Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00107-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00107-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-00107-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
Llamado en garantía: Colfondos
Tema: Multiafiliación al Sistema General de Pensiones
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de junio
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
sus pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La UGPP cuestionó la legalidad de las resoluciones 2322 del 13 de marzo de 1995 y 5110
del 12 de marzo de 1998, mediante las cuales, la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal, reconoció una pensión de invalidez a Jorge Alberto León Fonseca y,
posteriormente, la sustituyó a su cónyuge supérstite, Ana Luisa Álvarez Barco.
Sostuvo que tales actos son contrarios al ordenamiento jurídico, por cuanto el causante
se encontraba afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, administrado
por Colfondos, desde el 6 de mayo de 1994, razón por la cual, Cajanal carecía de
competencia para efectuar el reconocimiento pensional, así como la sustitución.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
porque no encontró acreditado el traslado efectivo de Jorge Alberto León Fonseca a
Colfondos, sino una situación de multiafiliación, en la que siempre se mantuvo vigente la
afiliación a Cajanal. Concluyó que dicha entidad, y en su lugar la UGPP, sí era competente
para reconocer y pagar la pensión de invalidez, así como su sustitución, toda vez que el
traslado al RAIS no se perfeccionó ni produjo efectos jurídicos.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia porque se encuentra
demostrado que Jorge Alberto León Fonseca en realidad no se trasladó a Colfondos,
sino que permaneció vinculado al régimen de prima media, RPM, administrado por
Cajanal, entidad que, por lo tanto, sí era competente para reconocer la pensión de
invalidez y su sustitución.
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1.El 21 de agosto de 2014, la UGPP presentó1 demanda2 de nulidad y restablecimiento
del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a
continuación se expresan.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones: (i) 2322 del 13 de marzo de
1995, mediante la cual, Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez
por riesgo común a favor de Jorge Alberto León Fonseca, con efectividad desde el 26 de
febrero de 1995, y (ii) 5110 del 12 de marzo de 1998, por la cual, la referida entidad,
sustituyó la pensión a favor de Ana Luisa Álvarez Barco, en calidad de cónyuge
supérstite, a partir del 22 de agosto de 1997.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara que: (i) Cajanal
suspenda el pago de las mesadas pensionales a favor de Ana Luisa Álvarez Barco, (ii)
la referida señora devuelva, de manera indexada, las mesadas percibidas desde que la
pensión le fue sustituida, y (iii) indicarle que solicite la sustitución de la pensión ante
Colfondos, por ser la entidad a la cual su difunto esposo se había trasladado en 1994.
2.1.2. Hechos
4. Jorge Alberto León Fonseca, nació el 13 de enero de 1962.
5. Laboró en la Fiscalía General de la Nación, FGN, desde el 6 de octubre de 1992 hasta
el 25 de febrero de 1995, en el cargo de investigador judicial II.
6.El 23 de febrero de 1995, la FGN, mediante Resolución 404, dispuso su retiro del
servicio por invalidez absoluta, a partir del 26 de febrero del mismo año, con fundamento
en el dictamen médico emitido por la División de Salud Ocupacional de Cajanal, en el
cual se determinó que tenía una pérdida de capacidad laboral permanente del 96%.
7. En atención a ello, Cajanal expidió la Resolución 2322 del 13 de marzo de 1995, por
la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez por riesgo común, con
efectividad a partir del 26 de febrero de 1995, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
100 de 1993.
8. Jorge Alberto León Fonseca falleció el 21 de agosto de 1997, circunstancia que dio
lugar a que su cónyuge, Ana Luisa Álvarez Barco, solicitara el reconocimiento de la
sustitución pensional ante Cajanal.
9.Cajanal profirió la Resolución 5110 del 12 de marzo de 1998, mediante la cual,
sustituyó la pensión a favor de Ana Luisa Álvarez Barco, desde el 22 de agosto de 1997.
10. Enla demanda se afirmó que al realizar una revisión integral del expediente
administrativo, la UGPP encontró que pese a que cotizó ininterrumpidamente a Cajanal,
Jorge Alberto León Fonseca figuraba afiliado a Colfondos desde el 6 de mayo de 1994.
1
Según el «acta individual de reparto», visible a índice 21 de Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-
01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 21», f. 97.
2
Samai Consejo de Estado, exp. 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL (.pdf) NroActua 21», ff. 69 a 93.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. La UGPP citó como normas violadas las siguientes: los artículos 13, 48 y 53 de la
Constitución Política, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, el artículo 15 del Decreto 692
de 1994, y los decretos 813 de 1994, 917 de 1999, y 2527 de 2000.
12. En el concepto de violación sostuvo que los actos administrativos acusados
contravienen los principios de legalidad y de competencia administrativa, en la medida
que Cajanal carecía de atribuciones para reconocer y pagar la pensión de invalidez y la
posterior sustitución pensional, toda vez que Jorge Alberto León Fonseca se encontraba
válidamente afiliado al RAIS, administrado por Colfondos, desde el 6 de mayo de 1994.
13. Indicó que, conforme al artículo 15 del Decreto 692 de 1994, una vez el afiliado realiza
la selección del régimen pensional, no puede trasladarse antes de transcurridos 3 años,
y en este caso, no se acreditó prueba de retracto o de retorno al RPM administrado por
Cajanal, razón por la cual el traslado al RAIS surtió plenos efectos jurídicos.
14. Adujo que el reconocimiento efectuado por Cajanal vulneró los artículos 38 y 52 de la
Ley 100 de 1993, que delimitan el ámbito de competencia de las administradoras del
Sistema General de Pensiones, así como el Decreto 813 de 1994, que reglamenta el
régimen de transición del artículo 36 de la referida ley, que establece que la afiliación al
RAIS implica la pérdida de dicho beneficio transicional.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Ana Luisa Álvarez Barco
15. Ana Luisa Álvarez Barco contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones formuladas por la UGPP 3.
16. Sostuvo que los actos administrativos mediante los cuales se reconoció la pensión de
invalidez a su difunto esposo, Jorge Alberto León Fonseca, y se sustituyó la pensión a
favor de ella, fueron legales, válidos y expedidos por la entidad competente, con
observancia de los requisitos exigidos por la normatividad aplicable.
