Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02713-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02713-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02713-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad Simple
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia (Apenjudea)
Demandada: Universidad de Antioquia
Temas: Autonomía universitaria / Clasificación del personal
administrativo de las universidades públicas / Pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos / Quorum decisorio en
los tribunales administrativos
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1. Las pretensiones1
1. En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la
Ley 1437 de 20112, la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad
de Antioquia, en adelante Apenjudea, presentó demanda en contra del Acuerdo 07
del 27 de agosto de 1980, expedido por el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Antioquia.
1.2. El acto administrativo demandado3
2. A continuación, la Sala trascribe los apartes cuestionados del acuerdo
demandado:
«ACUERDO No. 7 de 1980
-agosto 27 -
Por el cual se establece la Planta del Personal Administrativo y se clasifican
los cargos que deben ser desempeñados por Empleados Públicos y por
Trabajadores Oficiales
1 Fol. 11 del expediente electrónico. Índice 2 de SAMAI.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
3 Fols. 26 a 83 del expediente electrónico. Índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de
sus facultades legales y estatutarias, y especialmente las conferidas por el
Decreto 080 de 1980, y
CONSIDERANDO:
1. Que es necesario definir la Planta de Personal Administrativo,
señalando dentro de ésta, los cargos que serán desempeñados por
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales;
2. Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 122 del Decreto 080 de
1980, tienen la calidad de Trabajadores Oficiales los obreros que
desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos,
actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de
edificaciones o equipos;
ACUERDA:
Artículo Primero: Establecer para las distintas Dependencias de la Universidad
de Antioquia la siguiente Planta de Personal con la ubicación y remuneración
correspondientes:
DEPENDENCIA: RECTORÍA
Denominación del Cargo No. de Plazas Clasificación Categoría Tabla
Rector 1 E. Públ.
Vicerrector 1 E. Públ.
Secretaria del Rector 1 E. Públ. VI 2
Secretaria III 2 E. Públ. IV 2
Auxiliar General 1 E. Públ. II 2
Mensajero 1 E. Públ. II 2
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
Denominación del Cargo No. de Clasificación Categoría Tabla
Plazas
Secretario General 1 E. Públ.
Asistente de Secretaría General 1 E. Públ. 4
Mecanotaquígrafa de Actas de 1 E. Públ. 2
la Secretaría General
Secretaria III 1 E. Públ. 2
Secretaria II 1 E. Públ. 2
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
Denominación del Cargo No. de Plazas Clasificación Categoría Tabla
Secretario I 1 E. Públ. II 2
Auxiliar General 1 E. Públ. II 2
DEPENDENCIA: OFICINA JURÌDICA
Denominación del Cargo No. de Plazas Clasificación Categoría Tabla
Asesor Jurídico 1 E. Públ.
Secretaria III 1 E. Públ. IV 2
2
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN
Denominación del Cargo No. de Clasificación Categoría Tabla
Plazas
Director de Planeación 1 E. Públ.
Asistente Téc. de 1 E. Públ. XVIII 4
Planeación
Experto en Planeación 2 E. Públ. VIII 4
Física
Delineante 2 E. Públ. IV 3
Secretaria III 1 E. Públ. IV 2
[…]
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE SOSTENIMIENTO
Denominación del Cargo No. de Clasificación Categoría Tabla
Plazas
Jefe del Depto. De 1 E. Públ. XVI 4
Sostenimiento
Secretaria II 1 E. Públ. III 2
Supervisor III 1 E. Públ. VIII 2
Secretaria I 1 E. Públ. II 2
Supervisor II 1 E. Públ. VI 2
Supervisor I 2 E. Públ. IV 2
Aseador 85 T. Ofic.
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE SOSTENIMIENTO
Denominación del Cargo No. de Plazas Clasificación Categoría Tabla
Celador 66 E. Públ. II 2
Portero 49 E. Públ. II 2
Técnico Automotriz 1 E. Públ. IV 3
Mensajero 21 E. Públ. II 2
Conductor 9 E. Públ. III 3
DEPENDENCIA: SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO
Denominación del Cargo No. de Clasificación Categoría Tabla
Plazas
Jefe de la Sec. de 1 E. Públ. X 4
Construcción y Sostenimiento
Secretaria II 1 E. Públ. III 2
Oficia de Albañilería 19 E. Públ. II 3
Maestro de Obras 1 E. Públ. III 3
Plomero 4 E. Públ. II 3
Carpintero 5 E. Públ. II 3
Jardinero 12 T.Ofic.
Peón 25 T.Ofic.
[…]
Artículo Segundo: El Rector adecuará el personal actual de la Universidad a la
Planta de Cargos aquí establecida. Dicho personal no requerirá de nueva
posesión.
Artículo Tercero: Las adiciones y modificaciones de la Planta de Cargos serán
adoptadas por el Consejo Superior, a solicitud del Rector, previo estudio y
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concepto sobre su conveniencia de la Oficina de Planeación y de la Dirección
Administrativa para efecto de la apropiación presupuestal.
Artículo Cuarto: El Rector adoptará los procedimientos necesarios para el
correcto y oportuno registro y actualización de los cambios realizados a partir
de la fecha de vigencia del presente Acuerdo. El Departamento de Relaciones
Laborales ejercerá el control sobre la Planta de Cargos vigente para la
Universidad.
Artículo Quinto: El Rector previo estudio de la Oficina de Planeación y
Dirección Administrativa aprobará el Manual de Funciones de cada oficio de
los aquí aprobados y de los que se creen en el futuro describiendo por cada
uno de ellos su objetivo, funciones, responsabilidades, requerimientos
mínimos y su respectiva clasificación y evaluación.
Artículo Sexto: El Rector podrá vincular personal por fuera de la Planta de
Cargos vigente para el desempeño de funciones en programas especiales
hasta la duración del programa.
Artículo Séptimo: Los Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Cátedra y
Monitores no se consideran personal de Planta de la Universidad y su
tratamiento laboral lo mismo que la determinación de su necesidad y
recompensa económica será objeto de reglamentación especial.
Artículo Octavo: Autorizase al Rector para hacer los traslados presupuestales
necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo.
Artículo Noveno: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las disposiciones anteriores sobre esta materia.
[…]».
1.3. Normas violadas y concepto de violación4
3. Como tales se citaron los artículos 1, 53, 69 y 150 de la Constitución Política;
137 del CPACA y 122 del Decreto Ley 80 de 1980; así como los decretos 2127 de
1945, 3153 de 1953, 3135 de 1968, 2400 de 1968, 1950 de 1973, 1848 de 1969,
1042 de 1978 y 1045 de 1978 y los Convenios de la OIT 1545, 19816, 1517, 19788,
989 y 194910.
4. En el concepto de violación sostuvo que el Acuerdo 07 del 27 de agosto de
1980 incurrió en las siguientes causales de nulidad:
4.1. Falta de competencia. Los artículos 111 y 8912 del Estatuto General de la
Universidad de Antioquia determinaron que es un ente con autonomía académica,
4 Fols. 11 a 17 del expediente. Índice 2 de SAMAI.
5 Sobre la Negociación Colectiva.
6 Sobre el Fomento de la Negociación Colectiva.
7 Sobre las Relaciones de Trabajo entre la Administración Pública.
8 Sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de
Empleo en la Administración Pública.
9 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.
10 sobre la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.
11 «La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental, que desarrolla el servicio
público de la Educación Superior, creada por la Ley LXXI del 4 de diciembre de 1878 del Estado Soberano de
Antioquia, organizada como un Ente Universitario Autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector educativo y al Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología; goza de personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y
presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la Constitución Política, la
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administrativa, financiera y presupuestal, que se rige por la Constitución Política y
las demás normas vigentes y aplicables, que su personal administrativo está
integrado por empleados públicos, de carrera y de libre nombramiento y remoción,
y por trabajadores oficiales, según lo dispuesto en la Ley. Sin embargo, esa
autonomía no es ilimitada, pues su planta de personal debe atender al régimen de
empleados públicos y trabajadores oficiales previsto en los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969, según los cuales son trabajadores oficiales los que prestan sus
servicios en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción
del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras.
4.1.1.En ese sentido, si bien la Universidad de Antioquia es un ente universitario
autónomo, el Consejo Superior Universitario no tenía la competencia para
determinar quiénes eran empleados públicos y quiénes eran trabajadores oficiales
en la planta de personal de la institución educativa, pues esa diferenciación le
corresponde es a la Ley, que para el caso se concreta en las normas que citó
como vulneradas.
4.1.2. La Corte Constitucional en sentencia C-90 de 2002 señaló que «los
trabajadores y los empleados del Estado están subjetivamente en situaciones distintas y
corresponde al legislador definir, racional y proporcionalmente, cuándo un servidor público
está cobijado por una u otra regulación», por lo tanto, la entidad demandada no
contaba con la facultad para clasificar como empleados públicos a ciertos
trabajadores (los celadores, porteros, técnicos automotrices, mensajeros y
conductores del departamento de sostenimiento; en la sección de construcción y
sostenimiento, los oficiales de albañilería, maestros de obras, plomeros y
carpinteros; en el departamento de sostenimiento de redes y equipos, los técnicos
de electrónica I y II, los electricistas, ayudantes de electricidad, telefonistas, los
trabajadores de oficios varios y los encuadernadores, entre otros), sin tener en
cuenta que se trata de personas que, según la Ley, se ocupan de la conservación
y mantenimiento de la Universidad. No obstante, así lo hizo, con la única
excepción de los peones, los jardineros y los aseadores.
4.1.3.En el año 1983 se promovió una acción de nulidad parcial en contra del
Acuerdo 07 de 1980 que conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia por la
vulneración del Decreto Ley 080 de 1980, al calificar como empleados públicos a
personas que eran trabajadores oficiales. En ese momento el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda, sin embargo, en la sentencia subrayó que «si se
concluyere que las normas invocadas para dictar el acuerdo no obligaban a la
Universidad, se derrumba ipso facto el soporte jurídico, de la acción de nulidad
instaurada, pues sería cometer un delito imposible que ya no se podrá matar a quien
carece de existencia […] Insístase entonces en que si a la Universidad no le obligaban
Ley 30 de 1992, las demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial, y las
normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía».
12 «La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental, que desarrolla el servicio
público de la Educación Superior, creada por la Ley LXXI del 4 de diciembre de 1878 del Estado Soberano de
Antioquia, organizada como un Ente Universitario Autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector educativo y al Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología; goza de personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y
presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la Constitución Política, la
Ley 30 de 1992, las demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial, y las
normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía».
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esos preceptos, el libelo con el que se propuso poner orden en casa carece de soporte
jurídico para hacer pronunciamiento de ilegalidad».
4.1.4. El Consejo Superior Universitario excedió sus competencias al realizar una
clasificación de sus servidores sin el fundamento legal correspondiente, de ahí que
tengan vigencia y validez jurídica los Acuerdos 07 de 1974 y 010 de 1976, y las
reglas establecidas en el Decreto 3135 de 1968, estas últimas ratificadas en los
órdenes departamental y municipal a través de los Decretos Leyes 1333 de 1986 y
1222 de 1986, respectivamente.
4.2. Desviación de las atribuciones propias de quien las profirió. De
conformidad con el Estatuto General de la Universidad de Antioquia, que retoma lo
dispuesto en el Decreto Ley 80 de 1980, es función del Consejo Superior
Universitario: «h. Definir, a propuesta del Rector y con arreglo al presupuesto y a las
normas legales y reglamentarias, la planta de cargos de la Universidad y las respectivas
asignaciones, y señalar los cargos que ha de ocupar y las funciones que han de
desempeñar los profesores, los empleados públicos y los trabajadores oficiales». En
consecuencia, cuando se profirió el acto acusado en contravención a la Ley, el
Consejo Superior Universitario incurrió en una desviación de las atribuciones
propias.
