Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-33-000-2017-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-33-000-2017-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-33-000-2017-00021-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 81001-23-33-000-2017-00021-01 (4448-2019)
Demandante: Cristian Ricardo Castro Garzón
Demandada: La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional
Temas: Reconocimiento de pensión de sanidad o invalidez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se accede parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Cristian Ricardo Castro Garzón, presentó demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad1 del acto administrativo ficto o presunto que resulta del
silencio administrativo negativo por la no contestación a la reclamación presentada
el 10 de junio de 2016 en la que solicita el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, el reajuste de la indemnización laboral y el pago de perjuicios morales.
A título de restablecimiento del derecho2, se condene al reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez en cuantía del 85% del equivalente al salario devengado por
un cabo tercero, del reajuste de la indemnización conforme a la disminución de la
capacidad médico laboral dictaminada, el pago de los perjuicios morales y el daño
emergente.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera3:
1 Folio 96.
2 Folio 96.
3 Folio 97.
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Que el señor Cristian Ricardo Castro Garzón, prestó sus servicios al Ejército
Nacional, como soldado campesino, del 26 de mayo de 2012 al 5 de octubre de
2013.
Que el14 de octubre de 2012, tuvo un accidente con arma de fuego, en donde se
vio afectada el área del tórax y la espalda y por medio de acta de evaluación médica
del personal de soldados campesinos por tiempo de servicio militar cumplido con
fecha de 30 de septiembre de 2013, se determinó que no era apto para continuar
dentro de la institución.
Que mediante orden administrativa del personal del comando del Ejército Nacional
No. 1999 de fecha 2 de octubre de 2013, fue retirado del servicio por tiempo de
servicio militar cumplido y el 10 de junio de 2016, presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual no fue respondida,
configurándose un acto ficto o presunto negativo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 11 de julio de 20174 y notificada a la entidad
demandada, la cual se opuso a las pretensiones, argumentando la falta de los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pues si bien
estas afectaciones fueron causadas durante el servicio militar, no fueron
ocasionadas en el servicio ni por causa o razón del mismo.
Que el demandante no adelantó la gestión para la evaluación técnica para que se
estableciera la existencia o no de la pérdida de capacidad laboral por lo que la
valoración médica se practicó dos años después de su retiro del servicio activo.
Propuso como excepciones la ineptitud de la demanda por el no agotamiento del
requisito de procedibilidad y la legalidad del acto administrativo demandado.
En la audiencia inicial5, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas, luego de lo cual
se dictó sentencia.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de sentencia del 14 de marzo de
2019, accedió parcialmente a las pretensiones. Determinó que si bien no se
ordenará el reconocimiento de las prestaciones en favor del demandante hay que
tener en cuenta que tiene derecho a que se le practique el examen médico de retiro
correspondiente, y que de esta manera se lleve a cabo la Junta Medica Laboral para
que posteriormente se efectúen los procedimientos pertinentes para el
reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez, si se logra determinar que el
4 Folio 113.
5 Folio 176-180.
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accionante tiene derecho.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación6 manifestando que se
quebrantan los principios constitucionales al debido proceso, igualdad frente a la ley
y congruencia, porque la parte resolutiva de la sentencia se aparta de las
pretensiones presentadas, pues se pidió el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez mas no el reclamo sobre la definición de la situación médico-laboral del
demandante.
Que hay negligencia de la entidad demandada, pues es a raíz del incumplimiento
de las normas y de los precedentes judiciales que versan sobre los deberes de
protección en materia de seguridad social, que se han producido afectaciones en la
salud integral del accionante.
La parte demandada manifiesta su desacuerdo expresando que se configuró un
fallo extra petita, pues la decisión desbordó los limites propuestos en las
pretensiones.
Que no existió silencio administrativo y que hay caducidad del medio de control,
debido a que existen documentos que dan cuenta de la respuesta a la solicitud
realizada por el accionante.
Que hubo indebida valoración probatoria, pues el accionante pretende el
reconocimiento de la prestación pensional partiendo únicamente del concepto del
médico especialista Enrique Ayala Pérez, y que este no es pertinente a la hora de
la realización de la valoración médica, pues este tipo de conceptos solamente puede
ser emitido por la Junta Medico Laboral o Tribunal Medico- Laboral de Revisión
Militar.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 31 de octubre de 20197 se admitió el recurso de apelación y por
no haber pruebas que decretar, se estimó innecesaria la celebración de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento en esta instancia, de conformidad con el numeral 4
del art. 247 del CPACA, se corrió traslado de 10 días para la presentación de los
alegatos.
