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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02102-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02102-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia del 27 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que, en su lugar, disponga: “Sexto. Condenar en costas en primera instancia a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a favor de la señora María Fabiola Mejía Muñeton”. SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada. TERCERO. PRESCINDIR de la condena en costas en segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02102-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02102-02 (2310-2025)
Demandante: María Fabiola Mejía Muñeton
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Tema: Emolumentos salariales y prestaciones. Gastos de
representación. Remuneración mensual de los fiscales delegados
antes los jueces.

Decisión: Modificar parcialmente la sentencia de primer grado.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 27 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 10 de agosto de 2017, la señora María Fabiola Mejía Muñeton, por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda1 en contra de la Nación –
Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la nulidad del Oficio SAG 002512
de 10 de agosto de 20162 y la Resolución 20003 de 2 de enero de 20173, por medio
de los cuales se negó el carácter salarial de la prima especial, así como el acto ficto
negativo sobre las peticiones relacionadas con el reconocimiento y pago del 100 %
del salario y valores correspondientes por reliquidación de prestaciones sociales. A
título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de los
saldos impagos de su salario y prestaciones sociales desde 2013.

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que laboró en la
Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante los jueces de circuito
especializado de Medellín y, desde 1993, se acogió al régimen salarial de las Leyes
4 de 1992 y 332 de 1996.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Respuesta derecho de petición, radicado N° 201600370598062 del 3 de agosto de 2016».
3 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación».

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Demandante: María Fabiola Mejía Muñeton

3. El 3 de agosto de 2016, presentó una petición por medio de la cual
reclamó el pago de la prima especial de la Ley 4 de 1992 y el saldo pendiente
por concepto de salario ante la indebida aplicación del rubro de gastos de
representación que generó una disminución del 50 % de su asignación salarial.

4. Mediante Resolución SAG 002512 de 10 de agosto de 2016, la entidad
negó la mencionada solicitud, tras considerar que no tenía competencia para
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional de sus funcionarios y, en
todo caso, los pagos realizados habían tenido en cuenta los parámetros
establecidos por las normas vigentes. Esta decisión fue confirmada en apelación
a través de la Resolución 20003 de 2 de enero de 2017.

5. Como fundamento de la vulneración4, señaló que la entidad demandada,
de forma ilegal, dejó de incluir el 30 % de la prima especial como factor salarial.
Además, indicó que los gastos de representación deben sumarse al salario
porque son de libre disposición del funcionario, no obstante, en su caso, estos
fueron restados al mismo. Indicó que la entidad demandada solo pagó el 50 %
del salario, pues el 50 % restante lo atribuye a gastos de representación y lo
descuenta de la asignación mensual asignada por decreto.

Contestación de la demanda

6. La Nación – Fiscalía General de la Nación adujo que los salarios y
prestaciones sociales de la demandante fueron liquidados y pagados con estricta
sujeción a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia
fiscal.

7. Sostuvo que desde el 2003, se eliminó de los decretos salariales fijados
por el Gobierno Nacional para los empleados de la Fiscalía General de la Nación
la prima especial del 30 % como factor salarial y, en consecuencia, la entidad no
adeuda ningún emolumento laboral para las vigencias siguientes a esa fecha.

8. Alegó que no podía reconocer, por iniciativa propia, una prima sobre la
que la demandante no era destinataria y la ley no se la concedía, pues ello
implicaría la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Adujo igualmente
que la prima en comento hace parte del salario básico indicado en la tabla
salarial.

9. Invocó como excepciones las de «cumplimiento de un deber legal» y
«carencia de objeto».

Sentencia apelada

4 Como normas violadas se invocaron los artículos 23 y 25 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 5 y 12

del Decreto 57 de 1993; 7, 11, 12 y 13 de Decreto 219 de 2016; así como la Ley 476 de 1998.

