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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02719-02

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02719-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 28 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en el sentido de ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicación: 05001-23-33-000-2016-02719-02 (0918-2025) Segundo: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 28 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en el sentido de: «CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 12 de diciembre de 2013 y en adelante mientras permanezca en uno de los cargos beneficiarios de la prima especial. Lo anterior, siempre y cuando, de la suma de la bonificación por compensación, la prima especial de servicios y demás ingresos laborales del servidor no supere el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de Altas Cortes. De igual manera, a pagar las diferencias por concepto de cesantías a partir del 21 de julio de 2010, conforme se expuso en la parte motiva, y efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02719-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02719-02 (0918-2025)
Demandante: Jairo Jiménez Aristizábal
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Procede la Sala1 a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor Jairo Jiménez Aristizábal interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad del Oficio DESAJAMR13-6.244 del 26 de
septiembre de 2013, a través del cual, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por
concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y, del acto ficto producto del silencio

1 Se precisa que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima

especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto similar,
el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada,
por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.

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administrativo negativo en el que incurrió la entidad frente al recurso de apelación
interpuesto en contra del referido acto.

4. Que se inapliquen por inconstitucionales los decretos salariales emitidos
entre el 2008 y el 2014, dentro de los que se prevea que el 30% del salario
corresponde a la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

5. Que se condene a la demandada a reliquidar y pagar las diferencias
salariales y prestacionales devengadas, desde el 24 de febrero de 1998 y en
adelante mientras permanezca en el cargo beneficiario de la prima especial,
teniendo en cuenta el 100% de la asignación y la prima especial de servicios, sin
carácter salarial, como un aumento al salario.

6. Que se hagan las declaraciones ultra y extra petita pertinentes, de acuerdo
con lo probado dentro del proceso.

7. Que se reajusten las sumas reconocidas, se paguen los intereses y se dé
cumplimiento a la sentencia tal como lo prevén los artículos 187, 189 y 192 del
CPACA.

HECHOS

8. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

9. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, como magistrado de
Tribunal desde el 24 de febrero de 1998 y hasta la fecha y el 21 de julio de 2013
solicitó a la demandada reconocer, reliquidar y pagar las diferencias debidas por
concepto de salarios y prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 100% de la
asignación básica, y la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
como un plus del salario.

10. Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó lo pedido a través
de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

11. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de
la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992 y 152 numeral 7 de la Ley 270
de 1996.

12. Que el acto demandado fue expedido con desconocimiento de la
Constitución, la Ley y el precedente que sobre la prima y los principios de derecho

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laboral han desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
respectivamente; porque omitieron la forma correcta en que se debe reconocer la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pues se tuvo en
cuenta como parte integrante de la asignación básica y no un aumento de esta, con
lo que se generó una disminución en el salario y, por ende, en las prestaciones
sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó las decisiones del 29 de abril de
20142 emitida por el Consejo de Estado y C-1489 de 2000, SU-225 de 1998 y C-
671 de 2002 proferidas por la Corte Constitucional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda fue admitida el 13 de noviembre de 2019, notificada la
demandada, contestó en los siguientes términos:

14. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 se
opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que los actos fueron proferidos de
conformidad con la Constitución y la Ley, que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en armonía con el artículo 1 de la Ley 332 de 1996,
la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, que no constituye factor para
la liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos pensionales. Agregó
que la expresión «sin carácter salarial» fue declarada exequible por la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-279 de 1996.

15. Que el demandante, en su calidad de magistrado de Tribunal, ya obtuvo la
nivelación salarial que previó la Ley 4ª de 1992, pues en su favor se reconoció la
denominada bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998.
En ese mismo sentido, reconocer las diferencias salariales y prestacionales pedidas
en la demanda sobrepasaría el 80% de los ingresos de los magistrados de Alta
Corte.

16. Que, con todo, la entidad se encuentra ante un «impedimento de orden
presupuestal para acceder a las pretensiones de la parte actora», toda vez que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos para cubrir el
reconocimiento de acreencias laborales como la que se ordenó en el presente
asunto; y actuar sin el respaldo presupuestal desconocería las disposiciones
contenidas en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

17. Propuso las excepciones la integración del litisconsorcio necesario, ausencia
de causa petendi, inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, prescripción e
innominada.

