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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00778-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00778-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Adicionar un ordinal en la parte resolutiva de la sentencia del 6 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, el cual quedará así: «Ordenar a la parte demandada que efectúe los respectivos descuentos por concepto de aportes a salud de la pensión de sobreviviente que le fue concedida a la señora 19 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 20 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» 15 Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021) Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa Blanca Nubia Zuleta Correa, de acuerdo con las razones y términos expuestos en la parte motiva de esta decisión.». Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Blanca Nubia Zuleta Correa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-00778-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

26 de enero de 2023

1
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: BLANCA NUBIA ZULETA CORREA
Demandadas: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
EJÉRCITO NACIONAL

Temas: Pensión de sobreviviente soldado voluntario fallecido
en combate antes del 7 de agosto de 2002. Régimen
aplicable contenido en el Decreto 1211 de 1990, en
armonía con los principios de especialidad,
protectorio, pro homine, de justicia e igualdad.
Aplicación de la sentencia de unificación del 4 de
octubre de 2018.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-05 -2023

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la entidad
demandada contra la sentencia del 6 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Blanca Nubia Zuleta Correa en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de la Resolución 3076 del 19 de julio de 2016, a través
de la cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes a favor de la demandante.

2. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional reconocer a la señora Blanca Nubia
Zuleta Correa una pensión de sobrevivientes en su calidad de madre del
cabo segundo póstumo Ferney Agudelo Zuleta, quien falleció en combate,
ello en aplicación de la Ley 447 de 1998.
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA. Se destaca que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Cali por medio de providencia del 25 de agosto de 2014, declaró la falta de competencia
en razón de la cuantía y remitió el trámite del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca (folios 50 a 51).
2
Expediente digital visible a índice 9 del registro de SAMAI.

2
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

3. El reconocimiento de la prestación deberá realizarse en virtud de un salario
mínimo y a partir del 19 de septiembre del 2000.

4. Ordenar el pago de las mesadas pensionales que se causaron desde el
momento del fallecimiento del señor Agudelo Zuleta (19 de septiembre del
2000), ello por una suma de $202.699.772 y las que se causen hasta que
se emita fallo que dé fin al proceso.

5. Condenar al pago de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
generados por concepto de dolor, aflicción y sentimientos de
desesperación, desosiego, entre otros, correspondiente a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

6. Declarar la prescripción del recobro del pago único efectuado por el
Ministerio de Defensa Nacional por indemnización por muerte, la cual se
ordenó mediante Resolución 2122 del 27 de febrero de 2001.

7. Ordenar la indexación de los dineros que se ordenen dentro del proceso.

Supuestos fácticos relevantes3

1. El señor Ferney Agudelo Zuleta ingresó a las filas del Ejército Nacional, el
1.° de junio del 2000 como soldado voluntario.

2. El mentado ciudadano falleció en combate por acción directa del enemigo
el 19 de septiembre del 2000, según el informativo por muerte núm. 024
del 26 de septiembre del mismo año.

3. Con ocasión del fallecimiento del señor Agudelo Zuleta, este fue ascendido
de manera póstuma al grado de cabo segundo, a través de la Resolución
2122 del 27 de febrero de 2001.

4. Mediante escrito del 2 de junio de 2016, la demandante solicitó ante la
autoridad demandada el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes
como beneficiaria del soldado fallecido.

5. La anterior petición fue desatada de manera negativa por medio de la
Resolución 3076 del 19 de julio de 2016, al señalar que a la solicitante
únicamente le asistía derecho al abono de una indemnización consistente
en 48 meses de los haberes correspondientes al grado y al pago doble de
una cesantía; conceptos los cuales fueron debidamente cancelados a la
señora Zuleta Correa a través de la Resolución 2122 del 27 de febrero de
2001.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las

3
Ibidem.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).

3
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 12 de julio de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de resolver sobre las
excepciones:

«[…] La entidad demandada propuso la excepción denominada FALTA DE
COMPETENCIA POR FACTOR TERRITORIAL.

