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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00359-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-00359-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Reiteración jurisprudencial.
Subtema 1: la prima especial no constituye factor salarial. Subtema 2:
indisponibilidad presupuestal. Subtema 3: prescripción trienal. Subtema 4:
Decreto 272 de 2021. Subtema 5: imprescriptibilidad de aportes para pensión de
jubilación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria el 25 de
septiembre de 2025 que accedió a parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Roberto Antonio Benjumea Meza en calidad de juez de la República, promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. DESAJMR 16-5956 del 16 de
mayo de 2016; y del acto ficto o presunto configurado por el silencio administrativo
negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución, a
través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

El Tribunal accedió parcialmente a lo solicitado. En consecuencia, declaró la nulidad
de los actos acusados; declaró probada la excepción de prescripción trienal a partir
del 11 de abril de 2013; ordenó a la entidad demandada reliquidar y pagar las
prestaciones sociales desde el 11 de abril de 2013 y hasta que permanezca en el

Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

cargo que le otorga el beneficio; reconoció dicha prima como una adición al salario;
dispuso que la entidad accionada realizara los descuentos de ley y aportes para el
Sistema General de Seguridad Social, en las proporciones correspondientes,
respecto de las diferencias ordenadas y no cotizadas. Asimismo, se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.

La Subsección confirmará parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto no se
observan discusiones respecto de la condición del actor como beneficiario de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Sin embargo, se
modificará el restablecimiento del derecho reconocido de la decisión de primera
instancia, por en atención a que el análisis desarrollado en la parte considerativa de
esta providencia permite concluir que dicho reconocimiento no se ajusta plenamente
a los criterios jurídicos aplicables. Asimismo, se adicionará la decisión conforme a
lo que se expondrá en acápites posteriores.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Roberto Antonio Benjumea Meza, mediante apoderado judicial, presentó
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 6 de febrero de 2017 2, con las
siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

• La nulidad de la Resolución núm. DESAJMR 16-5956 del 16 de mayo de
2016 y del acto ficto o presunto configurado por el silencio administrativo frente al
recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada, expedidos por la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín.

• A título de restablecimiento del derecho requirió que la entidad demandada
reconozca, reliquide y pague desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha de su
desvinculación a la Rama Judicial, un incremento del 30% sobre la remuneración
mensual fijada por el Gobierno nacional, por concepto de prima especial como un
adicional al salario, en los términos de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado el 29 de abril de 2014.

• Igualmente, pidió que se ordene la reliquidación de todas las prestaciones
sociales como son prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, seguridad social en salud y
pensión, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial,

1 Asimismo, se observa que presentó reforma de la demanda, visible en cuaderno físico folios 117 al 120, en la

que solicito la incorporación de una prueba documental.
2 Cuaderno físico, folio 54.

2

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Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

aportes a la seguridad social y demás emolumentos teniendo como base de
liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, más el 30% equivalente a
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

• Que se ordene el pago de la indexación de las sumas adeudadas ajustadas
al Índice de Precios al Consumidor, así como los intereses que resulten por cada
una de las sumas debidas a la tasa moratoria desde 1993 hasta el pago total, según
lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis,
lo siguiente4:

• El señor Roberto Antonio Benjumea Meza, en calidad de Juez Promiscuo del
Circuito de Familia de Caucasia, solicitó el 11 de abril de 2016 ante el Consejo
Seccional de Administración Judicial de Medellín, el reconocimiento y pago de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Asimismo, la
diferencia por todos los conceptos salariales y prestacionales relacionados con la
deducción del 30% de la remuneración básica salarial como prima especial, desde
1993 y en adelante.

• Sostuvo que su petición fue fundamentada, en la medida en que la Rama
Judicial descontó el 30% del salario mensual a título de prima especial, cuando esta
debió ser pagada como una adición al mismo.

• Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, mediante Resolución núm. DESAJMR 16-5956 del 16 de mayo de 2016
negó lo pretendido, con la siguiente argumentación:

Los decretos salariales que en la actualidad rigen los salarios de los funcionarios de
la Rama Judicial, se encuentran vigentes; y en los cuales se continua la restricción
del 30% como factor no salarial por lo cual dichos decretos no han sido declarados
nulos y por lo tanto se presumen legales y son de obligatorio cumplimiento para esta
Entidad como autoridad técnica y administrativa, la cual está sometida al imperio de
la ley, y obliga a aplicar el derecho vigente, dándole estricto cumplimiento, pues no
tiene la potestad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los
jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen tal
facultad.
[…]5

• Refirió que, contra la decisión anterior, interpuso recurso de apelación, del
cual no ha obtenido respuesta lo que configuró el acto ficto configurado por el
3 En adelante CPACA.
4
Cuaderno físico, folios 5 al 11.
5 Se transcribe con errores de texto.

