RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-00138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00138-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 1. ° de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso 05-001-23-33-000-2017- 00138-00 promovido por la UGPP contra la señora Luisa Eugenia Villa Giraldo, mediante la cual se decretó de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho en su modalidad de lesividad, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01 Número interno: 0983-2025 Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de la Protección Social TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-00138-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 00138 01 (0983-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones parafiscales de la Protección Social
Demandado: Luisa Eugenia Villa Giraldo
Tema: Lesividad. Caducidad de la acción Ley 2381 de 2024

Decisión: Confirmar la sentencia que decretó la caducidad de la
acción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia de 1. ° de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de decisión, que decretó la
caducidad de la acción.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

2.1.1. Pretensiones

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112 en su modalidad de
lesividad, solicitó declarar la nulidad de las resoluciones 23353 del 17 de mayo de
2006 y 43419 del 25 de agosto de 2006 que reconocieron la pensión de vejez a la
señora Luisa Eugenia Villa Giraldo y la nulidad de las resoluciones 51372 del 29 de
octubre de 2007 y UGM 025940 del 13 de enero de 2012 que reliquidaron la
prestación de la demandada.

1
Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des11taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fdes11taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2DEXPEDIENTES
%20DIGITALES%2F06%2DEN%20APELACION%20CE%2F05001233300020170013800%28H%29&ga=1,
archivo “002Demanda.pdf”
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en

adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la señora Luisa Eugenia Villa Giraldo, a restituir los
dineros pagados y que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas al
momento de la ejecutoria de la sentencia.

4. Como pretensiones subsidiarias, indicó que de no prosperar las anteriores, se
acceda a la declaratoria de nulidad de la Resolución UGM 025940 del 13 enero
2012, mediante la cual, CAJANAL dio cumplimiento a un fallo de tutela y reliquidó
la pensión de vejez con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios y como
consecuencia de la anterior declaración, condenar a la demandada a restituir la
suma correspondiente de los valores pagados en exceso.

5. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte accionada.

2.1.2. Hechos

6. La señora Luz Eugenia Villa Giraldo, nació el 21 de julio de 1955. Prestó sus
servicios a la rama Judicial desde el 7 de septiembre de 1979 hasta el 29 de
noviembre de 2006 desempeñando como último cargo el de Juez de menores de
la ciudad de Medellín.

7. Que, por medio de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de menores
de Medellín, se ordenó a CAJANAL a pronunciarse de fondo sobre la solicitud de
reconocimiento pensional presentada por de la señora Luz Eugenia Villa Giraldo.
En cumplimiento de dicha orden judicial, la entidad expidió la Resolución 23353 del
17 de mayo de 2006 donde reconoció la pensión de vejez, condicionada al retiro
definitivo del servicio. Posteriormente, a través de la Resolución No. 43419 del 25
de agosto de 2006, CAJANAL precisó que el acto administrativo anteriormente
mencionado se expidió en atención al cumplimiento del referido fallo de tutela.

8. Por otra parte, la misma entidad a través de Resolución 51372 de 29 de octubre
de 2007, reliquidó la pensión de vejez elevando la cuantía a la suma de $3.699.748
efectiva a partir de 30 de noviembre de 2006.

9. Así mismo, mediante resolución 43013 del 2 de septiembre de 2008, se negó la
reliquidación pensional con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios de
la prima de gestión judicial. No obstante, a través de sentencia de 30 de mayo de
2008 proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, se ordenó
a CAJANAL tener en consideración el 100% de la bonificación por servicios.

10. En consecuencia, CAJANAL expidió la Resolución 25940 del 13 de enero de
2012, donde acató la decisión y reliquidó la pensión de vejez con la inclusión del

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

100% de la bonificación por servicios, elevando la misma a una suma de
$4.490.966.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó los artículos 1. °, 2. °, 6. ° y 209 de la
Constitución Política de 1991; articulo 6. ° del Decreto 546 de 1971; Articulo 36 de
la Ley 100 de 1993 y Articulo 1. ° del Decreto 1158 de 1994.

12. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen la normativa y jurisprudencia aplicable al caso que se estudia, al
reconocer y reliquidar la pensión de vejez de la señora Luisa Eugenia Villa Giraldo
con base en el 75% del salario más elevado del último año de servicio, incluyendo
todos los factores salariales y el 100% de la bonificación por servicios.

13. Lo anterior, debido a que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional en Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de
2015 y SU-427 de 2016, estableció que el ingreso base de liquidación - IBL- no
forma parte de la transición y debe calcularse con el promedio de lo devengado en
los últimos 10 años de servicio, limitado a los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994.

