Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01917-02
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01917-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01917-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01917-02 (1578-2026)
Demandante: Sergio Yepes Correa
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Temas: Gastos de representación como factor salarial. Imprescriptibilidad de
aportes a pensión. CONFIRMA Sentencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Sergio Yepes Correa interpuso demanda en contra de la Fiscalía
General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones SAG 002509 del 10 de agosto de
2016 y 23805 del 23 de diciembre de 2016, por medio de las cuales la FGN negó
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y se confirmó dicha
negativa respectivamente. Igualmente, del acto ficto o presunto mediante el cual
se resolvieron las demás peticiones laborales respecto de la reliquidación del
salario y las prestaciones sociales conforme al 100 % de la asignación básica,
teniendo en cuenta que dejó de percibir el 50 % del salario por haberse
reconocido el mismo a título de gastos de representación. Esto durante los años
1 Se precisa que, si bien el 20 de agosto de 2021, en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia, suscribió impedimento para conocer del asunto (art. 141-1) de manera conjunta con los demás
magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo de Estado, el 20 de octubre del 2022,
dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior, estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se
enmarca en ninguna causal de impedimento y, en gracia de discusión, actualmente, la Subsección B, en
distintos pronunciamientos, lo ha declarado infundado. De ahí que, es innecesario manifestarlo.
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2013 y siguientes mientras se siga ocupando un cargo beneficiario de dicho
emolumento o uno similar.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer y pagar la prima
especial de servicios como factor salarial y la reliquidación pago del salario y las
prestaciones sociales sobre la base del 100 % del salario, previo reconocimiento
del 50% del salario que le había sido descontado por concepto de gastos de
representación, desde junio de 2013 hasta la fecha en que ocupe el cargo o uno
similar.
4. Que se continúe pagando el 100% de los ingresos mensuales y las primas
mencionadas al demandante, con sus respectivas consecuencias prestacionales.
5. Que se actualicen los valores de conformidad con el IPC y se paguen intereses
moratorios.
HECHOS
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
7. Que prestó sus servicios a la Fiscalía General de la Nación, desde 1.º de julio de
1992 y el 3 de agosto de 2016, solicitó la reliquidación y pago del 100 % del
salario y las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, el pago de la porción de salario
que le fue descontada en un 50% a título de gastos de representación y sus
consecuencias prestacionales. Petición que fue negada mediante los actos
administrativos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera vulnerados los artículos 23 y 25 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 5 y
12, inciso 3.º del decreto 219 de 2016; 7, 11, 12 y 13 de la ley 476 de 1998; 11,
12 y 30 del decreto 057 de 1993; 14 de la ley 4.ª de 1992
9. Que el acto administrativo demandado fue expedido con desconocimiento de la
normatividad vigente, pues la prima especial de servicios ha debido ser
reconocida como un adicional sobre el salario sin carácter salarial, por lo que no
se puede restar dicho emolumento del salario básico ya asignado.
10. Considera que los gastos de representación deben cancelarse también en forma
adicional al salario, contrario a lo que ha venido haciendo la entidad al descontar
el 50% de la asignación básica para pagarla a título de gastos de representación,
por lo que, a este tipo de funcionarios se les cancela solo el 50% de su
remuneración, lo que igualmente repercute en la liquidación de sus prestaciones
sociales.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. La demanda se admitió el 22 de enero de 2018. La entidad2 manifestó que se ha
liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional con sujeción a lo previsto
en los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal.
12. Que a partir del año 2003 se eliminó de los decretos salariales, la prima especial
de servicios correspondiente al 30 % de la asignación básica en favor de los
funcionarios de la FGN, sin que a la fecha se hayan declarado nulos, por lo que
a la entidad no le compete cancelar ningún emolumento correspondiente a las
vigencias reclamadas por el demandante y, en consecuencia, su petición carece
de objeto.
13. Considera que, de accederse a lo pretendido, se desconocería la presunción de
legalidad con que gozan los decretos expedidos por el Gobierno nacional por
medio de los cuales se fija el régimen salarial y prestacional de este tipo de
servidores desde el año 2003 y en adelante.
14. Propuso como excepciones las de cumplimiento de un deber legal, carencia de
objeto y la genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, en sentencia del
veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)3, declaró la nulidad de los
actos demandados, bajo el argumento de que la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no
una disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios.