En el presente asunto, lo que se demanda es la nulidad de la Resolución No. 3076
del 29 de julio de 2016, por medio de la cual la Secretaría General del Ejército
Nacional negó una prestación económica por el fallecimiento del señor Ferney
Agudelo Zuleta quien falleció por causa y con ocasión del servicio.

Se tiene entonces que el señor Ferney si bien pertenecía al Batallón de
contraguerrillas N° 47 "Héroes de Tacines", con sede Tame-Arauca, su muerte
ocurrió en ejecución de una orden dada en actividades realizada en el
Departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Remedios, así
como lo certifica la entidad demandada en el informativo administrativo por muerte
obrante a folio 105 del expediente.

Lo anterior significa que el último lugar donde prestó el servicio el señor Ferney fue
en el Departamento de Antioquia, puesto que falleció precisamente en servicio, por
lo que se encuentra la competencia en este Tribunal.

Por lo anterior, se declara impróspera la excepción de falta de competencia por
factor territorial propuesta por la entidad demandada.». (Expediente digital
visible a índice 9 del registro de SAMAI).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] PRETENSIONES.

1- Que se declare la nulidad de la Resolución N° 3076 del 29 de julio de 2016,
mediante la cual se niega una prestación económica.

2- Que como restablecimiento del derecho se reconozca y pague la pensión de
sobrevivientes en favor de la señora BLANCA NUBIA ZULETA CORREA, madre
del fallecido Cabo Segundo póstumo FERNEY AGUDELO ZULETA de
conformidad con la ley 447 de 1998.

3- Que se le pague a la demandante los perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales que le fueron ocasionados.

4- Que se declare la prescripción del recobro del pago único efectuado por el
Ministerio de Defensa a la demandante por indemnización por muerte. 5- Que
todos los dineros pagados sean indexados.

Hechos

Se señala que el señor Ferney ingresó al Ejército Nacional el 1 de junio del año
2000 como soldado voluntario y el 19 de septiembre del mismo año falleció en
combate y como consecuencia del mismo fue ascendido de manera póstuma al
grado de Cabo Segundo.

4
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

Las partes están de acuerdo con la fijación del litigio.». (Expediente digital visible
a índice 9 del registro de SAMAI).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 6 de agosto de 2021, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia inicialmente efectuó un recuento normativo del
régimen de las Fuerzas Militares que reguló las prestaciones por muerte de
los uniformados. En este punto, resaltó que la Ley 447 de 1998 no resulta
aplicable a los soldados voluntarios regidos por la Ley 131 de 1985, por cuanto
ellos, en principio, no prestan servicio militar obligatorio, y en consecuencia,
continuarían sometidos a las disposiciones del artículo 8.° del Decreto 2728
de 1968.

Acto seguido, indicó que el Decreto 1211 de 1990 consagró una pensión de
sobrevivientes a favor de los beneficiarios del oficial o suboficial fallecido. No
obstante, si bien esta prerrogativa no cobijó de manera puntual a los soldados
regulares o voluntarios, lo cierto es que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha desarrollado que aquellos también tienen derecho a ser ascendidos
en forma póstuma al grado inmediatamente superior y al reconocimiento de
una pensión de sobrevivientes a favor de su grupo de beneficiarios, ello en
observancia del principio constitucional a la igualdad.

A partir de los medios de prueba documentales aportados a la actuación, el a
quo sostuvo que, al margen de que la autoridad demandada haya otorgado
una cesantía definitiva doble y una compensación por muerte a favor de la
señora Blanca Nubia Zuleta Correa con ocasión del deceso de su hijo, este
reconocimiento no se dio de manera completa por cuanto a aquella le asistía
el derecho de una pensión de sobrevivientes, en los términos del Decreto 1211
de 1990.

Bajo dicha intelección, arguyó que a la libelista se le debe conceder una
pensión de sobrevivientes equivalente al 50% de las partidas de que trata el
artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, teniendo en cuenta que el finado laboró
por un período de 3 meses y 18 días. Prestación que será reconocida desde
el 19 de septiembre del 2000 (fecha de muerte), pero con efectos fiscales a
partir del 13 de junio de 2012, toda vez que la petición en sede administrativa
fue radicada el 13 de junio de 2016, por lo que operó el fenómeno prescriptivo
cuatrienal.

