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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01279-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01279-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-01279-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2012 01279-02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Pensión de invalidez miembros de la Fuerza Pública. Validez de
los dictámenes médicos laborales. Competencia para
determinar la disminución en la capacidad laboral. Juntas
Regionales o Nacional de Calificación de Invalidez. Prueba
decretada en el curso del proceso judicial.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda1
2. El señor José Ricardo Parra Sierra, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la existencia y nulidad del acto ficto negativo producto del silencio
de la entidad demandada respecto a la petición presentada el 26 de marzo de 2012,
a fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez y el reajuste
de la indemnización. A título de restablecimiento del derecho se condene al Ejército
Nacional a reconocer y pagar la pensión de sanidad en cuantía superior al 75% del
salario que devengó al momento del retiro, sin solución de continuidad, desde el
momento en que resultó incapacitado, de conformidad con el artículo 90 del Decreto
094 de 1989. Así mismo se ordene el reajuste de la indemnización por disminución
de la capacidad laboral conforme a los parámetros contenidos en los Decretos 094
de 1989 y 1796 de 2000.

3. En forma subsidiaria y en el evento de contar con una disminución de la
capacidad laboral del 50% o más, pero inferior al 75%, se dé aplicación por
favorabilidad a la Ley 100 de 1993 y en consecuencia se ordene el reconocimiento
pensional con fundamento en el literal a) del artículo 40 de dicha disposición.
Finalmente, que las sumas reconocidas sean indexadas, se reconozca el
equivalente a 100 SMLMV por concepto de reparación de perjuicios y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A.

Hechos que fundamentan la demanda
4. El SLR ® José Ricardo Parra Sierra prestó sus servicios al Ejército Nacional y
fue retirado en condiciones de discapacidad médico laboral según el acta médica

1 Folios 10 a 22 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

que se aporta al proceso; destaca que las lesiones son sustancialmente graves al
punto que lo mantienen al margen del desempeño de cualquier actividad laboral en
el sector privado; y conforme a las pruebas de orden científico y médico laboral
allegadas al proceso tuvieron origen en la prestación del servicio.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 29, 25, 53 y 228 de la
Constitución Política; 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo; 9 del Código
Sustantivo de Trabajo; 15, 37, 44 y 45 del Decreto 1496 de 2000 y 40 de la Ley 100
de 1993.

6. Afirmó que ingresó al Ejército Nacional en óptimas condiciones de salud, ejecutó
tareas bajo el mando directo de oficiales y suboficiales en actividades propias de la
seguridad de todos los ciudadanos, por lo que no es justo que su retiro se produzca
en condición de discapacidad médico laboral. Agregó que el acta de la Junta Médico
Laboral no contiene todas las lesiones que padece y que progresivamente han
deteriorado su condición médica. Finalmente señaló que el régimen especial que
ampara al demandante exige acreditar una discapacidad del 75%, disposición que
resulta menos favorable a la contenida en la Ley 100 de 1993, que para el mismo
efecto requiere el 50% de DCL.

Contestación de la demanda2
7. Enterada de la existencia del presente asunto, la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, contestó en tiempo la demanda y se opuso
a las pretensiones, alegando que el demandante no cumple las exigencias para
obtener la pensión de invalidez. Además, si bien el porcentaje de disminución de la
capacidad laboral requerido en el régimen especial es superior al contenido en la
Ley 100 de 1993, esa sola circunstancia no implica una desmejora, toda vez que los
Decretos 1796 de 2000 y 094 de 1989, califican en forma integral las afecciones
otorgando un índice lesional que por sí solo genera el derecho a una indemnización
y que además contiene un porcentaje de disminución de la capacidad laboral de
acuerdo a la edad del calificado, lo que le permite obtener fácilmente el derecho
pensional.

8. Sumado a lo anterior, con fundamento en la Ley 923 de 2004, se expidió el
Decreto 4433 de 2004, que determinó para efectos del reconocimiento de la pensión
de invalidez a favor del personal de las fuerzas militares y de policía un 50% de
DCL, que es igual al dispuesto por las normas del régimen general. Agregó que la
incapacidad otorgada por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar evalúa
únicamente la capacidad laboral para el desempeño de la actividad militar y no para
el desempeño de la vida civil, pues solo tiene en cuenta el criterio de deficiencia,
más no la discapacidad o minusvalía necesarias en la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la pensión, lo que deja en evidencia que los regímenes no son
iguales y por tanto una persona no puede ser evaluada con la norma que más le
beneficie de cada régimen.

9. Culminó exponiendo que el único ente autorizado en Colombia para evaluar las
patologías, deficiencias, discapacidad y minusvalía de los miembros de las fuerzas
militares y de policía son las Juntas y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía en virtud del Decreto 1796 de 2000 y el Decreto 094 de 1989,
autoridades médicas que evalúan cinco aspectos relevantes en la calificación y
clasificación de aptitud sicofísica para el servicio militar y/o policial.

