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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00076-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00076-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 15 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Tercero. No condenar en costas. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx ICLB/EdelaO 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00076-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01 (0628-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

Tema: multiafiliación a los regímenes de prima media con prestación definida y ahorro
individual. Subtema 1: diferencia entre multiafiliación y traslado. Subtema 2:
cotizaciones ininterrumpidas al fondo público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15
de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual se negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP reconoció, pagó y reliquidó la pensión de vejez de Guillermo León Barona
Cabal, no obstante, considera que no era viable el reconocimiento de la pensión debido
a que el pensionado se trasladó al régimen de ahorro individual administrado por BBVA
Horizonte el 6 de julio de 1999. Por lo anterior, estimó que, pese a que reunió un tiempo
de servicios superior a 20 años con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
al haberse trasladado al régimen de ahorro individual quedó excluido de la transición
de que trata el artículo 136 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La UGPP, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se exponen.

2.1.1. Pretensiones

2.Solicitó2 que se declarara la nulidad de las resoluciones 19868 del 23 de julio de
2002, 11300 del 9 de marzo de 2006, 003039 del 3 de diciembre de 2007, UGM042881
del 16 de abril de 2012 y UGM 049138 del 4 de junio de 2012, mediante las cuales
Cajanal reconoció y reliquidó la pensión de vejez de Guillermo León Barona Cabal.

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 24 de enero
de 2013, de acuerdo con el «acta individual de reparto» visible a f. 719 del cuaderno 2 del expediente físico.
2
F. 704 del cuaderno principal 1 del expediente físico.
1

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenara a Guillermo León
Barona Cabal el reintegro a la UGPP de las sumas de dinero pagadas de manera
irregular.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Guillermo León Barona fue servidor público en las Empresas Municipales de Palmira,
Valle del Cauca, del 16 de diciembre de 1963 al 15 de abril de 1970; en el INEM de
Cali, desde el 15 de abril de 1970 hasta el 30 de abril de 1997; trasladado
posteriormente al Centro Auxiliar de Servicio Docente (CASD) de Cali, en el que laboró
del 14 de febrero de 1994 al 30 de agosto de 2002, cuando se retiró definitivamente
del servicio.

2) El demandado solicitó a Cajanal, el 25 de febrero de 2002, el reconocimiento
pensional. La Caja mediante Resolución 9868 del 23 de julio de 2002 le reconoció y
ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia de vejez efectiva a partir del 1 de febrero
de 2002.

3) El pensionado presentó, el 26 de mayo de 2003, solicitud de reliquidación de su
pensión. Cajanal mediante la Resolución 11300 del 9 de marzo de 2006 reliquidó la
pensión e incrementó la cuantía con efectividad a partir del 1 de septiembre de 2002.

4) Guillermo León Barona Cabal, a través de apoderado, interpuso medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Cajanal, radicado 2004-1921-00,
proceso en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 2
de diciembre de 2005 y ordenó a la Caja la reliquidación de la pensión de vejez con la
inclusión de todos los factores salariales indexados.

5) Cajanal mediante Resolución 003039 del 3 de diciembre de 2007 dio cumplimiento
al fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y reliquidó la pensión de vejez
en cuantía de $882.070.69, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2002.

6) El Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte a través de oficio del 3 de mayo de
2010 informó a la Caja que Guillermo León Barona Cabal se encontraba afiliado a
dicho Fondo desde el 1 de agosto de 1999.

7) La demandante emitió la Resolución UGM 042881 del 16 de abril de 2012 y resolvió
reliquidar la pensión de vejez del demandado en cuantía de $1.229.385, efectiva a
partir del 1 de septiembre de 2002. Contra esta decisión el pensionado interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Caja a través de la Resolución UGM
049138 del 4 de junio de 2012, por medio de la cual revocó la resolución anterior y
reliquidó la pensión en cuantía de $1.711.124.19.

8) BBVA Horizonte a través de oficio 1591 de septiembre de 2012 informó a Cajanal
que el 14 de febrero de 2012 consignó a la cuenta 056-000-433 del Banco BBVA, a
nombre de la Caja, los aportes y rendimientos del pensionado.

9) La demandante verificó la situación pensional de Barona Cabal, así como la
legalidad de los actos administrativos que expidió y concluyó que no era viable el
reconocimiento de la pensión debido a que se trasladó al régimen de ahorro individual
administrado por BBVA Horizonte el 6 de julio de 1999. Por lo anterior, estimó que,
pese a que reunió un tiempo de servicios superior a 20 años con anterioridad a la

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Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

vigencia de la Ley 100 de 1993, al haberse trasladado al régimen de ahorro individual
se excluyó de la aplicación de cualquier beneficio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La demandante citó como normas violadas las siguientes: la Ley 100 de 1993,
Circular No. 005 del 31 de octubre de 2010 y demás normas concordantes.

6. En el concepto de violación expuso:

a) Las resoluciones de reconocimiento pensional del demandado resultan ilegales al
no cumplir con los requisitos para que Cajanal asumiera el pago, ya que se afilió a
BBVA Horizonte el 6 de julio de 1999, lo que implicó un traslado del régimen de prima
media con prestación definida al de ahorro individual.

b) El artículo 16 de la Ley 100 de 1993 prescribe la incompatibilidad de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, por lo que ninguna persona podrá
distribuir las cotizaciones entre estos.

c) Que existió multiafiliación o multivinculación, porque respecto a la vinculación con
las Empresas Públicas Municipales del 16 de diciembre de 1963 al 15 de abril de 1970
no se ha determinado el Fondo en el que cotizó el demandado, frente al vínculo con el
Ministerio de Educación Nacional desde el 16 de abril de 1970 al 30 de agosto de 2002
si cotizó a Cajanal, pero, de acuerdo con la información del fondo de pensiones privado
Barona Cabal estaba afiliado al Fondo privado desde el 1 de agosto de 1999 y se le
reportaron cotizaciones de julio de 1999 a octubre de 1999 y de diciembre de 1999 a
mayo de 2000.

d) A Guillermo León Barona Cabal le aplicó el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y cumplió el estatus de pensionado el 15 de diciembre de 2001,
por lo que se debieron respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la Ley 33
de 1985 para el reconocimiento pensional. Recalca que a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, el demandado era cotizante activo de Cajanal y que a la última fecha
de servicio (agosto de 2002) efectuaba aportes únicamente a la Caja.

e) A pesar de la continuidad del pensionado como cotizante a Cajanal, al afiliarse al
fondo administrado por BBVA Horizonte, se trasladó al régimen pensional de ahorro
individual y no se retractó, cuando tuvo la posibilidad de cambiarse de régimen en
cualquier tiempo, pues al 1 de abril de 1994 contaba con 15 años de servicio. Por
consiguiente, el pensionado perdió los beneficios de la transición con el traslado de
régimen, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

f) El pensionado se trasladó de régimen el 6 de julio de 1999, por lo que no puede
devolverse a Cajanal y por ello la Caja no es la competente para el reconocimiento y
pago de la pensión de conformidad con el artículo 34 del Decreto 692 de 1994.

