Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02662-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02662-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02662-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
Demandante: Cristhian Danilo Pinzón Muñoz
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima especial. Prescripción. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 los recursos de apelación interpuestos por las partes contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. El señor Cristhian Danilo Pinzón Muñoz interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR16-5449 del 18 de abril
de 2016, a través de la cual la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, negó la reliquidación y el pago de las diferencias debidas por concepto de
salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992, así como del acto ficto producto del silencio administrativo
1 Se precisa que, si bien el 27 de enero de 2017, en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia, suscribí impedimento para conocer del asunto (art. 141-1) de manera conjunta con los demás
magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo de Estado, el 4 de mayo del mismo año,
dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior, estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se
enmarca en ninguna causal de impedimento y, en gracia de discusión, actualmente, la Subsección B, en
distintos pronunciamientos, lo ha declarado infundado. De ahí que, es innecesario manifestarlo.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
negativo en el que incurrió la entidad frente al recurso interpuesto.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar, del 29 de agosto de
2011 al mes de diciembre del mismo año; y desde el 2 de febrero de 2012 hasta la
fecha, un incremento del 30% sobre la remuneración, a título de prima especial de
servicios, y a reliquidar las prestaciones sociales con base en el 100% del salario,
con la inclusión del 30% de sobresueldo por concepto de prima especial, con
carácter salarial, de conformidad con lo señalado en la sentencia del 29 de abril de
2014.
5. Que se ordene reajustar los aportes efectuados a las entidades de seguridad
social, causados por todo el tiempo laborado, se actualicen las sumas reconocidas,
se condene en costas y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República, del 29 de agosto de 2011 al mes de diciembre del mismo año; y desde
el 6 de febrero de 2012 hasta la fecha. Que el 31 de marzo de 2016 solicitó a la
demandada reconocer y pagar la prima especial de servicios de que trata la Ley 4.ª
de 1992, y las diferencias por todos los conceptos salariales y prestacionales
relacionados con la deducción del 30%. Petición que se negó a través de los actos
demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 1, 2, 4, 5, 12, 13, 25, 53, 58, 83, 209 y 237
de la Constitución Política, 2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992, 9 y 237 del CPACA; 152,
numeral 7, de la Ley 270 de 1996; y 15 del Código Sustantivo del Trabajo.
8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la
decisión del 29 de abril de 20142, proferida por el Consejo de Estado.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de
2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 24 de julio de 2017 fue admitida la demanda. La entidad3 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de legalidad,
porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, la prima
especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye factor para la liquidación
de las prestaciones sociales. Añadió que dicha disposición fue declarada exequible
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de 1996. También indicó
que no tiene competencia para inaplicar normas ni interpretarlas, dado que su
función se limita a cumplirlas.
10. Propuso como excepciones las de ausencia de causa petendi, inexistencia
del derecho reclamado, cobro de lo no debido, legalidad de los actos acusados y
prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante
sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)4, accedió
parcialmente a las pretensiones. Señaló que se configuraron los fenómenos de la
cosa juzgada y la prescripción respecto de las pretensiones de reliquidación. Citó la
sentencia del 21 de agosto de 2018,5 respecto de la cual resaltó, «la prima especial
de servicios […] está incluida en la liquidación de la bonificación por compensación, porque
el techo del 80% ya la comprende, de manera que no es necesario reconocerla ni pagarla
de nuevo».
12. Expuso que el demandante presentó reclamación administrativa el «2 de
diciembre de 2016 (sic)»; por ello, en principio, los valores reclamados podrían
reconocerse desde el 2 de diciembre de 2013 hasta el 1.º de diciembre de 2019, en
virtud de la sentencia del 2 de septiembre de 2019. No obstante, precisó que, dado
que el actor es beneficiario de la bonificación por compensación desde el 1.º de
enero de 2011, no es posible reconocer adicionalmente la prima especial.
13. No obstante, ordenó reliquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, condicionado a que el ajuste no se hubiese efectuado previamente.