La parte demandada, insiste en que existe una violación al principio de congruencia,
pues dada la naturaleza de la jurisdicción no se puede fallar infra, extra o ultra petita;
igualmente, manifiesta la inexistencia del silencio administrativo y la indebida
valoración probatoria.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
6 Folio 341-347.
7 Folio 377.
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Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Debe resolver la sala los siguientes problemas jurídicos, en principio, determinar, si
es posible el estudio del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de un
miembro de la Fuerza Pública a partir de concepto médico de un especialista en
salud ocupacional, administración de salud y seguridad social; para luego analizar
si la decisión adoptada constituye o no una sentencia extra petita.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver este asunto se requiere hacer un análisis normativo y jurisprudencial
de la pensión de invalidez y todos los conceptos que se suscitan alrededor del
reconocimiento de este derecho pensional. El Decreto 1796 de 2000 en su artículo
14, establece cuáles son los organismos y las autoridades que son competentes a
la hora de emitir los conceptos médicos-laborales:
ARTICULO 14. ORGANISMOS Y AUTORIDADES MÉDICO-LABORALES
MILITARES Y DE POLICÍA. Son organismos médico-laborales militares y de
policía:
1. El Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
2. La Junta Médico-Laboral Militar o de Policía
Son autoridades Medico-Laborales militares y de policía:
1. Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
2. Los integrantes de las Juntas Médico-Laborales.
3. Los médicos generales y médicos especialistas de planta asignados a
Medicina
4. Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional.
Por otra parte, el artículo 32 y 33 del mismo Decreto establece cuales autoridades
tienen la competencia a la hora de ordenar y realizar los exámenes
respectivamente:
ARTICULO 32. COMPETENCIA PARA ORDENAR EXÁMENES. Los exámenes
médicos y paraclínicos derivados de los eventos establecidos en el presente
decreto serán ordenados por la Fuerza respectiva o por la Policía Nacional.
Los exámenes de definición de la situación médico laboral serán ordenados por
las autoridades médico-laborales militares y de policía, previa autorización de la
Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional.
ARTICULO 33. COMPETENCIA PARA REALIZAR EXÁMENES. Los exámenes
médicos y paraclínicos derivados de los eventos establecidos en el presente
decreto serán realizados por las direcciones de sanidad de la respectiva fuerza y
de la policía nacional.
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PÁRÁGRAFO Se exceptúan de este artículo los exámenes a los conscriptos, los
cuales serán realizados por los profesionales de la salud destinados por la Fuerza
respectiva para tal fin.
Ahora, respecto a la prestación pensional por invalidez, el Decreto anteriormente
mencionado en su artículo 39 define los criterios generales atenientes a los
requisitos para que sea reconocido el derecho:
“ARTICULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL
VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el
personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el
servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral,
tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual
valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:
a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el parágrafo
primero del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo
primero del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y
cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el parágrafo
primero del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARÁGRAFO 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un cabo
tercero o su equivalente en la Policía Nacional.
PARÁGRAFO 2. Para los soldados profesionales, la base de liquidación será
igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y Estatuto del
Personal de Soldados Profesionales.
PARÁGRAFO 3. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea
igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez.”
Con la expedición de la Ley 923 de 2004, el Decreto 1796 de 2000 sufre una
modificación en cuanto al porcentaje de pérdida de la capacidad necesaria para ser
beneficiarios del derecho prestacional:
ARTICULO 3. ELEMENTOS MINIMOS. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:
(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral
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del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico -
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que
originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión
en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro.
Entonces, tenemos que con la expedición de esta Ley se modifican los requisitos
generales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en ese sentido es
necesario que la disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza
Pública sea igual o superior al 50%.
Resolución del caso concreto
Según el material probatorio aportado, el médico Enrique Ayala Pérez, especialista
en salud ocupacional, administración en salud y seguridad social, valoró al actor, y
mediante dictamen pericial determinó la disminución de la capacidad laboral en un
porcentaje del 91.05%, a partir de diagnósticos de una sicosis esquizofrénica
crónica y una limitación del hombro derecho.
Así y considerando el marco normativo desarrollado, es claro el sentido de la Ley
en establecer cuáles son las autoridades médico-laborales y cuáles son
competentes para ordenar dicho examen.
Para la Sala resulta evidente que para el reconocimiento pensional es necesaria la
valoración médica emitida por una autoridad competente, la Juntan Médico-Laboral
o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar, sin perjuicio de que ante alguna
divergencia se pueda acudir a otra experticia como la de dichas juntas, conforme lo
autoriza el Decreto 1072 de 2015.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado para acceder al reconocimiento
del derecho pensional es necesario el concepto o la valoración médico-laboral de
una autoridad competente en el que se determine la pérdida de la capacidad laboral
superior o igual al 50%, por lo que no es de recibo pretender el reconocimiento de
la pensión de invalidez partiendo de un concepto médico particular, pues no es el
medio probatorio apropiado para este tipo de controversias, por tanto, en este
aspecto la sentencia debe ser confirmada.
Respecto al segundo problema, la Sala realizará el estudio del fallo de primera
instancia que declaró la nulidad parcial del acto administrativo ficto o presunto y
ordenó la realización del examen de retiro al demandante.