Por último, consideró que no era procedente ordenar el pago de los perjuicios
morales instados, habida cuenta de que no se encontraron probados dentro
del proceso, al limitarse la parte activa a formular dicha pretensión sin que esta
pueda ser constatada con los elementos probatorios arrimados al plenario.
Agregó que no hay lugar al descuento de las sumas previamente abonadas a
la libelista.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad de la
Resolución 3076 del 19 de julio de 2016; ii) a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
reconocer pensión de sobrevivientes a favor de la señora Blanca Nubia Zuleta
Correa, en cuantía del 50 %, de las partidas de que trata el artículo 158 del

5
Expediente digital visible a índice 9 del registro de SAMAI.

5
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

Decreto 1211 de 1990, sin que haya lugar a descuento alguno. Lo anterior con
efectos fiscales a partir del 13 de junio de 2012; iii) negó las demás
pretensiones de la demanda; y, iv) se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN6

La entidad demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para denegar las
pretensiones de la demanda. Para ello, manifestó en primera medida que la
sentencia de primera instancia omitió pronunciarse respecto a los descuentos
legales que deben realizarse frente a las mesadas pensionales, por concepto
de salud y demás a que haya lugar.

De otro lado, puntualizó que el derecho reclamado carece de fundamento
jurídico, por cuanto en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 es diáfano
que el régimen contenido en el Sistema General de Pensiones no resulta
aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares. Para fundamentar su
postura, hizo referencia a sendas sentencias de la Corte Constitucional a
través de las cuales se ha desarrollado la existencia de un régimen especial
en materia salarial y prestacional para los uniformados.

Asimismo, manifestó que el señor Ferney Agudelo Zuleta no cumplió con el
tiempo de servicio requerido por el Decreto 4433 de 2004, como mucho menos
con las situaciones especiales que se exigen para que sus beneficiarios
tuvieran derecho a una pensión de sobrevivientes, ello específicamente al
tratarse de un soldado voluntario y por no contar con aportes realizados al
sistema de seguridad social al momento de su fallecimiento.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 18 de noviembre de 2021, admitió el recurso de alzada y, en
concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA,
dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de
mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar
sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 1.° de febrero
de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 8 del registro de SAMAI,
en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de
fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente
caso solo la presentó la entidad demandada.

Problema jurídico

6
Ibidem.

6
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿La señora Blanca Nubia Zuleta Correa en su calidad de madre del soldado
voluntario Ferney Agudelo Zuleta, ascendido de forma póstuma al grado de
cabo segundo y quién falleció en combate el 19 de septiembre del 2000, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prevista en
el Decreto 1211 de 1990?

Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la
siguiente: la demandante sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, toda vez que conforme a la sentencia de unificación
del 4 de octubre de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado para casos como el particular, si el soldado voluntario falleció en
combate antes del 7 de agosto de 2002, su régimen prestacional es el previsto
en el Decreto 1211 de 1990. Sobre este planteamiento se expone lo siguiente:

Ø Acerca de la sentencia de unificación SU- CE-SUJ-SII-013-2018 del 4
de octubre de 2018 y su aplicabilidad al presente caso

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que la señora Blanca Nubia Zuleta Correa
pretende el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes con ocasión de
la muerte en combate de su hijo Ferney Agudelo Zuleta.

Por su parte, la entidad demandada sostiene que la prestación en comento no
es procedente habida cuenta de que, si bien se le confirió de forma póstuma
el grado de cabo segundo al soldado voluntario, lo cierto es que se realizó con
el fin de pagar cesantías dobles y compensación por muerte, pues nunca se
desempeñó como suboficial, por tanto, su régimen prestacional es el previsto
en el Decreto 4433 de 2004, cuyos requisitos allí consagrados no fueron
cumplidos por el uniformado con el fin de reconocer de una pensión de
sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.