4.3. Infracción de las normas en que debería fundarse. El Acuerdo 07 de 1980
incurrió en una infracción de las normas en que debería fundarse porque, aunque
en sus considerandos adujo como sustento legal el artículo 122 del Decreto 080
de 1980, según el cual «tienen la calidad de trabajadores oficiales los obreros que
desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos, actividades
agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos», en su parte
resolutiva solo clasificó a los peones, aseadores y jardineros, como trabajadores
oficiales, dejando por fuera a los celadores, porteros, técnicos automotrices,
mensajeros, conductores, carpinteros, plomeros, maestros de obra, oficiales de
albañilería, jefes de cocina y otros, pese a que de acuerdo con la norma citada
también se encuentran dentro de esta categoría.
4.3.1. A la Universidad de Antioquia la obligaban los Decretos 3135 de 1968 y
1880 de 1969, que determinan la clasificación entre empleados públicos y
trabajadores oficiales, no obstante, el acto acusado las vulneró en cuanto procedió
a realizar esa clasificación sin tenerlas en cuenta.
4.3.2. El Acuerdo 07 de 1980 derogó el Acuerdo 07 de 1974 del Consejo Directivo
de la Universidad de Antioquia que en su artículo 1 catalogó como trabajadores
oficiales los cargos de «[…] aseador, carpintero, celador, conductor I, conductor II,
encargado de oficios domésticos, encargado de guardarropa, jardinero, mensajero,
obrero, oficial de albañilería, portero, armador, auxiliar de anfiteatro I, auxiliar de anfiteatro
II, auxiliar de fotografía, auxiliar de higiene oral, ayudante de electricidad, electricista,
encuadernador, operador de duplicador I, operador de duplicador II, operador de
perforadora, verificadora, operador de prensa I, operador de prensa II, telefonista, auxiliar
de encuadernación, auxiliar de laboratorio y plomero» y el Acuerdo 10 de 1976 que lo
adicionó en el sentido de incluir dentro de esta categoría a los «auxiliares de equipo,
auxiliares de servicios generales, linotipistas, montajistas, auxiliares de clínica,
fotomecánicos y auxiliares de fotomecánica», aunque estos se encontraban más
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ceñidos a la realidad laboral de estas personas, puesto que su relación con la
Universidad de Antioquia es de subordinación, como corresponde a un trabajador
oficial, y no legal y reglamentaria, que es el caso de los empleados públicos.
4.3.3. A diferencia del Acuerdo 07 de 1980, tanto el Acuerdo 07 de 1974, como el
Acuerdo 10 de 1976, fueron expedidos en virtud de pactos celebrados por la
Universidad de Antioquia con el sindicato de trabajadores SINTRAUDEA, y se
encuentran plasmados en las convenciones colectivas correspondientes que,
conforme el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, son acuerdos
bilaterales que fijan normas laborales con el objetivo de mejorar el catálogo de
derechos y garantías mínimas de los trabajadores y gozan de la protección de la
Constitución Política y de los Tratados Internacionales.
4.3.4. El Consejo Superior Universitario al expedir el acto administrativo
demandado violó las convenciones colectivas de trabajo suscritas con el sindicato
SINTRAUDEA, al sustraer a cientos de trabajadores del influjo de la convención y
en consecuencia transgredió los siguientes tratados internacionales aprobados por
Colombia: los Convenios 154 sobre la Negociación Colectiva, 1981 sobre el
Fomento de la Negociación Colectiva, 151 sobre las Relaciones de Trabajo entre
la Administración Pública, 1978 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y
los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la
Administración Pública, 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación
Colectiva y 1949 sobre la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación
y de Negociación Colectiva.
El Acuerdo 07 de 1980 del Consejo Superior Universitario de la Universidad
4.3.5.
de Antioquia es «inconveniente porque el Estado se encuentra sujeto a unas
indemnizaciones que, de darse, ahogarían el presupuesto público; porque establece
desigualdades enormes y odiosas entre los servidores de la Universidad de Antioquia y
además con los servidores de las otras universidades públicas del país, ya sean de índole
nacional o regional, y porque no respeta los postulados de la actual Constitución Política
de Colombia, especialmente en su artículo 53, que habla de la primacía de la realidad
sobre las formalidades» instituidas por los sujetos de la relación laboral.
4.3.6.En sentencia del 28 de junio de 2012 proferida dentro del radicado 02529
02 (0156-12), la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló:
«En primera instancia cabe referir que la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,
en providencia de 16 de marzo de 1982, M.P. Doctor Luis Carlos Sáchica, declaró
inexequibles frente a los establecimientos públicos educativos del sector territorial
algunas de las disposiciones de la Ley 8. de 1979 y del Decreto Ley 80 de 1980,
con el argumento central de que las referidas entidades tenían un régimen fijado
principalmente por las Asambleas y Concejos. El fundamento, debe resaltarse, no
estuvo dirigido a afirmar que fuera dable que las autoridades internas de las
mismas entidades estuvieran en capacidad de dictar normas sobre su
funcionamiento interno, ajenas a la Ley. Al respecto, precisó:
“De manera que los departamentos y municipios tienen capacidad constitucional
propia para crear y reglamentar los servicios docentes universitarios y
postsecundarios respectivos, dentro de las limitaciones legales indicadas.
[…]
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
b) Por el contrario, no se ajusta a la Constitución, al invadir la autonomía de los
departamentos y municipios, en primer término, las mismas facultades
mencionadas, en tanto se refieren a las universidades e instituciones oficiales del
nivel post-secundario departamentales y municipales, porque su creación y
ordenamiento administrativo, financiero y de funcionamiento interno son de
competencia de las Asambleas y de los Concejos, obviamente con sujeción a las
directrices académicas que hayan impuesto las leyes que desarrollen el articulo 41
de la Constitución, y el ordinal 12 del articulo 120, y respetando las restricciones
que puedan resultar de la Ley a que se refiere el ordinal 6” del articulo 187, si
existen;[…]»
4.3.7. De acuerdo con lo anterior, advirtió que era la Asamblea de Antioquia la
llamada a darle facultades a la Universidad de Antioquia para variar el estatus de
sus servidores públicos, es decir, para clasificar tanto a empleados públicos como
a trabajadores oficiales.
4.4. Pérdida de fuerza ejecutoria. El acto administrativo objeto del medio de
control perdió fuerza ejecutoria, porque muchos de los servidores públicos de la
Universidad de Antioquia lograron que los jueces los clasificaran como
trabajadores oficiales en contra de sus preceptivas. Un ejemplo de ello fueron los
oficiales de albañilería, maestros de obra, los plomeros, los carpinteros, entre
otros, que fueron clasificados como empleados públicos, siendo que la ley, por las
funciones que desarrollan, los califica como trabajadores oficiales, y así lo
reconocieron los jueces de la república en sentencias ampliamente conocidas, las
cuales invocaban, entre otros, el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades de la relación laboral. En ese orden de ideas, los jueces han hecho
inaplicables muchas de las normas contenidas en el Acuerdo 07 de 1980, en tanto
no consultan los parámetros de la Ley en materia funcional y operativa y mencionó
algunos de los servidores que lograron su recalificación como trabajadores
oficiales: Carlos Sañudo, Néstor Alberto Grajales Jaramillo, Jorge Eleázar
Rodríguez Ospina, Luís Eduardo Córdoba Osorno, Juan Noriel Mesa Arboleda y
Carlos Alberto Acevedo Restrepo.
4.4.1. Sobre este aspecto agregó que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Medellín, en el año 2007, decidió inaplicar en un proceso, con fundamento en el
artículo 53 de la Constitución Política, el Acuerdo 07 de 1980 expedido por el
Consejo Superior de la Universidad de Antioquia en cuanto clasificó el cargo de
carpintero y electricista como empleado público y no como trabajador oficial, y
aunque la sentencia fue revocada después, eso demuestra que el asunto no ha
sido pacifico.
4.4.2. Igualmente referenció el caso de los músicos sinfónicos de la Universidad
que fueron declarados trabajadores oficiales mediante la Ley 1161 de 2007, sin
embargo, se necesitó de una acción de cumplimiento para que el ente universitario
aceptara su reclasificación de empleados públicos a esa categoría. Circunstancia
que fue validada por la Corte Constitucional en sentencia T-578 de 2011 cuando
resolvió que los jueces administrativos no incurrieron en una violación de los
derechos de la Universidad, cuando decidieron que debía cumplir con esa Ley y
reclasificarlos.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
4.4.3. Finalmente destacó que el Acuerdo 07 de 1980 perdió fuerza ejecutoria,
cuando la misma Universidad lo desconoció al nombrar como «extrabajadores
oficiales» a todos los funcionarios que antes del Acuerdo, eran trabajadores
oficiales; ellos sumaban más de 360 personas y pasaron a ser empleados
públicos, aunque nunca se les nombró como tales, sino como extrabajadores
oficiales. Posteriormente, a quienes adquirían los requisitos para la pensión los
jubiló con el régimen establecido en la Convención Colectiva de Trabajo firmada
con SINTRAUDEA, con el 100% del salario que devengaban en la Universidad.
Aunque la misma Universidad posteriormente demandó esas jubilaciones, muchos
de ellos, casi la mitad quedaron con la forma de pensión prevista en la Convención
Colectiva.
1.4. Contestación de la demanda13
5. La Universidad de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos:
5.1. El artículo 18 del Decreto 568 de 1969 facultaba a la Universidad para
gestionar la administración de su personal, incluida la liquidación de prestaciones
sociales. Esta autonomía se reflejaba en normas sobre la escala de remuneración
expedidas por la Gobernación de Antioquia en las Ordenanzas 34 del 31 de
diciembre de 1969, 052 del 30 de noviembre de 1972 y 27 del 15 de noviembre de
1979, las cuales no incluían al personal de la Universidad, tanto así que el
Departamento de Antioquia asumió la carga prestacional de los servidores de la
Institución Educativa hasta el 31 de diciembre de 1969.
5.2. La autonomía de la Universidad en este aspecto se remonta al parágrafo 2 del
artículo 19 de la Ordenanza 5 de 1959, que establecía que las prestaciones
sociales de los servidores serían cubiertas por el Tesoro Departamental. Esta
norma fue derogada por la Ordenanza 26 del 22 de diciembre de 1969, que en su
artículo 32 eliminaba el parágrafo segundo del artículo 19 de la Ordenanza 5 de
1959 y el artículo 11 de la Ordenanza 12 de 1969. Esto implicaba que, antes de la
expedición del Decreto 80 de 1980, el Consejo Superior Universitario tenía
facultades otorgadas por la Asamblea Departamental de Antioquia para regular la
planta de cargos, como quedó evidenciado en el Acuerdo Superior 2 del 5 de julio
de 1974, que creó los cargos de vicedecanos de facultades y subdirectores de
escuela, institutos y del Liceo Antioqueño.
5.3. La clasificación de los cargos en la Universidad se hizo teniendo en cuenta los
lineamientos de los Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969 a diferencia de los
Acuerdos Superiores 7 de 1974 y 10 de 1976, derogados por el acto acusado, que
no se ajustaban esa normatividad, toda vez que clasificaban como trabajadores
oficiales varios oficios que no tenían esa calidad: celador, conductor, portero,
auxiliar de anfiteatro, auxiliar de fotografía, auxiliar de higiene oral, telefonistas,
entre otros.
13 Fols. 221 a 280 del expediente electrónico. Índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
5.4. La subordinación no es el factor determinante para distinguir entre empleados
públicos y trabajadores oficiales, ya que incluso los cargos directivos de la entidad,
como el del rector, también tienen subordinación. En la administración pública, los
cargos se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales. Los
empleados públicos están vinculados mediante una relación legal y reglamentaria,
mientras que los trabajadores oficiales lo están por contrato de trabajo. Esta
clasificación depende de la naturaleza de la entidad pública y de la actividad que
realiza el servidor público, conforme al artículo 3 del Decreto 1848 de 1969. Según
este artículo, «[s]on trabajadores oficiales, los siguientes: a. Los que prestan sus
servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del Artículo 1 de este Decreto, en la
construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y
de confianza que labore en dichas obras».
