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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01472-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01472-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 23 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda. Segundo: Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia. No condenar en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01472-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Tema: retiro por llamamiento a calificar servicios

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por Glenda Lucía Munévar Bohórquez, contra la sentencia
proferida el 23 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
la cual se negaron las pretensiones de su demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Glenda Lucía Munévar Bohórquez cuestionó la legalidad de la Resolución 5458 del 1
de julio de 2015, mediante la cual, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su retiro
del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios. Sostuvo,
en resumen, que dicha decisión es irregular, ya que fue expedida con desconocimiento
del debido proceso, falsa motivación y desvío de poder, por: (a) haberse adoptado sin
permitirle conocer ni controvertir el contenido de las actas de las juntas asesoras que
no aprobaron su ascenso en 2010, (b) apoyarse en jurisprudencia descontextualizada,
(c) desconocer su trayectoria profesional, calificaciones superiores y desempeño
institucional, y (d) obedeció a motivaciones ajenas a las necesidades del servicio.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda al considerar
que, en el caso concreto, se cumplieron los requisitos legales para la procedencia del
retiro por llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo de servicio que habilita el
acceso a la asignación de retiro y el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa. El Tribunal estimó además, que el acto administrativo de retiro por
llamamiento a calificar servicios no requiere motivación, y que la demandante no
acreditó ninguno de los vicios alegados.

El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, porque en efecto, en
esta oportunidad se cumplieron los requisitos objetivos previstos en el artículo 57 del
Decreto Ley 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003 para determinar el llamamiento a
calificar servicios, esto es, el tiempo mínimo de servicio que habilita el acceso a la
asignación de retiro y el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Glenda Lucía Munévar Bohórquez presentó demanda1 de nulidad y
restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se expresan.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 5458 del 1 de julio de 2015,
expedida por el ministro de Defensa Nacional, «por la cual se retira del servicio activo
a una Oficial de la Policía Nacional» por la causal de llamamiento a calificar servicios.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (a) ordenar su reintegro al servicio
activo, sin solución de continuidad, con la antigüedad y precedencia que tenía al
momento del retiro; (b) condenar a la entidad demandada a pagarle de manera
indexada los haberes salariales, prestaciones y demás emolumentos dejados de
percibir desde el 7 de julio de 2015, y (c) indicar que las sumas que se liquiden a su
favor, le sean canceladas a título indemnizatorio, de manera que no se afecte la
asignación de retiro que le fue reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, CASUR.

2.1.2. Hechos

4.Glenda Lucía Munévar Bohórquez, mayor (r) de la Policía Nacional, es profesional
en comunicación social y periodismo; con 20 años de servicio en la Dirección General
de la Policía Nacional; en los departamentos de policía de Valle del Cauca,
Cundinamarca y Antioquia; en la Dirección Nacional de Escuelas de Policía, y en el
Ministerio de Defensa.

5.El 27 de agosto de 2010, la Junta de Evaluación y Clasificación, la Junta de
Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional acordaron por
unanimidad no recomendar a la oficial para el concurso previo al Curso de Academia
Superior de Policía, el cual es prerrequisito para el ascenso al grado de teniente
coronel. Esta determinación fue comunicada a la demandante a través de oficio S-
0227-DITAH del mismo 27 de agosto de 2010.

6. El 31 de agosto de 2010, Glenda Lucía Munévar Bohórquez presentó reclamación
contra la anterior determinación, la cual, fue resuelta desfavorablemente mediante
oficio S-7437-DITAH-JEFAT del 19 de octubre del mismo año.

7. Durante su permanencia en el grado de mayor, fue clasificada en «rango superior»,
ya que obtuvo calificaciones favorables, en los términos señalados en el Decreto 1800
de 2000.

1
La cual obra a ff. 364 a 405 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01 remitido a esta corporación
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

8.Casi 5 años después, el 31 de marzo de 2015, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para la Policía Nacional, según el Acta 006-APROP-GRURE-3.22, emitió
concepto favorable para su retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios,
debido a que desde 2010 no había ascendido en el escalafón, lo cual afectaba la
estructura piramidal de la institución.

9.Con fundamento en dicho concepto, el ministro de Defensa Nacional expidió la
Resolución 5458 del 1 de julio de 2015, notificada el 7 de julio de 2015, mediante la
cual la oficial fue retirada del servicio activo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Glenda Lucía Munévar Bohórquez citó como normas violadas las siguientes:
artículos 2, 6, 13, 29, 47, 53, 83, 216, 218 y 220 de la Constitución Política; artículo 44
del CPACA; artículos 20, 21, 22, 28 y 29 del Decreto 1791 de 2000; el Decreto 1800 de
2000 y la Ley 857 de 2003.

11. En el concepto de violación expuso que el acto demandado fue expedido con falta
de competencia, porque el ministro de Defensa no podía actuar como «Gobierno
Nacional» para efectos del retiro. Agregó que la delegación contenida en el Decreto
1338 de 2015 no subsana la ausencia de competencia en el momento de la expedición
del acto.

12. Por otra parte señaló, que como en el Acta 006-APROP-GRURE-3.22 del 31 de marzo
de 2015, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional expuso
que su retiro por llamamiento a calificar servicios se debió a que en 2010 no había
ascendido, y ello afectaba la estructura piramidal de la institución, es necesario
examinar el proceso que se desarrolló en 2010, en el que la Junta de Evaluación y
Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional acordaron por unanimidad no recomendarla para el concurso previo al Curso
de Academia Superior de Policía, prerrequisito para el ascenso al grado de teniente.

13. Con base en la consideración expuesta, señaló que el acto de retiro demandado no
puede examinarse de forma aislada, sino que debe estudiarse de manera concatenada
con las actas de 27 de agosto de 2010, a través de las cuales la Junta de Evaluación
y Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional no emitieron concepto favorable para que iniciase el proceso o trámite de
ascenso. De manera tal, que en su criterio, las decisiones que las referidas juntas
adoptaron en 2010 de no emitir concepto favorable para su ascenso, y la decisión de
retiro por llamamiento a calificar servicios, comprenden un acto administrativo
complejo.

14. En ese sentido, la demandante alegó que su retiro por llamamiento a calificar
servicios es ilegal porque, al basarse en el hecho de que en el 2010 no fue
recomendada para ser ascendida, es necesario considerar que dicho concepto
desfavorable del 2010, debió estar precedido por la recomendación de la Junta de

3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Evaluación y Clasificación, en los términos del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000,
requisito que, a su juicio, no se cumplió.

15. De igual manera expresó, que se vulneró su derecho al debido proceso, porque no
se le permitió intervenir en las reuniones de la Junta de Evaluación y Clasificación, de
la Junta de Generales y de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, por
lo que no pudo conocer los fundamentos fácticos o valoraciones internas que llevaron
a dichos órganos a no emitir concepto favorable para dar inicio al proceso de ascenso
en 2010, circunstancia que luego, en 2015, fue alegada en su contra para recomendar
su retiro por llamamiento a calificar servicios.

16. Expresó que el acto demandado incurrió en «falsa motivación», dado que se soporta
en citas jurisprudenciales que, según sostiene, son «inexactas»,
«descontextualizadas» o aplicadas a supuestos fácticos distintos, lo cual habría
llevado a conclusiones jurídicas erradas acerca de su situación profesional.

17. Finalmente alegó que se configuró «desviación de poder», pues la administración
desconoció que su trayectoria profesional, calificaciones superiores y evaluaciones
satisfactorias no justificaban su retiro, lo que —a su juicio— evidencia que la decisión
no respondió a necesidades del servicio sino a finalidades distintas.

2.2. Trámite dado a la demanda

18. La demanda inicialmente pretendía, además de la nulidad del acto de retiro por
llamamiento a calificar servicios –Resolución 5458 del 1 de julio de 2015–, la nulidad
de las actas de 27 de agosto de 2010, a través de las cuales la Junta de Evaluación y
Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional no emitieron concepto favorable para que iniciase el proceso o trámite de
ascenso.