2 Folios 108 a 130 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

Sentencia de primera instancia3

10. En sentencia proferida el 25 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto
de la pretensión de reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad
laboral, negó las súplicas de la demanda en punto al reconocimiento de la pensión
de invalidez y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Con tal fin y
luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio pertinente,
concluyó que al demandante no le asiste el derecho pretendido porque no acredita
un porcentaje igual o superior al 50% de DCL. Para el efecto tuvo las siguientes
consideraciones:

11. De conformidad con el acta 46005 del 24 de agosto de 2011 de la Junta Médico
Laboral de Sanidad del Ejército Nacional, el demandante tiene un 13.5% de DCL,
razón por la cual fue declarado no apto para la actividad militar y retirado del servicio.
Con la demanda se aportó dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Meta que le determinó un 55.0% de DCL por leishmaniasis y
trastorno de ansiedad no especificado.

12. En el curso del proceso se decretó prueba de oficio con el fin de que el actor
sea valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca autoridad médica que el 16 de enero de 2015 determinó que tenía
un 28.21% de DCL y mediante acta aclaratoria 0174-3 del 27 de julio de 2016, la
Junta Regional incluyó en la calificación el puntaje correspondiente al trastorno
ansioso 10.50%, para un porcentaje final del 41.16%, el cual en todo caso no le
otorga el derecho al reconocimiento a la prestación reclamada.

13. Sobre la pretensión de aplicación del principio de favorabilidad para acudir a la
Ley 100 de 1993, por sustracción de materia determinó que no era procedente, dado
que no supera el 50% de PCL previsto en la norma.

14. Finalmente, y respecto al reconocimiento y pago del reajuste de la
indemnización, indicó que el actor debió atacar en la oportunidad legal, tanto en
sede administrativa como judicial, las Resoluciones 133499 del 3 de abril de 2012 y
145231 del 8 de noviembre de 2012 de la Dirección de Prestaciones Sociales del
Ejército Nacional, por los cuales se reconoció y ordenó el pago de tal indemnización.

Recurso de apelación4
15. A través de apoderado, el señor José Ricardo Parra Sierra solicitó revocar la
decisión de primera instancia, con tal fin argumentó que en dictamen médico del 28
de mayo de 2013 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, le otorgó
un 55% de DCL, que le da derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez en
los términos ordenados en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1157 de 2014. Aclaró
que lo anterior obedeció a la existencia de nuevos hechos en su condición de salud,
lo que justifica el incremento de dicho porcentaje.

16. En atención a la naturaleza de las patologías diagnosticadas al demandante,
transcurrido 1 año, 9 meses y 4 días de la valoración inicial realizada por las
autoridades de sanidad del Ejército Nacional, era lógico su avance y por tanto el
incremento en la disminución de la capacidad laboral del 13.5% al 55%, tal como da
cuenta el dictamen médico laboral emitido por la Junta Regional del Meta y los
demás informes científicos aportados al proceso. Agregó que la valoración de

3 Folios 430 – 440 del expediente
4 Folios 443 vto. a 459 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

Sanidad Militar se realizó 6 meses antes del retiro del servicio, circunstancia que
sumada al hecho de que no se le practicaron exámenes de retiro, lleva a concluir
que su condición médica no fue evaluada al momento de la desvinculación, además
la suspensión en el tratamiento médico agravó su condición de salud.

17. Sostuvo que las actas de la Junta Médica de la entidad limitan su valoración a
las patologías que afectaron el desempeño o ejercicio de la actividad militar y
determinan la condición de aptitud para el servicio; no obstante, debió evaluar las
enfermedades comunes no alusivas a la prestación del servicio, lo anterior con el
fin de lograr una valoración integral de la condición médica del demandante.
Además, indicó que los dictámenes de las autoridades médico militares no gozan
de las garantías procesales de publicidad y contradicción.

18. Que pese a que en el plenario obra dictamen emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Meta que ofrece certeza sobre la condición médica del
actor, y que no fue objeto de oposición; el tribunal decretó la práctica de otra prueba
pericial carente de los principios de publicidad y contradicción, sumado a que los
peritos designados no tomaron posesión; y que en todo caso el acta de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, no contiene una
valoración integral de la condición médica del ex militar.

19. Se refirió al derecho a la asistencia y tratamiento médico continuos y sin
interrupción de miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares y de Policía,
al principio de integralidad, de evaluación de las patologías por el paso del tiempo,
la libertad probatoria, y a la obligación de realizar los exámenes de retiro, para
concluir que no existe prueba de que la inasistencia a la práctica oportuna de
exámenes y realización de la Junta Médica de Retiro sea atribuible al señor Parra
Sierra sino a una conducta omisiva de la entidad demandada.