5.5. La Corte Suprema de Justicia14, en sentencia de casación del 16 de junio de
2003, señaló: «[…] por construcción de obra pública se ha de entender, la fabricación de
cualquiera de sus elementos estructurales, de los que ordinariamente se necesiten para
que la obra se considere acabada, o los que, según la clase de construcción, sean
usualmente requeridos para su funcionalidad».
5.6. El acto administrativo acusado no violó los pactos colectivos, ya que las
disposiciones de las Convenciones Colectivas de 1976-1977, reclamadas por la
parte demandante, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral mediante sentencia del 1 de julio de 1980 15 en
la que determinó que algunas cláusulas de dichas convenciones intentaban
modificar ilegalmente la clasificación de empleados oficiales y públicos16.
14 Radicación 20.515. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas.
15 Radicado número 7368.
16 «Se observe en primer lugar que el articulo 2° del Capitulo X de la Convención 1975-76 (Relación Jurídica
de los trabajadores oficiales), y el articulo Decimo Primero del Capítulo 6° de la Convención 1976-77
(Beneficiarios de esta Convención), pretenden modificar por mutuo acuerdo entre las partes la clasificación
legal de empleados oficiales. O declarar inmodificables las decisiones cue se refieren en dicha catalogación.
Estas normas de las convenciones colectivas 1975-76 y 1976-77 resultan claramente ilegales de acuerdo con
el reiterado criterio de la jurisprudencia.
En efecto, se dijo en sentencia de Homologación de 31 de julio de 1968, lo siguiente:
“Para la Sala este planteamiento pretende más de lo que corresponde a los términos del conflicto y a su
solución arbitral, y su cuestión de fondo es inadmisible, por cuanto si la legislación nacional impone, como en
efecto lo hace, régimen distinto para los trabajadores oficiales y para los empleados públicos, ningún
tratamiento convencional o arbitral puede prevalecer contra aquella. La condición del funcionario constituye un
status de derecho público, que no puede modificarse en su concepción constitucional ni en sus regulaciones
de ley por voluntad que le fije consecuencias contrarias, muchísimo menos en materia de soluciones
arbitrales, que se gobiernan con prohibiciones especiales”
El mismo principio ha sido reiterado por la sala en sentencia de casación de Julio 16 de 1975, Julio 30 de
1976 y noviembre 24 de 1977, según Jurisprudencia que ha sido varies veces transcrita en sentencia (sic)
más recientes.
En la sentencia de julio 16 de 1978, en Juicio de Armando Barreiro contra el Idema, se dijo:
"Además, cuando el ad-quem se apoya en el documenta de folios 81, contentivo del contrato de trabajo que
celebró el actor en 1957 con el Idema, desconoce que es solo en los estatutos en donde, según la ley, puede
establecerse que actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de
trabajo, tal como lo ordena el articulo 5° del Decreto 3135 del 26 de diciembre de 1968. Dicho contrato... no
puede prevalecer en contra lo dispuesto en la ley y en los Estatutos del Establecimiento Publico, pues en
materia laboral la voluntad de los contratantes no puede apartarse de lo previsto en aquellos, dado el carácter
de orden público que tienen las disposiciones sobre trabajo.’’
[…]
Aplicando estos principios jurisprudenciales encuentra la Sala que son ilegales el articulo 2° del Capitulo X de
la Convención 1975-76 y e/ articulo 11° del Capítulo 6° de la Convención 1976-77, en cuanto el primero
prohíbe modificar la actual clasificación estatutaria de trabajadores oficiales, v en cuanto el segundo pretende
consagrar convencionalmente que determinados operarios, según los cargos que ocupan, han de ser
trabajadores oficiales. Conforme lo ha dicho la Corte esta clasificación corresponde a la ley y no a la voluntad
de las partes. La Universidad, además, tiene la facultad legal para dictar y modificar sus propios estatutos.
10
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
5.7. La Universidad de Antioquia no transgredió los Acuerdos Colectivos y que, por
el contrario, lo pactado por las partes en la Convención Colectiva 1976-1977,
excedía las facultades negociadoras e invadía la autonomía de la Universidad de
Antioquia.
5.8. El 16 de marzo de 1982, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles los
artículos 51, 125, 126 y 133 del Decreto 80 de 1980, los cuales ordenaban a las
instituciones de educación superior del orden territorial ajustarse a las
disposiciones de dicho decreto y someter los estatutos de cada entidad a la
aprobación del gobierno nacional. Esta decisión se fundamentó en que los
artículos 1, ordinal 3, y 2 de la Ley 8 de 1979, así como los artículos referidos, no
se ajustaban a la Constitución de 1886, ya que invadían la autonomía de los
departamentos y municipios respecto de las universidades e instituciones oficiales
de nivel postsecundario. Según la Constitución, la creación, ordenamiento
administrativo, financiero y de funcionamiento interno de estas instituciones eran
competencia de las asambleas departamentales y los concejos municipales, no
del gobierno nacional. Por lo tanto, un decreto del nivel nacional no podía definir
estos aspectos para los entes postsecundarios del nivel territorial. Conforme con
esa decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al conocer la acción de
nulidad presentada en contra del Acuerdo 07 de 1980, negó las pretensiones de la
demanda. Consideró que, si a la Universidad no la obligaban los preceptos del
Decreto 80 de 1980, el despacho carecía de soporte jurídico para pronunciarse
sobre la ilegalidad del Acuerdo Superior demandado.
5.9. En ese orden de ideas, la legalidad y vigencia del Acuerdo 07 de 1980 se
mantienen intactas, ya que dicho acuerdo se fundamentó no solo en el Decreto 80
de 1980, sino también en las facultades legales y estatutarias de las cuales la
Universidad gozaba desde 1969, en virtud de las ordenanzas y decretos
expedidos por la Asamblea Departamental y el gobernador de Antioquia, como ya
se explicó.
5.10. No es lógico afirmar que el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia
tenía competencia para expedir el Acuerdo 7 de 1974 (antes del Decreto 80 de
1980) y, al mismo tiempo, negar su competencia para la expedición del Acuerdo 7
de 1980.
5.11. Citó la decisión adoptada por el Juzgado 19 Laboral de Descongestión en
sentencia del 28 de septiembre de 2012 que a su juicio ofrece claridad sobre los
efectos de la declaratoria de los artículos citados del Decreto 80 de 1980 al indicar
que «la declaratoria de inexequibilidad se enfocó únicamente en proteger la
descentralización administrativa que le asistía a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos Municipales en virtud de los lineamientos establecidos en la Constitución
Política de 1886, para direccionar y administrar las instituciones oficiales del nivel
postsecundario departamental […]» «atendiendo a lo expresado por la Sala Plena de la
Se deduce de lo anterior que la decisión del Tribunal de mantener estas cláusulas, choca con la ley que ellas
violan o desconocen, y excede por lo tanto las facultades de que estaban investidos los árbitros conforme al
artículo 458 del CST, pues tal decisión afecta derechos o facultades reconocidas por la ley a la Universidad».
11
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
Corte Suprema de Justicia en la citada providencia, esta judicatura considera que no
puede hablarse de algún tipo de inexequibilidad derivada o indirecta con respecto al
Acuerdo 7 de 1980, pues es cierto que la Universidad de Antioquia no se encontraba
obligada bajo los preceptos del Decreto 80 de 1980, la inexequibilidad declarada por la
referida corporación se encontraba fundada en el desplazamiento de facultades legales
otorgadas a la Asamblea Departamental y a los Consejos Municipales, ello para organizar
y administrar las instituciones oficiales de educación superior post-secundario, mas no se
refiere en ninguno de sus apartes para tomar decisión sobre lo estipulado en el artículo
122 del Decreto 80 de 1980». En el mismo sentido, el Juzgado 16 Laboral de
Descongestión de Circuito de Medellín, el 31 de agosto de 2012, mencionó el fallo
del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la nulidad del Acuerdo 07 de
1980 al señalar que «si bien es cierto que la Universidad de Antioquia no se encontraba
obligada bajo los preceptos del Decreto 80 de 1980, la inexequibilidad declarada por la
referida corporación se encontraba fundada en el desplazamiento de las facultades
legales otorgadas a las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, ello para
organizar y administrar las instituciones oficiales de educación superior nivel post-
secundario, mas no se refirió en ninguno de sus apartes para tomar su decisión sobre lo
estipulado en el artículo 122 del Decreto 80 de1980 el cual como se dijo, determina la
calidad de trabajadores oficiales y empleados públicos que componen el personal
administrative de las instituciones oficiales de educación» y concluyó que «[…] el
Consejo de la Universidad de Antioquia no se encontraba desplazando las facultades
propias de la Asamblea Departamental de Antioquia, por el contrario, estaba ejerciendo la
potestad que se la había otorgado para administrar por si mima su planta de persona».
En consecuencia, reiteró que la Universidad de Antioquia era competente para
expedir el Acuerdo 07 de 1980.
5.12. La causales por las cuales un acto administrativo pierde fuerza ejecutoria son
taxativas y se encuentran reguladas en el artículo 91 de la Ley 1437, no obstante,
en el presente caso no se presentó ninguna de esas causales, pues el hecho de
que en situaciones específicas se hubiere declarado la calidad de trabajadores
oficiales de algunos servidores públicos, no implicaba que el Acuerdo 07 de 1980
haya perdido vigencia. Sobre este aspecto, subrayó que se presentaron
igualmente demandas contra la Universidad por parte de otros servidores públicos
que pretendían que se les declarara trabajadores oficiales y tanto en primera como
en segunda instancia se consideró que la actividad que realizaban no daba lugar a
declararlos trabajadores oficiales, de donde se concluye que cada caso tendría
que analizarse de forma individual. A propósito, explicó que es cierto que en virtud
de una acción de cumplimiento los músicos de la Universidad de Antioquia fueron
catalogados trabajadores oficiales, pero ello ocurrió con fundamento en la Ley
1167 de 2007, lo cual no guarda relación alguna con el acto que se demanda,
porque como es evidente, la Ley 1161 data de 2007 y es norma especial. Por otra
parte, el Decreto 80 de 1980, en ninguno de sus apartes relacionó a los músicos
como trabajadores oficiales.
5.13. Algunas personas que el Acuerdo 07 de 1980 designó como empleados
públicos, ostentaba con anterioridad la calidad de trabajadores oficiales y en virtud
de ello les fue reconocida pensión convencional, causada con posterioridad a la
expedición del citado Decreto, sin embargo, aclaró que los reconocimientos
pensionales efectuados a ese grupo de personas fueron demandados por la
Universidad de Antioquia bajo la discusión de que estos ostentaban la calidad de
empleados públicos y no de trabajadores oficiales y así lo dispuso finalmente la
12
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
Corte Suprema de Justicia en sentencias proferidas en los radicados 38212,
demandado Hernando Cuellar, 380103, demandado, Rogelio de Jesús Henao
Orrego, 32750, demandado Héctor de Jesús Londoño Olaya, 32460, demandado
Jesús Alberto Echeverri Rivera.
5.14. Las sentencias con radicados 30698 del 7 de mayo de 2008 y 31073 del 8 de
mayo de 2008, proferidas por esa alta corte en las que se hizo un estudio riguroso
en relación con el Laudo Arbitral de 1984 que pretendió interpretar el artículo 122
del Decreto 80 de 1980, extendiendo el beneficio convencional a todos aquellos
que se encontraban vinculados a la Universidad de Antioquia con anterioridad a su
expedición, pero que en dicho momento no habían cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicios, establecidos en la convención colectiva de trabajo. En
estos pronunciamientos la Corte precisó:
«La cláusula sexta del Laudo Arbitral del 4 de mayo de 1984, que produjo el ad
quem, es muy clara; allí se dispuso que se debían respetar los derechos que ya
pertenecían al trabajador, como consecuencia del cambio de naturaleza jurídica al
varies su vinculación a la de empleado público, y su situación no podía empeorar
negándosele derechos ya reconocidos, de donde resulta fácil colegir que tal
postulado, sin lugar a dudas, de acuerdo con la lógica y con su literalidad, aplica a
los trabajadores que hubieran causado el derecho, en este caso, al de la pensión
convencional, pero de ninguna manera en relación con aquellos que apenas
contaban con una expectativa, que, como en el caso aquí debatido, no pudo
consolidarse, precisamente por el cambio de trabajador oficial a empleado público,
en la medida que, se reitera, no reunía los requisitos convencionales, para ese
entonces».
