Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02525-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02525-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-02525-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Tema: Pensión de invalidez. Fuerza Pública. Requisitos de
reconocimiento pensional. Calificación de la invalidez.
Organismos Médico-Militares y de Policía. Dictámenes rendidos
por médicos particulares.
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones de la demanda, tras corroborar que no se demostró
el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión
reclamada
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 11 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El 16 de marzo de 2016, el señor Willintong Horta Polania por conducto de
apoderado judicial presentó demanda1 contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, para obtener la nulidad del acto administrativo ficto
producto del silencio negativo respecto de una petición de reconocimiento y pago
de una pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por pérdida de
capacidad laboral.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de invalidez en cuantía equivalente al 50 % del salario devengado por
un cabo tercero a partir de la fecha de retiro de la institución, así como de la
indemnización correspondiente o en su defecto, el reajuste de conformidad con la
pérdida de capacidad laboral dictaminada por el médico especialista en salud
ocupacional aportado con la demanda. Aunado a ello, reclamó el pago de 100
salarios mínimos por concepto de perjuicios.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que prestó sus
servicios al Ejército Nacional y que durante ese tiempo adquirió la condición de
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
discapacidad que actualmente padece, la cual fue calificada en un 60,33 %2 por un
médico especialista en salud ocupacional y en administración en salud y seguridad
social. Indicó que debido a su condición se encuentra imposibilitado para
desempeñar cualquier actividad laboral. Asimismo, afirmó que desde su retiro no ha
recibido la atención médica que requiere.
4. En cuanto a la vulneración alegada3 sostuvo que durante su vinculación a
la institución militar se presentaron diversas circunstancias que incidieron
negativamente en su estado de salud y su calidad de vida. Afirmó que resulta
inequitativo que tras haber prestado sus servicios a la patria no haya retornado a la
vida civil en las mismas condiciones en las que ingresó, ni le hayan sido reconocidos
los emolumentos a los que considera tener derecho, en particular, la pensión de
invalidez y la indemnización por pérdida de capacidad laboral.
5. Señaló que en el acta de la Junta Médico Laboral que le realizaron no se
consignaron la totalidad de patologías que padece, las cuales, según afirma han
presentado deterioro progresivo.
6. Sostuvo que de conformidad con la Ley 923 de 2004 y los Decretos 4433
de 2004 y 1157 de 2014, cumple con los requisitos para acceder tanto a la pensión
de invalidez como a la indemnización por pérdida de capacidad laboral, toda vez
que su disminución psicofísica fue calificada en 60,33 %.
7. Finalmente, manifestó que tratándose de derechos ciertos e indiscutibles no
era exigible el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y en todo
caso le era aplicable el término de prescripción cuatrienal.
Contestación de la demanda
8. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional se opuso a
las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de inexistencia de
ilegalidad o nulidad de los actos demandados, carencia del derecho del demandante
e inexistencia de la obligación de la demandada, presunción de legalidad y toda
aquella que resultara probada y en beneficio de los intereses de la entidad.
9. Manifestó que de conformidad con el Decreto 4433 de 2004, el señor Horta
Polania no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión reclamada, pues la
norma exige la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75 % y tratándose
de incapacidades permanentes parciales ocurridas en combate o actos meritorios
del servicio entre el 50 % y el 75 %, mientras que el índice de disminución psicofísica
asignado al demandante fue de 34,89 %.
10. Sostuvo que los dictámenes médico-laborales en comento solo evalúan la
actividad militar o policial, sin que la declaratoria de pérdida de capacidad pueda ser
entendida para todos los campos del ejercicio laboral.
2 Como padecimientos mencionó «alteraciones movimientos del cuello [21,5] […] depresivo recurrente – estrés
traumático analogía [9,42] […] lesiones columna lumbar [8,63] […] trauma hallux derecho – analogía [6,64] […]
acufenos OI [5,38] […] hipoacusia OI [4,60] […] cicatriz deformante [4,16]».
3 Invocó como normas violadas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la
Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la Ley 923 de 2004; 32 del Decreto 4433 de
2004; y 2 del Decreto 1157 de 2014.