g) La posibilidad que tenía el pensionado de recuperar el régimen de transición al
retractarse era afiliándose nuevamente al ISS, sin embargo, no encuentra documento
que certifique que haya ingresado al régimen de prima media con prestación definida.

h) El Decreto 2527 de 2000 estableció algunas excepciones para que la Caja
continuara con el pago de la pensión a quienes tuvieran el carácter de afiliados a la
entrada en vigencia del sistema general de pensiones, por lo que aplica al caso
concreto el numeral 3 del artículo 1 ejusdem:

3

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

«Artículo 1. Reconocimiento a cargo de las cajas, fondos o entidades públicas que
reconozcan o paguen pensiones. Las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan
o paguen pensiones, continuarán reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan
dichas entidades respecto de quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en
vigencia del sistema general de pensiones, exclusivamente en los siguientes casos:

3. Cuando los empleados públicos o trabajadores oficiales que a la fecha a la entrada en
vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, hubieren cumplido veinte
años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la misma entidad, caja o
fondo público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión estén o no afiliados al sistema
general de pensiones».

i) La anterior disposición se limita a quienes tuvieren afiliaciones o traslados dentro del
régimen de prima media, y la norma no incluye a quienes tengan afiliaciones o
traslados al régimen de ahorro individual, por lo que Cajanal no tenía la competencia
para efectuar el reconocimiento pensional, lo que demuestra que se ha causado un
detrimento al erario, debido a que la pensión de Barona Cabal se ha pagado con
recursos del Tesoro Nacional.

2.2. Contestación de la demanda

7.Guillermo León Barona Cabal, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones
del medio de control3. En concreto argumentó que:

a) Las resoluciones 003039 del 3 de diciembre de 2007 y UGM – 049138 del 4 de junio
de 2012 no son susceptibles de control jurisdiccional porque son actos de ejecución
de una sentencia.

b) De conformidad con la Ley 4 de 1992, el Decreto 1919 de 2002 y el artículo 11 de la
Ley 100 de 1993 se deben respetar los derechos adquiridos del demandado, pues la
pensión de vejez fue reconocida por Cajanal.

c) Es improcedente la devolución de los dineros recibidos por concepto de la pensión
de vejez al ser pagados de buena fe y no desvirtuarse tal presunción.
d) Reconoce su afiliación a un fondo privado durante 8 meses de forma interrumpida,
desde el 1 de agosto de 1999 hasta octubre de 1999 (3 meses) y de diciembre de 1999
a mayo de 2000 (5 meses). Que posterior a ello, su empleador no volvió a girar aportes
a Horizonte, por lo que cotizó a Cajanal durante 32 años desde 1970 hasta el 30 de
agosto de 2002 ininterrumpidamente, su afiliación a Cajanal nunca se suspendió y le
fue exigible reconocer la pensión de vejez de conformidad con el artículo 1 numeral 3
del Decreto 2527 de 2000.

e) Desconocía que presuntamente no lo cobijaría el régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y que no se podía afiliar a otro régimen distinto al que administraba la
demandante, sin embargo, el fondo de pensiones y cesantías Horizonte debió
investigar si cumplía con los requisitos al momento de la afiliación.

f) El Fondo Educativo Regional, ente que administraba los fondos del situado fiscal,
hoy Sistema General de Participaciones, era el que cancelaba el salario del
demandado y, en consecuencia, le descontaba los aportes en pensión y salud, por lo
que fue la entidad que omitió informar al Fondo privado, a Cajanal y al afiliado la
situación y no efectuar los descuentos.

3
Fs. 798 a 873 del cuaderno 2 del expediente físico.
4

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

g) Cajanal fue omisiva al reconocer la pensión debido a que el Fondo privado le informó
el 3 de mayo de 2010 que Guillermo León Barona estaba afiliado al régimen de
pensiones de ahorro individual desde el 1 de agosto de 1999 y que tenía saldo a la
fecha.

h) Mediante oficio del 14 de febrero de 2012 el Fondo privado realizó consignación a la
cuenta de Cajanal por valor de $10.812.187 y la Caja conocía desde el año 2010 la
situación del demandado.

i) El pensionado tenía más de 40 años de edad y más de 20 años de servicio a la
entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, además de estar afiliado y cotizar en Cajanal,
afiliación que mantuvo hasta la fecha del último retiro del servicio cuando le efectuaba
aportes por pensión de manera exclusiva; por lo que la Caja debió reconocer su
pensión de conformidad con el artículo 1 numeral 3 del Decreto 2527 de 2000 y el
artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

j) Cajanal da una interpretación errónea al artículo 1 numeral 3 del Decreto 2527 de
2000 porque el sentido de la norma es que las cajas, fondos o entidades públicas que
reconozcan o paguen pensiones, continuaran reconociéndolas o pagándolas mientras
subsistan, y que Cajanal se suprimió el 12 de junio de 2009, por lo que, a la fecha del
reconocimiento de la pensión, año 2002, la demandante aún se encontraba activa y
estaba vigente el Decreto 2527 de 2000.

k) El demandado cotizó a Cajanal ininterrumpidamente desde el año 1970 a agosto de
2002 y no debía afiliarse al ISS para recuperar el régimen de transición, debido a que
nunca se desafilió de Cajanal ni perdió el régimen de transición ni renunció a la Caja.

8. Es del caso indicar que, mediante escrito separado4, la parte accionada presentó
demanda de reconvención en contra de la UGPP, en la que pretendió la nulidad parcial
de las resoluciones 198668 del 23 de julio de 2002, que reconoció la pensión de vejez
y la 11300 del 9 de marzo de 2006, que la reliquidó, ambas emitidas por Cajanal.
Refutó que la Caja liquidó la pensión conforme a la Ley 100 de 1993, con los últimos
8 años de servicios y sin tener en cuenta el régimen de transición, cuando debió
hacerlo de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, decretos 1160 de 1989 y 1045
de 1978, así como la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto
de 2010.

9.La Sala en acatamiento al artículo 320 del Código General del Proceso5, no
ahondará en dichos argumentos, habida cuenta que el Tribunal declaró probadas las
excepciones de cosa juzgada e inepta demanda frente a tales pretensiones y se inhibió
para su conocimiento de fondo; decisión que no fue objeto del recurso de apelación.

2.3. Trámite de primera instancia

10. LaUGPP, a través de apoderado, presentó la demanda ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

11. Repartido el proceso al despacho sustanciador por autos del 30 de enero de 20136
admitió el medio de control y corrió traslado de la medida cautelar solicitada por la
UGPP. Guillermo León Barona Cabal descorrió el traslado de la medida dentro del
término establecido en la Ley.
4
Fs. 950 a 1031 del cuaderno 2 del expediente físico.
5
Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión […].
6
F. 720 y ss. del cuaderno 2 del expediente físico.
5

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

12. El Tribunal por medio de auto del 3 de mayo de 2013 vincula en calidad de
litisconsorte necesario al fondo de pensiones y cesantías BBVA Horizonte, hoy
Porvenir S.A., y ordena se le notifique personalmente el auto admisorio de la demanda
y se le corra traslado de la medida cautelar7, decisión notificada como medida de
saneamiento adoptada en audiencia inicial del 15 de septiembre de 20158. A pesar de
lo anterior, el fondo de pensiones y cesantías Porvenir no emitió pronunciamiento
alguno.

