Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02311-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02311-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02311-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: PROCESO EJECUTIVO
Radicación: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
Demandado: Municipio de Zaragoza (Antioquia)
Temas: Excepción de pago parcial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por medio de la cual se declaró no probada la
excepción de pago parcial y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
El señor Julio Fredys Dumar Ruiz, actuando en nombre propio, formuló demanda
ejecutiva a fin de lograr el cumplimiento del acuerdo conciliatorio que celebró con el
municipio de Zaragoza (Antioquia), el 21 de junio de 2012, aprobado por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de julio de 2013.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se librara mandamiento ejecutivo a
su favor, en contra de la parte accionada, por i) $ 180.000.000 COP, a título de
capital; ii) $ 76.883.00 COP, por concepto de intereses moratorios; y iii) las costas
del proceso.
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
1.1.2. Hechos1
Como hechos relevantes, el actor señaló los siguientes:
i) Ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitó la declaratoria de nulidad
de la Resolución 188 del 27 de diciembre de 2002, a través de la cual el
alcalde municipal de Zaragoza reconoció y ordenó el pago de unas
prestaciones sociales a su favor. Como consecuencia de lo anterior, y a título
de restablecimiento del derecho, deprecó el pago de a) las cesantías
causadas desde el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2001; b) la
sanción moratoria originada desde el 15 de febrero de 2002; c) los intereses
sobre las cesantías mencionadas; y d) las costas del proceso.
ii) El 12 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
la nulidad de la Resolución 188 del 27 de diciembre de 2002 y le ordenó al
municipio de Zaragoza reconocer y pagar a favor del señor Julio Fredys
Dumar Ruiz las «cesantías definitivas» y sus intereses, de manera indexada.
iii) El 21 de junio de 2012, el señor Dumar Ruiz llegó a un acuerdo conciliatorio
con el municipio de Zaragoza, por $ 180.000.000 COP, suma que se pagaría
en dos cuotas de igual valor cada una, y sobre ella se causarían intereses de
mora si se desconocían los plazos pactados.
iv) El 25 de julio de 2013, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado revocó el auto del 22 de junio de 2012, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que había improbado el acuerdo conciliatorio. En
su lugar, declaró la terminación del proceso.
v) El 18 de diciembre de 2013, el señor Julio Fredys Dumar Ruiz solicitó el
cumplimiento del acuerdo conciliatorio, pero el municipio de Zaragoza no lo
ha hecho.
1.1.3. Normas violadas. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
1 Folios 180 a 240.
2
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
Como tales, se señalaron los artículos 157 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;2 488 y 498 del Código de
Procedimiento Civil; y 25, 26, 77, 82, 84, 88 y 89 del Código General del Proceso.3
1.2. Contestación de la demanda4
El municipio de Zaragoza, por conducto de apoderado, propuso la excepción de
pago parcial, por las razones que se expresan a continuación:
i) El señor Julio Fredys Dumar Ruiz inició dos procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Zaragoza, con igual
propósito: el primero culminó con un acuerdo conciliatorio por $ 180.000.000
COP, suma que representaba la sanción moratoria causada hasta el 21 de
junio de 2012; en el segundo, el accionante solicitó la declaratoria de nulidad
del acto ficto que se configuró porque no se resolvió el recurso de reposición
que interpuso contra la Resolución 188 del 27 de diciembre de 2002.
El último proceso citado terminó con sentencia del 20 de febrero de 2013, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló el acto ficto
acusado y ordenó reconocer y pagar, a favor del señor Dumar Ruiz, a) las
cesantías causadas entre el 26 de octubre de 2001 y el 24 de agosto de 2002;
b) la sanción moratoria originada desde el 28 de noviembre de 2003 hasta
que se cancelaran las acreencias; y c) las vacaciones, la prima de vacaciones
«y los demás rubros de carácter legal devengados y deprecados por el
actor», por el período comprendido entre el 26 de octubre de 2001 y el 24 de
agosto de 2002, de manera proporcional.
ii) Posteriormente, el señor Julio Fredys Dumar Ruiz interpuso dos demandas
ejecutivas contra el municipio de Zaragoza: la primera dio origen al proceso
que actualmente se tramita; frente a la segunda, el Juzgado 10 Administrativo
2 En adelante CPACA.
3 En adelante CGP.
4 Folios 47 a 51.
3
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
de Medellín libró mandamiento ejecutivo por los conceptos ordenados en la
sentencia del 20 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
iii) El 3 de julio y 22 de octubre de 2015, el municipio de Zaragoza realizó dos
pagos a favor del señor Julio Fredys Dumar Ruiz, por $ 50.000.000 COP y
$ 20.000.000 COP, respectivamente, con destino al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con el fallo del 20 de febrero de
2013, por concepto de «PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL SERVICIO,
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA POR NO PAGO OPORTUNO DE
LAS CESANTÍAS CONTENIDO EN LA LEY 244 DE 1995, PRESTACIONES SOCIALES POR
RETIRO DEL SERVICIO, VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES PROPORCIONALES ».
iv) Hubo un doble reconocimiento judicial de prestaciones sociales y sanción
moratoria a favor del señor Julio Fredys Dumar Ruiz, quien ahora pretende
cobrar dos veces idénticos conceptos.
1.3. La sentencia apelada5
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante
sentencia del 27 de noviembre de 2018, declaró no probada la excepción de pago
parcial y ordenó seguir adelante con la ejecución, teniendo en consideración que
los pagos que hizo el municipio de Zaragoza, por $ 50.000.000 COP y $ 20.000.000
COP, respectivamente, se efectuaron con destino a un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho diferente al que dio origen al presente trámite
ejecutivo. En todo caso, en gracia de discusión, la sanción moratoria dilucidada en
ambos procesos es distinta: una corresponde «al período del 18 de noviembre de
2003 y el periodo que hoy se solicita es del 15 de febrero de 2002».
1.4. El recurso de apelación6
5 Folios 291 a 297.
6 Folios 311 a 314.
4
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
El municipio de Zaragoza, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de
apelación, el cual sustentó así:
i) El señor Julio Fredys Dumar Ruiz presentó dos demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Zaragoza: en el
primer proceso (radicado 05001 23 31 000 2003 03786 00), solicitó el
reconocimiento de a) las cesantías causadas desde el 26 de octubre hasta el
31 de diciembre de 2001, más los intereses sobre ellas; b) la sanción
moratoria originada desde el 15 de febrero de 2002; y c) las costas. En el
segundo (radicado 05001 23 31 000 2003 04500 01), deprecó el pago de a)
las cesantías por el período comprendido entre el 1.° de enero y el 24 de
agosto de 2002, y sus intereses; b) las vacaciones y la prima de vacaciones
desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de agosto de 2002; c) la
compensación en dinero por el tiempo no disfrutado de las vacaciones; d) la
sanción moratoria desde el 9 de diciembre de 2002; y e) las costas.
En la sentencia del primer proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se ordenó reconocer, a favor del señor Dumar Ruiz, las cesantías definitivas
y los intereses sobre ellas, de manera indexada; en el fallo del segundo, a)
las cesantías adeudadas desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de
agosto de 2002; b) la sanción moratoria causada desde el 28 de noviembre
de 2003; c) las vacaciones, la prima de vacaciones y los demás rubros
legales devengados en el período que va del 26 de octubre de 2001 al 24 de
agosto de 2002, de manera proporcional.
ii) Aunque el accionante presentó sendas demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de las cuales reclamó el pago de las
cesantías causadas en dos períodos diferentes (26 de octubre a 31 de
diciembre de 2001 y 1.° de enero a 24 de agosto de 2002), el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la sentencia proferida dentro del proceso
05001 23 31 000 2003 04500 01, condenó al municipio de Zaragoza a pagar
dicha prestación por ambos lapsos.