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Demandante: Willintong Horta Polania
11. Igualmente presentó objeciones al dictamen particular allegado al proceso.
Indicó que hubo incumplimiento del objeto del peritazgo y falta de rigor científico,
pues la definición de la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pública con
fines prestacionales solo puede ser determinada por las autoridades que legalmente
han sido habilitadas para ello, a partir de ciertos criterios laborales y de salud
ocupacional propios de la actividad castrense o policial.
12. Precisó que no se dieron los presupuestos y requisitos de validez del
CPACA y el CGP frente al dictamen en comento, existiendo uno previo que versa
sobre los mismos puntos y practicado por las autoridades de sanidad militar con
audiencia de las partes.
Sentencia apelada
13. Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo
de Antioquia declaró la nulidad del acto ficto negativo, ordenó el reconocimiento y
pago de una pensión de invalidez en los términos del Decreto 4433 de 2004 y negó
las demás pretensiones.
14. Para ello, el tribunal sostuvo que de acuerdo a la fecha de los hechos que
generaron las lesiones invalidantes (29 de abril de 2007), así como la naturaleza de
estos (explosión de un artefacto explosivo improvisado (AEI) activado a través de
un mando a distancia, durante un desplazamiento táctico de la tropa a la que
pertenecía el demandante4), resultaba aplicable el Decreto 4433 de 2004,
concretamente su artículo 32, según el cual era exigible para el reconocimiento de
la pensión de invalidez reclamada un índice de disminución psicofísica igual o
superior al 50 %.
15. Asimismo, en atención a la disparidad existente entre los porcentajes de
pérdida de capacidad laboral y las fechas de estructuración consignadas en la Junta
Médico Laboral Militar y en el dictamen emitido por el médico particular, el Tribunal
optó por atender los resultados de la valoración y diagnóstico obtenidos por la Junta
Regional de Calificación de la Invalidez de Antioquia5 del 30 de enero de 2019, en
los que se determinó una pérdida de capacidad laboral del 61,84 %. En
consecuencia, concluyó que el demandante tendría derecho al reconocimiento y
pago de la prestación pensional solicitada.
16. Adujo que la prevalencia otorgada a dicho dictamen obedeció a que este
fue practicado durante el trámite judicial y sometido a contradicción por las partes.
Agregó, que la valoración realizada por el médico particular no se realizó de manera
presencial, sino a través de consultas telefónicas y videoconferencias. Así mismo,
indicó que la Junta Médico Laboral Militar asignó índices inferiores a patologías que
mostraban repercusiones a largo plazo.
17. En relación con las afecciones de carácter mental, precisó que estas no
podrían considerarse sobrevinientes a la valoración practicada por la Junta Médico
Laboral Militar, toda vez que se acreditó que el demandante presentaba la
sintomatología propia del trastorno diagnosticado desde aproximadamente 11 años
atrás.
4 Durante el servicio por acción directa del enemigo.
5 Decretado como prueba de oficio.
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Demandante: Willintong Horta Polania
18. Sostuvo que el reconocimiento de la indemnización plena por pérdida de
capacidad laboral y/o el reajuste del monto reconocido, resulta incompatible ante el
reconocimiento de la pensión de invalidez, no siendo posible obtener ambas
prestaciones de forma simultánea.
19. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada por resultar vencida
en el proceso.
Recurso de apelación
20. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó que
se revocara la decisión de primer grado y, en su lugar, se negaran las pretensiones
de la demanda.
21. En su escrito, señaló que el señor Horta Polania no reúne los requisitos de
ley para que le sea reconocida una pensión de invalidez, porque su disminución
psicofísica fue de 34,89 %.
22. Indicó que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de la Invalidez
de Antioquia se fundó en exámenes de capacidad psicofísica que habían perdido
su vigencia, en los términos del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000. Advirtió que,
en la contradicción del dictamen el médico ponente manifestó expresamente que no
tuvo entrevista o consulta personal con el demandante y, por lo tanto, no pudo
calificarlo como para establecer el índice de pérdida de capacidad laboral y la fecha
de estructuración. Además, sostuvo que dicha prueba no cumplió con los
requerimientos del artículo 226 del CPACA, ya que no se allegaron los documentos
e información utilizados para su elaboración.