Declaró de oficio la excepción de cosa juzgada y dispuso estarse a lo resuelto en
las sentencias del 21 de agosto de 20186 y 23 de agosto de 2019, con radicados:
3 Folios 101 a 111.
4 Índice 58 de SAMAI del tribunal.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 21 de agosto de 2018. Expediente: 05001-23-31-000-2012-00750-01 (0263-2016). C.P. Néstor Raúl Correa
Henao.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia
del 21 de agosto de 2018. Expediente: 05001-23-31-000-2012-00750-01 (0263-2016). C.P Néstor Raúl Correa
Henao.
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05001-23-31-000-2012-00750-01 y 05001-23-31-000-2004-00395-00, proferidas
por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente.7
RECURSO DE APELACIÓN
14. La parte demandante8 interpuso recurso de apelación, en cual manifestó
que, al resolver el problema jurídico relativo al reconocimiento de la prima especial
de servicios, el tribunal aplicó una fundamentación jurídica equivocada, pues analizó
la bonificación por compensación en el caso del señor Luis Horacio Vélez García,
magistrado del Tribunal Superior de Medellín, cuando lo que se discute es la prima
especial de servicios a favor del señor Cristhian Camilo Pinzón Muñoz, en su calidad
de juez de la República, quien no es beneficiario de la aludida bonificación por
expresa disposición legal.
15. Señaló que el juez confundió los procesos y concluyó que se configuró la
cosa juzgada, apoyándose en una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 23 de agosto de 2019, dentro de la demanda con radicado 2004-
00395-00, en el cual el demandante es el señor Vélez García, situación
completamente ajena al presente asunto.
16. Indicó además que incurrió en error al momento de aplicar la prescripción,
pues, según lo probado, se ha desempeñado como juez «entre los períodos
comprendidos del 29 de agosto de 2011 al 16 de diciembre de 2016 (sic) y luego a partir
del 06 de febrero de 2012 a la fecha». Afirmó que presentó reclamación administrativa
el 31 de marzo de 2016, por lo que el reconocimiento solicitado debía operar de
forma retroactiva, a partir del 31 de marzo de 2013.
17. Finalmente, solicitó declarar la nulidad de los actos acusados, reconocer la
prima especial de servicios como un componente adicional a la remuneración básica
y conceder los efectos salariales y prestacionales correspondientes al 30% que fue
indebidamente calificado como prima especial.
18. La parte demandada9 interpuso apelación, en la que sostuvo que «resulta
inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal», dado que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos para cancelar los mayores
valores que se generarían en las asignaciones de los funcionarios y servidores
judiciales para conciliar la prima especial del 30%, sin carácter salarial, y actuar sin
contar con esas apropiaciones desconocería lo previsto en el artículo 71 del Decreto
111 de 1996.
7 Procesos en los cuales el demandante es el señor Luis Horacio Vélez García.
8 Índice 61 de SAMAI del tribunal.
9 Índice 62 de SAMAI del tribunal.
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19. En todo caso, advirtió que, de acceder a las pretensiones, solo sería
procedente el reconocimiento de los valores a partir del 31 de marzo de 2013, en
consideración a que el actor radicó la reclamación administrativa el 31 de marzo de
2016.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 9 de mayo de 2025 se admitieron los recursos y ni las partes ni el agente
del Ministerio Público se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
21. Deberá resolver la Subsección si con la decisión de primera instancia se
vulneró el principio de congruencia, y en caso afirmativo, analizar si el demandante
tiene derecho a la prima especial de servicios como componente adicional de la
asignación básica y a la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el
100 % de su remuneración, si dicho emolumento tiene carácter salarial, y si operó
la prescripción.
Marco normativo y jurisprudencial
Del principio de congruencia
El artículo 281 del CGP, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]»
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Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las emitidas el
25 de enero de 201810, 4 de marzo de 202111 y 22 de noviembre de la misma
anualidad12, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite al
contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad
jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del
litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este
principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y
lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita13, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo señalado en la parte motiva de
la providencia14.
