Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2008-00495-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2008-00495-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-31-000-2008-00495-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
19 de enero de 2023
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00495-01 (2998-2022)
Demandante: JOSÉ ARNIFAR RAMÍREZ GUALI
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
POLICÍA NACIONAL
Tema: Pensión de invalidez.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decreto 01 de 1984
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 18 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor José Arnifar Ramírez Guali en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de
1984, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones1
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
3507 del 12 de agosto de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa
Nacional, por medio de la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 02512 del 13 de junio de 2008; ii)
Resolución 02512 del 12 de junio de 2008, expedida por el Director General
de la Policía Nacional, que ordenó el reconocimiento y pago de una
indemnización por disminución de la capacidad psicofísica del señor José
Arnifar Ramírez Guali; iii) Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía 3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007, emitida por la Secretaría
General del Ministerio de Defensa Nacional; iv) Acta Aclaratoria del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía 3399 del 29 de agosto de 2008,
proferida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional; y v)
Acta de Junta Médico Laboral de Policía 1259 del 27 de abril de 2006, de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
1
Folios 2 y 3.
2
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a
reconocer y pagar a favor del demandante la pensión de invalidez, con todos
los reajustes y reliquidación a que haya lugar, conforme al nuevo grado de las
mesadas pensionales primas, bonificaciones y demás emolumentos dejados
de percibir desde la fecha en que se practicó la Junta Médico Laboral de
Policía 1250 del 27 de abril de 2006, conforme a la disminución de la capacidad
laboral que se pruebe en el proceso, de acuerdo a lo regulado en los artículos
30 y 31 del Decreto 4433 de 2004 y demás disposiciones que lo adicionen o
reformen.
3. Condenar a la demandada a pagar al interesado una indemnización de
acuerdo a la disminución de la capacidad laboral que se pruebe en el proceso,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 87, tabla D del Decreto 094 de 1989 y
artículo 24, literal C del Decreto 1796 del 14 de septiembre de 2000, la cual se
debe cancelar en forma doble como lo señala el artículo 117, parágrafo
segundo del Decreto 1213 de 1990 o en caso de un reconocimiento posterior
se ordene su reliquidación.
4. Condenar a la entidad a reconocer y pagar al señor Ramírez Guali los
derechos de que trata el artículo 119 del Decreto 1213 de 1990, como son:
ascenso al grado de Cabo Segundo de la Policía Nacional; bonificación del
30% del valor de la indemnización de que trata la tabla D del Decreto Ley 094
de 1989 y a importar para uso personal y libre de cualquier gravamen nacional
un vehículo que permita su rehabilitación o recuperación.
5. Ordenar la ejecución de la sentencia que le ponga fin a la presente
demanda, dentro de los términos previstos en los artículos 176 y 177 del CCA.
Fundamentos fácticos relevantes2
1. Al señor José Arnifar Ramírez Guali le practicaron Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía No. 3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007, en
la que se fijó una imputabilidad al servicio de las lesiones que padece como
adquiridas en el servicio como consecuencia de combate, de conformidad con
lo establecido en el artículo 24, literal C, del Decreto 1796 de 2000 e informe
administrativo por lesiones No. 005 del 1.º de febrero de 2006 DEMET;
determinando una disminución de la capacidad laboral del 58.61%, que fue
notificada el 6 de septiembre de 2008, y que asignó los siguientes índices de
lesión:
Numeral 3-040 literal b, 14 puntos.
Numeral 1-061 literal a, 01 puntos.
Numeral 6-034 literal b, 06 puntos.
2. La anterior acta fue aclarada mediante Acta No. 3399 del 29 de agosto de
2008, en el sentido de indicar que el numeral V, literal B debe decir no apto,
sin sugerencia de reubicación laboral, la cual fue notificada el 10 de septiembre
de 2008.
2
Folios 3 a 9.
3
3. Ante la inconformidad del demandante con las conclusiones del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se tramitó una prueba
anticipada para controvertir el acto técnico, ante el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Villavicencio, con el fin de que se practicara un
dictamen por parte de la Junta Calificadora de Invalidez Regional Meta y
determinara la disminución de la capacidad laboral, así como para que fijara
los índices de la lesión que determinan el monto de la indemnización.
4. Mediante Dictamen No. 40007 expedido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Meta, el 6 de diciembre de 2007, se determinó
una pérdida de la capacidad laboral del demandante del 94.32%. En dicho
dictamen se asignaron los siguientes índices:
Numeral 1-094 literal b, 2 puntos.
Numeral 3-001 literal b, 19 puntos.
Numeral 3-040 literal b, 14 puntos.
Numeral 6-034 literal b, 5 puntos.
4. Por medio de la Resolución 02512 del 13 de junio de 2008, emitida por la
Dirección General de la Policía Nacional, se reconoció y ordenó el pago de
una indemnización por incapacidad relativa y permanente a favor del
convocante, con fundamento en el Acta del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía No. 3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007, y en la
liquidación de prestaciones sociales de la Policía Nacional, del 12 de mayo de
2008.
5. Mediante Resolución 3507 del 12 de agosto de 2008, el Ministro de Defensa
Nacional confirmó la Resolución 02512 del 13 de junio de 2008.
6. Contra las Actas de la Junta Médico Laboral de Policía y del Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, el señor José Arnifar Ramírez Guali
presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramita ante
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, bajo el
radicado 500013351007-20070040400, solicitando la pensión de invalidez y el
pago doble de la indemnización prevista en el parágrafo 2, del artículo 117, así
como los derechos del artículo 119 del Decreto 1213 de 1990.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas las siguientes: Preámbulo
y artículos 1, 2, 6, 25, 29, 47, 48, 53, 218 y 222 de la Constitución Política; los
Decretos 094 del 11 de enero de 1989, 1989 del 14 de septiembre de 2000,
4433 del 31 de diciembre de 2004, 1213 del 8 de junio de 1990; y el artículo
84 del Código Contencioso Administrativo.
En síntesis, consideró que se desconocieron las normas citadas por cuanto se
coartó el derecho a las prestaciones sociales, se violentó el marco jurídico y
se desconoció el orden justo. Así mismo, los actos impugnados quebrantan
las disposiciones constitucionales pues no cumplieron con la finalidad del
Estado concerniente a garantizar el reconocimiento de los beneficios mínimos
establecidos en las normas laborales, ni con la aplicación de la situación más
favorables al trabajador.
4
Al señalar una disminución de la capacidad laboral del demandante
correspondiente al 58.61% el Organismo Médico Laboral incurre en una falsa
motivación, por cuanto la prueba anticipada practicada con la citación de las
demandadas, ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, el
6 de diciembre de 2007, en aplicación del Decreto 094 de 1989, determinó una
disminución de la capacidad laboral del 94.32%.
Concluyó entonces que el señor Ramírez Guali tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez del 99.5%, más las
partidas computables del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, sin olvidar que
la pensión se incrementa en un 3% al amparo del artículo 31 ibídem, al ser
calificada su afección en el literal C, del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000,
y que hay lugar al pago de una indemnización de acuerdo al artículo 87, tabla
D del Decreto 094 de 1989, la cual debe ser pagada doble, como lo dispone el
parágrafo 2 del artículo 117 del Decreto 1213 de 1990.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, en tanto las Resoluciones 3507 del 12 de
agosto de 2008 y 2512 del 13 de junio de 2008, se encuentran ajustadas a
derecho.
Sostuvo que los actos administrativos cuestionados se fundamentaron en las
Actas 1259 del 27 de abril de 2006, expedida por la Junta Médico Laboral de
Policía, y 3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007, del Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar.
Finalmente, argumentó que el Dictamen No. 40007 del 6 de diciembre de
2007, proferido por la Junta de Invalidez del Meta, en el que se determinó una
pérdida de capacidad laboral del 94.32%, no desvirtúa la calificación
expresada en las Actas previamente mencionadas, pues se debe demostrar
que a la fecha de esa nueva valoración, el demandante no fue víctima de
nuevas enfermedades; y que, la nueva calificación corresponde a lesiones ya
calificadas en las actas cuestionadas que han sido de carácter degenerativo.
SENTENCIA APELADA3
El a quo profirió sentencia el 18 de octubre de 2018 en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, el tribunal hizo el análisis correspondiente a las excepciones
de caducidad e inepta demanda, tras lo cual concluyó que el primero de estos
fenómenos no se encontraba configurado y que, frente al segundo, la inepta
demanda había operado sobre las Actas de la Junta Médico Laboral y de
Policía No. 1259 del 27 de abril de 2006; y del Tribunal Médico Laboral No.
