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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00004-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00004-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00004-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2018 00004 01 (5758–2023)
Demandante: Richard Otálora González
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

Temas: Pensión de invalidez en miembros de la Fuerza Pública. Validez
de los dictámenes médicos laborales. Competencia para
determinar la disminución en la capacidad laboral. Ley 1437 de
2011.

Decisión: Confirma sentencia que negó las pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1
El señor Richad Otálora González, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la existencia y nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la
entidad demandada respecto a la petición de reconocimiento y pago de una pensión
de invalidez.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de
la pensión por sanidad en cuantía del 95% de lo equivalente al salario devengado
por un cabo tercero, a partir de la fecha en que se produjo su retiro del servicio por
discapacidad psicofísica según lo expuesto en el informe médico laboral, de
conformidad con la Ley 923 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios 1157 de 2014
y 4433 de 2004. Y que las sumas reconocidas sean indexadas y actualizadas, y se
dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El SLR ® Richard Otálora González prestó sus servicios al Ejército Nacional y
fue retirado en condiciones de discapacidad médico laboral, actualmente le fue

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Demandante: Richard Otálora González

asignado un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 100% según informe
técnico suscrito por el Dr. Enrique Ayala Pérez.

4. Las lesiones que dieron origen a la evaluación médica tienen sustento en las
pruebas de orden científico y en el diagnóstico médico laboral allegado al proceso,
el estado de salud del demandante es sustancialmente grave, situación que lo
mantiene al margen del desempeño de cualquier actividad laboral en el sector
privado.

5. La valoración de la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional no obedece a la
gravedad de las lesiones que lo aquejan, además no ha recibido atención por parte
de sanidad militar, actuación que vulnera sus derechos fundamentales a la salud y
vida, más si se tiene en cuenta que todas las lesiones diagnosticadas tienen origen
en la prestación del servicio en las filas del Ejército Nacional.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228
229 y 230 de la Constitución Política; el artículo 9 del Código Sustantivo de Trabajo;
el Decreto 94 de 1989; los artículos 15, 37, 44 y 45 del Decreto 1496 de 2000; el
Artículo 40 de la Ley 100 de 1993; el artículo 3 numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004;
el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014 y el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004.

7. El demandante ingresó al Ejército Nacional en óptimas condiciones de salud
que se han visto afectadas con ocasión de la prestación del servicio militar, lo que
le ocasiona una incapacidad absoluta y permanente para el desempeño de
actividades remunerativas, sumado al síndrome de complejo de inferioridad por la
frustración en la búsqueda y obtención de trabajo.

8. La entidad no valoró con justicia su situación médica laboral y si bien le
reconoció el pago de una indemnización, le niega el reconocimiento de la pensión
de invalidez, actuación que vulnera sus derechos fundamentales a la salud en
conexidad con la vida. En el acta de la Junta Médico Laboral no fueron consignadas
plenamente las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado su
estado de salud, prueba de ello es que fue declarado no apto para el servicio.

9. Solicitó en virtud del principio de favorabilidad aplicar la Ley 100 de 1993 para
efectos de ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez al demandante,
teniendo en cuenta que el porcentaje de disminución de la capacidad exigido por
esta norma (50%) es inferior al ordenado por las normas que rigen el régimen
especial que ampara al demandante (75%).

1.4. Contestación de la demanda2
10. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por
intermedio de apoderada presentó en tiempo escrito de contestación en el que se

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opuso a las pretensiones incoadas en atención a que el demandante no acredita los
requisitos exigidos en la Ley para tener derecho a la prestación pretendida.

11. Realizó un recuento normativo de las disposiciones que regulan el
reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del personal de las fuerzas
Militares con fundamento en el señaló que la Junta Médico Laboral del Ministerio de
Defensa evaluó la aptitud psicofísica estrictamente para el desempeño de la
actividad militar y no para el desempeño laboral en su vida como civil.

12. Así las cosas, se declaró no apto para la actividad militar más no para la vida
civil, razón por la cual en el evento de una evaluación de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez con fundamento en el Decreto 094 de 1989, se debe
determinar la incapacidad para la vida militar más no para la civil, ya que solo se
tiene en cuenta el criterio de deficiencia más no la discapacidad y minusvalía
necesarias en la Ley 100 para otorgar la pensión, lo que evidencia que
definitivamente los regímenes no son iguales.

1.5. Sentencia de primera instancia3
13. En sentencia proferida el 3 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de
Nariño, declaró la existencia del acto ficto demandado, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.

14. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio pertinente
concluyó que para la fecha en que se produjo el retiro del demandante, no se
encontraban vigentes el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y el artículo
2° del Decreto 1157 de 2014, razón por la cual dichas normativas no pueden definir
el reconocimiento de la prestación solicitada. Contrario a ello, para la fecha en que
se produjo el retiro del demandante y cuando se emitió el acta de la Junta Médico
Laboral Militar, la norma vigente era el Decreto 1796 de 2000, que ordena el
reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del uniformado que acredite un
porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 75%.

15. En la demanda se solicita la aplicación por favorabilidad de los artículos 38 y 40
de la Ley 100 de 1993 de cara al reconocimiento de la pensión de invalidez, sobre
el particular la sección segunda del Consejo de Estado ha considerado que
efectivamente es viable inaplicar las disposiciones de los regímenes especiales de
seguridad social para dar cabida al sistema general cuando estos impliquen un trato
desfavorable o discriminatorio respecto de este último.

16. En ese orden de ideas, si se considera el concepto emitido por la Junta Médico
Laboral Militar del 28 de agosto de 2002, sin duda, el demandante no cumple con
los requisitos establecidos en la ley para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, puesto que dicha autoridad dictaminó una disminución en la capacidad
laboral del 16%.

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17. De otra parte, con la demanda se aportó un informe técnico según el cual
presenta una disminución en su capacidad laboral del 100%, prueba que, tal y como
se precisó en la audiencia inicial, fue valorada como documental, mas no como
pericial habida cuenta que así fue introducida por la parte demandante.

18. Conviene recordar que por expresa disposición legal solo las Juntas de
Calificación de Invalidez pueden determinar el porcentaje de disminución laboral de
una persona, luego, no es dable que cualquier profesional de la salud establezca el
nivel de pérdida de la capacidad laboral, por consiguiente el documento aportado
con la demanda no merece valor probatorio alguno, pues se trata de un concepto
sobre el porcentaje de invalidez del demandante, aspecto cuya valoración es del
resorte exclusivo de las Juntas de Calificación.

19. Así las cosas, la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba que le
incumbía a voces del artículo 167 del C.G.P., pues no demostró que el porcentaje
de disminución de la capacidad laboral fuera distinto al que determinó la Junta
Medico Laboral Militar.

1.6. Recurso de apelación4
20. A través de apoderado, el señor Richard Otalora González solicitó revocar la
decisión de primera instancia. Indicó que obtuvo como resultado de la evaluación
médico pericial practicada el día 2 de agosto de 2016, un 100% de PCL, que le da
derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez en los términos ordenados en
la Ley 923 de 2004 y los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014. Aclaró que la
valoración médica pericial obedeció a la existencia de nuevos hechos en su
condición de salud, lo que justifica el incremento en el índice de disminución de la
capacidad laboral.

21. La valoración de la Junta Médico Laboral se dio con anterioridad a su retiro del
servicio, oportunidad en la cual no se realizó un examen integral de su condición
médica, sino que se limitó analizar las condiciones de aptitud para el servicio militar.
Así mismo tampoco se le practicaron los exámenes de retiro a voces del artículo 8
del Decreto 1796 de 2000.

22. La valoración médica por parte del galeno Enrique Ayala Pérez obedeció a la
gravedad de su situación de salud, oportunidad en la cual el perito auxiliar de la
justicia realizó una valoración integral 13 años, 11 meses y 1 día después de la
valoración por parte de la autoridad médica de la entidad, lo que justifica el
incrementó en el PCL. Además, la experticia cumple con todos los requisitos
exigidos en el artículo 228 del C.P.A.C.A. para su validez.

23. Se refirió al principio de libertad probatoria, libre apreciación de la prueba y las
reglas de la sana crítica, para concluir que cualquier medio de prueba que permita
establecer la verdad de manera directa e inmediata debe ser valorado por el Juez,
sin importar el nombre que se le dé, siempre y cuando cumpla con los parámetros

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de idoneidad y eficacia previstos en el artículo 165 del C.G.P., razón por la cual
solicita considerar el dictamen emitido por el médico Enrique Ayala Pérez con el fin
de determinar el porcentaje de disminución de la capacidad laboral del demandante.

24. En punto al dictamen proferido por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía señaló que, aunque fue excluido de la valoración probatoria teniendo
en cuenta la inasistencia de los peritos a la audiencia de contradicción, lo cierto es
que dicho medio de prueba nació ilegalmente a la vida jurídica ante la falta de
posesión de los peritos y ausencia de las ritualidades del caso, lo que atenta contra
el debido proceso en la actuación judicial.

25. Se refirió a los principios de integralidad y progresividad de las enfermedades,
así como a la omisión en la práctica de los exámenes de retiro, situación que no
permite tener certeza si al momento en que se produjo su desvinculación recaían
sobre él otras eventuales patologías tampoco valoradas, como ocurre con la
enfermedad mental.

