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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01209-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01209-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Martha Cecilia Menjura Rico contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 21 Radicado: 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025) Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SSPS 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01209-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025)
Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares1

Tema: Sustitución de asignación de retiro a la hija célibe

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que declaró probada la excepción de legalidad
de las actuaciones de la caja de retiro de las fuerzas militares y negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Martha Cecilia Menjura Rico presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones: 3084 del 10 de abril de 2015 mediante
la cual se negó la solicitud de sustitución de la asignación de retiro de Silverio
Menura Avendaño; 3869 del 12 de mayo de 2015 que confirmó la anterior decisión;
y 386 del 3 de febrero de 2016 por medio de la cual se ordenó la extinción de la

1 En adelante Cremil.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025)
Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

asignación de retiro reconocida a Avicena Rico de Menjura en calidad de cónyuge
del causante.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento de la pensión
como beneficiaria de su padre Silverio Menjura Avendaño, en proporción del 50% a
partir del 16 de marzo de 2015 y el acrecimiento de esta al 100% desde el 6 de julio
de 2015, fecha de fallecimiento de su madre Avicena Rico de Menjura; ii) el
reconocimiento y pago de las mesadas debidas en forma retroactiva desde el 6 de
julio de 2015 hasta la fecha del pago efectivo; iii) la indexación de las sumas
debidas; iv) la condena en costas; y v) el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Silverio Menjura Avendaño sargento viceprimero del Ejército Nacional devengó
la asignación de retiro que le fue reconocida mediante la Resolución 010 del 10 de
enero de 1951, a cargo de Cremil, hasta el 23 de junio de 1992, fecha en que
falleció.

3.2. Avicena Rico de Menjura cónyuge del causante solicitó la sustitución de su
asignación de retiro la cual le fue reconocida mediante la Resolución 1537 del 21
de septiembre de 1992 en un el 100%.

3.3. Martha Cecilia Menjura Rico, hija de Silverio Menjura Avendaño y Avicena Rico
de Menjura «es célibe y siempre dependió de su padre, y luego de la sustitución pensional,
de su madre, siempre estuvo al cuidado y bienestar de sus padres» [sic].

3.4. Fue nombrada curadora legítima de su madre, mediante sentencia del 25 de
marzo de 2009.

3.5. El 16 de marzo de 2015 radicó una petición ante la entidad demandada en la
que solicitó la redistribución de la «pensión de beneficiarios» para que continuara
con el pago del 50% a favor de su madre, cónyuge del causante y el 50% a su favor
en calidad de hija célibe de conformidad con los artículos 250 y 252 del Decreto
1211 de 1990.

3.6. Mediante la Resolución 3084 del 10 de abril de 2015 la entidad respondió

3 Samai, índice 2. 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202505162zi(.zip). 05001 23 33 000 2017 01209

00 HIBRIDO. 05001233300020170120900. 001Demanda. Páginas 1 a 7.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025)
Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

negativamente a la petición y argumentó que las expresiones «célibes» y
«permanezcan en estado de celibato» del artículo 250 del Decreto 1211 de 1990 fueron
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-588 del 12 de
noviembre de 1992.

3.7. En el recurso de apelación en el que alegó que el fallecimiento de su padre fue
anterior a la mencionada sentencia, por lo que no le eran aplicables sus efectos al
caso particular. Con la Resolución 3869 del 12 de mayo de 2015 Cremil confirmó la
decisión recurrida debido a que «no cumplía con el requisito de la dependencia
económica».

3.8. El 6 de julio de 2015 falleció la madre de la demandante y la entidad demandada
ordenó la extinción de la pensión a ella sustituida través de la Resolución 386 del 3
de febrero de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como normas violadas se citaron los artículos 2, 13, 25, 48, 53 y 123 de la
Constitución Política de Colombia; 137 y 138 del CPACA; y 250 a 252 del Decreto
1211 de 1992.

5. En cuanto al concepto de violación, señaló lo siguiente:

5.1. La entidad demandada incurrió en la violación de los artículos 250 a 252 del
Decreto 1211 de 1990 al negar el reconocimiento de la sustitución solicitada, razón
por la cual los actos administrativos demandados infringieron las normas en que
debieron fundarse.

5.2. Los actos demandados incurrieron en falsa motivación al negar la sustitución de
la asignación de retiro con fundamento en que no había cumplido con el requisito
de dependencia económica, pues se partió de una premisa falsa y no se probó que
no cumplía con aquel requisito, pues se debió aportar «si quiera prueba sumaria».