17. Afirmó que la sustitución se otorgó de conformidad con la Ley 100 de 1993, en su
condición de cónyuge supérstite del pensionado, y que tanto ella como su finado esposo,
obraron en todo momento de buena fe, por lo que no resulta procedente exigir la
devolución de las mesadas percibidas. Agregó que la acción de lesividad interpuesta
resulta improcedente y extemporánea, pues los actos administrativos cuestionados se
encuentran ejecutoriados desde hace más de 2 décadas, «generando situaciones
jurídicas consolidadas en favor de particulares de buena fe, a quienes no puede
exigírseles la devolución de recursos percibidos legítimamente», de conformidad con el
artículo 164, literal c, del CPACA.
18. Manifestó que, de existir alguna controversia respecto de la afiliación o traslado del
causante, esta debía resolverse entre la UGPP y Colfondos, entidades encargadas de la
administración y pago de las prestaciones del Sistema General de Pensiones, pero en
ningún caso en contra de los beneficiarios, quienes son titulares de un derecho adquirido
e irrenunciable, conforme al artículo 340 del Código Sustantivo del Trabajo, CST.
3
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO
01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 21», ff. 108 a 113.
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Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
19. Sostuvo que las prestaciones reconocidas por Cajanal fueron pagadas legalmente y
amparadas por el principio de confianza legítima, dado que el causante cumplió con
todos los requisitos para acceder a la pensión, y la entidad, con conocimiento pleno de
la situación, decidió reconocerla y posteriormente sustituirla a su cónyuge.
20. Finalmente indicó, que la UGPP no es la entidad directamente afectada con los actos
administrativos demandados, toda vez que no los expidió, sino su antecesora, es decir,
Cajanal, y en esa medida, la función de la UGPP es continuar con el pago de las
prestaciones reconocidas por Cajanal.
21. Como excepciones propuso: «incapacidad del titular del derecho pensional reconocido
y pagado» e «imposibilidad de declarar la nulidad de un acto administrativo que concedió
una pensión a una persona en vida y que posteriormente falleció» de acuerdo a lo
establecido en el artículo 180 del CPACA.
2.2.2. Colfondos
22. Colfondos se opuso a las pretensiones de la demanda porque considera que la
afiliación válida es la que el pensionado tuvo con Cajanal. Puntualizó que el trabajador
fallecido se encontraba multiafiliado, es decir, vinculado al RPM y al RAIS. Sin embargo,
fue al RPM al cual se realizaron sus aportes sin interrupción pese a la afiliación que
suscribió con Colfondos, entidad a la que solo se realizaron dos aportes: en octubre de
1994 y en febrero de 1995. De manera que es evidente que su intención era permanecer
afiliado y cotizando al RPM 4.
23. Explicóque existe múltiple vinculación en aquellos casos en los cuales, los
trabajadores se encuentren registrados en las bases de datos de las entidades en forma
simultánea, como lo indica el Decreto 3995 de 2008.
24. Precisó que Cajanal reconoció la pensión y posteriormente solicitó a Colfondos el
traslado de los aportes correspondientes a los 2 meses anteriormente señalados, con lo
cual, Cajanal admitió que Jorge Alberto León Fonseca se encontraba afiliado a dicha
entidad.
2.3. Sentencia de primera instancia
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A5,
25. El
mediante sentencia del 11 de junio de 20206, negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas. En resumen, el Tribunal argumentó lo siguiente:
a) Jorge Alberto León Fonseca fue retirado del servicio de la FGN por invalidez absoluta
a partir del 26 de febrero de 1995, con base en el dictamen de la Junta Médica Laboral
de Cajanal, que determinó una pérdida de capacidad laboral del 96%. Con
fundamento en dicho concepto, Cajanal reconoció, mediante Resolución 2322 del 13
de marzo de 1995 una pensión de invalidez por riesgo común.
b) Luego del fallecimiento del pensionado el 21 de agosto de 1997, Cajanal profirió la
Resolución 5110 del 12 de marzo de 1998, mediante la cual, reconoció la sustitución
4
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, índice 22, archivo pdf
«ED_C03_01Cuaderno03LlamamientoEnGarantia(.pdf) NroActua 22», ff. 51 a 55.
5
En Sala integrada por los magistrados Carmen Alicia Rengifo Sanguino (ponente), José María Armenta Fuentes y
Néstor Javier Calvo Cháves.
6
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO
01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 21», ff. 229 a 238.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
pensional a favor de su cónyuge Ana Luisa Álvarez Barco, con efectividad desde el
22 de agosto de 1997.
c) Aunque el causante figuró afiliado a Colfondos desde el 6 de mayo de 1994, dicha
afiliación no tuvo efectos jurídicos válidos, puesto que no existe prueba del formulario
respectivo ni constancia que demuestre una desvinculación formal del RPM
administrado por Cajanal.
d) En el expediente solo obran 2 aportes aislados realizados a Colfondos,
correspondientes a diciembre de 1994 y febrero de 1995, los cuales fueron devueltos
a Cajanal en el año 2012. Ello demuestra, según el Tribunal, que el traslado al RAIS
no se perfeccionó y que la afiliación a Colfondos fue meramente aparente,
manteniéndose la vigencia de la vinculación a Cajanal.
e) Señaló que según el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, que prohíbe la múltiple
vinculación al Sistema General de Pensiones, en tales casos, debe prevalecer la
afiliación válida conforme a los registros y aportes efectuados. Asimismo, se refirió al
Decreto 3995 de 2008, que reguló la resolución de los casos de multiafiliación entre
entidades administradoras, reiterando que las controversias debían resolverse
directamente entre ellas, sin afectar los derechos de los afiliados o sus beneficiarios.
f) En esa medida, concluyó que no existió un traslado real al RAIS, sino una situación de
multiafiliación, de modo que Cajanal, hoy UGPP, era la entidad competente para
reconocer y pagar la pensión.