3

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Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

silencio administrativo negativo de conformidad con lo previsto en el artículo 86 del
CPACA.

• Indicó que ha ejercido el cargo de juez y magistrado desde 1985 y a la fecha
de presentación de la demanda ejerce el cargo de Juez Promiscuo de Familia del
Circuito de Caucasia, Antioquia.

• Manifestó que se desempeñó como juez en los siguientes periodos:

a. Juez Primero Promiscuo Municipal de Momil: desde el 01 de
septiembre de 1985, hasta el 30 de septiembre de 2005.
b. Juez Quinto Civil municipal de Montería: desde el 01 de octubre de
2005 hasta el 28 de febrero de 2006.
c. Juez Promiscuo de familia de Circuito de Caucasia: desde el 01 de
marzo de 2006 a la fecha6.

• Señaló los siguientes periodos en el cargo de magistrado:

a. Despacho 1 Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla: desde el 22 de marzo de 2011 hasta
el 22 de marzo de 2013.
b. Despacho 3 Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de
Santa Marta: desde el 27 de agosto de 2013 hasta el 30 de mayo de
2014.

• Adujo que la entidad demandada le liquidó erróneamente la prima especial y
sus consecuencias salariales al tomar el 30% de su salario básico mensual como
prima especial sin carácter salarial, lo cual restringió la base de liquidación de las
prestaciones sociales al 70% del salario.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas vulneradas las siguientes: Constitución Política
artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 25, 53, 58, 83, 209 y 237; la Ley 4ª de 1992 artículos 2 y
14; Ley 270 de 1996 artículo 152 numeral 7; Código Sustantivo del Trabajo artículo
15; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales adoptado el
16 de diciembre de 1966 y aprobado por la Ley 74 de 1968; Convenio Internacional
del Trabajo No. 111, aprobado por la Ley 22 de 1967 y demás normas concordantes.

4. Sostuvo que, de la negativa de la entidad demandada de reconocer la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 desconoció lo decidido por
esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 2014

5. Indicó que la deducción del 30 % del salario básico, denominado como “prima

6 Se transcribe con errores de texto.

4

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Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
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especial sin carácter salarial”, excluyó los principios de progresividad, favorabilidad,
no regresividad y prohibición de desmejora de los derechos laborales, previstos en
el artículo 53 de la Constitución Política. En consecuencia, afirmó que los decretos
expedidos a partir del año 2007, mediante los cuales se reglamentó la Ley 4ª de
1992 y se fijó el régimen salarial de jueces y magistrados, resultan inaplicables por
contrariar el orden superior

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la entidad demandada7 se opuso a las pretensiones y
condenas solicitadas en la demanda al considerar que los actos administrativos
demandados fueron expedidos acorde con los decretos salariales anuales por el
Gobierno nacional.

7. Refirió que de conformidad con las disposiciones previstas por el Ejecutivo,
a partir del 1 de enero de 1993 coexisten dos regímenes salariales y prestaciones
en la Rama Judicial, el primero de ellos corresponde al ordinario o al de los no
acogidos, el cual se aplica a los servidores judiciales que venían vinculados con
anterioridad a la fecha referida y que optaron por seguir en ese sistema; y el
segundo que fue considerado como un régimen especial o el de los acogidos que
trata de aquellos empleados que estando vinculados con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 57 de 1993, decidieron quedar bajo las disposiciones salariales
nuevas, o aquellos que se vincularon a la Rama Judicial con posterioridad al 1 de
enero de 1993.

8. Aunado a lo expuesto, precisó que el actor perteneció al régimen acogido,
pese a que su ingreso a la Rama Judicial fue con anterioridad a la entrada en vigor
del Decreto 57 de 1993, pues, optó por las nuevas disposiciones de conformidad
con lo señalado en la demanda.

