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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01020-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01020-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia (Apenjudea), de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDA: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01020-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01020-00
Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia (APENJUDEA)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01020-00
Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia (Apenjudea)
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B

Tesis: La acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito
de relevancia constitucional, ya que, de lo expuesto por la
parte actora, se advierte que lo pretendido es utilizar este
medio constitucional como una tercera instancia y reabrir el
debate que ya fue discutido y resuelto por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la
Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia
(Apenjudea) en contra de la sentencia de 10 de julio de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

1.1. La Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia
(Apenjudea), actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso,
que presuntamente ha sido vulnerado por la demandada. Por esta razón,
pretende:

“(…) Con fundamento en lo expuesto, solicito a los Honorables
Magistrados, el amparo de los derechos fundamentales de mi

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Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia (APENJUDEA)

representada, dejando sin efectos la sentencia de la SECCIÓN SEGUNDA
– SUBSECCIÓN B DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CONSEJO DE ESTADO, para que en su lugar se hagan las
declaraciones necesarias que conduzcan a la protección de los derechos
fundamentales que le han sido vulnerados a mi representada por parte
de la accionada (…)”

La parte actora manifestó en el escrito de tutela que promovió acción de
nulidad simple ante el Tribunal Administrativo de Antioquia 1, tendiente a
declarar la nulidad del Acuerdo N° 7 de 27 de agosto de 1980, expedido por
el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, mediante el cual se
reclasificó la planta de personal administrativo, disponiendo cuáles serían
desempeñados por empleados públicos y cuáles por trabajadores oficiales.

Afirmó que mediante fallo de 7 de diciembre de 2022 el Tribunal negó la
nulidad del Acuerdo N° 7 de 27 de agosto de 1980 proferido por el Consejo
Superior de la Universidad de Antioquia y condenó en costas al demandante,
decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.

Señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó
sentencia el 10 de julio de 2024 en la que resolvió el recurso de apelación,
confirmando la decisión de primera instancia.

Indicó que la anterior providencia incurre en defecto fáctico, al considerar
que no se valoró la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 25 de julio de 1983, en la cual se resolvió la demanda de nulidad
parcial contra el Acuerdo 7 de 1980. Destacó que de haberse valorado se
hubiese acreditado la pérdida de ejecutoria del acto demandado y que
desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de
soporte para su expedición.

Estimó que la providencia censurada también incurrió en defecto sustantivo,
ya que, al abordar los problemas jurídicos sobre si el Consejo Superior de la
Universidad de Antioquia tenía competencia para clasificar a su personal entre
empleados públicos y trabajadores oficiales, concluyó que sí actuó dentro de
su competencia; sin embargo, a su juicio, dicha conclusión se basó en normas
que no existían para la época en que se expidió el Acuerdo 7 de 1980.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1 En adelante el Tribunal.

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2.1. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de febrero de 2025,
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes2. Así mismo, vinculó
al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Universidad de Antioquia, y
ordenó allegar el expediente digital del proceso con número único de
radicación 05001-23-33-000-2016-02713-00/01.

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia3 presentó informe en el que
expuso lo siguiente:

Respecto del defecto fáctico, señaló que el accionante lo fundamenta en el
hecho de que no se valoró como prueba la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia de 25 de julio de 1983, en la que se estableció
que la Universidad de Antioquia no tenía competencia para expedir el Acuerdo
N° 07 del 27 de agosto de 1980.

Indicó, sobre el anterior argumento, que la sentencia proferida en 1983 no
constituye un medio probatorio en sí misma. El hecho de que exista un
pronunciamiento sobre la competencia de la Universidad de Antioquia para
emitir actos administrativos no convierte dicha sentencia en prueba de la falta
de competencia en sí misma. Afirmó que corresponde a una cuestión de
derecho que debe ser analizada e interpretada de manera integral y que lo
señalado en la mencionada sentencia constituye un obiter dicta, ya que no
estuvo relacionado con la decisión de fondo de la demanda, la cual denegó la
pretensión de nulidad planteada en su momento.

