Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00594-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00594-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-00594-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00594-01 (7448-2023)
Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Reliquidación pensión, régimen de transición de Ley 100 de
1993, ingreso base de liquidación (IBL), reiteración precedente
de Sala Plena.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 31 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Oscar Hernando Panesso Cárdenas presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 132307 del 3 de mayo
de 2016, mediante la cual fue negada la reliquidación de la pensión de vejez y la
nulidad parcial de la Resolución VPB 32841 del 19 de agosto de 2016, mediante la
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00594-01 (7448-2023)
Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
cual se modificó la anterior resolución y se reliquidó la prestación.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) la reliquidación de la pensión de vejez a partir del 20 de enero de 2015,
en los términos previstos en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 33
de 1985, con el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio, anterior al retiro definitivo [entre el 19 de enero de 2014 y el 19 de enero
de 2015], con la inclusión de las 2 mesadas adicionales de mitad y final de año,
según la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado [expediente 25000-23-25-000-2006-
07509-01]; ii) el reajuste anual de la mesada con base en el IPC; iii) el pago de las
mesadas causadas y adeudadas, con efectividad a partir del 20 de enero de 2015,
con inclusión de la diferencia por concepto de las adicionales pagadas en junio y
noviembre.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:
3.1. Oscar Hernando Panesso Cárdenas prestó sus servicios en la Universidad de
Antioquia desde el 26 de julio de 1976 hasta el 19 de enero de 2015, cuyo último
cargo desempeñado fue en calidad de profesor universitario, de tiempo completo y
adscrito al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
3.2. La Administradora Colombiana de Pensiones3 reconoció la pensión de vejez a
partir del 1° de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 797 de
2003 y el IBL en virtud del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el
promedio de los factores sobre los cuales se hubieran realizado aportes durante los
10 años anteriores al reconocimiento, lo anterior mediante las resoluciones GNR
180372 del 11 de julio de 2013 y GNR 361535 del 19 de diciembre de 2013.
3.3. El 22 de marzo de 2016 solicitó la reliquidación de la pensión de vejez, en los
términos de la Ley 33 de 1985 y la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado [expediente 25001-23-
25-000-2006-07509-01]; sin embargo, mediante la Resolución GNR 132307 del 3
de mayo de 2016, Colpensiones negó la petición, con fundamento en que el IBL no
fue un asunto sometido al régimen de transición, de manera que las normas
aplicables eran el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
2 Índice 17 de Samai, en la actuación denominada
17RECIBEMEMORIAL_08001233300020170039(.zip) NroActua 17.
3
En adelante Colpensiones.
2
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
3.4. Inconforme con la anterior decisión, el 18 de mayo de 2016 presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución VPB 32841 del 19 de agosto
de 2016, con la que Colpensiones modificó parcialmente la decisión objetada, para
tal efecto reliquidó la prestación en los términos de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con efectividad desde el 20 de enero de 2015.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58, 83, 85,
87, 93 y 209 de la Constitución Política; 26 de la Convención Americana sobre
derecho humanos [aprobada en el orden interno mediante la Ley 16 de 1972]; 1, 2,
5, 6, 9, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York
[ratificada mediante la Ley 74 de 1968]; preámbulo y 1, 2 y 9 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre derechos humanos “Protocolo de San Salvador”
[vigente en el fuero interno a partir de la Ley 319 de 1996]; 11, 36 141, 151, 272 y
288 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 33 de 1985; 9 de la Ley 71 de 1988; 45 del
Decreto 1045 de 1978; Ley 54 de 1992 [mediante la cual fue ratificado el Convenio
95 de la Organización Internacional del Trabajo]; y 8 de la Ley 1328 de 2009.
4.1. En cuanto al concepto de violación4, sostuvo que Colpensiones desconoció el
principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y
culturales, toda vez que en la reliquidación no tuvo en cuenta el régimen de
transición ni la totalidad de los factores salariales susceptibles de inclusión para la
base pensional. Lo anterior, en omisión al régimen de transición aplicable al
pensionado, puesto que para el 30 de junio de 1995 contaba con 18 años, 11 meses
y 5 días de servicios.