20. Para concluir, destacó el deterioro en la salud con el paso del tiempo, y que
desde el último dictamen pericial practicado por orden judicial y la fecha de
presentación del recurso de apelación, han transcurrido más de 10 años. Reiteró la
pretensión relacionada con el pago de la indemnización como consecuencia del
registro de nuevas patologías en su condición de salud, con fundamento en lo que
estima que no está sometido a término de caducidad ni a la exigencia del requisito
de conciliación prejudicial. De otra parte, indicó que la sentencia vulnera el debido
proceso y atenta contra los principios de congruencia y legalidad, así mismo
constituye una violación directa e indirecta de la norma sustancial y desconoce la
jurisprudencia de la jurisdicción.

Trámite correspondiente a la segunda instancia
21. Con auto de 18 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación5. En el
término concedido no se presentaron intervenciones.

22. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

Competencia
23. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y

5 Folios 466 a 467 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

de lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

Del problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si le asiste o no derecho al
demandante al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez; así como al
reconocimiento o reajuste de la indemnización a que tenga derecho.

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
La pensión de invalidez y su regulación para los miembros de las Fuerzas
Militares
25. La Ley 100 de 1993, que contempla el régimen general de pensiones,
determinó en sus artículos 38 y 398 los requisitos y el monto de la pensión de
invalidez y señaló las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los
regímenes del sistema; no obstante, en su artículo 2799 excluyó de su aplicación,
entre otros, a los miembros de las Fuerza Militares y de Policía, así como al personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, salvo lo que se vincularan a partir de la
vigencia de la mentada ley 100.

26. Los citados miembros de la Fuerza Pública, como ya lo ha mencionado esta
Corporación, se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento
reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la
prestación del servicio que tienen a su cargo.

27. Sobre el particular, es pertinente poner de presente que en los Decretos 2728
de 196810 y 1836 de 197911 se estableció la pensión por invalidez para los miembros
de la fuerza pública, y se determinaron los requisitos y porcentajes de pérdida de
capacidad laboral para su reconocimiento.

28. Mas adelante, a través del Decreto 094 de 198912, se establecieron los distintos
procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de
la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento; específicamente
frente a los soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, la citada norma dispuso
en su artículo 90 los términos del reconocimiento pensional de invalidez, con la
exigencia mínima del 75% de la disminución de la capacidad sicofísica.

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
8 Modificado por la Ley 860 de 2003.
9 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas.». (Subrayas fuera del texto).
10 «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de

soldados y grumetes de las Fuerzas Militares»
11 «Por el cual se terminan las normas relativas a la Capacitación Sicofísicas, las incapacidades, invalideces e

indemnizaciones en el personal de Oficiales, y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional».
12 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones

del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes,
Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

29. Igualmente, el Decreto 1796 del 200013, proferido por el presidente de la
República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del
2000, estableció la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública,
alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica,
así:

«Artículo 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales,
suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la policía nacional. Cuando
mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía,
haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá
derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida
de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional,
liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y
de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el
ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el
noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o
superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
Parágrafo 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a
las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 198914
Artículo 39. Liquidación de pensión de invalidez del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales. Cuando
el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio
que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo
con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como
a continuación se señala:
[…]
Parágrafo 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o
superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez.» (Subrayas de la Sala).

30. La citada norma entró en vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la
pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica
del 75%, y el monto pensional en el mismo porcentaje (75%) de las partidas
computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia y en su artículo
48 transitorio15 estableció que hasta que no se expidiera la correspondiente
reglamentación el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral
e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella
fuera expedida.

13 «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y

aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
14 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970 del 21

de octubre del 2003, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra.
15 «[…] Articulo 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la

valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad
psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y
afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la
misma norma […]».

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

31. Posteriormente, a través de la Ley 923 del 200416, artículo 3.º, se dispusieron
elementos mínimos para el reconocimiento de las asignaciones de retiro, de las
pensiones de invalidez y sus sustituciones, de la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.
Específicamente frente a la pensión de invalidez se dispuso lo siguiente:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro
de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de
Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios
diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la
capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%)
y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las
partidas computables para la asignación de retiro. […]».

32. Es importante indicar que la citada norma en su artículo 6.º estableció efectos
retroactivos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia y de invalidez
frente a hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad, desde el 7 de
agosto del 2002, la cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
en sentencia C–924 del 2005, que la declaró exequible.

33. En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del
200417, que en sus artículos 30 y 32 consignó los requisitos específicos que deben
cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión
de invalidez. El primero, consagró el derecho al Reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez cuando los organismos competentes califican una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo; mientras que
el segundo, reguló el reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente
parcial en combate o actos meritorios del servicio a los sujetos allí definidos que
pierdan su capacidad de trabajo en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior
al 75% en combate, actos meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en
tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del
servicio.

34. Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de
febrero de 2013, dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00
(1238–2007), declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al considerar
que, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de
2004, el Gobierno Nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular
la materia al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, a través de
providencia de 23 de octubre de 2014, dentro del proceso radicado 11001-03-25-

16 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
17 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza

Pública.”

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

000-2007-00077-01 (1551–2007) la Sección Segunda de esta Corporación18
declaró la nulidad de todo el artículo.

35. Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
1157 de 2014, «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la
Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza
Pública», norma que entró en vigencia el 24 de junio de 201419 y en cuyo artículo
2.º consagró los requisitos para el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:

«Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se
determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio
activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses
de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según
el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan,
con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:

2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por
ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su
equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales,
previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio de
Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por
invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 23 de octubre de

2014, expediente 1551-2007. La nulidad en comento se sustentó en lo siguiente: «Como surge del análisis
conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1,
30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral
“igual o superior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza
Pública, esos tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para
ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese
inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de
fundamento, debido a que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que
le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de liquidación de la pensión
de invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues estas
también parten del supuesto de la existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón,
resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza
por cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser
liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que
sirve de base al descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se
ordenan en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
19 Publicado en el diario oficial 49193 de 2014.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

su vida, condición ésta, que será determinada por los organismos médico laborales
militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la mesada
pensional se aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución
de ésta pensión, se descontará éste porcentaje adicional […]».

36. El escenario descrito conduce a concluir que, actualmente, los requisitos de
reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se
encuentran contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de 2004 así
como en el artículo 2.º del Decreto Reglamentario 1157 de 2014. En este punto bien
vale la pena citar la sentencia de 15 de agosto de 2019, proferida por esta
Subsección, dentro del proceso 25001-23-42-000-2012-01404-01 donde se
establecieron algunas pautas de interpretación de las normas citadas, como son:

«i) La exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a
efectos de acceder al derecho a la pensión de invalidez.
ii) La pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por lesiones o
afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, lo que no significa que
tenga que estructurarse propiamente durante aquel pues hay que considerar que, por la
progresividad de ciertas patologías, es perfectamente posible que la merma de
capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo. En otras palabras, el sistema de
aseguramiento que proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de
invalidez, le otorga cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado
en servicio activo y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo de éste,
sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.
iii) La calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, de manera que
incluya todos los factores discapacitantes. Esto significa que no hay lugar a la exclusión
de ninguno de ellos en razón de su origen; de lo contrario se correría el riesgo de negar,
por distinciones meramente formales, el derecho pensional a aquellos individuos cuyas
reales condiciones físicas dan cuenta de una invalidez material».

La valoración de la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la Fuerza
Pública y el alcance del dictamen aportado por el demandante.
37. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en el artículo 21 del Decreto
094 de 1989 se determinó que la capacidad sicofísica del personal de la Fuerza
Pública debe ser establecida por las autoridades médico militares y de Policía, entre
ellas la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, cuya finalidad es «llevar a un
diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad
laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones
cuando a ello hubiere lugar.»

38. Además, que las decisiones al respecto tienen que basarse «en la ficha de aptitud
sicofísica, ordenada para tal efecto, el examen clínico general correctamente ejecutado, los
antecedentes remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las
lesiones o afecciones basados en concepto escritos de especialistas».

39. Cabe destacar que el Decreto 1352 de 201320 exceptuó de su aplicación «el
régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la
actuación que soliciten a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
como peritos.»

40. A su vez, en el artículo 52 del mentado decreto, se dispuso que los dictámenes
sobre el origen y la pérdida de capacidad laboral, entre otros, del personal de las
Fuerzas Militares y de Policía, serán calificados por los profesionales o entidades
calificadoras del respectivo régimen especial, esto es, por la Junta Médica Laboral

20 Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se

dictan otras disposiciones. Compilado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

de la Dirección de Sanidad Militar y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía. Y solo después de surtido dicho trámite, es que las Juntas Regionales
tendrán competencia para emitir su dictamen, aspecto sobre el cual se ha referido
esta Corporación en providencias anteriores.21

41. Importante resaltar que en el régimen especial de las Fuerzas Militares y de
Policía, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000, le corresponde al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía decidir en última instancia
las reclamaciones que surjan contra las determinaciones de las Juntas Médico-
Laborales y como consecuencia de ello puede ratificar, modificar o revocar tales
decisiones, es decir, que existe un órgano competente al que se debe acudir para
determinar la pérdida de la capacidad psicofísica de un miembro de la fuerza
pública.

42. En esa línea interpretativa, es posible que se presenten como pruebas al juez
tanto las actas de Junta Medico Laboral y del Tribunal de Revisión Militar y de
Policía, como los dictámenes emitidos por la Juntas de Calificación de Invalidez
frente a personal de la Fuerza Pública, prueba esta última que también puede ser
valorada por el operador judicial, debiendo siempre sustentar los motivos por los
cuales una le ofrece mayor certeza, y considerando para el efecto, lo dispuesto
respecto a los medios de prueba y su valoración.

