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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02717-02

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02717-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia del 20 de junio de 2024 objeto de apelación que declaró no probada la excepción de prescripción y, en su lugar declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, de acuerdo con lo explicado en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia del 20 de junio de 2024, que quedará del siguiente modo: CUARTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, a reliquidar y pagar a favor de Lida del Socorro Hurtado Rendón, las prestaciones sociales y factores salariales que le fueron liquidadas con base en el 70% de su asignación básica mensual, con la inclusión del 30% restante que le fue descontado e imputado a prima especial sin carácter salarial, y así se seguirá liquidando mientras ostente las calidades exigidas por la Ley 4ª de 1992 para ello. Lo anterior, siempre y cuando de su reliquidación pueda predicarse que efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía derecho. Asimismo ordenar el pago de la prima especial sin carácter salarial, calculada en un 30% de la asignación básica mensual de Lida del Socorro Hurtado Rendón, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional, atendiendo al cargo correspondiente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Declarar la prescripción trienal de las sumas causadas antes del 12 de diciembre de 2013, con excepción de los aportes a seguridad social en pensiones los cuales son imprescriptibles y deberán ajustarse de acuerdo con el 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicio que es factor de salario únicamente para el cálculo de dichos aportes. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago por los mismos conceptos aquí reconocidos y a que no se supere el tope establecido por el gobierno nacional. Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 20 de junio de 2024 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02717-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Lida del Socorro Hurtado Rendón presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se inaplicaran los artículos 6 del Decreto 658 de 2008; y 8 de los
decretos 723 de 2009, 1088 de 2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013 y

1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 12 de diciembre de 2016. Folio 102 del expediente físico.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

194 de 2014 en los que se dispuso que el 30% del salario correspondía a la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

2. Como consecuencia de lo anterior pidió que se declarara la nulidad de la
Resolución DESAJMR13-5575 del 8 de julio de 2013 proferida por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín4 (Antioquia) y del acto ficto
presunto negativo generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso de
apelación propuesto contra esa decisión, en los que se negó el reconocimiento del
30% del salario básico pagado a título de la prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de todas las prestaciones
sociales a las que tiene derecho por haberse desempeñado como juez de la
República.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago desde el
3 de noviembre de 2010 en adelante de los siguientes emolumentos: a) la prima
especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en cuantía del
30% sobre el 100% del salario básico decretado por el gobierno nacional para cada
año; b) el 30% del salario básico que no se le pagó por haber sido catalogado como
la prima especial de servicios; c) las diferencias causadas por la reliquidación de
todas las prestaciones sociales percibidas de conformidad con el 100% de la
remuneración básica mensual; y ii) la actualización del valor de la condena.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

4.1. Lida del Socorro Hurtado Rendón laboró como juez de la República desde el 24
de noviembre de 20106 hasta, por lo menos, la fecha de radicación de la demanda.

4.2. El 227 de abril de 2013 solicitó ante la DESAJ el reconocimiento del 30% del
salario básico que le fue pagado como prima especial de servicios sin carácter
salarial desde el 24 de noviembre de 2010 con ocasión del cargo de juez que
desempeñó y la reliquidación de todas las prestaciones sociales que se calculan

4 En adelante DESAJ
5 Folios 1 al 4 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
6 En el escrito introductorio la parte demandante señaló que ejerció el cargo desde el 3 de noviembre

de 2010; sin embargo, de acuerdo con los certificados aportados al proceso, la información
consignada en la reclamación administrativa y la Resolución DESAJMR13-5575 del 8 de julio de
2013 la fecha correcta es 24 de noviembre de 2010.
7 En los hechos de la demanda se señala como fecha de radicación el 19 de abril de 2013 mientras

que la entidad afirma que ello ocurrió el día 22 de ese mes y año; sin embargo en el sello de recibido
visible en la copia de la reclamación administrativa en el folio 1 del expediente físico se observa como
fecha de radicación el 13 de abril de 2013.

2

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

con base en el valor del salario.

4.3. La DESAJ Medellín profirió la Resolución DESAJMR13-5575 del 8 de julio de
2013 en el que negó la anterior solicitud. El 13 de julio de 2013 la demandante
presentó recurso de apelación, pero la parte demandada no emitió pronunciamiento
alguno frente a la alzada.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución
Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152, ordinal 7, de la Ley 270 de 1996.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente8:

6.1. La discusión planteada ya fue resuelta por el Consejo de Estado a través de la
sentencia del 29 de abril de 20199 en la que se determinó que la prima especial de
servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser reconocida como
un emolumento adicional al salario y no como lo hizo el gobierno nacional que
dispuso que el 30% de la asignación básica tendría la calidad de prima especial de
servicio.

