Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07411-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07411-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07411-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07411-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
Tema: Tutela contra providencia judicial – proceso de lesividad.
Requisitos generales de procedencia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Bertha Alcira Garzón
Gaitán, por intermedio de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
1. Solicito el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, por la sentencia de segunda instancia en la cual
se incurrió en defecto sustantivo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-01.
2. Como consecuencia se dejen sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida
el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-01.
3. Solicito que se ordene al Tribunal accionado proferir una nueva sentencia de
reemplazo en la que aplique el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, siguiendo el
precedente del Consejo de Estado que establece su vigencia inmediata y aplicabilidad
para los procesos en curso, confirmando así la caducidad decretada en primera
instancia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) contra la señora Bertha Alcira Garzón Gaitán, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución 017536 del 25 de septiembre de 1997, por la
cual la extinta Cajanal le reconoció una pensión gracia, a partir del 17 de agosto de
1995.
A título de restablecimiento del derecho se pidió que se «ORDENE a la señora BERTHA
ALCIRA GARZÓN GAITÁN, la devolución de todos y cada uno de los dineros recibidos por
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
concepto de pensión de gracia, desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionada y
hasta que se verifique el pago efectivo a la entidad demandante».
Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-35-012-2023-00133-00/01 y por
competencia le correspondió conocer al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá
que, en audiencia de alegaciones y juzgamiento de 12 de diciembre de 2024, declaró
probada la excepción de caducidad, dio por terminado el proceso y no condenó en
costas.
La UGPP y la señora Garzón Gaitán interpusieron recursos de apelación contra la
anterior decisión. En sentencia de 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, resolvió: (i) inaplicar por
inconstitucionalidad la expresión «y que estén en curso» del inciso 2° del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024; (ii) revocar la sentencia apelada y (iii) devolver el proceso al
Juzgado Doce Administrativo de Bogotá para que profiera sentencia de primera
instancia.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
La acción de tutela supera los requisitos generales de procedibilidad. En este caso, la
decisión de la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico porque al
citar la sentencia objeto de apelación indicó que su fecha fue de 12 de diciembre de
2023, lo que es contrario a la realidad probatoria y denota una falta de estudio riguroso
del expediente, puesto que la sentencia dictada en primera instancia fue de 12 de
diciembre de 2024.
Significa que «Este error no es un simple lapsus; demuestra que el Tribunal falló
desconociendo que el proceso había sido saneado y fallado nuevamente bajo la vigencia
plena de la Ley 2381 de 2024.»
El Tribunal no tuvo en cuenta la providencia del 28 de noviembre de 2024, que declaró
la nulidad de todo lo actuado, lo que significa que el litigio se trabó en vigencia de la
Ley 2381 de 2024. Así que todas las actuaciones procesales se dieron en vigencia de
la referida norma, en concreto: (i) la notificación de la demanda, la contestación a esta,
los recursos y audiencia de alegaciones y juzgamiento de 12 de diciembre de 2024.
La sentencia acusada también incurrió en defecto sustantivo porque tuvo en cuenta
una norma inaplicable al caso, como lo es el artículo 164 CPACA y no el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, a pesar de ser de aplicación inmediata y constituirse en una
regla especial de caducidad establecida por el legislador dentro de sus facultades
constitucionales. Además de que la controversia estaba amparada bajo el principio de
favorabilidad del artículo 53 de la Constitución Política.
La decisión atacada en tutela se fundó en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y
desconoció principios generales del derecho vigentes también contemplados en esa
ley, en los artículos 2º y 3°, según los cuales «la ley posterior prevalece sobre la
anterior», en armonía con el principio de «lex posterior derogat legi priori», la ley
posterior deroga a la anterior, reglas específicas sobre incompatibilidades que
priorizan normas especiales sobre generales y las leyes más recientes sobre las
antiguas.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
La actora también alegó el desconocimiento de precedentes vinculantes con
efectos erga omnes, a diferencia del precedente invocado en la sentencia atacada que
resulta disímil en su supuestos fácticos y jurídicos.