23. Alegó que el tribunal desconoció el principio de inescindibilidad de la norma
ya que (i) omitió aplicar el artículo 30 de Decreto 4433 de 2004 que exige un 75 %
de pérdida de capacidad laboral para ser beneficiario de la pensión reclamada y (ii)
no obró en el proceso prueba que diera cuenta de que las lesiones sufridas por el
señor Horta Polania ocurrieron en combate, actos meritorios del servicio, acción
directa del enemigo, tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público,
conflicto internacional, o ejecución de acto propio del servicio.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. Mediante autos de 26 de noviembre de 2020 y 22 de abril de 2021, se
admitió el recurso de apelación contra la sentencia de 11 de septiembre de 2019; y
se corrió traslado para alegar de conclusión.
25. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional reiteró la
totalidad de argumentos y reparos presentados en el recurso de apelación.
26. El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó que se confirme
la decisión de primer grado. Indicó que ofrece mayor credibilidad el dictamen más
reciente, pues del análisis de las pruebas recaudadas se evidencia que este tuvo
en cuenta las patologías de continua evolución que, en su momento, no fueron
consideradas en la valoración practicada al momento del retiro del servicio. Estimó
igualmente que la condena en costas fue acorde al criterio objetivo – valorativo de
imposición.
27. La parte demandante guardó silencio.
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Demandante: Willintong Horta Polania
28. Por auto de 25 de noviembre de 2021, se decretó como prueba de oficio
que la Junta Nacional de Calificación de la Invalidez practicara una valoración
médica al señor Horta Polania, de conformidad con el Decreto 94 de 1989.
Igualmente, se estableció que el dictamen debía indicar con precisión y claridad (i)
porcentaje de disminución de capacidad laboral; (ii) fecha de estructuración de esa
disminución psicofísica; (iii) diagnóstico [patologías y causas] y (iv) exámenes
practicados, junto con el nombre del profesional que lo realizó.
29. El 29 de agosto de 2024, la Junta Nacional de Calificación de la Invalidez
rindió el dictamen solicitado, del cual se corrió a las partes el 24 de septiembre de
2024, sin que formularan observaciones.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar si el demandante acreditó, en los
términos del régimen especial de la Fuerza Pública que las lesiones que dieron
origen a la disminución de su capacidad psicofísica coinciden con alguno de los
supuestos del artículo 32 del Decreto 4433 de 2004 y si su pérdida de capacidad
laboral alcanza o supera el porcentaje mínimo exigido por esa disposición para
acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de la valoración integral
de los dictámenes periciales y demás elementos probatorios que reposan en el
expediente.
32. Es preciso señalar que de conformidad con el artículo 328 del CGP, no se
hará pronunciamiento alguno sobre la configuración del silencio administrativo
negativo, el reconocimiento y pago de la indemnización por pérdida de capacidad
laboral o su reajuste, así como de los perjuicios reclamados, dado que ello no fue
objeto de reparo en el recurso de apelación.
Análisis del problema jurídico
33. La Sala revocará la sentencia de primera instancia del 11 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y negará las pretensiones
de la demanda, luego de corroborar que, aunque se encuentra acreditado que las
lesiones tuvieron relación con el servicio y se produjeron por acción directa del
enemigo, el demandante no demostró una disminución psicofísica igual o superior
al 50 % para acceder a la pensión en los términos del artículo 32 del Decreto 4433
de 2004.
34. Para resolver lo anterior, deben hacerse algunas consideraciones en
relación con la normativa aplicable, el umbral de invalidez y la idoneidad probatoria
en el régimen pensional y de sanidad de la Fuerza Pública.
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Demandante: Willintong Horta Polania
35. La Ley 923 de 2004, por medio de la cual se señalan las normas, objetivos
y criterios que debía observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública 6, dispuso,
en materia de pensión de invalidez que no podría exigirse una disminución de la
capacidad laboral inferior al 50 % como requisito para acceder a la prestación
solicitada.
36. En desarrollo de este mandato legal, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004
estableció que los miembros de la Fuerza Pública, incluido el personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio, tiene derecho al pago de una
pensión mensual, cuando la Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía determine una disminución de la capacidad laboral igual
o superior 75 % ocurrida en servicio activo y mientras subsista dicha incapacidad.