43. En punto a los dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral
proferidos por médicos particulares, es pertinente señalar que, en consonancia con
lo que se expuso en párrafos anteriores, la Sección Segunda de esta Corporación
ha concluido en asuntos similares que, aquellos no son una prueba idónea para este
tipo de asuntos, pues no poseen la virtud para dejar sin efectos el dictamen
expedido por la autoridad calificadora del respectivo régimen especial. Así, se
insiste que inicialmente es la Junta Medico Laboral y el Tribunal de Revisión Militar
y de Policía los competentes para realizar la correspondiente valoración médica; y
podrá acudirse a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez para actuar
como peritos.22

Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
44. El SLR José Ricardo Parra Sierra prestó sus servicios al Ejército Nacional
desde el 6 de abril de 2010 al 24 de febrero de 2012, fecha esta última en la que
fue retirado del servicio por tiempo de servicio militar cumplido según OAP-EJC
1128 del 5 de marzo de 2012.23

45. Reposa en el expediente acta provisional 44486 del 17 de junio de 201124 de
la Junta Médica Laboral de Sanidad Militar, por medio de la cual se diagnosticó al
demandante con leishmaniasis cutánea, valorado y tratado por dermatología, así
mismo se determinó que presentaba lesión activa en muslo izquierdo que requería
ser estudiada por frotis para confirmar diagnóstico y reiniciar tratamiento, por esa
razón la junta era provisional y con vigencia de 4 meses, tiempo en el cual debía
acercarse a medicina laboral con concepto definitivo so pena de abandono del
tratamiento.

21 Ver entre otras las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: de fecha 2 de julio de

2020, radicado 25000 23 42 000 2015 04005 01 (1717-17); del 19 de enero de 2023, radicado 50001-23-31-
000-2008-00495-01 (2998-2022); y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-2019-01980-01
(4431-2023).
22 Ver sentencias proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del 25 de enero de 2024, radicado 81001-
23-33-000-2017-00021-01 (4448 2019), y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-2019-01980-
01 (4431-2023)
23 Folio 53 del expediente
24 Folios 48 – 49 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

46. Milita acta de la Junta Médica Laboral 46005 del 24 de agosto de 201125, en la
cual se valoró la capacidad laboral del actor con fundamento en el concepto emitido
por dermatología; en esa oportunidad se determinó que el soldado tenía un 13.5%
de DCL, y fue declarado no apto para la actividad militar, con fundamento en las
siguientes conclusiones:

«IV. CONCLUSIONES:
A- DIAGNOSTIVO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
I) LEISHMANIASIS CUTANEA VALORADA Y TRATADA POR DERMATOLOGÍA CON
UN TRATAMIENTO QUE DEJA COMO SECUELA A) CICATRIX CON DEFECTO
ESTETICO SEVERO EN MENTON B) CICATRIZ DEFECTO ESTETICO MODERADO
EN MIEMBROS INFERIR IZQUIERDO FIN DE LA TRASSCRIPCION.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica para
el servicio.
INCAPACIDAD PERMANETE PARCIAL
APTO – SE RECOMIENDA NO PATRULLAJE EN ZONAS ENDEMICAS DE
LEISHMANIASIS
C. Disminución de la capacidad laboral
LE PRODICE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL TRECE
PUNTO CINCO PORCIENTO (13.5%)
D. Imputabilidad para el servicio
AFECCION 1 SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL LITERAL B (EP)»

47. Frente a dicho dictamen el interesado no presentó solicitud de revisión alguna,
es decir, renunció a un pronunciamiento del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía, aclarando que no resultaba obligatorio.

48. El jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional a través de la Resolución
133499 del 3 de abril de 2012, reconoció a favor del demandante la suma de
$15.468.053 por concepto de indemnización por disminución de la capacidad
laboral26 y modificada con Resolución 145231 del 8 de noviembre de 2012.27

49. Mediante auto del 9 de junio de 2014, el tribunal de oficio solicitó a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca realizar valoración
de la condición médica del demandante, en la cual se determinara su grado de
incapacidad.28 A ello se procedió el 16 de enero de 2015, tal como da cuenta el
dictamen 1012381648 en el cual se le asignó 28.21% de DCL, para lo cual se
consideró como antecedentes, el acta de la Junta Médica Laboral de las Fuerzas
Militares; conceptos de psiquiatría del 20 de mayo de 2013 DX. Trastorno de
ansiedad generalizado y trastorno somatomorfo indiferenciado; otorrinolaringología
del 22 de mayo de 2013; evaluación de psicología del 27 de junio de 201429; con
fundamento en dichos documentos, concluyó:

«ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES
• Revisados los antecedentes obrantes en el expediente, se encuentra que el presente
caso se trata de paciente de 23 Años. Con antecedente laboral como soldado para el
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA con Diagnóstico de leishmaniasis cutánea que
dejó como secuela cicatriz en mentón y cicatriz con defecto estético en miembro inferior
izquierdo.
• En relación con las deficiencias se realiza calificación por cicatriz con defecto estético
severo en mentón. Cicatriz con defecto estético moderado en miembro inferior izquierdo.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con las consideraciones consignadas en el análisis, el médico ponente del
presente caso, propone a la Junta Regional resolver el caso así:

25 Folios 46 – 47 del expediente
26 Folio 56
27 Con el fin de reconocer personería al apoderado del actor -Folio 83
28 Folio 207 del expediente
29 Folios 233 – 240 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

DIAGNÓSTICO
• Leishmaniasis mucocutánea

Numeral Diagnóstico Índice %
10-003 CICATRIZ CON DEFORMIDAD 8 17.00%
FACIL
10-004 CICATRIZ MIEMBRO INFERIR 5 13.50%
TOTAL 28.21%»

50. Se observa que en esa oportunidad el examen realizado por la Junta se hizo
con fundamento en los documentos obrantes en el expediente, ya que pese a ser
citado el 30 de septiembre, el 29 de octubre y el 02 de diciembre de 2014, el
demandante no asistió en forma personal.