2.4. Recurso de apelación
26. La UGPP interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la sentencia
y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. De manera puntual
precisó lo siguiente7:
a) Reiteró que Cajanal carecía de competencia porque Jorge Alberto León Fonseca se
encontraba válidamente afiliado a Colfondos desde el 6 de mayo de 1994, ya que su
traslado al RAIS surtió plenos efectos jurídicos, conforme al artículo 15 del Decreto
692 de 1994, el cual establece que, una vez seleccionado el régimen pensional, el
afiliado no puede trasladarse antes de transcurridos 3 años.
b) Indicó que en el expediente administrativo reposa el formulario de afiliación a
Colfondos debidamente diligenciado y firmado por el trabajador, así como aportes
efectuados a dicho fondo durante los meses de diciembre de 1994 y febrero de 1995,
lo que demuestra la formalización del traslado. Por ello, la competencia para
reconocer las prestaciones pensionales no correspondía a Cajanal, sino al fondo
privado.
c) Agregó que, al trasladarse al RAIS, Jorge Alberto León Fonseca perdió el beneficio del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 813 de 1994.
d) Finalmente señaló, que el acto de reconocimiento pensional demandado vulnera el
Decreto 2527 de 2000, según el cual, las cajas o fondos públicos solo podían
continuar otorgando pensiones a quienes tuvieran el carácter de afiliados a la fecha
7
Samai Consejo de Estado, expediente 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO
01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 21», ff. 240 a 247.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y cumplieran con los
requisitos allí señalados.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
27. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
2.6. Concepto del Ministerio Público
28. El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el artículo 150.1 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución
30. Corresponde a la Sala determinar si ¿los actos administrativos contenidos en las
resoluciones 2322 del 13 de marzo de 1995 y 5110 del 12 de marzo de 1998, mediante
los cuales Cajanal reconoció a Jorge Alberto León Fonseca una pensión de invalidez por
riesgo común y, posteriormente, la sustituyó a Ana Luisa Álvarez Barco como cónyuge
supérstite, resultan contrarios al orden jurídico por haber sido expedidos sin
competencia, toda vez que el causante aparecía afiliado al RAIS administrado por
Colfondos desde el 6 de mayo de 1994?
31. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá, en primer lugar, al
Sistema General de Pensiones, y a sus regímenes RPM y RAIS; luego, analizará el
fenómeno de la multiafilación al sistema y sus consecuencias. Finalmente, se estudiará
el caso en concreto.
3.3. El Sistema General de Pensiones
32. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones con el objetivo de
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez,
invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones
determinadas en la Ley. El Sistema General de Pensiones está compuesto,
fundamentalmente, por el «Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida»
y el «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad», a los cuales se referirá la Sala a
continuación.
3.3.1. Régimen solidario de prima media con prestación definida
33. Es aquel mediante el cual, los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de
vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, cuyos montos están
previamente definidos en la ley. La administración de este régimen se radicó,
inicialmente, en cabeza del ISS, hoy COLPENSIONES, y de las cajas, fondos o entidades de
seguridad social del sector público que existían para el momento de expedición de la Ley
100 de 1993.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
34. En el RPM el monto de las pensiones está ligado al salario del afiliado, y no al ahorro
efectuado en su vida laboral. Así, por ejemplo, la Ley 100 estableció en su artículo 33 –
versión original– que accedería a una pensión de vejez solo quien: (i) cumpliera 60 años
de edad (en el caso de los hombres) y 55 (en el caso de las mujeres), y, (ii) cotizara
1.000 semanas en cualquier tiempo8. Por su parte, el artículo 34 –versión original– de la
misma Ley, indicó que el monto correspondía, en principio, al 65 % del ingreso base de
liquidación, teniendo en cuenta los últimos 10 años de cotizaciones, o toda la vida laboral,
si el afiliado había cotizado más de 1.250 semanas.9 En cuanto a la tasa de reemplazo,
la norma en comento estableció que esta aumentara de conformidad con el mayor
número de semanas cotizadas, posteriores a las primeras 1.000, pero dicho porcentaje
no podía ser, en ningún caso, superior a 85%10.
35. Las reglas antedichas fueron modificadas por la Ley 797 de 2003, la cual dispuso,
primero, que, a partir del 1 de enero de 2014, la edad de pensión sería de 62 años (para
hombres) y 57 (para mujeres). Segundo, que las semanas mínimas necesarias para
pensionarse irían en aumento paulatino desde 2005 hasta 2015, año en el que se
exigirían, desde ahí y en adelante, 1.30011. En lo referido al monto de la prestación, indicó
que correspondería al 65% del IBL, y que aquel porcentaje aumentaría de acuerdo al
número de semanas que hubiere cotizado la persona. Sin embargo, la norma incluyó una
fórmula novedosa, a través de la cual la tasa de reemplazo podría disminuir, por debajo
del 65% y hasta el 55%, si el IBL del afiliado era alto12.
3.3.2. Régimen de ahorro individual
36. En el RAIS «(…) las cotizaciones efectuadas por una persona no serán dirigidas a un
fondo común, sino a una cuenta de naturaleza individual que, junto con sus rendimientos,
servirá de sustento económico al momento de reconocer y pagar la pensión a la que
tenga derecho el afiliado»13.
37. A diferencia de lo que ocurre con el RPM, en el RAIS, además de las cotizaciones
obligatorias previstas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, una persona puede efectuar
cotizaciones voluntarias con el único propósito de que el monto de su mesada pensional
crezca, o que la prestación se pague antes de los 62 o de los 57 años. Así lo establece
el artículo 62 de dicha Ley, al señalar que «[l]os afiliados al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los
límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los
8
Ley 100 de 1993, Artículo 33 -versión original-.
9
Ley 100 de 1993, Artículo 21: «Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. // Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los
ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá
optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo».
10
Ley 100 de 1993, Artículo 34 -versión original-.
11
Ley 797 de 2003, Artículo 9.