4.2. Asimismo, pasó por alto el principio de inescindibilidad normativo aplicable en
virtud del régimen de transición pensional el cual indica su aplicación total. Además
de las consideraciones previstas en la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida
por el Consejo de Estado, en la cual cambió el carácter taxativo de los factores
salariales y permitió la inclusión de todo lo devengado por el trabajador.
1.2. Contestaciones de la demanda
1.2.1. Colpensiones
5. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda5 al afirmar que
4 Folios 6 al 26.
5 Folios 90 al 108.
3
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
mediante la Resolución VPB 32841 del 19 de agosto de 2016 fue concedida la
reliquidación de la pensión de vejez a favor de Oscar Hernando Panesso Cárdenas
en virtud de lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, en concordancia con el régimen de
transición y el principio de favorabilidad, de manera que se tuvo en cuenta una tasa
de reemplazo del 76.5% y la liquidación del IBL según lo cotizado en los últimos 10
años, pues resultaba más beneficioso para el pensionado.
6. Lo anterior, sin que fueran incluidos los factores percibidos el último año de
servicios, toda vez que ello fue declarado inexequible, además aunque resultaba
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo
cual la prestación le fue reconocida con fundamento en lo previsto en la Ley 33 de
1985, lo cierto es que no era posible ajustar la mesada con base en el IBL promedio
del último año de servicio dispuesto esa ley, puesto que la disposición aplicable
correspondía al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
7. En cuanto a los factores salariales computados, correspondieron a los reportados
a la entidad previsional por el empleador, es decir sobre los cuales se realizados los
aportes, de manera que no era posible incluir asignaciones que no hubieran sido
declaradas en la autoliquidación mensual del aporte, de lo contrario habría lugar a
un enriquecimiento sin causa del empleador público, además originaría el
detrimento para el erario.
7.1. Propuso las excepciones que denominó; i) falta de causa para demandar; ii)
inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez con el IBL del
promedio del último año de servicios; iii) la inexistencia de la obligación de reliquidar
la pensión con factores salariales no reportados; iv) el cobro de lo no debido; v)
prescripción; vi) inexistencia de intereses moratorios; vii) improcedencia de la
indexación de las condenas e intereses comerciales; viii) buena fe y ix) imposibilidad
de condena en costas.
1.2.2. Universidad de Antioquia
7.2. La Universidad de Antioquia en su calidad de llamada en garantía, se opuso a
las pretensiones de la demanda6 con fundamento en que el Consejo de Estado
precisó la improcedencia de aplicar lo previsto en la sentencia del 4 de agosto de
2010, mediante la Sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto de 2018, por
la Sección Segunda de la Corporación. De manera que el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 incluyó la edad y el tiempo, pero
el IBL quedó en los términos de los artículos 36 y 21 de esa normatividad.
6 Folios 124 al 144.
4
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
7.3. Propuso las excepciones que denominó; i) inexistencia de las causales de
nulidad de los actos demandados y; ii) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala segunda de oralidad, en sentencia
proferida el 31 de julio de 2023 negó las pretensiones de la demanda y declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva para ser
llamada en garantía, propuesta por la Universidad de Antioquia7.
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
9.1. El demandante nació el 5 de octubre de 1952 y cumplió 60 años en el 2012,
motivo por el cual resultó beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 30 de junio de 1995, contaba
con 42 años de edad. Además, laboró para la Universidad de Antioquia entre el 16
de julio de 1976 y el 19 de enero de 2015 y cotizó en Colpensiones hasta el 19 de
enero de 2015, es decir por 1972 semanas. Asimismo, conservó el régimen de
transición en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto para el 25 de
julio de 2005, contaba con más de 750 semanas cotizadas.
9.2. Por lo anterior, tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión vejez con
los requisitos dispuestos en la Ley 33 de 1985, es decir 55 años de edad, 20 años
de servicio y el 75% de tasa de reemplazo.