5.15. Bajo ese contexto, cada caso en particular debe analizarse separadamente sin
que haya lugar a declarar la nulidad del Acuerdo demandado.
5.16. La Universidad de Antioquia es un ente autónomo, según el artículo 69 de la
Constitución Política, autonomía que es reforzada por la Ley 30 de 1992 y que
permite a las universidades organizarse y manejar su presupuesto de manera
independiente. La Ley 489 de 1998 clasifica a las universidades como entes
universitarios autónomos sujetos a un régimen especial e indicó que, sobre el
tema de la autonomía universitaria, la posición ha sido unánime tanto por la Corte
Constitucional17, como por el Consejo de Estado18, al señalar en su jurisprudencia
que esta implica el manejo administrativo del ente educativo. Además, en cuanto a
la clasificación entre empleados públicos y trabajadores oficiales, este último19
expresó que esto no constituye una situación definida o consumada sino en curso,
que puede ser modificada por normas posteriores a su creación.
5.17. Formuló como excepción previa la de cosa juzgada, con sustento en que el
Acuerdo 07 de 1980 ya fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia quien examinó su legalidad, por lo tanto, no hay lugar
a que se emita un nuevo pronunciamiento al respecto y planteó como excepción
17 Sentencia T-492 de 1992, C-547 de 1994, C-220 de 1997, C-053 de 1998, C-560 de 2000, C-506 de 1999,
C-746 de 1999.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero Ponente: Alberto
Arango Mantilla. Radicación Número 11001-03-25-000-2000-0194-01 (3186-00) del 11 de marzo de 2004,
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 15 de mayo de 2008, C.P. Jesús María Lemos
Bustamante, radicado interne 6958-2005
13
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
de mérito la «falta de causa para pedir» en el entendido que no existe causa alguna,
ni disposición legal que sustente las pretensiones de la demanda.
1.5. Audiencia inicial
6. El 27 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia celebró
audiencia inicial20 en la que resolvió (i) aceptar las coadyuvancias que presentaron
las solicitudes con posterioridad a la admisión y antes de la audiencia inicial, (ii)
declarar que la excepción de cosa juzgada interpuesta por la parte demandada no
estaba demostrada, por cuanto consideró que no había identidad de causa entre
ambos procesos, porque el concepto de violación era diferente, sin embargo, en
razón a que no contaba en esa etapa procesal con el expediente contentivo de la
sentencia del 25 de julio de 1983 proferida por ese mismo Tribunal, decidió
aplazar esa decisión hasta tanto se contara con este, (iii) declarar no probada la
excepción de falta de causa para pedir por no constituir una excepción previa y (iv)
fijar el litigio en los siguientes términos:
«- Se debe establecer si está viciado de nulidad por infracción de las normas
legales y constitucionales en que debía fundarse, por expedirse sin competencia y
con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, el acto
administrative contenido en el Acuerdo No. 7 del 27 de agosto de 1980 “Por el cual
se establece la planta del personal administrativo y se clasifican los cargos que
deben ser desempeñados por empleados públicos y por trabajadores oficiales.
• Se debe también definir si en este caso opera la cosa juzgada.»
7. Igualmente resolvió (v) declarar que no había posibilidad de conciliación por
tratarse del medio de control de simple nulidad, (vi) que no presentó solicitud de
medida cautelar sobre la cual decidir y (vii) convocar a audiencia de pruebas luego
de decretar las pedidas por las partes y otras de oficio.
1.5. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante
sentencia del 7 de diciembre de 2022, decidió negar las pretensiones de la
demanda, abstenerse de condenar en costas y aceptar el impedimento presentado
por una de las magistradas que conformaba la Sala, con fundamento en los
siguientes argumentos:
8.1. La autonomía universitaria prevista en los artículos 69 de la Constitución
Política y 28 de la Ley 30 de 1990 constituye una garantía de orden constitucional
que otorga a las universidades la potestad de regirse por sus propios estatutos,
darse sus propias directivas y administrar su presupuesto, además tiene como
objeto evitar la intervención del poder político en los ámbitos ideológico,
administrativo y financiero de las universidades, sin embargo, no es absoluta, pues
está limitada por la Constitución y la ley, en especial por la Ley 30 de 1992.
8.2. El artículo 122 del Decreto 80 de 1980 «por el cual se organiza el sistema de
educación post-secundaria» dispuso:
20 Folios 676 a 682 del expediente electrónico. Índice 2 de SAMAI.
14
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
«El personal administrativo de las instituciones oficiales de educación superior,
está integrado por empleados públicos y trabajadores oficiales. Tienen la calidad
de trabajadores oficiales los obreros que desempeñen funciones en construcción,
preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y
mantenimiento de edificaciones y equipos. Los demás empleados administrativos
tienen la calidad de empleados públicos.
Los empleados oficiales del orden administrativo que figuren actualmente como
trabajadores oficiales conservaran dicha situación mientras se expide por parte del
respectivo consejo Superior, la planta de personal prevista en el artículo 59, literal
f) del presente decreto. ”
Las personas que prestan sus servicios en forma ocasional o por el tiempo de
ejecución de una obra o contrato, no son empleados públicos ni trabajadores
oficiales; su vinculación será por contrato administrative de prestación de servicios
que se regirá por las disposiciones del decreto 150 de 1976 y las normas que lo
reglamenten, complementen, o sustituyan».
8.3. El literal f) del artículo 59 ibidem, señaló:
«Son funciones del consejo superior las siguientes: […]
f. Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, a
propuesta del rector, la planta de personal de la institución, con señalamiento de
los cargos que serán desempeñados por docentes y por empleados y trabajadores
oficiales del orden administrativo; [...]»
8.4. Si bien el Decreto 80 de 1980 fue derogado por el artículo 144 de la Ley 30 de
1992 «por la cual se organiza el servicio público de la educación superior» en
dicho decreto se le dio competencia a los Consejos Superiores de las
Universidades para expedir las plantas de personal y clasificarlas en empleados
públicos o trabajadores oficiales, según los parámetros allí previstos.
8.5. El Decreto 3135 de 1968 «por el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales», en su artículo 5, estableció:
«Articulo 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que
prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos,
Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin
embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas
son trabajadores oficiales.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de
dichas empresas precisaran que actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos».
8.6. El Decreto 1848 de 1969 «por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
que en su artículo 3, prescribió:
«Articulo 3.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:
a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del
articulo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras
15
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas
obras; y
b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con
carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta».
8.7. El Consejo Superior Universitario con la expedición del Acuerdo 7 del 27 de
agosto de 1980, respetó la anterior clasificación, porque si bien las universidades
cuentan con autonomía universitaria, se advirtió que la Universidad de Antioquia
no desconoció que debía ajustarse a los parámetros generales que establecen las
disposiciones vigentes respecto de la clasificación de trabajadores oficiales y
empleados públicos prevista para la fecha de expedición del acto administrativo
demandado en el Decreto 80 de 1980 y ahora en la Ley 30 de 1992, que mantiene
el criterio de la actividad que se realiza.
8.8. No se podía pretender que fueran trabajadores oficiales todos aquellos que
realizaban labores operativas, puesto que la Universidad de Antioquia no es una
empresa industrial y comercial del Estado, sino un ente universitario autónomo.
8.9. En cada caso en particular se debía demostrar que la labor realizada era de
construcción y /o sostenimiento de obras públicas, evento en el que se estaría en
presencia de un trabajador oficial, no obstante, como en el asunto lo que se
trataba era establecer si el Acuerdo 7 del 27 de agosto de 1980 fue expedido o no
de forma legal, no era factible entrar a analizar cada una de las funciones
desempeñadas por el personal al servicio de la Universidad de Antioquia.
8.10. LasUniversidades oficiales son entes autónomos con régimen especial,
vinculados al Ministerio de Educación Nacional que se rigen por la Ley 30 de
1992, la cual remplazó los artículos 59 y 122 del Decreto 80 de 1980. En
consecuencia, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia tenía la
competencia para expedir el Acuerdo 07 de 1980.
8.11. El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia no asumió las facultades
propias de la Asamblea Departamental de Antioquia, por el contrario, estaba
ejerciendo la potestad que se la había otorgado para administrar por sí misma su
planta de personal conforme con lo previsto en el Decreto 80 de 1980, norma que
sirvió de fundamento para la expedición de dicho Acuerdo.
8.12. Sobre la derogatoria de los Acuerdos 07 de 1974 y 10 de 1976 y la violación
de las convenciones colectivas de trabajo firmadas con el sindicato SINTRAUDEA,
reseñó que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1 de julio de 1980 21 se
pronunció sobre la Convención Colectiva 1976-1977, que fue reproducida en el
Acuerdo 07 de 1974, en el sentido de afirmar que las normas previstas en esa
convención que modificaban por mutuo acuerdo entre las partes la clasificación
legal de empleados oficiales y declaraban inmodificables las decisiones que se
referían a dichas catalogación, eran ilegales, toda vez que si la legislación
nacional imponía un régimen distinto para los trabajadores oficiales y para los
empleados públicos, ningún tratamiento convencional o arbitral podía prevalecer
21 Radicado 7368.
16
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
contra aquella. Teniendo en cuenta esta orientación de la Corte Suprema de
Justicia, manifestó que el acto acusado no vulneraba las convenciones colectivas
a que hacía referencia el medio de control.
8.13. En relación con que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 07 de
1980 con desviación de las atribuciones propias de quién lo expidió, sostuvo que
esta causal no estaba llamada a prosperar, por cuanto no se demostró que el
Consejo Superior Universitario al proferir el acto demandado tuviera una intención
diferente del cumplimiento de las normas sobre la materia.
8.14. En cuanto a la pérdida de fuerza ejecutoria del Acuerdo 07 de 1980, porque
muchos servidores públicos de la Universidad lograron que los jueces los
clasificaran como trabajadores oficiales, dijo que en este caso no se advirtió, ni se
probó que se presentara alguna de las causales previstas en el artículo 91 del
CPACA22, para afirmar que el acto acusado perdiera ejecutoriedad. Sobre este
aspecto, resaltó que los fallos proferidos por los jueces de la república que
calificaron como trabajadores oficiales a varias personas que demandaron a la
Universidad y que inicialmente fueron considerados por la misma como empleados
públicos, eran decisiones inter partes, es decir, que no extienden sus efectos a
aquellos que no hayan sido parte de esos procesos.
8.15. En relación con la cosa juzgada constitucional expresó que no estaba llamada
a prosperar, por cuanto en la sentencia anterior23 se adujo la inconstitucionalidad
de varias normas que sirvieron de fundamento al acto administrativo cuestionado,
mientras que en el presente asunto se debate es la legalidad de este.
Adicionalmente precisó que, aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia en la
anterior providencia se pronunció sobre la legalidad del Acuerdo 07 de 1980, la
revisión se efectuó con sustento en los artículos 1 ordinal 3 del artículo 1 de la Ley
8 de 1979, el artículo 2 de la misma Ley y los artículos 51, 120, 125 y 133 del
Decreto 80 de 1980, que fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de
Justicia, porque hicieron extensiva sus disposiciones a las instituciones oficiales
de educación superior creadas por las ordenanzas de las asambleas
departamentales y los acuerdos de los concejos municipales, más no tuvo como
fundamento el artículo 122 del Decreto 80 de 1980 y los artículos 5 del Decreto
3135 de 1968 y 3 del Decreto 1848 de 1969, que son los que se invocan en el
presente proceso24.