1.2. Contestación de la demanda

6. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se opuso a las pretensiones de la
demanda, por las razones que se expresan a continuación4:

6.1. La asignación de retiro se reconoció al sargento viceprimero del Ejército

4 Samai, índice 2. 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202505162zi(.zip). 05001 23 33 000 2017 01209

00 HIBRIDO. 05001233300020170120900. 001Demanda. Páginas 92 a 103.

3

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

Nacional Silverio Menjura Avendaño mediante la Resolución 10 del 10 de enero de
1951, quien falleció el 23 de junio de 1992.

6.2. Mediante la Resolución 1537 del 21 de septiembre de 1992 se ordenó el pago
de la sustitución pensional a favor de Avicena Rico de Menjura en su calidad de
cónyuge sobreviviente y única beneficiaria.

6.3.A través de la Resolución 3084 del 10 de abril de 2015 se negó el
reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro de Silverio Menjura
Avendaño a la demandante, quien pretendía ser reconocida dentro de la referida
prestación en calidad de hija célibe.

6.4. Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-588 del 12 de noviembre
de1992 declaró exequible el artículo 252 del Decreto 1211 de 1992, salvo las
expresiones «célibe» y «permanezcan en estado de celibato», por lo que, las hijas de
un militar que falleciera en goce de asignación de retiro y que pretendiera acceder
a la pensión del beneficiario bajo el argumento de «hijas célibes» no tenían derecho
a la referida prestación.

6.5. El artículo 250 del Decreto 1211 de 1990 determinó que las hijas que
pretendían acceder a la pensión de un militar fallecido en goce de asignación de
retiro debían cumplir dos requisitos de: i) demostrar que no contrajeron matrimonio
en ningún tiempo; y ii) demostrar que al momento de fallecimiento del militar
dependían económicamente de él.

6.6. La demandante solicitó el reconocimiento de la referida prestación a su favor
en calidad de hija célibe solo hasta en el año 2015 y no demostró dependencia
económica al momento del fallecimiento del causante por lo que no cumplió con uno
de los requisitos indispensables para tal fin.

6.7.En la fecha de fallecimiento del causante la demandante tenía 39 años y solo
23 años después reclamó la sustitución pensional bajo el argumento de
dependencia económica «lo cual resulta extraño, la reclamación la presentó con 64 años
de edad, no se entiende como argumenta que durante ese tiempo dependió
económicamente de él» [sic].

6.8. El causante falleció en vigencia del Decreto 1211 de 1990 el cual no previó
dentro del orden de beneficiarios a los hijos mayores de 24 años, salvo que se
tratara de personas «invalidas o incapaces» [sic], en consecuencia, las resoluciones
3084 de 2015 y 3869 del mismo año negaron a la demandante el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional solicitada.

4

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

6.9. A partir de la expedición del Decreto 1211 de 1990 terminó la protección
especial en favor de las hijas célibes, pues ya no gozaban de ningún privilegio por
razón de su soltería y se implantó un sistema que reconocía a los hijos derechos
iguales sin consideración a la condición de celibato.

6.10. La inexistencia de condiciones de invalidez absoluta que impidiera a los hijos
trabajar para la atención de sus necesidades básicas, y ser mayores de 24 años, se
tenía como independencia económica, según diferentes disposiciones legales que
reglamentaron la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, como
los decretos 3071 de 1968, 2337 de 1971, 612 de 1977 y 089 de 1984, que
establecieron la independencia económica como causal de pérdida del derecho.

6.11. Para acceder a la prestación, la demandante debió acreditar una serie de
requisitos, que no demostró. El único presupuesto válido para el disfrute de la
sustitución pensional era que presentara condiciones de invalidez que le impidieran
satisfacer sus necesidades básicas por sus propios medios.

6.12. En el año 2015 se negó la solicitud a la demandante en atención a que
superaba ampliamente la edad de cobertura de la prestación de 25 años, pues tenía
una edad superior a los 60 años y gozaba de independencia económica, pues no
acreditó lo contrario y no existían condiciones de invalidez absoluta que le
impidieran trabajar para atender sus necesidades básicas.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en sentencia
proferida el 31 de marzo de 2025, declaró probada la excepción de legalidad de las
actuaciones de la entidad, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas, con sustento en los siguientes argumentos 5:

8. La normatividad aplicable al caso era la vigente a la consolidación del derecho
pensional, es decir, el Decreto 1211 de 1990, toda vez que, el uniformado falleció el
23 de junio de 1992.

9. Así las cosas, las condiciones observadas por el a quo correspondieron a i) la
filiación respecto del causante: ii) la dependencia económica al momento del
fallecimiento; iii) que la dependencia económica se haya mantenido mientras
percibía la prestación; y iv) haber nacido con anterioridad a la entrada en vigencia
del artículo 215 del Decreto 1211 de 1990.

5 Samai tribunales. Índice 29.

5

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

10. La demandante nació el 25 de mayo de 1953, antes de la entrada en vigencia
del mencionado decreto, asimismo, es hija de Silverio Menjura Avendaño.

