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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02117-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02117-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad demandada, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02117-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Pensión de invalidez miembros de la Fuerza Pública.
Reconocimiento en vigencia del Decreto 1157 de 2014. Validez
de los dictámenes médicos laborales. Competencia para
determinar la disminución en la capacidad laboral.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda1
2. El señor Absalón Varelas Osorio, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad del Oficio 20168450999001 del 1 de agosto de 2016 y a
título de restablecimiento del derecho se condene al Ejército Nacional a reconocer
y pagar una pensión de invalidez en cuantía del 50% del salario devengado, a partir
de la fecha en que se determinó la discapacidad psicofísica, sin solución de
continuidad, de conformidad con el artículo 3 numeral 3.5. de la Ley 923 de 2004 en
concordancia con el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004 y el Decreto 1157 de
2014.

3. Asimismo, se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización plena o
el reajuste de la indemnización ya reconocida, conforme a la disminución de la
capacidad médico laboral que le da derecho a la pensión de invalidez. Finalmente,
que las sumas reconocidas sean indexadas, se reconozca el equivalente a 100
SMLMV por concepto de reparación de los perjuicios causados y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A.

Hechos que fundamentan la demanda
4. El SLP ® Absalón Varelas Osorio prestó sus servicios al Ejército Nacional y fue
retirado en condiciones de discapacidad médico laboral según informe médico que
se aporta al proceso. Las lesiones que dieron origen a la discapacidad en comento
son sustancialmente graves al punto que lo mantienen al margen del desempeño
de cualquier actividad laboral en el sector privado; y conforme a las pruebas de
orden científico y médico laboral allegadas al proceso tuvieron origen en la
prestación del servicio.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228,
229 y 230 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo de Trabajo; 3 numeral
3.5 de la Ley 923 de 2004; 32 del Decreto 4433 de 2004 y 2 del Decreto 1157 de
2014.

6. Se aduce que el demandante actuó bajo el mando directo de Oficiales y
Suboficiales en desarrollo de actividades que implican la seguridad de los
ciudadanos; en consecuencia, no es justo ni equitativo que el retorno a la vida
particular ocurra en lamentables condiciones de salud. Agregó que a los miembros
de las Fuerzas Militares les asiste el derecho a la protección y vigilancia de sus
condiciones sanitarias, cuando en servicio adquieren una enfermedad o lesión;
destacando finalmente que en el acta de la Junta Médico Laboral no se consignaron
todas las lesiones que padece y que progresivamente están deteriorando su estado
de salud, no obstante, la entidad lo declaró no apto para el servicio.

Contestación de la demanda2
7. Enterada de la existencia del presente asunto la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, contestó en tiempo la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas en atención a que el demandante no cumple con el
requisito mínimo exigido para acceder a la pensión de invalidez, esto es una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% de conformidad con el
artículo 90 del Decreto 094 de 1989, tampoco acredita las condiciones del artículo
32 del Decreto 4433 de 2004, esto es una incapacidad permanente parcial superior
al 50% e inferior al 75%, ocurrida en actos especiales del servicio.

8. Solicitó que la prueba aportada con la demanda, contentiva de una valoración
con médico particular, no sea considerada para efectos de determinar el porcentaje
de disminución de la capacidad laboral del actor, pues dicha situación solo puede
ser determinada por un auxiliar de la justicia nombrado por el despacho, lo anterior
con el fin de evitar parcialidad en los informes, y en todo caso, la entidad no tuvo
conocimiento de su elaboración y no la pudo controvertir.

9. Explicó que la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar asignó a aquél un 29%
de DCL, por lo que a través de la Resolución 62834 del 12 de marzo de 2007, fue
indemnizado; posteriormente se retiró del servicio por solicitud propia en el año
2007, renunciando a todas las prebendas y derechos que le corresponden a un
miembro en servicio activo.