Dicha norma igualmente fija el momento de efectividad de esa prestación y su forma
de liquidación.
37. Aunado a lo anterior, el artículo 32 ídem estableció que el índice mínimo
exigido para el reconocimiento de la pensión de invalidez se disminuye al 50 %,
cuando la incapacidad permanente parcial fuese ocasionada por (i) combate, (ii)
actos meritorios del servicio, (iii) acción directa del enemigo, (iv) tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público, (v) conflicto internacional o (vi)
accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio.
38. Posteriormente, el Decreto 1157 de 2014 (artículo 2) modificó el índice de
invalidez a exigir y fijó en un porcentaje igual o superior al 50 %. Además, varió las
tasas de reemplazo sobre las partidas computables para la liquidación de la mesada
pensional. No obstante, mantuvo la conducencia de las actas de los organismos
médico-laborales militares y de policía para calificar aquella pérdida de capacidad
laboral para efectos prestacionales.
39. Sobre este último aspecto, es decir, la competencia de la Junta Médico
Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, cobran especial
importancia los artículos 19 del Decreto 94 de 1989, 3 y 14 del Decreto 1796 de
2000 y 2.2.5.1.51 del Decreto 1072 de 2015, pues de estas disposiciones se
concluye de forma conjunta que la capacidad sicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública será determinada por los organismos7 Médico-Militares y de Policía,
entiéndase los antes mencionados.
40. Lo anterior no impide que, en sede judicial, el juez contencioso valore
dictámenes rendidos por juntas de calificación de invalidez como prueba pericial en
calidad de auxiliares de la justicia.
41. A partir de este marco normativo, la Sala examina entonces los elementos
de juicio obrantes en el proceso para establecer si se satisfacen o no los requisitos
legales para reconocer una pensión de invalidez a favor del señor Horta Polania.
Sin embargo, previamente deberá establecerse el régimen aplicable al caso del
accionante.
6 Acorde con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […]»
7 Es preciso señalar que el artículo 3 del Decreto 1796 de 2000 diferenció autoridades de organismos. Estos
últimos se refieren a los cuerpos colegiados, mientras que los primeros a los miembros que los integran.
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
42. De conformidad con lo probado en el proceso, se advierte que (i) el señor
Willintong Horta Polania nació el 11 de agosto de 19828; (ii) prestó sus servicios
durante 6 años, 11 meses y 22 días en el Ejército Nacional9; (iii) el 29 de abril de
2007, sufrió lesiones en la cabeza, dedo índice del pie derecho y oído izquierdo
producto de la detonación remota de artefacto explosivo improvisado (AEI) instalado
por el Frente 18 de las ONT-FARC en la vereda Las arañas del municipio de Ituango
(Antioquia), mientras desarrollaba un desplazamiento táctico10; (iv) las lesiones
fueron calificadas como «en el servicio como consecuencia del combate o en
accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional» 11;
(v) se retiró del servicio por solicitud propia, a través de Oficio OAP-EJC de 2 de
octubre de 2009, con efectos fiscales a partir del 5 de octubre del mismo año, siendo
su último cargo el de soldado profesional12.
43. Asimismo, se acreditó que (vi) mediante Acta No. 56681 de 14 de enero de
2013, la Junta Médico Laboral Militar de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional calificó las lesiones sufridas por el señor Horta Polania como una
incapacidad permanente parcial del 21,24 % que dio como resultado «no apto - para
actividad militar»; (vii) a través de Resolución No. 83 de 12 de septiembre de 2013,
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional declaró la ineficacia del Acta No.
