Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00482-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00482-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-00482-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2019 00482 00 (0747-2025)
Demandante: Leonardo Muriel Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Pensión de invalidez en miembros de la Fuerza Pública. Validez
de los dictámenes médicos laborales. Competencia para
determinar la disminución en la capacidad laboral. Ley 1437 de
2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1.La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El señor Leonardo Muriel Córdoba, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la existencia y nulidad del acto ficto negativo producto del silencio
de la entidad demandada respecto de la petición de reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización. A título de restablecimiento
del derecho se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión por
sanidad o invalidez en cuantía del 75% de lo devengado por concepto de salario al
momento del retiro y de la indemnización plena o reajuste de la indemnización,
según corresponda.
3.Finalmente, que las sumas reconocidas sean indexadas y actualizadas; pagar el
equivalente a 100 SMLMV como reparación por los perjuicios causados y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. El SLP ® Leonardo Muriel Córdoba prestó sus servicios al Ejército Nacional y fue
retirado en condiciones de discapacidad médico laboral según el acta médica que
se aporta al proceso. Las lesiones que dieron origen a la discapacidad en comento
son sustancialmente graves al punto que lo mantienen al margen del desempeño
de cualquier actividad laboral en el sector privado; y conforme a las pruebas de
orden científico y médico laboral allegado al proceso tuvieron origen en la prestación
del servicio.
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Demandante: Leonardo Muriel Córdoba
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228
229 y 230 de la Constitución Política; el artículo 9 del Código Sustantivo de Trabajo;
el artículo 3 numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004; el artículo 2 del Decreto 1157 de
2014 y el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004.
6. El demandante ingresó al Ejército Nacional en óptimas condiciones de salud,
ejecutó tareas bajo el mando directo de Oficiales y Suboficiales en actividades
propias de la seguridad de todos los ciudadanos, razón por la cual no es justo que
su retiro se produzca en condición de discapacidad médico laboral. A los miembros
de la Fuerza Pública les asiste el derecho a la protección y vigilancia de sus
condiciones sanitarias, más aún cuando con ocasión a la prestación del servicio
adquieren una enfermedad o lesión. Finalmente. agregó que el acta de la Junta
Médico Laboral no contiene todas las lesiones que padece y que progresivamente
han deteriorado su condición médica.
1.4. Contestación de la demanda2
7. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por
intermedio de apoderada se opuso a las pretensiones incoadas por carecer de
sustento fáctico y jurídico, estimando que por el contrario el acto demandado se
ajusta a derecho teniendo en cuenta que la Junta Médica Laboral actuó conforme a
la normatividad vigente y calificó las lesiones bajo su criterio y experiencia.
8. Sostuvo que el demandante no cumple con el porcentaje determinado en la ley
para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez (75%), toda vez que la
Junta Médico Laboral de Sanidad del Ejército Nacional le fijó un 12.5% de DCL.
Finalmente señaló que el dictamen aportado con la demanda no cumple con los
requisitos exigidos en la norma para efectos de determinar la disminución de la
capacidad laboral, toda vez que las únicas autoridades con competencia para actuar
en este tipo de procesos corresponden a las autoridades médicas de la entidad o
de manera excepcional las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez.
1.5. Sentencia de primera instancia3
9. En sentencia proferida el 12 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
a la parte vencida. Con fundamento en el recuento normativo, jurisprudencial y
probatorio pertinente, concluyó que para el reconocimiento de la pensión de
invalidez el demandante debía acreditar un porcentaje de disminución de la
capacidad laboral del 50%, requisito que no logró cumplir toda vez que el dictamen
allegado con la demanda no fue considerado como medio de prueba por no cumplir
los requisitos exigidos en la norma para tal fin.
10. Explicó que conforme al acta de la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad 64022 del 30 de octubre de 2013, el actor acredita un porcentaje de pérdida
de la capacidad laboral del 12.5%, además fue declarado apto para el servicio
militar, con la recomendación de no patrullar en áreas endémicas de Leishmaniasis,
en consecuencia, no tiene derecho a la pensión reclamada.
11. En punto al reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad
psicofísica, indicó que no se trata de una prestación de carácter periódico, de
manera que la acción que se pretenda ejercer está sometida al término de
2 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
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3 Expediente digital primera instancia índice Samai 36
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Demandante: Leonardo Muriel Córdoba
caducidad, en ese orden, el demandante debió controvertir la Resolución 177747
del 9 de junio de 2014, sin que exista en el plenario pretensión tendiente a cuestionar
la validez del mencionado acto.