Lo expuesto denota que, el objeto de la controversia en el sub lite es la
determinación del régimen prestacional que gobierna las condiciones de los
soldados voluntarios muertos en combate antes del 7 de agosto de 2002 y la
posibilidad de que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes
acorde con lo regulado en los Decretos 95 de 1989 y 1211 de 1990, con
ocasión del ascenso que de manera póstuma autoriza la ley y en virtud de los
principios de especialidad, protectorio, pro homine, de justicia e igualdad.

Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda del
Consejo de Estado expidió sentencia de unificación SU- CE-SUJ-SII-013-2018
del 4 de octubre de 20187, por medio de la cual se fijaron las reglas
jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial de asuntos como
el analizado en dicha providencia y el que es objeto de examen en esta
oportunidad.

En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva8, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00741-
01(4648-15) CE-SUJ2-013-18.
8
El cual reza lo siguiente: «[…] Tercero: Adviértase a la comunidad en general que las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la
Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial,

7
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que su estudio y
sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y necesario, puesto
que evidentemente el proceso de la referencia se encuentra pendiente de
definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos de
dicha providencia.

Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre el régimen
normativo de los soldados voluntarios previsto en los Decretos 95 de 1989 y
2728 de 1968, así como las prestaciones por muerte para los beneficiarios de
miembros de las Fuerzas Militares muertos en combate en las diferentes
disposiciones que para el efecto se han proferido hasta el 7 de agosto de 2002,
fecha a partir de la cual los destinatarios de los soldados voluntarios tendrían
derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos del artículo 22 del
Decreto 4433 de 2004.

Igualmente, en la providencia referida también se analizó la compatibilidad de
las prestaciones que se hubieren reconocido a los beneficiarios del soldado
voluntario con sustento en el Decreto 2728 de 1968, y aquellas relativas a la
pensión de sobrevivientes.

Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al régimen prestacional aplicable a los casos como
el particular, se señaló lo siguiente:

«[…] Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente:

1. Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los
soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 20029, por causa de
heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea
en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, pueden
beneficiarse del régimen de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184
del Decreto 095 de 1989 o en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, según la
fecha de muerte, por ser el régimen especial que regula de manera particular el
supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal medida se armoniza con los
principios protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que encauzan el
derecho laboral.

2. Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios
fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo pagado por concepto de
compensación y cesantías dobles a sus beneficiarios en virtud del Decreto 2728
de 1968.

3. Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del
7 de agosto de 200210, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por
acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento
del orden público, el término prescriptivo que debe atenderse en relación con las
mesadas pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo señalado en el régimen

toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado
la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]».
(Negrilla del texto original).
9
En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.
10
En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.

8
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

propio de las Fuerzas Militares (artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y artículo 174
del Decreto 1211 de 1990)».

Ø Determinación de la procedencia de la pensión de sobrevivientes a
favor de la demandante en su calidad de madre del soldado muerto en
combate con anterioridad al 7 de agosto de 2002, en atención a las
reglas de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019

De conformidad con el marco jurisprudencial de unificación descrito, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Blanca Nubia Zuleta Correa,
la cual da cuenta que nació el 4 de noviembre de 1958 (índice 9 del registro
de SAMAI).

• Acorde con el certificado de nacimiento aportado, el señor Ferney Agudelo
Zuleta nació el 17 de abril de 1979 y es hijo de los señores Blanca Nubia
Zuleta Correa y Antonio José Agudelo Ariza (ibidem).

• Copia del registro civil de defunción del señor Ferney Agudelo Zuleta, que
indica que falleció el 19 de septiembre del 2000, y que para aquel momento
su estado civil era de soltero (ibidem).

• Certificado de estado de documento de identificación emitido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de la que se desprende que la
cédula de ciudadanía del señor Agudelo Zuleta fue cancelada por muerte,
mediante Resolución 4916 del 20 de diciembre de 2001 (ibidem).