13. A través de auto del 1 de agosto de 20139 el tribunal negó la medida cautelar
solicitada por la demandante y determinó que en ese momento procesal no existían
los elementos suficientes para establecer la disonancia entre los actos demandados y
el ordenamiento jurídico vigente.

2.4. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 15 de
septiembre de 202210 negó las pretensiones del medio de control impetrado por la
UGPP y declaró probadas las excepciones de cosa juzgada e inepta demanda frente
a la reconvención presentada por Guillermo León Barona Cabal, por lo que se inhibió
para su conocimiento; además, no condenó en costas. Estableció el a quo lo siguiente:

a) Encuentra probado que Guillermo León Barona Cabal tuvo una multiafiliación a los
regímenes de pensión, al afiliarse al régimen privado de ahorro individual con
solidaridad en julio de 1999 y realizar cotizaciones por los periodos de julio, agosto,
septiembre, octubre y diciembre de 1999; enero, marzo, abril y mayo de 2000; y a su
vez, cotizar a Cajanal por concepto de pensión desde 1970 a 2002, y que adquirió su
estatus de pensionado el 15 de diciembre de 2001, cuando estaba afiliado a esta
última.

b) Que de conformidad con los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al
régimen de prima media con prestación definida, en cualquier tiempo y conservar los
beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios
cotizados al 1 de abril de 1994; requisito que consideró cumplió el demandado, pues
tenía más de 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

c) Respecto a los efectos de la multiafiliación consideró que, contrario a lo argumentado
por la UGPP, Guillermo León Barona Cabal no fue trasladado del régimen de prima
media con prestación definida al régimen privado de ahorro individual con solidaridad,
al existir continuidad en sus cotizaciones por pensión a Cajanal, pues nunca dejó de
cotizar al régimen administrado por ella, desde su vinculación al Ministerio de
Educación el 16 de abril de 1970 hasta 30 de agosto de 2002 y que sumado al tiempo
que laboró para las Empresas Públicas Municipales, del 12 de diciembre de 1963 al
15 de abril de 1970, completó un tiempo de servicios de 38 años y 8 meses.

d) El demandado se encuentra excluido de la aplicación del Decreto 3995 de 2008,
puesto que a su entrada en vigor ya acreditaba los requisitos para acceder a la pensión
de vejez, al cumplir la edad de 55 años el 15 de diciembre de 2001 y demostrar más
de 20 años de servicios para el mismo año.

7
Fs. 741 y ss. del cuaderno 2 del expediente físico.
8
Acta de audiencia visible en los fs. 1122 y ss del cuaderno del expediente físico, y la notificación por personal por
medios electrónicos a la vinculada como litisconsorte necesario visible a f. 1126 ibidem.
9
F. 781 y ss del cuaderno 2 del expediente físico.
10
Índice 54 del expediente electrónico de Samai del Tribunal.
6

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

e) Que al caso concreto es aplicable el artículo 1 del Decreto 2527 de 2000, referente
a que las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones,
deben continuar reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan respecto de
quienes estuvieran afiliados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones,
esto es, el 1 de abril de 1994.

f) Consideró probado que, a la entrada en vigencia del sistema, el demandado contaba
con más de 20 años y estaba afiliado a Cajanal, afiliación que perduró hasta la fecha
en que finalizó su relación laboral, agosto de 2002, y a pesar de que adquirió su estatus
en diciembre de 2001, la entidad demandante advirtió la doble afiliación por oficio
emitido por el fondo privado de pensiones Horizonte en mayo de 2010, por lo que debió
tener en cuenta lo establecido en el Decreto 3800 de 2003, que en su artículo 2
permitió que las personas en situación de múltiple afiliación eligieran el régimen al cual
deseaban estar vinculados y quienes no manifestaran su voluntad de afiliación de
administradora o selección de régimen, se entenderían vinculados a la entidad a la
que cotizaran al 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización antes
de dicha fecha, que en el caso del demandado fue Cajanal.
g) Finalmente, al resolver la demanda de reconvención estimó probadas las
excepciones de cosa juzgada e inepta demanda, pues, por un lado, las pretensiones
de la aplicación del régimen de transición y reliquidación de pensión con todos los
factores salariales ya fue objeto de conocimiento de esta jurisdicción a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso Guillermo León
Barona Cabal en contra de Cajanal, radicado 2004-1921-00, dentro del que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 2 de diciembre de 2005; y, por
otro lado, en la reconvención se atacó la nulidad de actos que reconocieron la pensión
y dispusieron su reliquidación antes de efectuarse la homologación salarial y la
solicitud de reliquidación con dichos incrementos; por lo que los actos atacados,
resoluciones 198668 del 23 de julio de 2002 y 11300 del 9 de marzo de 2006, no
decidieron frente a la reliquidación de factores con inclusión de la homologación
realizada por el Departamento del Valle del Cauca en el año 2009.

2.5. Recurso de apelación

15. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia11
y reiteró los argumentos de la demanda así:

a) El pensionado perdió los beneficios del régimen de transición al trasladarse al
régimen de ahorro individual, conforme lo expresa el artículo 136 de la Ley 100 de
1993.

b) Guillermo León Barona Cabal se trasladó de régimen el 6 de julio de 1999 y no pudo
devolverse a Cajanal, por lo que no es la competente para reconocer la pensión
conforme al artículo 34 del Decreto 692 de 1994 que estableció lo siguiente: «El
régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el
Instituto de Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión
social existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las
entidades diferentes del ISS, s[o]lo podrán administrar el régimen respecto de las
personas que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, por lo que no podía recibir
nuevos afiliados a partir de dicha fecha. […]». Que la posibilidad que tenía el
pensionado para recuperar el régimen de transición al retractarse era afiliándose
nuevamente al Instituto de Seguros Sociales, y no existe prueba de que haya
regresado al régimen de prima media con prestación definida.

11
Índice 59 del expediente electrónico de Samai del Tribunal.
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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

c) Que el Decreto 2527 de 2000 fijó excepciones para que la Caja continuara con el
pago de la pensión a quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia
del sistema general de pensiones, lo cual aplicaría en el caso concreto, en atención al
artículo 1 numeral 3 que estableció, que «[l]as cajas, fondos o entidades públicas que
reconozcan o paguen pensiones, continuarán reconociéndolas o pagándolas mientras
subsistan dichas entidades respecto de quienes tuvieran el carácter de afiliados a la
entrada en vigencia del sistema general de pensiones, exclusivamente en los
siguientes casos:

«3. cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha de entrada en
vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, hubieren cumplido veinte
años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la misma entidad, caja o
fondo público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión estén o no afiliados al sistema
general de pensiones».