3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007 y No. 3399 del 29 de agosto de 2008, en
el entendido de que las Resoluciones 2512 del 13 de junio de 2008 y 3507 del
3
Folios 393 a 423.
5
12 de agosto de 2008 que definieron el reconocimiento de la indemnización
por disminución de la capacidad psicofísica fueron expedidas con
posterioridad a las actas calificadoras de sanidad, por lo que solo éstas últimas
resultan enjuiciables.
En segundo lugar, efectuó la relación normativa del régimen pensional
aplicable a los miembros de la fuerza pública, así como el correspondiente a
la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica de los Agentes
de la Policía Nacional, con fundamento en lo cual consideró que no existe
discusión que para calificar la referida disminución de capacidad laboral debe
acudirse a los criterios del Decreto 094 de 1989, según los cuales se verifica,
en primera medida, la clasificación de las lesiones y afecciones sufridas por el
personal, para posteriormente encuadrar el supuesto evaluado de
conformidad con el tipo de lesión en las tablas de evaluación y así establecer
el monto de la indemnización.
Seguidamente se pronunció sobre el dictamen pericial rendido por las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez en procesos judiciales y sobre la
objeción por error grave elevada por la parte demandante, con respecto a la
cual señaló que la misma sería desestimada, pues si bien se demostró la
falencia en cuanto a la normatividad invocada, al incluirse los Decretos 094 de
1989 y 1796 de 2000 para el análisis en sede de revisión por la Junta Nacional,
no hubo variación porcentual en la calificación.
Al abordar el estudio de las pruebas allegadas al expediente el juez de
conocimiento precisó que en la última de las valoraciones llevada a cabo por
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se observó una constante en
los diagnósticos emitidos por las diferentes especialidades con un porcentaje
de disminución de la capacidad psicofísica del 66.10%.
En esa medida, consideró que el dictamen rendido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, confirmado por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, desvirtúa el realizado por la Junta de
Calificación de Invalidez del Meta, en cuanto al estado mental del demandante
y por tanto no tiene la eficacia probatoria para determinar el porcentaje de
disminución de la capacidad laboral del interesado.
Así, y luego de corroborar que el señor Ramírez Guali cumple con las
condiciones para ser beneficiario de la pensión de invalidez, observó que al
verificarse su retiro al haber sido llamado a calificar servicios, es posible que
se encuentre gozando de la asignación de retiro, por lo que recordó la
imposibilidad de percibir de forma simultánea la referida asignación y la
pensión de invalidez.
En punto a la incompatibilidad de las mencionadas prestaciones, el tribunal
indicó que el demandante podrá optar por la prestación que más le favorezca.
Al pronunciarse sobre la prescripción adujo que la misma no se había
configurado, en tanto es con el retiro del señor Ramírez Guali del servicio, que
surgió el derecho a obtener la pensión de invalidez, es decir que no
transcurrieron los 4 años que establece el Decreto 1213 de 1990, pues la
demanda se radico el 14 de octubre de 2008.
6
Frente a la indemnización, el a quo resaltó que el interesado, al tener derecho
a la misma, tenía también derecho al reajuste del valor otorgado teniendo en
cuenta la variación de la disminución de la capacidad psicofísica, pues
inicialmente se liquidó la indemnización con el 58.61% y en realidad la
disminución de la capacidad laboral correspondió al 66.10%, lo que significa
una diferencia porcentual del 7.49%. Aunado a ello, y con fundamento en la
imputabilidad al servicio contenida en el literal C del artículo 24 del Decreto
1796 de 2000; los parámetros del Decreto 094 de 1989; la aplicación de la
tabla D del artículo 89 Ibídem, tiene derecho al pago doble previsto en el
parágrafo 2 del artículo 117 del Decreto 1213 de 1990.
Como consideración adicional, el tribunal encontró configurada la causal de
interrupción del proceso prevista en el numeral 2.º del artículo 168 del CPC,
toda vez que el apoderado principal del demandante, Henry Díaz Cubides, se
encuentra sancionado con la exclusión del ejercicio de la profesión de abogado
desde el 1.º de marzo de 2018, en consecuencia dio por finalizado el poder de
sustitución conferido al abogado Henry Steward Díaz Rincón
Corolario de lo expuesto, resolvió: i) declarar probada de oficio la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda, en cuanto a la pretensión de nulidad de
las Actas 1259 del 27 de abril de 2006, proferida por la Junta Médico Laboral
y de Policía; 3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007 y 3399 del 29 de agosto de
2008, dictadas por el Tribunal Médico Laboral; ii) declaró la nulidad parcial de
las Resoluciones 2512 del 13 de junio de 2008 y 3507 del 12 de agosto de
2008; iii) a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reliquidar la indemnización por
incapacidad relativa y permanente otorgada al señor José Arnilfar Ramírez
Guali, conforme a la disminución de la capacidad psicofísica del 66.10%
determinada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, teniendo en
cuenta lo establecido en los Decreto 1796 de 2000 y 094 de 1989, así como el
pago doble previsto en el Decreto 1213 de 1990; iv) declaró que al demandante
le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez sobre la cual
tendrá el derecho de opción, en el caso de encontrarse percibiendo la
asignación de retiro; v) en el evento de optar por la pensión de invalidez,
ordenó a la demandada reconocer y pagar dicha prestación teniendo en
cuenta el porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 66.10%, cuyo
reconocimiento se hará a partir del retiro del servicio; vi) en el evento de optar
por la pensión de invalidez y estar percibiendo la asignación de retiro, ordenó
a la entidad efectuar el descuento de lo ya reconocido y proceder al pago
únicamente de las diferencias de las mesadas causadas después del retiro del
demandante; vii) negó las demás pretensiones; viii) declaró la interrupción del
proceso; y ix) se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante4 solicitó revocar la sentencia de primera instancia por
cuanto el procedimiento solicitado, con el que debió adelantarse el dictamen
pericial, es el previsto en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000, que
4
Folios 443 a 445.
7
regulan la evaluación psicofísica y la disminución de la capacidad laboral de
los miembros de la Fuerza Pública.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, al
expedir el dictamen No. 12273544-2799 del 8 de junio de 2017, incumple con
lo previsto en el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 relacionado con la validez
y la vigencia de los exámenes de capacidad psicofísica, pues el último
concepto de neuropsicología es del 7 de abril de 2016, habiendo transcurrido
más de un año.
De haber salido avante la objeción al dictamen, muy seguramente la merma
de la capacidad laboral del demandante sería la otorgada por la Junta Regional
de Invalidez del Meta del 94.32% y ello daría lugar a que el señor Ramírez
Gualí fuera beneficiario de los derechos contenidos en el artículo 119 del
Decreto 1213 de 1990, como son el ascenso al grado de cabo segundo de la
Policía Nacional, al pago de una bonificación correspondiente al 30% del valor
de la indemnización y demás derechos prestacionales de que trata la norma
especial.
A su turno, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional5
recurrió la sentencia de primera instancia al considerar que la Resolución 2512
del 13 de junio de 2008 proferida por el Director General de la Policía Nacional,
y la Resolución 3507 del 12 de agosto de 2008 emitida por el Ministerio de
Defensa Nacional fueron dictadas en acatamiento del ordenamiento jurídico
vigente.
Sostuvo que el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000 señala al Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía como la máxima autoridad médico
laboral al asignarle la función de conocer en última instancia de las
reclamaciones que surjan en contra de las decisiones de las Juntas Médico
Laborales.
De otro lado, es viable interpretar que los funcionarios que conforman el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía pertenecen de manera
directa al Ministerio de Defensa Nacional – Secretaría General aunque realicen
funciones que vinculen a las fuerzas militares y de policía, lo que no quiere
decir que los actos administrativos fueron emitidos por la voluntad expresa de
la Dirección General de la Policía Nacional, por el contrario, son
manifestaciones del Ministerio de Defensa Nacional.
En el anterior orden, la Policía Nacional carece de competencia para
representar judicialmente a una entidad que no hace parte de su estructura
orgánica interna fijada en el Decreto 4222 de 2006, modificado parcialmente
por el Decreto 216 de 2010.
Ahora, a voces del recurrente el tribunal de primera instancia de manera
equivocada ordena a la Policía Nacional reconocer y pagar la pensión de
invalidez del demandante y/o el reajuste de la indemnización imponiendo la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca,
desconociendo que el señor Ramírez Guali pertenece a un régimen especial
5
Folios 441 a 451.