9. Indicó que el Gobierno nacional expidió varios decretos salariales por medio
de los cuales se precisó que la prima especial no tiene carácter salarial, criterio que
fue confirmado en la sentencia C-279 de 1996 proferida por la Corte Constitucional.
Igualmente, señaló que por medio de la Ley 332 de 1996 se levantó parcialmente el
carácter no salarial previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, solo para efectos
de la liquidación de la pensión de jubilación.

10. En relación con la declaratoria de nulidad de los decretos anuales que fijaron
el régimen salarial de la Rama Judicial en lo referente a la prima especial, señaló
que dicha decisión únicamente recayó sobre los decretos expedidos entre los años
1993 y 2007, sin que existiera pronunciamiento alguno respecto de las disposiciones
posteriores, esto es, las comprendidas entre 2008 y 2014. En consecuencia, estas
últimas conservan plena validez jurídica, por lo que las regulaciones allí previstas
se encuentran amparadas por la presunción de legalidad.
7
Samai, gestión en otras corporaciones, cuaderno principal, pdf 6_RECEPCIONMEMORIAL
.

5

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11. Propuso como excepciones: (i) Presunción de legalidad de los actos
administrativos; (ii) ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado;
(iii) cobro de lo no debido; (iv) integración de litis consorcio necesario; y (v)
prescripción trienal.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, dictó sentencia del
25 de septiembre de 20258, en la cual dispuso:

Primero: Declarar no probadas las excepciones de “presunción de legalidad de los
actos acusados”, “ausencia de causa petendi – inexistencia del derecho reclamado y
cobro de lo no debido”, e “imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos
reclamados”, propuestas por la demandada.

Segundo. Inaplicar los artículos que establecen que se considerará como Prima, sin
carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de entre otros,
los Jueces de la República, contenido en el artículo 8 de los Decretos 0874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014.

Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMR16-5956 del 16 de mayo
de 2016 y del acto ficto presunto negativo por no resolver el recurso de apelación
presentado desde el día 10 de agosto de 2016, en tanto negaron al demandante la
reliquidación y pago de las prestaciones sobre el 100% del salario, incluyendo en él
la parte del salario a la que se le dio la denominación de prima especial; y que negó
el pago de la prima como adición al salario.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho condenar a la RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales de ROBERTO
ANTONIO BENJUMEA MEZA, desde el 11 de abril de 2013, y hasta que permanezca
en el servicio devengando la denominada prima especial, teniendo en cuenta como
factor salarial la porción de su salario al que se le dio la denominación de prima
especial, esto es, sobre el 100% del salario; ii) reconocer y pagar al señor ROBERTO
ANTONIO BENJUMEA MEZA la prima especial de servicios como adición al salario,
desde el 11 de abril de 2013 hasta la fecha de su desvinculación, es decir, hasta el
30 de junio de 2020; sin que en ningún caso la totalidad de sus ingresos supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente; y iii) realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema
general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las
diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo expuesto. Las sumas de dinero
cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor del demandante se
actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.

Quinto. Declarar probada la excepción de prescripción trienal de los derechos
laborales causados con anterioridad al 11 de abril de 2013.

8 Samai, gestión en otras corporaciones, cuaderno principal, pdf 058Sentencia.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Sexto. Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en los
términos previstos en el artículo 187 (inciso final), en el artículo 192 y en el numeral 4
del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.

Octavo. Negar las demás pretensiones.
[…]9

13. Resaltó que el actor laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 1 de
septiembre de 1985 y hasta el 30 de junio de 2020, periodo en el que se desempeñó
en cargos como juez municipal, de circuito y magistrado de tribunal.

14. Igualmente, indicó que consta en el proceso certificado expedido por la
directora administrativa de la División de Tesorería de la entidad demandada 10 en
el que aparecen los salarios y descuentos efectuados al demandante desde el 1 de
enero de 2011 hasta el 12 de abril de 2016, periodos en los que fungió como juez
de la República y en los que percibió la denominada prima especial.

15. Reiteró que de conformidad con la sentencia del SUJ-016-CE-52-2019,
proferida por esta Corporación, es claro que los beneficiarios de la prima especial
tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de
prima resulten a su favor, bajo el entendido que dicha prima es una adición al salario,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.