5
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
iii) El acuerdo conciliatorio versa sobre aspectos laborales que fueron
reconocidos en otro proceso judicial, razón por la cual afecta el erario y no se
debe permitir su ejecución. En consecuencia, se deben denegar las
pretensiones del señor Dumar Ruiz o, en su lugar, tener en cuenta los pagos
realizados por un total de $ 70.000.000 COP.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El señor Julio Fredys Dumar Ruiz y el municipio de Zaragoza guardaron silencio en
esta etapa procesal.7
1.6. El Ministerio Público
La agente del Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó revocar
la sentencia de primera instancia, por los motivos que resumen a continuación:
i) El señor Julio Fredys Dumar Ruiz adelantó dos procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensiones diferentes, los cuales
culminaron con órdenes de pago idénticas frente a igual prestación, así: en
el primer caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció las
cesantías definitivas «desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de agosto
de 2002», ya que, si bien el demandante solicitó las cesantías hasta el 31 de
diciembre de 2001, la autoridad judicial, al observar la ausencia de pago de
las definitivas, también las reconoció. En el segundo proceso, el tribunal falló
ultra petita, pues, aunque las pretensiones iban dirigidas al pago del período
comprendido entre el 1.º de enero y el 24 de agosto de 2002, se ordenó el
pago «desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de agosto de 2002».
ii) Los pagos parciales que realizó el municipio de Zaragoza, con destino al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001 23 31 000 2003
04500 01, corresponden, en sentido material, a la obligación cuya
satisfacción persigue el señor Dumar Ruiz. Por lo tanto, una eventual
7 Constancia secretarial del 8 de marzo de 2021. Folio 336.
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
ejecución total del título implicaría un doble pago a favor del actor, en
detrimento del patrimonio público.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si los pagos que realizó el municipio de Zaragoza, por
$ 50.000.000 COP y $ 20.000.000 COP, con destino al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001 23 31 000 2003 04500 01, pueden ser
imputados a la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio del 21 de junio de
2012, celebrado entre el señor Julio Fredys Dumar Ruiz y la entidad territorial
mencionada, a fin de establecer si se debe confirmar o revocar la sentencia del 27
de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, a través de la cual se declaró no probada la excepción de pago
parcial y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo
El proceso ejecutivo es el medio procesal previsto para que un acreedor, de modo
coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular, frente a un
deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio para que el
acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título
ejecutivo) mediante la ejecución forzada».8
En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya fue
reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del deudor o fue emitido
en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo contiene la obligación
a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución judicial y, por tanto, es el
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, i) Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre
de 2017, expediente 54001 23 33 000 2013 00140 01 (22065), M.P., Julio Roberto Piza Rodríguez; ii) Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, expediente 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P., María Elizabeth
García González.
7
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
requisito procesal indispensable para que pueda adelantarse el proceso. Es decir,
es la prueba de la existencia de la obligación debida o del derecho, de quién es el
llamado a cumplirla y en qué términos.9
En efecto, por estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de una
obligación que consta en un documento que da plena fe de su existencia «el título
constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución»10 y, en consecuencia,
«es el documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».11 Su
definición y requisitos se plasmaron en el artículo 422 del CGP, en los siguientes
términos:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o
de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184.
La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales. Los
primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y exigen que el
título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una
providencia judicial.12 La autenticidad se refiere a la plena identificación del creador
del documento, para que no haya duda del deudor y el juez tenga certeza de quién
9 Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo III pág. 478. Editorial ABC,1973: «el
documento o los documentos auténticos que constituyen plena prueba, en el cual o de cuyo conjunto consta la
existencia a favor del demandante y a cargo del demandado, de una obligación expresa, clara y exigible…».
10 Sentencia T-111 de 2018 magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
12 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de 2015,
expediente 20001 23 31 000 2011 00548 01 (2586-2013), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez: «…que se trate de
documentos que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o
del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos
aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 31 de mayo de 2018, expediente11001 03 15 000 2018 00824 00, M.P. María Elizabeth García González.
A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el documento debe
reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una
sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de
2016, expediente 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P., Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
8
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
lo suscribió.13
Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje una obligación clara,
expresa y exigible a favor del ejecutante: es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara, si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda
respecto del objeto o los sujetos de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y
se entiende en un solo sentido; y, exigible, si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o, siendo así, estos se hubiesen cumplido.14
Tales requisitos deben reunirse en su totalidad, en los términos enunciados, de
modo que del título se concluya, sin duda alguna, la existencia de la obligación, su
claridad y su exigibilidad.
Una vez el juez verifica que el documento cumple con las exigencias enunciadas,
debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada, de conformidad con el
artículo 430 de CGP, el cual establece que «[p]resentada la demanda acompañada
de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando
al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o
en la que aquel considere legal».
De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario para que
pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, según el artículo 422
del CGP, i) es la prueba de la existencia de la obligación, la cual debe ser expresa,
clara y exigible; y ii) señala con certeza quién es el obligado a cumplirla, por lo que
constituye plena prueba contra el deudor, por provenir de él, de su causante o de
cualquiera de las providencias enunciadas en dicha norma.
Por su parte, conforme al artículo 297 del CPACA, constituyen títulos ejecutivos i) las
sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de dinero;
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14
de mayo de 2014, expediente 33.586.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 26 de febrero de 2014,
expediente 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), M.P., Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En esta
providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006).
Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 26 de julio de
2018, expediente 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
9
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
ii) las decisiones en firme derivadas de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, si incluyen una obligación clara, expresa y exigible para el pago de sumas
de dinero; iii) los contratos estatales y los documentos de sus garantías, los actos
administrativos en los que conste su incumplimiento o el acta de liquidación; y iv)
los actos administrativos que reconozcan un derecho o la existencia de una
obligación.
2.2.2. Excepciones que proceden dentro del proceso ejecutivo cuando el título
ejecutivo es una conciliación judicial
Cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales
del título ejecutivo, consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde proferir
el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, tal como lo dispone el
430 ibidem. Hecho esto y notificada dicha providencia, el ejecutado puede, dentro
de los diez (10) días siguientes, presentar las excepciones de mérito en ejercicio del
derecho de defensa, conforme al artículo 442 ibidem.
La presentación de este tipo de excepciones tiene la finalidad enervar la pretensión,
esto es, dejar sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La
jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación
material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su
desconocimiento total o parcial».15
Ahora bien, respecto de las excepciones de mérito que pueden proponerse dentro
del proceso ejecutivo cuando el título es una conciliación, el artículo 442 del CGP
dispone lo siguiente:
Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes
reglas:
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el
demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en
que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con
ellas.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 11 de noviembre
de 2009, expediente 25000 23 26 000 2002 01920 02(32666), M.P., Ruth Stella Correa Palacio. En la sentencia
se citó el siguiente texto para la definición transcrita: «Al respecto el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra
Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones
perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos
formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
10
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo
podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a
la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán
alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que
no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el
proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días
para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se
revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.
[Negritas por fuera del original]
De conformidad con la norma citada, en los eventos en que el título ejecutivo es una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, el demandado únicamente puede alegar las excepciones enlistadas
de manera taxativa en su numeral 2. Por lo tanto, si se invocan otras, al juez le está
vedado pronunciarse sobre ellas. Esa ha sido la postura de esta corporación, que
se ha expresado de la siguiente manera:
Ahora bien, respecto de cuales excepciones pueden proponerse en el proceso ejecutivo
derivado de alguna disposición que contenga una obligación clara, expresa y exigible en
la actualidad, la normatividad es precisa al consagrar taxativamente la procedencia de las
mismas.
Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., hoy previsto en el Numeral 2º del
Artículo 442 del Nuevo Código General del Proceso prevé que si el título ejecutivo
consiste en una sentencia de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo
ejecución, “sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos
posteriores a la respectiva providencia…, la de “pérdida de la cosa debida…” y las
nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación
a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos constitutivos
de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no pueden proponerse “….ni
aún por la vía de reposición.”. Al respecto esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
“En conclusión, cualquiera otra excepción, diferente a las enlistadas en el numeral
2º del artículo 509 del C. P. C., que pretenda enderezarse contra el título ejecutivo está
llamada al fracaso si, como ya se dijo, el documento base del recaudo es una sentencia
de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo ejecución, tal como lo
son los actos administrativos por medio de los cuales se impone una multa a cargo
de un contratista, se declara la caducidad de un contrato y se hacen efectivas las
garantías constituidas en favor de la administración.” 16 [Resalta la Sala].