19. Una vez presentada, la demanda fue repartida al Juzgado 27 Administrativo de
Medellín, despacho que a través de auto del 28 de junio de 2016, ordena remitirla al
Tribunal Administrativo de Antioquia por competencia.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto del 1 de septiembre de
2016, dispuso inadmitir la demanda para que se precisaran cuáles eran los actos
administrativos cuestionados.

21. El 12 de septiembre de 2016 Glenda Lucía Munévar Bohórquez presentó memorial
para corregir la demanda, en el que reiteró que los actos acusados eran: la Resolución
5458 del 1 de julio de 2015 –por medio de la cual fue llamada a calificar servicios–, y
las actas de 27 de agosto de 2010, a través de la cual la Junta de Evaluación y
Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional no emitieron concepto favorable para que iniciase el proceso o trámite de
ascenso. Ello bajo la consideración de que se trata de un acto complejo.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

22. Por medio de auto del 26 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió no acoger la tesis según la cual, el acto de retiro de 2015 integra un acto
administrativo complejo con las actas de 2010, a través de las cuales la Junta de
Evaluación y Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional no emitieron concepto favorable para que iniciase el proceso o
trámite de ascenso, pues se trata de dos decisiones diferentes. En ese sentido, el a
quo dispuso: (a) rechazar las pretensiones orientadas a obtener la nulidad de dichas
actas, y (b) admitir la demanda únicamente respecto de la pretensión de anular la
Resolución 5458 del 1 de julio de 2015, expedida por el ministro de Defensa Nacional,
«por la cual se retira del servicio activo a una Oficial de la Policía Nacional».

2.3. Contestación de la demanda

23. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al contestar la demanda se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual invocó la presunción de
legalidad del acto, y señaló que en el caso concreto no se acreditó ninguna causal que
permitiera su anulación2.

24. Indicó que el acto acusado goza de presunción de legalidad, conforme al artículo 88
del CPACA.

25. Señaló que el proceso de ascenso y selección para los cursos reglamentarios es
una potestad estrictamente discrecional de la administración, ejercida a través de los
órganos competentes, y que «no genera por sí mismo fuero de estabilidad ni derecho
adquirido alguno» para los oficiales que cumplen requisitos.

26. Manifestó que, conforme al artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, la Junta de
Evaluación y Clasificación tiene competencia para analizar la trayectoria profesional y
recomendar los nombres de los oficiales que pueden asistir a los cursos de
capacitación para ascenso. En este caso, la decisión de no recomendar a la
demandante para desarrollar el curso de ascenso en 2010, se enmarcó dentro de esa
facultad.

27. Expuso que la Junta de Evaluación y Clasificación, la Junta de Generales y la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa actuaron dentro de sus competencias, y que sus
decisiones constituyen actos de trámite o preparatorios que no requieren notificación
individual y que no vulneran el debido proceso.

28. Sostuvo que el retiro por llamamiento a calificar servicios es una medida discrecional
prevista en los artículos 1 y 3 de la Ley 857 de 2003, que solo exige dos requisitos: (a)
cumplir el tiempo mínimo para acceder a la asignación de retiro; y (b) contar con
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

2
Ff. 529 a 540 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

29. Afirmó que en el caso concreto, la demandante contaba con más de 15 años de
servicio y que existió concepto previo favorable de la referida Junta, por lo cual la
autoridad administrativa actuó dentro de la legalidad.

30. Indicó que este tipo de retiro no requiere motivación expresa, pues su soporte legal
se encuentra en el artículo 57 del Decreto 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003, por
lo que, no es dable exigir motivación adicional, como lo ha señalado la jurisprudencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

31. Manifestó que la hoja de vida de la actora, sus felicitaciones o sus evaluaciones
superiores no restringen la facultad discrecional ni generan estabilidad, pues «el buen
desempeño corresponde al cumplimiento ordinario del deber y no confiere derechos
de permanencia o ascenso».

32. Señaló que no se acreditó falsa motivación, toda vez que la actora no demostró la
inexistencia de los hechos que sustentan el retiro, ni móviles distintos a los autorizados
por la ley. Indicó que «la simple mención de desacuerdos con las decisiones internas
de la institución no constituye prueba de dicho vicio».

33. Explicó que no hubo desviación de poder, pues la demandante no aportó prueba
alguna que acreditara que la finalidad del acto fue distinta a la renovación institucional
y a las necesidades del servicio, finalidades expresamente reconocidas por la
jurisprudencia constitucional como fundamento del llamamiento a calificar servicios.

34. Finalmente, señaló que la demandante no sufrió desprotección económica, ya que
al momento del retiro cumplía los requisitos para acceder a la asignación de retiro
reconocida por CASUR, por lo que no procede alegar perjuicios derivados de una
supuesta pérdida de ingresos.

35. Propuso las excepciones de «falta de requisito de procedibilidad con relación a las
pretensiones de la demanda», «presunción de legalidad», «inexistencia de vicios de
nulidad» y «genérica o innominada».

2.4. Sentencia de primera instancia

36. El Tribunal Administrativo de Antioquia3, mediante sentencia del 23 de junio de
20214, resolvió negar las pretensiones de la demanda, y condenó en costas.

37. En resumen, el tribunal argumentó que el retiro por llamamiento a calificar servicios
constituye una facultad discrecional de la administración, conforme a lo previsto en
Decreto 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003. En consecuencia, señaló que la
decisión solo exige el cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) que el oficial haya
completado el tiempo mínimo de servicios que permite acceder a la asignación de

3
En Sala integrada por los magistrados Rafael Darío Restrepo (ponente), Jairo Jiménez Aristizábal y Liliana Patricia
Navarro Giraldo.
4
Samai Tribunales, índice 47, archivo pdf «7_SENTENCIA(.PDF) NroActua 47».

6

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

retiro; y (b) que exista concepto previo favorable de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para la Policía Nacional.

38. Sostuvo que dicho retiro no requiere motivación adicional, en atención al precedente
de la Corte Constitucional —especialmente las sentencias SU-091 de 2016 y SU-217
de 2016—, así como a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que ha reiterado que exigir motivación particular desconocería la naturaleza
discrecional de esta figura.

39. Descartó la alegada falsa motivación, al considerar que la cita de jurisprudencia
contenida en el acto administrativo5 no afecta su validez, y que la demandante no
acreditó que los hechos sustentados por la administración fueran inexistentes o
inexactos.

40. Desestimó la supuesta desviación de poder, indicando que la actora no probó que
la finalidad del acto fuera distinta a las previstas por la ley —renovación institucional y
necesidades del servicio—, y que el buen desempeño o las calificaciones superiores
no generan derecho a permanecer en el cargo ni a ascensos automáticos.

41. Por último, concluyó que el ministro de Defensa sí tenía con competencia para
expedir el acto demandado, en virtud de la delegación autorizada por el ordenamiento
jurídico.

2.5. Recurso de apelación

42. Glenda Lucía Munévar Bohórquez interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia6.

43. Insistióen que el acto de retiro demandado, proferido en 2015, no puede
examinarse de manera aislada, sino que debe tenerse en cuenta el nexo causal con
las actas de 27 de agosto de 2010, a través de las cuales la Junta de Evaluación y
Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional no emitieron concepto favorable para que iniciase el proceso o trámite de
ascenso. Por lo tanto, reitera que las decisiones que las referidas juntas adoptaron en
2010 de no emitir concepto favorable para su ascenso, y la decisión de retiro de 2015,
por llamamiento a calificar servicios, comprenden un acto administrativo complejo.