16. En este orden de ideas, expuso que el actor se desempeñó como juez desde
1985 y de acuerdo con los dispuesto en la Ley 4ª de 1992, regulada mediante el
Decreto 57 de 1993 y normas concordantes, a partir de 1993 devengó la prima
especial, sin carácter salarial, correspondiente al treinta 30% por ciento del salario
básico mensual, por lo que concluyó que el señor Roberto Antonio Benjumea Meza
tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre ese porcentaje
del salario que se le descontó por concepto de prima especial.

17. Adujo que el demandante tiene derecho a la prima especial como una adición
al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno nacional. No obstante, advirtió que la prima especial como adición al
salario sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación, por lo
que indicó que no le asiste razón al actor a solicitar la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre ese porcentaje.

18. En punto a la prescripción, sostuvo que para la contabilización de la misma
se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a

9
Se transcribe con errores de texto.
10 De fecha 12 de abril de 2016.

7

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partir de allí se correrá tres (3) años atrás, de conformidad con lo previsto en los
decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Por consiguiente, dado que en el presente
asunto el actor presentó reclamación administrativa el 11 de abril de 2016, se
consideraron prescritos los derechos laborales causados con anterioridad al 11 de
abril de 2013.

2.4. Recurso de apelación

19. La Nación, Rama Judicial11 presentó reparo frente a la decisión proferida en
primera instancia, al discurrir que los actos demandados fueron expedidos de
conformidad con la normativa aplicable que regula la materia y en este sentido
reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y solicitó
revocar la sentencia impugnada.

20. Expuso que el actor es beneficiario del régimen de los acogidos e indicó que
se vinculó a la entidad con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 57 de
1993.

21. Señaló que su representada no puede reconocer las pretensiones que
reclama sin la previa autorización presupuestal requerida, esto es: «sin contar con
la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los
recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le
impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida
para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o
prestacionales».

22. Expuso que, en relación con la prescripción, está se encuentra configurada,
dado que la reclamación administrativa no se realizó dentro del término de ley, esto
es, dentro de los tres años siguientes a partir de la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y de la expedición del Decreto 57 de 1993, o tres años a partir de la
vinculación.

23. Por último, que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se reconoció
la prima especial como ingreso adicional al salario, calculado sobre el 100% de la
asignación básica decretada anualmente por el Gobierno nacional. Por
consiguiente, adujo que los recursos presupuestales se destinaron únicamente a
cubrir los valores causados a partir de su vigencia, sin que existiera apropiación
para atender obligaciones anteriores derivadas de la sentencia del 2 de septiembre
de 2019, proferida por esta corporación.

24. Por su parte, el demandante interpuso alzada 12 contra la sentencia
impugnada, en específico en relación con el ordinal 4 de la parte resolutiva respecto

11 Samai, gestión en otras corporaciones, cuaderno principal, pdf 064.

12 Samai, gestión en otras corporaciones, cuaderno principal, pdf 071.

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al restablecimiento del derecho puesto que en la misma se indicó que el
reconocimiento opera hasta la fecha de vinculación en la entidad, esto es, 30 de
junio de 2020. Que dicha fecha va hasta el 30 de junio de 2024 según consta en
certificación expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

25. Aunado a lo anterior, refirió que el restablecimiento debe extenderse hasta la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, norma que autorizó, entre otros, el pago
de la prima especial a los jueces de la República, por lo que consideró que el
restablecimiento debía comprender por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020,
salvo que la entidad hubiese realizado pagos con posterioridad.

26. Precisó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
son imprescriptibles, razón por la cual no resulta aplicable la prescripción trienal,
sostuvo que su reconocimiento debe efectuarse desde el momento en que ejerció
el cargo de juez de la República. En ese sentido, afirmó que, dado que su
vinculación se inició el 1.º de septiembre de 1985, dicho reconocimiento debe
realizarse a partir de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

27. Mediante auto del 10 de febrero de 202613, el despacho ponente admitió los
recursos de apelación interpuestos por el señor Benjumea Meza y la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia de
primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las notificaciones al
procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para fallo, salvo que se
solicitara la práctica de pruebas.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

29. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en los recursos de apelación
interpuestos por el actor y por la Nación, Rama Judicial, la Sala procede a resolver
el siguiente problema jurídico:

30. ¿La prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tiene

13 Samai, índice 005.

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naturaleza salarial?

31. ¿Operó el fenómeno de prescripción de los derechos laborales reclamados
por el actor?