16. Por último, muestra desacuerdo con la supuesta condena en costas contenida en la
sentencia de primera instancia, al considerar que al ventilarse un asunto de interés
público no procede contra entidades del Estado. No obstante, observa la Sala que
dicha providencia no dispuso condenar en costas a ninguna de las partes del proceso.

2.6. Trámite de segunda instancia

17. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 21 de julio de 202312 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202113, no dio traslado a las partes
para alegar de conclusión.

2.7. El Ministerio Público

18. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa: caducidad según la Ley 2381 de 2024

20. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen
dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: (i) en cualquier
estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la
encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del

12
Índice 4 del expediente electrónico de Samai.
13
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley
1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante
la jurisdicción.
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CPACA14); y (ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA15), oportunidad esta
última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que encuentre probada16.

21. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un término
de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

22. Bajo estos supuestos, y al tener en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir
una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrarse el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.

23. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones
reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con
respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y
respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso
Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir
de la vigencia de esta ley».

14
Artículo 182A. Sentencia anticipada. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].
15
Artículo 187. Contenido de la sentencia. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […].
16
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021), en el cual se precisó que: «Al respecto, se tiene que el inciso 4 del parágrafo 2 del
artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa
juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva,
se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo
182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador
advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia se
pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA».
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24. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto la UGPP solicita la nulidad de las
resoluciones 19868 del 23 de julio de 2002, 11300 del 9 de marzo de 2006, 003039
del 3 de diciembre de 2007, UGM042881 del 16 de abril de 2012 y UGM 049138 del 4
de junio de 2012; mediante las cuales Cajanal reconoció y reliquidó la pensión de vejez
en favor de Guillermo León Barona Cabal hace más de 10 años, por lo que es
necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin
perder de vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito
legislativo, tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias
de los juicios.

25. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188717.

26. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 fija que el referido
término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

27. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica por lo que establece una serie de excepciones que hacen posible, aún frente
a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

28. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8318. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley son una importante herramienta que contribuye a la interpretación
y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente.

29. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en

17
Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.
18
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
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materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación, 24 de enero de 2013, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.

30. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

31. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar sus
propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

32. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-
1049 de 200419, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

33. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso− administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

34. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima y
seguridad jurídica20, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la
Constitución Política21 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En
consecuencia, para el caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad
establecido en el artículo 86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso
de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

19
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
20
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política».
21
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley
u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
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3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

35. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿existió una multiafiliación del demandado al régimen de
prima media con prestación definida y al de ahorro individual y, si por ello, no
correspondía a la UGPP el reconocimiento de la pensión de vejez?

36. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, los
regímenes del sistema general en pensión; luego, la multiafilación al sistema y sus
consecuencias. Finalmente, se estudiará el caso en concreto.

3.4. Regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993

37. Elsistema de seguridad social en Colombia está conformado por regímenes
generales y, excepcionalmente, especiales, relativos a pensión, salud, riesgos
profesionales y demás servicios complementarios que fije la Ley.

38. El artículo 48 de la Constitución Política define la seguridad social como un servicio
público obligatorio, en el que debe intervenir el Estado para dirigir, coordinar y controlar
su prestación. Esto, en atención a que es un derecho irrenunciable que se debe
garantizar y la prestación está a su cargo, con la participación de particulares, quienes
conjuntamente deben ampliar de manera progresiva la cobertura.

39. La Ley 100 de 1993 establece que el sistema de seguridad social integral tiene como
finalidad la garantía de los derechos irrenunciables de la persona, para alcanzar una
calidad de vida alienada con la dignidad humana y creado para proteger al individuo
ante diferentes eventualidades.

40. Ahora bien, respecto a las pensiones, ha fijado la mencionada norma que buscan
garantizar el amparo de los afilados o sus beneficiarios de contingencias como la vejez,
invalidez y muerte. Para ello, ha instituido 2 regímenes excluyentes, pero coexistentes,
como lo son el solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro individual
con solidaridad.

41. El sistema general de pensiones tiene unas características especiales fijadas en el
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, a saber:

1) afiliación obligatoria para trabajadores dependientes e independientes;

2) selección del régimen por parte del afiliado de manera libre y voluntaria, la cual
debe manifestarse por escrito al vincularse o trasladarse;

3) los afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las
pensiones de invalidez, vejez y de sobrevivientes;

4) la afiliación conlleva el pago de aportes establecidos en la ley;

5) una vez efectuada la selección inicial de régimen, es posible trasladarse por una
sola vez cada 5 años, a partir de la selección inicial, sin que pueda efectuarse el
traslado cuando al afiliado le falten 10 años o menos para cumplir la edad para
obtener el derecho a la pensión de vejez.

6) para ser acreedor a las pensiones y prestaciones de los regímenes se tendrán en
cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la ley, a cualquier

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fondo o caja pública o privada; así como la suma de las semanas cotizadas en
cualquiera de ellos;

7) reconocimiento de pensión mínima;

8) subsidio a grupos poblaciones especiales, a través del fondo de solidaridad
pensional;

9) prohibición de pensión de invalidez y vejez simultánea; y

10) control y vigilancia a las entidades administradoras del régimen; entre otras.

3.4.1 Régimen solidario de prima media con prestación definida

42. El artículo 31 de la Ley 100 de 1993 lo define como aquel en el cual los afiliados o
beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes o
indemnización. Este régimen es solidario, los aportes y rendimientos van a un fondo
común de naturaleza pública, el cual garantiza el pago a los pensionados por parte del
Estado.

3.4.2 Régimen de ahorro individual con solidaridad

43. Por su parte, el artículo 59 ibidem, lo instituye como un conjunto de entidades,
normas y procedimientos mediante los cuales se administran los recursos privados y
públicos para el pago de pensiones y prestaciones a reconocer a sus afiliados. En este
régimen los afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de pensión de vejez,
invalidez, sobrevivientes e indemnizaciones; cuya cuantía depende de los aportes
efectuados por afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros y, si es del caso,
subsidios del Estado.

44. Los afiliados pueden escoger y trasladarse entre las administradoras y fondos de
pensiones, y aquellas tienen la obligación de informar de manera expresa a los
afiliados los derechos y obligaciones para adoptar las decisiones de manera
informada; el afiliado tiene el deber de manifestar libre y expresamente que entiende
las consecuencias, riesgos y beneficios de su elección.

