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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00666-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00666-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor José Andrés Barreto Rojas, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Tolima. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2017-00666-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

Tema: Pensión de invalidez. Fuerza Pública. Servicio militar obligatorio.
Requisitos de reconocimiento pensional. Calificación de la
invalidez. Organismos Médico-Militares y de Policía. Dictámenes
rendidos por médicos particulares.

Decisión: Confirma decisión de primera instancia que negó la pretensión
de reconocimiento pensional, en tanto no se aportó prueba
idónea que diera cuenta del porcentaje de pérdida de capacidad
laboral de un ex miembro de la fuerza pública (personal
vinculado para prestar servicio militar obligatorio)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 4 de septiembre de 2017, el señor José Andrés Barreto Rojas por
conducto de apoderado judicial presentó demanda1 contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, para obtener la nulidad del acto administrativo
ficto producto del silencio negativo respecto de una petición de reconocimiento y
pago de una pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por pérdida de
capacidad laboral.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de invalidez en cuantía equivalente al 50 % del salario devengado por
un cabo tercero a partir de la fecha de retiro de la institución, así como de la
indemnización correspondiente o en su defecto el reajuste de conformidad con la
pérdida de capacidad laboral dictaminada por el médico especialista en salud
ocupacional aportado con la demanda. Aunado a ello, reclamó el pago de 100
salarios mínimos por concepto de perjuicios.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que prestó sus
servicios al «Ejército Nacional - INPEC» y que, con ocasión de dicha vinculación
adquirió la condición de discapacidad que actualmente padece, la cual fue calificada
en un 52,29 %2 por un médico especialista en salud ocupacional y en administración
en salud y seguridad social. Indicó que debido a dicha condición se encuentra
imposibilitado para desempeñar cualquier actividad laboral y por ende, depende de
sus familiares. Asimismo, afirmó que, desde su retiro, no ha recibido la atención
médica que requiere.

4. En cuanto a la vulneración alegada3, sostuvo que durante su vinculación a
la institución militar se presentaron diversas circunstancias que incidieron
negativamente en su estado de salud y su calidad de vida. Afirmó que resulta
inequitativo que, tras haber prestado sus servicios a la patria, no haya retornado a
la vida civil en las mismas condiciones en las que ingresó, ni le hayan sido
reconocidos los emolumentos a las que considera tener derecho, en particular, la
pensión de invalidez y la indemnización por pérdida de capacidad laboral.

5. Señaló que en el acta de la Junta Médico Laboral que le realizaron no se
consignaron la totalidad de patologías que padece, las cuales, según afirma, han
presentado deterioro progresivo.

6. Sostuvo que de conformidad con la Ley 923 de 2004 y los Decretos 4433
de 2004 y 1157 de 2014, cumple con los requisitos para acceder tanto a una pensión
de invalidez como a la indemnización por pérdida de capacidad laboral, habida
cuenta de que su disminución psicofísica fue calificada en 52,29 %.

7. Finalmente, manifestó que tratándose de derechos ciertos e indiscutibles no
era exigible el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y, en todo
caso, le era aplicable el término de prescripción cuatrienal.

Contestación de la demanda

8. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional se opuso a
las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de inepta demanda y
falta de integración del contradictorio.

9. Señaló que la entidad llamada a definir la situación de sanidad o pensional
del señor Barreto Rojas era el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
como quiera que es la entidad en la que el demandante prestó su servicio militar
obligatorio. Adujó que el joven sufrió una lesión durante la prestación del servicio y
la Dirección de Sanidad le practicó la Junta Médico Laboral No. 55363 de 22 de
octubre de 2012 en la que determinó un 13 % de pérdida de capacidad laboral. En

2 Como padecimientos mencionó «lesiones de columna con repercusión funcional, acufenos bilaterales,
hipoacusia bilateral y neurosis depresiva».
3 Invocó como normas violadas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la

Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la Ley 923 de 2004; 32 del Decreto 4433 de
2004; y 2 del Decreto 1157 de 2014.

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

consecuencia, solicitó que se integrara el contradictorio con la mencionada
autoridad.

10. Alegó que la parte demandante no pretendió derechos ciertos e
indiscutibles, sino el aval de un nuevo porcentaje de pérdida de capacidad laboral
calificado a través de un dictamen rendido por un médico especialista particular,
obviando así el procedimiento especial que debe surtirse ante las autoridades de
sanidad militar. En ese sentido, debió agotarse el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial.