32. ¿La falta de disponibilidad presupuestal de la entidad demandada constituye
un impedimento válido para reconocer un derecho o ejecución de una condena
judicial?

33. ¿Debe modificarse la orden de primera instancia de reconocer y pagar la
prima especial como adición al salario entre el 11 de abril de 2013 y el 30 de junio
de 2020?

34. ¿Las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones tienen
carácter imprescriptible y, en consecuencia, deben reconocerse a partir de la
entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 respecto de quienes ejercían el cargo que
da lugar al beneficio con anterioridad a dicha normativa?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

35. La Ley 4ª de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al
30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción
penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

36. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4ª de
1992, expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse
al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el decreto
referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores
de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

14 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».

10

Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
(…)

37. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo
14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la
pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se
aplicaría, con las mismas limitaciones15, a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

38. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo
orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4ª de 1992
y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes
ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes,
entre otros, equivale al treinta (30%) de la «remuneración mensual».

39. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama
Judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar
la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al
cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos
acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos
salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos
salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de
controversias jurídicas»16.

40. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de
abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar
que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno
nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores
de la Rama Judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de
manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de
normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley

15 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-

00(121-03).

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Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente
ser de contenido»17.

41. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar
un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a
los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá
necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de
la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración
mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la
norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de
tales servidores».

42. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29
de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la
prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples
decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo
dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, según el cual, «en
ningún caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones
sociales de los servidores del Estado. «Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su
nulidad»18. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en
la sentencia del 2 de abril de 200919.

43. Por otra parte, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

00(1831-07).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-

00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los
siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º
del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto
26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º
del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de
1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto
67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º
y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474
de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º
del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto
682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto
3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de
2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del
Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts.
8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
19 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la
época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata
sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada,
restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
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que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57
de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y
sucesivos», el Gobierno nacional ha considerado como prima «lo que en realidad
constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho
a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su
salario básico y/ o asignación básica»20. En este escenario, fijó las reglas de
interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al
reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su
favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión
del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de
la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-

02(2204-18).

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44. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación
profirió sentencia el 9 de abril de 202421, en la que declaró la nulidad de los artículos
6 del Decreto 658 de 2008, 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del Decreto 657 de 2008 y 4 de
los decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013,
204 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de 2018, en tanto
establecieron que «la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del
salario». Debido a lo anterior, consideró que estos decretos replicaron el contenido
de las disposiciones anuladas mediante la sentencia del 29 de abril de 2014,
proferidas entre los años 1997 a 2007.

45. Por su parte, en esta providencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó un argumento específico
para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.

3.4. Caso concreto

46. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el señor Roberto Antonio
Benjumea Meza ejerció el cargo de juez de la República a partir del 1 de septiembre
de 198522. Asimismo, se logró establecer que el actor pertenece al régimen salarial
de acogido, tal y como se lee en la constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial23, y como lo manifestó la entidad demandada en su escrito
de contestación y en el transcurso del proceso.

47. Quedó demostrado que el demandante solicitó ante la entidad demandada el
11 de abril de 2016 y según consta en la Resolución No. DESAJMR16-5956 del 16
de mayo de 201624 el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como la diferencia de conceptos salariales y
prestacionales con la deducción del 30%, que fue extraído de su remuneración
básica mensual, dejados de percibir desde 1993 hasta la fecha de su desvinculación
de la Rama Judicial.

48. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
mediante la resolución ya referida, no accedió a lo pretendido en la cual indicó:

En ese contexto se reitera que toda erogación incluida el gasto que usted
sugiere, debe contar con título constitutivo de gasto. Pero en estos casos no
nos encontramos frente a una sentencia de nulidad y restablecimiento del
derecho, que desde luego configuraría un título legítimo de gasto, porque es
un título judicialmente reconocido, sino que la situación judicial que estamos

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia

del 9 de abril de 2024, exp. 11001032500020190060900 (4735-2019).
22 Cuaderno físico, folio 79.
23 Cuaderno físico. Folio 81.
24 Cuaderno físico, folios 45 al 50.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
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analizando trata de una sentencia de simple nulidad

49. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación 25
y la entidad guardó silencio lo que configuró el acto ficto o presunto que se demanda
en el presente asunto.