56681 de 14 de enero de 2013; (viii) mediante Acta No. 63101 de 18 de septiembre
de 2013, la Junta Médico Laboral Militar de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional calificó las lesiones sufridas por el señor Horta Polania como una
incapacidad permanente parcial del 34,89 % que dio como resultado «no apto - para
actividad militar»; (ix) el 29 de octubre de 2013, el demandante presentó un escrito
dirigido al secretario General del Ministerio de Defensa Nacional por medio del cual
renunció a convocar al Tribunal Médico, así como a los términos de ejecutoría; (x)
por Actas Nos. 1441 de 28 de febrero de 2014 y 1587 de 3 de abril de 2014, se
revocó parcialmente el Acta No. 63101 de 18 de septiembre de 2013, para aclarar
que la pérdida de capacidad laboral fue de 34,89 % y que la lesión se produjo por
acción directa del enemigo; y (xi) mediante Dictamen No. 26 de 30 de enero de 2016
rendido por médico particular, en el que se determinó que el demandante sufrió una
pérdida de capacidad laboral del 60,33 % producto de cervicalgia crónica, lumbalgia
crónica, hipoacusia leve OI, acufenos OI, trauma hallux derecho, trastorno por
estrés postraumático, trastorno depresivo recurrente y cicatriz deformante en piel
del cuero cabelludo, cuya estructuración se dio en el 2011.
44. Finalmente, en lo que respecta a los dictámenes periciales ordenados de
oficio, se tiene que (xii) la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de
Antioquia, a través del Dictamen No. 078606-2018 de 30 de enero de 2018,
estableció que el demandante padece de «Cervicalgia […] Episodio depresivo
moderado […] Hipoacusia neurosensorial, sin otra especificación […] Lumbago no
especificado […] Otras deformidades del hallux […] Tinnitus (acufenos) […]
Trastorno de estrés postraumático» y calificó tal diagnóstico con un índice de
incapacidad de 61,84 %; por su parte, (xiii) la Junta Nacional de Calificación de la
Invalidez, mediante Dictamen No. JN202405060 de 26 de agosto de 2024, luego de
8 Cédula de ciudadanía.
9 Constancias expedidas por la Dirección de Personal del Ejército Nacional de 9 de mayo de 2011 y el 4 de
octubre de 2018.
10 Informativo administrativo por lesión No. 03 de la Brigada Movil No. 11 del Batallón de Combate Terrestre No.
80 (sin fecha).
11 Ídem.
12 Constancias expedidas por la Dirección de Personal del Ejército Nacional de 9 de mayo de 2011 y el 4 de
octubre de 2018.
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
hacer una valoración progresiva de las patologías, determinó que el señor Horta
Polania tiene un índice de discapacidad psicofísica de 48,88 %, producto
«cervicalgia […] hipoacusia izquierda […] acufeno izquierdo […] lumbago no
especificado […] otras deformidades hallux izquierdo […] cicatrices», calificadas
como ocurridas en servicio por acción directa del enemigo en el restablecimiento
del orden público.
45. A partir de lo anterior, la Sala advierte que, dados los hechos materiales del
caso y la época de estos, el régimen de pensión de invalidez que resulta aplicable
es el contenido en el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004, pues, contrario a lo que
sostuvo la parte demandada, está demostrado que las lesiones sufridas por el
demandante, como soldado profesional, se produjeron en el 2007, durante el
servicio (desplazamiento táctico) por acción directa del enemigo (activación remota
de un AEI). En consecuencia, el requisito para acceder a la prestación pensional
reclamada es que el índice de incapacidad permanente parcial sea igual o superior
al 50 % e inferior al 75 %.
46. Ahora bien, en cuanto a la prueba del porcentaje de disminución psicofísica,
obran en el proceso cuatro dictámenes de capacidad psicofísica del señor Horta
Polania: uno llevado a cabo por la Junta Médico Laboral Militar y de Policía (Acta
No. 63101 de 18 de septiembre de 2013, con sus respectivas aclaraciones
posteriores); uno elaborado por un médico particular aportado (Dictamen No. 26 de
30 de enero de 2016); y dos ordenados como pruebas periciales en primera y
segunda instancia en el proceso de la referencia llevados a cabo por las Juntas
Regional (Antioquia) y Nacional de Calificación de la Invalidez (Dictamen No.
078606-2018 de 30 de enero de 2018 y Dictamen No. JN202405060 de 26 de
agosto de 2024). Por tal razón, se procede a hacer un par de consideraciones sobre
los tres últimos:
47. Los documentos presentados por la parte actora con la reclamación
administrativa y aportados con la demanda en el proceso de la referencia (dictamen
particular) no cumplen con la aptitud legal que el legislador fijó para efectos de
calificar la pérdida de capacidad laboral para asuntos prestacionales. Como se
señaló, la ley es clara en establecer que la capacidad psicofísica de los miembros
de la Fuerza Pública solo puede ser calificada por los organismos Médico-Militares
y de Policía. Por tal razón el dictamen rendido por el médico particular (con
independencia de sus especialidades) que allegó el demandante no satisface el
estándar fijado en la ley.