2 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00
3 Índice 27 de SAMAI, Tribunal Administrativo.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria4, mediante sentencia
del 28 de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones, bajo el
argumento de que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración
básica de los servidores beneficiarios de aquella, por lo que tienen derecho a que
se reliquiden las prestaciones con el 100% de su asignación sin descontar el 30%
a título de prima.

19. Que el demandante tiene derecho a que se reliquiden y paguen «[…] las
prestaciones sociales y factores salariales que le fueron liquidados con base en el 70% de
su asignación básica mensual, con la inclusión del 30% restante que le fue descontado e
imputado a prima especial sin carácter salarial, y así se seguirá liquidando mientras ostente
las calidades exigidas por la Ley 4ª de 1992 para ello. Lo anterior, siempre y cuando de su
reliquidación pueda predicarse que efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía
derecho. Así mismo, ordenar el pago de la prima especial como adición al salario a partir
del 21 de julio de 2010, y durante los periodos en que ostente las calidades exigidas por la
Ley 4ª de 1992 para ello. Lo anterior, siempre y cuando, de la suma de la bonificación por
compensación, la prima especial de servicios y demás ingresos laborales del servidor no
supere el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de Altas Cortes […]».

20. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción e inaplicó por
inconstitucional los decretos salariales expedidos entre el 2010 y el 2014 en cuanto
previeron que la prima especial hace parte de la asignación, toda vez que ello
contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 53 de la Constitución Política.

RECURSO DE APELACIÓN

21. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que
operó la prescripción trienal de las sumas reclamadas. Que de acuerdo con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 la prescripción se interrumpe por 3 años
con la simple reclamación, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se hizo exigible, pero solo por un lapso igual. Así pues, teniendo en
cuenta que la reclamación se presentó el 21 de julio de 2013 y la demanda se radicó
ante esta jurisdicción el 12 de diciembre de 2016, se concluye que operó la
prescripción de las sumas pedidas.

22. Que, en todo caso, se debe tener en consideración que la entidad se
encuentra «ante una imposibilidad material y presupuestal» para cumplir la condena,

4 Índice 36 de SAMAI. Tribunal Administrativo.
5 Folios 902 a 903.

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toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los
recursos para cubrir el reconocimiento de acreencias laborales como la que se
ordenó en el presente asunto; y actuar sin el respaldo presupuestal desconocería
las disposiciones contenidas en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

23. El 12 de mayo de 20256 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

24. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES

Asunto a resolver

25. El problema jurídico según el recurso de apelación interpuesto se contrae a
determinar si operó la prescripción en el caso concreto.

De la prescripción

26. El Decreto 3135 del 26 de diciembre de 1968, en el artículo 41, establece lo
siguiente:

«ARTICULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en
este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual» (Se subraya)

27. A su turno, el Decreto 1848 de 1969, en el artículo 102, sobre la prescripción
se refirió así:

«Artículo 102.- Prescripción de acciones.

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.» (Se subraya)

6 En el referido

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28. Por su parte, esta corporación ha sostenido, de forma pacífica7, que el hecho
constitutivo del derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en vigor
del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del
7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En
consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber
interrumpido la prescripción trienal.

29. Pues bien, la parte demandada circunscribió su inconformidad a que en el
presente asunto el Tribunal debió declarar la prescripción trienal de las sumas
reclamadas.

30. Establecido lo anterior, y revisadas las pruebas obrantes en el expediente, la
Sala encuentra que el demandante radicó petición ante la demandada el 21 de julio
de 20138; que el término prescriptivo se suspendió entre el 30 de octubre de 20149,
fecha en que se presentó petición de conciliación extrajudicial10 y el 2 de diciembre
de 2014, cuando se celebró audiencia de conciliación ante la Procuraduría 32
Judicial II para Asuntos Administrativos y se expidió la respectiva constancia. En
consecuencia, el término para promover el medio de control, so pena de que
operara la prescripción, vencía 24 de agosto de 201611; la demanda fue radicada el
12 de diciembre de 201612.