50. Ahora bien, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el
Tribunal: i) declaró la nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento
del derecho condenó a la entidad demandada reliquidar las prestaciones sociales
del demandante desde el 11 de abril de 2013 y hasta que permanezca en el cargo
que le otorga el beneficio, sobre el 100% del salario básico; ii) ordenó pagar la prima
especial en cuantía del 30% adicional a la asignación básica desde el 11 de abril de
2013 y hasta la fecha de su desvinculación de la entidad, esto es, hasta el 30 de
junio de 2020; y iii) ordenó realizar los descuentos de ley y aportes al Sistema
General de Seguridad Social.

51. Por su parte la Nación, Rama Judicial difiere en varios aspectos la sentencia
de primera instancia los cuales se analizarán a continuación.

52. Un primer punto en discusión es la afirmación que se hace en el recurso de
que el Tribunal le otorgó a la prima especial carácter salarial.

53. Al respecto, contrario a lo que afirmó el recurrente, se advierte que el fallador
de primera instancia indicó que la prima especial solo constituía factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación. Sustentó esta afirmación en el contenido de la
Ley 4ª de 1992 que creó dicha prestación «sin carácter salarial» para los servidores
de la Rama Judicial a partir del 1 de enero de 1993. Igualmente, en el Decreto 57
de 1993, artículo 6 que estableció que la prima especial no tendría carácter salarial
y en la sentencia C-279 de 1996 proferida por la Corte Constitucional, que concluyó
de forma específica que al no tener dicha prima carácter salarial, no debía hacer
parte del cálculo de liquidación de las prestaciones sociales.

54. En consecuencia, la respuesta al primer problema jurídico planteado es
negativa, pues el Tribunal definió conforme a las disposiciones legales aplicables,
el carácter no salarial del rubro en discusión.

55. Otro de los argumentos de la apelación está relacionado con la prescripción
del derecho reclamado. Para resolver este cuestionamiento la Sala acude al Decreto
3135 de 1968, modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, aplicable
como lo determinó la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019,
a controversias como la presente, que establece que las acciones que emanan de
los derechos previstos en esta norma prescriben «en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible» y «el simple reclamo escrito del
empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada (…) interrumpe el

25 Cuaderno físico, folios 52 al 62.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

término de prescripción»26.

56. Adicional a lo anterior también resulta relevante lo dispuesto en la sentencia
del 2 de septiembre de 2019, en la que se precisó que «el hecho constitutivo del
derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor
del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del
7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993». De manera
que, aunque el reconocimiento del derecho puede reclamarse en cualquier tiempo,
el efecto económico derivado de dicho reconocimiento está sometido al término de
prescripción trienal, el cual se contabiliza desde la fecha de presentación de la
reclamación administrativa.

57. Al descender al caso concreto se observa que el señor Roberto Antonio
Benjumea Meza presentó el 11 de abril de 201627 solicitud de reconocimiento de la
prima especial y de reliquidación de las prestaciones sociales, a partir del 1 de enero
de 1993 y hasta que ejerza el cargo que le otorga el beneficio. En este sentido, y
conforme a lo expuesto con antelación, los derechos causados con anterioridad al
11 de abril de 2013 se encuentran prescritos.

58. Lo anterior en razón a que, la reclamación la radicó el demandante el 11 de
abril de 2016 con lo cual logró interrumpir la prescripción de los derechos causados
y que corresponden a los tres años anteriores a dicha fecha, tal y como lo dispuso
el fallador de primera instancia. Por consiguiente, la respuesta al segundo problema
jurídico es afirmativa.

59. Respecto al tercer punto en discusión relacionado con la falta de
disponibilidad material y presupuestal para el pago adicional correspondiente a la
prima especial, la Sala advierte que las restricciones presupuestales no constituyen
una causa válida para negar el reconocimiento de un derecho prestacional. Es decir,
las dificultades financieras o de ejecución presupuestal no eximen a la
administración del deber de reconocer y pagar los derechos que hayan sido
debidamente causados. En este sentido la Corte Constitucional28 ha reiterado que
«la situación económica y presupuestal que afrontan un gran número de entidades
públicas no justifica el incumplimiento de las obligaciones laborales».