11. Asimismo, adujo que las sobre las decisiones de las juntas médico-laboral
existen dos tesis. De un lado, aquella que señala que poseen elementos que
permiten definirlos como verdaderos actos administrativos y deben ser objeto de
control jurisdiccional y del otro, la que plantea que son actos complejos que
conforman la voluntad de la Administración junto con aquel que resuelve la situación
administrativa. En cualquiera de ambas posturas, la parte actora debió demandar
aquel acto, es decir, la calificación inicial de su invalidez.

12. Manifestó que, de conformidad con el Decreto 4433 de 2004, el señor
Barreto Rojas no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión reclamada,
pues la norma exige la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75 % y
tratándose de incapacidades permanentes parciales ocurridas en combate o actos
meritorios del servicio entre el 50 % y el 75 %.

13. Igualmente presentó objeciones al dictamen particular allegado al proceso.
Indicó que hubo incumplimiento del objeto del peritazgo y falta de rigor científico,
pues la definición de la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pública con
fines prestacionales solo puede ser determinada por las autoridades que legalmente
han sido habilitadas para ello, entiéndase las autoridades Médico-Militares y de
Policía, a partir de ciertos criterios laborales y de salud ocupacional propios de la
actividad castrense o policial.

14. Precisó que no se dieron los presupuestos y requisitos de validez del
CPACA y el CGP frente al dictamen en comento, existiendo un previo que versa
sobre los mismos puntos y practicado por las autoridades de sanidad militar con
audiencia de las partes.

Decisión de excepciones

15. El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró no
probada de falta de integración del litisconsorcio necesario, pues le corresponde
defender la legalidad del acto demandado a la autoridad que lo profirió, incluso en
los casos de silencio negativo. Sostuvo que, si bien el INPEC pudiere llegar a tener
alguna obligación respecto de lo pretendido como restablecimiento del derecho, fue
claro que la parte actora no tuvo intención alguna de ejercer su derecho de acción
contra esa entidad, al punto que ni siquiera presentó reclamación administrativa
frente esta.

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

16. Respecto de la excepción de inepta demanda, manifestó que, en principio,
le asiste razón a la demandada en el sentido de que, si lo pretendido fue el cambio
en el índice de invalidez, el acto a demandar debió haber sido el acta de calificación,
previo agotamiento de la actuación administrativa y de la conciliación extrajudicial.
No obstante, como también se pretendió un reconocimiento pensional la decisión
sobre este medio exceptivo se trasladó a la sentencia.

Sentencia apelada

17. Mediante sentencia de 22 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo
del Tolima declaró la existencia del acto ficto negativo y la excepción de inepta
demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la pretensión
de reajuste de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, y negó las demás
pretensiones de la demanda.

18. Al respecto encontró que el 28 de octubre de 2016, el señor Barreto Rojas
elevó una petición de reconocimiento y pago de una pensión de invalidez y el
reajuste de la indemnización por pérdida de capacidad laboral ante el Ejército
Nacional, la cual no fue atendida. Por ende, en virtud del artículo 83 del CPACA, se
configuró un acto ficto negativo a la solicitud del demandante.

19. Sostuvo que el reajuste de la indemnización, además de ser una pretensión
independiente y separable de aquellas relacionadas con la pensión de invalidez, al
tratarse de un pago unitario y definitivo que compensa la discapacidad del militar
por eventos atribuibles al servicio, no tiene el carácter de derecho cierto,
irrenunciable e indiscutible y, en consecuencia, era necesario que sobre la misma
se hubiera agotado la conciliación extrajudicial.

20. Respecto de la pensión de invalidez, señaló que la prueba técnica que
aportó el señor Barreto Rojas no cumplió con las exigencias de ley al ser un
dictamen rendido por un médico particular y no por la autoridad competente para
calificar la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública,
entiéndase la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar o de Policía. Manifestó que, en consecuencia, no logró probarse
a través de medios idóneos que la pérdida de capacidad laboral fuera mayor al 13%
inicialmente determinado.

21. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante por haber resultado
vencida en el proceso.