1.6. Recurso de apelación4
12. A través de apoderado, el señor Leonardo Muriel Córdoba solicitó revocar la
decisión de primera instancia, con tal fin argumentó que en dictamen médico del 30
de octubre de 2015 el galeno Enrique Ayala Pérez, le otorgó un 75.04% de DCL,
que le da derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez en los términos
ordenados en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014.
Aclaró que lo anterior obedeció a la existencia de nuevos hechos en su condición
de salud, lo que justifica el incremento de dicho porcentaje.
13. Agregó que en la valoración de la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar no
se realizó un examen integral de su condición médica, puesto que se limitó a
analizar las condiciones de aptitud para el servicio militar, contrario a lo ocurrido con
el examen realizado por el médico Enrique Ayala Pérez, que si fue exhaustivo ante
la existencia de nuevos hechos que afectaron su salud y la evolución de algunas
patologías; medio de prueba que se encuentra revestido de presunción de
legitimidad y que cumple los requisitos exigidos en la ley para su validez.
14. Se refirió al derecho a la asistencia y tratamiento médico continuos y sin
interrupción de miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares y de Policía,
al principio de integralidad, de evaluación de las patologías por el paso del tiempo,
y a la libertad probatoria.
15. Reiteró la pretensión relacionada con el pago de la indemnización como
consecuencia del registro de nuevas patologías en su condición de salud, motivo
por el cual considera no está sometido a término de caducidad ni a la exigencia del
requisito de conciliación prejudicial. Concluyendo entonces que, la sentencia
vulnera el debido proceso y atenta contra los principios de congruencia y legalidad,
así mismo constituye una violación directa e indirecta de la norma sustancial y
desconoce la jurisprudencia de la jurisdicción.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
16. Por auto calendado el 28 de marzo de 2025, se admitió el recurso de apelación5.
En el término concedido para el efecto, las partes, el agente del Ministerio Público
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio.
17. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
4 Expediente digital primera instancia índice 39 Samai
5 Expediente segunda instancia índice 4 de la plataforma Samai
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
18. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si le asiste o no derecho al
demandante al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, teniendo en
cuenta para tal efecto el dictamen médico allegado con la demanda que le asignó
un 75.04% de PCL; así como al reconocimiento o reajuste de la indemnización a
que tenga derecho.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión de invalidez y su regulación para los miembros de las
Fuerzas Militares
19. La Ley 100 de 1993, que contempla el régimen general de pensiones,
determinó en sus artículos 38 y 398 los requisitos y el monto de la pensión de
invalidez y señaló las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los
regímenes del sistema; no obstante, en su artículo 2799 excluyó de su aplicación,
entre otros, a los miembros de las Fuerza Militares y de Policía, así como al personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, salvo lo que se vincularan a partir de la
vigencia de la mentada ley 100.
20. Los citados miembros de la Fuerza Pública, como ya lo ha mencionado esta
Corporación, se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento
reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la
prestación del servicio que tienen a su cargo.
21. Sobre el particular, es pertinente poner de presente que en los Decretos 2728
de 196810 y 1836 de 197911 se estableció la pensión por invalidez para los miembros
de la fuerza pública, y se determinaron los requisitos y porcentajes de pérdida de
capacidad laboral para su reconocimiento.
22. Mas adelante, a través del Decreto 094 de 198912, se establecieron los distintos
procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de
la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento; específicamente
frente a los soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, la citada norma dispuso
en su artículo 90 los términos del reconocimiento pensional de invalidez, con la
exigencia mínima del 75% de la disminución de la capacidad sicofísica.
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
8 Modificado por la Ley 860 de 2003.
9 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas.». (Subrayas fuera del texto).
10 «por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares»
11 «Por el cual se terminan las normas relativas a la Capacitación Sicofísicas, las incapacidades, invalideces e
indemnizaciones en el personal de Oficiales, y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional».