12
Ley 797 de 2003, Artículo 10: «A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: // El monto
mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente
al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula
siguiente: // r = 65.50 - 0.50 s, donde: r = porcentaje del ingreso de liquidación. s = número de salarios mínimos legales
mensuales vigentes. // A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará
entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de
ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año
hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. // A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas
requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo
de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización,
calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior
al 80% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima».
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-313 de 2020.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión
mayor o un retiro anticipado»14.
38. Así las cosas, en el RAIS las personas podrán acceder a la pensión de vejez a cualquier
edad siempre que, como lo dispone el artículo 64 de la Ley 100 de 1993: «el capital
acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual,
superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de
esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE […]»15.
39. Con todo, cuando los afiliados no logran reunir ese capital, tienen la opción de contar
con la garantía de pensión mínima si cumplen 62 (hombres) o 57 años (mujeres), y
cotizan un mínimo de 1.150 semanas16. Si la persona no logra, finalmente, pensionarse
con ninguna de estas reglas, operará la devolución de saldos17.
40. Ahora bien, en el RAIS, la pensión de vejez se puede pagar en una de 3 formas
escogidas por el afiliado: (i) renta vitalicia inmediata18, (ii) retiro programado19, o (iii) retiro
programado con renta vitalicia diferida20. En cualquier caso, a diferencia de lo que sucede
en el RPM, el monto de la pensión en el RAIS depende exclusivamente del ahorro
acumulado. En este régimen, entonces, el valor de la mesada pensional no está
directamente ligado al promedio de los salarios percibidos en los últimos 10 años de vida
laboral. Y tampoco existe el concepto tasa de reemplazo.
41. Los artículos 59, 60, 63 y 151 de la Ley 100 de 1993 encargaron la administración del
RAIS a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP),
14
Ley 100 de 1993, Artículo 62. 15
Ley 100 de 1993, Artículo 64. 16
Ley 100 de 1993, Artículo 65: «Los afiliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son mujeres, no
hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por
lo menos 1.150, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete
la parte que haga falta para obtener dicha pensión. // Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se
refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley». 17
Ley 100 de 1993. Artículo 66: «Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número
mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos
igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual,
incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando
hasta alcanzar el derecho». 18
Ley 100 de 1993, Artículo 80: «La renta vitalicia inmediata, es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado
o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual
hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos
tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no
pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento. // La administradora a la que
hubiere estado cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión, será
la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva
aseguradora». 19
Ley 100 de 1993, Artículo 81: «El retiro programado es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los
beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional
y al bono pensional a que hubiera lugar. // Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor
constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para
financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la
doceava parte de dicha anualidad. // El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una
pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios
una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente. // Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable
cuando el capital ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a una pensión inferior a la mínima,
y el afiliado no tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima. // Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos
que queden en la cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro programado,
acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la
garantía estatal de pensión mínima». 20
Ley 100 de 1993, Artículo 82: «El retiro programado con renta vitalicia diferida, es la modalidad de pensión por la
cual un afiliado contrata con la aseguradora de su elección, una renta vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales a
partir de una fecha determinada, reteniendo en su cuenta individual de ahorro pensional, los fondos suficientes para
obtener de la administradora un retiro programado, durante el período que medie entre la fecha en que ejerce la opción
por esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comience a ser pagada por la aseguradora.
La renta
vitalicia diferida contratada tampoco podrá en este caso, ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente». 8
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las cuales son entidades o sociedades de servicios financieros, que se encuentran
vigiladas por la Superintendencia Financiera, creadas con el único fin de administrar
fondos de pensiones obligatorias, fondos de cesantías y fondos de pensiones
voluntarias, es decir su función exclusiva y fundamental es la administración y manejo
de fondos y planes de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y de
fondo de cesantías.
3.4. Multiafiliación a diferentes regímenes pensionales
42. LaLey 100 de 199321, ante la coexistencia de los mencionados 2 regímenes
pensionales, estableció de manera expresa su incompatibilidad, así:
«Artículo 16. Incompatibilidad de regímenes. Ninguna persona podrá distribuir las
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados
para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera del
Sistema General de Pensiones. […]».
43. Esto implica que nadie puede estar afiliado y depositando sus cotizaciones
obligatorias, de manera simultánea, en el RAIS y en el RPM. El Decreto 692 de 1994, en
su artículo 17 (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), lo reiteró
con contundencia: «Está prohibida la múltiple vinculación. (…)».
44. Por lo tanto, pese a la libertad de escogencia que les asiste a los trabajadores, ninguna
persona puede efectuar de manera simultánea, cotizaciones obligatorias a los 2
regímenes del Sistema General de Pensiones, pues, si bien tienen la posibilidad de elegir
libremente aquel que consideren más conveniente a sus intereses, en tanto sea una
cotización obligatoria, deben optar por uno de los 2.
45. Sin embargo, como bien lo reseñó la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de
2024:
«[…] el hecho es que una vez expedida la Ley 100 de 1993, y debido a diversos
problemas administrativos, varias personas se trasladaron del RPM al RAIS sin contar con
los requisitos legales mínimos exigidos para ello. Recuérdese que, inicialmente, el artículo
13, en su literal e, señaló que luego de seleccionar por primera vez un régimen, la persona
solo podría trasladarse al otro luego de que hubieren trascurrido 3 años. Regla que fue
modificada a partir de la Ley 797 de 2003 que, en su artículo 2, dispuso que el tiempo
mínimo de permanencia sería de 5 años (y no de 3), y que una persona no podría
trasladarse si le hacían falta 10 años o menos para adquirir la edad de pensión. Las
administradoras de pensiones debían conocer todas estas reglas y, por tanto, evitar el
traslado de una persona que no cumpliera con ellas. Precisamente, el artículo 12 del
Decreto 692 de 1994 ordenó a estas administradoras comunicar al afiliado y a su
empleador “cuándo la vinculación no [cumple] los requisitos mínimos establecidos”. Sin
embargo, por sus propias fallas técnicas y, especialmente, por la falta de comunicación
entre las administradoras, algunas personas pasaban de un régimen a otro, por ejemplo,
sin cumplir los 3 años mínimos de permanencia, con lo cual quedaban en estado de multi
afiliación, multi vinculación o afiliación múltiple, fenómeno que entonces surgió de forma
atípica contra legem».