El fallador de segunda instancia interpretó erróneamente el inciso segundo del artículo
40 de la Ley 153 de 1887 y no observó el artículo 10 ib, según el cual tres decisiones
uniformes del tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho constituyen
doctrina legal. Ni tuvo en cuenta que el Consejo de Estado ha construido una línea
jurisprudencial reiterada y pacífica que da vigencia y aplicación al artículo 86 de la Ley
2381 de 20241
En conclusión, la decisión del tribunal es contraria a los principios de legalidad,
seguridad jurídica y confianza legítima y usurpa la competencia del legislador quien
puso fin a la incertidumbre perpetua de los pensionados.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de revocar la caducidad
decretada en primera instancia afecta directamente el debido proceso, el patrimonio y
la estabilidad económica de la actora, al someterla nuevamente a un litigio sobre
derechos adquiridos hace más de 28 años. Aunado a la especial protección
constitucional por ser un adulto mayor (80 años).
3. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 26 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de demandado y vinculó
al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá y a la UGPP, en calidad de terceros con
interés.
4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
informó que la decisión adoptada en el proceso 11001-33-35-012-2023-00133-01
efectuó un análisis normativo, jurisprudencial y probatorio y acató los principios de
legalidad, debido proceso y de tutela judicial efectiva.
La Subsección señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la aplicación inmediata del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos
judiciales en curso planteó un conflicto con los principios del derecho procesal en
materia de tránsito legislativo, regulados por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887
(modificado por el artículo 624 del CGP); y que por ello, ameritaba ejercerse un control
de constitucionalidad difuso debido a la incompatibilidad que generaba la expresión
«A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén
en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley», contenida en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Ese control es necesario para garantizar los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia y los principios de confianza legítima, buena fe y
seguridad jurídica.
1
Sentencias de 2 de octubre de 2024, exp. 25000-23-42-000-2015-05734-01 (3936-2018), CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; exp.
08001-23-33-000-2013-00161-01 (1132-2015), CP Luis Eduardo Mesa Nieves; de 8 de agosto de 2025, exp. 50001-23-33-000-
2016-00529-01 (5635-2024), CP Jorge Iván Duque Gutiérrez; y de 31 de julio de 2025, exp. 05001-23-33-000-2017-00138-01
(0983-2025), CP Luis Eduardo Mesa Nieves y exp. 76001-23-31-000-2010-01251-02 (2144-2017) CP Juan Camilo Morales
Trujillo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Explicó que, contrario a la sostenido por la actora, la figura del artículo 86 de la Ley
2381 pretendió limitar el ejercicio de los medios de control, pero no es aplicable a los
medios de control iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. La caducidad solo
resulta oponible frente a las acciones formuladas y presentadas después de la entrada
en vigencia de la Ley 2381, lo que no se cumple en este caso porque el medio de
control de lesividad (11001-33-35-012-2023-00133-00) se promovió el 7 de marzo de
2022.
Entonces, lo que pretende la actora es reabrir un debate jurídico sobre la interpretación
y aplicación de la figura de la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381,
que fue resuelto en la providencia atacada en vía tutelar. De manera que la presente
acción de tutela se utiliza como una tercera instancia para obtener una decisión
eventualmente favorable a sus intereses, siendo esta una finalidad para la cual no
está concebido el mecanismo de amparo.
5. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Doce Administrativo de Bogotá guardó silencio.
La UGPP solicitó la desvinculación del trámite de tutela porque no tiene legitimación
en la causa por pasiva. Adicionalmente, advirtió que la demanda es improcedente por
las siguientes razones:
No existen razones ni hechos por los cuales se considere que la UGPP ha vulnerado
algún derecho fundamental de la señora Garzón Gaitán. Verificados los aplicativos de
la entidad, no se evidencia petición alguna pendiente por resolverle.
Los hechos y pretensiones de la demanda de tutela se dirigen contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, así que ese ese
el despacho competente para resolver las inconformidades señaladas por la actora.
A su vez, en este caso la acción de tutela se utiliza para obtener decisiones rápidas
de la justicia, aunque existe un proceso judicial en el que se ha salvaguardado el
derecho a la defensa de los sujetos procesales y se dictaron decisiones de fondo. En
efecto, la sentencia del Tribunal demandado se sustentó en el material probatorio, la
normativa vigente y el precedente jurisprudencial, realizando un estudio del por qué
no procede la caducidad, por lo que no incurrió en vía de hecho alguna. Esa decisión
está en firme e hizo tránsito a cosa juzgada.
En cuanto a los derechos invocados o el posible perjuicio, la UGPP informó que la
actora actualmente devenga la pensión, según se consultó en el Registro Único de
Afiliados – RUAF del Ministerio de Salud y Protección Social.