12 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones
del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes,
Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional»
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23. Igualmente, el Decreto 1796 del 200013, proferido por el presidente de la
República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del
2000, estableció la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública,
alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica,
así:
«Artículo 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales,
agentes, y personal del nivel ejecutivo de la policía nacional. Cuando mediante Junta Médico-
Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal
a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una
pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto
el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen
la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por
ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por
ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al
75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
Parágrafo 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia
de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las
normas pertinentes del decreto 094 de 198914
Artículo 39. Liquidación de pensión de invalidez del personal vinculado para la prestación
del servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales. Cuando el personal de que
trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida
igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad,
a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:
[…]
Parágrafo 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al
75% no se generará derecho a pensión de invalidez.» (Subrayas de la Sala).
24. La citada norma entró en vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la
pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica
del 75%, y el monto pensional en el mismo porcentaje (75%) de las partidas
computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia y en su artículo
48 transitorio15 estableció que hasta que no se expidiera la correspondiente
reglamentación el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral
e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella
fuera expedida.
13 «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
14 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970 del 21
de octubre del 2003, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra.
15 «[…] Articulo 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la
valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad
psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y
afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la
misma norma […]».
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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25. Posteriormente, a través de la Ley 923 del 200416, artículo 3.º, se dispusieron
elementos mínimos para el reconocimiento de las asignaciones de retiro, de las
pensiones de invalidez y sus sustituciones, de la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.
Específicamente frente a la pensión de invalidez se dispuso lo siguiente:
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y
sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los
miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como
mínimo los siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo
en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza
Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las
leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las
circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral
inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al
cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro. […]».
26. Es importante indicar que la citada norma en su artículo 6.º estableció efectos
retroactivos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia y de invalidez
frente a hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad, desde el 7 de
agosto del 2002, la cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
en sentencia C–924 del 2005, que la declaró exequible.
27. En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del
200417, que en sus artículos 30 y 32 consignó los requisitos específicos que deben
cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión
de invalidez. El primero, consagró el derecho al Reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez cuando los organismos competentes califican una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo; mientras que
el segundo, reguló el reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente
parcial en combate o actos meritorios del servicio a los sujetos allí definidos que
pierdan su capacidad de trabajo en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior
al 75% en combate, actos meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en
tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del
servicio.
28. Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de
febrero de 2013, dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00
(1238–2007), declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al considerar
que, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de
2004, el Gobierno Nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular
la materia al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, a través de
providencia de 23 de octubre de 2014, dentro del proceso radicado 11001-03-25-
000-2007-00077-01 (1551–2007) la Sección Segunda de esta Corporación18
declaró la nulidad de todo el artículo.
16 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
17 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.”
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 23 de octubre de
2014, expediente 1551-2007. La nulidad en comento se sustentó en lo siguiente: «Como surge del análisis
conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1,
30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral
“igual o superior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Leonardo Muriel Córdoba
29.Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
1157 de 2014, «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la
Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza
Pública», norma que entró en vigencia el 24 de junio de 201419 y en cuyo artículo
2.º consagró los requisitos para el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:
«Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Acta
de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada
por los organismos médico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo,
Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%)
ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los
tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad,
a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio
de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada
de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las
partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858
de 2012; así:
2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o
superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento (75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual
o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual
o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su equivalente en la
Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales, previstas en el
Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al
Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por invalidez
requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida, condición
ésta, que será determinada por los organismos médico laborales militares y de policía del
Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la mesada pensional se aumentará en un veinticinco
por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de ésta pensión, se descontará éste porcentaje
adicional […]».
30. El escenario descrito conduce a concluir que, actualmente, los requisitos de
reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se
encuentran contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3.º de la Ley 923 de 2004 así
como en el artículo 2.º del Decreto Reglamentario 1157 de 2014. En este punto bien
vale la pena citar la sentencia de 15 de agosto de 2019, proferida por esta
Subsección, dentro del proceso 25001-23-42-000-2012-01404-01 donde se
establecieron algunas pautas de interpretación de las normas citadas, como son:
Pública, esos tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para
ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese
inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de
fundamento, debido a que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que
le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de liquidación de la pensión
de invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues estas
también parten del supuesto de la existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón,
resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza
por cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser
liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que
sirve de base al descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se
ordenan en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
19 Publicado en el diario oficial 49193 de 2014.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2019 00482 01 (0747-2025)
Demandante: Leonardo Muriel Córdoba
«i) La exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a efectos de
acceder al derecho a la pensión de invalidez.