8
y, por tanto, la autoridad médico laboral competente para evaluarlo, de
conformidad con el Decreto 1352 de 2013, es el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, quien mediante Acta No. 3085 – 3137 del 29 de
mayo de 2007 dictaminó una calificación definitiva con una disminución del
58.61%.
Igualmente enfatizó en que, de acuerdo a la Resolución 821 de 1998, por
medio de la cual se estableció el procedimiento para el funcionamiento del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, el referido tribunal
depende de la Subsecretaría General del Ministerio de Defensa Nacional.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El Ministerio Público emitió concepto por medio del cual señaló no estar de
acuerdo con los argumentos expuestos por la Policía Nacional frente a la
legitimación en la causa, por cuanto si bien en estricto sentido funcional no
corresponde ejecutar la sentencia a la dicha entidad por no pertenecer al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del Ministerio de
Defensa, la orden se impartió de manera genérica contra todos los órganos
que componen las fuerzas armadas de policía, al condenar a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
De otro lado, en cuanto a la afirmación efectuada por la entidad relacionada
con que se revocaron directamente las decisiones de la Junta Médica de la
Policía Nacional y la del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, la
sentencia controvierte dicha manifestación, por cuanto se declaró la ineptitud
sustantiva de la demanda respecto de las pretensiones de nulidad de las actas
emitidas por tales órganos, por lo que la mencionada aseveración carece de
sustento.
En cuanto al recurso elevado por la parte demandante, el Ministerio precisó
que la alzada se limitó a repetir los argumentos que ya fueron resueltos por el
a quo respecto del análisis del dictamen pericial y el presunto incumplimiento
de los artículos 7 del Decreto 1796 de 2000 y 16 del Decreto 094 de 1989,
perdiendo de vista que dichas normativas solo se predican de las juntas
medicas de las fuerzas armadas, sin proponer argumentos que conlleven a
afirmar que estas disposiciones aplican a las juntas regionales y nacionales de
calificación de invalidez.
Con sustento en lo expresado, solicitó confirmar la sentencia de primer grado.
Las partes demandante y demandada guardaron silencio en esta oportunidad
procesal, conforme se observa en constancia secretarial anexa al expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problemas jurídicos
9
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
1. ¿Es la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional la
autoridad administrativa competente para reconocer y pagar la condena
que pudiese derivarse como consecuencia del presente proceso?
2. ¿Es la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca la autoridad médico laboral competente para evaluar la
disminución de la capacidad psicofísica del señor José Arnifar Ramírez
Guali, de conformidad con el Decreto 1352 de 2013?
3. ¿El dictamen No. 12273544-2799 del 8 de junio de 2017, expedido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca
desatendió el procedimiento señalado en los Decretos 094 de 1989 y 1796
de 2000 y, en esa medida había lugar a desestimarlo por error grave,
conforme la objeción elevada en primera instancia por la parte
demandante?
Marco normativo y jurisprudencial
• Pensión de invalidez en el régimen especial de la Fuerza Pública
Conforme lo prevé el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social
es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. De ahí que
el legislador quedó habilitado para configurar el sistema de seguridad social
sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos
en la citada norma constitucional.
En efecto, fue a través de la Ley 100 de 1993 que el legislador organizó el
Sistema de Seguridad Social Integral cuya finalidad es proteger los derechos
irrenunciables de todas las personas para obtener una calidad de vida acorde
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que las
afecten. Este sistema comprende las obligaciones del Estado, la sociedad, las
instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios u
otras que se incorporen en el futuro.
El Sistema de Seguridad Social Integral se encuentra conformado por los
regímenes generales señalados para pensiones, salud, riesgos profesionales,
hoy denominados laborales, y los servicios sociales complementarios que se
definen en la misma Ley 100 de 1993.
No obstante lo anterior, esta ley dispuso en su artículo 2796 la inaplicabilidad
del Sistema Integral de Seguridad Social allí previsto respecto de los miembros
6
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni
al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule
a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
10
de la Fuerza Pública, quienes se encuentran cobijados por un sistema especial
cuyo fundamento reside en la naturaleza de las competencias, funciones y
riesgos que asumen en la prestación del servicio que tienen a su cargo.
Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la invalidez, tanto el
régimen general como los regímenes exceptuados han previsto una prestación
dirigida a solventar las necesidades básicas de aquellas personas que ven
sustancialmente reducida la posibilidad de explotar su capacidad productiva
en el mercado laboral y con ello, la de proveerse los medios para su propia
subsistencia y la de su núcleo más cercano. Estas personas, en virtud de la
condición en la que se encuentran, son merecedoras de una especial
protección constitucional consagrada en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la
Constitución Política, y que ha sido desarrollada en diferentes disposiciones
del orden interno.
De igual manera, se encuentra contenida en instrumentos de carácter
internacional entre los que cabe destacar la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que prevé en su artículo 28 que los
Estados Partes deben asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las
personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.
Así, el Decreto 1836 de 1979 se ocupó en su título noveno de regular lo
atinente a la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional
y el Ministerio de Defensa, para lo cual previó una regulación diferenciada
según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como
se advierte en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la
prestación regulada respecto de los miembros de cada entidad tenía en común
la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el
75%.
Esta normativa fue tácitamente derogada por el Decreto 94 de 1989, que en
sus artículos 89, 90, 91 y 92 haría lo propio respecto de la pensión de invalidez,
al incluir igualmente la distinción de acuerdo con la ocupación y la exigencia
del porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral antes indicado. En
relación con los policías dispuso:
«Artículo 89. PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE OFICIALES,
SUBOFICIALES AGENTES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando
el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía
Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique
una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro
Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos
estatutos de carrera, así:
a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución del 75% de la capacidad sicofísica.
b) El 75% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance el 95%.
Corporaciones Públicas.»6. (Subrayas fuera del texto).
11
c) El 100% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una
disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.»
A su turno, el Decreto 1213 de 19907 reglamentó en su artículo 117 la pensión
de invalidez de los Agentes de la Policía Nacional, al prever el reconocimiento
y pago de esta prestación siempre que se demostrara una disminución de la
capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 75%, por hechos
ocurridos en el servicio y por causa y razón del mismo:
«Artículo 117. Disminución de la capacidad sicofísica. Los Agentes de la Policía
Nacional que en el momento de su retiro del servicio activo presenten disminución
de la capacidad sicofísica determinada por la Sanidad de la Policía Nacional, que
no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo 98 de este Decreto,
tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague:
a. Una indemnización que fluctuará entre uno (1) y treinta y seis (36) meses de
sus haberes tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de
este Decreto y de acuerdo con el índice de lesión fijado en el respectivo
reglamento.
b. El auxilio de cesantía y demás prestaciones que les correspondan en el
momento del retiro.
c. Mientras subsista la incapacidad a una pensión mensual liquidada con base en
las partidas señaladas en el artículo 100 de este Estatuto, de acuerdo con lo
siguiente:
• El cincuenta por ciento (50%) de dichas partidas, cuando el índice de lesión
fijado determine una disminución del setenta y cinco por ciento (75%) de la
capacidad sicofísica.
• El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando el índice de la
lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica que exceda
del setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el noventa y cinco por ciento
(95%).
• El ciento por ciento (100%) de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado
determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al noventa
y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1o. Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de
hechos ocurridos en el servicio y por causa y razón del mismo, la indemnización
de que trata el literal a. de este artículo se aumentará en la mitad.
Parágrafo 2o. Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de
heridas recibidas en actos meritorios del servicio, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, la indemnización a
que se refiere el literal a. del presente artículo se pagará doble.
Mas adelante, se profirió el Decreto 1796 de 20008, que tendría como efecto
7
«Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.»
8
«Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa
12
la derogatoria tácita de las disposiciones contenidas en el Decreto 094 de
1989, salvo por lo señalado en el artículo 48 ibidem que determinó que el
procedimiento y los criterios de disminución de la capacidad laboral e
indemnizaciones seguirían rigiéndose por el referido decreto hasta tanto se
expidiera una nueva regulación9.
En efecto, el artículo 38 del Decreto 1796 en comento, señaló en relación con
el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor de los miembros de la
policía, lo siguiente:
«Artículo 38. LIQUIDACION DE PENSION DE INVALIDEZ PARA EL PERSONAL
DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL
EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL. Cuando mediante Junta Médico-
Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido
determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo,
tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual,
valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto
el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las
normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a
continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y
no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%)
y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARAGRAFO 1o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no
sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
PARAGRAFO 2o. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional
y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional,
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará
rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas
pertinentes del decreto 094 de 1989.»