10. Manifestó que el hecho de que el porcentaje de DCL para los miembros de la
Fuerza Pública sea numéricamente más alto al porcentaje previsto en el Decreto
917 de 1999, no necesariamente implica una desmejora, pues los Decretos 094 de
1989 y 1796 de 2000, califican en forma integral las lesiones y otorgan un puntaje
que por sí solo genera el derecho a una indemnización y que además contiene un
porcentaje de DCL de acuerdo con la edad del calificado, lo que permite acceder en
forma fácil a la pensión de invalidez. Asimismo, recordó que la incapacidad otorgada
por las autoridades de Sanidad Militar evalúa la incapacidad laboral estrictamente
para el desempeño de la actividad militar y no para la vida civil.

11. Formuló las excepciones de inexistencia de ilegalidad o nulidad del acto
administrativo demandado, carencia del derecho del demandante e inexistencia de

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio

la obligación demandada, presunción de legalidad del acto acusado y la
innominada.

Sentencia de primera instancia3
12. Con fallo del 16 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró la nulidad del acto demandado y a título de restablecimiento del derecho
condenó al Ejército Nacional a reconocer y pagar al actor una pensión de invalidez
a partir del 10 de marzo de 2008, pero con efectos fiscales a partir del 20 de junio
de 2010, por prescripción; prestación que debía ser liquidada con el 50% de las
partidas computables de conformidad con el Decreto 4433 de 2004. Así mismo
autorizó a la entidad demandada descontar lo pagado por concepto de
indemnización por pérdida de capacidad laboral, debidamente indexado.

13. El Tribunal encontró acreditado que el demandante fue valorado por la Junta
Médico Laboral de Sanidad Militar y esta le asignó un 29% de DCL, inconforme con
esa decisión solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Sanidad Militar
que mediante Acta 3201 del 17 de septiembre de 2007, modificó las conclusiones
de la Junta y le asignó una pérdida de capacidad laboral del 57%.

14. Pese a lo anterior, la entidad demandada en el acto acusado sostiene que el
señor Varelas Osorio no acredita los requisitos exigidos en la ley para el
reconocimiento de la pensión de invalidez, esto con fundamento en el acta de la
Junta Médica Laboral que le asignó un DCL del 29%, sin mencionar las razones por
las que no consideró el dictamen del Tribunal Médico Laboral, que determinó un
57% de PCL.

15. En ese orden y en atención a que la pérdida de capacidad laboral se produjo en
servicio activo y asciende al 57% -acorde a esta última valoración de la autoridad
médica-, el a quo dispuso el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez
en los términos señalados en el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014.

16. Destacó que, si bien se ordenó la práctica de prueba por parte de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la decisión se respaldaba en el
Acta del Tribunal Medico Laboral, toda vez que la enfermedad que dio origen a la
pérdida de capacidad laboral corresponde a la diabetes insulinodependiente con
mención de complicación, que se estructuró el 23 de febrero de 2007, y que para
esa época arrojó un PCL del 57%; no obstante, al llevarse a cabo el dictamen de
determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional el 15 de
diciembre de 2017, por la Junta Regional de Antioquia, esto es, más de 10 años
después, es dable inferir que, al ser esta patología crónica y progresiva, la PCL
aumentó del 57 al 77%.

17. En ese orden concluyó que para el 2007, fecha en que el demandante se
encontraba en actividad y previo al retiro, la PCL correspondía al 57% tal como lo
determinó el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, situación
corroborada por la Junta Regional, por lo tanto, este porcentaje es el que se debe
tener en cuenta para ordenar la liquidación de la prestación, esto es, el 50% de las
partidas computables según el Decreto 4433 de 2004.

Recurso de apelación4
18. A través de apoderada, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

3 Expediente digital primera instancia índice Samai 61
4 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 64

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio

solicitó revocar la decisión de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones.
Con tal fin reiteró los argumentos expuestos en la contestación y en forma adicional
señaló que los dictámenes médicos aportados al proceso coinciden al señalar que
el demandante padece una enfermedad común ocurrida en el servicio pero no por
causa y razón del mismo, en atención a que sufre diabetes tipo I, y que en todo caso
no acredita una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75% a voces de lo
ordenado en los Decretos 094 de 1989 y 4433 de 2004, por lo que no le asiste el
derecho a la pensión de invalidez.