ii) La pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por lesiones o afecciones
médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, lo que no significa que tenga que estructurarse
propiamente durante aquel pues hay que considerar que, por la progresividad de ciertas
patologías, es perfectamente posible que la merma de capacidad sicofísica aumente con el paso
del tiempo. En otras palabras, el sistema de aseguramiento que proporciona la respectiva
institución de cara a la contingencia de invalidez, le otorga cobertura al empleado durante el
tiempo que permanezca vinculado en servicio activo y por los eventos que se presenten o se
desarrollen a lo largo de éste, sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente
en el mismo periodo.
iii) La calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, de manera que incluya todos
los factores discapacitantes. Esto significa que no hay lugar a la exclusión de ninguno de ellos en
razón de su origen; de lo contrario se correría el riesgo de negar, por distinciones meramente
formales, el derecho pensional a aquellos individuos cuyas reales condiciones físicas dan cuenta
de una invalidez material».
2.3.2. La valoración de la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la
Fuerza Pública y el alcance del dictamen aportado por la parte demandante
31. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en el artículo 21 del Decreto
094 de 1989 se determinó que la capacidad sicofísica del personal de la Fuerza
Pública debe ser establecida por las autoridades médico militares y de Policía, entre
ellas la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, cuya finalidad es «llevar a un
diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad
laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones
cuando a ello hubiere lugar.»
32. Además, que las decisiones al respecto tienen que basarse «en la ficha de aptitud
sicofísica, ordenada para tal efecto, el examen clínico general correctamente ejecutado, los
antecedentes remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las
lesiones o afecciones basados en concepto escritos de especialistas».
33. No sobra advertir que el Decreto 1352 de 201320 exceptuó de su aplicación «el
régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación
que soliciten a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como
peritos.
34. A su vez, en el artículo 52 del mentado decreto, se dispuso que los dictámenes
sobre el origen y la pérdida de capacidad laboral, entre otros, del personal de las
Fuerzas Militares y de Policía, serán calificados por los profesionales o entidades
calificadoras del respectivo régimen especial, esto es, por la Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad Militar y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía. Y solo después de surtido dicho trámite, es que las Juntas Regionales
tendrán competencia para emitir su dictamen, aspecto sobre el cual se ha referido
esta Corporación en providencias anteriores.21
35. Importante resaltar que en el régimen especial de las Fuerzas Militares y de
Policía, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000, le corresponde al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía decidir en última instancia
las reclamaciones que surjan contra las determinaciones de las Juntas Médico-
Laborales y como consecuencia de ello puede ratificar, modificar o revocar tales
decisiones, es decir, que existe un órgano competente al que se debe acudir para
20 Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se
dictan otras disposiciones. Compilado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
21 Ver entre otras las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: de fecha 2 de julio de
2020, radicado 25000 23 42 000 2015 04005 01 (1717-17); del 19 de enero de 2023, radicado 50001-23-31-
000-2008-00495-01 (2998-2022); y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-2019-01980-01
(4431-2023).
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Radicado: 05001 23 33 000 2019 00482 01 (0747-2025)
Demandante: Leonardo Muriel Córdoba
determinar la pérdida de la capacidad psicofísica de un miembro de la fuerza
pública.
36. En esa línea interpretativa, es posible que se presenten como pruebas al juez
tanto las actas de Junta Medico Laboral y del Tribunal de Revisión Militar y de
Policía, como los dictámenes emitidos por la Juntas de Calificación de Invalidez
frente a personal de la Fuerza Pública, prueba esta última que también puede ser
valorada por el operador judicial, debiendo siempre sustentar los motivos por los
cuales una le ofrece mayor certeza, y teniendo en cuenta para el efecto, lo dispuesto
respecto a los medios de prueba y su valoración.