22 «Articulo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por Io tanto, no podrán ser ejecutados en los
siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le
correspondan para ejecutados.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia».
23 Tribunal Administrativo de Antioquia. Sentencia del 25 de junio de 1983. Fols. 87 a 94 del expediente
electrónico. Índice 2 de SAMAI.
24«(...) Resulta que la Honorable Corte Suprema de Justicia al decidir sobre la exequibilidad de los artículos 1
ordinales 3° y 11° y 2o de la Ley 8 de 1.979 y de los artículos 51, 125, 126, 133 del Decreto 80 de 1980 y los
artículos 56 a 120, "en cuanto se hacen extensivos en su efectividad jurídica a las instituciones oficiales de
educación superior creadas por las Ordenanzas de las Asambleas Departamentales y los Acuerdos de los
Concejos Municipales resolvió “2” Declarar inexequible el ordinal 3o del art. 1o de la Ley 8 ª de 1979, el art. 2°
de la misma Ley y los artículos 51, 125, 120 y 133 del Decreto 80 de 1980 en cuanto se refieren a
17
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
instituciones docentes departamentales, municipales o del Distrito de Bogotá, para lo cual hizo los siguientes
razonamientos:
“El problema implícito en este proceso en el de los límites de la autonomía que la Constitución reconoce a los
departamentos y municipios en lo tocante a la organización y funcionamiento de sus servicios y, entre ellos de
los docentes de carácter universitario y de nivel post-secundario, frente a las regulaciones que sobre tales
campos contiene la Constitución y a las que compete el legislador, ya con base en el artículo 41, o al ejecutivo
de lo prescrito en el ordinal 12 del articulo 120. A este propósito estima la sala que: 1. Al tratarse de las competencias constitucionales de las entidades territoriales, no se puede perder de vista
el hecho histórico de que la actual unidad política del Estado fue resultante en 1886, de una reintegración de
aquellas o mejor, de una reconstitución, que es el concepto que ayuda a describir aquel fenómeno emplea el
articulo 1° de la Constitución de aquel año. Esto es que, dichas entidades eran preexistentes al proceso de
reunificación y que este solo fue posible en tanto la Constitución nueva les reconoció en los artículos 5, 101,
102, 103, 107, 194 y 202 su autonomía jurídica, administrativa, patrimonial y presupuestaria, reforzadas
además por lo dispuesto en el artículo 192. Por eso la fórmula que sintetizó la nombrada constitución quedo
plasmada en el lema: centralización política con descentralización administrativa. 2. Naturalmente, la mencionada autonomía no es plena, la condicionan y limitan la Constitución y la Ley, pero
no hasta el punto de anularla. Las competencias constitucionales de naturaleza administrativas son propias y
de ejercicios directo de tales entidades, de modo||||A que la ley que las cercene o elimina es contraria al
régimen constitucional. 3. Para el caso presente, las restricciones de orden legal no pueden ser otras que las que se derivan de:
a. Las leyes que se expidan para desarrollar el articulo 41, en lo tocante a la inspección y vigilancia estatal
sobre la docencia, únicamente para efectos de PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES
DE LA CULTURA Y LA MEJOR FORMACION INTELECTUAL, MORAL Y FISICA DE LOS EDUCANDOS”,
esto es, atinentes al aspecto académico de la enseñanza, sin que puedan extenderse sobre asuntos como el
estatuto orgánico, el estatuto interno, el manejo administrativo y el financiero de las universidades
departamentales o municipales, de competencia de Departamentos y Municipios, al tenor de las disposiciones
citadas a este propósito.
b. Los decretos que dice el Gobierno en ejercicio de la potestad que para “REGLAMENTAR, DIRIGIR E
INSPECCIONAR LA INSTITUCION PUBLICA NACIONAL”, le confiere el ordinal 12 del articulo 120, los cuales
sin afectar la autonomía administrative departamento o municipal, conservan también todos los aspectos
académicos de la enseñanza en cualquier de su grado y niveles administrativos. (...)
Aplicando los anteriores criterios al caso en examen tenemos que:
a. Es valida la autorización que otorga el ordinal 3 del articulo 1 de la Ley 8a de 1979, en cuanto se refiere a la
reorganización de la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades que tienen carácter nacional,
pues dichas entidades pertenecen a la órbita administrativa central, así como para expedir los
correspondientes estatutos orgánicos e internos.
b.
Por el contrario, no se ajusta a la Constitución el invadir la autonomía de los departamentos y los
municipios, en primer término las mismas facultades mencionadas, en tanto se refieren a las universidades e
instituciones oficiales de nivel post-secundario departamentales y municipales, porque su creación y
ordenamiento administrativo, financiero y de funcionamiento interno son de competencia de las Asambleas y
de los Concejos, obviamente con sujeción a las directrices académicas que hayan impuesto las leyes que
desarrollen el articulo 41 de la Constitución, y el ordinal 12 del articulo 120, y respetando las restricciones que
puedan resultar de la ley a que se refiere el ordinal 6o del articulo 187 (...)
c. Por iguales razones infringe la constitución en sus artículos 103 y 107, ordinales 1° y 6°, el articulo 2° de la
ley que se viene examinando, al extender sus efectos a las universidades, institutos tecnológicos, técnicos o
politécnicos, originados en actos de las Asambleas departamentales o de los Concejos Municipales, en los
dichos aspectos administrativos.
d. Se repite esta infracción con al artículo 51 del Decreto 080 de 1980, en lo tocante a las instituciones de
educación superior creadas por ordenanzas o acuerdos municipales, cuando se ordena que deberán ajustar
su funcionamiento a dicho Decreto presentándose en este caso, además de las violaciones anotadas las del
articulo 192, cuando dispone que sus actos constitutivos u orgánicos "deberán ajustarse en lo sucesivo a las
disposiciones de este decreto", flagrante intromisión en la autonomía administrativa seccional y local, y
desconocimiento de la validez propia que tienen las ordenanzas y los acuerdos, cuyos efectos solo pueden
ser suspendidos o terminados por decisión jurisdiccional de los tribunales contenciosos.
e. No es preciso repetir este razonamiento para concluir que, también son inconstitucionales las disposiciones
del articulo 125 del Decreto 080, pues ordenan que el estatuto general y los reglamentos internos de las
instituciones oficiales de la educación superior departamentales y municipales deberán ceñirse, en su
creación, organización y funcionamiento, a las prescripciones de tal Decreto, de modo que las respectivas
ordenabas y acuerdos carecerán de iniciativa en estas materias lo cual es una evidente usurpación de sus
competencias constitucionales;
f. Intromisión de iguales efectos es la contenida en el inciso 2o del mismo artículo 125 pues entra a prescribir
directamente el número de representantes de Asambleas y Concejos en los Consejos Superiores de
instituciones en las cuales los Departamentos y Municipios contribuyan con más del 50% de los aportes
oficiales, ya que tal regulación es materia propia de los actos Constitutivos de estos entes, que son
competencias constitucionales directas de las entidades territoriales mencionadas;
g. El articulo 126 del Decreto 080, al pretender que los actuales estatutos de las entidades de que se vienen
tratando tienen un carácter transitorio, infringe también los artículos 107 y 192. La violación es más flagrante
al advertir que el inciso 2o del articulo 126 no solo señala termino para adecuar estos estatutos al
ordenamiento nacional, sino que lo autoriza para que en caso de omisión lo haga directamente. Someter actos
administrativos de Asambleas y Concejos a la aprobación del gobierno nacional niega toda autonomía y
autoriza al gobierno para sustituir ordenanzas y acuerdos por sus propias proscripciones arrasa totalmente
con esta noción.
18
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
8.16. Porúltimo, decidió aceptar el impedimento presentado por una de las
magistradas de la Sala, al encontrar probado en que se encontraba configurada la
causal prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA, pues su hermano
estaba vinculado a la Universidad de Antioquia.
1.6. El recurso de apelación25
9. La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
del 7 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
para que se revocara y en su lugar se accediera a las pretensiones de nulidad
propuestas, en consecuencia, manifestó que reiteraba todos y cada uno de los
aspectos señalados en la demanda alegados contra el acto administrativo
demandado. De acuerdo con lo anterior, expresó:
9.1. La Universidad de Antioquia no tenía competencia para clasificar como
empleados públicos prácticamente a todos sus trabajadores oficiales,
especialmente aquellos, como los electricistas, carpinteros y maestros de obras,
que se dedican al mantenimiento de la obra pública de esa institución educativa,
pues esa potestad es de la ley, esto es, los decretos 3135 y 1848 de 1969, por
consiguiente, al expedir el Acuerdo 07 de 1980 incurrió en una falta de
competencia y en una infracción de las normas en las que debió fundarse.
9.2. El acto acusado trangredió el artículo 53 de la Constitución Política, porque al
clasificar el 99% de sus servidores en empleados públicos disminuyó de manera
significativa el número de miembros del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad de Antioquia – SINTRAUDEA, tanto que a la fecha solo quedan 27
afiliados, lo que trajo consigo la prohibición de negociación colectiva, el derecho a
presentar peticiones o de optar por una huelga.
9.3. Las explicaciones del Tribunal de Antioquia para negar las pretensiones no
fueron suficientes, toda vez que se limitó a expresar que el acto acusado no era
contrario a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, pero no explicó por qué.
9.4. La Universidad de Antioquia incurrió en una desviación de las atribuciones
propias al proferir el Acuerdo 07 de 1980, pues su objetivo fue sustraer del influjo
de la convención colectiva del trabajo y de la negociación colectiva a muchos
trabajadores oficiales al convertirlos en empleados públicos, por consiguiente, los
privó de primas legales y extralegales y de beneficios laborales, circunstancia que
h. El Articulo 133 del Decreto 080, es obviamente, inconstitucional, en razón de lo sostenido para la
autonomía departamental y municipal, de la cual goza el Distrito Especial de Bogotá. (Sent. Marzo 16 de
1982, Corte Suprema de Justicia - Foro Colombiano, primer semestre, págs. 420 a 431)
Desprendese de la transcripción hecha que la Universidad de Antioquia no estaba cobijada por los preceptos
de la Ley 8a. de 1.979 y del Decreto 080 de 1980 en lo tocante a "asuntos como el estatuto orgánico, el
estatuto Interno, el manejo administrativo y financiero..."por lo que al proferir el Acuerdo Nro. 7 de 1980 de
Agosto 27 de 1980" en uso de sus facultades legales y estatutarias, y especialmente de las conferidas por el
Decreto 080 de 1980, lo hizo sin fundamento legal pues se ha dicho y se repite esas normas no le eran
aplicables por ser un ente del orden departamental, sustraído por lo tanto al influjo de la citada ley y Decreto
en los aspectos orgánicos, administrativos y financieros como lo dejo sentado la Honorable Corte en la
Sentencia de inexequibilidad anteriormente invocada. Insístase entonces en que, si a la Universidad no le
obligaban esos preceptos, el libelo con el que se propuso poner orden en casa carece de soporte jurídico para
hacer pronunciamiento de ilegalidad (...).»
25 Fols. 841 a 847 del expediente electrónico. Índice 2 de SAMAI.
19
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
fue debidamente expuesta en la demanda, pero que el Tribunal Administrativo de
Antioquia no consideró.
9.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunció sobre la violación de
los Convenios de la OIT (154, 1981, 151,1978, 98 y 1949) señalados en la
demanda, cuando debió analizar este aspecto, así como el argumento sobre la
inconveniencia del acto acusado que introdujo diferencias grandes y odiosas entre
los nuevos empleados públicos de la Universidad y sus compañeros trabajadores
oficiales.
9.6. Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria, en la sentencia de primera instancia se
dijo que no se evidenció, ni probó la existencia de alguna de las causales del
artículo 91 del CPACA, sin embargo, no consideró que se presentaron todas las
situaciones descritas en esa norma, incluido el desconocimiento de la Universidad
de su propio Acuerdo al catalogar a todos esos nuevos empleados como
extrabajadores oficiales.