Recurso de apelación

22. El señor Barreto Rojas solicitó que se revocara la decisión de primer grado
y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

23. En su escrito, además de insistir en los argumentos de la demanda, señaló
que el dictamen médico fue proferido por un especialista en salud ocupacional, es
plenamente eficaz a la luz de los artículos 218 y siguientes del CPACA, en
concordancia con el 226 de CGP, y no fue objeto de objeción, tacha u observación
alguna por las partes.

24. Indicó que, si la mencionada prueba le otorgaba al juzgador de primera
instancia cierta inseguridad, no se entiende por qué no lo sometió a debate de
contradicción en los términos del artículo 220 del CPACA.

25. Alegó que no era cierto que sanidad militar tiene una competencia
improrrogable, omnímoda y/o exclusiva sobre este tipo de valoraciones probatorias,
pues los Decretos 94 de 1989 y 1786 de 2000 no pueden sobreponerse sobre la
libertad probatoria que consagra la Ley 1564 de 2012.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

26. Mediante autos de 3 de diciembre de 2020, 20 de mayo de 2021 y 9 de
septiembre de 2021, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de 22
de noviembre de 2019; se negó una solicitud de pruebas en segunda instancia
presentada por la parte demandante; y se corrió traslado para alegar de conclusión.

27. La parte demandante insistió en los reparos presentados en el recurso de
apelación. Agregó que la decisión objeto del recurso fue incongruente con las
pretensiones de la demanda, pues no consideró los hechos probados en el proceso.
Señaló que desconocieron los principios de legalidad y favorabilidad, así como el
derecho fundamental a la igualdad.

28. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional reiteró sus
argumentos relativos a la excepción de inepta demanda, la legalidad y firmeza de
las decisiones de la Junta Médico Laboral, y la prevalencia de la especialidad para
determinar la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública.

29. Por auto de 17 de junio de 2022, se decretó como prueba de oficio que la
Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Bogotá y Cundinamarca practicara
una valoración médica al señor Barreto Rojas, de conformidad con el Decreto 94 de
1989. Igualmente, se estableció que el dictamen debía indicar con precisión y
claridad (i) porcentaje de disminución de capacidad laboral; (ii) fecha de
estructuración de esa disminución psicofísica; (iii) diagnóstico [patologías y causas]
y (iv) exámenes practicados, junto con el nombre del profesional que lo realizó.

30. El 1 de marzo de 2024, la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca rindió el dictamen solicitado y posteriormente, se corrió
traslado de este a las partes, mediante auto de 10 de julio de 2024. Sin embargo,
estas no se pronunciaron.

31. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

II. CONSIDERACIONES

Competencia

32. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar si el demandante acreditó, conforme al
régimen especial de la Fuerza Pública, una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al porcentaje exigido para el reconocimiento de la pensión de invalidez, a
partir del dictamen particular allegado para tal efecto.

34. Es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 328 del CGP, no se
hará pronunciamiento alguno sobre la configuración del silencio administrativo
negativo, el reconocimiento y pago de la indemnización por pérdida de capacidad
laboral o su reajuste, así como de los perjuicios reclamados, dado que ello no fue
objeto de reparo en el recurso de apelación.

Análisis del problema jurídico

35. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 22 de noviembre
de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, luego de corroborar que
en efecto, la prueba técnica aportada por el demandante no reúne los requisitos de
ley para probar la variación en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral,
igualmente la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca, en calidad de perito en el proceso de la referencia, calificó dicho
índice en un valor inferior al que establece la norma para acceder a la pensión
pretendida.

36. Para resolver, deben hacerse algunas consideraciones en relación con el
régimen jurídico aplicable, el umbral de invalidez y la idoneidad probatoria en el
régimen pensional y de sanidad de la Fuerza Pública.

37. La Ley 923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública 4, señaló

4 Acorde con el artículo 279 de la ley 100 de 1993. «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la

presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […]»

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

frente a la pensión de invalidez que no podría establecerse como requisito para
acceder esta prestación, una disminución de la capacidad laboral inferior al 50 %.

38. Por su parte, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 estableció que los
miembros de la Fuerza Pública, incluido el personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio, tiene derecho al pago de una pensión mensual, cuando
la Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior 75 % ocurrida
en servicio activo y mientras subsista dicha incapacidad. Dicha norma igualmente
fija el momento de efectividad de esa prestación y su forma de liquidación.