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
22. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, (los)
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
10 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:
11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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de 201415, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional»
24. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201916, 11 de julio de 202317, 5 de septiembre de 202318, 5 de
diciembre de 202319, 6 de agosto de 202420 y 18 de diciembre de 202421. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
25. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
de abril de 202422, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»23
Resolución del caso concreto
26. La Sala advierte que, aunque el juez de primera instancia relacionó los hechos
y las pretensiones planteadas en la demanda e inclusive formuló el problema
jurídico a partir de los supuestos fácticos y jurídicos introducidos por las partes,
limitó su estudio al reconocimiento de la prima especial respecto de un magistrado
de tribunal, cuando lo que se discute es la reliquidación de salarios y prestaciones
adeudados por concepto de la prima especial de servicios al señor Cristhian Pinzón,
como juez de la República. Esta confusión de antecedentes condujo a la negativa
de las pretensiones, al concluir que se configuraban los fenómenos de cosa juzgada
y prescripción.
27. Nótese que dispuso «estarse a lo resuelto en las sentencias de la Sección Segunda
de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de veintiuno (21) de agosto
de dos mil dieciocho (2018) Radicado: 05001-23-31-000-2012-00750-01(0263-16), y la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de conjueces,
de 23 de agosto de 2019, radicado 05001233100020040039500», en las que figura como
demandante el señor Luis Horacio Vélez García, magistrado de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín. Además, al momento de aplicar la prescripción, tuvo
como fecha de reclamación el «2 de diciembre de 2016», la cual tampoco concuerda
con la información procesal correspondiente a este asunto.
28. Por lo tanto, como afirmó el accionante, lo decidido no guarda consonancia con
los hechos y las pretensiones expuestas en este proceso, situación que vulnera el
principio de congruencia que debe regir toda providencia judicial. En consecuencia,
se revocará la decisión de primera instancia para dictar la sentencia que en derecho
corresponda.
29. Precisado lo anterior, se analizará si el demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios como un componente adicional de la asignación básica y a
que se reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su
remuneración, si este emolumento tiene carácter salarial, y si operó la prescripción.
30. Se encuentra acreditado que el demandante ha laborado como juez de la
República en los siguientes períodos: del 29 de agosto de 2011 al 16 de diciembre
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23
En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta caso pueda ser inferior, a la luz de
la norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992»
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
de 201124, del 6 de febrero de 2012 al 18 de abril de 2017 y desde el 20 de abril de
2017 hasta la fecha25, y que su remuneración y prestaciones sociales fueron
percibidas en montos inferiores a los que le corresponden, tal como se advierte en
las constancias de pagos26, puesto que la entidad restó la prima especial de
servicios del 100 % del salario, aplicando una interpretación errónea de los decretos
expedidos por el Gobierno nacional a través de los cuales se desarrolló el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la remuneración y las
prestaciones se realizó sobre el 70 % de la asignación básica.
31. Así pues, dicho factor no fue reconocido ni pagado al accionante como
un incremento del sueldo, sino que, al considerarlo parte de aquel, se desconoció
la finalidad del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
32. Por lo expuesto, el actor tiene derecho a la reliquidación de sus ingresos
mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30 % de éste, que ha
sido reconocido a título de prima, así como a la reliquidación y el pago de sus
prestaciones sociales, las cuales deben calcularse sobre la totalidad de la
remuneración, sin restar ni sumar a ésta el 30 %, en la medida en que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto, no incide en la liquidación
de las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión.
33. En atención a que la legalidad de los decretos que incorporaron la prima
especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue definida
por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril
de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones, habrá de estarse
a lo resuelto en la providencia del 9 de abril de 2024.
De la prescripción
34. En lo que respecta a la prescripción, esta corporación ha sostenido de
manera pacífica27, que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, el interesado podía
interrumpir el término extintivo, de modo que, no fue con la ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que surgió dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.
24
Del 16 de enero de 2012 al 5 de febrero de 2012 laboró como profesional universitario.
25 Según certificados expedidos el 4 de abril de 2016 y el 24 de agosto de 2018, visibles a folios 63 y 165.
26 Obrantes a folios 54 a 62.
27 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
35. Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia
entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir a partir del 31 de marzo de
2013, esto es, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal, y desde ese día
hasta la fecha28, debido a que la petición fue radicada ante la administración el 31
de marzo de 201629.
36. En relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable30 y,
por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199331 son obligatorios,
no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.32 En ese
contexto, surge el deber de la entidad de efectuar la respectiva reliquidación con el
fin de determinar el monto de los aportes adeudados.