46. La multiafiliación consiste entonces, en la afiliación simultánea de una persona a los
2 regímenes pensionales que coexisten, el RAIS y el RPM.
21
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
9
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47. Con el objeto de solucionar estos inconvenientes, el artículo 17 del Decreto 692 de
1994 dispuso que, si la múltiple afiliación tenía lugar, sería válida solo «la última afiliación
efectuada dentro de los términos legales». Es decir, todas las demás afiliaciones,
realizadas sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, eran inválidas:
«Artículo 17. Múltiples vinculaciones. Está prohibida la múltiple vinculación. El afiliado sólo
podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo, cuando el
afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos, será válida
la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no
son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la
totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria».
48. Posteriormente, el Decreto 3800 de 2003, en su artículo 2, permitió a las personas
que para el 28 de enero de 2004 se encontraban multi vinculadas, elegir voluntariamente
el régimen al que querían pertenecer. En caso de que estas personas no tomaran una
decisión, se entenderían «vinculadas a la entidad a la que se [encontraban] cotizando a
28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha»22.
Como se advierte, en este decreto se les permitió a las personas decidir voluntariamente
entre los dos regímenes existentes, antes de optar por asignarlos a uno determinado en
razón de las cotizaciones que hubieren hecho.
49. Finalmente, el Decreto 3995 de 200823 –proferido por el gobierno nacional con la
intención de dar una solución definitiva a los casos de múltiple afiliación a los regímenes
de pensiones y resolver los casos de manera masiva y con privilegio de la voluntad de
los cotizantes–, creó unos parámetros y fijó un ámbito de aplicación temporal a dicha
norma24:
«Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se
aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007,
se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas
normas de traslados de afiliados, recursos e información.
A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se
trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10
años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen,
se les aplicará lo que establecen los artículos 7, 8 y 12 del presente decreto.
Parágrafo. Se excluyen de la aplicación del presente decreto:
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme a las
normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente decreto.
2. Las personas a quienes a la entrada en vigencia del presente decreto se les haya
reconocido una pensión del Sistema General de Pensiones, o quienes tengan los
requisitos de pensión cumplidos en alguno de los dos regímenes.
3. Los afiliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el artículo 9
del Decreto-ley 2090 de 2003».
22
Decreto 3800 de 2003, Artículo 2.
23
Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993.
24
En los considerandos del mismo se señaló que «los procesos de cruce de información […], así como los controles
para la prevención en el futuro de la múltiple vinculación, solamente pudieron realizarse y finalizarse con base en
procesos tecnológicos de manera adecuada durante los años 2006 y 2007, lo que impidió que las administradoras
pudieran cumplir oportunamente con su obligación de informar a sus afiliados o cotizantes su situación de múltiple
vinculación o de cotizante no vinculado. Dicha situación generó, a su turno, que durante el periodo transcurrido entre
la entrada de vigencia del Sistema General de Seguridad Social de Pensiones y el 31 de diciembre de 2007, surgieran
numerosos casos de personas con vinculaciones y/o cotizaciones simultaneas a los dos regímenes pensionales […]».
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50. En este punto, la Sala considera importante precisar la diferencia entre traslado y
multiafiliación. Los dos fenómenos se presentan a raíz de la implementación del nuevo
sistema de seguridad social en pensiones adoptado con la Ley 100 de 1993, que entró
en vigencia el 1 de abril de 1994, con el cual se crearon 2 regímenes pensionales
excluyentes entre sí, como ya se explicó: el RAIS y el RPM.
51. La ley no define exactamente el traslado de régimen, sin embargo, es la misma Ley
100 de 1993, en su artículo 13, entre otros, la que permitió la posibilidad de trasladarse
de un régimen a otro, es decir, que una vez hecha la selección inicial, el afiliado puede
cambiarse del RPM al RAIS o viceversa; lo que trae como consecuencia general que el
afiliado acepta y se somete a las condiciones propias del último régimen al que se afilia
válidamente para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás
prestaciones económicas a las que haya lugar. Y para los beneficiarios del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, implica además, que pierden ese
beneficio, de acuerdo con lo reglado por los incisos 4 y 5 de dicha norma.
52. Ahora, para que el traslado de régimen se materialice, de acuerdo con la misma ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se requiere que se cumplan una serie de
requisitos, el primero de ellos, que se haga dentro de los términos otorgados por la ley,
pues se estableció inicialmente que el afiliado, después de la selección inicial, solo se
podía trasladar después de 3 años, limitación que fue ampliada posteriormente por la
Ley 797 de 2003 a 5 años, y adicionalmente se prohibió el traslado a quienes les faltara
menos de 10 años para pensionarse, quedando reglado el término para hacer el traslado,
de la siguiente manera:
«Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El Sistema General de
Pensiones tendrá las siguientes características:
(…)
e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 2003: Los afiliados al Sistema General
de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada
la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 5
años, contados a partir de la selección inicial. Después de 1 año de la vigencia de la
presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o
menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez».
53. También es muy importante señalar, que el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 –
que reglamentó inicialmente la Ley 100–, dispuso, entre otros aspectos, los términos y
condiciones para efectuar la afiliación inicial –incluyendo la de los que ya venían afiliados
al Instituto de Seguros Sociales– y para hacer los traslados, imponiendo, entre otras
obligaciones, al afiliado, la de informar a su empleador el hecho del traslado, a fin de que
éste siguiera haciendo las cotizaciones al nuevo fondo y, a su vez, a la nueva
administradora, el deber de hacer las gestiones necesarias para que el anterior fondo le
trasladara los aportes de su nuevo afiliado y le expidiera el bono pensional, según el
caso.
54. Así se desprende de lo establecido, entre otros, en los artículos 11, 15 y 16 del Decreto
692 de 1994, los cuales rezan:
«Artículo 11: Diligenciamiento de la selección y vinculación.