19. Mencionó que reconoció las prestaciones a que tenía derecho el entonces
militar, conforme al régimen vigente para la fecha en que se estructuró la lesión, de
manera que no es procedente conceder prestación adicional.

20. Citó apartes de sentencias proferidas en esta Corporación en las que se orientó
que la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pública debe ser establecida
por las autoridades de la Dirección de Sanidad del Ejército y la Policía Nacional y
que los dictámenes periciales particulares no son prueba idónea para determinar la
pérdida de capacidad laboral.

21. Finalmente, concluyó que la valoración integral del material probatorio deja en
evidencia que no hay lugar a acceder a las pretensiones, pues la disminución de la
pérdida de capacidad con la que arguye tiene derecho a la pensión, no fue
establecida por las autoridades médicas de la entidad.

Trámite correspondiente a la segunda instancia
22. Con auto de 31 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación5. En el
término concedido solo el Agente del Ministerio Público delegado ante esta
Corporación rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia que accedió a
las pretensiones de la demanda puesto que el demandante acreditó un 57% de DCL
otorgado por el Tribunal Médico Laboral6.

23. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso8, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

Del problema jurídico
25. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Absalón Varelas
Osorio cumple o no los requisitos exigidos en la ley para el reconocimiento de la
pensión de invalidez, considerando para el efecto las Actas 15282 del 2 de octubre
de 2006 y 3201 del 17 de septiembre de 2007, de la Junta y el Tribunal Médico

5 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 5
6 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 10
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio

Laboral de Revisión Militar y de Policía, respectivamente.

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
La pensión de invalidez y su regulación para los miembros de las Fuerzas
Militares
26. La Ley 100 de 1993, que contempla el régimen general de pensiones,
determinó en sus artículos 38 y 399 los requisitos y el monto de la pensión de
invalidez y señaló las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los
regímenes del sistema; no obstante, en su artículo 27910 excluyó de su aplicación,
entre otros, a los miembros de las Fuerza Militares y de Policía, así como al personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, salvo lo que se vincularan a partir de la
vigencia de la mentada ley 100.

27. Los citados miembros de la Fuerza Pública, como ya lo ha mencionado esta
Corporación, se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento
reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la
prestación del servicio que tienen a su cargo.

28. Sobre el particular, es pertinente poner de presente que en los Decretos 2728
de 196811 y 1836 de 197912 se estableció la pensión por invalidez para los miembros
de la fuerza pública, y se determinaron los requisitos y porcentajes de pérdida de
capacidad laboral para su reconocimiento.

29. Más adelante, a través del Decreto 094 de 198913, se establecieron los distintos
procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de
la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento; específicamente
frente a los soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, la citada norma dispuso
en su artículo 90 los términos del reconocimiento pensional de invalidez, con la
exigencia mínima del 75% de la disminución de la capacidad sicofísica.

30. Igualmente, el Decreto 1796 del 200014, proferido por el presidente de la
República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del
2000, estableció la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública,
alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica,
así:

9 Modificado por la Ley 860 de 2003.
10 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas.». (Subrayas fuera del texto).
11 «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados

y grumetes de las Fuerzas Militares»
12 «Por el cual se terminan las normas relativas a la Capacitación Sicofísicas, las incapacidades, invalideces e

indemnizaciones en el personal de Oficiales, y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional».
13 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones

del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes,
Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional»
14 «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y

aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio

«Artículo 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales,
suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la policía nacional. Cuando
mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía,
haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá
derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida
de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional,
liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y
de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el
ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el
noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o
superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
Parágrafo 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a
las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 198915
Artículo 39. Liquidación de pensión de invalidez del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales. Cuando
el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio
que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo
con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como
a continuación se señala:
[…]
Parágrafo 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o
superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez.» (Subrayas de la Sala).

31. La citada norma entró en vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la
pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica
del 75%, y el monto pensional en el mismo porcentaje (75%) de las partidas
computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia y en su artículo
48 transitorio16 estableció que hasta que no se expidiera la correspondiente
reglamentación el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral
e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella
fuera expedida.