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 7 de diciembre de 2017, expediente 25000
23 36 000 2015 00819 03(60499), M.P., Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En otra providencia, esta corporación señaló lo siguiente: «[d]e acuerdo con la norma transcrita, cuando el título
ejecutivo esté constituido por una sentencia, las únicas excepciones que pueden proponerse son las
taxativamente previstas en el numeral segundo, dentro de la cuales, no se incluye la planteada por el ente
demandado, razón suficiente para desestimarla», Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
Así las cosas, el artículo 442 del CGP descarta la posibilidad de que se invoquen
excepciones distintas a las que contiene en su numeral 2, cuando el título ejecutivo
es un acta de conciliación. En tal sentido, únicamente pueden alegarse las de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre
que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad por
indebida representación o falta de notificación o emplazamiento; y la de pérdida de
la cosa debida.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Sobre el vínculo laboral del accionante
i) Desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de agosto de 2002, el señor Julio
Fredys Dumar Ruiz laboró como director local de salud en el municipio de
Zaragoza.17
ii) El 27 de diciembre de 2002, el alcalde municipal de Zaragoza expidió la
Resolución 188, por la cual reconoció y ordenó el pago de $ 2.904.719 COP,
a favor del señor Dumar Ruiz, por concepto de prestaciones sociales legales
y extralegales.18
iii) El 12 de agosto de 2003, el señor Julio Fredys Dumar Ruiz interpuso recurso
de reposición contra la Resolución 188 del 27 de diciembre de 2002, el cual
no fue resuelto por el municipio de Zaragoza.19
Sección Cuarta, providencia del 12 de noviembre de 2015, expediente 25000 23 27 000 2005 00326 02 (19962),
M.P., Martha Teresa Briceño de Valencia. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 15 de octubre de 2015, expedientes 56950 y
47764, M.P., Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17 Folio 265.
18 En el acto administrativo mencionado no se especificaron las prestaciones reconocidas. Folios 256 y 261.
19 Folios 266 y 267.
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
2.3.2. Sobre el proceso que originó el título ejecutivo: radicado 05001 23 31
000 2003 03786 00
i) El 24 de octubre de 2003,20 el señor Julio Fredys Dumar Ruiz presentó una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio
de Zaragoza, a través de la cual solicitó la declaratoria de nulidad de la
Resolución 188 del 27 de diciembre de 2002. Como consecuencia de lo
anterior, y a título de restablecimiento del derecho, deprecó el reconocimiento
y pago de a) las cesantías causadas durante el período comprendido entre
el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2001, más los intereses sobre ellas;
b) la sanción moratoria originada desde el 15 de febrero de 2002; y c) las
costas del proceso.21
ii) El 12 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión, profirió sentencia de primera instancia, por medio de
la cual a) declaró la nulidad de la Resolución 188 del 27 de diciembre de
2002; b) reconoció y ordenó el pago de las «cesantías definitivas» del señor
Julio Fredys Dumar Ruiz y de los intereses sobre ellas, de manera indexada;
y c) denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria y de las costas
procesales. De la providencia mencionada se extraen los siguientes apartes:
Del material probatorio recaudado, se constata que efectivamente el señor
JULIO FREDYS DUMAR RUIZ, laboró para el MUNICIPIO DE ZARAGOZA como Director
Local de Salud, entre el 26 de octubre de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 y
desde el 18 de febrero de 2002, hasta el 23 de agosto de 2002 (fls. 10, 12, 139
y 140).
Puede establecerse además, que no se le consignaron las cesantías
correspondientes al periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2001, pese
a que lo solicitó (fl. 15), ni tampoco se le liquidaron definitivamente al momento
en que se terminó su vinculación con el MUNICIPIO DE ZARAGOZA en el año 2002,
y si bien es cierto dicho municipio mediante la resolución que ahora se demanda
reconoció el monto de $2.904.719 por concepto de prestaciones sociales
englobando de manera genérica tal concepto, es decir sin discriminar los
factores incluidos y los montos asignados a cada uno, también es cierto, que el
material probatorio recaudado da cuenta de la crisis financiera que vivía el
Municipio para la época y que no se reconocieron cesantías, pues en el pago
realizado a los empleados se le dio la prioridad al cubrimiento de salario y otras
20 La fecha de presentación de la demanda fue tomada del auto del 25 de julio de 2013, proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 05001 23 31 000 2003 03786 00.
21 Información tomada de la sentencia del 12 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión, expediente 05001 23 31 000 2003 03786 00. Folios 10 a 18.
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prestaciones sociales diferentes, tal como lo reconoció la encargada del gasto
en el municipio (fl. 125, 131).
[…]
Ahora bien, considera la Sala, que ante la inexistencia de acto expreso o ficto
que contenga la liquidación en firme de las cesantías correspondientes al
periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2001, debe entenderse que ella
ocurre (liquidación en firme), con la sentencia judicial que decreta el
reconocimiento y posterior pago de las cesantías y, para efectos de la sanción
moratoria, debe aceptarse que ésta última se causa a partir de la ejecutoria de
la sentencia de instancia que contiene la liquidación efectuada por esta
jurisdicción, razón por la que no se accederá a la solicitud de la indemnización
por mora por el no pago oportuno de las cesantías solicitado por el accionante,
aunque sí se ordenará que el valor de las cesantías definitivas debidas sea
actualizado atendiendo el índice de precios al consumidor, por el período
comprendido entre la fecha en la cual debió efectuarse el pago y la fecha de
ejecutoria de esta sentencia.
[…]
FALLA.
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. (sic) 188 de diciembre 27
de 2002, expedida por el Alcalde del MUNICIPIO DE ZARAGOZA, por medio de la
cual reconoció y ordenó el pago de unas prestaciones sociales.
SEGUNDO. ORDÉNASE incluir además de las prestaciones sociales ya
reconocidas, el reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a las
cesantías definitivas del señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ, así como de los
intereses a las cesantías, siempre y cuando a la fecha no se le hayan
reconocido.
[…].22
[Negritas propias del original]
iii) El 21 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó la
audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA. En dicha
oportunidad, el señor Julio Fredys Dumar Ruiz y el municipio de Zaragoza
llegaron al siguiente acuerdo:
Se le concede la palabra a la parte demandante quien manifiesta: Es de
meridiana claridad que en el expediente obran las certificaciones y está
debidamente comprobada de que las cesantías que ahora son objeto del
presente proceso no fueron consignadas de conformidad con el artículo 2° de
la ley 244 de 1995. Por tal razón, desde el primero de marzo de 2002 a la fecha
de hoy que se celebra esta audiencia, ha (sic) razón de un día de salario por
cada día de retraso, corresponde a la suma de 215.233.181 pesos. Esa es la
liquidación correspondiente pero a pesar de ello tengo ánimo conciliatorio
22 Ibidem.
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respecto de esa suma, por lo que le cedo la palabra al apoderado del Municipio
y reconociendo que no es responsabilidad de esta administración estoy
dispuesto a aceptar la suma de 180.000.000 de pesos. Interviene nuevamente
el apoderado del Municipio de Zaragoza, así: SE acepta la propuesta del
demandante y esa suma se le pagará en dos cuotas, la primera cuota de
$90.000.000 treinta días después de la ejecutoria del auto que apruebe el
acuerdo y la segunda cuota de igual valor, tres meses después de haberse
realizado el primer pago. Dichos pagos no causarán intereses si se cumplen los
plazos y si se incumplen sí causarán intereses moratorios después de los
plazos; en los términos del Código Contencioso Administrativo. El demandante
manifiesta que acepta la propuesta de la parte demandada.
[Negritas propias del original]
iv) El 25 de julio de 2013, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado revocó el auto del 22 de junio de 2012, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que había improbado el acuerdo conciliatorio del
21 de junio de 2012. En su lugar, dispuso la terminación del proceso, por las
razones que se exponen a continuación:
Por reparto correspondió el expediente a este Despacho el 18 de enero de 2012
a fin de decidir sobre los recursos interpuestos, y por auto de 3 de febrero del
mismo año se devolvió el expediente al Tribunal de origen a efectos de que
realizara la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395
de 2010 (fls. 175 y 176).