9.3. Colpensiones reconoció la prestación en los términos de la Ley 33 de 1985 con
un monto del 75% del IBL con base en los 10 últimos años de servicio y
posteriormente al sumar nuevos tiempos de servicio reliquidó la pensión con el
76,05%, con una mesada de $4’360.278, a partir del 20 de enero de 2015, según lo
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, al resultarle más favorable.
9.4. Asimismo, en virtud de lo previsto en los decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995
los factores tenidos en cuenta correspondieron a: la asignación básica mensual,
gastos de representación, prima técnica cuando sean factor de salario, las primas
de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna y la bonificación
7 Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, índice 39 actuación 19_SENTENCIA_NIEGA(.pdf)
NroActua 39.
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
por servicios prestados. Sin que resultara procedente la solicitud de incluir en el IBL
lo devengado durante el último año de servicio.
9.5. En conclusión, aunque el demandante resultaba beneficiario del régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993, la entidad liquidó la prestación en
aplicación de lo previsto en la mencionada ley, toda vez que le era más favorable,
en tanto que le sumó a su monto las semanas de cotización adicionales a los 20
años requeridos, lo cual aumentó en el 76,05%. En cuanto al IBL, como no fue un
asunto sometido a la transición en cualquiera de los regímenes los factores incluidos
serían los liquidados, por lo anterior no se configuró la causal de nulidad invocada
contra los actos demandados.
1.4. El recurso de apelación
10. Oscar Hernando Panesso Cárdenas solicitó la revocatoria de la sentencia
proferida en el trámite de primera instancia8, por cuanto el tribunal no debió acoger
el nuevo criterio jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
toda vez que resultaba lesivo para los principios de favorabilidad y de
inescindibilidad de la norma laboral, en la aplicación del porcentaje previsto en la
Ley 33 de 1985 del 75% y, a su vez, la base salarial dispuesta en la Ley 100 de
1993.
11. Además, la Sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto de 2018 contraría
el bloque de constitucionalidad cuyo objetivo es la progresividad y protección
salarial, en aquella no fue diferenciado el ingreso base de cotización y el ingreso
base de liquidación, ni tomó en cuenta que la base de ambos fueron los salarios
mensuales devengados por el trabajador. Asimismo, los factores enunciados de
manera taxativa en el Decreto 1158 de 1994 no establecieron el ingreso base de
liquidación sino el ingreso base de cotización de las pensiones reguladas por la Ley
100 de 1993, lo cual guardaba armonía con todos los elementos integradores o
constitutivos de salario.
12. Asimismo, la mencionada sentencia de unificación cambió el paradigma
jurisprudencial en materia de liquidación de pensiones implementado 20 años atrás,
en vulneración del principio de progresividad en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, lo cual implicó la promoción de innumerables demandas, como
la que hoy es objeto de estudio.
8 Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 42.
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
1.5. Trámite en segunda instancia
13. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA9.
1.6. Concepto Ministerio Público
14. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
15. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 10, el
problema jurídico se circunscribe a determinar: ¿si hay lugar a la inaplicación de la
Sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto de 2018, por la Sección Segunda
del Consejo de Estado?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Precedente vinculante de la Sala Plena del Consejo de Estado
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201811, fijó la siguiente regla
jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
«[…] El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
17. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
9 Según el auto admisorio proferido el 19 de febrero de 2024, índice 4 de Samai, actuación
denominada: 8Auto que admite_18972024Admiterecurs(.pdf) NroActua 6
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».
18. En efecto, a juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
««[…] 87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley
100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
[…] 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)».
19. Además, la corporación estableció dos subreglas. La primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«[…]
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)».
20. La segunda subregla es «[…] que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«[…] 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones […]».
21. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «[…] edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
22. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigor, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
23. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio12 en la resolución de «[…] todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias;
12 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones […]».
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la providencia de
unificación.