• Hoja de servicios núm. 859 expedida por la Dirección de Prestaciones
Sociales del Ejército Nacional, de la cual se observa que el soldado
fallecido Agudelo Zuleta:

• Prestó sus servicios como soldado regular desde el 8 de enero de 1999
hasta el 31 de mayo del 2000; y como soldado voluntario desde el 1.°
de junio del 2000 hasta el 19 de septiembre del mismo año.
• Como causal de retiro figura la de muerte en combate.
• Devengaba un sueldo básico de $416.160.

• Informe Administrativo por Muerte 024 del 26 de septiembre del 2000,
suscrito por el Batallón de C/G núm. 47 “Héroes de Tacines” (ibidem), que
indicó lo siguiente:

«[…] El día 19 de Septiembre del 2.000 siendo aproximadamente las 17:30 horas
se presentó un enfrentamiento contra un grupo de Bandoleros de las PARC. En
el área General del Cañón del Mata vereda la chuscala Jurisdicción del Municipio
de Remedios Departamento de Antioquia, cuando la Contraguerrilla ASTEROIDE-
4 Cumplía la orden de Operaciones No. 046 su misión era capturar un Grupo de
Bandoleros que delinquen en la Jurisdicción, al llegar al lugar indicado la
Contraguerrilla sostuvo un Combate de encuentro con un Grupo de bandoleros
pertenecientes a la PARC. Durante la reacción e intercambio de disparos el SLP,
AGUDELO ZULETA FERNEY CM, 78589215 fue impactado en dos
oportunidades a la altura del abdomen heridas que le causaron la muerte en forma
Instantánea, posteriormente se aseguró el área y se procedió a evacuar el
Soldado a la localidad de Puerto Berrío Antioquía. […]».

En este documento se indicó que la muerte ocurrió en servicio por causa
de heridas en combate o como consecuencia de la acción directa del
enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público.

9
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

• En virtud de lo anterior, mediante Resolución 001068 del 22 de noviembre
del 2000, el comandante del Ejército Nacional ascendió en forma póstuma
al grado de cabo segundo al soldado voluntario Ferney Agudelo Zuleta, con
novedad fiscal 19 de septiembre del 2000, en virtud del artículo 8.° del
Decreto 2728 de 1968 (ibidem).

• Por resolución 02122 del 27 de febrero de 2001, el director de prestaciones
sociales y el jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional le
reconocieron a la señora Blanca Nubia Zuleta Correa, la compensación por
muerte y la cesantía doble definitiva de que trata el Decreto 2728 de 1968,
en los casos de muerte en combate, por valor de $31.141.292 (ibidem).

• La directora administrativa del Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución 3076 del 19 de julio de 2016, con ocasión de la petición de la
libelista tendiente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el
fallecimiento en combate de su hijo (ibidem), en la cual se indicó:

«[…] Que por lo anterior, y teniendo en cuenta que ni el Consejo de Estado ni la
Honorable Corte Constitucional han expedido una sentencia de unificación frente
a la aplicación de la Ley 923 y su Decreto reglamentario 4433 de 2004, al personal
de Soldados Voluntarios de las Fuerzas Militares, no es procedente acceder en
tal sentido.
[…]

Que teniendo, en cuenta las normas antes citadas, se puede concluir, en forma
clara que por el fallecimiento del Cabo Segundo Póstumo del Ejército, AGUDELO
ZULETA FERNEY, no se generó el derecho, al reconocimiento de la pensión a
favor de la señora BLANCA NUBIA ZULETA CORREA, en calidad de madre, toda
vez, que el Decreto 2728 de 1968 no consagra pensión para los Soldados y
Grumetes de las Fuerzas Militares. […]».

Ø Régimen aplicable

Con fundamento en la sentencia de unificación antes referida y en atención a
que la fecha del fallecimiento del señor Ferney Agudelo Zuleta fue el 19 de
septiembre del 2000, se tiene que el régimen aplicable en este caso es el
Decreto 1211 de 1990 que en su artículo 189 preceptúa:

«Artículo 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a
la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en
combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser
ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que
fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este
Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a
que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y
tiempo de servicio del causante.

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio,
sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de
los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una
pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de
que trata el artículo 158 de este Decreto». (Resaltado intencional).