La anterior diligencia se llevó a cabo el 21 de junio de 2012, en la cual las partes
llegaron a un acuerdo conciliatorio, en la medida que quedó probado en el
expediente que las cesantías no fueron consignadas de conformidad con el
artículo 2º de la Ley 244 de 1995, desde el 1º de marzo de 2002 hasta la
celebración de la audiencia, por lo que le corresponde al demandante un día de
salario por cada día de retardo en el pago (fls. 184 y 185).
[…]
Observa la Sala que el señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ desde al (sic)
presentación de la demanda inclusive (fl.2), solicitó en reiteras (sic)
oportunidades al Alcalde Municipal de Zaragoza – Antioquia, el reconocimiento
y pago de las cesantías e intereses a las cesantías por el tiempo laborado en
esa entidad – desde el 26 de octubre de 2001 al 22 de agosto de 2002 – así como la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas de conformidad con
el artículo 2° de la Ley 244 de 1995, con las siguientes actuaciones:
1) Por escrito de 9 de septiembre de 2002 solicitó a la Alcaldía del Municipio
de Zaragoza – Antioquia, el pago de las prestaciones adeudadas e
indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías del año
2001 (fl. 16).
2) El 29 de noviembre de 2002 solicitó a la Secretaría de Hacienda Municipal
de la entidad demandada, copia auténtica de la Resolución de liquidación
definitiva de las prestaciones sociales, toda vez, que ya habían transcurrido
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15 días hábiles de haber presentado la solicitud de liquidación y pago de las
mencionadas prestaciones (fl. 28).
3) El 22 de enero de 2003 el señor DUMAR RUIZ presentó acción de tutela por
violación al derecho de petición, y el Juzgado Promiscuo Municipal de
Zaragoza tuteló el derecho fundamental incoado; el 15 de julio tramitó
incidente de desacato (fls. 29 a 33).
4) Derecho de Petición elevado el 15 de julio de 2003 a la entidad
demandada, solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de las cesantías
correspondientes al año 2001, y del período del 1° de enero al 24 de agosto
de 2002, así como la sanción moratoria por el no pago oportuno de
conformidad con el artículo 2° de la Ley 244 de 1995 (fls. 25 y 26).
Lo anterior indica, que en el expediente sí se presentaron las “pruebas
necesarias” para llevar a cabo el acuerdo conciliatorio entre el actor y el
Municipio de Zaragoza – Antioquia de conformidad con el artículo 73 de la Ley
446 de 1998, como en efecto sucedió en la Audiencia de Conciliación Judicial
realizada el 21 de junio de 2012 (fl. 184 y 185), razón por la cual el Magistrado
Sustanciador del proceso lo aprobó porque lo encontró conforme a la Ley,
mediante su suscripción en el acta de conciliación, lo que reitera que no fue
violatorio de la Ley ni lesivo para el patrimonio público. Y como el acuerdo
conciliatorio recayó sobre la totalidad del litigio el Juez debió dictar un auto
“…declarando terminado el proceso”, según lo preceptuado en la norma
mencionada.
Empero, posteriormente el mismo Juez que aprobó la conciliación suscrita por
él y las partes, la improbó mediante auto de 22 de junio de 2012 que ahora se
discute, porque en su sentir el acuerdo conciliatorio realizado no cuenta con las
pruebas necesarias que lo respalde ya que el litigio no versó sobre sanción
moratoria alguna.
Para la el (sic) auto recurrido es contrario a derecho, toda vez, que de
conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente se probó que
el actor en múltiples ocasiones – e inclusive desde la presentación de la
demanda-, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, así
como la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, es decir, que sí se
presentaron en el expediente las pruebas necesarias para llevar a cabo el
acuerdo conciliatorio entre las partes, como efecto (sic) sucedió en la diligencia
de 21 de junio de 2012; que una vez aprobado el Juez debió declarar terminado
el proceso como lo prevé la norma, sin embargo no lo hizo, contrario censu (sic)
o improbó por las razones mencionadas en el párrafo anterior (fl. 184 y 185).
[…]
De otro lado, no sobra mencionar que la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995,
estableció unos términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas ó (sic) de lo contrario se incurriría en sanciones por
la mora en el pago de dicha prestación […].
De conformidad con la normatividad transcrita, se concluye que las cesantías
definitivas se cancelan al servidor público al término o finalización de su relación
laboral con el Estado, y sólo hasta ese momento pueden entregárselas para
que disponga de ellas; el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 concede a la entidad
empleadora un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de
la ejecutoria del acto liquidador, para hacer efectiva la prestación liquidada; y la
liquidación de la cesantía definitiva debe estar contenida en una Resolución
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correspondiente a la petición de la persona interesada, entiéndase retirada,
para lo cual la entidad donde prestó sus servicios -liquidadora- tiene un término
de quince (15) días hábiles para remitirla.
[…].23
[Neritas y subrayas propias del original]
v) El 10 de septiembre de 2013, a las 5:00 p. m., quedó ejecutoriado el auto del
25 de julio de 2013, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
2.3.3. Sobre el segundo proceso judicial al que alude la entidad ejecutada:
radicado 05001 23 31 000 2003 04500 01:
i) El 4 de diciembre de 2003,24 el señor Julio Fredys Dumar Ruiz presentó una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio
de Zaragoza, a través de la cual solicitó la declaratoria de nulidad del acto
ficto que se configuró porque no se resolvió el recurso de reposición que
interpuso contra la Resolución 188 del 27 de diciembre de 2002. Como
consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
deprecó el reconocimiento y pago de a) las cesantías causadas durante el
período que va del 1.° de enero al 24 de agosto de 2002, más los intereses
sobre ellas; b) la sanción moratoria originada desde el 9 de diciembre de
2002, conforme a la Ley 244 de 1995; c) las vacaciones y la prima de
vacaciones proporcionales al tiempo de servicio comprendido entre el 26 de
octubre de 2001 y el 24 de agosto de 2002; d) la compensación en dinero por
las vacaciones no disfrutadas; y e) las costas del proceso.
ii) El 20 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección
Laboral, Sala de Descongestión, profirió sentencia de primera instancia, por
medio de la cual a) declaró la nulidad del acto ficto configurado porque el
municipio de Zaragoza no resolvió el recurso de reposición que interpuso el
señor Julio Fredys Dumar Ruiz, contra la Resolución 188 del 27 de diciembre
23 Folios 21 a 34.
24 Fecha tomada de la sentencia del 20 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala de Descongestión, Subsección Laboral. Folio 54.
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de 2002; reconoció y ordenó el pago de b) las cesantías causadas desde el
26 de octubre de 2001 hasta el 24 de agosto de 2002; c) la sanción moratoria
originada por el no pago oportuno de las cesantías, desde el 18 de noviembre
de 2003; d) las vacaciones y la prima de vacaciones proporcionales al lapso
que va del 26 de octubre de 2001 al 24 de agosto de 2002; y e) los demás
rubros legales que devengó y deprecó el actor entre el 26 de octubre de 2001
y el 24 de agosto de 2002. De la providencia mencionada se extraen los
siguientes apartes:
En lo referente al pago de las cesantías y de acuerdo al material probatorio y el
referente normativo y jurisprudencial, se pasará a establecer los términos que
trata la Ley 244 de 1995 para fijar las fechas en las que se debieron efectuar
los pagos respectivos al actor.
Se tiene que la Ley 244 de 1995 señala que la Administración debe liquidar a
los exfuncionarios las cesantías definitivas dentro de los quince días siguientes
a la solicitud y una vez agotada la vía gubernativa tiene 45 días hábiles para
pagarla y si en éste término no cumple, a partir de la fecha en que debía pagarse
deberá cancelarse al exfuncionario un día de salario por cada día de mora.