44. En ese orden de ideas, recalcó que se vulneró su derecho al debido proceso, porque
en 2010 no se le permitió intervenir en las reuniones de la Junta de Evaluación y
Clasificación, de la Junta de Generales y de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa

5
En el acto demandado se citaron entre otras, las siguientes sentencias: C-072 de 1996, C-445 de 2011, C-676 de
2001, T-265 de 2013, C-892 de 2003 de la Corte Constitucional; 0357-2012 de 20 de marzo de 2013, de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; 2013-01431-00 del 6 de septiembre de 2013 y 2014-
001056-00 del 28 de julio de 2014 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; 2014-00458-
00(AT) del 20 de agosto de 2014 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; 2014-00586-00(AT) del 31 de julio
de 2014 de la Sección Primera del Consejo de Estado; 2014-00458-01 del 22 de enero de 2015 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
6
Samai Tribunales, índice 49, archivo pdf
«9_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_APELACIONJSENTENCIA(.PDF) NroActua 49».

7

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Nacional, por lo que no pudo conocer los fundamentos fácticos o valoraciones internas
que llevaron a dichos órganos a no emitir concepto favorable para dar inicio al proceso
de ascenso en 2010, lo que con posterioridad derivó en que la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa recomendara su retiro por llamamiento a calificar servicios en
2015.

45. Alegó que el Tribunal omitió analizar la falta de motivación real del acto de retiro,
pues: (a) la administración citó jurisprudencia «descontextualizada», y (b) no estudió
los soportes fácticos ni documentales del concepto previo emitido por la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional, en el acta 006-APROP-GRURE-3.22 del 31 de marzo
de 2015, en el que indicó que la oficial tenía «conceptos desfavorables», afirmación
que —según indicó— no está probada.

46. Sostuvo que el fallo de primera instancia se sustenta en la sentencia SU-091 de
2016 de la Corte Constitucional, la cual no puede ser aplicable al caso concreto porque:
(a) al no exigir que la administración garantice el derecho de los uniformados a conocer
las razones objetivas que dieron lugar a la recomendación de retiro, contraría el
postulado del debido proceso, (b) desconoce el principio del mérito porque conlleva
ignorar la trayectoria profesional, y (c) es contradictoria con las siguientes sentencias
de la Corte Constitucional que aluden al deber de motivar los actos administrativos de
retiro: «SU-917 del 16 de Noviembre de 2010, SU-250 de 1998, T-683 de 1998, T-800
de 1998, T-884 de 2002, T-610 de 2003, T-752 de 2003, T-1011 de 2003, T-597 de
2004, T-951 de 2004, T-1206 de 2004, T-1240 de 2004, T-031 de 2005, T-054 de 2005,
T-123 de 2005, T-132 de 2005, T-161 de 2005, T-222 de 2005, T-267 de 2005, T-374
de 2005, T-392 de 2005, T-454 de 2005, T-648 de 2005, T-660 de 2005, T-696 de
2005, T-752 de 2005, T-804 de 2005, T-1059 de 2005, T-1117 de 2005, T-1159 de
2005, T-1162 de 2005, T-1248 de 2005, T- 1258 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de
2005, T-1323 de 2005, T-024 de 2006, T-070 de 2006, T-081 de 2006, T-156 de 2006,
T-170 de 2006, T-222 de 2006, T-254 de 2006, T-257 de 2006, T-432 de 2006, T-519
de 2006, T- 634 de 2006, T-653 de 2006, T-873 de 2006, T-974 de 2006, T-1023 de
2006, T-064 de 2007, T-132 de 2007, T-245 de 2007, T-384 de 2007, T-410 de 2007,
T-451 de 2007, T-464 de 2007, T-729 de 2007, T-793 de 2007, T-838 de 2007, T-857
de 2007, T-887 de 2007, T-1092 de 2007, T-007 de 2008, T-010 de 2008, T-157 de
2008, T-270 de 2008, T-308 de 2008, T-341 de 2008, T-356 de 2008, T-437 de 2008,
T-580 de 2008, T-891 de 2008, T-1022 de 2008, T- 1112 de 2008, T-1256 de 2008, T-
011 de 2009, T-023 de 2009, T-048 de 2009, T-087 de 2009, T-104 de 2009, T-108 de
2009, T-109 de 2009, T-186 de 2009, T-188 de 2009, T-205 de 2009, T-251 de 2009,
T-269 de 2009 y T- 736 de 2009, fallos referenciados por la H. Corte Constitucional en
la Pagina 80 de la Sentencia SU-053 del 16 de Febrero de 2015; SU-179 de 2015 y
SU-288 de 2015». [sic].

47. Finalmente, reiteró la existencia de desviación de poder, al considerar que la
decisión no respondió a necesidades institucionales sino a razones ajenas a la
finalidad legal del llamamiento a calificar servicios.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

2.6. Intervenciones en segunda instancia

48. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

2.7. Concepto del Ministerio Público

49. El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

50. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

51. Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 05458 del 1 de julio de 2015,
mediante la cual Glenda Lucía Munévar Bohórquez fue retirada del servicio activo de
la Policía Nacional por la causal de «llamamiento a calificar servicios», se ajustó a las
exigencias legales y jurisprudenciales que gobiernan esta figura, esto es:

a) ¿se acreditaron los requisitos previstos en el Decreto 1791 de 2000 y en la Ley 857
de 2003 —tiempo mínimo de servicio y concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa—?;

b) ¿la administración estaba obligada a exponer una motivación expresa adicional a
la prevista en la ley para justificar el retiro, teniendo en cuenta que la demandante
alega que en esta oportunidad, el acto de retiro lo constituye un acto complejo, cuyo
análisis también involucra la determinación adoptada en 2010 por la entidad de no
recomendar su ascenso?; y

c) ¿en la expedición del acto acusado se presentó «falsa motivación» y «desviación
de poder», en los términos del artículo 137 del CPACA y del precedente
jurisprudencial aplicable?

3.3 El marco normativo aplicable al retiro por llamamiento a calificar servicios

52. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se encuentra
regulado principalmente en el Decreto Ley 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003,
disposiciones que introducen la figura del «llamamiento a calificar servicios» como una
modalidad de desvinculación basada en razones institucionales y de servicio.

53. En efecto, el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por el artículo 2
de la Ley 857 de 2003, establece como causal de retiro el llamamiento a calificar

9

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
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servicios. Por su parte, el artículo 57 del citado decreto dispone que el personal de
oficiales, suboficiales y agentes «solo podrá ser retirado por llamamiento a calificar
servicios después de haber cumplido 15 años de servicio».

54. Por su parte, la Ley 857 de 2003, en su artículo 1, prevé que el retiro de los oficiales
debe someterse al «concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional», salvo en los casos de oficiales generales o cuando
concurran otras causales específicas. Asimismo, el artículo 3 de dicha ley reitera que
el retiro por llamamiento a calificar servicios «solo procederá cuando se cumplan los
requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».

55. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) contar con el tiempo mínimo de servicio
que da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la Junta
Asesora tratándose de oficiales.

56. El alcance de la facultad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la Fuerza Pública por «llamamiento a calificar servicios» ha
sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la Fuerza Pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados,
facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a la manera
ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

57. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura. Por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996, que en su
momento analizó las normas vigentes sobre las formas de retiro en la Policía Nacional
señaló que el llamamiento a calificar servicios, a diferencia del retiro por voluntad de
la Dirección Nacional, se caracteriza por los siguientes elementos, a saber: (a) no
consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de cumplir
cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica el ejercicio de
una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las funciones del oficial, no
significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa; (b) es un valioso instrumento
institucional de relevo dentro de la línea jerárquica de la Fuerza Pública que busca
permitir el ascenso y la promoción continua, lo cual no es otra cosa que la normal
renovación del personal en los cuerpos armados y la manera corriente de culminar una
carrera en la misma; y (c) el llamamiento hace parte de las atribuciones inherentes al
ejercicio del poder de mando y conducción, en la medida en que las autoridades
militares y policiales deben disponer de los poderes para sustituir eficazmente, en la
medida de las necesidades y conveniencias, los mandos superiores y medios de la
institución, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional.

7
Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00385-
00(AC).
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016.