37. En punto a los dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral
proferidos por médicos particulares, es pertinente señalar que, en consonancia con
lo que se expuso en párrafos anteriores, la Sección Segunda de esta Corporación
ha concluido en asuntos similares que, aquellos no son una prueba idónea para este
tipo de asuntos, pues no poseen la virtud para dejar sin efectos el dictamen
expedido por la autoridad calificadora del respectivo régimen especial. Así, se
insiste que inicialmente es la Junta Medico Laboral y el Tribunal de Revisión Militar
y de Policía los competentes para realizar la correspondiente valoración médica; y
podrá acudirse a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez para actuar
como peritos.22
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
38. El SP Leonardo Muriel Córdoba prestó sus servicios al Ejército Nacional como
soldado regular del 15 de agosto de 2006 al 16 de mayo de 2008; alumno soldado
profesional del 30 de agosto de 2008 al 31 de octubre de 2008 y como soldado
profesional desde el 11 de noviembre de 2008; se conoce del contenido de ese
documento que, para el 21 de noviembre de 2013, prestaba sus servicios en el
Batallón de Combate Terrestre 81 CT. Antonio María Caba23.
39. El jefe del estado mayor de la séptima división del Ejército Nacional el día 29 de
julio de 2019, certificó que el SP Leonardo Muriel Córdoba se encontraba en servicio
activo adscrito al Batallón A.S.P.C. 16 “TE William Ramírez”24; sin que milite en el
plenario prueba que dé cuenta que el demandante a la fecha se encuentre retirado
del servicio.
40. Obra acta de la Junta Médica Laboral 64022 del 10 de octubre de 201325, en
la cual se valoró la capacidad laboral del actor con fundamento en el concepto
emitido por medicina general; en esa oportunidad se determinó que tenía un 12.5%
de DCL, fue declarado apto para el servicio y se recomendó no patrullar en áreas
endémicas de leishmaniasis, en esa oportunidad las conclusiones de la Junta fueron
las siguientes:
«IV. CONCLUSIONES:
A. DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1). LEISHMANIASIS CUTANEA EN TRES EPISODIOS VALORADO POR MEDICINA GENERAL
QUE DEJA COMO SECUELA A) CICATRIZ EN BRAZO CON DEFECTO ESTETICO
MODERADO SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL FIN DE LA TRANSCRIPCION-
22 Ver sentencias proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del 25 de enero de 2024, radicado 81001-
23-33-000-2017-00021-01 (4448 2019), y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-2019-01980-
01 (4431-2023)
23 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folio 20
24 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folio 118
25 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folios 16 - 18
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B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica para el
servicio.
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
APTO. SE RECOMIENDA NO PATRULLAR EN AREAS ENDEMICAS DE LEISHMANIASIS
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DOCE PUNTO CINCO
POR CIENTO (12.5%)
D. Imputabilidad del Servicio
AFECCION-1 SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL, LITERAL (B) (EP)
E. Fijación de los correspondientes índices
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 47, DECRETO 0094 DEL 11 DE ENERO DE 1989, LE
CORRESPONDE POR: 1A) NUMERAL 10-004, LITERAL (B) INDICE CINCO (5)»
41. Frente a dicho dictamen el interesado no presentó solicitud de revisión alguna,
es decir, renunció a un pronunciamiento del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía, aclarando que no resultaba obligatorio.
42. La Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional con fundamento en
el expediente 215113 de 2014, a través de la Resolución 177747 del 9 de junio
de 2014, reconoció a favor del actor la suma de $5.522.910 por concepto de
indemnización por disminución de la capacidad laboral26.
43. Así mismo se aportó al proceso junto con la demanda copia del dictamen
médico del 30 de octubre de 2015 suscrito por el Médico Enrique Ayala Pérez27 a
través del cual determinó que el demandante tenía un 75.04%% de DCL, para tal
efecto consideró como antecedentes la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional 64022 del 10 de octubre de 2013; audiometría del 22
de julio de 2015 Hospital Militar de Medellín DX. hipoacusia neurosensorial bilateral,
acufenos bilaterales y trauma acústico; audiometría del 27 de noviembre de 2014
Dra. Yolanda Quintero Ávila DX. Hipoacusia neuro sensorial O.D. 45 DB y O.I. 55
DB; psiquiatría del 2 de diciembre de 2013 Dr. Oswaldo Matta DX. trastorno por
estrés postraumático severo, cefalea crónica postraumática; psiquiatría del 17 de
julio de 2015; hemorroides 28 de octubre de 2013 y electrocardiograma del 5 de
junio de 2015, con fundamento en dichos medios de prueba se llegó a las siguientes
conclusiones:
«3-DIAGNOSTICOS
3-a- HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL
3-b- ACUFENOS BILATERALES
3-c- CICATRIZ QUELOIDE EN BRAZO DERECHO SECUELAS DE LEISMANIASIS
3-d- HEMORROIDES GRADO III PENDIENTE CIRUGIA
3-e- HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA, SOPLO MITRAL SISTOLICO
3-f- TRASTORNO POS ESTRÉS POSTRAUMATICO
4- PRONOSTICO
4-a- LA LEISMANIASIS CUTANEA dejo como secuelas definitivas e irreversibles cicatrices
deformantes en el sitio de la inoculación
4-b- LOS ACUFENOS Y SORDERA, fueron causados con ocasión del servicio por su profesión y los
riesgos laborales a que está expuesto, ruido en forma permanente generalmente de impacto, que
genera trauma acústico. Estas lesiones son permanentes e irreversibles.