En el caso presente como se ordenó la liquidación de las cesantías solicitadas,
esto es mediante la Resolución No. (sic) 188 del 27 de diciembre de 2002, ya
que en el documento mediante el cual se liquidaron tales sumas se encuentra
este rubro, ello obligaba a la Administración a cancelarlas dentro de los 45 días
hábiles siguientes a la ejecutoria de dicho acto, y por ende a pagar a partir de
la última fecha un día de salario por cada día de retraso.
Ello por cuanto, la sanción moratoria implica una previa liquidación de las
cesantías que existe en el caso que nos ocupa, lo que permite que la Sala
ordene la cancelación de la misma, por cumplirse con los presupuestos de la
norma invocada.
[…]
Acá, el demandante solicitó expresamente el pago de la sanción moratoria,
visible a folios 13, 17 y 20 del plenario, donde solicita reconocimiento y pago de
la indemnización moratoria solicitada, sin embargo mediante la Resolución
demandada no existió pronunciamiento al respecto y menos aun al guardar
silencio frente al recurso de reposición interpuesto contra dicho acto.
Conforme lo anterior, concluye la Sala que en el presente asunto hubo un
pronunciamiento tácito de negar, por parte de la demandada respecto de la
pretensión de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, y por tanto,
hay lugar a realizar pronunciamiento de fondo sobre este asunto.
Como quiera que el demandante interpuso recurso de reposición frente a la
Resolución No. (sic) 188 del 27 de diciembre de 2002 que reconoció y ordenó
pagar unas prestaciones sociales al actor, el día 12 de agosto de 2003, dada su
notificación apenas el 5 de agosto de 2003 y que la accionada frente a dicho
recurso guardó silencio, se atenderá la fecha de la última petición elevada por
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el actor, eso es, la del recurso de reposición presentado el día 12 de agosto de
2003 (fls. 20), para contabilizar el término de sesenta y cinco (65) días hábiles
con los que cuenta la entidad para resolver el recurso que decidiera sobre las
prestaciones liquidadas y liquidar y pagar las cesantías definitivas del
demandante.
Se tiene entonces, que los sesenta y cinco (65) que (sic) trata la Ley 244 de
1995, se cumplieron el día 18 de noviembre de 2003. A partir de esta fecha
se constituyó el Municipio de Zaragoza (Antioquia) en mora para realizar
el pago de las cesantías del actor.
[…]
Con respecto a las vacaciones, teniendo en cuenta lo prescrito por los artículos
20 y 25 del Decreto 1045 de 1978 y a lo analizado por la jurisprudencia del
superior, debe proceder esta Sala a ordenar a la demandada pagar al actor lo
que corresponda por el valor de las vacaciones y prima de vacaciones en base
a la asignación básica correspondiente al cargo que desempeñó por el período
comprendido entre 26 de octubre de 2001 y el 24 de agosto de 2002, de manera
proporcional, ello por cuanto se analizó, que el no reconocer el pago
proporcional de las vacaciones no disfrutadas por retiro del servicio, sin cumplir
el año completo, podría afectar el goce de derechos constitucionales
fundamentales de los servidores públicos, y que toda persona cuyo período de
servicios en cualquier año sea inferior al requerido para tener derecho al total
de vacaciones, tendrá derecho respecto de ese año a vacaciones pagadas
proporcionales a la duración de sus servicios en dicho año.
En lo concerniente al pago de las demás prestaciones sociales, se encuentra
que efectivamente el demandante demostró que laboró como Director Local de
Salud en el Municipio de Zaragoza (Antioquia), designado por Decreto 076 del
26 de octubre de 2001 (fls. 10), expedido por el alcalde municipal, cargo del que
tomó posesión en la misma fecha (f. 11) y laboró hasta el 24 de agosto de 2002
(f. 12), por lo que en ese lapso se ocasionaron prestaciones sociales legales
que no han sido satisfechas por la administración y, por ende, debe darse el
reconocimiento de los demás rubros de carácter legal devengados y
deprecados por el actor en lo que concierne al periodo laborado como empleado
público, esto es desde el 26 de octubre de 2001 al 24 de agosto de 2002 (fl. 12).
[…]
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, surgido
del silencio administrativo de la administración al no resolverse el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución No. (sic) 188 del 27 de diciembre de
2002, expedida por el Alcalde Municipal de Zaragoza, mediante la cual se
reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al MUNICIPIO DE
ZARAGOZA, ANTIOQUIA a reconocer y pagar al señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ,
las cesantías adeudadas desde el 26 de octubre de 2001 al 24 de agosto de
2002, así como la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías,
sanción que se deberá pagar así: un día de salario por cada día de mora en el
pago de la cesantía desde el 18 de noviembre de 2003, hasta la fecha en que
haya realizado el pago o en caso de no haberse realizado ese pago, hasta la
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fecha del pago efectivo de las acreencias aquí ordenadas, ello en virtud a lo
analizado en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: CONDENAR al MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA, a reconocer y
pagar, en favor del señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ, lo que corresponda por el
valor de las vacaciones y prima de vacaciones en base a la asignación básica
correspondiente al cargo que desempeñó por el período comprendido entre 26
de octubre de 2001 y el 24 de agosto de 2002, de manera proporcional, con
base en lo analizado en la parte motiva.
CUARTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA, a reconocer y pagar,
en favor del señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ de los demás rubros de carácter
legal devengados y deprecados por el actor en lo que concierne al periodo
laborado como empleado público del 26 de octubre de 2001 al 24 de agosto de
2002, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[…].25
[Negritas propias del original]
iii) El 19 de marzo de 2013, a las 5:00 p. m., quedó ejecutoriada la sentencia del
20 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Subsección Laboral, Sala de Descongestión.26
iv) El 3 de julio de 2014, el municipio de Zaragoza expidió la orden de pago
0000001231 y el comprobante de egreso 0000001263, por $ 50.000.000 COP,
a favor del señor Julio Fredys Dumar Ruiz, por concepto de «ABONO AL
PROCESO LABORAL NÚMERO 050012331000 2003-04500 01, POR VALOR DE
$50.000.000, CORRESPONDIENTE AL DE PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL
SERVICIO, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA POR NO PAGO
OPORTUNO DE LAS CESANTÍAS CONTENIDO EN LA LEY 244 DE 1995, PRESTACIONES
SOCIALES POR RETIRO DEL SERVICIO, VACACIONES Y PRIMAS DE VACACIONES
PROPORCIONALES, VER SENTENCIA, Y DEMÁS ANEXOS».27
v) El 22 de octubre de 2014, el municipio de Zaragoza expidió la orden de pago
01924 y el comprobante de egreso 02008, por $ 20.000.000 COP, a favor del
señor Julio Fredys Dumar Ruiz, por concepto de « PAGO PROCESO LABORAL
NÚMERO 050012331000-2003-04500-01, CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES
SOCIALES POR RETIRO DEL SERVICIO RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SANCIÓN
25 Folios 52 a 61.
26 Folio 78.
27 Folios 62 y 63.
20
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
MORATORIA POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS CESANTÍAS CONTENIDO EN LA LEY
244 DE 1995, PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL SERVICIO, VACACIONES, Y
PRIMA DE VACACIONES PROPORCIONALES, DE LAS CUALES SE ABONÓ EN C.E.
NÚMERO 1263 DE JULIO 03/2014 LA SUMA DE $50.000.000, HOY SE ABONA LA SUMA
DE $20.000.000, VER SENTENCIA Y DEMÁS ANEXOS».28
2.3.4. Sobre los procesos ejecutivos que inició el demandante
El 3 de noviembre de 2015, el señor Julio Fredys Dumar Ruiz presentó dos
demandas ejecutivas en contra del municipio de Zaragoza, así:
i) La primera, ante el Juzgado 11 Administrativo de Medellín, a fin de lograr el
cumplimiento de la obligación contenida en el acta de conciliación del 21 de
junio de 2012. A este proceso le correspondió el número de radicación 05001
33 33 011 2015 01224 00, pero luego fue remitido al Tribunal Administrativo
de Antioquia, por competencia, donde se le asignó el nuevo radicado 05001
23 33 000 2016 02311 00.29
ii) La segunda, ante el Juzgado 10 Administrativo de Medellín, con la cual
pretendió la satisfacción de la obligación reconocida en la sentencia del 20
de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Subsección Laboral, Sala de Descongestión. A este proceso le correspondió
el número de radicación 05001 33 33 010 2015 01194 00, pero después fue
remitido al Tribunal Administrativo de Antioquia, por competencia, donde se
le asignó el nuevo radicado 05001 23 33 000 2016 02570 00.