6.2. La forma en que el gobierno reglamentó la prima especial de servicio generó que
se despojara del carácter salarial al 30% de la asignación mensual, de modo que se
desmejoraron las condiciones laborales de los servidores judiciales en tanto la base
sobre la cual se calcularon las prestaciones sociales resultó disminuida.

6.3. Las prestaciones sociales deben ser reliquidadas a partir del 100% del salario
básico establecido anualmente y debe reconocerse el 30% de los haberes
mensuales dejados de pagar.

1.2. Contestación de la demanda

7. La DESAJ se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se
expresan a continuación10:

7.1. La prima especial de servicio no tiene carácter salarial pues así se dispuso de
manera expresa en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, circunstancia que ya fue
revisada por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-279 de 1996 en la

8 Folios 88 al 100 del expediente físico.
9 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
10 Folios 133 al 143 reverso del expediente físico.

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

que se declaró exequible la expresión «sin carácter salarial» contenida en la norma.
La única autoridad facultada para determinar qué emolumentos tienen o no la
aptitud para conformar la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales
es el legislador, tal como lo ha considerado la máxima autoridad constitucional en
sentencia C-470 de 1995.

7.2. La prima discutida ha sido pagada en los términos indicados en los decretos
salariales anuales proferidos por el gobierno nacional por lo que hacerlo de una
manera distinta implicaría desconocer el marco normativo aplicable y, en todo caso,
la declaratoria de nulidad de los citados decretos solo pueden causar efectos hacia
el futuro.

7.3. Son procedentes las excepciones de «ausencia de causa petendi – inexistencia del
derecho reclamado y cobro de lo no debido», legalidad de los actos administrativos
acusados y, aunque no se propuso de manera expresa como una excepción, la
demandada alegó la prescripción trienal de las sumas reclamadas.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en sentencia proferida el
20 de junio de 202411, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La
parte resolutiva es del siguiente tenor:

«PRIMERO: Aplicar la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 8 de los
Decretos 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 que
fijaron el valor de la prima especial como el 30% de la asignación básica mensual de los
servidores a quienes se les aplica el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en franca
contradicción con el artículo 53 constitucional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución N° DESAJMR13-5575 del 8 de julio de
2013, mediante la cual el Director Ejecutivo de la Seccional de Administración Judicial
de Antioquia negó a la señora Lida del Socorro Hurtado Rendón, las solicitudes de
reliquidación y pago de sus prestaciones sociales teniendo como base el 100% de la
remuneración básica legal mensual, al igual que el pago de la prima especial calculada
en un 30% de la asignación básica mensual, como una adición a ésta.

TERCERO: Declarar la existencia del acto ficto como consecuencia de la configuración
del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución N° DESAJMR13-5575 del 8 de julio de 2013, y declarar su nulidad.

CUARTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, a reliquidar y pagar a favor de la
señora Lida del Socorro Hurtado Rendón, las prestaciones sociales y factores salariales

11 Documento 15 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

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que le fueron liquidadas con base en el 70% de su asignación básica mensual, con la
inclusión del 30% restante que le fue descontado e imputado a prima especial sin
carácter salarial, y así se seguirá liquidando mientras ostente las calidades exigidas por
la Ley 4ª de 1992 para ello. Lo anterior, siempre y cuando de su reliquidación pueda
predicarse que efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía derecho.

Así mismo ordenar el pago de la prima especial sin carácter salarial, calculada en un
30% de la asignación básica mensual de la Lida del Socorro Hurtado Rendón, sin que
en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
al cargo correspondiente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
[…]
SEXTO: Declarar no probada la excepción de prescripción.

SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

OCTAVO: No condenar en costas ni agencias en derecho de acuerdo con lo dicho en la
parte motiva de esta sentencia.
[…]» [sic].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. La prestación discutida debe pagarse como un emolumento adicional al salario
y no como parte integrante de él, pues el propósito de su creación era generar un
beneficio que incrementara la retribución mensual de los servidores judiciales, al
paso que solo debe ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de los aportes
al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo ordena la Ley 332 de 1996.

9.2. La prima especial de servicio no tiene carácter salarial porque así lo dispuso el
legislador en la Ley 4ª de 1992 y lo avaló la Corte Constitucional en sentencia C-
279 de 1996. Sin embargo, al no tener dicho carácter y haber sido pagada como
parte integrante del salario, la demandada solo pagó el 70% del salario que
correspondía y liquidó sobre esa base las prestaciones sociales de la demandante.