9.7. En relación con las excepciones interpuestas por la demandada, si bien el
Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió la de cosa juzgada, no sucedió lo
mismo con la de falta de causa para pedir, lo que tuvo en cuenta fue todo lo
argumentado por la Universidad en la demanda y no en las excepciones, en el que
el ente universitario no sustentó esa excepción, razón por la cual existió falta de
congruencia externa en la sentencia.
9.8. Finalmente, el fallo de primera instancia está viciado de nulidad por violación
de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, por cuanto una de las
magistradas se declaró impedida en el último momento para conocer de la
demanda y su impedimento fue aceptado, de tal manera que la sentencia solo fue
suscrita por dos magistradas, lo cual afectó el quorum decisorio, pues una sala de
dos no es concebible para un asunto de tanta envergadura, por consiguiente se
debió nombrar a un tercer magistrado conforme con lo establecido en el artículo
140 del Código General del Proceso.
1.7. Concepto del Ministerio Público26
10. El Ministerio Público guardó silencio.
II. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
11. Previo a la formulación de los problemas jurídicos que se resolverán en esta
instancia la Subsección advierte que la parte demandada a través de memorial del 8
de febrero de 2024 solicitó que fuera notificado por estado el auto del 27 de octubre
de 2023 a través del cual el despacho sustanciador del presente proceso admitió el
recurso de apelación interpuesto por la Asociación Apendujea contra la sentencia del
7 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
26 Índice 16 de SAMAI.
20
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
12. Al respecto, manifestó que en oportunidades anteriores, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 20127 del CPACA, en concordancia con el artículo 198 ibidem28,
la Secretaría de esta Sección había notificado este tipo de providencias mediante
estados electrónicos. Sin embargo, en esta ocasión no lo hizo.
13. Sobre el asunto, la Sala evidencia que en efecto, el 27 de octubre de 2023, el
despacho sustanciador emitió auto admisorio del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia del proceso de la referencia29.
14. De igual forma, se constató que esta providencia fue notificada mediante
mensajes de datos enviados por la Secretaría de la Sección a los correos
electrónicos proporcionados por las partes para este propósito, incluida la
Universidad de Antioquia, como consta en el Índice 15 de SAMAI. Esto se
corrobora con la declaración de la apoderada del ente universitario, quien en el
memorial referido asegura que «se recibió la comunicación de la actuación al correo
electrónico informado para notificaciones judiciales».
15. Lo anterior quiere decir que la apoderada de la Universidad de Antioquia
conoció oportunamente el auto admisorio del recurso de apelación, lo cual implica
que la finalidad de la notificación30, que es el conocimiento de las partes sobre las
actuaciones que se surtan en el proceso para garantizar su derecho de defensa y
contradicción, se cumplió.
16. En este contexto, aunque la notificación del auto admisorio del recurso de
apelación no se realizó mediante estado según lo previsto en el artículo 201 del
CPACA, esto no constituye una causal de nulidad y, por lo tanto, no justifica una
nueva notificación. El objetivo de la notificación se logró con el envío del mensaje
de datos al correo electrónico indicado por las partes para tal fin en el que se les
puso en conocimiento la citada providencia, como lo confirma la propia abogada
del ente universitario. Decidir lo contrario transgrediría el principio de economía
procesal, ya que no se configuró ningún vicio material que pudiera afectar el
debido proceso de la Universidad de Antioquia, en consecuencia, la solicitud
presentada por la demandada será negada.
27 «Artículo 201. Notificaciones por estado. Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se
notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del
Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio
notificador durante el respectivo día.
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario
imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se
enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales».
28 «Ley 1437 de 2011. Artículo 198. Procedencia de la Notificación Personal. Deberán notificarse personalmente
las siguientes providencias:
1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante. Igualmente, se
le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe
como demandante o demandado.
4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal».
29 Índice 12 de SAMAI.
30 Al respecto consultar Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. sentencia del 25 de noviembre
de 2014. Radicado Núm. 68001-23-33-000-2014-00782-01(AC).
21
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
2.1. Problemas jurídicos
17. De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación presentado por la
parte demandante y los fundamentos de la sentencia de primera instancia, los
problemas jurídicos que se resolverán en el presente asunto son los siguientes:
17.1. ¿El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para, a través del Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980, reclasificar
la naturaleza del personal administrativo de su planta de personal?
17.2.¿El Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980 incurrió en una infracción de las
normas en que debía fundarse?
17.3. ¿El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia incurrió en una
desviación de las atribuciones propias al expedir el Acuerdo 07 del 27 de agosto
de 1980?
17.4. ¿El Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980 perdió fuerza ejecutoria?
18. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala aludirá a: (i) la
autonomía universitaria, (ii) el régimen legal de las universidades públicas y (iiI) la
clasificación del personal administrativo de los entes universitarios ofciales.
3. La autonomía universitaria
19. El artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado
social de derecho, organizado como una república unitaria, descentralizada y con
entidades territoriales autónomas. El artículo 113 de la Constitución describe la
estructura del Estado, mencionando las ramas del poder público que lo componen
y prevé la existencia de otros órganos autónomos e independientes encargados
de cumplir diversas funciones. Aunque tienen funciones separadas, todas las
entidades colaboran de manera armónica para lograr los fines del Estado.
20. En el contexto de una adecuada integración de la rama ejecutiva del poder
público a nivel nacional, además de los organismos y entidades mencionados en
el inciso 4 del artículo 115 de la Constitución, también se deben considerar las
unidades administrativas especiales y entidades con administración autónoma.
Esta descentralización no implica independencia o fragmentación, ya que todas
las ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes colaboran
armónicamente para cumplir con las funciones y objetivos del Estado 31.
21. El artículo 69 de la Constitución garantiza a las universidades la autonomía
para establecer sus directivas y regirse por sus propios estatutos, conforme con la
ley que define su régimen especial. Este concepto introduce una figura nueva en
el sistema de descentralización administrativa por servicios: el «ente universitario
autónomo», con características distintivas que lo diferencian de otros organismos
descentralizados.
31 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 15 de abril de 1998. Radicación: 1076.
22
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
22. La autonomía universitaria es una «garantía institucional»32 que consiste en la
capacidad de autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa33 de la
entidad que ofrece el servicio público de educación superior. Esta autonomía
permite a cada universidad tener sus propios estatutos y regirse según ellos,
destacando su singularidad dentro del entorno, siempre y cuando no se vulnere el
orden jurídico establecido por la Constitución y las leyes.
23. Según la jurisprudencia constitucional, la autonomía universitaria «consiste en
la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las
restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley, según lo establece con
claridad el artículo citado [refiriendose al artículo 69 de la C.P.]»34 por lo tanto le
corresponde al legislador establecer límites a través de la ley «obiviamente cuidando
de que ellos no se extiendadn hasta desvirtual el principio de autonomía o impeder su
ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales»35.
24. En sintesis, la autonomía universitaria, garantizada por el artículo 69 de la
Constitución, permite a las universidades autorregularse y establecer sus propios
estatutos, resaltando su singularidad dentro del sistema de educación superior.
Esta autonomía es una garantía institucional que se ejerce dentro del marco legal
y constitucional, y aunque permite una significativa libertad de acción para las
universidades, está sujeta a ciertas restricciones excepcionales establecidas por la
ley. La descentralización administrativa por servicios y la colaboración armónica
entre las distintas ramas del poder público aseguran que las universidades puedan
operar de manera independiente sin fragmentar el Estado unitario.
3.1. Limites a la autonomía universitaria. Regimen legal de las universidades
públicas.
25. La Corte Constitucional ha destacado en su jurisprudencia que «ninguna de las
facultades derivadas del principio de la autonomía universitaria tiene carácter absoluto»36.
Esta garantía institucional debe ejercerse dentro del orden legal y constitucional.
Además, la autonomía está limitada por el orden público, el interés general y el
bien común. En estos términos, aseguró que existen unos limites constitucionales
específicos a la autonomía universitaria que son: (i) la autoridad que el artículo 67
confiere al Estado para regular, supervisar y garantizar la adecuada cobertura del
servicio educativo, (ii) la competencia del legislador, según el artículo 69, para
establecer las disposiciones generales que rigen las directivas y estatutos
universitarios, (iii) la facultad legislativa para expedir las leyes que regulan la
prestación efectiva de los servicios públicos, como la educación y (iv) el respeto
por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales37.
26. En ese orden de ideas, en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por la
Constitución de 1991, el Congreso promulgó la Ley 30 de 1992, que organiza el
servicio público de la educación superior. Su objetivo es garantizar la autonomía
32 Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 2017.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-310 de 1999.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-492 de 1992.
35 Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 1997.
36 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2020
37 Corte Constitucional. Sentnecia T-281 de 2022.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
universitaria y asegurar la calidad de este servicio público mediante la inspección y
vigilancia.
27. Los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 definen el contenido de la
autonomía universitaria. De acuerdo con estos artículos, las universidades están
facultadas para (i) establecer y modificar sus estatutos, (ii) designar sus
autoridades académicas y administrativas, (iii) crear y desarrollar sus programas
académicos, y expedir los correspondientes títulos. (iv) definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión,
(v) seleccionar y vincular a sus docentes y alumnos, (vi) adoptar el régimen de
alumnos y docentes y (vii) administrar sus recursos para cumplir su misión social e
institucional38.
28. En esta Ley, que constituye el régimen de las universidades del Estado y de
las demás instituciones de educación superior estatales y oficiales, se observa el
carácter limitado de la autonomía universitaria en varios de sus artículos, por
ejemplo, el artículo 57 dispone que el régimen especial de las universidades
oficiales está sujeto a lo previsto en esa ley, así:
«Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector
educativo.
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características:
Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio
independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las
funciones que le corresponden.
El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales,
comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y
administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social
en salud, de acuerdo con la presente ley. […]».
29. Asimismo, el artículo 61 de esa normatividad, prevé que el estatuto básico de
las universidades, al igual que los reglamentos internos están sujetos a las
disposiciones de esa Ley, en los siguientes términos:
«Artículo 61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones
estatales u oficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u
orgánico y las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y
funcionamiento. A ellas deberán ajustarse el estatuto general y los reglamentos
internos que debe expedir cada institución.
Aquellos establecerán cuáles de sus actos son administrativos y señalarán los
recursos que proceden contra los mismos».
30. En resumen, la autonomía universitaria, aunque fundamental para el
autogobierno de las instituciones de educación superior, está sujeta a límites
legales y constitucionales. La Corte Constitucional ha establecido que esta
autonomía debe ejercerse dentro del marco del orden público, el interés general y
el bien común. La Ley 30 de 1992, promulgada en cumplimiento de la Constitución
38 Ibidem.
24
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
de 1991, organiza el servicio público de la educación superior y define claramente
las facultades y límites de las universidades. Así, aunque las universidades gozan
de autonomía para gestionar sus propios asuntos, esta se encuentra regulada
para garantizar la calidad y cobertura del servicio educativo, asegurando una
armonía entre la independencia universitaria y la supervisión estatal.
4. Clasificación de los servidores públicos de las entidades universitarias
autónomas. Personal administrativo de las universidades públicas.
De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Politica y con la jurisprudencia y
la doctrina, si bien la noción de servidor público se sustenta en una concepción
material, orgánica y funcional, porque es del hecho de la vinculación al servicio del
Estado y del cumplimiento de las funciones que corresponden a un órgano de lo
que se deduce tal condición, al punto que la norma parte del supuesto que solo los
empleados y trabajadores del Estado y los miembros de las corporaciones
públicas pueden tener el indicado carácter, esta no es una regla exacta, porque es
posible que el legislador pueda emplear dicha noción para cobijar, con
determinados propósitos, a quienes desempeñen funciones públicas, por virtud de
administrar o manejar bienes o recursos públicos y, en general, prestar un servicio
público (artículos 25 L. 734/02; 38 L. 489/98; 1, numeral 2, L. 80/93, entre otras).