28 Folios 66 y 67.
29 Antes de remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado 11 Administrativo de Medellín
había librado mandamiento ejecutivo a favor del señor Julio Fredys Dumar Ruiz, en contra del municipio de
Zaragoza, por medio de auto del 23 de noviembre de 2015, así:
«PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE pago en contra del MUNICIPIO DE ZARAGOZA, para que dentro del término de
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, pague a favor del señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ,
las siguientes sumas de dinero:
• $180.000.000 por concepto de capital, representado en la conciliación celebrada el día 21 de junio de 2012 y
aprobada por el Consejo de Estado mediante providencia del 25 de julio de 2013.
• Por los intereses de mora causados desde que la obligación se hizo exigible hasta cuando se efectúe la
totalidad del pago.
SEGUNDO: Dar a la demanda el trámite del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del Código
General del Proceso». Folio 37.
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
En relación con este proceso ejecutivo, vale la pena resaltar que el Juzgado
10 Administrativo de Medellín, por auto del 9 de diciembre de 2015, 30 libró
mandamiento de pago en contra del municipio de Zaragoza. Sin embargo,
cuando el expediente se remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia, esta
corporación dejó sin efectos la mencionada providencia, mediante proveído
del 24 de abril de 2017. En su lugar, inadmitió la demanda, para que el señor
Julio Fredys Dumar Ruiz la corrigiera en los siguientes términos:
Indicará de manera clara la fecha desde la cual se reclaman los valores a
ejecutar, esto es, $ 246.063.651.76 y $10.523.257.44 y cuáles son los títulos
ejecutivos para su cobro. Lo anterior si se tiene en cuenta que existen dos
sentencias: una que reconoce las cesantías desde el 26 de octubre de 2001 al
24 de agosto de 2002 y la sanción moratoria desde el 18 de noviembre de 2003
y la otra que reconoce las cesantías definitivas, sin que fuera condenada la
entidad territorial al pago de la sanción moratoria, empero sobre esta sentencia
existe una conciliación en la cual se incluye la sanción moratoria, hará claridad
al respecto.31
No obstante, frente al auto inadmisorio, el señor Dumar Ruiz decidió retirar
la demanda ejecutiva, el 9 de mayo de 2017.32
2.4. Análisis de la Sala. El caso concreto
De acuerdo con el artículo 430 del CGP,33 una vez presentada la demanda ejecutiva,
30 Folios 79 a 81 y 152 a 153.
«1.- LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor del señor JULIO DUMAR RUIZ y en contra del MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
en los términos de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, el pasado 20 de febrero
de 2013, la cual dispuso:
“….SEGUNDO: (sic) Como consecuencia de la anterior, CONDENAR al MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA a
reconocer y pagar al señor JULIO FREDYS DUMAR RUIZ, las cesantías adeudadas desde el 26 de octubre de 2001
al 24 de agosto de 2002, así como la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías, sanción que se
deberá pagar así: un día de salario por cada día de mora en el pago de la cesantía desde el 18 de noviembre
de 2003, hasta la fecha en que haya realizado el pago en caso de no haberse realizado ese pago, hasta la
fecha del pago efectivo de las acreencias aquí ordenadas, ello en virtud y lo analizado en la parte motiva de
la presente providencia.
TERCERO: CONDENAR al MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA, a reconocer y pagar, en favor del señor JULIO FREDYS
DUMAR RUIZ, lo que corresponda por el valor de las vacaciones y prima de vacaciones en base a la asignación
básica correspondiente al cargo que desempeñó por el período comprendido entre 26 de octubre de 2001 y
el 24 de agosto de 2002, de manera proporcional, con base en lo analizado en la parte motiva.
CUARTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA, a reconocer y pagar, en favor del señor JULIO FREDYS
DUMAR RUIZ de los demás rubros de carácter legal devengados y deprecados por el actor en lo que concierne
al período laborado como empleado público del 26 de octubre de 2001 al 24 de agosto de 2002, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: Las sumas reconocidas, salvo la sanción moratoria que no se indexará tal como se fundamentó en la
parte motiva, se pagarán debidamente ajustadas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
C.C.A…”».
31 Folios 234A y 235.
32 Folio 235, reverso.
33 «ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste
mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
el juez debe ordenar el cumplimiento de la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que estime legal. En esas condiciones, la autoridad judicial tiene
que estudiar el título base de recaudo para determinar cuál es el objeto de la
obligación cuya satisfacción se persigue, a fin de establecer en qué términos libra
el mandamiento ejecutivo. Así lo precisó esta Subsección:
Como ya se expuso en líneas precedentes, los funcionarios judiciales deben vigilar
que al interior de las actuaciones prevalezca el derecho sustancial, lo que se
materializa en el asunto ahora estudiado, en que al analizar si se libra o no
mandamiento ejecutivo, se haga en la forma pedida o en la que se considere legal,
tal como expresamente lo manda el artículo 430 del CGP atrás citado. Lo anterior, se
traduce en que nada impide que el juez, como director del proceso y a quien
legalmente le asiste una serie de potestades y deberes, aun oficiosas, pueda
examinar con detenimiento el título para efectos de librar el mandamiento como
legalmente corresponde.
Lo explicado, no implica que el funcionario judicial pueda sobrepasar sus deberes
para entrar a modificar o cuestionar sesgadamente la decisión contenida en la
providencia que se invoca como título ejecutivo, y menos aún, desconocer la cosa
juzgada o suplantar las actuaciones propias de las partes, sino que teniendo en
cuenta que gran parte de las decisiones condenatorias proferidas por esta jurisdicción
señalan los lineamientos para efectos de acatar los respectivos títulos judiciales, debe
estudiarse en conjunto los elementos que le permitan estructurar de manera legal el
mandamiento ejecutivo.34
[Subrayas propias del original]
Así las cosas, la tarea de intelección en cabeza del juez del proceso ejecutivo,
encaminada a determinar cuál es la obligación contenida en el título objeto de
recaudo, resulta útil para definir si libra mandamiento de pago y, al tiempo, para
establecer cómo el deudor podría honrar el crédito, teniendo en cuenta que el pago
efectivo es la prestación de lo que se debe, de acuerdo con el artículo 1626 del
Código Civil.35
Por lo anterior, en aras de decidir si los pagos alegados por el municipio de Zaragoza
pueden ser imputados a la obligación contenida en el acta de conciliación del 21 de
junio de 2012, resulta necesario comprender qué acordaron las partes.
En primer lugar, la Sala observa que, si bien en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001 23 31 000 2003 03786 00 el señor Julio Fredys
[…]».
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de
abril de 2022, expediente 25000 23 42 000 2020 01038 01 (1358-2022), M.P., William Hernández Gómez.
35 «ARTÍCULO 1626. DEFINICIÓN DE PAGO. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe».
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
Dumar Ruiz pretendió el pago de las cesantías causadas desde el 26 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2001, más la sanción moratoria originada desde el 15
de febrero de 2002, por no haberse consignado de manera oportuna dicha
prestación en el fondo correspondiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia
advirtió que el municipio de Zaragoza tampoco le había cancelado las cesantías
definitivas al actor, a pesar de la terminación del vínculo laboral. Por esa razón, el
tribunal, a través de sentencia del 12 de septiembre de 2011, reconoció y ordenó el
pago de las cesantías definitivas del demandante, aunque denegó la sanción
moratoria pedida.
Empero, el 21 de junio de 2012, el señor Dumar Ruiz y el municipio de Zaragoza
llegaron a un acuerdo conciliatorio que cobijó todo lo pretendido en el proceso, pues,
de no haber sido así, no se habría podido declarar la terminación de la controversia.