51. En audiencia inicial celebrada el 15 de junio de 201630, en la etapa
correspondiente a pruebas se incorporaron los documentos allegados con la
demanda y su contestación, así mismo se negó el decreto de las pruebas solicitadas
por el demandante. De otra parte, el apoderado de este último objetó el dictamen
emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca en atención a que no se realizó una valoración integral del
demandante, sino que solo se valoró la leishmaniasis y no los trastornos de tipo
mental que padece. Sobre el particular, el apoderado de la entidad demandada
manifestó que se oponía a tal objeción y que si la Junta no calificó la patología
mental fue porque no tuvo origen en la prestación del servicio. Con el fin de resolver
la objeción formulada, el tribunal ordenó oficiar a la Junta Regional con el fin de que
complementara el dictamen.

52. Esta última, mediante acta complementaria del 25 de julio de 2016, aclaró
el dictamen 1012381648 del 16 de enero de 2015, en relación con la patología
mental diagnosticada de trastorno de ansiedad que se homologa en el Decreto 094
con el diagnóstico de neurosis histérica con índice 231, así:

«CUADRO DIAGNOSTICO SUGERIDO
Paciente con síntomas de trastorno Mixto de Ansiedad y depresión. Permanente
preocupación por su estado de salud lo que ha afectado su relación con familia, sociedad
y laboralmente. Lo que genera en él comportamientos agresivos afectando relaciones
personales y especialmente laborales.
Se sugiere tratamiento con psiquiatría/
Claudia Patricia Rubio López Psicóloga
ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES
• Revisados los antecedentes obrantes al expediente, se encuentra que en el
presente caso se trata de un paciente de 23 años. Con antecedente laboral como
soldado para el EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA con Diagnóstico de
leishmaniasis cutánea que deja como secuela cicatriz en mentón y cicatriz defecto
estético en miembro inferior izquierdo.
• En relación con las deficiencias se realiza calificación por cicatriz con defecto
estético severo en mentón. Cicatriz con defecto estético moderado en miembro inferior
izquierdo.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con las consideraciones consignadas en el análisis, el médico ponente del
presente caso, propone a la Junta Regional resolver el caso así:
DIAGNÓSTICO
• Leishmaniasis mucocutánea
• Trastorno ansioso

30 Folios 250 - 253
31 Folios 282 a 288 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

Numeral Diagnostico Índice %
10-003 CICATRIZ CON DEFORMIDAD FACIAL 8 17.00%
10-004 CICATRIZ MIEMBRO INFERIOR 5 13.50%
3-028 TRASTORNO ANSIOS (NEUROSIS 2 10.50%
HISTERICA)
TOTAL 41.16%»

53. Cumplido lo anterior, el tribunal el 28 de septiembre de 2017, profirió
sentencia en la que negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero accedió
al reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral32. Decisión que
fue apelada por el apoderado de la entidad demandada33. Por auto del 21 de mayo
de 2018, se admitió el recurso de apelación34; el 10 de septiembre de 2018, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión35 y por auto del 21 de julio de 2023,
esta Corporación declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso con
posterioridad al 25 de junio de 2016, incluida la sentencia del 28 de septiembre de
2017, en atención a que el tribunal no corrió traslado a las partes del dictamen
pericial, así como tampoco concedió el término para alegar de conclusión36.

54. Por auto del 15 de septiembre de 2023, el tribunal obedeció y cumplió lo
ordenado por esta Corporación y corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.37 Así mismo mediante autos del 26 de octubre de 202338 y del 19 de
abril de 202439, requirió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá
y Cundinamarca, para que adicionará el dictamen en punto a la calificación de la
patología mental del demandante. Mediante oficio del 23 de septiembre de 2024, la
Junta informó al tribunal que desde el 25 de julio de 2016, allegó al expediente acta
aclaratoria del dictamen 1012381648 del 16 de enero de 2015, no obstante
nuevamente remitió todos los documentos correspondientes a la valoración médica
del señor José Ricardo Parra Sierra; así, el 25 de septiembre de 2024, se corrió
traslado a las partes de la respuesta remitida por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, término en el cual guardaron silencio.40