(…)
Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con
prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario
deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado
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de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda
preimpresa en este sentido.
(…)».
«Articulo 15. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de uno de
cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los
afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años
contados desde la fecha de la selección anterior.
Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con
solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo siguiente:
a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de
ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales. La
expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 del presente Decreto
y la reglamentación que al efecto se expida en uso de las facultades extraordinarias de
que trata el numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.
b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen
de prima media con prestación definida, se le acreditarán en este último el número de
semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos
los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias
cuyo retiro no se le haya efectuado al momento del traslado, se devolverán al afiliado,
previa solicitud efectuada 6 meses antes del traslado».
«Articulo 16. Cambio de administradora de fondos de pensiones. Quienes seleccionen el
régimen de ahorro individual con solidaridad, o se trasladen a éste, deberán vincularse a
la AFP o la AFPC que prefieran. Seleccionada la administradora, sólo se podrá trasladar a
otra AFP o AFPC cuando hayan transcurrido por lo menos seis meses, contados desde la
selección anterior, previa solicitud presentada por el interesado con no menos de 30 días
calendario de anticipación a la nueva entidad administradora. Dicha solicitud se entenderá
cumplida con el diligenciamiento del formulario de traslado o vinculación, copia de la cual
deberá ser entregada por el afiliado al empleador.
Iguales términos se aplicarán a la transferencia del valor de la cuenta individual de ahorro
pensional a otro plano de capitalización o de pensiones.
La AFP o la AFPC a la cual se encontraba afiliado con anterioridad, en la forma que
establezca la Superintendencia Bancaria, fecha a partir de la cual, y dentro de los 30 días
siguientes, se deberá trasladar los saldos respectivos de la cuenta individual».
55. En resumen, de acuerdo con el recuento efectuado, puede decirse que el traslado de
régimen se configura cuando: (i) se suscribe el formulario dentro de los términos legales
permitidos –de 3 años si es en vigencia de la Ley 100 en su versión original, o de 5 años
si es posterior a la reforma de la Ley 797 de 2003–, (ii) el afiliado informa la novedad a
su empleador –lo que implica que de ahí en adelante se compromete a hacer los aportes
a la nueva administradora–, y (iii) se hace la transferencia de los aportes o cotizaciones
de la anterior administradora de pensiones a la nueva.
56. Esta corporación, en un caso que guarda similitud al presente, estableció la
inexistencia de un traslado del RPM al RAIS, al estar probada la continuidad en las
cotizaciones en el régimen administrado por Cajanal, por lo que, más que un traslado, se
trató de una multiafiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones:
«La U.G.P.P. en el presente asunto solicitó declarar la nulidad del acto administrativo
mediante el cual se reconoció la pensión de vejez de la señora Mariela Concepción
Villanueva Torregroza, al considerar que aquella al trasladarse del régimen de prima media
con prestación definida al de ahorro individual, hizo que la extinta Cajanal perdiera
competencia para haber efectuado dicho reconocimiento.
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Al respecto, el a quo negó las pretensiones de la demanda al concluir que a la accionada
sí le asistía derecho a la pensión de vejez que Cajanal le reconoció, puesto que acreditó el
tiempo de servicios y la edad para ser beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 33
de 1985.
Adicionalmente, precisó que hubo multiplicidad de cotizaciones por parte de la accionada,
lo que permite a la U.G.P.P. iniciar el trámite correspondiente con el fin de que las demás
cotizaciones efectuadas por la demandada financien en parte la pensión de vejez de la cual
goza en la actualidad.
Por su parte, la U.G.P.P. inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación, en el que argumentó que previo al reconocimiento pensional de la aquí
demandada no se advirtió que aquella se había trasladado del régimen de prima media con
prestación definida al de ahorro individual y, además, resaltó que existieron aportes
simultáneos en ambos regímenes, situación que legalmente es improcedente.
Pues bien, lo primero que la Sala advierte del material probatorio que obra en el expediente,
es que, contrario a lo señalado por la U.G.P.P., la señora Villanueva Torregroza no realizó
propiamente un traslado de régimen de prima media con prestación definida al régimen de
ahorro individual con solidaridad.
Lo anterior, toda vez que se observa un periodo de continuidad en las respectivas
cotizaciones efectuadas por la accionada a la extinta Cajanal, esto es, nunca dejó de
realizar las respectivas cotizaciones a dicha caja, tal como sucedió durante el tiempo que
duró la vinculación entre aquella y el ente territorial de Barranquilla, esto es, desde el 22
de mayo de 1984 hasta el 15 de enero de 2009, completando un tiempo de 24 años, 7
meses y 23 días.
No obstante, lo que se encuentra en el caso concreto es que existió una multiafiliación en
el Sistema General de Seguridad Social de Pensiones (SGSSP), dado que
simultáneamente la accionada efectuó cotizaciones al Fondo Privado de Pensiones
Horizonte.
Ahora, de acuerdo con lo expuesto en el acápite normativo, en el caso concreto la
accionada se encontraría excluida de la aplicación de lo contemplado en el Decreto 3995
de 2008, puesto que a la entrada en vigor del mismo ya acreditaba los requisitos para
acceder a la pensión de vejez. Ciertamente, la demandante cumplió 55 años de edad el 20
de diciembre de 2004 y demostró más de 20 años de servicios con el ente territorial de
Barranquilla, el 21 de mayo del mismo año.
De esta manera, el caso de la señora Mariela Concepción Villanueva Torregroza tenía que
dirimirse bajo las condiciones del Decreto 3800 de 2003, que en su artículo 2, permitía que
las personas en situación de múltiple afiliación eligieran el régimen al cual deseaban estar
vinculados. Quienes no manifestaran su voluntad en uno u otro sentido, se entenderían
vinculados a la entidad a la que se encontraban cotizando a la entrada en vigencia de dicha
norma o aquella que recibió la última cotización a esa fecha.