31. En ese orden, la idea de servidor público se predica objetivamente, es decir,
sin consideración a la existencia o no de un vínculo jurídico laboral directo con el
Estado y tal concepto comprende: (i) a los miembros de las corporaciones públicas
(ii) a los empleados y trabajadores del Estado, incluso en órganos autónomos e
independientes; (iii) a quienes prestan sus servicios en las entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios; y (iv) a quienes desempeñan
funciones públicas, en su condición de particulares.
32. Según el artículo 125 de la Constitución, los «empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera», con ciertas excepciones para los cargos de «elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley». Esto implica que, a excepción de los empleos definidos por la
Constitución, es el legislador quien decide cuáles cargos no forman parte de la
carrera administrativa.
33. Para determinar cuándo un empleo es de libre nombramiento y remoción, la
jurisprudencia ha identificado varios criterios, como la necesidad de una base legal
para el cargo y que el legislador, al ejercer esta facultad, no puede contradecir la
esencia del sistema de carrera. La ley no debe convertir la excepción en regla
general; debe existir una justificación suficiente para que el legislador establezca
excepciones a la carrera administrativa, garantizando que la facultad del
nominador no sea arbitraria y que la función requiera confianza o implique
decisiones políticas.
34. El capítulo III del título III de la Ley 30 de 1992 regula el personal docente y
administrativo de las entidades universitarias. Esta ley establece tres categorías
para los docentes: (a) profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y
medio tiempo, catalogados como empleados públicos que ingresan por concurso
de méritos y están sujetos a un régimen especial; (b) profesores de cátedra, que
25
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02713-01 (3314-2023)
no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; y (c) profesores ocasionales,
que tampoco son considerados empleados públicos ni trabajadores oficiales.
35. En particular, sobre personal administrativo, el artículo 79 de esta Ley,
establece que el estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá
contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia,
sus derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen
disciplinario.
36. Es decir, la Ley 30 de 1992 no realiza ninguna clasificación específica y
delega en el estatuto general de cada universidad la regulación de los derechos,
obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario, de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Sobre este aspecto, en sentencia C-299 de 1994, la Corte Constitucional
precisó que «la inspección y vigilancia del Estado sobre la universidad colombiana y
particularmente sobre la universidad oficial, supone un control limitado que se traduce en
una labor de supervisión sobre la calidad de la instrucción, el manejo ordenado de la
actividad institucional y la observancia de las grandes directrices de la política educativa
reconocida y consignada en la ley. Esa injerencia no puede suponer el control de los
nombramientos del personal, definición de calidades y clasificación del personal docente o
administrativo […]».
38. Además, la decisión subrayó que las universidades tienen la autoridad para
establecer sus propios estatutos como normativas complementarias, siempre
sujetas a la Constitución y la ley. Estos estatutos detallan las reglas para el
funcionamiento de la institución, la estructura administrativa, los requisitos de
admisión para estudiantes, el proceso de selección del personal docente, la
clasificación del personal según las modalidades establecidas en la legislación, y
el régimen para la prestación de servicios, entre otros aspectos.
39. En esa línea de ideas, recientemente, la Corte Constitucional39 advirtió que
«por expresa disposición constitucional y legal, las universidades públicas, en ejercicio de
la autonomía universitaria, pueden determinar el personal docente y administrativo, su
clasificación (de conformidad con las modalidades consagradas en la ley) y el régimen
para la prestación de los servicios. Precisamente, a partir de este régimen especial
consagrado en sus estatutos, los entes universitarios se encuentran facultadas para
definir los cargos que serán desempeñados por empleos públicos y los que deben ser
realizados por trabajadores oficiales».
40. En conclusión, las universidades públicas tienen la competencia para clasificar
los cargos que serán ocupados por empleados públicos y trabajadores oficiales,
conforme con las modalidades establecidas por la ley. Esta facultad permite a las
instituciones de educación superior definir internamente la naturaleza de cada
posición, asegurando que el ejercicio de esta prerrogativa esté alineado con los
principios constitucionales y legales que regulan el servicio público.
41. Conforme con el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, de frente
a los argumentos de la parte demandante en el recurso de apelación y las razones
39 Corte Constitucional. Auto 679 de 2023.
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que sustentaron la sentencia de primera instancia, la Sala procede a resolver los
problemas jurídicos planteados en el mismo orden que fueron formulados.
5. Estudio y resolución del primer problema jurídico
42. El primer argumento expuesto por la parte demandante en contra del Acuerdo
7 de 1980, tanto en la demanda como en el recurso, se refiere a que el Consejo
Superior de la Universidad de Antioquia no tenía la competencia para clasificar a
su personal entre empleados públicos y trabajadores oficiales, alegando que dicha
clasificación es competencia exclusiva de la ley y, por lo tanto, que la Universidad
incurrió en la causal de nulidad por falta de competencia.
43. En cuanto a este aspecto, la Sala destaca que la Universidad de Antioquia es
un ente universitario autónomo de naturaleza pública, con régimen estatal,
conforme con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política. Su creación
se estableció mediante la Ley 71 de 1878 del Estado Soberano de Antioquia y su
personería jurídica se deriva de la Ley 153 de 1887. Además, fue reconocida por
el Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto 1297 del 30 de mayo de
1964 y se rige por la Ley 30 de 1992 y demás normas concordantes y aplicables.
44. Como ente universitario, la Universidad de Antioquia goza de autonomía
universitaria según el artículo 69 de la Constitución Política, el cual establece que
las universidades tienen la capacidad de autodeterminación en la gestión de sus
asuntos internos. Esta autonomía incluye la facultad para establecer sus propios
estatutos y reglamentos, así como para regular aspectos fundamentales de su
funcionamiento administrativo y académico. La autonomía universitaria, tal como
ha sido reafirmada por la jurisprudencia constitucional, es una «garantía
institucional» que asegura a las universidades la libertad de autorregulación
filosófica y autodeterminación administrativa, siempre dentro del marco de la
Constitución y la ley.
45. La Ley 30 de 1992 refuerza esta autonomía al otorgar a las universidades
públicas la competencia para definir el régimen de su personal. En particular,
sobre el personal administrativo del ente universitario, el artículo 79 de esta ley
establece que el estatuto general de cada universidad estatal u oficial debe incluir,
como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes, las disposiciones sobre
derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen
disciplinario del personal. Esto significa que la ley delega en el estatuto general de
cada universidad la regulación específica de estos aspectos, en concordancia con
las normas vigentes.
46. La Corte Constitucional, en sentencia C-299 de 1994, destacó que las
universidades están facultadas para expedir sus propios estatutos, los cuales
constituyen regulaciones sublegales sujetas a la Constitución y la ley, encargadas
de puntualizar las reglas sobre el funcionamiento de las instituciones de educación
superior, su organización administrativa, los requisitos para la admisión del
alumnado, la selección del personal docente y la clasificación de los servidores,
entre otros aspectos. Además, en el Auto 679 de 2023 advirtió expresamente que
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«se encuentran facultadas para definir los cargos que serán desempeñados por empleos
públicos y los que deben ser realizados por trabajadores oficiales».
47. En este contexto, la autonomía universitaria permite que las universidades
públicas, en ejercicio de esta garantía constitucional, puedan determinar la
clasificación del personal docente y administrativo, de conformidad con las
modalidades señaladas en la ley, y establecer el régimen para la prestación de los
servicios. Ello implica la facultad para determinar los cargos que serán
desempeñados por empleados públicos y aquellos que serán ejercidos por
trabajadores oficiales.
48. Por consiguiente, en el entendido que el Consejo Superior de la Universidad
de Antioquia mediante el Acuerdo 7 de 1980 estableció la planta de personal
administrativo y clasificó los cargos que debían ser desempeñados por empleados
públicos y por trabajadores oficiales, la Sala concluye que actuó dentro del ámbito
de su competencia constitucional (artículo 69 de la Constitución Politica) y legal
(Ley 30 de 1992) de tal manera que la causal de nulidad invocada no se configuró.
6. Estudio y resolución del segundo problema jurídico
49. Como eje central de esta causal, en el recurso de apelación la parte
demandante alegó que el Acuerdo 07 de 1980 infringió las normas en que debía
fundarse por cuanto al clasificar al personal administrativo entre empleados
públicos y trabajadores oficiales, desconoció lo previsto en el artículo 122 del
Decreto 80 de 1980 y los artículos 5 del Decreto 3135 de 1968 y 3 del Decreto
1848 de 1969. Así como las convenciones colectivas de trabajadores de la
Universidad de Antioquia y los Convenios 154 sobre la Negociación Colectiva,
1981 sobre el Fomento de la Negociación Colectiva, 151 sobre las Relaciones de
Trabajo entre la Administración Pública, 1978 sobre la Protección del Derecho de
Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en
la Administración Pública, 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación
Colectiva y 1949 sobre la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación
y de Negociación Colectiva.
50. Lo anterior, teniendo en cuenta que clasificó a la mayoría del personal
administrativo como empleado público y no como trabajador oficial, situación que
terminó por disminuir el número de miembros del sindicato de la Universidad y por
consiguiente, a su juicio, prohibió el derecho a la negociación colectiva, a
presentar peticiones y a la huelga.
51. A proposito, el artículo 122 del Decreto 80 de 1980 dicta:
«El personal administrativo de las instituciones oficiales de educación superior,
está integrado por empleados públicos y trabajadores oficiales. Tienen la calidad
de trabajadores oficiales los obreros que desempeñen funciones en construcción,
preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y
mantenimiento de edificaciones y equipos. Los demás empleados administrativos
tienen la calidad de empleados públicos.
Los empleados oficiales del orden administrativo que figuren actualmente como
trabajadores oficiales conservarán dicha situación mientras se expide por parte del
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respectivo consejo Superior, la planta de personal prevista en el artículo 59, literal
f) del presente decreto.
Las personas que prestan sus servicios en forma ocasional o por el tiempo de
ejecución de una obra o contrato, no son empleados públicos ni trabajadores
oficiales; su vinculación será por contrato administrativo de prestación de servicios
que se regirá por las disposiciones del decreto 150 de 1976 y las normas que lo
reglamenten, complementen, o sustituyan».
52. Por su parte, el artículo 5 del Decreto 3135 de 1960, dispone:
«Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus
servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y
Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores
de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de
dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos»
53. El Decreto 1848 de 1969, reglametario del anterior, previó:
«Artículo 2.- Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son empleados
públicos.
Artículo 3.- Trabajadores oficiales40. Son trabajadores oficiales los siguientes:
a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del
artículo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras
públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas
obras; y
b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con
carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta».
54. Analizado detenidamente el Acuerdo 07 de 1980, la Sala evidencia que fueron
clasificados como trabajadores oficiales de la planta de cargos de la Universidad
de Antioquia, los siguientes: aseador41, jardinero42, peón43 y encargado de oficios
domésticos44.
55. Esa clasificación no infringió las normas en que debía fundarse, primero,
porque la clasificación se llevó a cabo conforme con la autonomía constitucional
que ostenta y lo regulado en la Ley 30 de 1992, como quedó establecido en la
resolución al problema jurídico anterior y segundo, porque precisamente esos
cargos, aseador, jardinero, peón y encargado de oficios domésticos se
corresponden con el artículo 122 del Decreto 80 de 1980 (los obreros que
40 Derogado por el Decreto 1083 de 2015.
41 Fols. 37, 57, 60 , 62, 66, 68, 79 y 81 del expediente digital. Acto administrativo demandado. Indice 2 de
SAMAI.
42 Fols. 38, 69 y 79 del expediente digital. Acto administrativo demandado. Indice 2 de SAMAI.
43 Fols. 38, 46, 62, 68 y 79 del expediente digital. Acto administrativo demandado. Indice 2 de SAMAI.
44 Fols. 46, 66 y 69 del expediente digital. Acto administrativo demandado. Indice 2 de SAMAI.
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desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos, actividades
agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones y equipos) y los
que enuncia el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el Decreto 1848 de 1969
(los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales).