39. Posteriormente, el Decreto 1157 de 2014 (artículo 2) modificó el índice de
invalidez a exigir y fijó en un porcentaje igual o superior al 50 %. Además, varió las
tasas de reemplazo sobre las partidas computables para la liquidación de la mesada
pensional. No obstante, mantuvo la conducencia de las actas de los organismos
médico-laborales militares y de policía para calificar aquella pérdida de capacidad
laboral para efectos prestacionales.

40. Sobre este último aspecto, es decir, la competencia de la Junta Médico
Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, cobran especial
importancia los artículos 19 del Decreto 94 de 1989, 3 y 14 del Decreto 1796 de
2000 y 2.2.5.1.51 del Decreto 1072 de 2015, pues de estas disposiciones se
concluye de forma conjunta que la capacidad sicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública será determinada por los organismos5 Médico-Militares y de Policía,
entiéndase los antes mencionados.

41. A partir de este marco normativo, la Sala examina entonces los elementos
de juicio obrantes en el proceso para establecer si se satisfacen o no los requisitos
legales para reconocer una pensión de invalidez a favor del señor Barreto Rojas.
Debe aclararse que aspectos como vinculación del demandante al INPEC para la
prestación del servicio militar obligatorio6, así como la fecha y causa de su retiro de
dicha institución7, no están en discusión.

42. En el proceso reposan los siguientes dictámenes:

5 Es preciso señalar que el artículo 3 del decreto 1796 de 2000 diferenció autoridades de organismos. Estos

últimos se refieren a los cuerpos colegiados, mientras que los primeros a los miembros que los integran.
6 Oficio No. 82102-SUCUC-GRUMI del INPEC; Resolución No. 9144 de 30 de julio de 2010, «por el cual se

incorpora el primer contingente de 2010 para prestar servicio militar obligatorio y voluntario de auxiliares
bachilleres en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC»; y Convenio No. 1730/071
interadministrativo de cooperación entre el Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa Nacional y
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
7 Resolución No. 2489 de 20 de junio de 2011. «ARTICULO SEGUNDO. Desincorporar del SMO en el INPEC,

a partir del 24 de junio de 2011, al personal de [auxiliares bachilleres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional] que se relaciona a continuación, quienes quedan pendientes de
licenciamiento por sanidad militar de conformidad con el Decreto Ley 1796 de 2000, toda vez que en la práctica
del examen médico de licenciamiento arrojó como resultado no apto […] 352. […] BARRETO ROJAS JOSE
ANDRES […] Esguince Lumbar».

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

I. Acta No. 55363 de 22 de octubre de 2022, la Junta Médico Laboral Militar
de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional calificó las lesiones8
sufridas por el señor José Andrés Barreto Rojas como una incapacidad
permanente parcial del 13 %.

II. Dictamen No. 143 de 26 de junio de 2016 rendido por médico particular,
en el que se determinó que el antes mencionado sufrió una pérdida de
capacidad laboral del 52,29 % producto de lesiones en columna con
repercusión funcional, acufenos bilaterales, hipoacusia bilateral y neurosis
depresiva cuya estructuración se dio en el 2011.

III. Dictamen No. 1113784177 – 2208 de 1 de marzo de 2024 de la Junta
Regional de Calificación de la Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, en el
que se estableció que el demandante padece de «Dolor lumbar crónico
intratable por discopatías degenerativas L3L4 y L4L5 y protrusión discal
L5S1 con desgarro fibras anulares […] Trastorno de ansiedad y depresión
[…] Hipoacusia bilateral […] Dolor cervical secundario a discopatía leve
degenerativa C3 a C5 con pequeñas protrusiones discales […] Dolor
dorsal secundario a discopatía con pequeñas herniaciones
interesponjosas T9 a T12, sin repercusión funcional» y calificó tal
diagnóstico con un índice de incapacidad de 42,64 %.

43. A partir de lo anterior, la Sala advierte que los documentos presentados por
la parte actora con la reclamación administrativa y aportados con la demanda en el
proceso de la referencia no cumplen con la aptitud legal que el legislador fijó para
efectos de calificar la pérdida de capacidad laboral para asuntos prestacionales.
Como se indicó, la ley es clara en establecer que la capacidad psicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública solo puede ser calificada por los organismos Médico-
Militares y de Policía. Por tal razón el dictamen rendido por el médico particular (con
independencia de sus especialidades) que allegó el demandante no satisface el
estándar fijado en la ley.