3.5. Multiafiliación a diferentes regímenes pensionales

45. LaLey 100 de 199322, ante la coexistencia de dos regímenes pensionales,
estableció de manera expresa su incompatibilidad, así:

«Artículo 16. Incompatibilidad de regímenes. Ninguna persona podrá distribuir las
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados
para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera
del Sistema General de Pensiones. […]»

46. La situación antes descrita ha sido denominada multiafiliación, y consiste en la
afiliación simultánea de una persona a los dos regímenes pensionales que coexisten
en estos momentos en Colombia, el régimen de prima media con prestación definida
administrado por el Instituto de Seguros Sociales23 y el régimen de ahorro individual

22
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
23
Ley 100 de 1993, artículo 52. «El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado
por el Instituto de Seguros Sociales. // Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector
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con solidaridad administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones creadas por autorización de la Ley 100 de 1993.24

47. Por lo precedente, ninguna persona en Colombia puede efectuar cotizaciones
obligatorias a dos regímenes del sistema general de pensiones, ello pese a la libertad
de escogencia que les asiste a los trabajadores; pues si bien, tienen la posibilidad de
elegir libremente aquel que consideren más conveniente a sus intereses, en tanto sea
una cotización obligatoria, deben optar por uno de los dos regímenes legales.

48. El Decreto 692 de 199425 reglamentó lo concerniente a las afiliaciones a los distintos
regímenes y conservó la prohibición de múltiple vinculación, para ello dispuso:

«Artículo 17. Múltiples vinculaciones. Está prohibida la múltiple vinculación. El afiliado
sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo,
cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos
previstos, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las
demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya
afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la
Superintendencia Bancaria».

49. El Decreto 3995 de 200826 proferido por el gobierno nacional con la intención de dar
una solución definitiva a los casos de múltiple afiliación a los regímenes de pensiones
y resolver los casos de manera masiva y con privilegio de la voluntad de los cotizantes;
creó unos parámetros y fijó un ámbito de aplicación temporal a dicha norma:

«Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto
se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de
2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de
Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala
algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.
A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se
trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10
años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este
régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7°, 8° y 12 del presente decreto.
Parágrafo. Se excluyen de la aplicación del presente decreto:
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme a
las normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente decreto.
2. Las personas a quienes a la entrada en vigencia del presente decreto se les haya
reconocido una pensión del Sistema General de Pensiones, o quienes tengan los
requisitos de pensión cumplidos en alguno de los dos regímenes.
3. Los afiliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el artículo
9 del Decreto-ley 2090 de 2003».

50. En este punto del debate es primordial referirnos a los deberes del juez frente a los
escenarios de múltiple vinculación, señalados por la Corte Constitucional en sentencia
T-191 de 2020, frente a los cuales precisó:

1) El estudio de traslados de regímenes pensionales debe revisarse siempre desde el
derecho que tiene toda persona a elegir libremente, así como el deber que tiene el
empleador y las administradoras de fondo de pensiones en brindar una asesoría
adecuada.

público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin
perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley. […]».
24
Ley 100 de 1993, artículo 90. «Los fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad serán
administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya creación se autoriza […]».
25
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993.
26
Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993.
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2) El primer elemento que debe revisarse es la existencia de información por parte del
empleador y de asesoría brindada por parte de la administradora de fondo de
pensiones.

3) Deberá verificarse que la persona haya manifestado su voluntad de afiliarse en un
régimen, así como de trasladarse de uno a otros.

4) El juez se encuentra en el deber de verificar la validez del traslado o de la afiliación.
Esto significa, que no basta con verificar los tiempos de cotización, sino que la
vinculación se haga en los términos que establece la ley. En consecuencia, el juez
deberá identificar cuál es el régimen aplicable y constatar que los requisitos allí
fijados se cumplan a cabalidad. Si la afiliación o el traslado no cumplen con dichos
requisitos, se debe entender, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, que será válida la vinculación anterior –siempre y
cuando haya cumplido también con los requisitos legales–.

5) Cuando se presenta una múltiple afiliación, luego de establecida la validez de la
última efectuada en los términos legales, procede verificar la transferencia de los
saldos a la administradora de pensiones cuya afiliación resulte válida, por cuanto a
ésta corresponde asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones de invalidez,
vejez y muerte.

51. También es importante precisar la diferencia entre traslado y multiafiliación. Los dos
fenómenos se presentan a raíz de la implementación del nuevo sistema de seguridad
social en pensiones adoptado con la Ley 100 de 1993, que entró en vigencia el 1 de
abril de 1994, con el cual se crearon dos regímenes pensionales excluyentes entre sí,
como ya se explicó: (i) el de prima media con prestación definida administrado por el
Instituto de Seguros Sociales y, (ii) el de ahorro individual con solidaridad a cargo de
los fondos privados.

52. La ley no define exactamente el traslado de régimen, sin embargo, es la misma Ley
100, entre otros, en su artículo 13, la que autorizó el denominado traslado, que consiste
básicamente en la posibilidad de pasarse de un régimen a otro, es decir, que una vez
hecha la selección inicial, el afiliado puede cambiarse del régimen de prima media al
de ahorro individual o viceversa, lo que trae como consecuencia general que el afiliado
acepta y se somete a las condiciones propias del último régimen al que se afilia
válidamente para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás
prestaciones económicas a las que haya lugar. Y para los beneficiarios del régimen de
transición, implica además que pierden dichos beneficios, de acuerdo con lo reglado
por los incisos 4 y 5 del artículo 362.

53. Ahora, para que el traslado de régimen se materialice, de acuerdo con la misma ley
100 y sus decretos reglamentarios, se requiere que se cumplan una serie de requisitos,
el primero de ellos, que se haga dentro de los términos otorgados por la ley, pues se
estableció inicialmente que el afiliado, después de la selección inicial, solo se podía
trasladar después de 3 años, limitación que fue ampliada posteriormente por la Ley
797 de 2003 a 5 años, y adicionalmente se prohibió (el traslado) a quienes les faltara
menos de 10 años para pensionarse, quedando reglado (el término para hacer el
traslado), de la siguiente manera:

«Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El Sistema General de
Pensiones tendrá las siguientes características:
(…)
e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 2003: Los afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez
efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola
15

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vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año
de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión
de vejez».

54. Por su parte, el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 -que reglamentó inicialmente
la Ley 100-, dispuso, entre otros aspectos, los términos y condiciones para efectuar la
afiliación inicial -incluyendo la de los que ya venían afiliados al Instituto de Seguros
Sociales- y para hacer los traslados, imponiendo, entre otras obligaciones, al afiliado
la de informar a su empleador el hecho a fin de que éste siguiera haciendo las
cotizaciones al nuevo fondo y, a su vez, a la nueva administradora el deber de hacer
las gestiones necesarias para que el anterior fondo le trasladara los aportes de su
nuevo afiliado y/o le expidiera el bono pensional, según el caso.

55. Así se desprende de lo establecido, entre otros, en los artículos 11, 15 y 16, los
cuales rezan:

«Artículo 11: Diligenciamiento de la selección y vinculación.
(…)
Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media
con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en el formulario
deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha
tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la
leyenda preimpresa en este sentido.
(…)».

«Articulo 15. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de uno de
cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario,
los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres
años contados desde la fecha de la selección anterior.

Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual
con solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo siguiente:

a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de
ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales.
La expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 del presente
Decreto y la reglamentación que al efecto se expida en uso de las facultades
extraordinarias de que trata el numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen
de prima media con prestación definida, se le acreditarán en este último el número de
semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual,
incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones
voluntarias cuyo retiro no se le haya efectuado al momento del traslado, se devolverán
al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado».

«Articulo 16. Cambio de administradora de fondos de pensiones. Quienes seleccionen
el régimen de ahorro individual con solidaridad, o se trasladen a éste, deberán
vincularse a la AFP o la AFPC que prefieran. Seleccionada la administradora, sólo se
podrá trasladar a otra AFP o AFPC cuando hayan transcurrido por lo menos seis
meses, contados desde la selección anterior, previa solicitud presentada por el
interesado con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación a la nueva
entidad administradora. Dicha solicitud se entenderá cumplida con el diligenciamiento
del formulario de traslado o vinculación, copia de la cual deberá ser entregada por el
afiliado al empleador.

Iguales términos se aplicarán a la transferencia del valor de la cuenta individual de
ahorro pensional a otro plano de capitalización o de pensiones.
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La AFP o la AFPC a la cual se encontraba afiliado con anterioridad, en la forma que
establezca la Superintendencia Bancaria, fecha a partir de la cual, y dentro de los
treinta (30) días siguientes, se deberá trasladar los saldos respectivos de la cuenta
individual”. (Negrillas para destacar).

56. En resumen, de acuerdo con las normas transcritas, puede decirse que el traslado
de régimen se configura cuando, (i) se suscribe el formulario dentro de los términos
legales permitidos -de 3 años si es en vigencia de la ley 100 original o de 5 años si es
posterior a la reforma de la ley 797 de 2003-,(ii) el afiliado informa la novedad a su
empleador –lo que implica que de ahí en adelante se compromete a hacer los aportes
a la nueva administradora- y (iii) se hace la transferencia de los aportes o cotizaciones
de la anterior administradora de pensiones a la nueva.

57. Esta corporación, en un caso que guarda similitud al presente, estableció la
inexistencia de un traslado del régimen pensional de prima media con prestación
definida al de ahorro individual con solidaridad, al estar probada la continuidad en las
cotizaciones en el régimen administrado por Cajanal, por lo que más que un traslado
se trató de una multiafiliación al sistema de seguridad social en pensiones. Para ello
determinó:

«La U.G.P.P. en el presente asunto solicitó declarar la nulidad del acto administrativo
mediante el cual se reconoció la pensión de vejez de la señora Mariela Concepción
Villanueva Torregroza, al considerar que aquella al trasladarse del régimen de prima
media con prestación definida al de ahorro individual, hizo que la extinta Cajanal perdiera
competencia para haber efectuado dicho reconocimiento.

Al respecto, el a quo negó las pretensiones de la demanda al concluir que a la accionada
si le asistía derecho a la pensión de vejez que Cajanal le reconoció, puesto que acreditó
el tiempo de servicios y la edad para ser beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley
33 de 1985.

Adicionalmente, precisó que hubo multiplicidad de cotizaciones por parte de la
accionada, lo que permite a la U.G.P.P. iniciar el trámite correspondiente con el fin de
que las demás cotizaciones efectuadas por la demandada financien en parte la pensión
de vejez de la cual goza en la actualidad.

Por su parte, la U.G.P.P. inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación, en el que argumentó que previo al reconocimiento pensional de la aquí
demandada no se advirtió que aquella se había trasladado del régimen de prima media
con prestación definida al de ahorro individual y, además, resaltó que existieron aportes
simultáneos en ambos regímenes, situación que legalmente es improcedente.

Pues bien, lo primero que la Sala advierte del material probatorio que obra en el
expediente, es que, contrario a lo señalado por la U.G.P.P., la señora Villanueva
Torregroza no realizó propiamente un traslado de régimen de prima media con
prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Lo anterior, toda vez que se observa un periodo de continuidad en las respectivas
cotizaciones efectuadas por la accionada a la extinta Cajanal, esto es, nunca dejó de
realizar las respectivas cotizaciones a dicha caja, tal como sucedió durante el tiempo
que duró la vinculación entre aquella y el ente territorial de Barranquilla, esto es, desde
el 22 de mayo de 1984 hasta el 15 de enero de 2009, completando un tiempo de 24
años, 7 meses y 23 días.

No obstante, lo que se encuentra en el caso concreto es que existió una multiafiliación
en el Sistema General de Seguridad Social de Pensiones (SGSSP), dado que
simultáneamente la accionada efectuó cotizaciones al Fondo Privado de Pensiones
Horizonte.
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Ahora, de acuerdo con lo expuesto en el acápite normativo, en el caso concreto la
accionada se encontraría excluida de la aplicación de lo contemplado en el Decreto 3995
de 2008, puesto que a la entrada en vigor del mismo ya acreditaba los requisitos para
acceder a la pensión de vejez. Ciertamente, la demandante cumplió 55 años de edad el
20 de diciembre de 2004 y demostró más de 20 años de servicios con el ente territorial
de Barranquilla, el 21 de mayo del mismo año.

De esta manera, el caso de la señora Mariela Concepción Villanueva Torregroza tenía
que dirimirse bajo las condiciones del Decreto 3800 de 2003, que en su artículo 2.°,
permitía que las personas en situación de múltiple afiliación eligieran el régimen al cual
deseaban estar vinculados. Quienes no manifestaran su voluntad en uno u otro sentido,
se entenderían vinculados a la entidad a la que se encontraban cotizando a la entrada
en vigencia de dicha norma o aquella que recibió la última cotización a esa fecha.

Así las cosas, comoquiera que en el presente asunto no se demostró que la AFP hubiera
sido la que recibió la última cotización y ese aspecto tampoco fue discutido por la entidad
demandante, no se puede entender desvirtuada la presunción de legalidad del acto
demandado en lo que a este punto se refiere.

En esos términos, es posible concluir que el argumento esgrimido por la U.G.P.P. con el
fin de desvirtuar la legalidad del acto censurado, no tiene vocación de prosperidad,
máxime cuando se insiste la accionada efectuó las respectivas cotizaciones ante Cajanal
hasta acreditar los requisitos legales exigidos para acceder a la pensión de vejez que le
fue reconocida y, por consiguiente, se confirmará la decisión de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda. […]»27.

3.6. Estudio del caso concreto

3.6.1. Hechos probados

58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

a) Guillermo León Barona Cabal nació el 15 de diciembre de 1946 y laboró de manera
ininterrumpida desde el 16 de diciembre de 1963 al 30 de agosto de 200228.

b)Cajanal le reconoció pensión de vejez al demandado a través de la Resolución
19868 del 23 de julio de 2002, a partir del 1 de febrero de 2002, proporción a cargo de
Empresas Públicas Municipales de Palmira y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional29.

c) La Caja reliquidó la pensión de vejez del demandado por medio de la Resolución
11300 del 9 de marzo de 2006, a partir del 1 de septiembre de 2002 en atención a su
retiro definitivo del servicio30.

d) En cumplimiento a la sentencia del 2 de diciembre de 2005 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Cajanal profirió la Resolución 003039 del 3 de
diciembre de 2007 y reliquidó la pensión de Guillermo León Barona con la inclusión de
los factores salariales devengados en el último año de servicios31.