16. Que de conformidad con lo preceptuado en la Ley 4.ª de 1992 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, dicho emolumento solo constituye factor salarial para
efectos de establecer la base de cotización del Sistema General de Pensiones y
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
17. Que teniendo en cuenta que el demandante laboró en calidad de fiscal delegado
ante los jueces del circuito especializados, desde el 1.º de enero de 20174 hasta
el 3 de agosto de 2021 y reclamó prestaciones desde el 2013, no hay lugar al
pago por reliquidación de prestaciones sociales sobre el 100 % del salario con
inclusión del 30% a título de prima especial, pues durante el periodo reclamado
la entidad no le descontó dicho emolumento de la asignación básica.
18. Sin embargo, señaló que dentro de dicho lapso no se le pagó la prima especial
2 Ver folios 91 a 104 del expediente físico.
3 Ver archivo digital denominado «51Sentencia_No104Rad000201701917(.pdf) NroActua 70» visible a índice
00070 de SAMAI del Tribunal.
4 Afirmación que se extrae del texto original de la sentencia. Sin embargo, de las pruebas obrantes en el
proceso se desprende que el demandante laboró al servicio de la FGN desde el 1.º de julio de 1992 en el
cargo relacionado.
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de servicios, pues la misma le fue reconocida solo a partir del 1.º de enero 2021,
por lo que tiene derecho al pago de dicha prestación como una adición al salario
desde el 3 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020 sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo al
cargo desempañado.
19. En cuanto a los gastos de representación, afirmó que, atendiendo al criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional, dichos emolumentos sí constituyen
factor salarial porque fueron creados por la ley con carácter permanente, por lo
menos en lo que atañe al sector público, por lo que deben tenerse en cuenta para
la liquidación de varias prestacionales, conforme lo establece el Decreto 1045 de
1978.
20. Que, en el presente asunto, no se evidencia una reducción salarial del 50% al
asignar dicha proporción a los gastos de representación, por lo que la Fiscalía ha
liquidado las prestaciones sociales del actor teniendo en cuenta dicho
emolumento, de conformidad con la ley.
21. Al respecto recordó que, contrario a lo afirmado por el demandante, el mismo
Estatuto Tributario habilita el pago de los gastos de representación a otros
funcionarios públicos e incluso pueden considerarse como una renta exenta para
algunos de ellos, por lo que la interpretación realizada por la entidad resulta
ajustada a derecho.
22. De otro lado, afirmó que las sumas causadas con anterioridad al 3 de agosto de
2013 se encuentran prescritas, atendiendo a que la reclamación administrativa
fue presentada el 3 de agosto de 2016 y se interpuso demanda el 17 de julio de
2017. Sin embargo, señaló que dicho fenómeno no aplica para el caso de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por lo que ordenó
efectuar las cotizaciones pensionales desde el 1.º de junio de 2013, fecha desde
cuando pidió el reconocimiento el demandante.
23. En este sentido, declaró no probadas las excepciones de cumplimiento de un
deber legal y carencia de objeto propuestas en la contestación.
RECURSOS DE APELACIÓN
24. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí
mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que
no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de
prescripción de las acreencias laborales de 3 años.
25. Afirmó que, aunque desde el año en que iniciaron a ejercer como fiscales y hasta
la fecha se reconocieron los aportes a pensión sobre el 70 % del salario, esto no
5 Ver archivo digital denominado «54_MemorialWeb_Recurso-APELACIONPENSIONS(.pdf) NroActua 74»,
visible a índice 00074 del SAMAI del Tribunal.
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afecta el derecho a la pensión, el cual tiene dos requisitos, esto es, las semanas
cotizadas y la edad.
26. Por tanto, solicitó se revoque el numeral quinto de la sentencia apelada en cuanto
ordenó el pago de los aportes sin atender al término prescriptivo.
27. La parte demandante6 apeló la decisión de primera instancia al afirmar que los
gastos de representación deben sumarse al salario, pues son de libre disposición
del funcionario para las expensas en que incurre en representación de la entidad
para la cual labora.
28. Que su salario se ha visto disminuido, pues la entidad, contrario a lo dispuesto
en la ley, ha sustraído de este el 50% a título de gastos de representación, por lo
que su salario y prestaciones sociales se han calculado sobre un 50% de la
asignación básica y no sobre un 100% como lo ordena la ley.