60. Consecuente con el anterior argumento, la falta de apropiación presupuestal
no puede ser utilizada como justificación para desconocer derechos laborales
adquiridos, principalmente cuando estos han sido reconocidos mediante sentencia
judicial. Permitir tal conducta implicaría una vulneración a los principios
constitucionales como a la seguridad jurídica y el respeto por las decisiones
26 Artículo 102. Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
27 Según consta en la Resolución núm. DESAJMR16-5956 del 16 de mayo de 2016, cuaderno físico, folio 45.

28 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.

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judiciales. En consecuencia, como la observancia de las decisiones judiciales no es
opcional, sino un deber legal y constitucional que debe ser acatado por todas las
autoridades administrativas, la respuesta al tercer problema jurídico es negativa.

61. Ahora bien, en relación con los argumentos de alzada de la parte
demandante en específico frente al ordinal cuarto de la sentencia impugnada, en el
que el Tribunal ordenó el reconocimiento de la prima como adición al salario desde
el 11 de abril de 2013 al 30 de junio de 2020 y que para el recurrente no se ajusta
a lo probado en el proceso, pues su desvinculación ocurrió el 30 de junio de 2024,
advierte la Sala que en el plenario obra constancia de tiempos de servicios, en los
siguientes términos:

CARGO ESTADO DEL DESPACHO FECHA FECHA FIN SECCIONAL
SERVIDOR DE INICIO
Juez Propiedad Juzgado 001 01/09/1985 30/09/2005 Montería
municipal Promiscuo Municipal
De Momil
Juez Propiedad Juzgado 005 Civil 01/10/2005 28/02/2006
municipal Municipal Montería Montería
Juez Circuito Propiedad Juzgado 001 01/03/2006 30/06/2024 Medellín
Promiscuo de Familia
del Circuito de
Caucasia
Magistrado Descongestión Despacho 1 Sala 22/03/2011 21/03/2013 Barranquilla
Tribunal Laboral Tribunal
Consejo Superior
Seccional Descongestión
Barranquilla
Magistrado Descongestión Despacho 03 Sala 27/08/2013 27/08/2013 Santa Marta
Tribunal Laboral Tribunal
Consejo Superior Santa Marta
Seccional
Magistrado Descongestión despacho 03 sala 27/08/2013 30/05/2014 Santa Marta
Tribunal laboral tribunal
Consejo superior Santa Marta
Seccional
Magistrado Provisionalidad DESPACHO 003 DE 01/07/2016 30/06/2018 Cúcuta
Tribunal LA SALA LABORAL
Consejo DEL TRIBUNAL
Seccional SUPERIOR DE
CÚCUTA
Magistrado Encargo DESPACHO 013 DE 01/07/2019 15/09/2019 Medellín
Tribunal LA SALA LABORAL
Consejo DEL TRIBUNAL
Seccional SUPERIOR DE
MEDELLÍN
Magistrado Provisionalidad DESPACHO 014 DE 16/09/2019 30/06/2020 Bogotá
Tribunal LA SALA LABORAL
Consejo DEL TRIBUNAL
Seccional SUPERIOR DE
BOGOTÁ
Certificación allegada al plenario, visible en Samai, gestión en otras corporaciones, cuaderno principal, pdf 046

62. La Sala advierte que la certificación transcrita carece de claridad, por cuanto,
si bien en ella se indica que el actor estuvo vinculado como Juez Primero Promiscuo
de Familia entre el 1 de marzo de 2006 y el 30 de junio de 2024, también registra

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
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vinculaciones como magistrado durante las mismas anualidades. En este sentido
se tendrá en cuenta que el restablecimiento del derecho se efectuará hasta la fecha
en que el actor ejerza o haya ejercido el cargo que le otorga el beneficio, ya sea en
calidad de juez o magistrado.

63. Bajo el anterior contexto la orden impartida en primera instancia respecto del
período final de ejercicio del cargo que otorga el derecho a la prima especial debe
ser modificada, para disponer que la entidad verifique de manera precisa los lapsos
en los cuales el demandante ejerció los cargos que le confieren el beneficio, con el
fin de efectuar el reconocimiento y la liquidación correspondientes.