Luego, el 30 de diciembre de 2004, fue proferida y publicada la Ley marco 923
por medio de la cual «[…] se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública […]». Esta norma previó en su
artículo 3.º los elementos mínimos que tendría que considerar el Gobierno
Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993». Al respecto, ver los artículos 38, 39, 40 y 41 del
Decreto 1796 de 2000 encargados de definir el régimen pensional por invalidez de los miembros de la
Fuerza Pública y la Policía Nacional.
9
«Artículo 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la
valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la
capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de
las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto
el artículo 70 de la misma norma.»
13
Nacional cuando reglamentara la materia, regulando lo siguiente respecto de
la pensión de invalidez:
«[…] 3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad
laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos
Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy
vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las
circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso
no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución
de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la
pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro […]». (Subrayas fuera del texto
original)
Los términos definidos en esta Ley y, por consiguiente, en su respectiva
reglamentación serían aplicables únicamente a hechos ocurridos en misión del
servicio o en simple actividad a partir del 7 de agosto de 2002, pues así lo
ordenó su artículo 6.º, declarado exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-924 de 2005.
Ahora, como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 de
2004, se expidió el Decreto 4433 de 200410, el cual se encargó de desarrollar
esta norma y reguló lo relativo a la pensión de invalidez en sus artículos 30 y
32. El primero de ellos consagró el derecho a la prestación cuando los
organismos competentes califican una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 75% ocurrida en servicio activo, mientras que el segundo concede
el derecho a los sujetos allí definidos que pierdan su capacidad de trabajo en
un porcentaje igual o superior al 50% e inferior al 75% en combate, actos
meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio
del servicio.
No obstante lo anterior, en sentencia del 28 de febrero de 2013 proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la
expresión «igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el
artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 pues, con base en lo regulado en el
numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno
Nacional había excedido la competencia que le fue otorgada para regular la
materia al fijar un parámetro distinto del 50%. Sobre el particular, sostuvo en
esencia la Corporación:
«[…] Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al
reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal
disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la
obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si esa fue la decisión
del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el
desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no puede predicarse
la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una Ley Marco,
10
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
14
señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos superiores a los
establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3°
numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto
4433 de 2004, surge que mientras aquél establece que no se tiene el derecho a
la pensión de invalidez o al sueldo de retiro correspondiente cuando la
disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto
4433 de 2004 al señalar que se tiene derecho al reconocimiento y liquidación de
esa prestación social cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí
mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo,
en realidad lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%,
no existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo
dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta a la
que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma que,
además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del mismo
[…]».
Posteriormente, en fallo del 23 de octubre de 2014 esta Corporación precisó
el alcance de aquella sentencia y declaró la nulidad de todo el artículo al
considerar que:
«[…] Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido normativo
del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2 y 30.3 de esta
disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una
incapacidad laboral “igual o superior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida
en servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública, esos tres numerales del
artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para ordenar
entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa
incapacidad laboral fuese inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con
los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de fundamento, debido a
que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al
75% que le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre
con la base de liquidación de la pensión de invalidez del personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del Decreto
4433 de 2004, pues estas también parten del supuesto de la existencia de una
incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el artículo en mención,
exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma
razón, resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el
parágrafo tercero de la norma que se analiza por cuanto ella se refiere a un
aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser
liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de
la capacidad laboral igual o superior al 75% que afecte a un integrante de la
Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que sirve de base al
descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución
pensional que se ordenan en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas
por la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014, «Por el cual se fija el
régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de
invalidez para el personal uniformado de la Fuerza Pública». El artículo 2.º de esta
normativa consagró lo relativo al reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:
«[…] Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión
15
Militar y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de
policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados
Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual
o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán
derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta
cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida
por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía
Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a
continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que
correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012;
así:
2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco
por ciento (75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo
Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía
Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales,
previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio
de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado
por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones
elementales de su vida, condición ésta, que será determinada por los organismos
médico laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el
monto de la mesada pensional se aumentará en un veinticinco por ciento (25%).
Para efectos de la sustitución de ésta pensión, se descontará éste porcentaje
adicional […]».
Acorde con lo anterior, en la actualidad los preceptos llamados a reglar la
pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se encuentran
contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 así como en
el artículo 2 del Decreto reglamentario 1157 de 2014. Del análisis anterior,
conviene destacar las siguientes características que determinan el
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez:
i) La exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del
50% a efectos de acceder al derecho a la pensión de invalidez.
ii) La pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por
16
lesiones o afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, lo que
no significa que tenga que estructurarse propiamente durante aquel pues hay
que considerar que, por la progresividad de ciertas patologías, es
perfectamente posible que la merma de capacidad psicofísica aumente con el
paso del tiempo. En otras palabras, el sistema de aseguramiento que
proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de invalidez, le
otorga cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado en
servicio activo y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo
de éste, sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en
el mismo periodo.
iii) La calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, de manera
que incluya todos los factores discapacitantes. Esto significa que no hay lugar
a la exclusión de ninguno de ellos en razón de su origen; de lo contrario se
correría el riesgo de negar, por distinciones meramente formales, el derecho
pensional a aquellos individuos cuyas reales condiciones físicas dan cuenta
de una invalidez material.
En línea con lo expuesto, bajo la vigencia de estos últimos preceptos, el
derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública surge
cuando se genera una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%
por lesiones o afecciones generadas en servicio activo.
Primer problema jurídico
¿Es la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional la autoridad
administrativa competente para reconocer y pagar la condena que pudiese
derivarse como consecuencia del presente proceso?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con lo previsto
en el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004, que desarrolló la Ley 923 de 2004,
y el artículo 2.º del Decreto 1157 de 2014 corresponde al Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Defensa, Policía Nacional el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a que tiene derecho el señor José Arnifar Ramírez
Gualí.
Observa la Sala que como argumento del recurso de apelación, la Policía
Nacional señaló que los actos administrativos cuya nulidad se declaró en la
sentencia de primera instancia (Resolución 2512 del 13 de junio de 2008
proferida por el Director General de la Policía Nacional, y Resolución 3507 del
12 de agosto de 2008 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional) fueron
dictados en acatamiento del ordenamiento jurídico vigente, pues se limitaron
a incluir dentro de los mismos, las determinaciones asumidas por el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
Sostuvo que los funcionarios que conforman el referido tribunal pertenecen de
manera directa al Ministerio de Defensa Nacional – Secretaría General, por lo
que la Policía Nacional carece de competencia para representar judicialmente
a una entidad que no hace parte de su estructura orgánica interna.
Pareciera entonces desprenderse de lo aducido por el apelante que el hecho
de que el sustento fáctico sobre el cual se estructuró la decisión administrativa
17
de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del señor José Arnifar
Ramírez Guali, correspondiera a las Actas 1259 del 27 de abril de 2006 emitida
por la Junta Médico Laboral de Policía; y 3085 – 3137 del 29 de mayo de 2007
y 3399 del 29 de agosto de 2008 expedidas por el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, lo que implica que la responsabilidad que se
desprende de la condena de primera instancia debe ser asumida por la
Secretaría General del Ministerio de Defensa, entidad de la cual hacen parte
los referidos organismos de valoración médico laboral.
Sobre este punto huelga recordar que tanto el artículo 29 del Decreto 4433 de
2004, que desarrolló la Ley 923 de 2004, como el artículo 2.º del Decreto 1157
de 2014, definieron en cabeza de la Dirección General de la Policía Nacional
la obligación de reconocer y pagar la pensión de invalidez originada en hechos
ocurridos en actos del servicio o de simple actividad a partir del 7 de agosto
de 2002, de acuerdo con los requisitos y condiciones allí establecidos.
Es por ello que, si bien para expedir el acto de reconocimiento pensional del
demandante, la Dirección General de la Policía Nacional debió tener en cuenta
la calificación efectuada por la Junta Médico Laboral de Policía y, finalmente,
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la competencia
para determinar el derecho a la pensión de invalidez del señor Ramírez Gualí
es, como se dijo, de la Policía Nacional, quien para efectos judiciales está
representada por el Ministerio de Defensa Nacional11.