2.4.1 Aplicación de las reglas de unificación de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2018
24. Como se señaló en precedencia, el criterio del Consejo de Estado en relación
con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el contenido en la sentencia del 28
de agosto de 201813, referida en precedencia, según la cual el ingreso base de
liquidación no fue objeto de la transición prevista en el inciso 3º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, es decir, que aquellas personas beneficiarias de aquel, deben
pensionarse con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo de la norma
anterior, y los factores que lo integran son aquellos que hayan servido como base
para efectuar los aportes, contemplados en el Decreto 1158 de 1994.
25. Por consiguiente, respecto de los beneficiarios de la Ley 33 de 1985 en virtud de
la transición regulada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consolidaron el
derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no antes, la liquidación de
la prestación debía atender la normativa vigente para ese momento, en los términos
del artículo 36 ibidem. En consecuencia, esta situación no excluye del ámbito de
aplicación de la mencionada Ley 100 de 1993 en las condiciones indicadas por la
jurisprudencia vinculante y vigente para la época, que para el caso del Consejo de
Estado era la sentencia del 28 de agosto de 2018.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
26. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
27. Oscar Hernando Panesso Cárdenas nació el 5 de octubre de 1952.
28. El 11 de julio de 2013, mediante la Resolución GNR 180372, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de Oscar Hernando
Panesso Cárdenas en virtud de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis
del Carmen Guerrero de Montenegro.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00594-01 (7448-2023)
Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
29. El 19 de diciembre de 2013, mediante la Resolución GNR 361535, Colpensiones
resolvió el recurso de reposición en contra de la anterior decisión y la revocó en el
sentido de reconocer la prestación en virtud de las disposiciones previstas en las
leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994, en concordancia con el
principio de favorabilidad, con el 76.02%, en razón al número de semanas
adicionales cotizadas para acceder al reconocimiento.
30. El 3 de mayo de 2016, mediante la Resolución GNR 132307 negó la solicitud de
reliquidación de la prestación antes reconocida. Inconforme con lo anterior, el
pensionado interpuso el recurso de apelación y, para tal efecto, Colpensiones
reliquidó la pensión con el objetivo de mantener su poder adquisitivo, según el IPC14.
31. El 22 de febrero de 2016, el gestor administrativo de la Universidad de Antioquia,
a través del certificado de información laboral, certificó que Oscar Hernando
Panesso Cárdenas prestó sus servicios como docente del sector público
departamental o distrital desde el 26 de julio de 1976 hasta el 12 de febrero de
197915.
32. El 11 de marzo de 2016, el gestor administrativo de gestión de la información
laboral de la Universidad de Antioquia certificó que el demandante laboró al servicio
de esa institución en calidad de empleado público, desde el 26 de julio de 1976
hasta el 19 de enero de 2015, el último cargo desempeñado fue el de profesor
universitario de tiempo completo, adscrito al Instituto de Física de la facultad de
ciencias exactas y naturales. Y que entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre
de 2015 devengó salario básico, asignación adicional 2003, «asignación adicional año
act», las primas de servicios, navidad y de vacaciones, vacaciones hábiles
colectivas, vacaciones calendario colectivas, intereses de cesantías, intereses de
cesantías anuales, cesantías anuales, compensación salarial, bonificación puntos
docentes, gastos de representación prima de servicios, gastos de representación
de sueldos, gastos de representación prima de navidad, gastos de representación
por prima de vacaciones16.
2.4.2. Análisis sustancial
33. El Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala segunda de oralidad, negó las
pretensiones de la demanda comoquiera que, si bien el demandante resultó
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que tenía derecho a que la prestación le fuera reconocida con los
14 Folios 75 al 81.
15 Folio 33.
16 Folio 34 a 40.
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo previstos en la Ley 33 de 1985, no
sucedía igual con el IBL, por cuanto debía determinarse según lo dispuesto en los
artículos 21 y 36 de la mencionada Ley 100. No obstante, en virtud del principio de
favorabilidad, la entidad de previsión le aplicó en su totalidad el régimen contenido
en esta última norma, puesto que le daba derecho a una tasa de reemplazo más
alta.