26. Señaló que, si bien por decisión del a quo no se surtió la audiencia de
contradicción del dictamen aportado con la demanda, lo cierto es que esa situación
no implica pérdida en la presunción de legitimidad, pues bien pudo ser objeto de
debate, con mayor razón si ninguna de las partes y sus intervinientes desaprobó o
desconoció su contenido, al no tacharlo, contradecirlo o desaprobarlo, por lo que
solicitó a esta instancia valorar su contenido. Así mismo insistió en la validez de los
dictámenes de médicos particulares, y que desconocerlos lesiona el debido
proceso.

27. Se refirió a la no exigencia del requisito de procedibilidad de conciliación judicial
respecto a la pretensión de reajuste de la indemnización y reiteró la solicitud de su
reconocimiento.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
28. Por auto calendado el 28 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de
apelación5. En el término otorgado las partes guardaron silencio.

29. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia
30. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo

5 Expediente segunda instancia índice 5 de la plataforma Samai
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Asunto previo
31. En el recurso de apelación el apoderado del señor Richard Otálora González
señaló que no era exigible el requisito de conciliación prejudicial respecto de la
pretensión relacionada con el reajuste de la indemnización, razón por la cual se
debía acceder a su reconocimiento.

32. Sobre el particular, verifica la Sala que en audiencia inicial celebrada el 31 de
julio de 20188, en la etapa correspondiente a decisión de excepciones el a quo
declaró probada la excepción de “falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad” en cuanto a que la parte demandante no agotó el requisito de
conciliación extrajudicial frente a la pretensión de reajuste de la indemnización y
reconocimiento de 100 S.M.L.M.V. como reparación del daño causado; en
consecuencia, declaró parcialmente terminado el proceso en relación con las
pretensiones mencionadas y ordenó seguir adelante con el proceso únicamente
respecto a la pretensión de nulidad del acto ficto que negó el reconocimiento de la
pensión de invalidez; decisión que notificada a las partes no fue objeto de recursos,
razón por la cual quedó debidamente ejecutoriara y en firme. En consecuencia y
respecto al tema mencionado, no se efectuará pronunciamiento en esta instancia.

2.3. Del problema jurídico
33. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si le asiste o no derecho al
demandante al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, teniendo en
cuenta para tal efecto el dictamen médico pericial aportado con la demanda que le
asignó un porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 100%

2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.4.1. La pensión de invalidez y su regulación para los miembros de las
Fuerzas Militares

34. La Ley 100 de 1993, que contempla el régimen general de pensiones,
determinó en sus artículos 38 y 399 los requisitos y el monto de la pensión de
invalidez y señaló las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los
regímenes del sistema; no obstante, en su artículo 27910 excluyó de su aplicación,

7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
8 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip –

archivo 05ActaAudInicial-PruebaDoc.pdf folios 1 a 8

9 Modificado por la Ley 860 de 2003.
10 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros

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entre otros, a los miembros de las Fuerza Militares y de Policía, así como al personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, salvo lo que se vincularan a partir de la
vigencia de la mentada ley 100.

35. Los citados miembros de la Fuerza Pública, como ya lo ha mencionado esta
Corporación, se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento
reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la
prestación del servicio que tienen a su cargo.

36. Sobre el particular, es pertinente poner de presente que en los Decretos 2728
de 1968 y 1836 de 1979 se estableció la pensión por invalidez para los miembros
de la fuerza pública, y se determinaron los requisitos y porcentajes de pérdida de
capacidad laboral para su reconocimiento.

37. Ahora bien, en el régimen de la Fuerza Pública, el Decreto 2728 de 1968, «por
el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del
personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares», estableció en el artículo
2,° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades,
invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al
reglamento general de incapacidades, invalideces e indemnizaciones para el
personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

38. Posteriormente, el Decreto 1836 de 197911 en su título noveno reguló la
pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de
Defensa, con algunas diferencias según el cargo desempeñado (arts. 60, 61, 62 y
6312), pero con un común denominador, como fue la exigencia de una disminución

no remunerados de las Corporaciones Públicas.». (Subrayas fuera del texto).
11 «Por el cual se terminan las normas relativas a la Capacitación Sicofísicas, las incapacidades, invalideces e

indemnizaciones en el personal de Oficiales, y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional».
12 «Artículo 60 Pensión de Invalidez del Personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes. - A partir de la

vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía
Nacional y Agentes, adquiera una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al
75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual
pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos Estatutos de
Carrera así: // a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la
capacidad sicofísica igual o superior al 95%. fijado determina una disminución del 75% de la capacidad
sicofísica. // b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la
capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance al 95%. // c) El 100% de dichas partidas, cuando el índice
de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%».
«Artículo 61 Pensión de Invalidez del Personal de Soldados y Grumetes. - A partir de la vigencia del
presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica
tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y
liquidada así: // a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la
capacidad sicofísica igual o superior al 95%. fijado determina una disminución del 75% de la capacidad
sicofísica. // b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión
fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%».
«Artículo 62 Pensión Invalidez de los Alumnos de las Escuelas de Formación. - A partir de la vigencia del
presente Decreto, cuando el personal de Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales, Suboficiales y
Agentes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, adquiera una incapacidad en actos del servicio y por
causa y razón del mismo que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá
derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada
así: // a. Alumnos Escuelas de Formación de Oficiales. // 1. El 75% del sueldo básico de un Subteniente o su
equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75%

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en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%. Luego, a través del Decreto 094
de 198913, se establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el
grado de invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que
participarían del procedimiento.

39. Específicamente frente a los soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, la
citada norma dispuso en su artículo 90 los términos del reconocimiento pensional
de invalidez, con la exigencia mínima del 75% de la disminución de la capacidad
sicofísica.

40. Igualmente, el Decreto 1796 del 200014, proferido por el presidente de la
República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del
2000, estableció la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública,
alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica,
así:

«Artículo 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales,
suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la policía nacional. Cuando
mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía,
haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%,
ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá
derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida
de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional,
liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y
de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el
ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el
noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

hasta el 94%. // 2. El 100% del sueldo básico de un Subteniente o su equivalente, cuando el índice de lesión
fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. // b. Alumnos Escuelas de
Formación de Suboficiales y Agentes. // 1 El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente,
cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de capacidad sicofísica del 75% hasta el 94%. // 2
El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una
disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%».
«Artículo 63 Pensión de Invalidez del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. - El
Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, para efectos de pensión de invalidez, se regirá
por lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto ley 610 de 1977 y demás disposiciones que lo modifiquen o
adicionen».
13 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones

del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes,
Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional»
14 «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y

aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2018 00004 01
Demandante: Richard Otálora González

Parágrafo 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o
superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
Parágrafo 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a
las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 198915
Artículo 39. Liquidación de pensión de invalidez del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales. Cuando
el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio
que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo
con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como
a continuación se señala:
[…]
Parágrafo 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o
superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez.» (Subrayas de la Sala).

41. La citada norma entró en vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la
pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica
del 75%, y el monto pensional en el mismo porcentaje (75%) de las partidas
computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia y en su artículo
48 transitorio16 estableció que hasta que no se expidiera la correspondiente
reglamentación el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral
e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella
fuera expedida.

42. Posteriormente, a través de la Ley 923 del 200417, artículo 3.º, se dispusieron
elementos mínimos para el reconocimiento de las asignaciones de retiro, de las
pensiones de invalidez y sus sustituciones, de la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.
Específicamente frente a la pensión de invalidez se dispuso lo siguiente:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro
de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de
Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios
diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la

15 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970 del 21

de octubre del 2003, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra.
16 «[…] Articulo 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la

valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad
psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y
afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la
misma norma […]».
17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».

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Radicado: 52001 23 33 000 2018 00004 01
Demandante: Richard Otálora González

capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%)
y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las
partidas computables para la asignación de retiro. […]».

43. Es importante indicar que la citada norma en su artículo 6.º estableció efectos
retroactivos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia y de invalidez
frente a hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad, desde el 7 de
agosto del 2002, la cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
en sentencia C–924 del 2005, que la declaró exequible.

44. En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del
200418, que en sus artículos 30 y 32 consignó los requisitos específicos que deben
cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión
de invalidez. El primero, consagró el derecho al Reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez cuando los organismos competentes califican una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo; mientras que
el segundo, reguló el reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente
parcial en combate o actos meritorios del servicio a los sujetos allí definidos que
pierdan su capacidad de trabajo en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior
al 75% en combate, actos meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en
tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del
servicio.

45. Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de
febrero de 2013, dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00
(1238–2007), declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al considerar
que, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de
2004, el Gobierno Nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular
la materia al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, a través de
providencia de 23 de octubre de 2014, dentro del proceso radicado 11001-03-25-
000-2007-00077-01 (1551–2007) la Sección Segunda de esta Corporación19
declaró la nulidad de todo el artículo.