Finalmente es de anotar que lo esgrimido por la Policía Nacional, relacionado
con el hecho de que carece de competencia para representar judicialmente a
una entidad que no hace parte de su estructura orgánica como lo son la Junta
Médico Laboral de Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, no guarda relación con las circunstancias fácticas del proceso por
cuanto estas últimas no fueron demandadas, y además, los actos por ellas
expedidos fueron excluidos del debate judicial al haberse declarado la ineptitud
sustantiva de la demanda frente a las Actas 1259 del 27 de abril de 2006; 3085
– 3137 del 29 de mayo de 2007; y 3399 del 29 de agosto de 2008, aspecto
que no fue controvertido por las partes en esta instancia.
En el anterior orden, los cuestionamientos elevados por la entidad demandada
en el recurso de apelación, relacionados con la legitimación en la causa por
pasiva, carecen de sustento y por tanto no se consideran procedentes.
Segundo problema jurídico
¿Es la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca
competente para evaluar la disminución de la capacidad psicofísica del señor
José Arnifar Ramírez Guali, de conformidad con el Decreto 1352 de 2013?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al amparo del parágrafo del
artículo 1.º del Decreto 1352 de 2013 los dictámenes que efectúan las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez a los servidores de la Fuerza Pública
tienen plena validez y tienen los mismos efectos que los expedidos por las
autoridades médico laborales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional,
11
Artículo 159 del CPACA.
18
siempre y cuando los ordene la autoridad judicial competente.
• Valor probatorio de los dictámenes de las Juntas Regionales y
Nacionales de Calificación de Invalidez para los miembros de la
Fuerza Pública
El artículo 21 del Decreto 094 de 1989 prevé que la capacidad sicofísica del
personal de la Fuerza Pública debe ser determinada por las autoridades
médico militares y de Policía, entre ellas la Junta Médico Laboral Militar o de
Policía, cuya finalidad es «llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y
secuelas valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los
correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar”.
Igualmente, dispone el Decreto en cita que las Juntas deben “estar
fundamentadas en la ficha de aptitud sicofísica, ordenada para tal efecto, el examen
clínico general correctamente ejecutado, los antecedentes remotos o próximos,
diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las lesiones o afecciones
basados en concepto escritos de especialistas».
En el mismo sentido, el Decreto 1796 de 2000 prevé que la Junta Médico
Laboral Militar o de Policía y el Tribunal de Revisión Militar y de Policía, son
las autoridades competentes para establecer la disminución de la capacidad
sicofísica y calificar la enfermedad como de origen profesional o común.
Por su parte, el Decreto 1352 de 201312, en el parágrafo del artículo 1.º,
exceptúa de su aplicación «el régimen especial de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez como peritos». (Resaltado fuera del texto). Sin
embargo, esta norma se debe leer en consonancia con el artículo 28 que
regula quiénes pueden solicitar la valoración de la Junta:
«Artículo 28: PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud ante la junta
podrá ser presentada por:
1. Administradoras del sistema general de pensiones.
2. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.
3. La administradora de riesgos laborales.
4. La entidad promotora de salud.
5. Las compañías de seguros en general.
6. El trabajador o su empleador.
7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que
demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones establecidas en el
presente artículo.
8. Por intermedio de los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo,
cuando se requiera un dictamen de las juntas sobre un trabajador no afiliado al
sistema de seguridad social por su empleador.
9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas designen a las
juntas regionales como peritos.
10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que
asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos en la
Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional.
12
«Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez,
y se dictan otras disposiciones. Compilado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
19
11. Las entidades o personas autorizadas por las secretarías de educación
y las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad
Pensional, las personas que requieran la pensión por invalidez como
consecuencia de eventos terroristas.
PARÁGRAFO. La solicitud se deberá presentar a la junta regional de calificación
de invalidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en cuenta la
ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen.» (Subrayas de la Sala).
Cabe advertir entonces que prima facie la competencia para determinar la
capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública corresponde a las
autoridades militares, no obstante, los dictámenes de las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez tienen la calidad de peritajes, que auxilian la
valoración del juez sobre el estado de salud del interesado.
Al respecto, esta Sección ha otorgado valor probatorio a los dictámenes de las
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, en procesos instaurados por
miembros de la Fuerza Pública cuando deprecan el reconocimiento de alguna
prestación. Así, la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación en la
providencia del 6 de julio de 2011 en el caso de un miembro de la Fuerza
Pública, que había sido valorado por la Junta Médica Laboral Militar, quien le
dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 36.92%, en el trámite de la
segunda instancia, decidió oficiar a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, para que remitiera un informe técnico por parte del médico legista
sobre la incapacidad laboral del accionante en ese proceso.
En el referido asunto, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle
del Cauca le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 75.83% al
exsoldado. Y, con fundamento en este dictamen pericial este tribunal supremo
de lo contencioso administrativo desvirtuó las conclusiones de la Junta Médica
Laboral Militar13.
De igual forma, en sentencia del 30 de enero de 2014, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado14, con fundamento en la valoración
realizada por la Junta Regional de Calificación del Meta, que fijó una
disminución del 88.97% de la capacidad laboral, desvirtuó el dictamen de un
Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía que le determinó al accionante
una pérdida solo del 15.36%. Se indicó en la citada sentencia:
«Nótese que si bien la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta no
estableció una fecha de estructuración de las lesiones que le aquejan al señor
Osorio González, lo cierto es que en el Acta se encuentra calificada la pérdida de
la capacidad laboral como accidente de trabajo, por cuanto la deficiencia que
ostenta en la actualidad se debe a los accidentes que sufrió en los años de 1980
y 1986; y, a la cardiopatía que tiene desde 1992.
Si bien la Junta Regional de Calificación de Invalidez profirió dictamen
aproximadamente 20 años después de la ocurrencia del primer accidente que le
generó la disminución de la capacidad laboral al actor, esta situación no puede
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 52001-23-31-000-2000- 0471-01
(2501-05).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 50001-23-31-000-2005- 10203-01
(1860-13).
20
ser usada en su contra, ya que es apenas natural, que tratándose de una lesión
que afecta la capacidad laboral y disminuye su calidad de vida, no puede
esperarse que ésta se mantenga intacta con el paso del tiempo; es más, el
deterioro físico es una consecuencia de la lesión sufrida por el señor Osorio
González durante el tiempo que prestó sus servicios al Ejército Nacional y no una
simple incapacidad generada por el paso del tiempo. Bajo ese contexto, si el ente
demandado consideró que la disminución de la capacidad laboral del
demandante tuvo un origen distinto a la lesión que sufrió mientras prestaba el
servicio militar, debió probarlo […]».
A su turno, la Sección Segunda, Subsección A en reiterada jurisprudencia15,
ha aceptado informes técnicos de las Juntas Regionales de Calificación de
Invalidez para que actúen como peritos y determinen la pérdida de capacidad
laboral, al tenor de lo preceptuado en el parágrafo del artículo 1.° del Decreto
1352 de 2013. Por consiguiente, se evidencia que las autoridades judiciales
pueden otorgar valor probatorio a las actas en comento, aunque el interesado
pertenezca al régimen especial de la Fuerza Pública, caso en el cual el
dictamen deberá valorarse como prueba pericial en conjunto con el acervo
probatorio y acorde con las reglas de la sana crítica.
En lo que concierne a la prueba pericial el Código General del Proceso
prescribe que es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y
requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos (art. 226);
y que «El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las
demás pruebas que obren en el proceso» (artículo 232).
El estudio del dictamen implica la referencia obligada al sistema de la libre
apreciación de las pruebas que «faculta al juez para que razonadamente haga
una evaluación del material probatorio de manera amplia y llegue mediante
adecuados razonamientos a la conclusión respectiva, sin estar sujeto a tarifa
preestablecida alguna»16. Por ello en el artículo 176 ibidem se señala que las
pruebas deben ser apreciadas en conjunto y acorde con las reglas de la sana
crítica, así:
«Artículo 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a
cada prueba».
En conclusión, el juez puede tener en cuenta los dictámenes de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez frente a miembros de la Fuerza
Pública, el cual será valorado con fundamento el sistema de libre apreciación
de las pruebas, por lo que el argumento planteado por la Policía Nacional,
relacionado con la especialidad del régimen aplicable a los empleados de la
Fuerza Pública en materia de evaluación y calificación de la diminución de la
15
Al respecto se pueden consultar las sentencias del 28 de octubre de 2019, radicado: 73001-23-33-
000-2015-00225-01(0035-17) y del 17 de septiembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-00928-
01(0787-17), entre otras.
16
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Pruebas, pág. 118, Edit. Dupré
Editores Ltda., Bogotá, 2017.