48. Frente al particular, resulta pertinente precisar que, en relación con los
dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por médicos particulares, la
Sección Segunda13 de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que tales
conceptos carecen de la idoneidad jurídica necesaria para desvirtuar las
valoraciones efectuadas por los organismos competentes del régimen de la fuerza
pública. En efecto, dichos dictámenes no tienen la virtualidad de sustituir ni dejar sin
efectos las decisiones adoptadas por las autoridades médico-laborales legalmente
facultadas para determinar la capacidad psicofísica de los miembros de dicho
régimen. Así, se reitera que la competencia para realizar la correspondiente
valoración médico-laboral radica, en primera instancia, en las Juntas Médico-
Laborales y en sede de revisión, en el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar
13 Ver sentencias proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del 25 de enero de 2024, Rad. 81001-23-
33-000-2017-00021-01 (4448 2019), y de 29 de agosto de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2019-01980-01 (4431-
2023).
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
y de Policía, sin perjuicio de que las Juntas de Calificación de Invalidez puedan
intervenir en el proceso judicial en calidad de auxiliares de la justicia o peritos
cuando así se disponga.
49. En lo que respecta a los dictámenes rendidos por las Juntas Regional
(Antioquia) y Nacional de Calificación de Invalidez que fueron incorporados como
prueba pericial en cada una de las instancias del proceso de la referencia, la Sala
considera que deben ser analizados bajo las reglas de la sana crítica ante la
disparidad entre los porcentajes de pérdida de capacidad laboral establecido en
cada uno de ellos.
50. Así las cosas, se acogen al dictamen y las conclusiones a las que llegó la
Junta Nacional de Calificación de la Invalidez, en tanto (i) se trata de la valoración
más reciente y, en tal sentido, tuvo en cuenta la evolución clínica del actor durante
un periodo más amplio; (ii) desarrolla una metodología más completa para hacer la
trazabilidad de los padecimientos sufridos por el demandante, toda vez que no solo
recogió la información clínica y conceptos médico – laborales anteriores, sino que
también tomó en consideración valoraciones y exámenes llevados a cabo en 2007,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2024; (iii) discriminó las secuelas funcionales
persistentes tras finalizar los tratamientos ofrecidos; (v) distinguió el origen de cada
patología; y (vi) fue puesto en conocimiento de las partes sin que se formularan
objeciones.
51. En contraste, el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de
la Invalidez de Antioquia, además de ser menos reciente y, en consecuencia, no dar
cuenta de toda la evolución que han tenido los padecimientos del demandante, no
contiene la historia clínica completa hasta ese momento de conformidad con lo
manifestado por el médico ponente en la audiencia de contradicción, y no escinde
las enfermedades de origen laboral de aquellas de origen común.
52. Así las cosas, dada la solidez, claridad y exhaustividad del dictamen de la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, así como la calidad de sus
fundamentos, la Sala estima que el señor Willintong Horta Polania no cumple con
los requisitos para ser beneficiario de una pensión de invalidez, pues su pérdida de
capacidad laboral fue tasada en 48,88 %, esto es, por debajo del límite inferior
porcentual establecido en el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004.
53. Pese a que el último dictamen desvirtúa lo determinado en su momento por
la Junta Médico Laboral Militar y de Policía, para incrementar el porcentaje de
pérdida de capacidad del demandante, dicho índice no llega al tope mínimo que
exige la norma para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Por
consiguiente, aunque el porcentaje allí determinado supera el establecido
inicialmente por la Junta Médico Laboral Militar, no alcanza el umbral mínimo exigido
por la norma aplicable.
54. Por lo tanto, aun aplicando el régimen más favorable previsto para lesiones
ocurridas por acción directa del enemigo, el demandante no alcanza el porcentaje
mínimo del 50 % y, en consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia
y se negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
57. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación presentado por la parte demandada. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 11 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias al señor Willintong Horta
Polania, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02525-01 (6658-2019)
Demandante: Willintong Horta Polania
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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