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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00529-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00529-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de enero dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2016-00529-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: María Argenis Posada (sucesora procesal del señor José Ariel
Torres Bohórquez)

Temas: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. Declara probada de
oficio la excepción de caducidad de conformidad con el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el dieciocho (18) de enero dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La UGPP instauró demanda1 en contra del señor José Ariel Torres Bohórquez2
(q.e.p.d) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 39111 del 9 de agosto de 2006 y

1 Ver índice 1 de SAMAI- Tribunales, cuaderno demanda principal, página 247.
2 Sustituido en este proceso por su cónyuge supérstite, la señora María Argenis Posada.

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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)

59335 del 26 de diciembre de 2007, proferidas por Cajanal EICE hoy liquidada, por
medio de las cuales se reconoció y reliquidó la pensión gracia en favor del señor
José Ariel Torres Bohórquez, y que de manera provisional se decrete la suspensión
de las mismas.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene la restitución de los
valores pagados, en forma retroactiva e indexados, desde el 16 de junio de 2005 y
hasta que se profiera sentencia que ponga fin al proceso.

Que el demandado sea condenado en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el docente laboró al servicio de la Secretaría de Educación de Guainía desde
el 23 de febrero de 1977 hasta el 4 de febrero de 1991 bajo una vinculación
nacionalizada, pero que del 10 de octubre de 1991 al 18 de diciembre de 2015
desempeñó sus labores en la Secretaría de Educación de Villavicencio como
educador de carácter nacional.

Que a través de la Resolución 39111 del 9 de agosto de 2006, la extinta Cajanal
reconoció una pensión gracia por valor de $647.842,59, efectiva a partir del 16 de
junio de 2005, y mediante la Resolución 59335 del 26 de diciembre de 2007,
reliquidó la misma elevando su cuantía a $737.032,28.

Que en virtud del requerimiento de la entidad a la Secretaría de Educación de
Villavicencio, se constató que el educador ocupó una plaza de carácter nacional
durante el tiempo laborado en dicha entidad territorial, y por tanto, el beneficiario no
tenía derecho al reconocimiento pensional.

Que los actos acusados crearon una situación jurídica a favor del docente, esto en
detrimento del erario, imponiéndose una carga prestacional a la entidad sin
fundamento legal alguno.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Afirmó como vulnerados los artículos: 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 48, 53, 121, 128, 209 de la
Constitución Política; el Acto Legislativo 1.° de 2005; las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 33 de 1985, 71 de 1988, 91 de 1989; los
Decretos 1743 de 1966, 224 de 1972, y demás normas concordantes.

Que al educador no le asistía derecho al reconocimiento de la pensión gracia por
contar con una vinculación nacional que no le permite acreditar los 20 años de
servicio en las calidades requeridas por la norma.

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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 14 de febrero de 20173 y en la misma fecha se corrió
traslado al accionado para que se pronunciara sobre la solicitud de medida
cautelar4. Las providencias fueron notificadas al demandado, y respecto a la
suspensión provisional, luego de que manifestara su desacuerdo5, el 28 de agosto
de 20196 el tribunal de origen negó el decreto de dicha medida.

En cuanto a las pretensiones de la demandada, estas fueron objetadas por la parte
pasiva7 al indicar que cumplió los 20 años de servicio como docente nacionalizado
y territorial, y que no laboró en ningún periodo como educador nacional. Que
además, acreditó los demás requisitos exigidos por la norma para ser beneficiario
de la pensión gracia.

El 2 de febrero de 20238, el tribunal de origen, en consideración al artículo 182A del
CPACA, prescindió de la audiencia inicial; fijó el litigio e incorporó al expediente las
pruebas aportadas en la demanda y en la contestación, concediéndole a las partes
5 días para pronunciarse sobre los documentos. El 30 de agosto de 20239, corrió
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al
Ministerio Público para que presentara su concepto si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN10

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 18 de enero de 2024,
negó las pretensiones de la demanda al exponer que los actos administrativos no
se encuentran viciados de nulidad, esto por demostrarse que el docente laboró
desde el 23 de febrero de 1977 al 5 de febrero de 1991, y del 9 de octubre de 1991
al 30 de julio de 2005, bajo una vinculación nacionalizada, al servicio de las
secretarías de educación de Guainía y Villavicencio, respectivamente.