56. En cuanto a los demás cargos que fueron clasificados como empleados
públicos y no como trabajadores oficiales enunciados por la parte demandante: los
celadores, porteros, técnicos automotrices, mensajeros y conductores del
departamento de sostenimiento; en la sección de construcción y sostenimiento, los
oficiales de albañilería, maestros de obras, plomeros y carpinteros; en el
departamento de sostenimiento de redes y equipos, los técnicos de electrónica I y
II, los electricistas, ayudantes de electricidad, telefonistas, los trabajadores de
oficios varios y los encuadernadores, entre otros, la Sala considera que no es
posible establecer o verificar la transgresión alegada por la parte demandada, toda
vez que no se aportaron pruebas de acuerdo con las cuales quedara demostrado
que efectivamente desempeñan las funciones de un trabajador oficial, como por
ejemplo el manual de funciones. En el medio de control, la parte demandante solo
se limitó a expresar que se ocupaban de la conservación y mantenimiento de la
Universidad de Antioquia, pero no allegó prueba alguna que llevara a esta Sala a
la certeza sobre su afirmación.
57. En ese orden de ideas, como bien lo dijo el ad quem, corresponderá en cada
caso particular, de demandarse, establecer si el cargo corresponde a la
clasificación asignada por la Universidad conforme con las pruebas que se
alleguen y no a esta instancia en la que se examina de forma general la legalidad
del acto acusado.
58. Por otra parte, en relación con los Convenios de la OIT cuya vulneración se
depreca, la Sala observa que si bien se mencionaron en el concepto de violación
de la demanda, lo cierto es que no existió una mínima carga argumentativa que
permitiera realizar un análisis sobre el asunto, ya que la parte demandante no
explicó de qué manera el acuerdo demandado vulneró las referidas normas
internacionales.
59. En este punto, se debe recordar que uno de los pilares de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa es el principio de la justicia rogada que limita al juez a
resolver solamente respecto de lo pedido en la demanda sin ir más allá, lo que a
su vez implica una carga procesal para quien pretenda demandar un acto
administrativo, en el sentido de tener que indicar, según lo regulado por el artículo
162.4 de la Ley 1437 de 2011,15 «las normas violadas y explicar el concepto de su
violación».
60. Sin embargo, luego de desarrollar un ejercicio ofcioso de comparación del acto
demandado frente a los Convenios 154 sobre la Negociación Colectiva, 1981
sobre el Fomento de la Negociación Colectiva, 151 sobre las Relaciones de
Trabajo entre la Administración Pública, 1978 sobre la Protección del Derecho de
Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en
la Administración Pública, 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación
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Colectiva y 1949 sobre la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación
y de Negociación Colectiva, la Sala no encuentra que el acuerdo cuestionado los
vulnere.
61. Sobre la «inconveniencia» del acto demandado, pues a jucio de la parte
demandante introdujo diferencias grandes y odiosas entre los nuevos empleados
públicos de la Universidad y sus compañeros trabajadores oficiales, la Sala
considera que este argumento podría encausarse como una violación del derecho
a la igualdad. Sin embargo, no sería posible establecer esa transgresión, toda vez
que no se aportó prueba alguna respecto de la cual se evidenciara el trato
diferenciado deprecado.
62. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que en el concepto de violación
solo se hizo mención a los convenios y no se explicó en qué medida el Acuerdo 07
de 1980 de la Universidad de Antioquia, los vulneró, la Sala descartará este
alegato.
63. Por útlimo, aunque la parte demandante argumentó que la reclasificación del
personal administrativo disminuyó el número de miembros sindicalizados y afectó
derechos sindicales, el Acuerdo 7 de 1980 no prohibió la sindicalización ni la
negociación colectiva. Lo anterior por cuanto la clasificación de empleados
públicos no excluye la posibilidad de organización sindical, aunque la negociación
colectiva en este caso se rige por normas específicas para el sector público.
64. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el Acuerdo 7
de 1980 no incurrió en la causal de nulidad de infracción de las normas en que
debería fundarse, pues como quedó explicado, la clasificación realizada se adecuó
a los parámetros contitucionales y legales aplicable al ente universitario.
6. Estudio y resolución del tercer problema jurídico
65. La parte demandante aseguró en el recurso de apelación que la Universidad
de Antioquia al expedir el Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980, su propósito era
desalentar el movimiento sindical, porque su objetivo fue sustraer del influjo de la
convención colectiva del trabajo y de la negociación colectiva a muchos
trabajadores oficiales al convertirlos en empleados públicos, por consiguiente, los
privó de primas legales y extralegales y de beneficios laborales, circunstancia que
fue debidamente expuesta en el libelo demandatorio, situación que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no consideró.
66. La causal de nulidad por desviación de poder se fundamenta en el artículo 137
del CPACA, el cual establece que la acción de nulidad es procedente cuando los
actos administrativos son expedidos con un desvío del poder asignado a los
funcionarios responsables.
67. Esta causal se configura cuando el acto administrativo busca un objetivo
espurio, innoble o perjudicial, distinto de los fines establecidos por el ordenamiento
jurídico, como el interés general o el mejoramiento del servicio público, objetivos
que, además, se presumen. Así, el funcionario actúa desviando los fines de sus
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competencias, disfrazando su actuación bajo una apariencia de legalidad que
oculta una motivación subjetiva y arbitraria que lleva a la expedición del acto.
68. Cuando se alega la causal de nulidad por desviación de poder, recae sobre
quien afirma su existencia la obligación de presentar al juez administrativo las
pruebas necesarias para desvirtuar la presunción de legalidad que protege a todo
acto administrativo. El análisis de dichas pruebas permite determinar si los hechos
alegados como constitutivos de la causal de nulidad están presentes en la
expedición del acto acusado y, por lo tanto, si se desvirtúa su legalidad.
69. En el contexto del caso que nos ocupa, siguiendo el criterio jurisprudencial y
normativo, la Sala considera que el Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980 no fue
expedido con desviación de poder, porque la parte demandante no aportó pruebas
que demostraran que su objetivo fuera distinto del que la Constitución y la Ley le
asignaron, es decir, no acreditó que el propósito del acto acusado fuera sustraer
del influjo de la convención colectiva del trabajo y de la negociación colectiva a
trabajadores oficiales, por el contrario, lo que quedó probado conforme con el
análisis realizado es que se ajustó a la Constitución y la Ley.
70. En ese orden de ideas, el cargo por desviación de las atribuciones propias no
está llamado a prosperar.
7. Estudio y resolución del cuarto problema jurídico
71. En el recurso de apelación, la parte demandante acusó al Acuerdo 07 del 27
de agosto de 1980 de pérdida de fuerza ejecutoria, pues consideró que se
presentaron todas las causales descritas en el artículo 91 del CPACA, en tanto a
varias decisiones judiciales declararon que algunos de los puestos de trabajo
catalogados en el acto demandado como empleados públicos, fueron declarados
como trabajadores oficiales.
72. Al respecto, la Sala concuerda con el juez de primera instancia en el sentido
de que las causales de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos se
encuentran expresamente previstas en el artículo 91 del CPACA, así:
«Artíuclo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma
expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado
los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia»
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73. De acuerdo con lo anterior, le asistía a la parte demandante demostrar que se
configuró alguna de las causales transcritas, no obstante, ello no ocurrió en el sub
examine, porque si bien es cierto que a través de varias decisiones judiciales se
ha declararon que algunos de los puestos de trabajo catalogados en el acto
demandado como empleados públicos, en realidad son trabajadores oficiales,
estas se tratan decisiones que tienen el carácter de inter partes donde se analizó
cada asunto en particular, es decir, que obligan y son aplicables a las partes del
proceso, no a la comunidad, y en esa medida, dicha circunstancia no configura
ninguna de las referidas causales.
74. Además, en razón a que se ha establecido que el Acuerdo 07 del 27 de agosto
de 1980 no infringió normas superiores y que la clasificación realizada por la
Universidad se enmarca en el ejercicio de la autonomía universitaria dispuesta en
el artículo 69 de la Constitución Política, no puede concluirse que las razones que
sustentan el acuerdo hayan desaparecido.
75. En consecuencia, al no haberse demostrado que el acto acusado fue
suspendido provisionalmente, que sus fundamentos de hecho y de derecho hayan
desaparecido, que la autoridad no haya realizado los actos necesarios para su
ejecución, que esté sujeto a una condición resolutoria o que haya perdido
vigencia, la Sala concluye que este cargo no está llamado a prosperar.
8. Consideraciones finales
76. La parte demandante en el recurso de apelación adujo que la sentencia de
primera instancia era nula, porque solo fue suscrita por dos magistradas del
Tribunal Administrativo de Antioquia, circunstancia que afectó el quorum y que
hace invalida la decisión.
77. Sobre el asunto se advierte que, según lo establecido en el artículo 40 de la
Ley 270 de 1996, que regula temas concernientes a la administración de justicia,
los tribunales administrativos deben estar compuestos por no menos de tres
magistrados. Estos tribunales ejercen sus funciones a través de la Sala Plena, que
incluye a todos los magistrados: la sala de gobierno, las salas especializadas y
otras salas de decisión plurales e impares, conforme con lo dispuesto por la ley.
78. Asimismo, el artículo 54 ibidem especifica que todas las decisiones de las
corporaciones judiciales deben ser adoptadas con el voto de la mayoría de sus
miembros. El texto de la norma es el siguiente:
«Quórum Deliberatorio y Decisorio. Todas las decisiones que las Corporaciones
judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán
para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los
miembros de la Corporación, sala o sección.
Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos
que deban ser fallados por la Corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la
sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento
aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente
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comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La
violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta. […]»
79. Por otro lado, respecto de las irregularidades en la firma de las providencias,
el artículo 288 del Código General del Proceso establece:
«Irregularidades en la firma de las providencias. Cuando un juez colegiado profiera
una providencia que no haya sido suscrita por todos sus integrantes, mientras
conserve el expediente deberá subsanar la irregularidad de oficio o a petición de
parte.
Una vez notificada la providencia, la irregularidad se entenderá saneada siempre
que haya sido firmada por la mayoría de los integrantes de la sala respectiva. De
lo contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala que la profirió, para
que subsane el defecto o la profiera nuevamente.»
80. En el presente caso, se observa que la sentencia impugnada fue firmada por
dos magistradas del Tribunal Administrativo de Antioquia, sin que ninguna de ellas
hubiese presentado salvamento de voto. Esto asegura que se cumplió con la regla
de la mayoría absoluta necesaria para la deliberación y toma de la decisión
judicial. Por lo tanto, el argumento de la parte demandante carece de fundamento
y no tiene posibilidad de prosperar.
81. En conclusión, la sentencia impugnada no presenta vicios de nulidad por falta
de quórum o irregularidades en las firmas, ya que se respetaron las normas
establecidas y se alcanzó la mayoría requerida para su validez.
82. Por último, en relación con la falta de congruencia externa alegada en el
recurso de apelación, porque, a juicio de la parte demandante el Tribunal
Administrativo de Antioquia no analizó la excepción de mérito presentada por la
Universidad de Antioquia denominada «falta de causa para pedir», la Sala considera
que está no se configuró, pues quedó evidenciado en la sentencia recurrida que el
juez de primera instancia limitó su decisión a aquellos aspectos que fueron
introducidos al proceso como thema decidendum por las partes. En otros términos
al estudiar de fondo el asunto, se desprende que no encontró probada esa
excepción, motivo por el cual procedió a resolver sobre la legalidad del acto
demandado a la luz de los argumentos alegados en el medio de control.
9. Costas
83. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 7 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones
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del medio de control de nulidad presentado por la Asociación de Pensionados y
Jubilados de la Universidad de Antioquia, APENJUDEA, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto: Luego de las anotaciones y constancias secretariales pertinentes en el
expediente y en los registros físicos y digitales a que hubiere lugar, devolver el
expediente al tribunal de origen a través de la Secretaría de esta Sección
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EdelaOssa
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