9.3. Por lo anterior debe reconocerse la prima especial de servicio como un
emolumento adicional y en cuantía del 30% del salario básico. Además deben
reliquidarse las prestaciones sociales de acuerdo con ese porcentaje del sueldo al
que se le restó el carácter salarial. No hay lugar a reconocer de manera simultánea
el salario básico dejado de pagar como solicita la parte demanda pues dichas
pretensiones son excluyentes.

9.4. A pesar de que la demandante aseguró que radicó la reclamación administrativa
el 19 de abril de 2013, según el sello de recibido visible en la petición que reposa

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

en el cd de antecedentes administrativos12 lo cierto es que la petición se presentó
el 22 de abril de 2013, fecha a partir de la cual debe computarse retroactivamente
el término de prescripción. De acuerdo con lo anterior, no se configuró el citado
fenómeno porque el periodo reclamado parte del 24 de noviembre de 2010, es decir
menos de 3 años antes.

1.4. El recurso de apelación

10. LaDESAJ presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos13:

10.1. «Deacuerdo con lo decidido por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de
septiembre de 201914 se profirió el Decreto 272 de 2021» por medio del cual se dispuso
el reconocimiento de la prima especial de servicio como un emolumento adicional
al salario, razón por la que desde el 1 de enero de ese año se ha acatado la
interpretación que sobre al particular ha realizado la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

10.2. A pesar de lo anterior, no existe apropiación presupuestal para reconocer los
emolumentos causados antes de la fecha de vigencia del citado decreto lo que
implica que existe una imposibilidad material de cumplir la orden impuesta por el
juez de primera instancia.

10.3. El a quo no aplicó en debida forma el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
porque desde la fecha de radicación de la reclamación administrativa trascurrieron
más de 3 años hasta el momento de presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que quiere decir que sí se configuró la prescripción
trienal de las mesadas reclamadas. La petición en sede administrativa fue elevada
el 22 de abril de 2013 por lo que la demandante tenía hasta el 22 de abril de 2016
para acudir a la administración de justicia, sin embargo ello ocurrió el 12 de
diciembre de 2016, es decir más de 3 años después.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPCA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de

12 Folio 150 del expediente físico.
13 Documento 17 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
14 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).

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pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar15.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia16.

2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscriben a
establecer ¿si la disponibilidad presupuestal de la entidad demandada puede
condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la
condena? Y ¿si los derechos salariales y prestacionales de Lida del Socorro
Hurtado Rendón se encuentran prescritos?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.

15 Auto del 20 de septiembre de 2024 en el índice 5 del expediente digital de la segunda instancia en

Samai.
16 Constancia en el índice 9 del expediente digital de la segunda instancia en Samai.
17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial18 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base

18 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200719, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar20».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado

19 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
20 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201921, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

septiembre de 201922.

24. Asimismo, el Consejo de Estado23 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 24 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
23 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
24 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

27. En la sentencia del 2 de septiembre de 200925, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior26 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro-operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
26 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

seguridad social en pensiones.

31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0527 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

33. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».

34. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la
igualdad:

«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
asignación en el monto señalado en la ley.

Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».

27 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

35. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes
por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

36.1. Lida del Socorro Hurtado Rendón se vinculó a la Rama Judicial desde el 1 de
julio de 2000 y desempeñó el cargo de juez de la República a partir del 24 de
noviembre de 201028.

36.2. El 22 de abril de 2013, solicitó a la DESAJ Medellín que se reconocieran i) «las
diferencias salariales y prestacionales» causadas por el incorrecto pago de la prima
especial de servicio que fue restada del salario básico en lugar de ser reconocida
como un monto adicional, desde el 24 de noviembre de 2010; ii) el 30% del salario
básico dejado de pagar; iii) la prima especial de servicio en cuantía del 30% del
salario básico; y iv) la indexación de los valores resultantes29.

36.3. La DESAJ Medellín emitió la Resolución DESAJMR13-5575 del 8 de julio de
201330, mediante la cual negó lo pretendido por la demandante con fundamento en
que pagó la prima especial de servicios en los estrictos términos señalados en los
decretos salariales anuales proferidos por el gobierno nacional; y en que los efectos
de la sentencia del Consejo de Estado del 2 de abril de 200931 «no tiene carácter
retroactivo».

36.4. La demandante presentó recurso de apelación contra esa decisión el 11 de julio
de 201332 que fue concedido a través de la Resolución DESAJMR13-5748 del 17
de julio de 201333, sin embargo, no se emitió pronunciamiento frente a esa alzada.