34. Oscar Hernando Panesso Cárdenas apeló la anterior decisión al considerar que
el tribunal no debió acoger el nuevo criterio jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional, toda vez que resultaba lesivo para los principios de
favorabilidad y de inescindibilidad de la norma laboral, en la aplicación del
porcentaje previsto en la Ley 33 de 1985 del 75% y, a su vez, la base salarial
dispuesta en la Ley 100 de 1993.
35. Además, la Sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto de 2018 contraría
el bloque de constitucionalidad cuyo objetivo es la progresividad y protección
salarial, en aquella no fue diferenciado el ingreso base de cotización y el ingreso
base de liquidación, ni tomó en cuenta que la base de ambos fueron los salarios
mensuales devengados por el trabajador. Asimismo, los factores enunciados de
manera taxativa en el Decreto 1158 de 1994, no establecieron el ingreso base de
liquidación sino el ingreso base de cotización de las pensiones reguladas por la Ley
100 de 1993, lo cual guardaba armonía con todos los elementos integradores o
constitutivos de salario.
36. En relación con el reproche del apelante, se recuerda que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional las decisiones de los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones tienen fuerza vinculante «frente a decisiones posteriores que
deban adoptar los jueces y tribunales17», como una forma de materializar principios
como el de la seguridad jurídica y la igualdad y así lograr la coherencia del sistema
jurídico. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011,
concluyó que:
«En síntesis: (i) la jurisprudencia, por definición constitucional, es “criterio auxiliar” de
interpretación de la actividad judicial -CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces en
sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley” -CP, artículo 230.1-; (ii) sin
embargo, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las
correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional -en todos los casos, como
guardián de la Constitución-, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados
para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena
fe y seguridad jurídica -CP, artículos 13 y 83-; (iii) excepcionalmente, el juez puede
apartarse del precedente judicial vinculante de los órganos jurisdiccionales de
17
Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2011.
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
cierre, mediante una argumentación explícita y razonada de su apartamiento, en
reconocimiento a la autonomía e independencia inherentes a la administración de justicia
y al ejercicio de la función judicial -CP, artículo 228-.» [Se resalta]
37. Así las cosas, contrario a lo expuesto por Oscar Hernando Panesso Cárdenas,
el Tribunal Administrativo de Antioquia sí tenía el deber legal y constitucional de
resolver con sustento en el precedente jurisprudencial adoptado por la Sala Plena
del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, por cuanto, además de lo expuesto,
los jueces de la República tienen el deber de brindar un trato igualitario a todos los
ciudadanos con el fin de materializar «el principio de buena fe, entendida como
confianza legitima en la conducta de las autoridades del Estado» y la seguridad jurídica
del ciudadano, «entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales
en la resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la
confianza legítima en la autoridad judicial».
38. En línea con lo anterior, en la referida decisión de unificación, de manera expresa
esta Corporación precisó que las reglas jurisprudenciales contenidas en aquella se
aplicarían a todos los casos pendientes de solución, esto, en aras de garantizar la
seguridad jurídica. En ese sentido dispuso:
«115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía
judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica
y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.»
39. Adicionalmente, en la mencionada sentencia C-816 de 2011, la Corte
Constitucional precisó que el juez puede apartarse del precedente, «bien por: (i)
ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii)
desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii)
discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial». Dicha
facultad la ejerce la autoridad judicial en el marco de la autonomía que irradia la
función judicial; sin embargo, en el sub judice no se identificó razón alguna que
justificara el desconocimiento del precedente judicial.
40. De otra parte, el apelante sostuvo que la Sentencia de Unificación proferida el 28
de agosto de 2018 contraría el bloque de constitucionalidad cuyo objetivo es la
progresividad y protección salarial. Al respecto, se precisa que este aspecto fue
objeto de consideración en la mencionada decisión, en ese sentido se explicó que
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
la decisión que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985
no señalaba en forma taxativa los factores salariales, bajo el argumento de
materializar los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad
traspasó «la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración
enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe
limitar dicha base».