Además, en el acta correspondiente, el demandante señaló que los $ 180.000.000
COP comprendían la sanción moratoria causada desde el 1.° de marzo de 2002
hasta el 21 de junio de 2012, conforme al artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que la obligación conciliada el 21 de junio
de 2012, por $ 180.000.000 COP, comprende los siguientes conceptos:
i) Las cesantías causadas durante toda la vinculación laboral del señor Julio
Fredys Dumar Ruiz, es decir, desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de
agosto de 2002, pues en el proceso judicial que se dio por terminado se
analizó dicha prestación por el lapso que invocó el actor en su demanda (26
de octubre al 31 de diciembre de 2001), más las cesantías definitivas que
reconoció el tribunal, de manera ultra petita (hasta el 24 de agosto de 2002).
ii) La sanción moratoria causada porque las cesantías del período que va del
26 de octubre al 31 de diciembre de 2001 no se consignaron de manera
oportuna en el fondo correspondiente; y la sanción moratoria originada por el
pago tardío de las cesantías definitivas, regulada en el parágrafo del artículo
2 de la Ley 244 de 1995. Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes
puntos:
a. Si bien en la sentencia del 12 de septiembre de 2011 se denegó el
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida, el accionante
las incluyó en el acuerdo de conciliatorio.
b. Según el acta de conciliación, el señor Dumar Ruiz calculó la sanción
moratoria a partir del 1.° de marzo de 2002 hasta el 21 de junio de 2012;
es decir, desde antes de que venciera el vínculo laboral (24 de agosto de
2002), y extendió la liquidación hasta el día en que se celebró el acuerdo.
Al respecto, resulta pertinente destacar que el señor Dumar Ruiz tuvo la
intención de incluir la sanción moratoria causada por la consignación
tardía de sus cesantías en el fondo correspondiente, ya que contabilizó
dicha penalidad desde antes de que terminara el vínculo laboral. Sobre el
particular, es necesario precisar que la mora en la consignación de las
«cesantías anualizadas» puede proyectarse, como máximo, hasta el
momento de desvinculación del servicio, porque de ahí en adelante
comienzan a correr los términos para el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas, y la eventual sanción moratoria originada por la
cancelación tardía de estas. Así lo precisó esta corporación:
Como se señaló en la primera de las providencias citadas dentro de este
aparte, al momento en que se produce el retiro del servicio surge la
obligación de pagar las cesantías definitivas, por ende, hasta esa fecha
podría correr la sanción producto de la mora en la consignación de las
cesantías anualizadas, pues a partir de ese momento empiezan a correr
nuevos términos, del lado del trabajador, para reclamar sus prestaciones
definitivas, y del lado del empleador, para cumplir los plazos y términos
concedidos por la ley para pagar la integridad de las prestaciones
definitivas debidas, dentro de las cuales se encuentran las cesantías.
Y como no puede haber simultaneidad o concurrencia de una y otra de
las indemnizaciones moratorias, es decir, las que se producen a causa de
la mora en la consignación de las cesantías anualizadas y las que surgen
de la mora en el pago de las definitivas, deberá tomarse como límite final
la fecha de la desvinculación del servicio, para efecto de la causación de
la mora en el pago de las cesantías definitivas, acogiendo la primera
postura planteada.36
En esas condiciones, si el señor Dumar Ruiz hizo sus cálculos desde el
1.° de marzo de 2002 hasta el 21 de junio de 2012, eso significa que tuvo
la intención de incluir las dos sanciones moratorias, a saber: la causada
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ004 de 2016 del 25 de agosto de 2016, expediente 08001 23 31 000 2011 00628 01 (0528-14), M.P., Luis
Rafael Vergara Quintero.
25
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
por la consignación tardía de las cesantías en el respectivo fondo y la
originada por el pago inoportuno de las cesantías definitivas.
c. En el auto del 25 de julio de 2013, que aprobó el acuerdo conciliatorio del
21 de junio de 2012, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado determinó que el señor Julio Fredys Dumar Ruiz había
presentado pruebas suficientes para conciliar la sanción moratoria
causada por la falta de pago de sus cesantías definitivas, conforme al
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, en los siguientes términos:
Lo anterior indica, que en el expediente sí se presentaron las “pruebas
necesarias” para llevar a cabo el acuerdo conciliatorio entre el actor y el
Municipio de Zaragoza – Antioquia de conformidad con el artículo 73 de
la Ley 446 de 1998, como en efecto sucedió en la Audiencia de
Conciliación Judicial realizada el 21 de junio de 2012 (fl. 184 y 185), razón
por la cual el Magistrado Sustanciador del proceso lo aprobó porque lo
encontró conforme a la Ley, mediante su suscripción en el acta de
conciliación, lo que reitera que no fue violatorio de la Ley ni lesivo para el
patrimonio público. Y como el acuerdo conciliatorio recayó sobre la
totalidad del litigio el Juez debió dictar un auto “…declarando terminado el
proceso”, según lo preceptuado en la norma mencionada.
[…]
Para la el (sic) auto recurrido es contrario a derecho, toda vez, que de
conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente se probó
que el actor en múltiples ocasiones – e inclusive desde la presentación de
la demanda-, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, así como la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995,
es decir, que sí se presentaron en el expediente las pruebas necesarias
para llevar a cabo el acuerdo conciliatorio entre las partes, como efecto
(sic) sucedió en la diligencia de 21 de junio de 2012; que una vez
aprobado el Juez debió declarar terminado el proceso como lo prevé la
norma, sin embargo no lo hizo, contrario censu (sic) o improbó por las
razones mencionadas en el párrafo anterior (fl. 184 y 185).37
[Subrayas propias del original]
Así pues, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
entendió que el acuerdo conciliatorio abarcaba «la totalidad del litigio», lo
cual comprende las cesantías generadas desde el 26 de octubre hasta el
31 de diciembre de 2001 y la sanción moratoria causada por la
consignación inoportuna de ellas en el fondo respectivo; más las
cesantías definitivas reconocidas en la sentencia del 12 de septiembre de
2011 y la sanción moratoria originada por la falta de pago de ellas.
37 Folios 21 a 34.
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
En este punto, resulta importante precisar que las consideraciones
expuestas en el auto del 25 de julio de 2013, aprobatorio del acuerdo de
conciliación del 21 de junio de 2012, son relevantes para comprender cuál
es el objeto de la obligación contenida en el título ejecutivo, ya que este
está conformado por el acta de conciliación y el auto que aprobó el
acuerdo.38
En segundo lugar, una vez determinado el objeto de la obligación que asumió el
municipio de Zaragoza, resulta necesario establecer los conceptos por los cuales
canceló $ 50.000.000 COP y $ 20.000.000 COP, con destino al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001 23 31 000 2003 04500 01, en aras de definir si
dichos pagos pueden ser imputados a la obligación cuyo cumplimiento persigue el
señor Julio Fredys Dumar Ruiz en esta oportunidad.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que, a través de sentencia del 20 de febrero
de 2013, proferida dentro del proceso citado (05001 23 31 000 2003 04500 01), el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral, Sala de Descongestión,
reconoció y ordenó el pago de i) las cesantías causadas desde el 26 de octubre de
2001 hasta el 24 de agosto de 2002; ii) la sanción moratoria originada por el no
pago oportuno de las cesantías, desde el 18 de noviembre de 2003; iii) las
vacaciones y la prima de vacaciones proporcionales al lapso que va del 26 de
octubre de 2001 al 24 de agosto de 2002; y iv) los demás rubros legales que
devengó y deprecó el actor entre el 26 de octubre de 2001 y el 24 de agosto de
2002.