28 Certificado del 30 de agosto de 2013 proferido por la Sala Administrativa de la Dirección Ejecutiva

Seccional de Administración de Justicia. Folios 19 al 27 del expediente físico.
29 Folios 1 al 4 del expediente físico.
30 Folios 5 al 7 del expediente físico.
31 Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
32 Según se extrae de la Resolución DESAJMR13-5748 del 17 de julio de 2013 en el folio 15.
33 Folio 15 del expediente físico.

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

2.4. Análisis sustancial

37. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, declaró la nulidad de los actos
administrativos cuestionados, ordenó la reliquidación de todas las prestaciones
sociales percibidas de acuerdo con el 100% del salario básico decretado por el
gobierno nacional y el reconocimiento de la prima especial de servicio en cuantía
del 30% de la asignación básica, siempre y cuando se verificara que se pagó una
cuantía inferior a la que correspondía.

38. La DESAJ presentó recurso de apelación de acuerdo con las siguientes razones
principales: i) la falta de apropiación presupuestal para cumplir la condena y ii) la
prescripción de los emolumentos reclamados.

39. Pues bien, antes de abordar la resolución de los problemas jurídicos planteados
vale la pena destacar que no se ha discutido el derecho que le asistió a Lida del
Socorro Hurtado Rendón a percibir la prima especial de servicio dispuesta en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 durante el tiempo en el que se desempeñó como
juez lo que implica que el estudio en esta oportunidad partirá de dicho presupuesto.

40. En cuanto al primer asunto, es decir el relacionado con las dificultades de la
entidad demandada para asumir el pago de la condena impuesta en la sentencia de
primera instancia por falta de disponibilidad presupuestal, la Sala destaca que esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones
laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas. En consecuencia no
existe sustento legal o jurisprudencial para afectar los derechos de la demandante
por una supuesta deficiencia económica del empleador.

41. De ese modo, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales de la demandante, sino también los
mandatos legales previstos en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que son claros y
expresos.

42. Por lo tanto, a pesar de las dificultades financieras manifestadas, a la entidad le
corresponde reconocer y pagar los derechos causados a favor de Lida del Socorro
Hurtado Rendón, para lo cual deberá adoptar las medidas que considere necesarias
para cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales que le impone la ley y
que gozan de prelación en los términos explicados por la Corte Constitucional en
las sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

43. Ahora bien, sobre el segundo problema jurídico debe recordarse que para efectos

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
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de las reliquidaciones salariales y prestacionales relacionadas con la prima especial
de servicios debe atenderse el término de prescripción previsto en el Decreto 3135
de 1968. La citada norma dispone que las acciones tendientes a reclamar derechos
de origen prestacional prescriben en 3 años contados a partir de la fecha de
exigibilidad del derecho.

44. En cuanto a la mentada exigibilidad, debe tomarse en consideración que el
derecho a percibir la prima especial de servicios nació con la entrada en vigencia
de la norma que la creó, esto es la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 57 de 1993 y que la
citada prima especial fue actualizada anualmente por medio de los decretos
salariales fijados por el gobierno nacional.

45. De acuerdo con lo anterior, el punto de partida del cómputo del término de
prescripción en el presente asunto debe ser la fecha del periodo reclamado,
momento a partir del cual debe iniciar el conteo de los 3 años de que trata la norma;
en ese sentido, la demandante solicitó la reliquidación de los salarios y prestaciones
percibidos desde el 24 de noviembre de 2010 y en adelante hasta que desempeñe
el empleo que le otorgue el derecho a recibir la mencionada prima.

46. Sin embargo, la fecha de la reclamación administrativa data del 22 de abril de
2013, es decir menos de 3 años después de la fecha de inicio del periodo reclamado.
La petición fue negada por medio de la Resolución DESAJMR13-5575 del 8 de julio
de 2013 mientras que el recurso de apelación fue concedido a través de la
Resolución DESAJMR13-5748 del 17 de julio de 2013, pero la entidad no se
pronunció sobre la alzada.

47. Además de lo anterior, el presente medio de control fue radicado el 12 de
diciembre de 201634 lo que quiere decir que entre la reclamación administrativa y la
presentación de la demanda transcurrieron más de los 3 años previstos en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, de manera que la fecha de radicación de la
petición ante la DESAJ no puede ser el punto de partida para el cómputo de la
prescripción trienal, sino que ello debe analizarse desde el momento en que la
demandante acudió a la administración de justicia, tal y como lo ha señalado la
posición mayoritaria de esta sala.