En este caso la acción de tutela no puede usarse para reclamar prestaciones
económicas ni desconocer la competencia del juez natural que es el llamado a dirimir
el conflicto sobre la procedencia del reconocimiento del derecho pensional.
La UGPP cumplió con su deber de interponer el medio de control, de conformidad con
la norma procesal aplicable, en aras de cuidar los recursos públicos al otorgar los
derechos prestacionales que en derecho correspondan; con lo que se garantiza la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
La señora Bertha Alcira Garzón Gaitán invoca como vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la seguridad jurídica y pretende que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) con radicado 11001-33-35-012-2023-00133-
01 se deje sin efecto la sentencia de 20 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por la cual se inaplicó por
inconstitucionalidad la expresión «y que estén en curso» del inciso 2° del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, se revocó la decisión de primera instancia del Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá y se ordenó la devolución del proceso al referido juzgado,
para que profiera la respectiva sentencia de primera instancia.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
En ese orden, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia que habilitan el estudio de los defectos alegados.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no se
cumple el requisito general de subsidiariedad.
(i) Requisito general de subsidiariedad
De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó5:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo,
pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa
la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019,
la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita
propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias
que hacen procedente el amparo».
5
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Caso concreto
La señora Bertha Alcira Garzón Gaitán ejerce la presente acción de tutela con el fin
de que se deje sin efecto la providencia del 20 de octubre de 2025, dictada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) (rad. 11001-33-35-012-2023-00133-01),
promovido por la UGPP contra la Resolución 017536 de 25 de septiembre de 1997,
expedida por la extinta Cajanal en la que se reconoció una pensión gracia a favor de
la señora Garzón Gaitán.
La actora considera que la decisión allí contenida vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad jurídica al incurrir en defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente porque no se aplicó el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Sin embargo, de entrada, la Sala advierte que el referido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) está en curso porque, precisamente, la
providencia que se cuestiona ordenó la devolución del asunto al juzgador de primera
instancia para decidir de fondo. En efecto, al revisar el expediente se observan las
siguientes actuaciones relevantes.
En primera instancia correspondió conocer al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá,
que, en auto de 8 de mayo de 20236, admitió la demanda7. Luego, el 4 de septiembre
de 2024, se celebró audiencia inicial8 en la que decretó como medida cautelar la
suspensión provisional de la Resolución 017536 de 25 de septiembre de 1997. A esa
diligencia no compareció el apoderado de la señora Garzón Gaitán.
Posteriormente, en memoriales de 28 de octubre y de 8 de noviembre de 20249, la
señora Garzón Gaitán, por conducto apoderado, solicitó la nulidad de lo actuado por
indebida notificación.
El 21 de noviembre de 202410, la señora Garzón Gaitán se dio por notificada del auto
admisorio de la demanda por conducta concluyente y presentó contestación de la
demanda y formuló como excepción previa la «caducidad de la acción» al advertir que
en su caso es aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, según el cual las
acciones administrativas y contencioso administrativas deben interponerse dentro de
los 5 años contados a partir de la concesión de la pensión.
Por auto de 28 de noviembre de 202411, entre otras disposiciones, el Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir
del auto de 9 de agosto de 2024. En esa providencia indicó que no era necesario
correr traslado de la demanda porque la demandada se dio por notificada y presentó
contestación de la demanda. Advirtió que quedaba sin efectos la suspensión
provisional del acto demandado y fijó fecha para audiencia de alegaciones y
juzgamiento en la que se pronunciaría sobre la excepción de caducidad.
En la audiencia de alegaciones y juzgamiento celebrada el 12 de diciembre de 2024,
el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá decidió por sentencia: (i) declarar probada
6
Consultado en el índice 3 del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-00, Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá.
7 El asunto inicialmente se radicó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que, por auto
de 4 de octubre de 2022, declaró la falta de competencia y ordenó la remisión a los juzgados administrativos.
8
Consultado en el índice 18 del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-00, Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá.
9
Consultados en los índices 22 y 23 del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-00, Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de
Bogotá.
10
Consultado en el índice 27 del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-00, Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá.
11
Consultado en el índice 28 del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-00, Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
la excepción de caducidad; (ii) dar por terminado el proceso y (iii) no condenar en
costas. La razón principal fue que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 modificó el
literal c) del artículo 164 del CPACA y rige desde su sanción, es decir, el 16 de julio
de 2024.