10

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58. La sentencia SU-091 de 20169, reiterada en las sentencias SU-2017 de 216 y SU-
237 de 2019, que revisó 4 tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la Fuerza Pública contra decisiones que los jueces
administrativos tomaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra
actos administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.

59. Con respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió en la referida
sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el servidor
público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución, como
mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

60. La Corte reiteró, que esta causal constituye una facultad legítima para permitir la
renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con otra
finalidad, por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar los
derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:

«Es importante llamar la atención que si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros de
las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por la
estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el punto
de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se establece
frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia»10.

61. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la Dirección General, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos advirtió que:

«En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extra textual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General (…) dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada»11.

62. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad del
llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos armados
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Ibídem.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
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y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera militar o policial
al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y excelencia
institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el precedente
constitucional fijado es explícito al indicar que:

«Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal»12.

63. No obstante lo anterior, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como
también lo ha hecho el Consejo de Estado13, no desconoce que los actos de
llamamiento están sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte
manifestó que los jueces administrativos en estos casos, no solo deben verificar que
se cumplan con los requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben
quedar expresamente consignados en la resolución de retiro, sino también deben
evitar que el instrumento sea utilizado como una herramienta de persecución por
razones de diseminación o abuso de poder (como quiera que se busca evitar que la
misma sea utilizada para desconocer los derechos fundamentales de los oficiales).
Así, la sentencia de unificación que constituye un precedente vinculante para efectos
de la presente providencia, señaló que:

«En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si
bien no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder (…) Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la
exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten»14.

64. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que
determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a
la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos,
no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas
sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se
promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se
observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto
de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del
Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar
o policial.

12
Ibídem.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022),
sentencia del 6 de febrero de 2025.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
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3.4. Requisitos objetivos para la procedencia del retiro

65. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por «llamamiento a calificar
servicios» exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo:

a. Tiempo mínimo de servicio para acceder a la asignación de retiro: El artículo 57
del Decreto Ley 1791 de 2000 establece que el personal de oficiales, suboficiales
y agentes «solo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios después
de haber cumplido quince (15) años de servicio». Ello implica que el retiro
únicamente procede cuando el uniformado ha consolidado el derecho a la
asignación de retiro.

b. Concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional: Conforme al artículo 1 de la Ley 857 de 2003, el retiro del
personal de oficiales requiere someterse al «concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional», excepto en las
hipótesis expresamente excluidas por la norma. Dicho concepto constituye un
presupuesto habilitante para la expedición del acto definitivo.

66. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la Junta Asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro, y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal15.

67. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que: «(…) la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a la
verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a controvertir su
contenido en sede administrativa».

68. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la Junta Asesora
no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo de servicio
y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

69. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que se
elaboran con ocasión de las sesiones de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional no condicionan la validez de las decisiones adoptadas en
desarrollo de la citada Junta dado que, las consideraciones de los comandantes de las
distintas fuerzas en relación con su personal son de inmediato cumplimiento. En este
punto, debe precisarse que, la aprobación posterior de las actas de la Junta Asesora
constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que sólo hasta que culmine
la sesión de la Junta es posible confeccionar el acta, esto es, el documento físico el

15
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, emitida en el expediente 05001-23-31-
000-2001-03004-01(0357-12).

13

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cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición una vez concurran al
desarrollo de una nueva junta16.

3.5. De la falsa motivación

70. Elartículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal del
acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se tienen
en cuenta para su expedición17. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.

71. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y jurídica
con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión
tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad».18 En ese
orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos presupuestos entre
los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos veraces que los
soporten y; (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales o
reglamentarias, según sea el caso.

72. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión.19 En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad20. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos21:

«Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de
anulación distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad
fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o
tomados como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y
iii) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado».

73. Así las cosas, que para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. De otro lado, quien alega la existencia de esta causal de

16
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, emitida en el expediente 05001-23-31-
000-2001-03004-01(0357-12).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 110010325000201600089 00 (0461-2016),
auto del 19 de julio de 2018.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda. Procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-
2016-00019-00 (0034- 2016), 11001-03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00
(0156-2016) 11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016) 11001-
03-25-000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) 11001-03-24-000-2016-
00002-01 (0310-2016), sentencia del 23 de marzo de 2017.
20
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012, expediente: 2006-00348.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14),
sentencia del 8 de septiembre de 2017.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
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nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 CPACA)22.

74. En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, según
se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que su motivación la
contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado cumple los
requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente, que existe
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, lo cual es
aplicable para los oficiales, por así ordenarlo el artículo 1 de la Ley 857 2003 que
modificó el Decreto 1791 de 2000.

75. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003
para la procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se
indicó ello, o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable
el estudio de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar
sin defensa a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por
ende, se vulneraría su debido proceso.

3.6. De la desviación de poder

76. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que hace
referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el propósito de
aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo
entienden emitido para cumplir los fines previstos en el artículo 2 constitucional y 1 del
CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de la administración y el
interés general23.

77. Atendiendo estos postulados, se deduce que el vicio de «desviación de poder»
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo.24 De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina25 ha señalado que «[h]ay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público».26

22
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia
se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
23
Ibidem
24
«El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto administrativo se presenta, cuando un órgano del
Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de
procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una
finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador
buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia». Sentencia C- 452 de 1998.
25
Younes Moreno, Diego, Curso de derecho Administrativo.
26
El tratadista italiano Guido Zanobini alude además, como móviles característicos de la desviación de poder, los
siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».

15

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
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78. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En efecto
«su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide el acto,
como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en especial (iii)
el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión cuestionada,
distinto al señalado por la ley para el caso concreto»27.

79. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega, por
lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»28.

3.7. Estudio del caso concreto

3.7.1. Hechos probados

80. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:

80.1. Oficio S-0227-DITAH del 27 de agosto de 2010, que comunicó a la demandante
que no fue recomendada para concurso previo al Curso de Academia Superior de
Policía29.

80.2. Petición presentada por Glenda Lucía Munévar Bohórquez para su nombre fuese
reconsiderado para integrar el curso ASPOL 1130.

80.3.Oficio S-7437-DITAH-JEFAT del 19 de octubre de 2010, que resolvió
negativamente la reclamación presentada por la actora31.

27
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, radicado 11001-03-24-000-2013-
00328-00. // En otra providencia se señaló «La desviación de poder supone el ejercicio de unas atribuciones
válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de aquellos para
cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés general que justifica
la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 66001-23-31-000-
2003-00588-02(44009), sentencia del 28 de junio de 2019.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023),
sentencia del 20 de febrero de 2025. // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
15 de febrero de 2018, expediente: 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia que indicaba «demostrar la
causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió
el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma» El texto
corresponde la sentencia del 23 de febrero de 2011; Sección Segunda, Subsección B; radicado 17001 23 31 000
2003 01412 02(0734-10).
29
Ff. 427 a 436 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
30
Ff. 450 a 451 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
31
Ff. 452 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

80.4. Acta 006-APROP-GRURE-3.22 del 31 de marzo de 2015, mediante la cual la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa emitió concepto previo favorable para su retiro por
llamamiento a calificar servicios32.

80.5. Resolución 05458 del 1 de julio de 2015, «por la cual se retira del servicio activo a
una Oficial de la Policía Nacional»33, en la que se lee:

«(...)
Se sometió a consideración de los integrantes de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional, el retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios de la señora
Mayor GLENDA LUCÍA MUNÉVAR BOHÓRQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
51.964.518, que fue dada de alta en el grado de Teniente el cinco (05) de Noviembre de
1996 y actualmente se encuentra prestando su servicio en el Departamento de Policía
Antioquia, y que una vez consultado el Sistema de Información para la Administración
del Talento Humano SIATH de la Policía Nacional, tiene un tiempo de servicio de 19 años,
02 meses y 09 días, tiempo que la hace acreedora a una asignación mensual de retiro,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero del decreto 1157 del 24 de junio de
2014, que establece que el personal de Oficiales, de la Policía Nacional, escalafonados
con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, tendrán derecho cuando sean retirados del
servicio activo después de quince (15) años de servicio, por llamamiento a calificar
servicios, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague
una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto
de las partidas computables que trata el articulo 23 del Decreto 4433 de 2004, por los
primeros quince (15) años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más, por cada año que
exceda de los quince (15), hasta el ochenta y cinco por ciento (85%), incrementado en
un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de
servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
computables.

