la totalidad de los factores que devengó durante el último semestre
laborado, como lo ordena el Decreto 929 de 1976, que regula el régimen pensional
especial de los exservidores de la Contraloría General de la República.

79. Sobre el particular, la Sala anota en primer lugar, que en el presente caso, es claro
que la actora es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, porque al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma en comento,
tenía más de 45 años de edad, debido a que nació el 15 de noviembre de 1948, según
se lee en su cédula de ciudadanía.

80. Asimismo, de conformidad con las certificaciones laborales que obran en el
29
expediente , la Sala encuentra acreditado que trabajó más de 24 años en el sector
público, de los cuales, más de 10 fueron al servicio de la Contraloría General de la
República.

81. En esas condiciones, es evidente que la demandante tiene derecho a acceder a la
pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 929 de 1976, en

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lo concerniente a edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, con un IBL calculado
con el promedio de salarios y factores que sirvieron de cotización en los últimos 10 años,
según las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994, tal como en
efecto lo ordenó la sentencia de primera instancia, de acuerdo a las reglas señaladas en
la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 11 de junio
de 2020, proferida en el expediente 05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-
SII 020-20.

82. De conformidad con el pronunciamiento de unificación citado en precedencia, se
tiene que al ser merecedora del régimen de transición y como exempleada de la
Contraloría General de la República, se le debe aplicar la regla de unificación según la
cual «[…] el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos
del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en
cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta
norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización establecida en el artículo
1 del Decreto 1158 de 1994».

83. Por tanto, el ingreso base de liquidación de su pensión se determina con aplicación
del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con lo que se debió atender al promedio de lo
devengado durante sus últimos 10 años de servicio, de 2002 a 2012, y los factores
señalados en el Decreto 1158 de 1994, todo esto con una tasa de reemplazo del 75%
como lo indica el artículo 7 Decreto 929 de 1976.

84. Registrado lo anterior, la aplicación del régimen de transición para el reconocimiento
pensional en favor de la actora de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sería
como a continuación se muestra:

Consolidación del derecho Ingreso base de liquidación Tasa de
Beneficio de la pensional (artículo 7 del Decreto (artículo 21 de la Ley 100 de reemplazo
transición 929 de 1976) 1993 / Decreto 1158 de 1994) (artículo 7
pensional Edad (50 Tiempo de servicio Periodo Factores del
(artículo 36 de años) (20 años de servicios Decreto
la Ley 100 de continuos o 929 de
1993) discontinuos, 1976)
anteriores o
posteriores a la
vigencia de este
decreto, de los cuales
10 hayan sido
exclusivamente a la
Contraloría)

Al momento de El estatus jurídico de pensionada Del Los enlistados en 75%.
entrar en lo consolidó el 14 de noviembre de 11/06/2002 el Decreto 1158 de
vigencia la Ley 2007, fecha en la alcanzó 50 años al 1994, sobre los
100 de 1993, la de edad y 20 años de servicios, de 11/06/2012. cuales la
demandante los cuales, más de 10 fueron en la accionante hubiere
tenía más de 35 Contraloría General de la efectuado
años, porque República. cotizaciones
nació el 15 de
noviembre de Nota: En el
1948. expediente no
obra certificación,
sobre el particular,
y en el recurso de

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

apelación no se
formulan
objeciones
concretas respecto
de los factores.

85. Así las cosas, tuvo razón el Tribunal Administrativo de Antioquia al ordenar reliquidar,
y pagar, de manera indexada, la pensión de la demandante en los términos expuesto,
porque al ser beneficiaria del régimen de transición, adquirió el estatus pensional al
cumplir la edad y el tiempo de servicios previsto en el Decreto 929 de 1976, y el monto
de su pensión corresponde al 75% (tasa de remplazo), sobre un IBL equivalente al
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10
años anteriores al reconocimiento de la pensión, enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
actualizados anualmente con base en la variación del IPC.

86. En cuanto a la solicitud de la demandante de no aplicar a su caso la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 11 de junio de 2020,
proferida en el expediente 05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-SII 020-
20, la Sala precisa que en la aludida providencia la corporación estableció sus efectos
de la siguiente manera:

«108. El artículo 237, ordinal 1, de la Constitución Política consagra como una de las
atribuciones del Consejo de Estado el desempeñar las funciones de tribunal supremo de
lo contencioso –administrativo. En este sentido, la jurisprudencia que profiere este órgano
de cierre es vinculante para resolver los conflictos cuya competencia está atribuida a esta
jurisdicción, por la Constitución y la Ley.

109. La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció que las decisiones
de las altas cortes -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones-, tienen
valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia,
y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los
artículos 13 y 83 de la Constitución Política. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma
jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter
vinculante y obligatorio.

110. La sección segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración, y los que
llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado, y los futuros que se presenten.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.

111. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica
y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta
sentencia.

112. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado,
las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada. Lo anterior,
no enerva el recurso por los eventos previstos en los artículos 250 del CPACA, y 20 de la
Ley 797 de 2003, según el caso.».

87. De acuerdo con lo expuesto, las reglas señaladas en esta decisión unificada
constituyen un precedente vinculante y obligatorio30 en la resolución de «todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la
decisión. Por consiguiente, no es viable acceder a la solicitud de la demandante
orientada a que a su caso no se aplique la mencionada sentencia de unificación.