4-c- LAS HEMORROIDES son patologías vasculares y por el grado y duración de las mismas el
único tratamiento que puede corregir esta patología es la cirugía denominada hemorroidectomia
4-d- la tensión que produce las patologías adquiridas a temprana edad, las limitaciones laborales
que le generaron estas patologías y el incierto en poderse vincular al mercado laboral, general la
alteración de la esfera psíquica y por ende el stress postraumático.»
44. Con el mencionado dictamen no se aportaron los documentos que acreditan la
formación académica y experiencia profesional del médico Enrique Ayala Pérez
quien suscribe el documento, así como tampoco los antecedentes médicos que se
26 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folio 154 y 189
27 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folios 12 - 14
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consideraron para su elaboración, por esta razón en audiencia inicial celebrada el 3
de diciembre de 201928, el a quo se abstuvo de tener como prueba el informe pericial
aportado con la demanda, decisión que una vez notificada a las partes no fue objeto
de recursos razón por la cual quedó debidamente ejecutoriada y en firme.
45. Con la demanda se aportó copia de resumen de historia clínica del 2 de
diciembre de 2013 suscrita por el médico psiquiatra Oswaldo Matta29, reporte de
colonoscopia total del 28 de octubre de 201330, extracto de la historia clínica31.
46. Ahora bien, la Sala confirmará la sentencia apelada mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, como pasa a explicarse.
47. En punto al recurso de apelación, vale la pena resaltar que esta Corporación32
ha mantenido la línea jurisprudencial en el sentido de señalar las entidades que
tienen competencia legal y jurisprudencial para determinar la disminución de la
capacidad laboral y calificaciones de enfermedad o lesiones causadas a los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, a saber, las autoridades Médico –
Militares y de Policía, el Tribunal Médico Laboral de Revisión mediante el
correspondiente dictamen; y las Juntas Regionales o Nacional de Calificación de
Invalidez cuando sea requerido por la autoridad judicial -y previa valoración de la
autoridad calificadora del régimen especial correspondiente-.
48. En esa línea de consideraciones, no tiene vocación de prosperidad el cargo
formulado por el recurrente, orientado a que se le dé merito probatorio al informe
médico emitido por el galeno particular Enrique Ayala Pérez, pues, dicho
documento no fue incorporado al expediente como medio de prueba, tal como se
consignó en el acta de audiencia inicial celebrada el 3 de diciembre de 2019,
decisión que una vez notificada a las partes no fue objeto de recursos, razón por la
cual se encuentra debidamente ejecutoriada. Por tanto, para la Sala no tiene
sustento alguno que el actor con el recurso insista en la valoración de dicho
dictamen particular, siendo que cuando fue excluido como medio de prueba no
presentó ninguna oposición o recurso.
49. En ese orden de ideas y conforme a lo probado en el expediente, la Junta
Médico Laboral de Sanidad Militar en acta 64022 del 10 de octubre de 2013,
determinó que el demandante tenía una disminución en su capacidad laboral del
12.5%, autoridad médica que tenía competencia para adelantar dicho trámite; en
ese orden, la valoración en conjunto del material probatorio aportado, teniendo en
cuenta las reglas de la sana crítica, como se explicó, llevan a establecer que no se
logró demostrar por la parte actora el porcentaje mínimo exigido frente a los
miembros de las fuerzas militares y de policía, para obtener la pensión de invalidez,
a saber, un 50% de PCL; concluyendo así esta Subsección, que no se incurrió en
una indebida valoración como se alude en la alzada.