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

En tal virtud, la Sala procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos
señalados para la procedencia de la pensión de sobrevivientes que solicita en
el sub lite la señora Blanca Nubia Zuleta Correa en calidad de madre del
fallecido soldado voluntario Ferney Agudelo Zuleta, de la siguiente manera:

• Muerte en combate

En el plenario se encuentra acreditado con el informe administrativo por
muerte 024 del 26 de septiembre del 2000, que el exmilitar Ferney Agudelo
Zuleta falleció en combate por acción directa del enemigo (índice 9 del registro
de SAMAI).

• Condición de beneficiarios

De acuerdo con las pruebas antes relacionadas y no controvertidas por la
entidad demandada se tiene que la señora Blanca Nubia Zuleta Correa es
madre del exsoldado voluntario Ferney Agudelo Zuleta (registro civil de
nacimiento, ibidem) quien estuvo vinculado al Ejército Nacional durante 1 año,
8 meses y 19 días, inicialmente como soldado regular y posteriormente como
soldado voluntario (hoja de servicios, ibidem), condición que la habilita como
beneficiaria de las prestaciones por muerte de su fallecido hijo.

• Ausencia de otros beneficiarios

De conformidad con la hoja de servicios, el señor Ferney Agudelo Zuleta no
contrajo matrimonio, no tenía más hijos, ni tenía compañera permanente,
información que, en todo caso, no controvirtió la parte demandada en sede
administrativa ni durante el curso de la litis.

Respecto de la dependencia económica de la beneficiaria frente al causante,
es pertinente señalar que este no es un requisito previsto en el Decreto 1211
de 1990 para el reconocimiento de prestaciones por muerte en combate,
circunstancia que fue ratificada por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación SU- CE-SUJ-SII-013-2018 del 4 de octubre de 201811:

«205. Ahora bien, en relación con la dependencia económica de los
beneficiarios frente al causante, aspecto que cuestiona la parte demandada
es pertinente señalar que este no se constituye en una exigencia incluida
en el Decreto 1211 de 1990 para el reconocimiento de prestaciones por
muerte en combate, no obstante, frente al particular es oportuno hacer las
siguientes precisiones:

206. La Sección Segunda de esta Corporación12 entendió la dependencia
económica «[…] como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una
persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de dependencia
dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o amparado, una conducta
sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o
suntuosidad alguna. […]».

207. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2016 señaló:
«[…]: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del
causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-proporcionarse o mantener su
subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya
que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios
mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».

208. En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede
asumirse desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación: 050012333000201300741-01 (4648-
2015), demandantes: Dora Alicia Campo Correa y Luis Ángel Correa Quintero.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de
2012. Radicación: 05001-23-31-000-2006-03456-01 (0448-2012).

11
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que
dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados
constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la
protección especial a las personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

209. En el asunto bajo estudio la apoderada del Ministerio de Defensa cuestiona
la dependencia económica que tenían los demandantes respecto de su hijo, al
considerar que han trascurrido más de 17 años desde el fallecimiento del
causante durante los cuales no han recibido ayuda económica de su fallecido
hijo.

210. En relación con dicho aspecto, en primer lugar, es necesario precisar que el
hecho del paso del tiempo, luego de la muerte del causante, no implica que en
vida no hubiere sido el soporte económico de su hogar, del cual, lógicamente, se
vieron privados luego de su deceso, situación que como antes se dejó claro es
precisamente la que pretende amparar la prestación en discusión.». (Se resalta).

Bajo dicho entendido, se advierte que la exigencia de dependencia económica,
no resulta de necesaria de comprobación para el reconocimiento pensional en
los términos del Decreto 1211 de 1990, motivo por el cual no hay lugar a
efectuar análisis de dicho requisito.

• Salario base de liquidación

En consecuencia, dado que el señor Ferney Agudelo Zuleta prestó sus
servicios al Ejército Nacional, por un lapso inferior a 12 años, la liquidación de
la mesada, en aplicación del Decreto 1211 de 1990, artículo 189 literal d) debe
ser de la siguiente manera:

«Artículo 189. […]

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio,
sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción
de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una
pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
de que trata el artículo 158 de este Decreto». (Resaltado fuera del texto
original).