Contra la anterior decisión la UGPP interpuso recurso de apelación, al considerar que
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no había entrado en vigencia, pues la misma ley
prorrogó la entrada en vigor al 1º de julio de 2025. No es aceptable considerar que la
vigencia inició a partir de la promulgación. En consecuencia, no procede la excepción
de caducidad con fundamento en una norma que no estaba vigente. La señora Garzón
Gaitán también apeló, pero solo para que se condenara en costas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
resolvió los recursos de apelación mediante sentencia de 20 de octubre de 2025, que
es la providencia atacada en la presente acción de tutela. En concreto, decidió; (i)
inaplicar por inconstitucional la expresión «y que estén en curso» del inciso 2° del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; (ii) revocar la decisión apelada y (iii) devolver el
proceso al juzgado de origen, para que profiera la respectiva sentencia de primera
instancia.
De las anteriores actuaciones se concluye que la providencia dictada en segunda
instancia, objeto de cuestionamiento, no corresponde a una decisión definitiva frente
al asunto de fondo, esto es la legalidad del acto administrativo de reconocimiento
pensional, puesto que solo definió un criterio de procedibilidad del medio de control
incoado, como lo es la interposición oportuna de la demanda.
En ese entendido, se concluye que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) con radicado 11001-33-35-012-2023-00133-00 está en curso y
corresponde al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá proferir decisión de primera
instancia en la que se haga el respectivo estudio de legalidad del acto administrativo
demandado.
En ese escenario judicial la actora puede hacer valer sus derechos fundamentales,
entre ellos, el debido proceso, defensa y contradicción, los que, tal como se observó
del trámite de primera instancia adelantado en el Juzgado Doce Administrativo de
Bogotá, fueron garantizados al declarar la nulidad de algunas actuaciones procesales
por indebida notificación del auto admisorio de la demanda.
Para reforzar esa consideración, se precisa que esta Sección en anterior
oportunidad12 resaltó que la Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos
y procedimiento que conforman un proceso, configuran el primer espacio de
protección de los derechos fundamentales, por ejemplo, en la sentencia SU-458 de
2010 señaló que las controversias relacionadas con derechos fundamentales deben
ser resueltas, en principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se
puede acudir a la acción de tutela.
Así que al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos que están
pendientes de resolver por parte del juez natural.
Aunado a que los jueces de instancia, en cualquier etapa del proceso pueden
nuevamente abordar de oficio la excepción de caducidad si las circunstancias
cambian. Y en este caso, es relevante advertir que al consultar la Ley 2381 de 2024
12
Sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-03673-01, Sección Cuarta del Consejo de Estado,
CP Wilson Ramos Girón. Reiterada por la Sala en la sentencia de tutela de 16 de octubre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-
02942-01, CP Claudia Rodríguez Velasquez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
en la página de la secretaría del Senado13 encuentra que su vigencia está suspendida
por orden de la Corte Constitucional que, con ocasión de la acción pública de
inconstitucionalidad contra esa normativa, advirtió un vicio de procedimiento en el
debate legislativo, por lo que en auto A-841-25 de 27 de junio de 202514, resolvió,
entre otras ordenes, lo siguiente:
PRIMERO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVOLVER a la
Presidencia de la Plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024, “[p]or
medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de Origen Común, y se dictan otras disposiciones”.
SEGUNDO. ORDENAR al Presidente de la Cámara de Representantes que, con el
propósito de subsanar el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de la
Ley 2381 de 2024 advertido en esta providencia, de nuevo someta a discusión y votación
de la Plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por
María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes durante la sesión
ordinaria del 14 de junio de 2024, por medio de la cual se propuso acoger el texto
aprobado por la plenaria del Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.
[…]
QUINTO: SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de
las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la
Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que
se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El
Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá
definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024.
Significa que no está surtiendo efectos la norma respecto de la que surgió la discusión
entre los jueces de instancia de si operó o no la caducidad del medio de control
incoado por la UGPP.
Finalmente, la Sala tampoco advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la intervención del juez de tutela de manera excepcional, pues la
suspensión provisional del acto de reconocimiento de la pensión gracia, ordenada por
el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, quedó sin efecto.
En ese orden, se declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Bertha Alcira Garzón Gaitán contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, conforme con lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Bertha Alcira
Garzón Gaitán contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
13
secretariasenado.gov.co
14
Expediente D15989, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07411-00
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.