55. De otro lado, se observa que el 20 de mayo de 2013, esto es, con
posterioridad a la presentación de la demanda, el señor José Ricardo Parra Sierra,
por conducto de apoderado, solicitó ser valorado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Meta.41 Posteriormente, mediante oficio del 4 de junio
de 2013,42 allegó al expediente copia del dictamen médico pericial 10123816 del 28
de mayo de 2013, emitido por dicha Junta Regional, en el cual se determinó una
disminución de la capacidad laboral del 55%43. De igual manera, el 2 de agosto de
2013, el director administrativo y financiero de esa entidad remitió copia del referido
dictamen al proceso.44

56. Sobre este aspecto, resulta pertinente recordar que, en audiencia inicial
celebrada el 15 de junio de 2016, el tribunal negó todos los medios de prueba

32 Folios 289 – 298 del expediente
33 Folios 3030 a 317 del expediente
34 Folio 346 del expediente
35 Folios 357 del expediente
36 Folios 386 a 388
37 Folio 391 del expediente
38 Folio 399 del expediente
39 Folio 407 del expediente
40 Folios 425 a 428 del expediente
41 Folio 39 del expediente
42 Folio 92 del expediente
43 Folios 93 a 97 del expediente
44 Folio 170 – 174 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

solicitados por la parte demandante, incluida la valoración por parte de una Junta
Regional de Invalidez adscrita al Ministerio de Trabajo, decisión que no fue objeto
de recursos. Por el contrario, en esa misma diligencia, el apoderado centró su
inconformidad en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca y formuló la correspondiente objeción,
respecto de la cual el tribunal se pronunció en los términos previamente señalados.

57. En ese orden de ideas, el referido documento no fue decretado ni incorporado
como prueba pericial dentro de la actuación, por lo que no puede ser considerado
para efectos de establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del
demandante.

58. Aclarado lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, como pasa a explicarse.

59. En punto al recurso de apelación, vale la pena resaltar que esta Corporación45
ha mantenido la línea jurisprudencial en el sentido de señalar las entidades que
tienen competencia legal y jurisprudencial para determinar la disminución de la
capacidad laboral y calificaciones de enfermedad o lesiones causadas a los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, a saber, las autoridades Médico –
Militares y de Policía, el Tribunal Médico Laboral de Revisión mediante el
correspondiente dictamen; y las Juntas Regionales o Nacional de Calificación de
Invalidez cuando sea requerido por la autoridad judicial, y previa valoración de la
autoridad calificadora del régimen especial correspondiente.

60. Para la Sala la decisión del a quo se ajusta a derecho, puesto que, practicada
la prueba pericial en comento, frente a la cual se garantizó el derecho de defensa y
contradicción, se advierte que la Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca
sustentó su decisión en el análisis de sus antecedentes clínicos, y contrastó el
dictamen expedido por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar arrojando el
porcentaje de 41.16% de DCL, por lo que el actor no logra acreditar la exigencia de
ley para obtener la pensión de invalidez (50% DCL).

61. En esa línea de consideraciones, no tiene vocación de prosperidad el cargo
formulado por el recurrente, orientado a que se le dé merito probatorio al dictamen
emitido por la Junta Regional del Meta, pues se recuerda dicho medio de prueba no
fue decretado en el curso del proceso, además existe en el plenario calificación de
la Junta Médica Laboral de Sanidad Militar, la cual tenía competencia para adelantar
dicho trámite, y en todo caso, en aras de establecer la disminución de la capacidad
actual, el tribunal decretó prueba de oficio, para que la Junta Regional de Bogotá y
Cundinamarca valorara al actor y determinará el porcentaje de dicha disminución,
actuación frente a la que se garantizó el derecho de contradicción.

62. Ahora bien, la Sala verifica que, en la calificación inicial emitida por la Junta
Médico Laboral de Sanidad Militar, se determinó que el demandante presentaba
13.5% de DCL, con fundamento en un diagnóstico de leishmaniasis cutánea.
Posteriormente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca incrementó dicho porcentaje al 41.16%, al incorporar el diagnóstico
de trastorno ansioso (neurosis histérica), patología que no había sido objeto de
calificación por las autoridades médico militares. No obstante, se advierte que dicha

45 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-33-000-2015-00585-01 (0349-2017) Sentencia

de 3 de noviembre de 2022; Radicado: 05001-23-33-000-2016-01864-01 (1678-2022), sentencia de 31 de
agosto de 2023; Radicado:05001-23-33-000-2019-01980-01 (4431-2023) Sentencia de 29 de agosto de 2023,
entre otras.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

afección de salud mental, según lo consignado en el acta de la Junta Regional, no
tiene origen en la prestación del servicio militar. En efecto, los diagnósticos médicos
que sirvieron de fundamento para su valoración corresponden a las atenciones de
psiquiatría del 20 de mayo de 2013 y de psicología del 27 de junio de 2014, ambas
posteriores al retiro del demandante. Además, no obra en el expediente evidencia
de que hubiera recibido atención o tratamiento por esa patología durante el tiempo
en que prestó sus servicios al Ejército Nacional.