37. Tampoco se configura este fenómeno respecto de las diferencias de las
cesantías, en los tiempos en los que se desempeñó como funcionario judicial, desde
el 6 de febrero de 201233 y en adelante34, tal como se expuso en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 201635, según la cual este derecho no prescribe
mientras la relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto.
38. En esos términos, se declarará probada parcialmente la prescripción, con
excepción de las cesantías, que se reconocerán desde el 6 de febrero de 2012 en
adelante, y los aportes a pensión, que la demandada deberá reajustar y pagar a
partir del 29 de agosto de 2011, y durante los períodos laborados en calidad de juez
de la República, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la
remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente
por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario
básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de
28 No obra prueba del retiro del servicio.
29 De acuerdo con lo señalado por el demandante en los hechos (folio 5), y según se desprende de la Resolución
DESAJMR16-5449 del 18 de abril de 2016 (folios 37 a 42).
30 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
31 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
32 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
33 Fecha en la que ocupó nuevamente el cargo. Lo anterior, teniendo en cuenta que entre el 17 de diciembre
de 2011 y el 15 de enero de 2012 hubo una interrupción en el servicio.
34 De acuerdo con la sentencia del 21 de marzo de 2024. Expediente: 25000-23-42-000-2021-00931-01 (3078-
2023), se entiende que existe solución de continuidad en la prestación del servicio cuando medien más de 15
días hábiles. En este caso se advierte que el demandante laboró entre en el 16 de enero de 2012 y el 5 de
febrero de 2012 como profesional universitario, y que, entre el 17 de diciembre de 2011 al 15 de enero de 2012
hubo una interrupción laboral.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
prima especial, con inclusión del valor de este último emolumento, que solo
constituye factor para efectos pensionales. Lo anterior de conformidad con la ley.
39. Finalmente, se advierte que la entidad deberá verificar que, efectuada la
liquidación, como se ordena en esta sentencia, no se exceda el límite porcentual
contemplado en el Decreto 1251 de 2009 y en los demás que fijen salario
anualmente.
De la condena en costas en ambas instancias
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, se condenará en costas de primera instancia a la parte
demandada, por cuanto se revocará el fallo impugnado. No así en sede de segunda
instancia, dado que prosperaron parcialmente los argumentos de los recursos de
apelación.
44. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés
(2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. En su lugar,
Segundo: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, radicado:
1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero: Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMR16-5449 del 18 de abril de
2016 y del acto ficto producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió
la entidad frente al recurso interpuesto.
Cuarto: Declarar probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas
con anterioridad al 31 de marzo de 2013, de conformidad con los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto,
con excepción de la obligación de la demandada de pagar las diferencias por
concepto de cesantías, que se reconocerán a partir del 6 de febrero de 2012 en
adelante, y de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad
Social en materia de pensiones, desde el 29 de agosto de 2011, durante los
períodos laborados como juez de la República, hasta que por razón del cargo tenga
derecho.
Como consecuencia de lo anterior:
Quinto: CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las
diferencias existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de
ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la
prima especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones
sociales al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 31 de marzo de 2013
y hasta que por razón del cargo tenga derecho.
Igualmente, a reajustar y pagar las diferencias por concepto de cesantías, a partir
del 6 de febrero de 2012 en adelante, y los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, desde el 29 de agosto de 2011, durante los períodos laborados
como funcionario judicial, hasta que por razón del cargo tenga derecho, utilizando
como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el
total de la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión del
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02662-02 (3789-2023)
valor de este último emolumento, que solo constituye factor para efectos
pensionales. Lo anterior de conformidad con la ley».
Lo anterior condicionado a que la demandada verifique que efectuada la liquidación,
como se ordena en esta sentencia, no exceda el tope previsto en el Decreto 1251
de 2009 y en los demás que fijen salario anualmente.
Sexto: Condenar en costas de primera instancia a la demandada, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Séptimo: La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 189 y 192 del CPACA.
Octavo: Reconocer personería a la abogada Gloria Elena Murcia Holguín,
identificada con cédula 43.724.436 de Envigado y tarjeta profesional 224.846 para
actuar como apoderada de la demandada, de conformidad con el poder obrante en
el folio 297.
Noveno: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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