Indicó que el problema jurídico resuelto en las providencias objeto de tutela
se limitó a determinar si el acto administrativo contenido en el Acuerdo N° 7
del 27 de agosto de 1980, titulado “Por el cual se establece la planta del
personal administrativo y se clasifican los cargos que deben ser desempeñados
por empleados públicos y por trabajadores oficiales”, está viciado de nulidad
por infracción de las normas legales y constitucionales en las que debía
fundarse, por haberse expedido sin competencia y con desviación de las
atribuciones propias de quien lo profirió.

Precisó que sobre esa base se desarrolló el análisis jurídico en primera y
segunda instancia, de manera que no cabe invocar un defecto fáctico por falta
de valoración probatoria ya que, como se señaló, el análisis fue estrictamente
de puro derecho.

2 Ver índice SAMAI nro. 5.
3 Ver índice SAMAI nro. 9.

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Con relación al defecto sustantivo indicó que la parte actora estima que la
sentencia se fundamentó en normas que, al momento de proferirse el Acuerdo
demandado en nulidad, aún no habían entrado en vigor, dado que la
Autonomía Universitaria se desarrolló bajo la vigencia de la Constitución
Política de 1991.

Adujo, sobre el anterior cargo, que es importante resaltar que, aunque el
Acuerdo N° 07 del 27 de agosto de 1980 fue expedido bajo la vigencia de la
Constitución de 1886, el análisis de su validez debe basarse en la coherencia
que deba mantener con la Constitución Política de 1991. Destacó que el
análisis realizado del acto en el proceso de nulidad, al confrontarlo con las
normas que entraron en vigor posteriormente, orientadas por la fuerza
vinculante de la Constitución de 1991, no constituye un defecto sustantivo en
las providencias.

2.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado4
presentó informe en el que solicitó que se negaran las pretensiones de la
solicitud de amparo, indicando lo siguiente:

Señaló que en la demanda se citó como norma violada el Decreto 80 de 1980,
sin hacer mención de la sentencia que se incluye en la acción de tutela.
Enfatizó que, a partir de ese decreto, se señalaron las funciones del Consejo
Superior Universitario y se argumentó que se incurrió en una desviación de
sus atribuciones. Indicó que en el recurso de apelación se expusieron varios
puntos, entre los cuales se mencionaron los siguientes: i) la Universidad de
Antioquia no tenía competencia para declarar empleados públicos a la mayoría
de los trabajadores oficiales, ya que dicha potestad correspondía al legislador,
es decir, a los Decretos 3135 y 1848; ii) se transgredió el artículo 53 de la
Constitución Política, debido a la disminución del número de miembros del
sindicato; y iii) el a quo no tuvo en cuenta que se presentaron todas las
circunstancias de pérdida de fuerza ejecutoria previstas en el artículo 91 del
CPACA, incluido el desconocimiento por parte de la universidad de su propio
acuerdo al clasificar a los nuevos empleados como extrabajadores oficiales.

Adujo que, en efecto, la sentencia cuestionada se desarrolló el marco
normativo y jurisprudencial de la autonomía universitaria y sus límites,
basándose en la Constitución Política, tal como lo alegó el recurrente, así como
en las normas expedidas para su desarrollo, que constituyen el régimen
aplicable a las universidades, según se indicó expresamente. Precisó que, a
partir de ese análisis, se concluyó que las universidades tienen la competencia

4 Ver índice SAMAI nro. 10.

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Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia (APENJUDEA)

para clasificar los cargos ocupados por empleados públicos y trabajadores
oficiales.

Manifestó que, además de lo anterior, se resolvieron todos los argumentos
presentados en la apelación, de tal manera que: i) se precisó el contenido de
los Decretos 3135 de 1960 y 1848 de 1969 para indicar que la clasificación no
contravino las normas en las que debía fundarse, ya que “los cargos de
aseador, jardinero, peón y encargado de oficios domésticos se ajustan al
artículo 122 del Decreto 80 de 1980 (que establece que los obreros que
desempeñen funciones en construcción, preparación de alimentos, actividades
agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones y equipos) y
a lo que enuncia el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848
de 1969 (que considera a los trabajadores de la construcción y mantenimiento
de obras públicas como trabajadores oficiales)”; y ii) en cuanto a la pérdida
de fuerza ejecutoria, la parte demandante no logró demostrar que se hubiera
configurado alguna de las causales previstas en el artículo 91 del CPACA.