18 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza

Pública.”
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 23 de octubre de

2014, expediente 1551-2007. La nulidad en comento se sustentó en lo siguiente: «Como surge del análisis
conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1,
30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral
“igual o superior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza
Pública, esos tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para
ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese
inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de
fundamento, debido a que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que
le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de liquidación de la pensión
de invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues estas
también parten del supuesto de la existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón,
resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza

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46. Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
1157 de 2014, «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la
Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza
Pública», norma que entró en vigencia el 24 de junio de 201420 y en cuyo artículo
2.º consagró los requisitos para el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:

«Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se
determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio
activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses
de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según
el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan,
con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los
Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:

2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por
ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por
ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su
equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales,
previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio de
Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por
invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de
su vida, condición ésta, que será determinada por los organismos médico laborales
militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la mesada
pensional se aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución
de ésta pensión, se descontará éste porcentaje adicional […]».

por cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser
liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que
sirve de base al descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se
ordenan en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
20 Publicado en el diario oficial 49193 de 2014.

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47. El escenario descrito conduce a concluir que, actualmente, los requisitos de
reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se
encuentran contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de 2004 así
como en el artículo 2.º del Decreto Reglamentario 1157 de 2014. En este punto bien
vale la pena citar la sentencia de 15 de agosto de 2019, proferida por esta
Subsección, dentro del proceso 25001-23-42-000-2012-01404-01 donde se
establecieron algunas pautas de interpretación de las normas citadas, como son:

«i) La exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a
efectos de acceder al derecho a la pensión de invalidez.
ii) La pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por lesiones o
afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, lo que no significa que
tenga que estructurarse propiamente durante aquel pues hay que considerar que, por la
progresividad de ciertas patologías, es perfectamente posible que la merma de
capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo. En otras palabras, el sistema de
aseguramiento que proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de
invalidez, le otorga cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado
en servicio activo y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo de éste,
sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.
iii) La calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, de manera que
incluya todos los factores discapacitantes. Esto significa que no hay lugar a la exclusión
de ninguno de ellos en razón de su origen; de lo contrario se correría el riesgo de negar,
por distinciones meramente formales, el derecho pensional a aquellos individuos cuyas
reales condiciones físicas dan cuenta de una invalidez material».

2.4.2. La valoración de la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la
Fuerza Pública y el alcance del dictamen aportado por la parte demandante

48. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en el artículo 21 del Decreto
094 de 1989 se determinó que la capacidad sicofísica del personal de la Fuerza
Pública debe ser establecida por las autoridades médico militares y de Policía, entre
ellas la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, cuya finalidad es «llevar a un
diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad
laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones
cuando a ello hubiere lugar.»

49. Además, que las decisiones al respecto tienen que basarse «en la ficha de aptitud
sicofísica, ordenada para tal efecto, el examen clínico general correctamente ejecutado, los
antecedentes remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las
lesiones o afecciones basados en concepto escritos de especialistas».

50. No sobra advertir que el Decreto 1352 de 201321 exceptuó de su aplicación «el
régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación
que soliciten a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como
peritos.

21 Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se

dictan otras disposiciones. Compilado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

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51. A su vez, en el artículo 52 del mentado decreto, se dispuso que los dictámenes
sobre el origen y la pérdida de capacidad laboral, entre otros, del personal de las
Fuerzas Militares y de Policía, serán calificados por los profesionales o entidades
calificadoras del respectivo régimen especial, esto es, por la Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad Militar y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía. Y solo después de surtido dicho trámite, es que las Juntas Regionales
tendrán competencia para emitir su dictamen, aspecto sobre el cual se ha referido
esta Corporación en providencias anteriores.22

52. Importante resaltar que en el régimen especial de las Fuerzas Militares y de
Policía, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000, le corresponde al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía decidir en última instancia
las reclamaciones que surjan contra las determinaciones de las Juntas Médico-
Laborales y como consecuencia de ello puede ratificar, modificar o revocar tales
decisiones, es decir, que existe un órgano competente al que se debe acudir para
determinar la pérdida de la capacidad psicofísica de un miembro de la fuerza
pública.

53. En esa línea interpretativa, es posible que se presenten como pruebas al juez
tanto las actas de Junta Medico Laboral y del Tribunal de Revisión Militar y de
Policía, como los dictámenes emitidos por la Juntas de Calificación de Invalidez
frente al personal de la Fuerza Pública, prueba esta última que también puede ser
valorada por el operador judicial, debiendo siempre sustentar los motivos por los
cuales una le ofrece mayor certeza, y teniendo en cuenta para el efecto, lo dispuesto
respecto a los medios de prueba y su valoración.