Así las cosas, comoquiera que en el presente asunto no se demostró que la AFP hubiera
sido la que recibió la última cotización y ese aspecto tampoco fue discutido por la entidad
demandante, no se puede entender desvirtuada la presunción de legalidad del acto
demandado en lo que a este punto se refiere.
En esos términos, es posible concluir que el argumento esgrimido por la U.G.P.P. con el
fin de desvirtuar la legalidad del acto censurado, no tiene vocación de prosperidad, máxime
cuando, se insiste, la accionada efectuó las respectivas cotizaciones ante Cajanal hasta
acreditar los requisitos legales exigidos para acceder a la pensión de vejez que le fue
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reconocida, por consiguiente, se confirmará la decisión de primera instancia, que negó las
súplicas de la demanda. […]»25. [sic].
57. Por último, es primordial referirnos a los deberes que asisten al juez frente a los
escenarios de múltiple vinculación, señalados por la Corte Constitucional en sentencia
T-191 de 2020, los cuales fueron reiterados en la sentencia SU-107 de 2024:
1) El estudio de traslados de regímenes pensionales debe revisarse siempre desde el
derecho que tiene toda persona a elegir libremente, así como el deber que tiene el
empleador y las administradoras de fondo de pensiones en brindar una asesoría
adecuada.
2) El primer elemento que debe revisarse es la existencia de información por parte del
empleador y de asesoría brindada por parte de la administradora de fondo de
pensiones.
3) Deberá verificarse que la persona haya manifestado su voluntad de afiliarse en un
régimen, así como de trasladarse de uno a otros.
4) El juez se encuentra en el deber de verificar la validez del traslado o de la afiliación.
Esto significa, que no basta con verificar los tiempos de cotización, sino que la
vinculación se haga en los términos que establece la ley. En consecuencia, el juez
deberá identificar cuál es el régimen aplicable y constatar que los requisitos allí fijados
se cumplan a cabalidad. Si la afiliación o el traslado no cumplen con dichos requisitos,
se debe entender, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, que será válida la vinculación anterior –siempre y cuando haya
cumplido también con los requisitos legales–.
5) Cuando se presenta una múltiple afiliación, luego de establecida la validez de la
última efectuada en los términos legales, procede verificar la transferencia de los
saldos a la administradora de pensiones cuya afiliación resulte válida, por cuanto a
ésta corresponde asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones de invalidez,
vejez y muerte.
3.5. Estudio del caso concreto
3.5.1. Hechos probados
58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:
58.1. Jorge Alberto León Fonseca nació el 13 de enero de 196226 y prestó sus servicios a
la FGN desde el 6 de octubre de 1992 hasta el 25 de febrero de 1995, desempeñando el
cargo de investigador judicial II27.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 03 de septiembre de 2020, radicado 08001-23-
33-000-2014-00110-01(3557-16); reiterada en la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por esta Subsección en
expediente 76001-23-33-000-2013-00076-01 (0628-2023).
26
Como consta en la cédula de ciudadanía visible a Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01,
archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 21», f. 61.
27
Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», f. 37 y 59.
14
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58.2. La División de Salud Ocupacional de Cajanal practicó evaluación médica el 24 de
enero de 1995, en la que determinó una pérdida de capacidad laboral del 96 %, con
carácter permanente y total, a partir del 26 de febrero del mismo año28.
58.3. En atención al resultado del dictamen médico, la FGN dispuso su retiro del servicio
por invalidez absoluta mediante Resolución 404 del 23 de febrero de 1995, a partir del
26 de febrero de esa anualidad29.
58.4. Mediante Resolución 2322 del 13 de marzo de 1995, Cajanal reconoció y ordenó el
pago de una pensión de invalidez por riesgo común a favor de Jorge Alberto León
Fonseca, con efectividad a partir del 26 de febrero de 1995, con fundamento en la Ley
100 de 199330.
58.5. Jorge Alberto León Fonseca falleció el 21 de agosto de 1997, hecho acreditado con
el respectivo registro de defunción31.
58.6. En virtud de la solicitud presentada por Ana Luisa Álvarez Barco, Cajanal expidió la
Resolución 5110 del 12 de marzo de 1998, mediante la cual reconoció la sustitución
pensional a su favor, en calidad de cónyuge supérstite, con efectividad a partir del 22 de
agosto de 199732.
58.7. La UGPP, al revisar el expediente administrativo, estableció que Jorge Alberto León
Fonseca aparecía afiliado a Colfondos desde el 6 de mayo de 1994, según constancia
expedida por dicha entidad33.
58.8.Obra en el expediente constancia de 2 aportes efectuados a Colfondos,
correspondientes a los períodos de diciembre de 1994 (8 días) y febrero de 1995 (5 días),
los cuales fueron devueltos a Cajanal el 28 de mayo de 2012, previa solicitud de esta
última, en atención al reconocimiento pensional ya efectuado34.
58.9. En el expediente reposa el oficio 480214-779829878 del 26 de abril de 2012, a través
del cual, Cajanal solicitó el traslado de aportes del afiliado ya que había hecho el
reconocimiento pensional35.
58.10. Mediante oficio 705450000054 del 28 de mayo de 2012, Colfondos le envió a
Cajanal «copia de la transacción realizada por medio de transferencia electrónica a su
favor en la cuenta corriente […] del Banco BBVA, por concepto de traslados de no
vinculados efectuada el 28 de mayo de 2012, del Fondo de Pensiones Obligatorias de
Colfondos Moderado, por [valor de] $5.797.733», correspondiente a los aportes de Jorge
Alberto León Fonseca 36.
28
Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», f. 60.
29
Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», f. 63.
30
Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», ff. 15 a 19.
31
Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», f. 27.
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Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», ff. 46 a 49.
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Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», ff. 212 a 215.
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Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01 / archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», ff. 210 a 212.
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Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01 / archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», ff. 207 a 209.
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Folio 208 del expediente físico.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
no se encontró en el expediente constancia del formulario de traslado o de afiliación
formal a Colfondos, ni prueba de retracto o cambio de régimen posterior al año 1994.