14. Finalmente, adujo que las disposiciones demandadas vulneran el principio de
legalidad, al otorgar beneficios sin sustento legal, afectando el interés general y la
moralidad administrativa.

2.2. Contestación de la demanda.3

15. La señora Luz Eugenia Villa Giraldo, actuando por intermedio de su apoderado
judicial, presentó oposición frente a las pretensiones formuladas en la demanda,
fundamentando su postura en los siguientes argumentos.

16. En síntesis, señaló que la pensión de la señora Eugenia Giraldo se rige por el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual exige aplicar
íntegramente el Decreto 546 de 1971. Este decreto establece que su pensión debe
calcularse con el 75% del salario más alto del último año de servicio, incluyendo
todos los factores salariales que devengó en ese interregno de tiempo, tal y como
se dispuso en los actos demandados.

17. Aunado a lo anterior, indicó que el Consejo de Estado ha establecido que el

3 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des11taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fdes11taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2DEXPEDIENTES
%20DIGITALES%2F06%2DEN%20APELACION%20CE%2F05001233300020170013800%28H%29&ga=1,
archivo “021ContestacionDeLaDemanda.pdf”
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

régimen de transición es indivisible y que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional -SU-230 de 2015, SU-427 de 2016- no obliga a cambiar la base de
liquidación para regímenes especiales como lo es el de materia de discusión.

18. Finalmente, propuso las excepciones de i) prescripción trienal, ii) presunción
de legalidad de los actos administrativos, iii) existencia de la obligación y iv) pagos
recibidos de buena fe.

2.3. La sentencia apelada 4

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de decisión, a través de
sentencia de 1.° de noviembre de 2024, declaró probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control bajo la modalidad de lesividad, conforme los
siguientes presupuestos:

20. Indicó que, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, establece un plazo de 5 años,
contados a partir del reconocimiento de la pensión, para ejercer acciones
administrativas o contencioso-administrativas que pretendan controvertir el
derecho. En el caso bajo estudio, el acto administrativo que reconoció inicialmente
la pensión de la señora Luisa Eugenia Villa Giraldo fue la Resolución 23353 del 17
de mayo de 2006, y su aclaratoria, la Resolución 43419 del 25 de agosto de 2006
y teniendo en cuenta que la demanda fue radicada el 16 de enero de 2017, es
decir, más de diez años después del reconocimiento, superó ampliamente el plazo
legal de cinco años establecido por la nueva ley.

21. Advirtió que, aunque también se cuestionaban actos posteriores de
reliquidación, estos no constituían nuevos reconocimientos del derecho pensional,
sino ajustes basados en el acto original proferido en el año 2006.

22. Adicionalmente, destacó que la Ley 2381 de 2024, promulgada el 16 de julio de
2024, tiene efectos inmediatos en lo relativo a la caducidad, conforme a lo
establecido por el Consejo de Estado en jurisprudencia reciente. Esto implicó que,
al momento de la decisión, la acción judicial ya estaba vencida por el transcurso del
plazo legal, incluso para procesos en curso como el presente. En consecuencia, el
Tribunal declaró de oficio la caducidad del medio de control, sin necesidad de
analizar el fondo del asunto, y levantó la medida cautelar que suspendía
provisionalmente los efectos de la Resolución UGM 025940 de 2012.

4 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des11taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fdes11taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2DEXPEDIENTES
%20DIGITALES%2F06%2DEN%20APELACION%20CE%2F05001233300020170013800%28H%29&ga=1,
archivo “04SentenciaPrimeraInstancia.pdf”
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

2.5. Recurso de apelación.5

23. La entidad accionante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes
argumentos:

24. En síntesis, sostiene que el juez de primera instancia erró al declarar la
caducidad del proceso con base en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, ya que
la demanda versa sobre prestaciones periódicas, las cuales, según el artículo 164
de la Ley 1437 de 2011, no están sujetas a caducidad. Además, argumenta que
aplicar retroactivamente la nueva ley vulnera el debido proceso y la seguridad
jurídica, pues el proceso se inició bajo el amparo de la normativa anterior.

25. Por lo expuesto, pide revocar la sentencia y resolver el caso de fondo de
conformidad con la ley vigente al momento de interpuesta la demanda.

2.6. Trámite en segunda instancia

26. A través de auto de 28 de marzo de 20256, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.

2.6.1. La parte demandada guardó silencio en esta etapa del proceso.

2.6.2. El agente del Ministerio Público presentó concepto bajo el siguiente
argumento.

Sostiene que debe confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró la
caducidad del medio de control ejercido por la UGPP, ya que, de acuerdo con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, el término de cinco años para impugnar actos
de reconocimiento pensional ya había transcurrido al momento de radicarse la
demanda, pues el acto administrativo inicial data de 2006.