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 03 de septiembre de 2020, radicado 08001-
23-33-000-2014-00110-01(3557-16).
28
Fs. 48, 72 y 75 del cuaderno 1 del expediente físico.
29
Fs. 99 a 103 del cuaderno 1 del expediente físico.
30
Fs. 146 a 150 del cuaderno 1 del expediente físico.
31
Fs. 192 a 196 del cuaderno 1 del expediente físico.
18

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e) Mediante comunicación del 11 de marzo de 2010 el responsable del equipo de
prestaciones del fondo de pensiones y cesantías BBVA Horizonte, hoy Porvenir,
informó a Cajanal que el 6 de julio de 1999 Guillermo León Barona Cabal suscribió
formulario de afiliación a dicho fondo. Que en atención a que a Barona Cabal se le
reconoció pensión de vejez por parte de la Caja, a través de la Resolución 19868 del
23 de julio de 2002, a partir del 1 de febrero de 2002, solicitaba certificación bancaria
para la entrega de los dineros correspondientes a los aportes realizados por el
empleador Ministerio de Educación Nacional - Fondo Educativo Departamental del
Valle del Cauca, con sus respectivos rendimientos, para ser tenidos en cuenta en la
liquidación de la pensión32.

f) Cajanal a través de oficio del 26 de diciembre de 201133, dirigido al responsable del
equipo de prestaciones de BBVA Horizonte, hoy Porvenir, suministró la información
solicitada para la entrega de aportes cotizados por el demandado al fondo privado.

g) El fondo de pensiones y cesantías BBVA Horizonte, Horizonte certificó, el 3 de mayo
de 2010, que Guillermo León Barona Cabal se encontraba afiliado a dicho Fondo
desde el 1 de agosto de 1999, con un saldo de $1.927.191. Además, aportó formulario
de afiliación suscrito por Barona Cabal y las cotizaciones obligatorias efectuadas por
el afiliado en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 1999; así
como enero, marzo, abril y mayo de 200034.

h) El líder de registro nacional de afiliados de Cajanal a través de oficio del 8 de abril
de 2010, indicó que revisada la base de datos del grupo encontró aportes de Guillermo
León Barona Cabal de junio de 2000 a agosto de 2002 y revisada la base de datos de
multiafiliados no encontró procesos a su nombre, por lo cual la Caja no había solicitado
el traslado a otra AFP del afiliado35.

i) Cajanal por medio de la Resolución UGM 042881 del 16 de abril de 2012 reliquidó la
pensión de vejez del demandado debido a la homologación del sueldo efectuada por
el departamento del Valle del Cauca a través del Decreto 01112 del 27 de febrero de
200636.

k) Cajanal por medio de la Resolución UGM 049138 del 4 de junio de 2012 resolvió el
recurso de reposición presentado por el pensionado en contra de la Resolución UGM
042881 del 16 de abril de 2012 que reliquidó la pensión por nuevos factores salariales.
En consecuencia, revocó la resolución objeto de recurso y reliquidó la prestación en
cuantía superior37.

l) Oficio del 16 de mayo de 2016 proveniente del fondo de pensiones y cesantías
Porvenir, antes Horizonte, con el detalle de los aportes realizados por el empleador
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Educativo Departamental del Valle del
Cauca a Guillermo León Barona Cabal, únicos que ingresaron a la administradora, en
los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 1999; así como enero,
marzo, abril y mayo de 2000. Asimismo, certificó que la «cuenta» que tenía Barona
Cabal en el fondo fue anulada por la causal «pensión compartida, es decir porque ya
se encontraba pensionado por Cajanal», aportes que fueron girados el 8 de febrero de
201238.

32
Fs. 14 y 14 del cuaderno 1 del expediente físico.
33
F. 16 del cuaderno 1 del expediente físico.
34
Fs. 430 a 433 del cuaderno 1 del expediente físico.
35
F. 450 del cuaderno 1 del expediente físico.
36
Fs. 459 a 463 del cuaderno 1 del expediente físico.
37
Fs. 619 a 624 del cuaderno 1 del expediente físico.
38
Fs. 1211 y ss. del cuaderno 2 del expediente físico.
19

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m) De las pruebas allegadas al expediente en las que constan los aportes por concepto
de pensión realizados por el empleador en favor de Guillermo León Barona Cabal, se
concluye lo siguiente:

Fecha de Fecha de Entidad en que se consignaron sus
Entidad
inicio terminación aportes
Empresas Municipales de
16/12/1963 15/04/1970 No reporta
Palmira [F. 48 C.1]
Cajanal del 16 de julio de 1970 al 20
de agosto de 2002 [F. 230 C. 1]

Instituto del Seguro Social de agosto
de 1996 a mayo de 1998 [Fs. 124 a 125
Ministerio de Educación C. 1]
16/04/1970 30/08/2002
Nacional - [F.75 C. 1]
Fondo de Pensiones BBVA
Horizonte julio, agosto, septiembre,
octubre y diciembre de 1999 y enero,
marzo, abril y mayo de 2000 [fs. 433 C.
1 y 1299 C. 2]

3.6.2. Análisis sustancial de la Sala

59. De entrada la Sala considera que en el presente asunto no existió un traslado del
régimen de prima media con prestación definida, administrado por Cajanal, al de
ahorro individual del fondo privado BBVA Horizonte, hoy Porvenir, sino un típico caso
de mutiafiliación. Lo anterior, debido a que está probado que, a pesar de que existió
un formulario de afiliación al fondo privado del 6 de julio de 1999, el entonces pagador,
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Educativo Departamental del Valle del
Cauca, continuó con el pago de aportes a ambos fondos; sin que se evidencie en el
expediente la razón por la cual a partir de mayo de 2000 se dejó de cotizar a BBVA
Horizonte, hoy Porvenir.

60. En efecto, el actor tuvo cotizaciones simultáneas de julio de 1999 a mayo de 2000,
a los dos sistemas de pensiones, al hacer aportes a BBVA Horizonte, hoy Porvenir, y
a Cajanal, lo cual, aunque a todas luces es contrario a la Ley 100 de 1993, como ya
se explicó, permite concluir razonablemente que, aunque el demandante formalmente
suscribió el documento de traslado de régimen, el mismo no se llegó a materializar en
los términos establecidos en la ley [ver fundamento jurídico núms. 53, 54 y 55 de esta
providencia], por cuanto no se cumplieron algunas de las obligaciones que tenían,
tanto el afiliado como la administradora de pensiones, tales como: (i) que BBVA
Horizonte, hoy Porvenir nunca adelantó las gestiones necesarias para que Cajanal le
trasladara los aportes que su «nuevo» afiliado tenía en esa entidad y, (ii) no existe
evidencia de que Cajanal se hubiera enterado de dicho traslado; por lo tanto, de lo
anterior, se infiere que lo que hubo realmente fue una multiafiliación.