Resaltó que se valoró adecuadamente los elementos de juicio presentados por
el accionante, como se puede verificar en la misma providencia y que el simple
hecho de que las conclusiones no le hayan sido favorables no vulnera de
ninguna manera el derecho fundamental invocado, ya que se fundamentaron
en la Constitución Política y en las normas aplicables al caso concreto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 333 de 2021, numeral 7, y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. La accionante promovió acción de nulidad simple con el fin de que se
declare la nulidad del Acuerdo N° 7 de 27 de agosto de 1980, “Por el cual se
establece la planta del personal administrativo y se clasifican los cargos que
deben ser desempeñados por empleados públicos y por trabajadores oficiales”,
expedido por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Este proceso

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Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
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fue adelantado por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia y tramitado bajo el radicado N° 05001-23-33-000-2016-02713-00.

3.2.2. Mediante sentencia de 7 de diciembre de 20225 el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda, decisión contra la cual la parte demandante y
varios coadyuvantes interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido
mediante providencia de 27 de enero de 20236.

3.2.3. A través de fallo del 10 de julio de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal que negó la nulidad del acto acusado7.
Específicamente, en esta providencia con fundamento en el recurso de
apelación se indicó que se resolvieron los siguientes problemas jurídicos:

“[…] 17.1 ¿El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para, a través del Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980, reclasificar
la naturaleza del personal administrativo de su planta de personal?

17.2. ¿El Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980 incurrió en una infracción de las
normas en que debía fundarse?

17.3. ¿El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia incurrió en una
desviación de las atribuciones propias al expedir el Acuerdo 07 del 27 de agosto
de 1980?

17.4. ¿El Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980 perdió fuerza ejecutoria?

Así mismo, se señaló que para resolver los anteriores problemas se analizaría:
“(i) la autonomía universitaria, (ii) el régimen legal de las universidades
públicas y (iii) la clasificación del personal administrativo de los entes
universitarios oficiales. […]”

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de

5 Ver índice SAMAI nro. 78 del expediente con radicado nro. 05001-23-33-000-2016-02713-00
6 Ver índice SAMAI nro. 87 del expediente con radicado nro. 05001-23-33-000-2016-02713-00
7 Ver índice SAMAI nro. 19 del expediente con radicado nro. 05001-23-33-000-2016-02713-01,
sentencia que fue notificada electrónicamente el día 23 de agosto de 2024.

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evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de
desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es
la relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios que
la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego,
analizarlos en el (ii) caso concreto.

3.3.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional8

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes”9.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente
las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional;
de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le
corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia
que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional 10.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 se explicó que este requisito
persigue tres finalidades11:

8 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la

sentencia C – 590 de 2005.
9 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.

Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia12. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción
de tutela será improcedente por no superar la relevancia constitucional.

La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de
los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca
evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte
Constitucional ha dicho13:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’. En este orden de ideas,
la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

12 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del

29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro.
11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
13 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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En desarrollo de esa finalidad, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando
lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la
irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
evita que el amparo sea usado indebidamente como una instancia adicional
para discutir los asuntos de índole probatoria o de interpretación de la ley que
dieron origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el fallo
C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se
trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los
derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso
judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los
derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los
que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que
el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que
generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad
en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de
carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable
al mismo, resulta evidente que este mecanismo está siendo utilizado para
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional,
con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

Caso concreto.