88. Finalmente, la Sala considera que calcular el monto de la mesada pensional con base
en un ingreso menor al que el extrabajador percibió, contraría el mandato superior del
derecho a percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los
fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero. El
derecho a la indexación a la primera mesada pensional tiene sustento en el principio de
favorabilidad laboral contenido en el artículo 53 superior, el cual obliga a las autoridades
judiciales, a elegir en caso de duda, la interpretación que más favorezca al trabajador.
Este derecho corresponde a su reconocimiento universal, por cuanto el fenómeno
inflacionario afecta a todos por igual. Configura un desarrollo del Estado social de
derecho y una garantía acorde con los artículos 13 y 46, que prescriben la especial
protección constitucional a las personas de la tercera edad y el derecho al mínimo vital.

89. Por consiguiente, en el caso concreto se ordenará indexar la primera mesada, en la
medida que la demandante se retiró del servicio público el 12 de junio de 2012, y su
inclusión en nómina se produjo más de un año después, con ocasión de la expedición
de la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013, la cual no efectuó
indexación alguna.

3.7. Prescripción

90. El artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, establece la prescripción de las acciones
que emanen de derechos laborales en 3 años contados a partir de que la prestación se
hizo exigible, así como su interrupción por un lapso igual por el reclamo efectuado por el
interesado:

«Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.

30
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la
Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «(…) sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones –constitucional,
ordinaria, contencioso–administrativa y jurisdiccional disciplinaria–, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella,
las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa
del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por
eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la
facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo
cumplimiento de determinadas condiciones (…)».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual».

91. Por su parte, el artículo 151 del Código Procesal Laboral también dispuso la
prescripción de las acciones procedentes de las leyes sociales:

«Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años,
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual».

92. En el presente asunto, el derecho pensional se hizo exigible a partir del día siguiente
del retiro definitivo de la demandante, 12 de junio de 201231, por lo que a partir de
entonces contaba con 3 años para reclamar en sede administrativa, so pena de que
operase el fenómeno de la prescripción.

93. El 15 de agosto de 2013, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez, en atención a que se había producido su retiro definitivo del servicio y
que acumuló nuevos tiempos de servicio32. Con ello interrumpió el término de
prescripción por un lapso igual, es decir, hasta el 15 de agosto de 2016.

94. Colpensiones, a través de la Resolución GNR 315075 del 22 de noviembre de 2013,
efectuó el reconocimiento con ocasión de los nuevos tiempos, y ordenó su inclusión en
nómina. En el referido acto administrativo, reiteró el reconocimiento de la pensión de
vejez, en los términos efectuados por el ISS en la Resolución 5753 del 9 de marzo de
201233 y ordenó el pago del retroactivo correspondiente.

95. El16 de diciembre de 2013, la actora presentó ante Colpensiones recurso de
reposición, y en subsidio de apelación, en contra de la resolución GNR315075 del 22 de
noviembre de 2013.

96. A pesar de que Colpensiones emitió constancia de radicación BZ2013_9011030-
2721902, nunca atendió los recursos interpuestos.

97. En ese orden de ideas, como la demanda fue finalmente presentada el 27 de junio de
2016, no operó el fenómeno de la prescripción de lo que en exceso le correspondería a
la demandante, debido a que la demanda fue presentada en tiempo.

31
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12».
32
La referida petición no obra en el expediente, pero es mencionada en la Resolución GNR 315075 del 22 de
noviembre de 2013. Samai Consejo de Estado 05001233300020160147101, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».
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Samai Consejo de Estado 05001233300020160147101, archivo pdf
«ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXODELADEMANDAP(.pdf) NroActua
12».

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

3.8. Conclusión

98. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concuerda con el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto a que la reliquidación de la pensión de la demandante en lo que
tiene que ver con IBL y factores salariales, debe hacerse conforme a lo indicado en la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 11 de junio
de 2020, proferida en el expediente 05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-
SII 020-20, es decir, que el IBL de su pensión se determina con aplicación del artículo 21
de la Ley 100 de 1993, con lo que se debió atender al promedio de lo devengado en los
últimos 10 años de servicio, desde 2002 a 2012, y los factores señalados en el Decreto
1158 de 1994, todo esto con una tasa de reemplazo del 75%, como lo indica el artículo
7 Decreto 929 de 1976. De igual manera, la Sala está de acuerdo con que se ordene a
Colpensiones a pagar las diferencias de mesadas de manera indexada.

99. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar parcialmente la sentencia apelada,
ya que se revocará lo atinente a la prescripción de mesadas, y además se adicionará en
el sentido de ordenar la indexación de la primera mesada pensional.

3.9. Costas

100. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario34 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone
la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó
de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no
se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandada haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

34
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo–valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01471-01 (3010-2021)
Demandante: Rosalba Ocampo Gómez
Demandadas: Colpensiones y Porvenir

Falla:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 23 de
junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Segundo: Adicionar la sentencia de primera instancia proferida el 23 de junio de 2021
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de precisar que Colpensiones
deberá indexar la primera mesada pensional.

Tercero: Revocar el numeral sexto de la sentencia de primera instancia proferida el 23
de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que decretó prescripción de
las diferencias de mesadas.

Cuarto: No condenar en costas en esta instancia.

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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