54. En punto a los dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral
proferidos por médicos particulares, es pertinente señalar que, en consonancia con
lo que se expuso en párrafos anteriores, la Sección Segunda de esta Corporación
ha concluido en asuntos similares que, aquellos no son una prueba idónea para este
tipo de asuntos, pues no poseen la virtud para dejar sin efectos el dictamen expedido
por la autoridad calificadora del respectivo régimen especial. Así, se insiste que
inicialmente es la Junta Medico Laboral y el Tribunal de Revisión Militar y de Policía
los competentes para realizar la correspondiente valoración médica; y podrá
acudirse a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez para actuar como
peritos.23

2.5. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
55. El soldado regular Richard González Otalora prestó sus servicios al Ejército
Nacional así: i) servicio militar del 21 de noviembre de 2000 al 18 de septiembre de

22 Ver entre otras las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: de fecha 2 de julio de

2020, radicado 25000 23 42 000 2015 04005 01 (1717-17); del 19 de enero de 2023, radicado 50001-23-31-
000-2008-00495-01 (2998-2022); y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-2019-01980-01
(4431-2023).
23 Ver sentencias proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del 25 de enero de 2024,
radicado 81001-23-33-000-2017-00021-01 (4448 2019), y de 29 de agosto de 2024, expediente
05001-23-33-000-2019-01980-01 (4431-2023)

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2002 y cumplió los tres meses de alta el 18 de diciembre de 2002, para un total de
tiempo de servicio de 2 años y 5 días24.

56. Conforme al oficio OAP 001164 del 20 de septiembre de 2002, el demandante
fue dado de baja por incapacidad permanente parcial a partir del 18 de septiembre
de 200225.

57. Milita acta de la Junta Médica Laboral 2401 del 28 de agosto de 200226, en la
cual se valoró la capacidad laboral del actor con fundamento en el concepto emitido
por urología; en esa oportunidad se determinó que el soldado tenía una diminución
en su capacidad laboral del 16% razón por la cual fue declarado no apto para la
actividad militar, con fundamento en las siguientes conclusiones:

«IV. CONCLUSIONES:
A. DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1 VARICOCELE G III IZQUIERDA TRATADO CON MANEJO QUIRURGICO POR
UROLOGIA QUE DEJA COMO SECUELA (A) ORQUIALGIA IZQUIERDA ASOCIADA
AL EJERCICIO.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísico para
el servicio:
LE DETERMINA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
NO APTO PARA LA ACTIVIDAD MILITAR
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DIECISEIS
POR CIENTO (16%)
D. Imputabilidad del servicio
LESION 1 OCURRIDA EN EL SERVICIO PERO NO POR CAUSA NI RAZÓN DEL
MISMO LIT-A EC- SIN INFORMATIVO
E. Fijación de los correspondientes índices.
ACUERDO AL ARTÍCULO 15 DECRETO 1796 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 LE
CORRESPONDE: POR 1. NUMERAL 9-068 INDICE SEIS (6)»

58. Frente a dicho dictamen el interesado no presentó solicitud de revisión alguna,
es decir, renunció a un pronunciamiento del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía, aclarando que no resultaba obligatorio.

59. A través de la Resolución 27129 del 7 de abril de 2003, el Jefe de Desarrollo
Humano del Ejército Nacional, reconoció y ordenó el pago de una indemnización
por disminución de la capacidad laboral a favor del SLR Richard Otalora González
en cuantía de $2.717.20327

24 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip

– 01DemandaAnexos.pdf folio 50
25 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip

– 01DemandaAnexos.pdf folio 54 a 58
26 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip –

01DemandaAnexos.pdf folios 44 a 46

27 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip

– 07ExpedientePtesaciones-AutoOrdenaOficialNuevamente.pdf folios 35 - 36

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60. Se aportó al proceso junto con la demanda copia del informe médico del 3 de
agosto de 2016, suscrito por el Dr. Enrique Ayala Pérez28, a través del cual
determinó que el demandante tenía 100% de DCL, para tal efecto consideró como
antecedentes: i) la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional 2401 del 28 de agosto de 2002; ii) control por neurología del 15 de marzo
de 2016 Compensar E.P.S.; iii) historia clínica de la Clínica Nuestra Señora de la
Paz del 12 de mayo de 2016 DX. Trastorno afectivo bipolar episodio grave con sx
psicóticos, animo depresivo e irritable, con ideas de muerte con alucinaciones
auditivas; iv) control por psiquiatría del 1 de junio de 2015 del servicio de salud de
Bogotá; v) conceptos de especialistas en psicología Dra. Claudia Patricia Rubio del
29 de julio de 2014 DX. Trastorno de estrés agudo; vi) psiquiatría Dr. Oswaldo Matta
del 30 de julio de 2014. En esa oportunidad el diagnóstico asignado fue:

«6-a- Trastorno Afectivo Bipolar con Episodio Depresivo Grave con Sx Psicóticos
6-b- Trastorno Ezquiso Afectivo en Fase (palabra ilegible)
6-c- Orquialgia izquierda

7 – EVALUACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE SU CAPACIDAD LABORAL

FECHA PATOLOGÍA NUME INDIC DL DTL
ESTRUCTU- RAL E DE TOT %
RACIÓN LA AL
LESIÓ
N
2014 - 36 Enfermedad Maniaco 3-001 19 86-5 86.5
Años Depresiva Ordinal B
2001-23 Afección Unilateral De 9-060 6 16 13.5
Años Testículo
TOTAL DISCAPACIDAD 100%

8 – CONCLUSIONES
8 – a – ORIGEN DE LA ENFERMEDAD: Orquialgia en 2001 posterior a cirugía de
varicocele
8-b- IMPUTABILIDAD DEL SERVICIO: Dentro del servicio pero no se causó por causa
o razón del mismo»

61. Con el mencionado dictamen también se allegaron los documentos que
acreditan la formación académica del perito29. No obstante, no se aportaron los
soportes de orden médico en los que descansa la determinación de la pérdida de la
capacidad laboral.

62. En audiencia inicial celebrada el 31 de julio de 201830, en la etapa
correspondiente a pruebas, el a quo incorporó como prueba documental el informe
técnico aportado por el actor y que fue suscrito por el médico Enrique Ayala Pérez;
y a solicitud de la entidad demandada decretó la práctica del dictamen pericial
consistente en la valoración del demandante por parte del Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía; decisión que no fue objeto de recursos.

28 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip –

01DemandaAnexos.pdf folios 14 a 15
29 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip –

01DemandaAnexos.pdf folios 27 - 42

30 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip

– archivo 05ActaAudInicial-PruebaDoc.pdf folios 1 a 8

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63. En cumplimiento a esta orden, el día 21 de junio de 2019 el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía valoró la condición médica del actor tal como
quedó consignado en el acta M-19-622 del 21 de junio de 2019, oportunidad en la
cual le asignó un porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 16% 31; no
obstante lo anterior, en audiencia de pruebas celebrada el 1 de julio de 202132, ante
la inasistencia de los integrantes del Tribunal Médico para surtir el trámite de
contradicción del dictamen, el a quo decidió no otorgarle valor probatorio, decisión
que fue recurrida por la apoderada de la entidad demandada, sin que prosperara la
inconformidad, sustentando el ponente que no existía justificación ante la
inasistencia de los peritos y que no era posible fijar una nueva fecha para la
audiencia de pruebas, decisión que se notificó a las partes y no fue objeto de
recursos, en consecuencia se dio por concluido el periodo probatorio y se ordenó a
las partes la presentación de alegatos de conclusión.

64. Ahora bien, la Sala confirmará la sentencia apelada mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, como pasa a explicarse.

65. Sea lo primero señalar que el documento suscrito por el Dr. Enrique Ayala
Pérez en el que se determinó que el demandante tenía una disminución de
capacidad laboral del 100%, fue incorporado al proceso como prueba documental,
tal como se verifica en el acta de audiencia inicial celebrada el 31 de julio de 2018,
en consecuencia, al mismo no se le dio trámite de prueba pericial.

66. En punto al recurso de apelación, vale la pena resaltar que esta Corporación33
ha mantenido la línea jurisprudencial en el sentido de señalar las entidades que
tienen competencia legal y jurisprudencial para determinar la disminución de la
capacidad laboral y calificaciones de enfermedad o lesiones causadas a los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, a saber, las autoridades Médico –
Militares y de Policía, el Tribunal Médico Laboral de Revisión mediante el
correspondiente dictamen; y las Juntas Regionales o Nacional de Calificación de
Invalidez cuando sea requerido por la autoridad judicial -y previa valoración de la
autoridad calificadora del régimen especial correspondiente-.

67. En esa línea de consideraciones, no tiene vocación de prosperidad el cargo
formulado por el recurrente, orientado a que se le dé merito probatorio al dictamen
emitido por el médico particular Enrique Ayala Pérez, pues, existe en el plenario
calificación de la Junta Médica Laboral, la cual tenía competencia para adelantar
dicho trámite. Menos aún le asiste razón, en cuanto a que procede dicha valoración
en la medida que la entidad no practicó de manera oportuna el examen médico de
retiro, y que, en todo caso, la Junta Médica Laboral no realizó una valoración

31 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip

– archivo 12RespuestaTribunalMedicoLaboral.pdf
32 Expediente digital índice 2 de la plataforma Samai archivo ED_ONEDRIVE_1_892023(.zip) NroActua 2.zip

– archivo 24 ActaAudienciaPruebas.pdf
33 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-33-000-2015-00585-01 (0349-2017) Sentencia

de 3 de noviembre de 2022; Radicado: 05001-23-33-000-2016-01864-01 (1678-2022), sentencia de 31 de
agosto de 2023; Radicado:05001-23-33-000-2019-01980-01 (4431-2023) Sentencia de 29 de agosto de 2023,
entre otras.