En el presente asunto la accionante cuestiona la sentencia del 10 de julio de
2024 mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado confirmó el fallo de primera instancia del 7 de diciembre de 2022 que
negó la nulidad simple del Acuerdo Nro. 7 de 27 de agosto de 1980. La
controversia planteada por la parte actora está dirigida a señalar que la
providencia censurada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. En cuanto

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al primero, sostiene que el Consejo de Estado no valoró la sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia del 25 de julio de 1983, en la que se
resolvió la demanda de nulidad parcial contra el Acuerdo 7 de 1980, la que de
haberse valorado demostraría la pérdida de ejecutoria del acto demandado.
Por su parte, respecto del defecto sustantivo argumenta que se aplicaron
normas inexistentes para la época en que se expidió el acto acusado,
particularmente al analizar la falta de competencia del Consejo Superior de la
Universidad de Antioquia para clasificar a su personal entre empleados
públicos y trabajadores oficiales.

De la revisión del expediente, se advierte que, si bien la parte accionante alega
que se dejó de valorar una prueba dentro de proceso ordinario, lo cierto es
que lo que se pretende es que se analice nuevamente un argumento que fue
planteado dentro de la demanda de nulidad y que fue ampliamente analizado
tanto por el juez de primera como de segunda instancia relacionado con la
pérdida de fuerza de ejecutoria del acto acusado14. Lo propio ocurre respecto
del argumento dirigido a controvertir la competencia de la autoridad que
expidió el acto enjuiciado al señalar que se aplicó indebidamente normas que
estima no eran aplicables, ya que realmente sus reproches van dirigidos a
cuestionar los fundamentos de la decisión que negó la nulidad por falta de
competencia15. En ese sentido, es evidente que lo que busca la parte actora
es insistir y reiterar el debate que ya se agotó en el proceso ordinario.

Se observa que las alegaciones sobre que el Consejo Superior de la
Universidad no tenía competencia para realizar la reclasificación y que no se
valoró la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 25 de julio de
1983 la cual permitiría demostrar la pérdida de ejecutoria del acto acusado,
son argumentos que van encaminados a sustentar los mismos cargos que
fueron expuestos en el proceso de nulidad y a exponer sus inconformidades
respecto de las conclusiones a las que arribó la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Por lo tanto, es evidente que lo que pretende
es que el juez constitucional analice nuevamente el asunto y emita una nueva
resolución distinta sobre el particular. En otras palabras, solo busca acceder a
una instancia adicional.

Adicionalmente, aunque la accionante afirma que no se realizó un análisis
sobre la providencia de 1983, revisada la sentencia acusada se encuentra que
respecto de la misma se realizó un pronunciamiento por parte del juez de

14 El argumento de pérdida de fuerza de ejecutoria del acto acusado se analizó en los considerandos 71

a 75 de la sentencia censurada.
15 El cargo de falta de competencia de la autoridad para expedir el acto acusado se estudió en los

considerandos 42 a 48 de la sentencia cuestionada.

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primera instancia al analizar la excepción de cosa juzgada, decisión que no fue
objeto de cuestionamiento, por lo que, es indiscutible que lo que ahora se
procura es exponer argumentos adicionales para sustentar los cargos ya
analizados por el juez de la causa y así reabrir un debate para que, en esta
oportunidad, la decisión sea favorable a los intereses de la demandante.

Bajo esas circunstancias, se colige que no se plantea un tema de naturaleza
constitucional que deba ser estudiado por el juez constitucional, sino que lo
que propone es abrir nuevamente la discusión sobre un asunto que ya fue
decidido aplicando las normas que el juez natural de la causa consideró eran
las pertinentes al caso concreto.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide sobre la controversia
que se le ha planteado, otorgándole la razón o no al interesado, simplemente
está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a
tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un
pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el
que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el escaso
término que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento
totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo de equivocarse en su
decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no tiene la formación requerida.

En conclusión, la Sala considera que, en este evento, no se cumple la tercera
finalidad del requisito de relevancia constitucional, comoquiera que la actora
pretende utilizar la presente acción de tutela como una tercera instancia o
recurso adicional para que se estudie nuevamente la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01020-00
Demandante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia (APENJUDEA)

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia
(Apenjudea), de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDA: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en
los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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