Ahora bien, en las órdenes de pago 0000001231 del 3 de julio de 2014 y 01924 del
22 de octubre de 2014, por $ 50.000.000 COP y $ 20.000.000 COP, respectivamente,
se indicó que dichas sumas eran canceladas debido a la condena impuesta en la
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7
de octubre de 2020, expediente 19001 23 31 000 2012 00212 01 (57075), M.P., Nicolás Yepes Corrales. En la
providencia citada se indicó que los demandantes conciliaron la condena impuesta a la Fiscalía General de la
Nación, a raíz de una privación injusta de la libertad. Puntualmente, se precisó que «[e]n efecto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 446 de 1998, el acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio
debidamente ejecutoriado prestan mérito ejecutivo y tienen efectos de cosa juzgada». Adicionalmente, en la
providencia del 3 de noviembre de 2020, expediente 47001 23 31 000 1999 00570 03 (60418), Sección Tercera,
Subsección B, M.P., Ramiro Pazos Guerrero, se señaló que «[…] los intereses legales a aplicar son los previstos
en las disposiciones que refieren a los títulos ejecutivos de origen judicial, entre ellos los complejos contenidos
en un acta de conciliación y en la providencia judicial que la aprueba».
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Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
sentencia del 20 de febrero de 2013, sin discriminar el monto abonado a cada
concepto en particular. Además, por autos del 16 de septiembre de 202139 y 29 de
febrero de 2024,40 esta corporación requirió al municipio de Zaragoza para que
aclarara cómo realizó las liquidaciones que hicieron posible dichos pagos, a qué
conceptos iban imputados y por cuáles períodos; sin embargo, la entidad ejecutada
allegó información que ya reposaba en el expediente y presentó otra distinta a la
que fue solicitada, relacionada con un cálculo actuarial por omisión en el pago de
aportes pensionales.41
En ese contexto, a pesar de que el total de $ 70.000.000 COP no fue girado para
cancelar un concepto específico de los reconocidos en el fallo del 20 de febrero de
2013, tal pago podría ser imputado a la obligación que surge del acta de conciliación
del 21 de junio de 2012, en la medida en que se presenta una coincidencia en el
objeto de ambas obligaciones, así:
Acta de conciliación del Sentencia del 20 de febrero ¿Coinciden las
21 de junio de 2012 de 2013, expediente 05001 obligaciones?
23 31 000 2003 04500 01
Cesantías del 26 de Cesantías del 26 de octubre
octubre al 31 de diciembre de 2001 al 24 de agosto de Sí
de 2001 2002
Cesantías del 1.° de enero Cesantías del 26 de octubre
al 24 de agosto de 2002 de 2001 al 24 de agosto de Sí
2002
Sanción moratoria por la Sanción moratoria causada
consignación tardía de desde el 18 de noviembre de
No
cesantías en el fondo 2003
correspondiente
Sanción moratoria por el Sanción moratoria causada
pago tardío de cesantías desde el 18 de noviembre de Sí
definitivas 2003
Vacaciones proporcionales,
desde el 26 de octubre de
• - - -
2001 hasta el 24 de agosto de
2002
Prima de vacaciones
• - proporcional, hasta el 24 de - -
agosto de 2002
Demás rubros legales que
devengó y solicitó el actor, por
• - el período comprendido entre - -
el 26 de octubre de 2001 y el
24 de agosto de 2004
39 Folios 337 a 340 e índice 15 de la plataforma Samai.
40 Folio 349 e índice 38 ibidem.
41 Índices 20, 23 y 43 ibidem.
28
Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
En esas condiciones, existe coincidencia en las obligaciones contenidas en el acta
de conciliación del 21 de junio de 2012 y en la sentencia del 20 de febrero de 2013,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001 23 31
000 2003 04500 01, frente a los siguientes conceptos: i) las cesantías causadas
desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 24 de agosto de 2002; y ii) la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas.
Por lo anterior, los pagos por $ 50.000.000 COP y $ 20.000.000 COP sí pueden ser
imputados a la obligación consignada en el acta de conciliación del 21 de junio de
2012. Además, aunque en el acuerdo conciliatorio se incluyó la sanción moratoria
por la consignación inoportuna de las cesantías en el respectivo fondo, lo cierto es
que i) los pagos realizados en el proceso 05001 23 31 000 2003 04500 01 no fueron
dirigidos a un concepto en específico de los reconocidos en la sentencia del 20 de
febrero de 2013, por lo cual podrían tomarse como abono a las obligaciones que sí
coinciden, relacionadas previamente; y ii) en el acta de conciliación se previó una
suma concreta a cargo del municipio de Zaragoza ($ 180.000.000 COP), sin precisar
cómo se distribuye entre los diferentes ítems conciliados; por ende, como este
último valor no se ha cancelado en su totalidad, la diferencia insoluta o parte de ella
podrían tomarse a razón de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
«cesantías anualizadas», sin que sea posible establecer a cuánto asciende
exactamente este concepto, pues no se discriminó en el título ejecutivo.
En tercer lugar, la Sala debe destacar, tal como lo hizo la agente delegada del
Ministerio Público en segunda instancia, que, como existe coincidencia en ciertas
obligaciones reconocidas en el acta de conciliación del 21 de junio de 2012 y la
sentencia del 20 de febrero de 2013 (expediente 05001 23 31 000 2003 04500 01),
a favor del señor Julio Fredys Dumar Ruiz, en contra del municipio de Zaragoza, es
imperioso que el juez del proceso ejecutivo evite un doble pago con cargo al erario,
en aras de impedir la consumación de un enriquecimiento sin justa causa en
beneficio del ejecutante, y un correlativo empobrecimiento para el Estado.
Finalmente, es valiosa esta oportunidad, aun en el escenario del proceso ejecutivo,
para llamar la atención del municipio de Zaragoza, pues la Sala observa, con
particular asombro, el desorden administrativo que demuestran sus actuaciones,
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
dada la forma en que realizó los pagos por $ 50.000.000 COP y $ 20.000.000 COP,
sin discriminar los conceptos que cobijaban dichos abonos, y la forma desinteresada
con la cual atendió los requerimientos concretos que hizo esta corporación, a través
de los autos del 16 de septiembre de 2021 y 29 de febrero de 2024. Lo anterior,
porque es un deber constitucional colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia.42
Además, resulta preocupante la manera como la entidad territorial mencionada
ejerció la defensa de sus intereses en los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho 05001 23 31 000 2003 03786 00 y 05001 23 31 000 2003 04500 01,
tomando en consideración que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución
Política radicó en cabeza de los alcaldes la representación judicial y extrajudicial de
los municipios. Sin embargo, en ninguno de los asuntos se contestó la demanda, y
en el segundo se omitió interponer el recurso de apelación contra la sentencia del
20 de febrero de 2013, a pesar de que ya se había celebrado un acuerdo
conciliatorio que estaba pendiente de ser aprobado.
2.5. La condena en costas en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA se atendía una valoración objetiva43 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
42 Constitución Política, artículo 95, numeral 7.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, expediente
13001 23 33 000 2013 00022 01 (1291-2014), M.P., William Hernández Gómez.
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que los pagos que realizó el municipio de Zaragoza, por $ 50.000.000 COP
y $ 20.000.000 COP, con destino al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 05001 23 31 000 2003 04500 01, sí pueden ser imputados a la obligación
contenida en el acuerdo conciliatorio del 21 de junio de 2012, celebrado entre el
señor Julio Fredys Dumar Ruiz y la citada entidad territorial, pues ambos títulos
comprenden, de manera coincidente, las cesantías causadas desde el 26 de
octubre de 2001 hasta el 24 de agosto de 2002 y la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías definitivas. Por consiguiente, tales conceptos deben
entenderse ejecutados en este proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. En su lugar, se
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Radicado: 05001 23 33 000 2016 02311 01 (1214-2019)
Demandante: Julio Fredys Dumar Ruiz
declara probada la excepción de pago parcial formulada por el municipio de
Zaragoza (Antioquia), por $ 50.000.000 COP y $ 20.000.000 COP, y se dispone
continuar adelante con la ejecución por el saldo insoluto de la obligación consignada
en el acta de conciliación del 21 de junio de 2012, de conformidad con las razones
esbozadas en esta providencia.
Segundo. No condenar en costas de segunda instancia, según lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Tercero. Remitir una copia de esta sentencia al Tribunal Administrativo de
Antioquia, para que se agregue al expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho 05001 23 31000 2003 04500 01, a fin de que se tenga en cuenta lo aquí
decidido.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Impedido Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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