32. Posteriormente, a través de la Ley 923 del 200417, artículo 3.º, se dispusieron
elementos mínimos para el reconocimiento de las asignaciones de retiro, de las
pensiones de invalidez y sus sustituciones, de la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.
Específicamente frente a la pensión de invalidez se dispuso lo siguiente:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

15 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970 del 21

de octubre del 2003, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra.
16 «[…] Articulo 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la

valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad
psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y
afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la
misma norma […]».
17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02117 01 (1778-2025)
Demandante: Absalón Varelas Osorio

[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro
de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de
Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios
diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la
capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%)
y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las
partidas computables para la asignación de retiro. […]».

33. Es importante indicar que la citada norma en su artículo 6.º estableció efectos
retroactivos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia y de invalidez
frente a hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad, desde el 7 de
agosto del 2002, la cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
en sentencia C–924 del 2005, que la declaró exequible.

34. En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del
200418, que en sus artículos 30 y 32 consignó los requisitos específicos que deben
cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión
de invalidez. El primero, consagró el derecho al Reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez cuando los organismos competentes califican una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo; mientras que
el segundo, reguló el reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente
parcial en combate o actos meritorios del servicio a los sujetos allí definidos que
pierdan su capacidad de trabajo en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior
al 75% en combate, actos meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en
tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del
servicio.

35. Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de
febrero de 2013, dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00
(1238–2007), declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al considerar
que, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de
2004, el Gobierno Nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular
la materia al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, a través de
providencia de 23 de octubre de 2014, dentro del proceso radicado 11001-03-25-
000-2007-00077-01 (1551–2007) la Sección Segunda de esta Corporación19
declaró la nulidad de todo el artículo.

18 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza

Pública.”
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 23 de octubre de

2014, expediente 1551-2007. La nulidad en comento se sustentó en lo siguiente: «Como surge del análisis
conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1,
30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral
“igual o superior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza
Pública, esos tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para
ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese
inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de
fundamento, debido a que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que
le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de liquidación de la pensión
de invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues estas
también parten del supuesto de la existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón,
resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza
por cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser
liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Absalón Varelas Osorio

36. Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
1157 de 2014, «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la
Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza
Pública», norma que entró en vigencia el 24 de junio de 201420 y en cuyo artículo
2.º consagró los requisitos para el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:

«Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se
determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio
activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses
de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según
el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan,
con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:

2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por
ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su
equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales,
previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio de
Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por
invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de
su vida, condición ésta, que será determinada por los organismos médico laborales
militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la mesada
pensional se aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución
de ésta pensión, se descontará éste porcentaje adicional […]».

37. El escenario descrito conduce a concluir que, actualmente, los requisitos de
reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se
encuentran contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de 2004 así
como en el artículo 2.º del Decreto Reglamentario 1157 de 2014. En este punto bien
vale la pena citar la sentencia de 15 de agosto de 2019, proferida por esta
Subsección, dentro del proceso 25001-23-42-000-2012-01404-01 donde se
establecieron algunas pautas de interpretación de las normas citadas, como son:

«i) La exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a
efectos de acceder al derecho a la pensión de invalidez.

sirve de base al descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se
ordenan en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
20 Publicado en el diario oficial 49193 de 2014.

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ii) La pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por lesiones o
afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, lo que no significa que
tenga que estructurarse propiamente durante aquel pues hay que considerar que, por la
progresividad de ciertas patologías, es perfectamente posible que la merma de
capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo. En otras palabras, el sistema de
aseguramiento que proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de
invalidez, le otorga cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado
en servicio activo y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo de éste,
sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.
iii) La calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, de manera que
incluya todos los factores discapacitantes. Esto significa que no hay lugar a la exclusión
de ninguno de ellos en razón de su origen; de lo contrario se correría el riesgo de negar,
por distinciones meramente formales, el derecho pensional a aquellos individuos cuyas
reales condiciones físicas dan cuenta de una invalidez material».

38. Con fundamento en el recuento normativo y jurisprudencial que antecede
procede la Sala a resolver el caso concreto.

Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
39. El señor Absalón Varelas Osorio prestó sus servicios al Ejército Nacional por
9 años, 9 meses y 20 días21 y fue retirado del servicio por disminución de la
capacidad psicofísica mediante AOP-EJC 1097 del 29 de febrero de 2008.