31. De manera que, el derecho al reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales ordenadas por el Tribunal procede, únicamente, a partir del 12 de
diciembre de 2013, esto es, tres años anteriores a la presentación de la demanda,
dado que en este caso la reclamación administrativa no tuvo la virtualidad de
interrumpir el término de prescripción, de conformidad con lo previsto en los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, citados con anterioridad13.

32. Sin embargo, dicho fenómeno no operará en lo que se refiere a la obligación
de la demandada de realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, desde el 24 de

7 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
52001-23-33-000-2016-00442-01 (0280-2020). CP: Nubia González Cerón
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
8 Tal como consta en el acto objeto de demanda.
9 Folios 61 y 62.
10 Momento para el que habían transcurrido 1 año, tres meses y 10 días
11 Dado que a esta fecha se cumplía el año, 8 meses y 21 días para que se dieran los 3 años.
12 Tal como consta en el sello de recibido obrante a folio 96.
13 En armonía con lo previsto en el artículo 94 del CGP.

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febrero de 199814 y en adelante, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e
imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus
servicios laborales al Estado15, utilizando como ingreso base de cotización el 100%
de su remuneración. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 100 de 199316, que prevé que es obligatorio realizar las respectivas
cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la
sostenibilidad del sistema17.

33. Ahora, no habrá lugar a aplicarse la prescripción respecto de las diferencias
de cesantías, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de
201618, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté
vigente, como ocurre en el presente asunto. De ahí que, en relación con esta
prestación el reconocimiento se mantendrá desde la fecha que lo ordenó el tribunal,
esto es, 21 de julio de 2010.

34. De conformidad con lo expuesto, se modificarán los numerales cuarto y sexto
de la decisión en el sentido de ordenar el restablecimiento del derecho a partir del
12 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a las diferencias salariales y
prestacionales, con excepción de los aportes pensión y las cesantías en los
términos expuestos.

35. Ahora, teniendo en cuenta que esta corporación, a través de las
sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril de 2024, declaró la nulidad, en
su orden, de los decretos salariales emitidos entre 1993 y el 2007 y el 2008 y 2018;
esta última en la cual indicó que «establecieron la prima especial, creada por el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente
al 30% del salario», e indicó que « la nulidad que se declara no implica que la prima
especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores
públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que, tal como se desprende de
la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede ser deducido del
salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992» se revocará el numeral primero de la decisión impugnada para
estarse a lo resuelto en la sentencia citada.

De la condena en costas en segunda instancia.

14 Tal como consta en el certificado emitido el 5 de diciembre de 2014 por la Dirección Seccional Administración

Judicial de Antioquia obrante a folios 25 a 28.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
16 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
17 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación:
25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara

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36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que la demandada haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 28 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en el
sentido de ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y el 9 de abril
de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07) y 11001
03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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8

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02719-02 (0918-2025)

Segundo: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 28 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en el
sentido de:

«CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias
existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos
mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima
especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales
al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 12 de diciembre de 2013
y en adelante mientras permanezca en uno de los cargos beneficiarios de la
prima especial.

Lo anterior, siempre y cuando, de la suma de la bonificación por compensación,
la prima especial de servicios y demás ingresos laborales del servidor no supere
el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de Altas Cortes.

De igual manera, a pagar las diferencias por concepto de cesantías a partir del
21 de julio de 2010, conforme se expuso en la parte motiva, y efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su
remuneración, conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al
empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias
no cotizadas desde el 24 de febrero de 1998 y mientras ostente las calidades
exigidas por la Ley 4ª de 1992 para ello. Aportes a pensión que deberán ser
dirigidos al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliado.

Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme lo expuesto en la parte motiva»

Tercero: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del 28 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en el
sentido de disponer:

«DECLARAR probada la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas con
anterioridad al 12 de diciembre de 2013, de conformidad con los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el
asunto, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su
remuneración, desde el 24 de febrero de 1998 y en adelante mientras ocupe el
cargo o cargos beneficiarios de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992.»

Cuarto: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02719-02 (0918-2025)

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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