Sobre el particular resulta necesario resaltar que a la señora Mayor GLENDA LUCÍA
MUNÉVAR BOHÓRQUEZ, en el año 2010 le fue evaluada su trayectoria profesional de
conformidad con lo regulado en el artículo 22 del Decreto -Ley 1791 de 2000 y en sesión
celebrada el veintisiete (27) de agosto de 2010, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional, mediante Acta No. 012 de la misma fecha,
consideró no recomendar al Gobierno Nacional a la señora Oficial en mención, para el
llamamiento al curso de capacitación para ascenso “ACADEMIA SUPERIOR DE POLICÍA”.

Con fundamento en lo expuesto, se colige que la señora Oficial al no haber superado la
Evaluación de la Trayectoria Policial y en consecuencia tener conceptos desfavorables
para su promoción al grado inmediatamente superior, no le es posible continuar
ascendiendo en la escala policial y en consecuencia el permanecer en actividad,
desnaturaliza la estructura y posición piramidal de la Policía Nacional, así mismo altera
la jerarquía, antigüedad y el ejercicio del mando, pilares fundamentales de la Institución,
tal y como se desprende del contenido de los artículos 2, 4, 5 y 28 del Decreto Ley 1791
de 2000, más aún si se tiene en cuenta que estas características se encuentran
íntimamente ligadas al cumplimiento de las ordenes que imparten en el desarrollo de su
función por cuanto la antigüedad se tiene en cuenta a partir del último ascenso.

En el caso particular de la señora Mayor GLENDA LUCÍA MUNÉVAR BOHÓRQUEZ, vale la
pena indicar que esta, dada su trayectoria profesional, ha ocupado cargos en los cuales
ejecutó tareas de liderazgo, supervisión, control y direccionamiento del personal bajo
sus órdenes en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y Directrices
Gubernamentales, puesto que tales circunstancias conllevan a que ostentándose una

32
Ff. 427 a 436 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
33
Ff. 441 a 447 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

posición de garante propia del “ejercicio del mando”, se atribuya un rol preponderante el
oficial dentro de la institución, el cual se verá afectado por la imposibilidad de ascenso.

Aunado a lo anterior, al no poder proseguir ascendiendo en su carrera profesional y de
continuar en la Institución, se desconoce el Lineamiento General de Política Institucional
denominado Direccionamiento en el Ejercicio del Mando, el Cual es un baluarte
fundamental de la disciplina de la Policía Nacional; lo anterior teniendo en cuenta que la
uniformada no podrá imponer al personal con menos tiempo de servicio en la institución
pero con mayor grado, medios preventivos para encausar la disciplina generando con
esto como se ha indicado en líneas precedentes, alteración en el normal desarrollo de
la finalidad y los conceptos fundamentales bajo los cuales ha sido prevista y encauzada
la jerarquía.

Así las cosas, al no poder trascender la carrera de la señora Oficial por existir una
imposibilidad de tracto normativo para integrar un escalafón complementario de
conformidad con lo regulado en el artículo 4 del Decreto Ley 1791 de 2000, resulta ser
el retiro por llamamiento a calificar servicios una herramienta útil en la administración
para la renovación de la estructura piramidal de la Policía Nacional que garantizará la
posibilidad de ascenso dentro de líneas jerárquicas en la Oficialidad, permitiendo que el
personal que ya cumple con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, de
paso a una nueva generación de Oficiales que continúen el legado de servicio a la
comunidad y el cumplimiento de la misión institucional encomendada en el artículo 218
superior.

En el mismo sentido, resulta pertinente mencionar que el escalafón de cargos organiza
al personal que integra la Policía Nacional en orden de grado y antigüedad,
estableciéndose así una de las características de la Institución como lo es la jerarquía,
pues a través de ésta se regulan pautas para efectos de mando régimen disciplinario y
su ubicación laboral en las unidades de la entidad; al respecto cabe resaltar que la
sentencia C-445/11 indica es palmario que entre los cargos superiores y más bajos de
una escala jerárquica hay distinciones que justifican precisamente esta estructura
piramidal; razones de índole académico, profesional y de experiencia en el campo
motivan esta diferenciación. Al respecto, a manera de ilustración, se sostuvo en
sentencia C-676 de 2001, reiterada en este sentido en la sentencia C-892 de 2003, que
existe una clara y directa relación entre el nivel de preparación de los miembros de la
Fuerza Pública y el grado que ostentan en el escalafón correspondiente. Esta evidente
correspondencia da cuenta de que los Oficiales de la Policía o de las Fuerzas Militares
no se encuentran en igualdad de condiciones a los soldados, agentes y Suboficiales de
una y otra fuerza. Antes bien, el hecho de ocupar ese lugar en la jerarquía castrense,
denota -como se dijo- un nivel de preparación superior que le otorga ciertos derechos de
mando y decisión, los cuales no podrían ser desconocidos sin atentar, en tal caso, contra
el principio de igualdad Constitucional.

Por otra parte, el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas, así como la
existencia de reconocimientos, condecoraciones y felicitaciones, corresponde al deber
ser de todo policía, por ello dichas situaciones no se constituyen en fuero de estabilidad.
Lo anterior teniendo en cuenta que la carrera policial es dinámica, exigente y establece
sus propias limitaciones, por cuanto no todos los Subtenientes que egresan de la
Escuela de Cadetes, pueden llegar al grado de Generales de la República, ni todos los
Patrulleros pueden llegar a Comisarios, puesto que por organización, funcionalidad y por
ejercicio del mando, las plazas para cada rango se van reduciendo desde los grados
inferiores hasta los grados superiores.

Concomitante con lo expuesto, el espíritu de la estructura piramidal lleva implícita la
necesidad de un relevo en la línea jerárquica de cuya virtud se pone término al
desempeño de unos oficiales para permitir el ascenso de otros. Sobre el particular las
Altas cortes han considerado que el no llamamiento a curso de unos señores oficiales
es una dinámica normal dentro de las entidades que conforman la fuerza pública, toda
vez que las vacantes para Tenientes Coroneles son limitadas como quiera que esto se

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

encuentra directamente relacionado con la disponibilidad que anualmente asigna el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto de planta global.

En virtud de lo anterior, se concluye que el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios,
no constituye sanción alguna, más bien es una forma de culminación normal y no
deshonrosa de la carrera policial, por las razones ya expuestas.

Es por lo anterior que por votación unánime de los integrantes de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional, se considera viable recomendar el retiro por
Llamamiento a Calificar Servicios de la señora Mayor GLENDA LUCÍA MUNÉVAR
BOHÓRQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.964.518.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1157 de 2014, los
Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo escalafonados
con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, cuando sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, tendrán
derecho a partir de la fecha en que se terminen los tres (3) meses de alta a que por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual
de retiro.

Que teniendo en cuenta la recomendación de retiro del servicio activo de la Policía
Nacional, efectuada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía
Nacional transcrita anteriormente, es necesario retirar a la Oficial antes mencionada».
[sic].

80.6. Hoja de vida de Glenda Lucía Munévar Bohórquez y evaluaciones de desempeño,
clasificaciones y reconocimientos obtenidos por la oficial34.