Sin condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante11 interpuso recurso de apelación. Expresó que el acto administrativo
demandado es contrario a la legislación que regula la pensión gracia, y que con la

3
Ibid, página 274.
4 Ver índice 1 de SAMAI- Tribunales, cuaderno medidas cautelares, página 10.
5 Ibid, página 11.
6 Ibid, página 56.
7 Ver índice 1 de SAMAI- Tribunales, cuaderno demanda principal, página 348.
8 Ver índice 10 de SAMAI- Tribunales.
9 Ver índice 16 de SAMAI- Tribunales.
10 Ver índice 23 de SAMAI – Tribunales.
11 Ver índice 26 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)

negativa de las pretensiones se perpetúa el detrimento patrimonial y el perjuicio
ocasionado al sistema pensional.

Que los docentes nacionales no fueron destinatarios de la pensión gracia, y que,
conforme al certificado de la Secretaría de Educación de Villavicencio, se valida el
carácter nacional del accionado entre el 10 de enero de 1991 y el 18 de diciembre
de 2015, y que por tanto, no acreditó los 20 años de servicios exigidos por la norma.

TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 30 de mayo de 202512 se admitió el recurso de apelación y, por no haber pruebas
que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar. A su
vez, se reconoció como sucesora procesal a la señora María Argenis Posada con
ocasión de la muerte del demandado.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó que se revocara el fallo de
primera instancia por considerar que el demandado no cumple con todos los
requisitos legales para ser beneficiario de la pensión gracia, particularmente el de
haber trabajado al menos 20 años como docente territorial o nacionalizado, pues el
periodo laborado en el departamento del Meta fue de carácter nacional.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad
de los actos administrativos por medio de los cuales se reconoció y reliquidó la
pensión gracia en favor del señor José Ariel Torres Bohórquez, y si es procedente
el reintegro de los dineros pagados por ese concepto.

Sin embargo, en uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que
encuentren probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la non reformatio
in pejus), se analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

12 Ver índice 4 de SAMAI.

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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido:13

«[…] La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de
acción y del origen que la provoca […]».

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE
LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años
a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia
de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5)
años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.».
(Negrillas para resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 202414, se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

23 de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco
Fidel Ramírez Yépez y otros
14 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte

de origen común, y se dictan otras disposiciones.»

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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)

Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1. ° de julio
de 2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integró las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Sala es evidente que por la naturaleza de la norma a aplicar, esta
tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido su
vigencia (que no fue el caso), entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino
que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 199715.

Resolución del caso concreto

Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la mencionada ley, pues dicho
precepto es claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el

15 «En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.»

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reconocimiento del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y
fundamentos de la demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido
con fraude o con ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción
establecida en la disposición citada.

En este caso, se pretende la nulidad, además de otro acto administrativo, de la
Resolución 39111 del 9 de agosto de 2006 expedida por la extinta Cajanal, a través
de la cual se reconoció la pensión gracia en favor del demandado, es decir, la
administración tenía hasta el 9 de agosto de 2011 para presentar la demanda16, y
según el sello de radicación de la misma, esta se interpuso el 13 de julio de 2016,
por lo que se concluye que se presentó con posterioridad a los 5 años de que trata
la Ley 2381 de 2024.

Resulta importante resaltar que como la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se fundamentó en que el demandado no puede recibir la pensión gracia
por no acreditar los 20 años de servicio como docente nacionalizado o territorial y,
en consecuencia, debe dejarse sin efectos la decisión de la entidad demandante
que reconoció dicha prestación por ser contraria a la norma, esta Subsección en
atención a la caducidad declarada frente al acto de reconocimiento, no realizará
estudio alguno con respecto a la Resolución 59335 del 26 de diciembre de 2007, a
través de la cual se reliquidó la pensión, puesto que los argumentos plasmados en
la demanda no atacan como tal esa reliquidación sino el acto inicial.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202117 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por la recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

16 Página 258.
17ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00529-01 (5635-2024)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de enero dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar, declarar
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen y
realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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