Además, señaló que dicha disposición normativa es de aplicación inmediata desde
la entrada en vigor de la ley que la contiene, en julio de 2024, aplicándose a los
procesos en curso, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica y evitar
interpretaciones que extiendan el plazo a diez años, salvo en casos de fraude o
delito. En consecuencia, concluyó que la UGPP perdió el derecho a demandar por
haber excedido el término legal establecido.

5 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des11taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fdes11taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2DEXPEDIENTES
%20DIGITALES%2F06%2DEN%20APELACION%20CE%2F05001233300020170013800%28H%29&ga=1,
archivo “06RecursoApelacionDemandante.pdf”
6 Índice 4 de SAMAI.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia

28. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

29. En el asunto objeto de estudio, la parte demandante apeló la decisión de
primera instancia que decretó de oficio la excepción de caducidad y levantó la
medida cautelar que reposaba sobre la pensión de la señora Luisa Eugenia Villa
Giraldo, por lo que, en esos términos, se decidirá el recurso.

3.3. Problema Jurídico

30. La Sala de Subsección establecerá si en el presente asunto operó la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la luz de las modificaciones
introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.4.1. Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

31. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación judicial de los
mismos, en desarrollo el principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal.5

7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

32. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

33. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

34. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones
Reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso
administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5)
años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará
la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya
decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión,
para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia
de esta ley.»

35. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se deberán
ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del reconocimiento de
la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones reconocidas
con fraude o con ocurrencia de algún delito.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se hayan
iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas, cuando
hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en curso, se les
aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de la referida ley.

d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan decidido las
acciones administrativas y/o contencioso administrativas presentadas
respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá interponerse
el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5 años contados
a partir también de la vigencia de dicha ley.

36. Se ha verificado que, el legislador dentro de los considerandos del proyecto de
ley8, optó por acoger un término similar al que es aplicado para las causales de
revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión
en la sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte Constitucional analizó
las consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración
solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales, recordando
que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que
establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante la jurisdicción no
vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe entender que la
caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la posibilidad de acudir
a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se busca garantizar los
principio de seguridad y certeza jurídica.9

37. Revisada la exposición de motivos, se advierte también que la finalidad de la
norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera
perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho
al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

38. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

“Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025”.

“Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el

8 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de mayo

de 2024.
9 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.”

39. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial
52.81910, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente señaló la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, a
partir del 01 de julio de 2025.11

3.5. Caso concreto

3.5.1. De las pruebas

40. Pues bien, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5 años, para
presentar acciones administrativas y contencioso administrativas frente a las
pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable incluso, a los
procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la oportunidad de
la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha normatividad.

41. En el asunto de la referencia, se observa entonces que la UGPP pretende la
nulidad de las resoluciones 23353 del 17 de mayo de 2006 y 43419 del 25 de agosto
de 2006, que reconocieron la pensión de vejez a la señora Luz Eugenia Villa Giraldo
y la reajustaron, respectivamente.

42. Así mismo, solicitó la nulidad de las resoluciones 51372 del 29 de octubre de
2007 y UGM 025940 del 13 de enero de 2012, a través de las cuales se reliquidó y
reajustó dicha pensión.

43. Adicionalmente, del expediente12, se corrobora que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho fue radicada el 16 de enero de 2017, es decir, más de
10 años después de concedida la pensión.

10 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

11 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente sentido:
“En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que
el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha
diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos
legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su
oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
12 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des11taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fdes11taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2DEXPEDIENTES
%20DIGITALES%2F06%2DEN%20APELACION%20CE%2F05001233300020170013800%28H%29&ga=1,
archivo “003ActaDeReparto.pdf”
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

44. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
puede establecer de manera fehaciente, que en el presente asunto ha operado el
fenómeno de la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término de
5 años establecido en dicha normativa y contabilizados a partir del reconocimiento
de la prestación periódica. Lo anterior impone a la Sala confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción.

3.6. Condena en costas

45. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas por
los siguientes motivos:

46. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, empero,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación jurídica para
imponerlas.

47. En este caso no hay lugar a condena en costas, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que
implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 1. ° de noviembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso 05-001-23-33-000-2017-
00138-00 promovido por la UGPP contra la señora Luisa Eugenia Villa Giraldo,
mediante la cual se decretó de oficio la excepción de caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento de derecho en su modalidad de lesividad, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2017 00138 01
Número interno: 0983-2025
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.