3.7.2. Análisis sustancial de la Sala

81. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará, en primer lugar,
el examen relativo al cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la
normatividad vigente para la procedencia del retiro por llamamiento a calificar
servicios, esto es, la consolidación del tiempo mínimo de servicio que habilita el acceso
a la asignación de retiro y la existencia del concepto previo emitido por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. En segundo término, la
Sala verificará si el acto administrativo acusado debía contener una motivación
expresa adicional a la prevista en la ley, a la luz del precedente constitucional y
contencioso–administrativo aplicable. Finalmente, se examinarán los cargos
formulados por la parte actora relativos a la presunta «falsa motivación» y «desviación
de poder», a efectos de determinar si la decisión de retiro se ajustó a los fines
constitucionales de la institución y a los parámetros previstos en el artículo 36 del
CPACA.

82. Obra en el expediente que la demandante acumuló más de 15 años de servicio,
requisito exigido por el artículo 57 del Decreto 1791 de 2000 para acceder a la
asignación de retiro, y ella misma reconoció en la demanda que ya tiene reconocida
dicha prestación. Igualmente, el Ministerio de Defensa allegó el Acta 006-APROP-
GRURE-3.22 del 31 de marzo de 2015, mediante el cual, la Junta Asesora del Ministerio

34
Ff. 553 a 556 del expediente físico 05001-23-33-000-2016-01472-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

de Defensa emitió concepto previo favorable para el retiro, en cumplimiento del artículo
1 de la Ley 857 de 2003.

83. En consecuencia, en el caso concreto, la Sala constata que ambos requisitos
objetivos exigidos por la ley se encuentran debidamente acreditados, habilitando el
ejercicio de la facultad discrecional por parte de la autoridad demandada.

84. De acuerdo con el precedente fijado en las sentencias SU-091 de 2016 y SU-217
de 2016, los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios no requieren
motivación adicional, pues la justificación de la medida se encuentra
«extratextualmente prevista» en la finalidad institucional de renovación y
reorganización del servicio.

85. En este sentido, la ausencia de una motivación específica sobre la trayectoria,
calificaciones o desempeño de la actora no constituye irregularidad, ni desvirtúa la
legalidad del acto, dado que la normativa aplicable solo exige la verificación de los
requisitos objetivos ya mencionados.

86. En todo caso, la Sala encuentra que la lectura de la Resolución 5458 del 1 de julio
de 2015, por la cual el Ministerio de Defensa retiró a la demandante por llamamiento
a calificar servicios, muestra que la decisión de retiro se sustentó en la recomendación
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, contenida en el Acta 006-APROP-GRURE-
3.22 del 31 de marzo de 2015, según la cual, el retiro obedeció a que la oficial no logró
ascender en el año 2011, lo cual «desnaturaliza la estructura y posición piramidal de
la Policía Nacional, así mismo altera la jerarquía, antigüedad y el ejercicio del mando,
pilares fundamentales de la Institución».

87. Para la Sala esta motivación concuerda con los fines de la figura del llamamiento a
calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional,
en la que se argumentó que «constituye […]una de las formas normales de terminación
de la carrera activa, y a su vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad
de las Fuerzas Militares de mantener una estructura piramidal en la que solo unas
pocas excepciones van a lograr llegar a los escaños más altos de la pirámide
jerárquica. Esta herramienta permite, con el mayor respeto a los derechos de los
oficiales y suboficiales - pues solo opera cuando se han cumplido los requisitos para
la asignación de retiro, - y dentro de la dignidad propia de la milicia – pues se mantiene
el rango y los honores – que la institución disponga de una herramienta que le permita
pasar a la reserva activa a los miembros de la institución, sin tener que buscar
motivaciones distintas a la recomendación de la Junta Asesora que corresponda».

88. La Sala recuerda que en criterio de la Corte Constitucional, exigir una motivación
expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza la figura, puesto
que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el ascenso de todos
los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por la
estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza Pública, sino
desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal». En ese sentido, la
Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a calificar servicios tiene como

20

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

finalidad la renovación de personal, busca garantizar la dinámica de la carrera de los
uniformados y se constituye como una herramienta de relevo y permeabilización en
pro del mejoramiento y excelencia institucional. Igualmente, que el retiro por
llamamiento a calificar servicios no es absoluto y, en consecuencia, quien es retirado
de la Institución puede volver a ser reincorporado35.

89. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de la
fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende se restringe
progresivamente el número de cupos, por tanto, no todos los oficiales que tengan una
buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles36.

90. La Sala anota en este punto, que la demandante ha insistido a lo largo del presente
proceso judicial, que el acto de retiro de 2015 demandado, no puede examinarse de
manera aislada, sino que debe estudiarse de forma concatenada con las actas de 27
de agosto de 2010, a través de las cuales la Junta de Evaluación y Clasificación, la
Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional no emitieron
concepto favorable para que iniciase el proceso o trámite de ascenso. De manera tal,
que en su criterio, las decisiones que las referidas juntas adoptaron en 2010 de no
emitir concepto favorable para su ascenso, y la decisión de retiro por llamamiento a
calificar servicios, adoptada en 2015, comprenden un acto administrativo complejo.

91. Sobre el particular la Subsección señala en primer lugar, que esa hipótesis
hermenéutica fue excluida en la primera instancia al momento de la admisión de la
demanda, sin que la parte demandante hubiese recurrido y apelado el auto del 26 de
enero de 2017, por el que el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió no acoger la
tesis de que el acto de retiro de 2015 integra un acto administrativo complejo con las
actas de 2010, por medio de las cuales la Junta de Evaluación y Clasificación, la Junta
de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional no emitieron
concepto favorable para que iniciase el proceso o trámite de ascenso, pues, se trata
de dos decisiones diferentes (véase el acápite 2.2 de esta providencia).

92. Pero además de ello, la Sala relieva que se trata de actos administrativos que
disponen sobre trámites, procedimientos y situaciones administrativas diferentes en lo
conceptual, en lo jurídico y en lo temporal. En efecto, a través de las actas de 27 de
agosto de 2010, la Junta de Evaluación y Clasificación, la Junta de Generales y la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional no emitieron concepto favorable
para que la accionante iniciase el proceso o trámite de ascenso, el cual estaba
regulado en ese momento en el Decreto 1800 de 2000, y en el artículo 21 del Decreto
1791 de 2000; mientras que por medio del acto administrativo demandado –Resolución
5458 del 1 de julio de 2015–, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el retiro de la
accionante por llamamiento a calificar servicios, que es una causal objetiva de retiro
establecida en los artículos 2 y 3 de la Ley 857 de 2003.

35
Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
36
En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,
proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

93. Por consiguiente, la Sala entiende que no estamos en presencia de un acto
administrativo complejo, que esté integrado por el acto de retiro por llamamiento a
calificar servicio, emitido en 2015, y las actas de 27 de agosto de 2010, mediante las
cuales la Junta de Evaluación y Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional no emitieron concepto favorable para que Glenda
Lucía Munévar Bohórquez iniciase el proceso o trámite de ascenso.

94. La parte actora sostiene además, que el acto de retiro demandado contiene una
motivación insuficiente y sustentada en jurisprudencia «descontextualizada». Sin
embargo, la Sala reitera que para el caso del retiro por llamamiento a calificar servicios,
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado de manera pacífica y
uniforme, que tratándose de una facultad discrecional cuyo fundamento se encuentra
en la ley, la ausencia de motivación específica no configura falsa motivación.

95. Además, la demandante no aportó prueba que demuestre la inexistencia de los
hechos en que se soporta la decisión, ni que permita inferir que el acto se fundó en
supuestos errados o contrarios a la realidad.