21
capacidad laboral resulta desvirtuada.
Tercer problema jurídico
¿El dictamen No. 12273544-2799 del 8 de junio de 2017, expedido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca desatendió
el procedimiento señalado en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000 y, en
esa medida había lugar a desestimarlo por error grave, conforme la objeción
elevada en primera instancia por la parte demandante?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con lo probado
en el proceso, es posible concluir que la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez corrigió el posible defecto del que adolecía el dictamen No.
12273544-2799 del 8 de junio de 2017 al no contemplar como fundamento
normativo los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000; y que, además la
valoración efectuada por el organismo médico nacional observó el
procedimiento establecido para la valoración, de conformidad con lo solicitado
por el juez de primera instancia.
Tal y como se ha venido sosteniendo, la evaluación de la capacidad psicofísica
y de la disminución de la capacidad laboral, entre otros aspectos, de los
miembros de la Fuerza Pública han sido regulados en términos generales por
el Decreto 1796 de 2000, así:
«Artículo 24. INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES. Es obligación del
Comandante o Jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por el personal
bajo su mando, describir en el formato establecido para tal efecto, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se produjeron las lesiones e
informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una de las siguientes
circunstancias:
a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o
accidente común.
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional
y/o accidente de trabajo.
c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con
el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.
d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.
Parágrafo. Cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase inadvertido para
el comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá informarlo por escrito dentro
de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia.
En todo caso los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de la
lesión o afección.
[…]
Artículo 37. DERECHO A INDEMNIZACION. El derecho al pago de
indemnización para el personal de que trata el presente decreto, que hubiere
sufrido una disminución de la capacidad laboral se valorará y definirá de acuerdo
22
con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y se
liquidará teniendo en cuenta las circunstancias que a continuación se señalan:
a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o
accidente común.
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional
y/o accidente de trabajo.
c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con
el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.
[…]
Artículo 38. LIQUIDACION DE PENSION DE INVALIDEZ PARA EL PERSONAL
DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL
EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL. Cuando mediante Junta Médico-
Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido
determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo,
tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual,
valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto
el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las
normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a
continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y
no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%)
y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución
de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea
igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
Parágrafo 2o. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de
las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado
con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo
referente a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto
094 de 1989.»
Así mismo, el artículo 48 ibídem, previó que el procedimiento y los criterios de
disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones debería continuar
observando las disposiciones de los artículos 47 a 88 del Decreto 094 de 1989,
con excepción del artículo 70 de la misma norma.
Bajo el anterior velo normativo, se tiene que en primer lugar debe efectuarse
la clasificación de las lesiones y afecciones sufridas por la persona que las
alega aplicando las consideraciones de los artículos 47 a 86, para luego ubicar
el supuesto evaluado, según el tipo de lesión, en las tablas de evaluación de
23
la disminución de la capacidad laboral, y así determinar la indemnización
correspondiente, artículos 87 y 88.
Para ilustrar lo indicado se efectúa la siguiente transcripción:
«Artículo 87. ADOPCIÓN DE TABLAS. Para los efectos de las disposiciones del
presente Decreto, adóptanse las siguientes tablas de valoración de
incapacidades:
[…]»
Tabla A:
«DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES
[…]
SE APLICA PARA DETERMINAR LA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DE
ACUERDO CON EL ÍNDICE DE LESIÓN Y LA EDAD DE LA PERSONA. PARA
OBTENER EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD SE BUSCA EN LA
COLUMNA ÍNDICE DE LESIÓN. EL FIJADO POR LA SANIDAD MILITAR O DE LA
POLICÍA. POSTERIORMENTE Y TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DE LA PERSONA
PARA LA ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA LA LESIÓN, SE UBICA EN LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDADES. EL PUNTO EN
DONDE SE ENCUENTREN LAS PROLONGACIONES HORIZONTALES DEL ÍNDICE Y
VERTICAL DE LA EDAD, INDICAN EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE
CAPACIDAD LABORAL.»
Tabla B:
«INDEMNIZACION EN MESES DE SUELDO DE 1 A 36 MESES
[…]
SE APLICA PARA INDEMNIZAR LAS LESIONES ADQUIRIDAS EN EL SERVICIO
PERO NO POR CAUSA NI RAZÓN DEL MISMO. PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN
EN MESES DE SUELDO, SE BUSCA EN LA COLUMNA ÍNDICE DE LESIÓN, EL
FIJADO POR LA SANIDAD MILITAR O DE POLICÍA. POSTERIORMENTE Y TENIENDO
EN CUENTA LA EDAD DE LA PERSONA PARA LA ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA
LA LESIÓN, SE UBICA EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES
GRUPOS DE EDADES. EL PUNTO DONDE SE ENCUENTREN LAS
PROLONGACIONES HORIZONTAL DEL ÍNDICE Y VERTICAL DE LA EDAD, INDICAN
EL FACTOR POR EL CUAL SE DEBE MULTIPLICAR LOS HABERES COMPUTABLES
PARA LAS PRESTACIONES SOCIALES Y DEVENGADOS POR EL LESIONADO EN
LA ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA LA LESIÓN. CUANDO LA CALIFICACIÓN DE
LA LESIÓN SE REALICE CON POSTERIORIDAD AL RETIRO, SEPARACIÓN O
DESVINCULACIÓN DE LA ENTIDAD, SE TENDRÁ EN CUENTA LOS ÚLTIMOS
HABERES DEVENGADOS EN ACTIVIDAD Y COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. LA PRESENTE TABLA NO ES APLICABLE AL PERSONAL CIVIL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA Y LA POLICÍA NACIONAL.»
Tabla C:
«INDEMNIZACIÓN EN MESES DE SUELDO DE ½ A 54 MESES
[…]
SE APLICA PARA INDEMNIZAR LAS LESIONES ADQUIRIDAS EN EL SERVICIO POR
CAUSA Y RAÓN DEL MISMO. PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN EN MESES DE
SUELDO, SE BUSCA EN LA COLUMNA INDICE DE LESIÓN FIJADO POR LA SANIDAD
MILITAR O DE POLICÍA. POSTERIORMENTE Y TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DE
LA PERSONA PARA LA ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA LA LESIÓN, SE UBICA EN
LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDADES. EL
24
PUNTO EN DONDE SE ENCUENTREN LAS PROLONGACIONES HORIZONTAL DEL
ÍNDICE Y VERTICAL DE LA EDAD, INDICAN EL FACTOR POR EL CUAL SE DEBE
MULTIPLICAR LOS HABERES COMPUTABLES PARA PRESTACIONES SOCIALES Y
DEVENGADOS POR EL LESIONADO EN LA ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA LA
LESIÓN. CUANDO LA CALIFICACIÓN DE LA LESIÓN SE REALICE CON
POSTERIORIDAD AL RETIRO, SEPARACIÓN O DESVINCULACIÓN DE LA ENTIDAD,
SE TENDRÁ EN CUENTA LOS ÚLTIMOS HABERES DEVENGADOS EN ACTIVIDAD Y
COMPUTABLES PARA PRESTACIONES SOCIALES.»
Tabla D:
«INDEMNIZACIÓN EN MESES DE SUELDO DE 2 A 72 MESES
[…]
SE APLICA PARA INDEMNIZAR LESIONES ADQUIRIDAS POR MOTIVOS DE
HERIDAS CAUSADAS EN COMBATE O EN ACTOS MERITORIOS DEL SERVICIO. O
POR CUALQUIER ACCIÓN DEL ENEMIGO EN CONFLICTO INTERNACIONAL O EN
TAREAS DE MANTENIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO.
PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN EN MESES DE SUELDO, SE BUSCA EN LA
COLUMNA ÍNDICE DE LESIÓN EL FIJADO POR LA SANIDAD MILITAR O DE POLICÍA.
POSTERIORMENTE Y TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DE LA PERSONA PARA LA
ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA LA LESIÓN, SE UBICA EN LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDADES. EL PUNTO EN
DONDE SE ENCUENTREN LAS PROLONGACIONES HORIZONTAL DEL ÍNDICE Y
VERTICAL DE LA EDAD, INDICA EL FACTOR POR EL CUAL SE DEBE MULTIPLICAR
LOS HABERES COMPUTABLES PARA PRESTACIONES SOCIALES Y DEVENGADOS
POR EL LESIONADO EN LA ÉPOCA EN QUE FUE CALIFICADA LA LESIÓN. CUANDO
LA CALIFICACIÓN DE LA LESIÓN SE REALICE CON POSTERIORIDAD AL RETIRO,
SEPARACIÓN O DESVINCULACIÓN DE LA ENTIDAD, SE TENDRÁN EN CUENTA
LOS ÚLTIMOS HABERES DEVENGADOS EN ACTIVIDAD Y COMPUTABLES PARA
PRESTACIONES SOCIALES.»