63. Cabe resaltar que, si bien la Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca
incrementó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en consideración a una
patología mental, lo cierto es que, a partir de la valoración realizada por aquella
frente al concepto de psiquiatría de mayo 201346, no es factible concluir que la
misma tuviera origen en la prestación del servicio militar.

66. Tampoco le asiste razón al demandante, cuando pretende que se le dé
prevalencia a la calificación de la Junta Regional del Meta, fundado en la no
realización oportuna del examen de retiro, pues, ante la existencia de una omisión
de este tipo de deberes, el Decreto 1796 de 2000, no dispuso tales efectos.

67. De otro lado, se tiene que con el recurso de apelación se alega que los
miembros de la Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca no tomaron posesión
ante el Tribunal previo a la expedición del dictamen, razón por la cual su contenido
no puede ser considerado para efectos de determinar el porcentaje de disminución
de la capacidad laboral, cargo que no tiene vocación de prosperidad en tanto dicho
cuestionamiento no se formuló dentro de las oportunidades de ley, pese a que la
parte actora en el término de traslado de dicha prueba la objetó, pero solo respecto
a la presunta falta de valoración integral de las patologías. Además, no se advierte
vulneración al debido proceso, pues, las partes contaron con las garantías
procesales, por lo que mal podría hablarse de una indebida practica de la prueba.

68. En ese orden, la valoración en conjunto del material probatorio aportado,
aplicando las reglas de la sana crítica, como se explicó, llevan a establecer que no
se logró demostrar por la parte actora el porcentaje mínimo exigido frente a los
miembros de las fuerzas militares y de policía, para obtener la pensión de invalidez,
a saber, un 50% de PCL; concluyendo así esta Subsección, que no se incurrió en
una indebida valoración como se alude en la alzada.

69. Lo anterior no implica vulneración de derecho fundamental alguno al actor, y
tampoco el desconocimiento de principios constitucionales como lo pretende hacer
ver el recurrente; pues, como se manifestó, es viable la valoración por parte de la
Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, con miras a
establecer el estado medico actual de aquél y la respectiva calificación.

46 Valoración por trastorno de ansiedad, con síntomas somáticos severos parcialmente incapacitante, y frente
a lo que se concluyó: “Se percibe un individuo que experimenta gran tensión que no le permite llegar al fondo
de los problemas. Existe una carga emocional tan grande que no le permite salir de un análisis constante para
asegurarse que lo que va a hacer va a estar bien, impidiendo tomar decisiones y solucionar problemas. En sus
relaciones interpersonales se muestra como alguien bondadoso, simpático, que procura establecer amistades,
aunque se le dificulte expresar sus sentimientos, cuando establece vínculos profundos. Sin embargo, está
pasando por un momento circunstancial en el que experimenta sentimientos de tristeza y soledad. Evidencia
una necesidad de apoyo y protección del medio para poder luchar por sus objetivos, demuestra falta de ambición
y un deseo limitado de superación. Existe alternancia entre la actividad y la pasividad, pueden existir
sentimientos de depresión y ansiedad al momento de afrontar sus problemas internos. Revela una manera
infantil de Manejar sus angustias.”

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

70. En punto al cargo de vulneración del principio de congruencia, no está probado;
por el contrario, se advierte que la decisión emitida por el tribunal atendió a las
pretensiones de la demanda, distinto es que las mismas no prosperaran.

71. Respecto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad que refiere el
recurso de apelación, estima la Sala que dicho cargo no tiene vocación de
prosperidad, dado que, aun cuando se trae a colación providencias dictadas por
esta jurisdicción; lo cierto es que, tal como se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial que antecede, esta Sección de manera sostenida ha señalado que
en principio es la valoración médica emitida por la respectiva fuerza, la que
determina la pérdida de capacidad, siendo posible recurrir a las juntas de
calificación de invalidez para tal efecto, en la medida que sea decretada la prueba
en sede judicial; tal como ocurrió en el presente asunto, con plena garantía de los
derechos de contradicción y defensa del demandante.

72. Finalmente, respecto al reajuste de la indemnización reconocida tampoco
prospera el recurso, ya que, la indemnización en comento es independiente del
reconocimiento de la pensión de la pensión de invalidez, y mientras esta última
tiene connotación de prestación periódica, la indemnización es un pago unitario, y
por ende si se requiere que se demande la legalidad del acto que la reconoció y es
necesario verificar si operó o no la caducidad, tal como de manera pacífica lo ha
sostenido esta Corporación. Así entonces, no hay lugar a revocar en este sentido
la sentencia.

Conclusión
73. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, en razón a que las pruebas allegadas y
practicadas en el expediente demuestran que el accionante no cuenta con el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral necesario para ordenar el
reconocimiento de la mesada pretendida.

Condena en costas en segunda instancia
74. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2012 01279 02 (1660-2025)
Demandante: José Ricardo Parra Sierra

77. En consecuencia, se impondrán costas al demandante por cuanto no prospera
el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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