11. En cuanto a la dependencia económica, las pruebas apuntaron a que la
demandante era soltera y se dedicó al cuidado de sus padres, sin embargo, la
entidad militar aportó declaraciones juramentadas del año 1992 en las que Martha
Cecilia Menjura Rico manifestó «ser soltera, de profesión secretaria y depender por su
cuenta», en declaración de la misma fecha, la madre de la actora adujo la no
dependencia económica de sus tres hijas.

12. En los alegatos de conclusión, la parte demandante hizo referencia a la
desmejora de su calidad de vida con ocasión de la falta de reconocimiento de la
asignación de retiro de su padre y, posteriormente, de la sustitución de la prestación
reconocida a su madre. Señaló que, a la fecha del fallo, dependía de la ayuda de
sus hermanos y del dinero que obtenía en labores de asistencia en la cocina de un
café y en el emprendimiento de venta de alimentos.

13. La Corte Constitucional señaló que la existencia de un ingreso no anula la
posibilidad de que los beneficiarios fueren dependientes económicos del causante,
pues la dependencia se determinaba por la falta de condiciones materiales mínimas
para mantener su subsistencia, solo sería independiente en el evento en que el
solicitante se valiera por sus propios medios para el mantenimiento de su mínimo
existencial en condiciones dignas.

14. Enel caso concreto tras dos meses del fallecimiento del causante, la
demandante declaró que era secretaria y además «sostuvo depender por su propia
cuenta».

15. La parte activa no demostró que, al momento del deceso del uniformado esta
careciera de los medios económicos para su sostenimiento, ni que dependiera
económicamente de su padre para subsistir, por lo cual no le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro en calidad de hija.

1.4. El recurso de apelación

16. La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo sustentó en los
siguientes términos6:

17. En la fecha de fallecimiento del uniformado, no trabajaba y, si bien aceptó haber

6 Samai tribunales índice 32. 11_MemorialWeb_Alegatos-ApelacionSentencia(.pdf).

6

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

realizado la declaración juramentada en la que manifestó que era soltera y no
dependía económicamente de su padre «al igual que su madre, lo hicieron motivadas
por el desconocimiento, porque la mamá pensaba que si no se hacían estas declaraciones
no le reconocerían la pensión de sobrevivientes, sin embargo, insiste en que todo el tiempo
estuvo al cuidado de ambos padres» (sic).

1.5 Pronunciamiento en segunda instancia

18. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6 El Ministerio Público.

19. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

20. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia8, se circunscribe a establecer:

¿si Martha Cecilia Menjura Rico en su calidad de hija célibe tenía derecho al
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro reconocida a su padre,
Silverio Menjura Avendaño, y posteriormente a su madre Avicena Rico de Menjura,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 del Decreto 1211 de 1990?

7 Samai, índice 5.
8 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

7

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La sustitución pensional

21. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos9.

22. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente es
aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 10.

23. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección
y control del Estado y, asimismo, es considerado un derecho irrenunciable.

24. La Corte Constitucional ha señalado que la prestación mencionada «constituye
uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la
seguridad social»; igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia,
sin que se vea alterada la situación social y económica con que contaban en vida del
pensionado o afiliado que ha fallecido».

25. Asimismo, ha precisado que responde «a la necesidad de mantener para sus
beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban
en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, no en
pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria»11.

26. Respecto del beneficio que tienen la hija célibe de los miembros de la Policía
Nacional al reconocimiento de la sustitución pensional, se estableció en los decretos
2340 de 1971, 2062 de 1984 y en el artículo 169 y 207 del Decreto 1212 de 1990,
lo siguiente:

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
10 Sentencia T-564 de 2015.
11
Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2010.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025)
Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

«[…] ARTICULO 169. Sustitución pensional. Al cónyuge supérstite de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional, a los hijos inválidos absolutos y a las hijas célibes
que hayan tenido el derecho consagrado o disfrutado de la sustitución de asignación de
retiro o pensión prevista en el Decreto 981 de 1946, se les restablecerá el derecho a
partir del veintisiete (27) de abril de 1979, a continuar percibiendo la prestación del
causante, en la forma consagrada en este Decreto.

[…]

ARTICULO 207. Derechos hijas célibes. A partir de la vigencia del presente Decreto, las
hijas célibes del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en actividad
o en goce de asignación de retiro o pensión, por las cuales se tenga derecho a devengar
subsidio familiar y a la prestación de servicios médico-asistenciales, continuarán
disfrutando de tales beneficios mientras permanezcan en estado de celibato y dependan
económicamente del Oficial o Suboficial. Igualmente, tendrán derecho a sustitución
pensional, siempre y cuando acrediten los requisitos antes señalados. […]».