29. Que, de conformidad con el estatuto tributario, las exenciones tributarias solo se
establecieron para los fiscales delegados ante tribunales, pero no para los
fiscales delegados ante los jueces, por lo que lo percibido por el demandante
debe corresponder a salario en su totalidad
30. Que se encuentra probado dentro de las colillas de pagos aportadas que, al
momento de realizarse el pago del salario, este se fraccionó, por lo que se
evidencia que solo se pagó el 75% como salario y el 25% fue asignado como
gastos de representación, reduciéndose de forma indebida su ingreso laboral.
31. Por lo anterior, solicitó sea revocada la sentencia apelada en lo que respecta al
no reconocimiento de los gastos de representación y en su lugar se reconozca el
100% del salario y los gastos de representación desde la presentación de la
demandada.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
32. El 21 de julio de 2026 se admitió el recurso7. Ni las partes, ni el agente del
Ministerio Público se pronunciaron.
33. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
34. Deberá resolver la Subsección conforme al recurso de la demandada si hay lugar
a efectuar aportes a pensión o si se predica el fenómeno prescriptivo respecto de
dicho emolumento y del recurso del demandante, si los gastos de representación
hacen parte del salario y constituyen factor salarial.
6 Ver archivo digital denominado «56_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 75»,
visible a índice 00075 del SAMAI del Tribunal.
7 Ver archivo digital denominado «4Autoqueadmite_15782026Admite(.pdf) NroActua 5» visible a índice 00005
de SAMAI.
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Cuestión previa
35. Se tiene que parte de los argumentos expuestos en el recurso interpuesto por la
demandada, se basan en una comprensión equivocada por parte de la entidad
de la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues la controversia no
recae sobre el reconocimiento pensional, ni sobre la prescripción de las mesadas,
sino sobre la carga de efectuar correctamente las cotizaciones al sistema general
de seguridad social, por lo que el estudio se hará atendiendo a esta última
obligación.
36. Aclarado lo anterior, se precisa que, debido a que el señor Yepes Correa radicó
su petición para exigir la reliquidación y pago del 100% del salario y las
prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios, el 3 de
agosto de 20168, es posible concluir que se encuentran prescritas las sumas
adeudadas por concepto de prima especial con anterioridad al 3 de agosto de
2013, tal como lo estimó el Tribunal.
37. Ahora bien, en relación con el estudio de esta excepción frente a los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se aclara que estos
constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable9 y, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199310 son obligatorios, no solo por
su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema11.
38. Sí surgía entonces, para la entidad accionada, el deber de efectuar la respectiva
reliquidación con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados por el
lapso del periodo reclamado por el actor, en el que se desempeñó como fiscal
delegado ante los jueces del circuito especializado, por el cual se hace titular del
derecho al pago de la prima especial, así este haya prescrito, porque, en todo
caso, tal haber laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones. En consecuencia, se confirmará la
sentencia apelada en ese sentido.
Los gastos de representación en el sector público
39. En relación con los gastos de representación en el sector público, resulta
necesario precisar que estos constituyen un factor salarial integrante de la
8 Ver folios 16 y 17 del expediente físico.
9 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
10 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
11 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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remuneración de determinados servidores públicos, en atención a la jerarquía,
dignidad y responsabilidades propias del cargo desempeñado. En consecuencia,
no corresponden a erogaciones ocasionales ni a simples mecanismos de
reembolso de gastos operativos, sino a un componente permanente de la
estructura salarial legalmente prevista para ciertos empleos públicos.
40. Dicho sustento normativo se encuentra de forma expresa en el Decreto Ley 1045
de 1978, norma que establece la obligatoriedad de incluir los gastos de
representación en diversos componentes prestacionales. Así, el artículo 17 de la
referida norma los reconoce como factor para la liquidación de vacaciones y la
respectiva prima de vacaciones; por su parte, el artículo 33 ordena su inclusión
para el cómputo de la prima de navidad y el artículo 45 los instituye como base
para el cálculo de las cesantías y las pensiones.
41. Por consiguiente, el alcance de este concepto trasciende la liquidación de
prestaciones comunes y proyecta sus efectos hacia la seguridad social y otras
contingencias laborales. Por consiguiente, los gastos de representación deben
ser contabilizados para la determinación del ingreso base de liquidación de los
conceptos señalados, así como para el reconocimiento de licencias de
maternidad, auxilios por enfermedad e indemnizaciones derivadas de accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales12. De esta manera, se garantiza el
respeto a la integridad del salario y la protección de los derechos irrenunciables
de los servidores estatales.