40. Con la demanda se aportó copia de la historia clínica22 y del dictamen médico
laboral suscrito por el Dr. Enrique Ayala Pérez en el que se le asignó al demandante
una disminución de su capacidad laboral del 74.45%, con fundamento en los
conceptos de especialistas en psiquiatría, psicología, endocrinología y
otorrinolaringología.23 Cabe destacar que, a esta prueba no fue tenida en cuenta
por el tribunal para fallar, aspecto que no se cuestiona con el recurso; a ello se suma
que, esta Sección ha sido del criterio sostenido que aquellos no son una prueba
idónea para este tipo de asuntos, pues no poseen la virtud para dejar sin efectos el
dictamen expedido por la autoridad calificadora del respectivo régimen especial.
Así, se insiste que inicialmente es la Junta Medico Laboral y el Tribunal de Revisión
Militar y de Policía los competentes para realizar la correspondiente valoración
médica; y podrá acudirse a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez para
actuar como peritos.24

41. Milita en el expediente también acta de la Junta Médica Laboral de
Sanidad Militar 15282 del 2 de octubre de 200625, en la que se determinó un 29%
de DCL, teniendo como fundamento de dicha calificación concepto de medicina
interna del 8 de agosto de 2006, en el que se consignó “ENFERMEDAD CRÓNICA
NO RELACIONADA CON SU ACTIVIDAD MILITAR NO ES CURABLE Y NO LE
PERMITE REALIZAR LABORES DE PATRULLAJE POR QUE TIENE (SIC)
APLICARSE INSULINA ANTES DE CADA COMIDA Y ESTA NECESITA
REFRIGERACIÓN: DOCTOR NILSON LOPEZ RUIZ.”, DX. Diabetes mellitus tipo I

21 Soldado Bachiller del 28 de enero de 1998 al 24 de enero de 1999; soldado voluntario del 16 de mayo de

1999 al 31 de octubre de 2003 y soldado profesional del 1 de noviembre de 2003 al 10 de marzo de 2008 -
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22 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 71 - 8ED_EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) – carpeta
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23 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 71 - 8ED_EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) – carpeta

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24 Ver sentencias proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del 25 de enero de 2024, radicado 81001-
23-33-000-2017-00021-01 (4448 2019), y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-2019-01980-
01 (4431-2023)
25 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 71 - 8ED_EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) – carpeta

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con síntomas en miembros inferiores tratado por medicina interna - insulino
dependiente actual compensado.

42. Inconforme con esa decisión, el entonces militar solicitó la convocatoria del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que en Acta 3201 del 17
de septiembre de 200726, modificó las conclusiones de la Junta y determinó que
aquél tenía una pérdida de capacidad laboral del 57%, indicando como lesiones o
afecciones “A1. Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones”,
disponiendo una incapacidad permanente y parcial, no apto y sin sugerencia de
reubicación laboral, además se precisó Imputabilidad del Servicio Literal “A”;
Fijación de los correspondientes índices A1. Se modifica Numeral 2-057, literal
A, índice diez (10) por literal B índice 15.»

43. El jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional a través de la Resolución
62834 del 12 de marzo de 2007, reconoció y ordenó pagar la suma de $8.186.295,
por concepto de indemnización por disminución de la capacidad laboral, con
fundamento en el acta de la Junta Médico Laboral 15282 del 2 de octubre de 2006.27

44. El 25 de abril de 2016, el interesado por intermedio de apoderado solicitó al
Ejército Nacional, entre otros, el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez28, lo cual fue negado con el oficio 20168450999001 del 1 de agosto de
2016, en tanto la pérdida de capacidad laboral solo ascendía al 29%, por lo que no
cumplía los requisitos de ley.29

45. En audiencia inicial celebrada el 19 de julio de 2017, en la etapa de pruebas,
el tribunal incorporó los documentos allegados por las partes; así mismo de oficio
ordenó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia determinar la
disminución de la capacidad laboral del actor30. En respuesta, dicha Junta remitió al
proceso dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y
ocupacional del 12 de diciembre de 201731, en la que se le asignó un 77% de PCL.
El 17 de mayo de 2018, se llevó a cabo diligencia de contradicción del dictamen,
con intervención de la Dra. Carmiña Pérez Restrepo, médica cirujana de la Junta
Regional, ponente del dictamen, quien manifestó que la diferencia en el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral respecto a las actas de las autoridades médicas de
Sanidad Militar radica en la naturaleza de la patología diagnosticada diabetes tipo I,
progresiva y mal pronóstico.