28 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folios 218 - 221
29 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folios 24 - 26
30 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folio 28
31 Expediente digital primera instancia índice samai 43 - archivo 18ED_OneDrive_9_532025zip(.zip) – 01.
CUADERNO PRINCIPAL 0482.pdf folios 29 - 47
32 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-33-000-2015-00585-01 (0349-2017) Sentencia
de 3 de noviembre de 2022; Radicado: 05001-23-33-000-2016-01864-01 (1678-2022), sentencia de 31 de
agosto de 2023; Radicado:05001-23-33-000-2019-01980-01 (4431-2023) Sentencia de 29 de agosto de 2023,
entre otras.
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50. Lo anterior no implica vulneración de derecho fundamental alguno al actor, y
tampoco el desconocimiento de principios constitucionales; pues, aquel contó con
las garantías procesales correspondientes para aportar pruebas con miras a
demostrar los hechos que alega, no obstante, el medio documental aportado como
sustento de las pretensiones, no tiene la capacidad de desvirtuar las conclusiones
arrojadas por la Junta Médico Laboral, más si se tiene en cuenta que la autoridad
médica de la entidad sustentó las razones de la calificación asignada y el
documento que soporta las pretensiones fue excluido como medio de prueba en
atención a que no cumplía con los requisitos exigidos en la ley para tal fin.
51. En punto al cargo de vulneración del principio de congruencia, no está probado,
por el contrario, se advierte que la decisión emitida por el tribunal atendió a las
pretensiones de la demanda, distinto es que las mismas no prosperarán. Y menos
aún, se observa desconocimiento del principio de legalidad, aspecto que valga
resaltar, se menciona de paso en el recurso sin profundizar en las razones por las
que estima tal trasgresión.
52. Respecto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad que refiere el
recurso de apelación, tampoco tiene vocación de prosperidad, dado que, aun
cuando se trae a colación providencias dictadas por esta Corporación en asuntos
similares al analizado, lo cierto es que, tal como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial que antecede, esta Sección de manera sostenida ha señalado que
en principio es la valoración médica emitida por la respectiva fuerza, la que
determina la pérdida de capacidad, siendo posible recurrir a las juntas de
calificación de invalidez para tal efecto, en la medida que sea decretada la prueba
en sede judicial; lo cual no impide que la parte actora aporte otro material probatorio
que sustente sus pretensiones, frente al cual debe surtirse la correspondiente
contradicción atendido las disposiciones normativas aplicables.
53. Así las cosas, esta Sala estima que la sentencia de primera instancia se ajusta
a derecho, en orden a que el único dictamen sobre el porcentaje de la capacidad
laboral del señor Leonardo Muriel Córdoba, como soldado profesional ® del Ejército
Nacional es el proferido por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar; sin que la
valoración emitida por el médico particular y su correspondiente calificación, tengan
la entidad suficiente para desplazar la competencia que le ha sido otorgada a las
autoridades ya mencionadas, más aún si se tiene en cuenta que no se encuentra
incorporado al expediente como medio de prueba.
54. Finalmente, respecto al reajuste de la indemnización reconocida como
consecuencia de la disminución de la capacidad laboral, se tiene que el tribunal
consideró que debió demandarse el acto que le había reconocido tal derecho –lo
cual no se hizo-, y que, en todo caso, frente a este aplica la figura de la caducidad,
pues se trata de una prestación unitaria más no periódica. Pues bien, el recurrente
cuestiona la decisión considerando que, no es exigible demandar dicho acto y
menos aún aplicar la caducidad, en tato el reclamo deriva de la modificación del
porcentaje de la calificación de la pérdida de capacidad laboral; sin embargo, tal
como lo sostuvo el tribunal, la indemnización en comento es independiente del
reconocimiento de la pensión de la pensión de invalidez, y mientras esta última tiene
connotación de prestación periódica, la indemnización es un pago unitario, y por
ende si se requiere que se demande la legalidad del acto que la reconoció y es
necesario verificar si operó o no la caducidad, tal como de manera pacífica lo ha
sostenido esta Corporación. Así entonces, no hay lugar a revocar en este sentido la
sentencia.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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2.5. Conclusión
55. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, toda vez no se logró acreditar el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral mínima exigida para obtener el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, esto es, del 50%.
2.6. Condena en costas en segunda instancia
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En consecuencia, se impondrán costas al señor Leonardo Muriel Córdoba por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, en
atención a lo dispuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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