42. El 10 de febrero de 197513 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado señaló que los gastos de representación constituyen factor salarial,
porque «fueron creados por la ley, con carácter permanente, para beneficio
personal del empleado, en gracia de la posición que ocupa, de la jerarquía del
empleo, de la dignidad que implica y de las responsabilidades señaladas al cargo
mismo».
43. En dicho concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil precisó que los gastos de
representación no corresponden a expensas ocasionales efectuadas por el
servidor en beneficio de la administración, sino que constituyen una suma
reconocida «con carácter permanente, para beneficio personal del empleado»,
razón por la cual integran ordinariamente su remuneración y deben ser
considerados como factor salarial para efectos prestacionales.
44. Dentro del marco de la Ley 4ª de 1992, los gastos de representación se
configuran como un componente del régimen salarial cuya determinación
corresponde al gobierno nacional, en desarrollo de la competencia otorgada por
el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política. Esta potestad se
ejerce respecto de los servidores señalados en el artículo 1 de dicha ley, esto es,
los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, cualquiera sea
12 Ver artículo 46 del Decreto 1045 de 1978.
13 Consejero Ponente Jaime Betancur.
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su sector o denominación; los empleados del Congreso de la República, de la
rama judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, de la
Organización Electoral y de la Contraloría General de la República; los miembros
del Congreso y los integrantes de la Fuerza Pública.
45. A su vez, el artículo 2, literal ll), de la Ley 4ª de 1992 facultó expresamente al
gobierno nacional para establecer gastos de representación cuando las
circunstancias lo justifiquen, lo que evidencia que este concepto forma parte del
régimen salarial de determinados servidores públicos. Su reconocimiento guarda
relación con la naturaleza del cargo, el nivel jerárquico, las responsabilidades
asignadas y las calidades exigidas para su desempeño.
46. Por su parte, el artículo 4 habilitó al gobierno nacional para modificar el régimen
de viáticos, gastos de representación y comisiones de los servidores antes
mencionados, lo que confirma que estos conceptos integran el ámbito propio de
la regulación salarial. En consecuencia, los gastos de representación no
constituyen simples reembolsos de erogaciones ocasionales, sino un
reconocimiento ligado a la jerarquía, dignidad y responsabilidad del cargo,
previsto legalmente como parte del régimen salarial de los servidores públicos
allí determinados.
47. Esa naturaleza se refuerza además en el ámbito de la Fiscalía General de la
Nación, pues el artículo 5 del Decreto 53 de 199314 expedido por el gobierno
nacional en virtud de la Ley 4ª de 1992, dispuso que «los empleos de la Fiscalía
General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que
tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que
regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual
excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes». Esta disposición
evidencia que los gastos de representación hacen parte de la remuneración
mensual del servidor y se integran a la estructura salarial del empleo. No
obstante, la norma no estableció un porcentaje único, fijo o uniforme para todos
los cargos de la entidad, pues tales porcentajes dependían de las disposiciones
salariales vigentes aplicables a cada empleo.
48. En efecto, el Decreto 903 de 1992, expedido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992,
fijó porcentajes variables de gastos de representación para determinados cargos
de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Justicia Penal Militar, lo que
demuestra que este componente salarial no respondía a una regla uniforme de
distribución salarial, sino a criterios asociados al nivel y naturaleza del cargo
desempeñado. Así, por ejemplo, el artículo 5 dispuso que el 64% de la
remuneración mensual del viceprocurador general de la nación tendría el carácter
de gastos de representación, mientras que el artículo 6 estableció que para
algunos cargos de la Procuraduría General de la Nación dicho porcentaje
correspondería al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual.
14 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía
General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
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49. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C - 250 de 2003 señaló que «el
concepto de gastos de representación […] en el sector público […] se han
considerado factor salarial y benefician al empleado, al paso que en el sector
privado, esos gastos son expensas que se hacen en beneficio de la empresa, y
no pueden, desde la perspectiva tributaria, emplearse como instrumento para
mejorar el ingreso real de los empleados, porque tal mejoría se haría para
trabajadores privados, pero con cargo a las finanzas públicas, por la reducción
en el producido del impuesto».