A su turno, el artículo 88 del mencionado Decreto 094, regula aquellos eventos
en lo que un mismo individuo tiene varias lesiones y, por consiguiente varios
índices de lesión aplicando la siguiente fórmula:
«Artículo 88. DISMINUCIÓN CAPACIDAD LABORAL CON VARIOS ÍNDICES.
Cuando se presente concurrencia de varios índices, debe aplicarse la siguiente
fórmula:
DLT = DL 1 + DL 2 + DL 3 ...+ DLn.
Significado:
DTL = Disminución Total de la Capacidad Laboral
DL 1 = Disminución Laboral 1
DL 2 = Disminución Laboral 2
DL 3 = Disminución Laboral 3
DLn = Disminución Laboral n
En donde:
DL1 = DLI1 (Disminución Laboral que representa el primero de los índices
fijados)
DL2 = (100 – DL1) DL2
100
DL3 = 100 - (DL1 + DL2) DL3
25
100
DLn = 100 - (DL1 + DL2 + DL3 …. + DLn - 1) DLI n
100
Posteriormente y a fin de obtener la indemnización en meses de sueldo, se busca
en la Tabla "A" el porcentaje más cercano al resultado definitivo de disminución
de Capacidad Laboral. A continuación las coordenadas que sirvieron de base
para encontrar el porcentaje, se llevan a la respectiva tabla de indemnización y
el punto de intersección en donde se encuentren las prolongaciones horizontal
del índice y vertical de la edad, indica el factor por el cual se multiplican los
haberes computables para prestaciones sociales y devengados por el lesionado
en la época en que fue calificada la lesión.
Cuando la calificación de la lesión se realice con posterioridad al retiro,
separación o desvinculación de la entidad, se tendrán en cuenta los últimos
haberes devengados en actividad y computables para prestaciones sociales.
Parágrafo 1º Cuando los índices múltiples pertenecen a lesiones adquiridas en
el servicio por causa y razón del mismo, o por motivo de heridas causadas en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo en conflicto internacional
o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, se agregan
las diferencias entre las Tablas C y D con relación a la B. El valor resultante de
la diferencia o de las sumas de las mismas cuando sean dos o más se agregará
al factor definitivo señalado en la Tabla B, el resultado así obtenido constituye el
factor que se multiplica por los haberes computables para prestaciones sociales
y devengados por el lesionado en la época en que fue calificada la lesión. Cuando
la calificación de la lesión se realice con posterioridad al retiro, separación o
desvinculación de la entidad, se tendrán en cuenta los últimos haberes
devengados en actividad computables para prestaciones sociales.
Parágrafo 2º En los casos en que se practiquen segundas Actas de Junta
Médico-Laboral, se procederá en la forma ya conocida, pero partiendo de la base
del saldo del porcentaje de capacidad laboral que resulte de las primeras Actas.»
Ahora, se recuerda entonces que el recurso de apelación elevado por la parte
demandante controvierte la decisión asumida por el a quo en la sentencia del
el 18 de octubre de 2018, sobre la base de que el dictamen No. 12273544-
2799 del 8 de junio de 2017 expedido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca que sirvió de fundamento para resolver
el asunto sometido a discusión, no se adelantó al tenor del procedimiento
señalado en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000, que regulan la
evaluación psicofísica y la disminución de la capacidad laboral de los
miembros de la Fuerza Pública.
Lo anterior, toda vez que incumplió con lo previsto en el artículo 7.º del Decreto
1796 de 2000 relacionado con la validez y la vigencia de los exámenes de
capacidad psicofísica, pues el último concepto de neuropsicología es del 7 de
abril de 2016, habiendo transcurrido más de un año.
Sea lo primero señalar que la situación jurídica que suscitó el proceso
contencioso administrativo que se adelanta ante esta instancia, comprende la
pretensión del demandante de desvirtuar el concepto que, en sede
administrativa, los organismos de sanidad militar emitieron para calificar la
lesión causada al interesado con ocasión de los antecedentes indicados en el
26
Informativo Administrativo No. 005 del 1.º de febrero de 200617, referidos a la
«incursión guerrillera, trauma columna, pérdida de la capacidad auditiva y estrés
postraumático».
En ese contexto, la Junta Médico Laboral de Policía, mediante Acta No. 1259
del 27 de abril de 200618, determinó que el señor José Arnifar Ramírez Guali
tuvo una disminución de la capacidad laboral del 29,57%, concepto que fue
recurrido por el demandante y cuya validación correspondió al Tribunal Médico
de Sanidad Militar, quien mediante Acta No. 3085-3137 del 29 de mayo de
200719 modificó el porcentaje de la pérdida de capacidad psicofísica,
asignándole el 58,61%.
La última de estas decisiones fue aclarada por la misma autoridad
administrativa, a través del Acta No. 3399 del 29 de agosto de 200820.
Por encontrarse inconforme con la calificación otorgada por el Tribunal Médico
de Revisión, el demandante inició el trámite de prueba anticipada ante el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio con radicado
500013331-006-2007-00247-00, por medio de la cual la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Meta llevó a cabo una nueva valoración al señor
Ramírez Guali, el 6 de diciembre de 200721, cuyo resultado fue el 94,32% de
disminución de la capacidad laboral.
Tras haberse adelantado el presente proceso judicial, y estando el expediente
a Despacho para proferir sentencia, el tribunal de primera instancia consideró
que existían aspectos en el último de los dictámenes practicados al
demandante, que no ofrecían certeza acerca de la variación porcentual a la
cual había arribado la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta,
razón por la cual el 28 de octubre de 201622, en ejercicio de la facultad prevista
en el artículo 169 del CCA, decretó de manera oficiosa un dictamen pericial,
remitiendo al demandante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca, para que determinara el porcentaje de disminución
de la capacidad laboral del interesado, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: «(a) la disminución de la capacidad laboral para el año 2007, de
conformidad con los documentos clínicos aportados, explicando detalladamente las
lesiones padecidas y los índices de calificación otorgados a cada una de ellas; (b) de
haber variación porcentual respecto de la pérdida de la capacidad laboral consignada
en el Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, explicará
detalladamente las omisiones o criterios que fueron omitidos por el organismos de
sanidad militar al momento de la evaluación; y (c) de no ser posible emitir un dictamen
para la anualidad de 2007, se determine el porcentaje actual de la pérdida de la
capacidad laboral, de acuerdo a las lesiones determinadas en las actas de sanidad
militar, indicando los criterios tenidos en cuenta»
El dictamen solicitado por el operador judicial fue practicado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca el 8 de junio
de 2017, mediante acto No. 12273544-278823, en el cual se estableció una
17
Folio 198.
18
Folios 29-31, 61-64, 151-153, 169-171 y 182-184.
19
Folios 33-36, 65-69, 160-164 y 174-178.
20
Folios 40-41, 165-166 y 179-180.
21
Folios 100 y 101, Anexo 1, Cuaderno prueba anticipada.
22
Folios 255 y 256.
23
Folios 315 a 319.
27
pérdida de la capacidad laboral y ocupacional del 66,10%. Para la
determinación de dicho porcentaje se tuvieron en cuenta los siguientes
conceptos médicos:
• Psiquiatría, 11 de julio de 2007.
• Neurología, 14 de octubre de 2009.
• Rehabilitación, 5 de octubre de 2012.
• Neuropsicología, 14 de marzo y 7 de abril de 2016.
Así mismo, las valoraciones efectuadas se agruparon bajo las especialidades
de psicología y fisioterapia; y medicina laboral.
Se observa además que, el experticio rendido tuvo como fundamentos de
derecho, los siguientes: «El presente Dictamen se fundamenta en: Ley 100 de
1993, Sistema de seguridad social integral. Decreto 1507 de 2014, Manual único de
calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Ley 776 de 2002, Normas
sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales. Decreto 1477 de 2014, Tabla Enfermedades Laborales. Ley 1562 de
2012, Por la cual se modifica el Sistema De Riesgos Laborales. Decreto 019 de 2012,
Ley anti-trámites. Decreto 1352 de 2013, Reglamenta el funcionamiento y
competencia de las Juntas de Calificación.»