46. En ese orden de ideas, valorado en conjunto el material probatorio en
referencia, se encuentra debidamente acreditado que el señor Varelas Osorio fue
valorado por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar del Ejército Nacional, la
cual, mediante acta 15282 del 2 de octubre de 2006, le asignó una pérdida de
capacidad laboral del 29%. No obstante, esta decisión fue modificada por el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que mediante acta 3201 del 17 de
septiembre de 2007 determinó que dicho porcentaje ascendía al 57%.

26 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 71 - 8ED_EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) – carpeta

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27 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 71 - 8ED_EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) – carpeta

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47. Así las cosas, resulta claro que la pérdida de capacidad laboral del actor
ocurrió en servicio activo, cuando fue diagnosticado con diabetes tipo I y declarado
no apto para la actividad militar, y en vista que la misma entidad a través del Tribunal
Médico Laboral –autoridad médica competente-, determinó una pérdida de
capacidad laboral del 57%, no cabe duda, como lo dispuso el a quo, que tiene
derecho al reconocimiento de la prestación reclamada, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, que establece que este surge
cuando acredita una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo. . Importante destacar que,
la norma no exige que se trate de enfermedad adquirida por causa y razón del
servicio, como lo alega la entidad recurrente, sino que se requiere acreditar que fue
en servicio activo y en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral allí establecido.

48. Tampoco le asiste razón al apelante cuando afirma que el reconocimiento de
la pensión de invalidez debe efectuarse con base en DCL igual o superior al 75%,
conforme a lo dispuesto en los Decretos 094 de 1989 y 4433 de 2004. Si bien el
acta 3201 del Tribunal Médico Laboral, mediante la cual se asignó al demandante
una pérdida de capacidad laboral del 57%, data del 17 de septiembre de 2007,
época en la que se encontraba vigente el Decreto 4433 de 2004, lo cierto es que
dicha disposición fue declarada nula por esta Corporación. En consecuencia, y en
desarrollo de la Ley 923 de 2004, se expidió el Decreto 1157 de 2014, el cual exige,
para el reconocimiento de la pensión de invalidez, una pérdida de capacidad laboral
igual o superior al 50%, requisito que el señor Varelas Osorio cumple.

49. Sumado a lo anterior, el 25 de abril de 2016, en vigencia del Decreto 1157 de
2014, solicitó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez. Dicha petición fue negada mediante Oficio
20168450999001 del 1 de agosto de 2016, acto administrativo demandado en el
curso del presente asunto.

50. Para finalizar, considera la Sala que yerra la entidad recurrente al alegar que
la calificación de la pérdida de capacidad en el subjudice no se hizo por la autoridad
competente, pues, como se dejó establecido en líneas anteriores, fue la misma
autoridad médica del Ejército Nacional la que modificó el porcentaje y lo elevó al
57%, por lo que no tiene sustento alguno este cargo.

51. Además, si bien en el expediente obra acta de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante la cual se asignó al demandante
una pérdida de capacidad laboral del 77%, lo cierto es que dicho medio probatorio
no fue tenido en cuenta por el tribunal para efectos del reconocimiento pensional
decisión que no es objeto de la alzada.

Conclusión
52. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda, en razón a que las pruebas allegadas y
practicadas en el expediente demuestran que el accionante cuenta con el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral necesario para el reconocimiento de la pensión de
invalidez.

Condena en costas en segunda instancia
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una

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Demandante: Absalón Varelas Osorio

lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas de segunda instancia a la entidad
demandada por cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda,
en atención a lo dispuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad
demandada, conforme lo indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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