50. En la sentencia C-461 de 2004, reiteró que «los gastos de representación son
emolumentos que se reconocen excepcional y restrictivamente a empleados de
alto nivel jerárquico para el cumplimiento de sus funciones y que, en el sector
público, son constitutivos del salario».
51. En síntesis, los gastos de representación no tienen como finalidad remunerar de
manera autónoma o adicional la prestación personal del servicio, sino garantizar
el adecuado ejercicio de funciones públicas asociadas a cargos de dirección,
representación institucional y alta responsabilidad. Su reconocimiento responde
a la necesidad de preservar las condiciones inherentes a la jerarquía, dignidad y
representación del empleo público, razón por la cual el ordenamiento jurídico los
incorporó como parte de la estructura salarial de determinados cargos y no como
una prestación independiente.
52. En concordancia con lo anterior, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992 habilitó al
gobierno nacional para modificar el régimen de viáticos, gastos de representación
y comisiones de los servidores antes mencionados, lo que confirma que estos
conceptos integran el ámbito propio de la regulación salarial.
De los gastos de representación en este caso
53. El demandante sostuvo que la entidad fraccionó indebidamente su salario al
reconocer una parte de la remuneración bajo el concepto de gastos de
representación, con la consecuente afectación de la base salarial y prestacional.
54. Al respecto, la Sala evidencia que el actor confunde el tratamiento que se le ha
venido dando a los gastos de representación tanto en el sector público como en
el privado, pues como se ha señalado, en aquel constituye salario y beneficia al
trabajador en tanto se encuentra incluido dentro de su asignación mensual;
mientras que, en este, solo se cancela en forma excepcional, adicional al salario
y como contraprestación por un servicio específico prestado por el empleado en
favor de la empresa.
55. Bajo este contexto y con fundamento en el marco normativo citado, si bien se
encuentra acreditado que dentro de la remuneración percibida por el actor se
reconocieron valores por concepto de gastos de representación, tal circunstancia
no demuestra automáticamente una disminución del salario ni permite concluir la
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existencia de diferencias salariales o prestacionales pendientes de pago a su
favor.
56. Lo anterior obedece a que correspondía a la parte actora acreditar que la entidad
demandada excluyó indebidamente de la base de liquidación de sus prestaciones
sociales algún factor salarial que, de conformidad con el ordenamiento jurídico,
debía integrarla, o demostrar la existencia de sumas efectivamente adeudadas
por tal concepto, carga probatoria que no fue satisfecha en el presente proceso
al tenor del artículo 167 del CGP15.
57. Esto es así, porque no tiene asidero legal ni jurisprudencial la afirmación del
demandante según la cual los gastos de representación deben ser reconocidos
como un emolumento adicional e independiente del salario de modo que haya
ocurrido un fraccionamiento de su asignación mensual al establecer dicho haber
como parte integrante del salario básico.
58. De ese modo, la asignación básica mensual está conformada por el salario básico
y los gastos de representación establecidos anualmente por el gobierno nacional,
rubros que no son independientes o que no deban calcularse de manera aislada
como sugiere el apelante. En tal sentido, no se acreditó que la entidad hubiera
desmejorado la base salarial del señor Sergio Yepes Correa con ocasión del pago
de los gastos de representación que le fueron reconocidos, ni que dicho factor
salarial haya sido excluido de la liquidación de las prestaciones sociales.
59. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la pretensión orientada al
reconocimiento de un pago adicional derivado de los gastos de representación a
favor del demandante, por lo que se confirmará la sentencia en este sentido.
60. De otro lado, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de
septiembre de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado16,
mediante la cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos
salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima
especial creada por el artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario
y no como un pago adicional equivalente al 30% de aquel y concluyó que «la
prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que
además ella es una adición a éste».
De la condena en costas en segunda instancia
15 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
16 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01917-02 (1578-2026)
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, como ninguna de las peticiones de los recursos de apelación
interpuestos por las partes fueron concedidas, la Sala se abstendrá de condenar
en costas, atendiendo a que no es posible establecer que alguna de las partes
fuera vencida en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de
la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25
000 2018 01101 00 (3974-2018).
Segundo. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintiuno (21) de mayo de
dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Transitoria.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01917-02 (1578-2026)
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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