Del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca, se dio traslado a las partes24, y durante el término
normativo previsto para ello, el demandante lo objetó por error grave25.
Con el escrito de objeción fueron presentados argumentos que se encuentran
nuevamente insertos en el recurso de apelación, específicamente aquellos
relacionados con el hecho de que el referido Dictamen no se emitió en
cumplimiento de las disposiciones de los Decretos 094 de 1989 y 1796 de
2000, pues dicho procedimiento señala que las decisiones de los organismos
Médico Laborales, deben estar soportados por los documentos de que trata el
artículo 16 ibídem, mismo que debe aplicarse en armonía con el artículo 7.º
relacionado con la validez y la vigencia de los exámenes de capacidad
psicofísica.
Precisó puntualmente que, frente al último concepto de neuropsicología (7 de
abril de 2016) ha transcurrido más de un año, y que, de otro lado, a la afección
mental padecida por el demandante no le fue asignado índice de lesión.
Sostuvo que la calificación hecha por la Junta Regional del Meta tiene como
soporte el concepto de Psiquiatría, y que la Junta Regional de Bogotá y
Cundinamarca se fundamentó en un dictamen de Neuropsicología,
especialidades distintas, lo que quiere decir que el dictamen técnico objeto de
impugnación, no tuvo en cuenta el concepto médico en Psiquiatría para
disminuir el índice de la lesión del numeral 3-001 del 14 (Junta Regional del
Meta) al 8 (Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca).
Para los efectos de lo argumentado, el demandante hizo alusión a un concepto
médico emitido el 14 de septiembre de 2017, por el Dr. Rafael Hernando
24
Folio 328.
25
Folios 329 a 336.
28
Salamanca, psiquiatra que trató al señor Ramírez Guali durante su
permanencia en la Policía Nacional.
Con miras a solventar los planteamientos del recurso de apelación, se hace
necesario evaluar lo resuelto por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez,
a quien se le solicitó efectuar un nuevo dictamen tras la objeción presentada
por el señor José Arnifar Ramírez Guali, a la calificación No. 12273544-2788
del 8 de junio de 2017.
Se tiene entonces que la mencionada Junta Nacional de Calificación profirió el
dictamen No. 12273544-8944 del 30 de mayo de 201826, por medio del cual
confirmó la pericia rendida por la Junta Regional de Calificación de Bogotá y
Cundinamarca no solo en los diagnósticos médicos, sino en el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 66,10%.
En el anterior orden, se evidencia que el último de los mencionados
dictámenes corrigió el yerro identificado por el demandante, en cuanto a los
fundamentos de derecho sobre los que se estructuró y validó el procedimiento
de calificación, pues en él es posible leer lo siguiente:
«Decreto 094 de 1989
Para el presente caso debe tenerse encuentra(sic) el Decreto 094 de 1989
Artículo 1º. […]
Artículo 88. Disminución capacidad laboral con varios índices. […]
Decreto 1796 de 2000
Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución
de la capacidad laboral, […].
Otros fundamentos de derecho que se tuvieron en cuenta para el presente
dictamen se encuentran en las siguientes normas:
Ley 100 de 1993, crea las Juntas de Calificación
Decreto 2463 de 2001, reglamenta el funcionamiento y competencia de las
Juntas de Calificación.»
Igualmente se advierte que el informe tuvo en cuenta los siguientes conceptos
médicos:
• Psiquiatría, 22 de marzo y 11 de julio de 2007
• Neurología, 14 de octubre de 2009
• Rehabilitación, 5 de octubre de 2012
• Psiquiatría, 22 de diciembre de 2015
• Neuropsicología, 14 de marzo y 7 de abril de 2016
• Psiquiatría, 14 de septiembre de 2017
• Psiquiatría, 6 de mayo de 2018
Y que la conclusión respecto al análisis de los conceptos médicos referidos al
componente psiquiátrico, aspecto señalado por el apelante como el
diferenciador para el cambio de porcentaje entre el dictamen proferido por la
Junta Regional del Meta y la Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca,
26
Folios 383 a 390.
29
contempló los siguientes aspectos:
«Se revisa en detalle todos y cada uno de los folios aportados por las partes
interesadas y se determina que no le asiste la razón al apoderado del paciente
José Arnifar Ramírez Gualí dado que de acuerdo a todos y cada uno de los
conceptos de psiquiatría, neuropsicología, el valor asignado para los índices de
lesión para las condiciones de salud mental, Episodio depresivo, no especificado
y Trastorno de estrés postraumático, es correcto, dado que hay alteración en
memoria, atención pero en una severidad leve o moderada. Existe normalidad en
el pensamiento y no se encuentra documentado en la historia episodios de
psicosis o intentos suicidas que hayan requerido atención intramural. […]
Por lo anterior esta junta decide CONFIRMAR el dictamen Nº 12273544-2799 del
8 de junio de 2017 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá.
[…]
Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional: 66,10%»
Se tiene que el argumento expuesto por el señor José Arnifar Ramírez Gualí
relacionado con que la no valoración de la capacidad laboral ejecutada por la
Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca al amparo de los Decretos 094 de
1989 y 1796 de 2000, fue superada con la revisión y nuevo dictamen efectuado
por la Junta Nacional de Calificación, pues en la misma se incluyó como
sustento normativo las contenidas en los mencionados compendios.
Así mismo, para esta Sala la inconsistencia en la evaluación de los conceptos
médicos aportados al expediente cuya revisión correspondió a la Junta
Nacional de Calificación, referida a las fechas en que fueron expedidos y su
vigencia para los efectos del estudio de la capacidad laboral, no es tal, en tanto
debe recordarse que la pericia solicitada por el tribunal de primera instancia
pretendía esclarecer el porcentaje de disminución de la mencionada capacidad
del demandante para el año 2007, anualidad en la que se llevó a cabo el
dictamen con fundamento en el cual se adelanta el presente trámite judicial,
esto es, el emitido por la Junta Regional del Meta el 6 de diciembre de 2007,
con un porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica del 94,32%.
Es por ello que la pericia desarrollada por la autoridad médica tuvo en cuenta
los conceptos de los especialistas que valoraron al señor Ramírez Gualí en
2007, como ocurre con el concepto de psiquiatría del 22 de marzo y 11 de julio
de 2007. No se puede desconocer que, de otro lado las lesiones identificadas
en una primera valoración pueden evolucionar con el transcurso del tiempo,
por lo que es igualmente necesario tener en cuenta las apreciaciones médicas
y el seguimiento que realizaron los especialistas hasta el año 2018.
La Subsección acoge entonces lo expuesto por el a quo, en el sentido de que,
de considerar procedente el argumento señalado por el apelante frente a la
vigencia y validez de los conceptos médicos, el mismo no desvirtúa la
calificación adelantada por el organismo nacional, en tanto el estudio de la
capacidad psicofísica del demandante se extendió hasta el año 2018, cuando
ante la Junta Nacional de Calificación se llevó a cabo el 28 de mayo de 2018
una valoración interdisciplinaria, en la que además se tuvo en cuenta el
concepto de psiquiatría del 6 de mayo de 2018 y el del 14 de septiembre de
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2017, aportado por el demandante.
Lo hasta aquí considerado permite entonces evidenciar que la desestimación
que hizo el juez de conocimiento de los argumentos sobre los cuales se edificó
la objeción al dictamen pericial del demandante, se encuentra ajustada a la
situación fáctica y jurídica del señor Ramírez Guali, así como a las
circunstancias normativas que reglaron la expedición de la calificación de la
Junta Nacional que confirmó el porcentaje de disminución de la capacidad
laboral del 66,10%.
Lo anterior encuentra eco en las apreciaciones que se efectúan respecto de
los argumentos del recurso de apelación, los cuales aluden a la misma
exposición del escrito de objeción presentado por el demandante en sede de
primera instancia.
En suma, para esta Subsección el dictamen rendido por la Junta Nacional de
Calificación es válido y por tanto, permite concluir que la disminución de la
capacidad laboral del señor José Arnifar Ramírez Gualí corresponde al
66,10%, y es con base en dicho porcentaje que la sentencia de primer grado
resolvió las demás pretensiones del libelo introductorio.
Así las cosas, no habiendo mérito para acceder a lo peticionado en los
recursos de apelación, se procederá a confirmar la providencia recurrida.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 18 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a
la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere
actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en
el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 18 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó el señor José Arnifar Ramírez Gualí en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Segundo: Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, por lo
brevemente expuesto
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Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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