96. La accionante alude a las sentencias SU-053 de 2015 y SU-288 de 2015, así como
las sentencias que son citadas en los pies de páginas de estas, a saber: SU-917 de
2010, SU-250 de 1998, T-683 de 1998, T-800 de 1998, T-884 de 2002, T-610 de 2003,
T-752 de 2003, T-1011 de 2003, T-597 de 2004, T-951 de 2004, T-1206 de 2004, T-
1240 de 2004, T-031 de 2005, T-054 de 2005, T-123 de 2005, T-132 de 2005, T-161
de 2005, T-222 de 2005, T-267 de 2005, T-374 de 2005, T-392 de 2005, T-454 de
2005, T-648 de 2005, T-660 de 2005, T-696 de 2005, T-752 de 2005, T-804 de 2005,
T-1059 de 2005, T-1117 de 2005, T-1159 de 2005, T-1162 de 2005, T-1248 de 2005,
T- 1258 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de 2005, T-1323 de 2005, T-024 de 2006,
T-070 de 2006, T-081 de 2006, T-156 de 2006, T-170 de 2006, T-222 de 2006, T-254
de 2006, T-257 de 2006, T-432 de 2006, T-519 de 2006, T-634 de 2006, T-653 de
2006, T-873 de 2006, T-974 de 2006, T-1023 de 2006, T-064 de 2007, T-132 de 2007,
T-245 de 2007, T-384 de 2007, T-410 de 2007, T-451 de 2007, T-464 de 2007, T-729
de 2007, T-793 de 2007, T-838 de 2007, T-857 de 2007, T-887 de 2007, T-1092 de
2007, T-007 de 2008, T-010 de 2008, T-157 de 2008, T-270 de 2008, T-308 de 2008,
T-341 de 2008, T-356 de 2008, T-437 de 2008, T-580 de 2008, T-891 de 2008, T-1022
de 2008, T-1112 de 2008, T-1256 de 2008, T-011 de 2009, T-023 de 2009, T-048 de
2009, T-087 de 2009, T-104 de 2009, T-108 de 2009, T-109 de 2009, T-186 de 2009,
T-188 de 2009, T-205 de 2009, T-251 de 2009, T-269 de 2009 y T-736 de 2009, al
parecer, con el propósito de señalar que para el caso concreto el precedente fijado en
la sentencia SU-096 de 2016 no es aplicable al caso concreto porque es contrario al
postulado del debido proceso y al deber de motivación de los actos de retiro, y
desconoce el principio del mérito porque conlleva ignorar la trayectoria profesional.

97. Esta Sala constata que se trata de referencias jurisprudenciales generales que no
guardan relación jurídica ni fáctica con la controversia planteada por la actora en el
proceso contencioso, alusivas a materias disímiles, tal como se resumen a
continuación:

22

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

SENTENCIA TEMA
SU-053 de 2015 Motivación de los actos administrativos de servidores públicos que ocupan
cargos en provisionalidad y límites a la facultad discrecional del Gobierno y
de la Policía Nacional para retirar miembros del servicio activo
SU-288 de 2015 Motivación de los actos administrativos de servidores públicos que ocupan
cargos en provisionalidad y límites a la facultad discrecional del Gobierno y
de la Policía Nacional para retirar miembros del servicio activo
SU-917 de 2010 Casos en que demandantes desempeñaban cargos de carrera en
provisionalidad en diferentes entidades públicas, y fueron desvinculados de
sus empleos sin motivación del acto de retiro
SU_250 de 1998 Retiro del servicio de notaria, sin motivación
T-683 de 1998 Retiro del servicio de notario, sin motivación
T-800 de 1998 Estabilidad laboral de empleados nombrados en provisionalidad en empleos
de carrera
T-884 de 2002 Estabilidad laboral de empleados nombrados en provisionalidad en empleos
de carrera
T-610 de 2003 Estabilidad laboral de empleados nombrados en provisionalidad en empleos
de carrera
T-752 de 2003 Motivación de insubsistencia de empleado provisional
T-1011 de 2003 Remoción de empleado provisional. Improcedencia de la AT por inexistencia
de perjuicio irremediable
T-597 de 2004 Motivación insubsistencia cargo de carrera de empleado en provisionalidad
T-951 de 2004 Motivación del acto de desvinculación de empleado provisional
T-1206 de 2004 Motivación del acto de desvinculación de empleado provisional
T-1240 de 2004 Motivación del acto de desvinculación de empleado provisional
T-031 de 2005 Motivación del acto de desvinculación de empleado provisional
T-054 de 2005 Desvinculación de madre cabeza de familia de un empleo de carrera que
ocupaba en provisionalidad, por terminación del encargo
T-123 de 2005 Entidad debe motivar el acto administrativo de desvinculación
T-132 de 2005 Motivación del acto de insubsistencia de empleado provisional
T-161 de 2005 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-222 de 2005 Vulneración del debido proceso por no motivación de acto de retiro del
servicio
T-267 de 2005 Vulneración del debido proceso administrativo por no motivación de acto de
retiro del servicio
T-374 de 2005 Vulneración del debido proceso administrativo por no motivación de acto de
retiro del servicio
T-392 de 2005 Vulneración del debido proceso administrativo por no motivación de acto de
retiro del servicio
T-454 de 2005 Falta de motivación del acto de retiro del servicio vulnera el debido proceso
administrativo
T-648 de 2005 Vulneración del debido proceso por no motivarse el acto de insubsistencia de
empleada en cargo de carrera
T-660 de 2005 vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa debido a la
desvinculación de una empleada que ocupaba un cargo de carrera en
provisionalidad, ya que el acto de insubsistencia no fue debidamente motivad
T-696 de 2005 Vulneración del debido proceso por no motivarse el acto de insubsistencia de
empleada en cargo de carrera
T-752 de 2005 Vulneración del debido proceso por no motivarse el acto de insubsistencia de
empleada en cargo de carrera
T-804 de 2005 Vulneración del debido proceso por no motivarse el acto de insubsistencia de
empleada en cargo de carrera
T-1059 de 2005 Debe motivarse el acto de desvinculación de un empelado provisional
T-1117 de 2005 Obligación de motivar la desvinculación de funcionario que ejerce cargo de
carrera administrativa en provisionalidad.

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

T-1159 de 2005 En caso de nombramiento por concurso público no es necesaria la motivación
del acto administrativo de desvinculación
T-1162 de 2005 Fiscal delegada cuyo cargo fue declarado insubsistente sin que fuera
debidamente motivado
T-1248 de 2005 Motivación del acto administrativo de desvinculación de empleada provisional
madre cabeza de familia
T-1258 de 2005 Desvinculación de madre cabeza de familia en cargo de carrera en
provisionalidad. vulneración por falta de motivación
T-1310 de 2005 Vulneración del debido proceso por declaración de insubsistencia de cargo
de carrera en provisionalidad en la Fiscalía sin motivación del acto
administrativo
T-1316 de 2005 Vulneración del debido proceso por declaración de insubsistencia de cargo
de carrera en provisionalidad en la Fiscalía sin motivación del acto
administrativo
T-1323 de 2005 Acto administrativo de desvinculación de empleados de carrera. Motivación.
T-024 de 2006 Derecho a la estabilidad laboral. Cargos en provisionalidad / Nombramiento
en provisionalidad en cargo de carrera administrativa. Motivación del acto
administrativo de desvinculación
T-070 de 2006 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce
en provisionalidad cargo de carrera administrativa
T-081 de 2006 Acto administrativo de desvinculación de empleados de carrera. Motivación /
Derecho a la estabilidad laboral. Cargos en provisionalidad. / Nombramiento
en provisionalidad en cargo de carrera administrativa. Motivación del acto
administrativo de desvinculación
T-156 de 2006 Investigadora criminalística cuyo cargo fue declarado insubsistente sin que
fuera debidamente motivado
T-170 de 2006 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-222 de 2006 Vulneración por no motivar insubsistencia de empleada
en provisionalidad ocupando cargo de carrera
T-254 de 2006 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-257 de 2006 Necesidad de motivación de acto administrativo de desvinculación persiste
hasta el momento en que se realice el concurso público
T-432 de 2006 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-519 de 2006 Falta de inmediatez es indicio de inexistencia de perjuicio irremediable
T-634 de 2006 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-653 de 2006 Necesidad de motivación del acto de desvinculación de empleado provisional
T-873 de 2006 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-974 de 2006 Motivación acto administrativo de desvinculación de empleado nombrado en
provisionalidad en cargo de carrera
T-1023 de 2006 Carrera penitenciaria. causal de retiro por inconveniencia del servicio
T-064 de 2007 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-132 de 2007 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-245 de 2007 Mujer embarazada que fue separada de un cargo de la Rama Judicial el cual
estaba desempeñando en provisionalidad
T-384 de 2007 Motivación insubsistencia cargo de carrera de empleado en provisionalidad
T-410 de 2007 Vulneración del debido proceso por declaración de insubsistencia de cargo
de carrera en provisionalidad en la Fiscalía sin motivación del acto
administrativo
T-451 de 2007 Requisitos para retiro del servicio en empleo de carrera