27. El Decreto 1211 de 1990, «por el cual se reforma el Estatuto del Personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares», dentro de las prestaciones
periódicas por retiro, estableció en el artículo 163 la asignación de retiro, así:

«Artículo 163. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean
retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a
calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de
Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener
causa justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud
propia después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que
trata el Artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince
(15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo
monto.

Parágrafo 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que
durante la vigencia de este estatuto se retiren con treinta (30) o más años de
servicio, ser equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
fijadas en el Artículo 158, liquidadas en la forma prevista en este mismo
Decreto.

9

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025)
Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre
de 1968, con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la
asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las
partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación»

28. En cuanto a la extinción de la citada prestación el artículo 188 ibidem dispuso lo
siguiente:

«Artículo 188. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente
Decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o
Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo o en goce de asignación
de retiro o pensión militar, se extinguen para el cónyuge si contrae nuevas
nupcias o hace vida marital y para los hijos, por muerte, independencia
económica, matrimonio o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años,
salvo los hijos inválidos absolutos de cualquier edad y los estudiantes hasta
la edad de veinticuatro años (24), cuando unos y otros hayan dependido
económicamente del Oficial o Suboficial y mientras subsistan las condiciones
de invalidez y estudios […]»

29. Por su parte, el artículo 250 del Decreto 1211 de 1990 se ocupó de los
derechos de las hijas célibes en los siguientes términos:

«Artículo 250. Derechos hijas célibes. A partir de la vigencia del
presente Decreto, las hijas célibes del personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, en actividad o en goce de
asignación de retiro o pensión, por las cuales se tenga derecho a
devengar subsidio familiar y a la prestación de servicios médico-
asistenciales, continuarán disfrutando de tales beneficios mientras
permanezcan en estado de celibato y dependan económicamente del
Oficial o Suboficial. Igualmente, tendrán derecho a sustitución
pensional, siempre y cuando acrediten los requisitos antes señalados»

30. La Corte Constitucional, en sentencia C-588 del 12 de noviembre de 1992,
declaró inexequibles los términos «célibes» y «permanezcan en estado de celibato»
del artículo 250 del Decreto Ley 1211 de 1990, dejando como factor para acceder a
la pensión de beneficiarios, la dependencia económica, con lo cual desaparece el
estado de celibato como factor a considerar no solo para percibir la prestación, sino
para mantener el derecho a la pensión.

31. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto del 21
de mayo de 2003 indicó que «el derecho a la sustitución pensional de las hijas de los
oficiales y suboficiales no es por naturaleza vitalicio y está sujeto a una condición resolutoria
aún con anterioridad a la sentencia C- 588 de 1992, razones por las cuales si la beneficiaria

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llega a gozar de independencia económica y dispone de medios que le garanticen su
congrua subsistencia8 , habrá de operar la causal de extinción de la pensión».

32. Por lo anterior el derecho al disfrute de la asignación de retiro o su extinción
dependen de las condiciones específicas de la hija del uniformado fallecido en
cuanto a su capacidad de velar por su subsistencia y manutención, siempre que
hubieren dependido de él al momento de su fallecimiento.

2.2.2. Sobre la dependencia económica

33. La dependencia económica fue definida por esta Sección como la «situación de
subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su ‘modus
vivendi’. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del
beneficiado [...] una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
desprendida de ostentación o suntuosidad alguna»12.

34. Este requisito ha sido objeto de análisis por la Corte Constitucional y esta
corporación. Por ejemplo, en la sentencia C-111 de 2006, al estudiar el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, aquella señaló que no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de
recursos, «propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección,
abandono, miseria o indigencia», sino que basta la comprobación de la imposibilidad
de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los ingresos
indispensables para subsistir de manera digna. Es decir que la dependencia
económica debía entenderse como «la falta de condiciones materiales que les permitan
[...] suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida esta, en términos reales
y no con asignaciones o recursos meramente formales». A renglón seguido sostuvo:

«De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un
criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido
de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible
para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar
los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de
beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y
absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el
contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de
proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad
humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que
se encuentre cada beneficiario.

Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la
subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional

12 Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, expediente 0448-2012.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente,
vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la
citada prestación.

20. En este orden de ideas, a juicio de la Corte, al exigir la disposición
acusada la demostración de una dependencia económica “total y absoluta”,
establece una hipótesis extrema que termina por hacer nugatoria la
posibilidad que tienen los padres del causante de acceder a la pensión de
sobrevivientes, lo que desconoce el principio constitucional de
proporcionalidad, pues indudablemente sacrifica derechos de mayor entidad,
como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad humana y los principios
constitucionales de solidaridad y protección integral a la familia.» [se resalta]

35. A partir de lo anterior, estableció como reglas que i) para tener independencia
económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales
que garanticen la subsistencia y la vida digna; ii) el salario mínimo no es
determinante de la independencia económica; iii) no constituye independencia
económica recibir otra prestación; por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de
pensiones no opera tratándose de la pensión de sobrevivientes; iv) esta no se
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación
mensual o un ingreso adicional; v) los ingresos ocasionales no generan
independencia económica, es necesario percibir ingresos permanentes y
suficientes; y vi) poseer un predio no es prueba suficiente para acreditarla [la
independencia].