En virtud de lo anterior, la liquidación de la prestación otorgada se debe realizar
teniendo como base los haberes correspondientes al grado conferido, sobre el
equivalente al 50 % de las partidas de que trata el artículo 158 de la misma
normativa, tal y como lo ordenó el a quo.

Bajo dicha intelección, para la Sala es diáfano que no le asiste razón a la
demandada al aducir que la señora Zuleta Correa no tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en su calidad de madre del
soldado fallecido Ferney Agudelo Zuleta. Lo anterior, por cuanto en el plenario
quedó debidamente demostrado que el deceso del militar ocurrió el 19 de
septiembre del 2000, esto es, antes del 7 de agosto de 2002, fecha que se
acompasa con los lineamientos jurisprudenciales trazados por la sentencia de
unificación del 4 de octubre de 2018 para la procedencia del derecho
económico objeto de controversia para casos como el de marras.

No puede perderse de vista que el proveído unificador indicó que a los
soldados voluntarios fallecidos en combate hasta el 7 de agosto de 2002, les
serían aplicables las disposiciones del Decreto 095 de 1989 o del Decreto
1211 de 1990 que contemplaron la prestación de sobrevivientes a favor de su
grupo de beneficiarios.

Ø De los descuentos a salud de los miembros de la Fuerza Pública

12
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

La autoridad demandada esgrimió en el recurso de alzada que el a quo omitió
pronunciarse respecto a los descuentos a salud que deberán ordenarse como
consecuencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de
la señora Blanca Nubia Zuleta Correa.

Al respecto, esta Subsección ha señalado que «los actos administrativos que
reconocen una pensión son declarativos de un derecho y no constitutivos de él, por
tal razón y debido a que es obligatorio cotizar en salud sobre los ingresos que se
perciben por pensión, toda administradora de pensiones una vez reconocida la
misma, debe proceder a descontar la cotización en salud con retroactividad a la fecha
a partir de la cual se determina que empieza a devengar la pensión y transferirla a la
EPS a la cual se encontraba afiliado el pensionado».13

En consecuencia, esta obligación recae en quien tiene la titularidad de efectuar
aportes a salud, los cuales, en el sub iudice, deben realizarse en atención a la
retroactividad con que le es reconocida la pensión de sobreviviente a la
demandante. En tal sentido, la entidad pagadora de la mesada pensional de
la parte activa está obligada a hacer las deducciones previstas por el
legislador, en aras de lograr una financiación integral del sistema.

La Corte Constitucional14 ha precisado que los aportes por concepto de salud
permiten la sostenibilidad del sistema y el acceso a los servicios de salud tanto
para los actuales afiliados como para las generaciones venideras. De esta
manera se salvaguarda también el principio de justicia intergeneracional en
orden a que todos podamos beneficiarnos del servicio público esencial de salud,
cuya dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control se
encuentran a cargo del Estado.15

Así, la jurisprudencia ha expresado que el pensionado tiene la obligación de
asumir el pago de dichas cotizaciones desde el momento en que ostenta esa
calidad, por lo que la entidad pagadora de la pensión debe efectuar los
descuentos en salud respecto de las mesadas reconocidas, sin que sea
necesario que medie autorización judicial alguna, pues se trata de una potestad
que opera por ministerio de la ley.16

Ahora, en cuanto al caso de marras, debe decirse que el Decreto 1211 de
1990, con base en el cual se reconoció la pensión de sobreviviente concedida
a la señora Zuleta Correa, contempla un sistema de aportes, según el cual, el
personal de oficiales y suboficiales, o sus beneficiarios, tienen el deber legal
de efectuarlos con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

En ese sentido, el artículo 243 del aludido decreto previó lo siguiente:

«ARTICULO 243. Cuota mensual de Oficiales y Suboficiales en goce de
asignación de retiro y sus beneficiarios en goce de pensión. Los Oficiales y
Suboficiales en goce de asignación de retiro y sus beneficiarios en goce de
pensión, aportarán con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con
una cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación de retiro
o de la pensión respectivamente, de la cual el uno por ciento (1%) será para el
pago de los servicios médico-asistenciales de que trata el artículo 176 del presente
Decreto.».