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

T-464 de 2007 Vulneración por declaración de insubsistencia de cargo de carrera en
provisionalidad en la Fiscalía sin motivación del acto administrativo
T-729 de 2007 Acción de tutela. carencia actual de objeto por cuanto el actor dejó caducar
el término para acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
T-793 de 2007 Empleados de libre nombramiento y remoción. acto de desvinculación no
requiere motivación
T-838 de 2007 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-857 de 2007 Deber de motivar la desvinculación de funcionario que ejerce en
provisionalidad cargo de carrera administrativa
T-887 de 2007 El acto por medio del cual se desvincula a una persona de un cargo de carrera
para el cual fue nombrado en provisionalidad debe ser motivado. Reiteración
de jurisprudencia.
T-1092 de 2007 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-007 de 2008 Vulneración del debido proceso por cuanto la Universidad no motivó el acto
de desvinculación del servicio del accionante
T-010 de 2008 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa cuando son consecuencia de procesos de
reestructuración
T-157 de 2008 Empleado nombrado en provisionalidad en cargo de carrera administrativa en
FGN. Necesidad de motivación del acto de desvinculación
T-270 de 2008 Servidor judicial. Condiciones objetivas para el traslado con base en el mérito
T-308 de 2008 Vulneración al debido proceso por haberse declarado insubsistente al actor
sin motivar el acto administrativo estando en provisionalidad en un cargo de
carrera
T-341 de 2008 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-356 de 2008 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-437 de 2008 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-580 de 2008 Desconocimiento del procedente constitucional en materia de motivación de
los actos administrativos de desvinculación de funcionarios nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera.
T-891 de 2008 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-1022 de 2008 Desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad cargo de carrera
administrativa debe ser motivada
T-1112 de 2008 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-1256 de 2008 Improcedencia por no cumplimiento de las condiciones de la jurisprudencia
constitucional para la procedencia de la acción de tutela porque en el acto de
declaratoria de insubsistencia existe remisión al acta mediante la cual se
adoptó la decisión
T-011 de 2009 Acción de tutela. Procede para que se motive el acto administrativo de
desvinculación
T-023 de 2009 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-048 de 2009 Acción de tutela. Procedencia en caso de funcionarios de carrera
administrativa nombrados en provisionalidad separados del cargo mediante
acto sin motivación
T-087 de 2009 Línea jurisprudencial sobre la motivación de la desvinculación de funcionario
que ejerce en provisionalidad cargo de carrera administrativa
T-104 de 2009 Línea jurisprudencial respecto a la procedencia para solicitar motivación del
acto de desvinculación del cargo

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

T-108 de 2009 Acción de tutela transitoria por insubsistencia de madre cabeza de familia sin
motivación del acto administrativo-reintegro al cargo
T-109 de 2009 Desconocimiento del precedente en materia de motivación del acto de
desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de
carrera
T-186 de 2009 Procedencia por desconocimiento del precedente judicial en materia de
necesidad de motivación del acto de desvinculación de funcionario nombrado
en provisionalidad en cargos de carrera
T-188 de 2009 Declaración de insubsistencia de empleado del das-caso en que el
demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
T-205 de 2009 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce cargo de carrera
administrativa
T-251 de 2009 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-269 de 2009 Motivación de la desvinculación de funcionario que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
T-736 de 2009 Desvinculación de funcionario que ha ocupado en provisionalidad un cargo
de carrera, debe realizarse mediante acto motivado

98. En esa medida, no es cierto que el fallo de primera instancia hubiese desconocido
las referidas providencias de la Corte Constitucional.

99. En cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe evidencia que
permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora o la decisión del ministro
de Defensa respondieron a motivos ajenos a los fines constitucionales del servicio. En
esa medida, la Sala considera que en esta oportunidad, ante la ausencia de pruebas
que apoyen los reparos de la parte demandante, la existencia del tiempo de servicio
requerido y del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defesna impide
inferir propósito diferente al que la ley contempla.

100. Lo anterior porque la desviación de poder debe tener un definido respaldo
probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala
para tal efecto.

101. En este punto, la Sala anota que el buen desempeño del cargo no se traduce
en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la Fuerza
Pública para acudir a dicha figura de retiro. De manera tal que las circunstancias de
buenas calificaciones en el ejercicio del cargo, que según la actora debieron pesar en
su permanencia en la entidad, como lo ha sostenido en reiteradas ocasiones esta
corporación, no generan por sí solas, fuero de estabilidad en el empleo37. La idoneidad
para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí
solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el
cumplimiento de los deberes por parte del funcionario.

102. De las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se encuentra
probado que la expedición del acto administrativo demando hubiese obedecido a

37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 20120, expediente 05001-23-
31-000-2002-00428-01 (0871-11).

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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

razones diferentes a las del mejoramiento del servicio, de tal suerte, que la falta de
elementos probatorios para demostrar los supuestos intereses personales a los que
obedeció el retiro del servicio activo del demandante nos remite a dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 167 del CGP, que indica que incumbe a las partes probar «el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen», y
que sólo las afirmaciones hechas por el demandante, no son prueba suficiente, ya que
se hace necesario evidenciar los fines adversos alegados.

103. Al verificarse que la demandante cumplía los requisitos para el retiro por
llamamiento a calificar servicios; que el acto administrativo no debía contener
motivación adicional; que el concepto previo fue emitido conforme a la ley; y que no se
acreditaron los vicios de falsa motivación o desviación de poder, la Sala concluye que
la Resolución 5458 del 1 de julio de 2015 se ajustó al ordenamiento jurídico.

3.8. Conclusión

104. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el retiro de Glenda Lucía
Munévar Bohórquez por la causal de llamamiento a calificar servicios se ajustó a las
exigencias previstas en el Decreto Ley 1791 de 2000 y la Ley 857 de 2003, por cuanto
se acreditó que la oficial contaba con el tiempo mínimo de servicio requerido para
acceder a la asignación de retiro y que el Ministerio de Defensa obtuvo el concepto
previo de la Junta Asesora, presupuesto habilitante para la expedición del acto.

105. En tal virtud, se tiene que la administración no estaba obligada a incorporar una
motivación adicional o particularizada sobre la trayectoria o desempeño de la actora,
en la medida en que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la justificación
de esta modalidad de retiro se encuentra «extratextualmente prevista» en la finalidad
institucional de reorganización y renovación del servicio.

106. De igual manera, no se acreditó la configuración de los vicios de «falsa
motivación» o «desviación de poder», pues no obra en el expediente prueba que
permita inferir que la decisión obedeció a hechos inexistentes, erróneos o ajenos a los
fines previstos por la ley. Por el contrario, el cumplimiento de los requisitos objetivos
demuestra que la autoridad ejerció legítimamente la facultad discrecional atribuida por
el ordenamiento.

107. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda, al encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo contenido en
la Resolución 5458 del 1 de julio de 2015, mediante la cual se dispuso el retiro de la
demandante por la causal de llamamiento a calificar servicios.

3.9. Costas

108. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario38 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no

38
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de

27

Radicación: 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911-2021)
Demandante: Glenda Lucía Munévar Bohórquez
Demandadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante haya incurrido en las anteriores conductas. Además, se revocará la
condena en costas impuesta en la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 23 de junio de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo: Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia. No
condenar en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

28

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