41. Adicionalmente, esa decisión, como se explicó en la providencia en mención,
además de propender por el respeto de la voluntad de legislador, como autoridad
competente para efectos de definir el régimen pensional, también se sustentó en la
reforma constitucional, según la cual «[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», lo que, contrario a desconocer el principio de progresividad, se basa
en el de la solidaridad en el que se edificó el servicio público de la seguridad social
y garantiza la sostenibilidad financiera de este. En ese sentido, la Sala Plena
concluyó que con esa interpretación «(i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios
de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se
respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir
entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad
financiera del sistema».
42. Ahora bien, el apelante sustentó su pretensión de revocatoria del fallo de primera
instancia en que en la sentencia de unificación mencionada, no se diferenció el
ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación, ni se tomó en cuenta
que la base de ambos fueron los salarios mensuales devengados por el trabajador.
43. En relación con este aspecto, se precisa que de conformidad con el artículo 18
de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de cotización para los servidores del sector
público «será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992», el
cual fue establecido en el Decreto 1158 de 1994, en el que se precisó cuáles serían
los factores que constituirían el «salario mensual base para calcular las cotizaciones
al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo» [Se
resalta]. Asimismo, el artículo 21 de la primera ley en mención, dispuso que se
entiende por ingreso base de liquidación «el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión».
44. En consonancia con las anteriores definiciones, se advierte que, si bien se debe
diferenciar el concepto de ingreso base de cotización del ingreso base de
liquidación, lo cierto es que este último depende del primero. Así las cosas, para
efectos de liquidar la prestación únicamente pueden ser tenidos en cuenta aquellos
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
factores que la autoridad competente determinó que debían incluirse como base
para calcular las cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones que se
encuentran a cargo de los afiliados y empleadores.
45. En esa línea en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el
28 de agosto de 2018, se concluyó que solo conforman la base de liquidación
pensional los factores que de manera taxativa sean enlistados por el legislador para
esos efectos.
46. En consecuencia, la Sala desestima los argumentos planteados en el recurso de
apelación, al considerar que la aplicación de la sentencia de unificación al caso
concreto tiene valor vinculante y obligatorio.
47. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el IBL computado y
reconocido a favor del demandante se ajustó al ordenamiento jurídico, porque
incluyó los factores que efectivamente fueron objeto de cotización de acuerdo con
los enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y de conformidad con lo previsto en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al periodo, razón por la cual no procede
la reliquidación pensional con base en lo devengado durante el último año de
servicios, ni la inclusión de factores sobre los que no realizó los aportes al sistema,
tal y como lo determinó el a quo.
48. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Antioquia sí tenía el deber legal y
constitucional de resolver con sustento en la mencionada sentencia de unificación,
en aplicación «[d]el principio de buena fe, entendida como confianza legítima en la
conducta de las autoridades del Estado» y la seguridad jurídica del ciudadano,
«entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución
de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima
en la autoridad judicial», de manera que no le asistió razón a lo argumentado por el
apelante en el recurso.
49. Si bien el demandante durante su último año de servicios pudo haber devengado
factores de salario adicionales a los tenidos en cuenta, en todo caso, y tal como lo
reconoció la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación, la correcta
conformación del ingreso base de liquidación (IBL) solo atiende la voluntad del
constituyente y del legislador a partir de la regla de que no puede haber pensión de
jubilación sin aportes efectuados para tal fin.
50. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda sin consideración adicional sobre el fondo del asunto.
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
2.5. Costas
51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma18.
54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
3. Conclusión
56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la aplicación de la
sentencia de unificación al caso concreto tiene valor vinculante y obligatorio, de
manera que el IBL computado y reconocido a favor del demandante se ajustó al
ordenamiento jurídico, porque incluyó los factores que efectivamente fueron objeto
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Demandante: Oscar Hernando Panesso Cárdenas
de cotización de acuerdo con los enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 31 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala segunda de oralidad que negó las pretensiones
de la demanda incoada por Oscar Hernando Panesso Cárdenas contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT
17
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