3.5.2. Análisis sustancial de la Sala
59. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará en primer lugar el
examen de la competencia de Cajanal para el reconocimiento de la pensión de invalidez
y de la sustitución pensional, a la luz del régimen jurídico aplicable y de las pruebas
obrantes en el expediente.
60. De acuerdo con los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política, el Sistema
General de Pensiones se rige por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,
bajo la dirección, coordinación y control del Estado. A partir de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, se establecieron 2 regímenes excluyentes: el RPM y el RAIS,
administrados respectivamente por entidades públicas y fondos privados de pensiones.
61. Según el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, una vez el afiliado realiza la selección
de uno de los regímenes, no podrá trasladarse antes de 3 años si es en vigencia de la
Ley 100 original o de 5 años si es posterior a la reforma de la ley 797 de 2003, y el cambio
de régimen solo produce efectos cuando se ha perfeccionado la afiliación mediante el
diligenciamiento del formulario respectivo y el traslado efectivo de aportes.
62. En el caso bajo estudio, la UGPP sostiene que Jorge Alberto León Fonseca se trasladó
al RAIS desde el 6 de mayo de 1994, fecha a partir de la cual habría quedado afiliado a
Colfondos, motivo por el cual Cajanal no podía reconocer la pensión. No obstante, del
análisis del expediente se desprende que dicha afiliación no se formalizó plenamente ni
tuvo efectos jurídicos válidos, pues no obra formulario de traslado ni prueba de
aceptación de afiliación por parte del fondo privado.
63. Por el contrario, se constató que Cajanal continuó recibiendo los aportes y
efectuando las cotizaciones correspondientes hasta el momento del reconocimiento de
la pensión, en tanto que los únicos registros de pagos a Colfondos corresponden a 2
períodos aislados —diciembre de 1994 y febrero de 1995— cuyos valores fueron
devueltos a Cajanal en 2012, luego de que Cajanal, mediante Resolución 2322 del 13 de
marzo de 1995, reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez por riesgo común
a favor de Jorge Alberto León Fonseca37.
64. En efecto, dentro de los documentos existentes en el expediente, no se cuenta con
la constancia y/o certificado de afiliación de Jorge Alberto León Fonseca a Colfondos, ni
prueba alguna de formulario de traslado al RAIS para las fechas indicadas por la entidad
demandante.
65. Lo que sí reposa en el expediente, es el oficio 705450000054 del 28 de mayo de
2012, a través del cual Colfondos le envió a Cajanal «copia de la transacción realizada
por medio de transferencia electrónica a su favor en la cuenta corriente […] del Banco
BBVA, por concepto de traslados de no vinculados efectuada el 28 de mayo de 2012, del
Fondo de Pensiones Obligatorias de Colfondos Moderado, por [valor de] $5.797.733»,
correspondiente a los aportes de Jorge Alberto León Fonseca38, previo requerimiento
hecho a través de oficio 480214-779829878 de 26 de abril de 2012, a través del cual
Cajanal solicitó el traslado de aportes del afiliado ya que había hecho el reconocimiento
pensional.
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Samai Consejo de Estado 25000-23-42-000-2014-00107-01 / archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 21», ff 15 a 19.
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Folio 208 del expediente físico.
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Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
66. La Sala recuerda que el artículo 17 del Decreto 692 de 1994 prohíbe la múltiple
vinculación y dispone que, en caso de presentarse, debe prevalecer la afiliación válida,
esto es, aquella en la que se hayan realizado los aportes de manera efectiva y constante.
En este caso, la afiliación vigente y efectiva es la acreditada a Cajanal, entidad que
administraba las cotizaciones de Jorge Alberto León Fonseca, y sobre la cual recaía la
obligación de reconocer la prestación.
67. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión del Tribunal en cuanto a que
Cajanal sí era competente para reconocer la pensión de invalidez y su posterior
sustitución, por cuanto el traslado al fondo privado no se perfeccionó, los aportes se
realizaron de manera constante y sin interrupciones al RPM, y el conflicto de multiafiliación
fue definido por la misma Cajanal al solicitar las cotizaciones correspondientes a
diciembre de 1994 y febrero de 1995, que a favor de Jorge Alberto León Fonseca estaban
en las arcas de Colfondos.
68. Así las cosas, la Sala considera que los actos administrativos contenidos en las
resoluciones 2322 de 1995 y 5110 de 1998 fueron expedidos por autoridad competente,
con fundamento en la normatividad vigente y sin desconocer los derechos pensionales
reconocidos. En consecuencia, no se configura causal de nulidad ni existe vulneración
del ordenamiento jurídico que justifique la prosperidad del medio de control.
3.6. Conclusión
69. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
la pensión de invalidez reconocida a Jorge Alberto León Fonseca y posteriormente
sustituida en favor de su cónyuge supérstite, Ana Luisa Álvarez Barco, se encuentra
ajustada al orden jurídico, toda vez que Cajanal era la entidad competente para efectuar
dicho reconocimiento, en tanto no se acreditó un traslado efectivo al RAIS administrado
por Colfondos.
70. Lo anterior, porque del análisis probatorio se concluye que la afiliación al fondo
privado fue meramente aparente, al no existir formulario de traslado ni constancia de
aceptación por parte de la administradora, y dado que los aportes efectuados a Cajanal
fueron ininterrumpidos, predominantes y válidos, mientras que los efectuados a
Colfondos fueron aislados y posteriormente devueltos a Cajanal.
71. En consecuencia, la Sala considera que los actos administrativos contenidos en las
resoluciones 2322 del 13 de marzo de 1995 y 5110 del 12 de marzo de 1998 fueron
expedidos conforme a derecho, por autoridad competente y en armonía con el principio
de legalidad, razón por la cual no hay lugar a declarar su nulidad ni a ordenar la
devolución de las mesadas pensionales percibidas.
3.7. Costas
72. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario39 de la Subsección
sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la causación
39
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00107-01 (1149-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Ana Luisa Álvarez Barco
automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es necesario realizar
un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida
por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de
manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en
costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 11 de junio de 2020
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
18
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