61. Es más, es tan evidente que no se materializó el traslado que Cajanal ni siquiera al
momento de resolver la solicitud pensional se percató del asunto, pues, mediante los
actos demandados (resoluciones 19868 del 23 de julio de 2002, 11300 del 9 de marzo
de 2006, 003039 del 3 de diciembre de 2007, UGM042881 del 16 de abril de 2012 y
UGM 049138 del 4 de junio de 2012) reconoció y reliquidó su pensión y no alegó que
se hubiese trasladado a BBVA Horizonte, hoy Porvenir, de manera que siempre la tuvo
como su afiliado, pues incluso le recibió y avaló cotizaciones hasta 2002, máxime
cuando, si se hubiera trasladado a BBVA Horizonte, hoy Porvenir, tendría que haber
retornado a Cajanal y tampoco existe evidencia de esa situación.

20

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62. De todo lo dicho, se puede concluir que, aunque el actor formalmente suscribió el
documento de traslado de régimen, su intención no era trasladarse de Cajanal a BBVA
Horizonte, hoy Porvenir, sino que en esencia lo que hizo fue una afiliación adicional a
éste último fondo con un empleador distinto y cotizó simultáneamente a los dos fondos,
situación que encuadra perfectamente en el fenómeno de la multiafiliación y no del
traslado. Por lo anterior, a juicio de esta Sala, aunque a simple vista el demandante se
trasladó de régimen pensional, éste no se perfeccionó como tal, quedando incurso en
el problema de multiafiliación.

63. De acuerdo con lo antes expuesto y, como quiera que en últimas la afiliación a BBVA
Horizonte - Porvenir no fue válida, pues se trató de una afiliación adicional y no un
traslado, se entiende que la demandante siempre estuvo afiliada a Cajanal y, por lo
tanto, no perdió su calidad de beneficiaria del régimen de transición, en consecuencia.

64. Para la Sala es claro que, a pesar de la afiliación a Horizonte, el empleador siguió
con las cotizaciones ininterrumpidamente a Cajanal, desde el año 1970 hasta el retiro
definitivo del servicio del demandante, 30 de agosto de 2002, sin suspensión alguna,
por lo que este no perdió el régimen de transición del artículo 136 de la Ley 100 de
1993.

65. Por consiguiente, la Sala evidencia una inconsistencia frente a la afiliación y
cotizaciones simultáneas a los dos regímenes de seguridad social en pensión,
actuación prohibida expresamente por los artículos 16 de la Ley 100 de 1993 y 17 del
Decreto 692 de 1994. Sin embargo, resulta claro que, a la entrada en vigencia del
sistema de seguridad social, 1 de abril de 1994, y al cumplimiento del estatus pensional
por parte del demandado, 15 de diciembre de 2001, se encontraba afiliado y efectuaba
cotizaciones de manera exclusiva a Cajanal, además de que el fondo privado BBVA
Horizonte trasladó los dineros cotizados por el afiliado de manera concomitante a dicha
administradora.

66. De conformidad con lo expuesto, no existe fundamento fáctico o jurídico válido para
determinar que la Caja no era la competente para el reconocimiento y pago de la
pensión de su afiliado, debido a que el artículo 1 numeral 3 del Decreto 2527 de 200039
estableció que las cajas, fondos o entidades públicas que reconocieran o pagaran
pensiones, continuarían reconociéndolas o pagándolas mientras subsistieran,
respecto de quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia del
sistema general de pensiones, y exclusivamente, entre otros casos, cuando el
empleado público a la fecha a la entrada en vigencia del sistema, hubiere cumplido
veinte años de servicio. Requisitos que sin duda cumplió el demandante, pues está
probado que: (i) Cajanal a la fecha del reconocimiento pensional continuaba en su
calidad de administradora de pensiones; (ii) Barona Cabal cotizó a la Caja
interrumpidamente del 16 de julio de 1970 al 20 de agosto de 2002; y iii) al 1 de abril
de 1994, entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, estaba afiliado exclusivamente a
Cajanal y había cumplido 23 años 8 meses y 14 días de servicio.

67. Ahora bien, respecto del argumento de la apelación referido a que Barona Cabal se
trasladó de régimen el 6 de julio de 1999 y no pudo devolverse a Cajanal, por lo que
no era la competente para reconocer la pensión conforme al artículo 34 del Decreto
692 de 1994, la Sala anota que, como se expresó con anterioridad, el demandado
nunca se trasladó de manera efectiva del régimen de prima media con prestación
definida al de ahorro individual con solidaridad, pues continuó vinculado y cotizando a
ambos durante el tiempo que existió la multiafiliación, pero esto no trajo como
consecuencia ni el traslado de régimen pensional ni la pérdida del beneficio de la
39
Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo 17 de la
Ley 549 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
21

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transición, poque no se pudo determinar un retorno a un régimen pensional o un
retracto del traslado, ya que nunca se desvinculó del RPM, ello, a pesar de la doble
afiliación, la cual fue circunstancial y no se extendió a la fecha del cumplimiento del
estatus ni a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ni mucho menos al
reconocimiento pensional.

68. Finalmente, se estima que al presente asunto no aplica el trámite establecido en los
Decretos 3800 de 200340 y 3995 de 200841, que refieren al traslado de régimen en
caso de multiafiliación, pues a su vigencia, 30 de diciembre de 2003 y 17 de octubre
de 2008, respectivamente, el demandado ya no se encontraba afiliado ni efectuaba
cotizaciones al fondo privado, había cumplido el estatus pensional [15 de diciembre de
2001], e incluso, le había sido reconocida la pensión de vejez por parte de Cajanal
[Resolución 19868 del 23 de julio de 2002], por lo que quedó expresamente excluido
de conformidad con el numeral 2 del parágrafo del artículo 1del Decreto 3995 de 2008.

3.7. Conclusión

69. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
a pesar de existir una multiafiliación y cotización simultánea a los regímenes
pensionales excluyentes, la misma fue temporal, no se mantuvo a la fecha de la
adquisición del estatus pensional ni al reconocimiento de la pensión y no se hizo
efectivo el traslado debido a que el empleador también realizó las cotizaciones de
manera ininterrumpida a Cajanal hasta el reconocimiento pensional;
correspondiéndole a Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de
Guillermo León Barona Cabal, como en efecto lo hizo. Razones para confirmar la
sentencia de primera instancia.

3.8. Costas

70. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario42 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante, recurrente en esta instancia, haya incurrido en las anteriores conductas.

40
Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley
797 de 2003.
41
Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993.
42
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00076-01
Demandante: UGPP
Demandado: Guillermo León Barona Cabal

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 15 de septiembre de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Tercero. No condenar en costas.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

ICLB/EdelaO

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