36. Posteriormente, en la sentencia C-066 de 2016, al examinar los literales c) y e)
del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puntualizó que la dependencia económica
debía ser comprendida como la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza
de los beneficiarios del causante de la pensión para auto proporcionarse o mantener
su subsistencia; adicionalmente debía entenderse que la presencia de ciertos
ingresos no constituía falta de esta, ya que tan solo «se es independiente cuando el
solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones
dignas».

37. Agregó que la condición de acceso por dependencia económica con la expresión
«sin ingresos adicionales», iba en contravía de que una persona en condiciones de
discapacidad subordinada al causante pudiera procurarse algún medio de sustento,
acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión u oficio.

38. Por ello, consideró que la demostración de la ausencia total de ingresos
constituía una barrera de acceso para la superación de las personas en condición
de discapacidad, «siendo necesaria la adecuación de la norma en la medida que si bien
se mantenga la dependencia como requisito de ingreso, la misma no acentúe la
discriminación, sobre todo si se tiene que en el caso de los padres, la subordinación
pecuniaria es parcial, no se justifica porque en el caso de los hijos inválidos deba ser total,

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

entre otras, siendo titulares de mejor derecho, en tanto que están en el mismo orden de
prelación del cónyuge o la compañera permanente, y ante su existencia, desplazan a los
padres del causante».

39. Ahora, aunque las anteriores consideraciones fueron expuestas para las
pensiones de sobrevivientes del régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la
jurisprudencia también ha establecido esas reglas cuando se trata de miembros de
la Fuerza Pública. Por ejemplo, en la sentencia T-281 de 2002, al resolver sobre el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor del hijo de un exsargento
de la Policía Nacional, sostuvo que «la independencia económica se refiere a tener la
autonomía necesaria para sufragar los costos de la propia vida, sea a través del ejercicio
de la capacidad laboral o de un patrimonio propio».

40. Además, esta Sección precisó que el criterio dirigido a que «la dependencia
económica no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos, sino
en la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia»; ello, aunado a que
«dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales y
legales que enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a las personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta»13..

41. Lo anterior también fue expuesto en la sentencia del 11 de noviembre de 2021,
en la cual se agregó que esta noción «comprende la falta de condiciones materiales
mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes para
auto – proporcionarse o mantener su subsistencia, por lo tanto, la presencia de ciertos
ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el
solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones
dignas»14.

2.3. Lo probado

42. En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

43. Reconocimiento pensional al causante:

43.1. Mediante la Resolución 010 del 10 de enero de 195115 Cremil le reconoció a
Silverio Menjura Avendaño la asignación de retiro a partir del 1º de julio de 1950.

13 Subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-25-000-2009-00193-01

(2211-12).
14 Subsección B, expediente 5467-18.
15 Samai, índice 2. 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202505162zi(.zip). 05001 23 33 000 2017 01209

00 HIBRIDO. 05001233300020170120900. 001Demanda. Páginas 16 y 17.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

43.2. Según el Registro Civil de Defunción 901009216, Silverio Menjura Avendaño
falleció el 23 de junio de 1992.

43.3. Mediante la Resolución 1537 del 21 de septiembre de 199217, Cremil ordenó
el reconocimiento y pago de la pensión de beneficiarios en favor de Avicena Rico
de Menjura en su calidad de cónyuge a partir del 23 de junio de 1992.

44. En cuanto a la sustitución pensional de Martha Cecilia Menjura Rico

44.1. El 20 de agosto de 1992 la demandante rindió declaración juramentada ante
la «Inspección Treces “A” Municipal de Policía» de Medellín en la que dijo «[b]ajo
juramento declaro que en la actualidad soy soltera y dependo por mi cuenta»18.

44.2. En la misma fecha y ante la misma inspección de policía Avicena Rico de
Menjura rindió declaración juramentada en la que manifestó «[b]ajo juramento declaro
que mis tres hijas MARTA CECILIA, VICTORIA EUGENIA y DIANA DEL SOCORRO
MENJURA RICO, no dependen económicamente de mí y son solteras»19.

44.3. El 15 y 16 de octubre de 2014 Carlos Eduardo Díaz Hernández20 y María
Eugenia Salazar Callejas21, rindieron declaraciones extraprocesales en las que
manifestaron conocer a Martha Cecilia Menjura Rico y «[…] que ella es de estado civil
SOLTERA, ya que no ha contraído matrimonio por lo civil ni por los ritos de la religión
católica, además no hace vida marital de hecho con nadie ni ha procreado hijos».