48. Lo anterior obedece a que el fenómeno de la prescripción solo puede
interrumpirse por una única vez y no de manera continua, tal como lo señala el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 en el que se dispone que la simple reclamación
ante el empleador interrumpe el término prescriptivo « pero solo por un tiempo igual»

34 De acuerdo el acta individual de reparto en el folio 102 del expediente físico.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

es decir por los mismos 3 años indicados en esa norma.

49. Si bien es cierto que la entidad demandada no se pronunció respecto del recurso
de apelación propuesto contra la Resolución DESAJMR13-5575 del 8 de julio de
2013, ello no implica que no se sigan causando los plazos indicados en la norma,
pues el legislador dispuso en el artículo 83 del CPACA que el silencio administrativo
negativo se entiende configurado luego de transcurridos 3 meses desde la
radicación de la petición.

50. De ese modo, la Sala no encuentra justificación para que una vez sucedido el
silencio administrativo, la demandante no haya acudido oportunamente a la
administración de justicia ni para que se haya superado el término de prescripción
de 3 años desde la fecha de radicación de la reclamación administrativa. En tal
sentido, le asiste razón a la DESAJ cuando afirma que en el presente asunto sí
operó el fenómeno de la prescripción, por haberse presentado la demanda más de
3 años después de la radicación de la reclamación en sede administrativa.

51. En tal sentido, hay lugar a revocar el ordinal sexto de la sentencia de primera
instancia que declaró no probada la excepción de prescripción y se adicionará el
ordinal cuarto en el sentido de indicar que el citado fenómeno operó sobre los
emolumentos causados antes del 12 de diciembre de 2013, con excepción de los
aportes a pensión pues como se indicó en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, tales emolumentos gozan de imprescriptibilidad en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos
laborales.

52. De acuerdo con lo anterior, también se adicionará el ordinal cuarto del fallo
apelado para indicar que el ajuste de los aportes pensionales deberá realizarse por
todo el tiempo en el que la demandante haya percibido la prima especial de
servicios, la cual solo tiene carácter salarial para dichos efectos de acuerdo con lo
señalado en la Ley 332 de 1996.

53. También se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y a que no se supere el
tope establecido por el gobierno nacional.

2.5. Costas

54. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

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Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.35

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las dificultades
económicas y la falta de apropiación presupuestal no son óbice para que la entidad
demandada se sustraiga del deber de pagar la condena de carácter salarial y
prestacional que le fue impuesta. Además, se revocará el ordinal sexto del fallo
apelado y en su lugar se adicionará el ordinal cuarto para indicar que operó la
prescripción sobre las sumas causadas antes del 12 de diciembre de 2013 con
excepción de los aportes a pensión que son imprescriptibles.

35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

60. Finalmente se adicionará el citado aparte para señalar que el cumplimiento de la
condena estará condicionado a que la demandada no haya realizado otro pago por
los mismos conceptos aquí ordenados y a que no se supere el tope establecido por
el gobierno nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia del 20 de
junio de 2024 objeto de apelación que declaró no probada la excepción de
prescripción y, en su lugar declarar parcialmente probada la excepción de
prescripción, de acuerdo con lo explicado en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Adicionar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia del 20
de junio de 2024, que quedará del siguiente modo:

CUARTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la nación,
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, a reliquidar y pagar a favor de Lida
del Socorro Hurtado Rendón, las prestaciones sociales y factores salariales que le fueron
liquidadas con base en el 70% de su asignación básica mensual, con la inclusión del
30% restante que le fue descontado e imputado a prima especial sin carácter salarial, y
así se seguirá liquidando mientras ostente las calidades exigidas por la Ley 4ª de 1992
para ello. Lo anterior, siempre y cuando de su reliquidación pueda predicarse que
efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía derecho.

Asimismo ordenar el pago de la prima especial sin carácter salarial, calculada en un 30%
de la asignación básica mensual de Lida del Socorro Hurtado Rendón, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional, atendiendo al cargo
correspondiente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Declarar la prescripción trienal de las sumas causadas antes del 12 de diciembre
de 2013, con excepción de los aportes a seguridad social en pensiones los cuales
son imprescriptibles y deberán ajustarse de acuerdo con el 100% del salario
básico más el 30% de la prima especial de servicio que es factor de salario
únicamente para el cálculo de dichos aportes.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago por los mismos conceptos aquí
reconocidos y a que no se supere el tope establecido por el gobierno nacional.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 20 de junio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

19

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02717-02 (4368-2024)
Demandante: Lida del Socorro Hurtado Rendón

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

20

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