De acuerdo con lo anterior, la demandante tiene el deber de efectuar aportes
con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en cuantía del 5 % de
la mesada pensional que le fue reconocida, con el objetivo de garantizar la

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de septiembre de 2018,
radicado 05001 23 33 000 2014 00468 01(2353-16), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14
Sentencia C-126 de 2000.
15
Artículo 2 de la Ley 1751 de 2015.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

13
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

prestación del servicio médico asistencial y financiar el sistema de salud de la
Fuerza Pública. Para ello, la entidad demandada deberá ajustarse a los
lineamientos trazados por el artículo 243 del Decreto 1211 de 1990, sin afectar
el mínimo vital de la demandante.

Al respecto, esta Sección Segunda17 ha sostenido en casos similares lo
siguiente respecto al descuento de sumas por concepto de pago de servicios
médicos asistenciales frente a las pensiones de sobrevivientes de los
beneficiarios de los miembros de las Fuerzas Militares:

«[…] De acuerdo con lo anterior, los demandantes tienen el deber de efectuar
aportes con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en cuantía del 5
% de la mesada pensional que les fue reconocida, con el objetivo de garantizar la
prestación del servicio médico asistencial y financiar el sistema de salud de la
fuerza pública.

Las anteriores disposiciones fueron reiteradas a través del artículo 38 del Decreto
4433 del 2004, lo que quiere decir que los descuentos por concepto de salud de la
pensión de sobreviviente permanecen vigentes en la actual legislación y, en tal
sentido, corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional efectuar los descuentos
en salud, de conformidad con las cotizaciones que, en calidad de pensionados,
deban realizar los accionantes.

Así, a pesar de que dichas deducciones no se encuentran sujetas a una orden
judicial, como se indicó previamente, se adicionará la sentencia de primera
instancia en este sentido, toda vez que es el único punto de inconformismo
propuesto por la autoridad apelante y la única discusión que atañe al trámite de
esta segunda instancia. […]».

En conclusión: la demandante, en su calidad de madre del soldado voluntario
Ferney Agudelo Zuleta, ascendido de forma póstuma al grado de cabo
segundo, quien falleció en combate el 19 de septiembre del 2000, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes prevista en
el régimen contenido en el Decreto 1211 de 1990, en aplicación del principio
de especialidad, en armonía con los principios protectorio, pro homine, de
justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral, en consideración a que
acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos por la disposición en
comento, y con fundamento en las reglas de unificación contenidas en la
sentencia de la Sección Segunda del 4 de octubre de 2018.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone adicionar un ordinal a la sentencia 6 de
agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, respecto a los descuentos por concepto de aportes a
salud de la pensión de sobreviviente que le fue reconocida a la demandante.

Se confirmará en todo lo demás la providencia apelada en tanto accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201618, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de
2021, demandante: Eduvina Conde de Fernández y Gerardo Fernández Vera, demandado:
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
18 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP19, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público20.

Por tanto, y aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante, en la medida que conforme al
numeral 8 del artículo 365 del CGP, no se observó su causación al haber
prosperado parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la parte pasiva
del litigio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Adicionar un ordinal en la parte resolutiva de la sentencia del 6 de
agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, el cual quedará así:

«Ordenar a la parte demandada que efectúe los respectivos descuentos por concepto
de aportes a salud de la pensión de sobreviviente que le fue concedida a la señora

19
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
20
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

15
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00778-01 (3931-2021)
Demandante: Blanca Nubia Zuleta Correa

Blanca Nubia Zuleta Correa, de acuerdo con las razones y términos expuestos en la
parte motiva de esta decisión.».

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada que accedió a las
pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Blanca
Nubia Zuleta Correa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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