44.4. Según el Registro Civil de Defunción 0380447122 Avicena Rico de Menjura
falleció el 6 de julio de 2015.

44.5. El 21 de agosto de 201523 Rosa Elvira Monsalve Álvarez, Seneida Moscoso
Restrepo y Marta Adela Giraldo Castro rindieron declaraciones extraprocesales en
las que aseguraron conocer a Silverio Menjura Avendaño y «que él era quien asistía
económicamente a su hija Martha Cecilia Menjura Rico, quien es de estado civil SOLTERA
y no ha procreado hijos».

44.6. El 16 de marzo de 2015 la demandante en calidad de «hija célibe» del
causante radicó petición ante Cremil en la que solicitó la sustitución de la asignación

16 Página 21 ibidem.
17 Páginas 159 a 161 ibidem.
18 Página 151 ibidem.
19 Página 154 ibidem.
20 Páginas 70 a 71ibidem.
21 Página 68 ibidem.
22 Página 59 ibidem.
23 Páginas 72 a 74 ibidem.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

de retiro24.

44.7. En la Resolución 3084 del 10 de abril de 201525 Cremil negó la anterior petición
dado que la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones «célibe» y
«permanezcan en estado de celibato», del artículo 250 del Decreto 1211 de 1990.

44.8. Con la Resolución 3869 del 12 de mayo de 201526, Cremil confirmó la
Resolución 3084, en la que justificó que Martha Cecilia Menjura Rico no tenía
derecho a la pensión de beneficiarios de Silverio Menjura Avendaño, por no cumplir
con la totalidad de los requisitos del artículo 250 del Decreto 1211 de 1990 pues no
demostró la dependencia económica al momento del fallecimiento del causante.

44.9. Cremil declaró la extinción de la sustitución de asignación de retiro mediante
la Resolución 386 del 3 de febrero de 201627.

45. En audiencia del 16 de abril de 2018 se recibieron los siguientes testimonios:

45.1. Carlos Eduardo Díaz Hernández conoce a la demandante desde 1997, en
la comunidad cristiana a la que ambos pertenecían, «la trató en el contexto pastoral y
de consejería», y que durante ese tiempo la demandante se dedicó de manera
exclusiva al cuidado de su madre, quien perdió movilidad progresivamente, por lo
que estuvo en atención de sus necesidades de alimentación, aseo y cuidado
general, hasta su fallecimiento.

45.2. Sabe que cursó el bachillerato completo, pero no si tenía estudios superiores,
que tuvo alguna actividad comercial sin carácter fijo, y que después del fallecimiento
de su madre comenzó a trabajar en una cafetería de un familiar en la que se
desempeñó en «labores de atención y cocina».

45.3. Sus recursos provenían de manera informal de la cafetería que era liderada
por su sobrina y el esposo, en una relación que calificó como «contraprestación
informal».

45.4. No le conoció relación sentimental alguna, pero sí que no tenía hijos y que
convivía con sus hermanas y algunos sobrinos, entre ellos una hermana con 4 hijos.

45.5.Estuvo pendiente del cuidado de su padre Silverio durante su vejez y
enfermedad, y que mientras sus padres estuvieron vivos, su sostenimiento provenía

24 Páginas 164 a 165 ibidem.
25 Páginas 52 a 53 ibidem.
26 Páginas 56 a 58 ibidem.
27 Páginas 61 a 63 ibidem.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

de la pensión que recibía el padre.

45.6. Martha tiene limitaciones físicas de movilidad, tenía una prótesis en una rodilla
«y en ocasiones no se movía por el dolor». Tuvo una intervención quirúrgica hace
aproximadamente 7 años, aunque los problemas de movilidad «venían de tiempo
atrás» y creía que debía aportar algo para el mantenimiento del hogar.

45.7. Juan Ignacio Salazar Correa conoció a la demandante desde hace
aproximadamente 28 años, era «vecina de su esposa» y emprendieron una amistad.
Igual a los padres y ella siempre se dedicó a su cuidado; el padre ya estaba enfermo
en el momento en que lo conoció y falleció posteriormente.

45.8. No sabe si tiene estudios superiores, sin embargo, «se desempeña bien en la
parte culinaria como un conocimiento de carácter técnico». La actividad económica
dependía de la generosidad de sus hermanos y que mientras su madre estaba viva,
ella administraba los recursos provenientes de la pensión de los padres.

45.9. Los padres no le dejaron ningún bien de manera específica, la casa en la que
vivía con dos hermanos y 3 sobrinos era de sus padres y estaba en proceso de
sucesión.