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Demandante: Richard Otálora González

integral de las patologías. Ello, por cuanto tales omisiones no tienen la virtud de
invalidar la calificación del 16% de pérdida de capacidad laboral emitida por la Junta
Médico Laboral, y de contera otorgar pleno valor a la calificación del 100% de PCL,
sustentada por el médico particular en comento, en tanto el Decreto 1796 de 2000,
no dispuso tales efectos ante la posible omisión de la entidad en sus deberes.

68. Lo anterior no implica vulneración de derecho fundamental alguno al actor, y
tampoco el desconocimiento de principios constitucionales; pues, el actor contó con
las garantías procesales correspondientes para aportar pruebas con miras a
demostrar los hechos que alega, no obstante, el medio documental aportado como
sustento de las pretensiones, no tiene la capacidad de desvirtuar las conclusiones
arrojadas por la Junta Médico Laboral, más si se tiene en cuenta que esta última
autoridad sustentó las razones de la calificación asignada, destacando que el
medico particular valoró otras patologías que no fueron objeto de calificación para
el momento de la prestación del servicio, de manera que sobre estas no existía
certeza que tuvieran relación con la actividad militar, desconociendo a que riesgos
o situaciones se pudo someter el actor con posterioridad a su retiro de la entidad.

69. Es de resaltar que, aún si se valorara la prueba en mención, la misma no cuenta
con los estándares mínimos requeridos para establecer dicha pérdida de capacidad
laboral; nótese que, aunque se concluye un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del 100%, el médico Ayala Pérez no sustenta a que se debe dicho aumento,
y no adjunta los soportes médicos de valoraciones actualizadas realizadas para el
momento de la emisión de dicho dictamen, esto es, para el año 2016. A lo que se
suma, que las conclusiones emitidas son generales y se insiste, no permiten
determinar la razón del aumento del mentado porcentaje de PCL.

70. En este punto conviene precisar que el demandante fue valorado por la Junta
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el 28 de agosto de 2002 y la
valoración aportada con la demanda data del 3 de agosto de 2016, esto es 13 años
después, sin que exista certeza de que las lesiones y patologías diagnosticadas por
el médico Ayala Pérez tuvieran origen en la prestación del servicio militar, pues se
desconocen las circunstancias a las que por 13 años estuvo expuesto el
demandante.

71. En consecuencia, para la Sala la anterior prueba no está debidamente
fundamentada, sus conclusiones no son firmes ni convincentes, y por el contrario
existe la valoración de la Junta Medico Laboral, la cual no ha podido ser
desvirtuada.

72. Respecto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad que refiere el
recurso de apelación, tampoco estima la Sala que dicho cargo tenga vocación de
prosperidad, dado que, aun cuando se trae a colación providencias dictadas por
esta Corporación en asuntos similares al analizado; lo cierto es que, tal como se
explicó en el marco normativo y jurisprudencial que antecede, esta Sección de
manera sostenida ha señalado que en principio es la valoración médica emitida por
la respectiva fuerza, la que determina la pérdida de capacidad, siendo posible

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recurrir a las juntas de calificación de invalidez para tal efecto, en la medida que
sea decretada la prueba en sede judicial; lo cual no impide que la parte actora
aporte otro material probatorio que sustente sus pretensiones, frente al cual debe
surtirse la correspondiente contradicción atendido las disposiciones normativas
aplicables.

73. Así las cosas, esta Sala estima que la sentencia de primera instancia se ajusta
a derecho, en orden a que el único dictamen sobre el porcentaje de la capacidad
laboral del señor Richard Otalora González, como soldado regular ® del Ejército
Nacional es el proferido por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar, la cual fue
no fue objeto de revisión y que determinó que tenía un porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral del 16%; sin que la valoración emitida por el médico particular y
su correspondiente calificación, tengan la entidad suficiente para desplazar la
competencia que le ha sido otorgada a las autoridades ya mencionadas.

3. Conclusión
74. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, toda vez que las pruebas allegadas y practicadas
en el expediente demuestran que el accionante no cuenta con el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral necesario para ordenar el reajuste de la mesada
reconocida.

4. Condena en costas en segunda instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

78. En consecuencia, se impondrán costas al señor Richard Otalora González por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado

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Demandante: Richard Otálora González

ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda, en
atención a lo dispuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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