44. Frente al particular, resulta pertinente precisar que, en relación con los
dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por médicos particulares, la
Sección Segunda9 de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que tales
conceptos carecen de la idoneidad jurídica necesarias para desvirtuar las
valoraciones efectuadas por los organismos competentes del régimen de la fuerza
pública. En efecto, dichos dictámenes no tienen la virtualidad de sustituir ni dejar sin
efectos las decisiones adoptadas por las autoridades médico-laborales legalmente
facultadas para determinar la capacidad psicofísica de los miembros de dicho

8 «A- DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES I AFECCIONES: 1) DISCOPATÍA L3-L4 L4-L5 L5-S1 SIN

RADICULOPATÍA VALORADO Y TRATADO CON MEDICAMENTOS FISIOTERAPIA MANEJO BLOQUEO
POR ORTOPEDIA FISIATRÍA CLÍNICA DE DOLOR Y ELECTROMIOGRAFÍA DE MIEMBROS INFERIORES
QUE DEJA COMO SECUELA A) LUMBALGIA MECÁNICA CRÓNICA CON LEVE LIMITACIÓN FUNCIONAL».
9 Ver sentencias proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del 25 de enero de 2024, radicado
81001-23-33-000-2017-00021-01 (4448 2019), y de 29 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-
2019-01980-01 (4431-2023)

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

régimen. Así, se reitera que la competencia para realizar la correspondiente
valoración médico-laboral radica, en primera instancia, en las Juntas Médico-
Laborales y, en sede de revisión, en el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar
y de Policía, sin perjuicio de que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
puedan intervenir en el proceso judicial en calidad de auxiliares de la justicia o
peritos cuando así se disponga.

45. Asimismo, tampoco es cierto que dicho dictamen particular no hubiere sido
objeto de reparo alguno, pues en la contestación de la demanda, la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional precentó objeciones concretas
sobre las razones por las cuales no podría tomarse en consideración aquel.

46. En efecto, durante el trámite administrativo y judicial, la parte demandante
no aportó prueba técnica que acreditara, en los términos del régimen pensional de
la Fuerza Pública, una pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50 %.

47. Contrario a los argumentos planteados en el recurso de apelación, la regla
antes mencionada no contraviene el régimen de pruebas previsto en el CPACA y el
CGP, y mucho menos el principio de libertad probatoria. No puede desconocerse
que el régimen especial asignó competencias técnicas específicas para la
determinación de ciertas situaciones jurídicas particulares, pues establece un
sistema especializado de valoración de la capacidad psicofísica. En otras palabras,
el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública estableció que la
idoneidad legal y/o aptitud probatoria radica en las actas proferidas por los
organismos Médico-Militares y de Policía.

48. Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, la Sala observa que el
dictamen de la junta regional de calificación, incorporado al proceso como prueba
pericial de oficio en esta instancia10, tampoco desvirtúa la conclusión anteriormente
expuesta. Lo anterior, por cuanto en dicho expertico se determinó una pérdida de
capacidad laboral del 42,64% porcentaje que no alcanza el mínimo legal exigido del
(50 %) de conformidad con las normas vigentes que reglan la materia para conceder
la pensión reclamada.

49. En consecuencia, al no acreditarse una pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 50 %, no se configura el supuesto de hecho exigido por el régimen
especial para el reconocimiento de la pensión de invalidez, lo que impone confirmar
la decisión de primera instancia que, además de declarar la existencia del acto ficto
negativo y la excepción de inepta demanda, negó las pretensiones relativas al
reconocimiento pensional.

Condena en costas

10 De conformidad con el artículo 2.2.5.1.51 del Decreto 1072 de 2015. «Para el caso de las Fuerzas Militares

y de la Policía Nacional, las Juntas actúan como peritos ante los Jueces Administrativos, y deben calificar con
los manuales y tablas de dicho régimen especial».

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

50. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

52. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

53. En consecuencia, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 22 de noviembre
de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor José Andrés
Barreto Rojas, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Tolima.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Radicación: 73001-23-33-000-2017-00666-01 (1556-2020)
Demandante: José Andrés Barreto Rojas

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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