45.10. No conoció que hubiese tenido relaciones sentimentales y los recursos para
el cuidado de sus padres provenían de la pensión que estos recibían.

45.11. Después del fallecimiento de la madre la situación económica se tornó difícil
y precaria, al punto que dependía de sus hermanos. En total eran 9 hijos algunos
vivían en Australia y Martha vivía en la casa junto con dos hermanas, quienes
trabajaban, razón por la cual ella asumió el cuidado de los padres.

45.12. Martha dedicó su vida a cuidar a sus padres y no ha podido ingresar al
mercado laboral por su edad y por el alejamiento prolongado del entorno laboral
derivado del cuidado de sus padres.

45.13. María Cristina Monsalve Álvarez conoció a la demandante desde hace
aproximadamente 19 años a través de la comunidad cristiana, sin embargo, ella
dejó de asistir a la iglesia por las exigencias del cuidado de sus padres. Sostenían
una relación cercana, pues se reunían en la casa de la demandante.

45.14. Se dedicó al cuidado de su madre y no tuvo más posibilidades para desarrollar
su vida personal. Su salud se fue deteriorando desde el fallecimiento de aquella, a
causa de caídas y problemas de salud.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

45.15. Terminó el bachillerato y trabajó uno o dos años. En la actualidad prepara de
manera esporádica brownies y muffins para una cafetería, aunque esa labor no
constituía una actividad económica estable.

45.16. No conoció que hubiese tenido relaciones sentimentales, sabía que no tenía
hijos y que «vivía con su hermana Victoria, su hermana Claudia, su sobrina Marcela y otros
sobrinos, con quienes tiene dificultades para cubrir los gastos del hogar».

45.17. No pudo desarrollar una actividad económica constante por sus limitaciones
físicas, derivadas de varias cirugías de rodilla. Mientras los padres estaban vivos el
sostenimiento del hogar dependía de la pensión del padre, desde el fallecimiento de
la madre la situación cambió de manera significativa, «incluso en las condiciones de
alimentación».

45.18. Creía que las limitaciones físicas se debieron a un «sobreesfuerzo en los
cuidados prestados a su madre», que padecía de fibromialgia o alguna afección en la
rodilla, aunque no tiene certeza del diagnóstico.

45.19. No tenía ningún inmueble a su nombre y la casa donde vivía hacía parte de
la herencia del padre, respecto de la cual existía un proceso de sucesión en curso.

45.20. Adriana Arboleda Gómez conoció a la demandante porque «eran vecinas de
toda la vida» y sostenían una relación de amistad. Martha era técnica en secretariado
bilingüe y trabajó en un hotel, pero tuvo que renunciar para dedicarse al cuidado de
su padre.

45.21. «Trabajó cerca de Telecom» pero al poco tiempo renunció para asumir el cuidado
de su madre. Siempre dependió económicamente de su padre y desde que este
falleció su situación económica se tornó difícil.

45.22. Tenía prótesis en las rodillas. Por su edad le resulta difícil conseguir trabajo.
Vivía con dos hermanas y 4 sobrinos. Ocasionalmente «vendía lasañas o ayudaba
a una sobrina en la logística de una cafetería, pero no estaba vinculada
formalmente», aunque no creía que percibiera un ingreso fijo por ello.

45.23. Martha era soltera y no tenía hijos. Vivió toda su vida con sus padres y
hermanos, que en total eran 9 y algunos vivían en Australia.

45.24. Terminó su formación técnica a los 17 años y trabajó un tiempo en un hotel al
que renunció para dedicarse al cuidado de sus padres. Su salud se deterioró a
causa de las cirugías de rodilla.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

45.25. No pagaba canon de arrendamiento ya que vivía en la casa de los padres y
que existía un proceso de sucesión en curso respecto de ese inmueble. No sabe
cómo costea sus gastos médicos ni si sus hermanas le colaboran económicamente
de manera directa.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto

46. El tribunal declaró probada la excepción de legalidad de las actuaciones de
Cremil y negó las pretensiones de la demanda en atención a que Martha Cecilia
Menjura Rico no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente,
pues no acreditó la dependencia económica al momento del fallecimiento del
causante.

47. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, toda vez que, al momento
del fallecimiento del causante, ella no trabajaba y las declaraciones ante la
inspección se realizaron por desconocimiento, bajo la creencia de que si no se
realizaban no le reconocerían la pensión de sobreviviente a su madre, sin embargo,
siempre estuvo al cuidado de ambos padres.

48. Es preciso señalar que el derecho a la sustitución pensional se estableció como
un mecanismo de protección a los familiares del trabajador pensionado, ante el
posible desamparo en el que pueden quedar por la muerte de este, es decir, es una
protección directa a la familia. En tal sentido la Corte Constitucional en sentencia T-
128 de 2012 indicó que la sustitución pensional busca «evitar que las personas
allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el
simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y
orfandad al permitirles gozar post-mortem del [e]status laboral del trabajador fallecido».