Para ello, se hará referencia al principio de congruencia y las decisiones infra, extra
y ultra petita. El artículo 281 del Código General del Proceso, establece:
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«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita,
cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña
o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir
controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial
teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena
realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales
del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las
relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.».
De la misma manera, el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, señala:
«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas. […]» (Destacado fuera del texto
original).
Como se afirma en las apelaciones presentadas, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es predominantemente rogada, a partir de este entendido el juez
debe sujetarse a todos y cada uno de los aspectos sometidos a decisión, pues si se
aparta de estos se estaría transgrediendo el principio de congruencia. Sin embargo,
este principio admite excepciones, pues existen casos en los que el juez de
conocimiento puede alejarse de lo solicitado en las anteriores etapas procesales,
tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 26 de octubre de 2017,
en el proceso radicado No. 25000-23-42-000-2014-01139-01 con ponencia del
Consejero Cesar Palomino Cortés, se sostuvo:
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“En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes
en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta
permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera
(extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse
sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las
razones de tal omisión.
En consonancia con lo anterior, se tiene que advertir que el principio de la justicia
rogada no puede entenderse como absoluto en esta jurisdicción y menos en materia
laboral, pues bajo este tipo de temáticas es necesaria la aplicación de los principios
y las normas superiores. Así, puede decirse que el fallador bajo ciertas situaciones
puede decidir sobre aspectos no planteados por las partes, pero hay que considerar
que, en caso de omisión del principio de congruencia, el juez de conocimiento debe
explicar las razones por las que proferirá sentencia prescindiendo del principio de
congruencia.
Teniendo en cuenta lo mencionado, para resolver el segundo problema jurídico
relacionado con la orden para la realización de los exámenes al accionante
dispuesta por el Tribunal Administrativo de Arauca en la parte resolutiva, es
necesario hacer referencia al artículo 8 del Decreto 1796 del 2000, pues este
establece que las direcciones de sanidad tienen la obligación de realizar el examen
de retiro al momento que se deje de pertenecer a las fuerzas armadas:
ARTICULO 8. EXÁMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter
definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los
dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo
de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el
retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en
los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado.
Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de
capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-
Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su
comienzo hasta su terminación. (negrillas para resaltar)
Así, el Consejo de Estado ha indicado a través de su jurisprudencia8 que este
examen no es una prestación a la que se puede acceder o no, sino un derecho que
tiene los integrantes de las fuerzas militares, que es obligatorio en todos los casos
y que su realización no depende exclusivamente del personal militar, sino que hace
parte de las cargas que asume la entidad al momento en que se retira un miembro,
tal y como lo hace en el caso del examen de ingreso en la que realiza una valoración
completa.
Ahora, respecto a la realización del examen la Corte Constitucional a través de sus
pronunciamientos9 ha indicado que es imprescriptible, pues como bien lo define el
8 Sentencia del 22 de marzo de 2007 C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Sentencia del 3 de diciembre de
2009 C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 28 de junio de 2010 C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas. del 5 de Julio de 2012 C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia del 20 de noviembre de 2015
C.P. Rocío Araújo Oñate.
9 Sentencia T-103 del 16 de febrero de 2006. Sentencia T-948 del 16 de noviembre de 2006. Sentencia T-020
del 22 de enero de 2008.
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Decreto, la entidad tiene la obligación de que se realice, pues es necesario definir
el estado de salud de los miembros de las Fuerzas Militares. En la sentencia T-287
de 2019, la Corte Constitucional se refiere a la imprescriptibilidad del examen
médico de retiro:
“el examen de retiro no está sujeto a un término de prescripción como se deriva
de una interpretación del artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, lo que implica que
el mismo podría ser solicitado en cualquier tiempo y, en consecuencia, si del
resultado que arroje su realización “se colige que el exmilitar [o ex policía]
desarrolló una enfermedad durante o con ocasión del servicio prestado, se les
debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio médico, así como
remitirlos a la Junta Médica Laboral correspondiente para que establezca su
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, de manera que se determine si tienen
derecho al reconocimiento de la pensión por invalidez”
En consecuencia, la realización de las valoraciones médicas cuando se retira del
servicio es obligatorio, pues es un derecho imprescriptible de las personas que
formaron parte de las Fuerzas Militares a que se les defina su situación de salud.
En ese mismo sentido y en consideración a las apelaciones presentas por las
partes, es necesario reconocer que si bien la decisión proferida por el Tribunal de
conocimiento esta direccionada de manera correcta, este omitió uno de los aspectos
claves a la hora de proferir este tipo de sentencias, pues no explicó de manera
detallada las razones ni los fundamentos en los cuales se encuentre justificada el
fallo extra petita proferido.
En todo caso debe mantenerse incólume la decisión por las razones antes
expuestas. En consecuencia, la sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, pero por los argumentos
expuestos en esta providencia.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 201, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obro con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
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En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costa. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Arauca por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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