64. En consecuencia, la respuesta al cuarto problema jurídico es afirmativa; por
tanto, se modificará la orden proferida por el juez de primera instancia, en el
entendido de que su reconocimiento se extenderá hasta la fecha en que el actor
ejerza o haya ejercido los cargos que dan lugar a dicha prestación.
65. De otra parte y en cuanto al planteamiento del actor según el cual las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son imprescriptibles, y
por ello su reconocimiento debe efectuarse desde la entrada en vigor de la Ley 332
de 1996 pues su vinculación al cargo de juez ocurrió el 1 de septiembre de 1985,
encuentra esta Sala que resulta acertado, en atención a que la seguridad social un
derecho irrenunciable29 e imprescriptible30. Por tal razón, la respuesta al quinto
problema jurídico planteado es afirmativa.

66. Aunado a lo expuesto se ordenará la reliquidación de los aportes pensionales
con destino al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, tomando como
base el 100% de su remuneración básica mensual, desde el 7 de enero de 1993 31
al 28 de diciembre de 199632, y desde esta última hasta la desvinculación en el
cargo que le otorgue el beneficio, con base en el 100% de dicha remuneración más
el 30% correspondiente a la prima especial33. Lo aquí dispuesto será procedente
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas
no se hayan cancelado por la entidad accionada previamente, por lo que
corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.

67. Resulta pertinente destacar que el reconocimiento y pago de la prima
especial, ordenado en la sentencia de primera instancia, resulta procedente por el
29 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar
en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
31 Fecha de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993.
32 fecha de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre de 2023, exp.

73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp. 05001 23 31 000 2003 01216 01
(0450-2014).

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Demandante: Roberto Antonio Benjumea Meza
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período durante el cual el demandante permaneció vinculado en los cargos que, por
mandato legal, justifican su causación, esto es, aquellos en los que se desempeñó
como juez o magistrado.

68. Adicionalmente, se dispondrá que las asignaciones realizadas deberán tener
en cuenta que no se supere el tope fijado por el Gobierno nacional para cada
anualidad.

69. Por último, los reconocimientos ordenados en la presente providencia se
harán sin perjuicio de que la entidad demandada verifique los pagos realizados con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece el pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992.

3.5. Conclusión

70. La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia dictada el
25 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Transitoria. En consecuencia, conforme con la parte motiva de esta providencia, se
modificará su ordinal cuarto y se ordenará a la entidad demandada a reconocer y
pagar la prima especial como adición al salario desde el 11 de abril de 2013 hasta
la fecha de su desvinculación en el cargo que le reconoce el derecho.

71. Asimismo, se ordenará a la entidad accionada realizar la reliquidación de los
aportes pensionales con destino al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, tomando como base el 100% de su remuneración básica mensual,
desde el 7 de enero de 199334 al 28 de diciembre de 199635, y desde esta última
hasta la fecha de su desvinculación en el cargo que le otorga el beneficio, en un
porcentaje del 100% más el 30% correspondiente a la prima especial.

72. Por último, se adicionará la sentencia de primera instancia para disponer que
los reconocimientos ordenados se harán sin perjuicio de que la Nación, Rama
Judicial, verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece el pago de la prima especial.

4. Costas

73. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario36 de la Subsección

34 Fecha de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993.
35Fecha de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996.
36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del

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sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

74. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Transitoria el 25 de septiembre de 2025, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

Segundo. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria el 25 de septiembre de 2025, el cual
quedara así:

Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación, Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, lo siguiente:

a) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales al señor Roberto Antonio
Benjumea Meza, desde el 11 de abril de 2013, y hasta que permanezca en
el cargo que le otorga el beneficio de percibir la prima especial.
b) Reliquidar y pagar al señor Roberto Antonio Benjumea Meza, la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en un valor adicional
o agregado del 30% de la asignación básica, a partir del 11 de abril de 2013
y hasta que persista en el empleo que le concede el derecho, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.
c) Reliquidar los aportes pensionales con destino al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, tomando como base el 100% de su
remuneración básica mensual, desde el 7 de enero de 199337 al 28 de
diciembre de 199638, y desde esta última hasta la fecha de su desvinculación

artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

37
Fecha de la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993.
38 Fecha de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00359-02 (0165-2026)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

en el cargo que le otorga el beneficio en un porcentaje del 100% más el 30%
correspondiente a la prima especial.

La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá
verificar los pagos realizados al demandante con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021.

Asimismo, se adicionará el fallo impugnado en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia será procedente, siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no hayan
sido canceladas previamente por la entidad. Por lo tanto, corresponderá a esta
última realizar la verificación correspondiente.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas anotaciones en Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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