49. De acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 185 del Decreto 1211 de
1990 si no hubiere cónyuge o compañero(a) permanente sobreviviente, la pensión
corresponderá íntegramente a los hijos en las proporciones de ley.

50. Se precisa que para acceder a la sustitución pensional el régimen aplicable es el
previsto para la época del deceso del causante, que en el caso objeto de estudio es
el Decreto 1211 de 1990. Así lo ha sostenido esta sección en la sentencia del 4 de
marzo de 2021, proferida en el proceso con radicado 23001-23-33-000-2014-00074-
02 [6180-2018], que señaló: «[a]hora bien, en cuanto a la normativa que prevé la
sustitución pensional, esta subsección en diferentes oportunidades ha considerado que las
disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.».

18

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

51. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU 108 del 11 de
marzo de 2020, proferida en los expedientes T-7.599.111 y T-7.607.991
[acumulados], precisó que «[s]egún la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, la norma aplicable a las solicitudes de
sustitución pensional es la vigente al momento de fallecimiento del causante.».

52. Encuentra la sala que la normativa aplicable al presente asunto es la vigente a
la consolidación del estatus pensional, que en el caso en estudio es el Decreto 1211
de 1990, por ende, los requisitos y condiciones son i) la filiación o parentesco con
el causante de la prestación; ii) la dependencia económica el momento del
fallecimiento de este; y iii) que dicha dependencia se mantenga mientras se percibe
la prestación28.

53. En cuanto al primer requisito, quedó acreditado que Martha Cecilia Menjura Rico
es hija de Silverio Menjura Avendaño.

54. No obstante, para la Sala no se cumplió con el requisito de la dependencia
económica en tanto, por una parte, según la declaración juramentada rendida el 20
de agosto de 1992 la demandante indicó bajo la gravedad de juramento que era
soltera y que «dependo por mi cuenta». Asimismo, obra en el expediente la
declaración juramentada rendida por su madre en la que, después del fallecimiento
del causante, indicó que sus tres hijas, incluida Martha Cecilia Menjura Rico «no
dependen económicamente de mí y son solteras» y, aunque en el recurso de apelación
se señaló que lo manifestado en estos actos se realizó «por desconocimiento» esta
afirmación no desvirtúa las actuaciones desplegadas por la demandante y su madre,
ni elimina el valor probatorio de las declaraciones juramentadas rendidas en su
momento.

55. Por otra parte a pesar de que en los testimonios rendidos se indicó que dependía
de sus padres y de la «generosidad de sus hermanos» el testigo Carlos Eduardo Díaz
Hernández indicó que trabajó en una cafetería en « labores de atención y cocina»,
asimismo, Adriana Arboleda Gómez afirmó que la demandante era técnica en
secretariado bilingüe y trabajó en un hotel y, aunque no se precisaron las fechas
específicas en que ello aconteció, si es un indicio de que contaba con la capacidad
de obrar sin requerir de la tutela de otra persona para efectos de «auto proporcionarse
o mantener su subsistencia» pues a la fecha del fallecimiento del causante tenía 39
años y no hay constancia de que tenga una situación de invalidez.

28 Así lo expresó esta corporación en sentencia del 23 de noviembre de 2026 radicado 52001-23-

33-000-2018-00405-01 (2168-2021).

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

56. Finalmente, no puede pasarse por alto que el causante falleció el 23 de junio de
1992 y que la demandante solicitó el reconocimiento de la sustitución de la
asignación de retiro solo hasta el 16 de marzo de 2015, razón por la cual permaneció
en inactividad por casi 23 años y si bien la demandante alegó que en ese tiempo
despendía de su madre, se reitera que según las declaraciones juramentadas que
obran en el proceso, la demandante se sostenía por su propia cuenta, por lo tanto
se concluye que la prestación no le era vital o necesaria para su subsistencia.

57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Martha Cecilia Menjura
Rico en calidad de hija no cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento
y pago de la sustitución de la asignación de retiro causada por el fallecimiento de
Silverio Menjura Avendaño y, por lo tanto, confirmará la sentencia de primera
instancia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

58. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.

61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

62. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

2.6. Conclusión

63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Martha Cecilia Menjura
Rico no acreditó los requisitos establecidos en las normas aplicables para efectos
de la sustitución de la asignación de retiro de la que era beneficiario Silverio Menjura
Avendaño.

64. Enesas condiciones, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que negó las pretensiones de
la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que negó las pretensiones de
la demanda presentada por Martha Cecilia Menjura Rico contra la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, Cremil, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Demandante: Martha Cecilia Menjura Rico

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

SSPS

22

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