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Demandante: María Fabiola Mejía Muñeton

10. Mediante sentencia de 27 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la nulidad del Oficio SAG 002512 de 10 de agosto de 2016 y la
Resolución 20003 de 3 de enero de 2017; ordenó a la Nación – Fiscalía General de
la Nación a reconocer y pagar a la demandante la prima especial como adición al
salario desde el 3 de agosto de 20135, y realizar los respectivos descuentos de ley
y aportes al sistema de seguridad social integral; declaró la prescripción de los
derechos laborales causados con anterioridad al 3 de agosto de 2013; y negó las
demás pretensiones de la demanda.

11. Señaló que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los
beneficiarios de la prima especial, como la señora Mejía Muñeton, tenían derecho
al reconocimiento y pago de las diferencias resultantes a su favor por la reliquidación
de sus prestaciones salariales, considerando el 100% de su salario sin excluir el
30% descontado a título de prima especial, sin superar el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional y que solo constituía un factor salarial (como adición) para
efectos de pensión de jubilación.

12. Indicó que como quiera que desde el 2003, la prima especial fue eliminada
de los decretos salariales anuales de la Fiscalía General de la Nación, a partir de
esa fecha no fue descontado del salario de los servidores el 30 % a título de prima
especial y, por consiguiente, no había lugar a reliquidación de prestaciones sociales
alguna por ese concepto a partir de esa fecha.

13. Explicó que, dado que la reclamación administrativa se presentó el 3 de
agosto de 2016, quedarían prescritas las acreencias causadas con anterioridad al
3 de agosto de 2013.

14. Sostuvo que la sentencia C-250 de 2003 de la Corte Constitucional, en
atención a la postura asumida por el Consejo de Estado6, precisó que los gastos de
representación en el sector público constituyen factor salarial y fueron creados por
la ley para el beneficio personal del empleado en virtud de su posición, jerarquía y
responsabilidades.

15. Expuso que de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, no se
redujo del salario de la señora Mejía Muñeton el 25 % a título de gastos de
representación, pues, por el contrario, dicho concepto había sido tenido en cuenta
en todas las liquidaciones salariales y prestacionales a su favor.

16. Concluyó que la Nación – Fiscalía General de la Nación ha actuado
apegada a la ley y no se evidenció la reducción salarial alegada por concepto de
gastos de representación.

17. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, tras considerar que no
estaban acreditadas las condiciones legales para su imposición.

5 «sin que en ningún caso la totalidad de los ingresos de la demandante superen el porcentaje

máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo al cargo correspondiente».
6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 10 de febrero de 1975.

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Demandante: María Fabiola Mejía Muñeton

Recurso de apelación

18. La señora Mejía Muñeton, además de insistir en los argumentos de la
demanda, señaló que los gastos de representación por definición deben sumarse al
salario por tratarse de «los gastos en los que incurre [el empleado] en
representación de la entidad para la cual labora».

19. Expuso que, según la sentencia C-461 de 2004 de la Corte
Constitucional, los gastos de representación son emolumentos que se reconocen
excepcional y restrictivamente a empleados de alto nivel jerárquico para el
cumplimiento de sus funciones y son constitutivos del salario, en los términos del
Decreto 1045 de 1978.

20. Indicó que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1 de febrero de
2011 (35771), sostiene que estos no tienen el propósito de enriquecer el
patrimonio del trabajador pues deben ser utilizados exclusivamente «en labores
relacionadas con el protocolo comercial o en actividades relacionadas con
promociones u operaciones de venta». En consecuencia, un trabajador con
labores netamente operativas y/o administrativas no puede considerarse que
actúa en nombre de la empresa y no es dable asignarle una remuneración bajo
el concepto de gastos de representación, pues ello supone la intención del
empleador de evitarse ciertas cargas laborales de forma fraudulenta.

21. Argumentó que los gastos de representación para los fiscales delegados
ante los jueces municipales, promiscuos, de circuito y especializados no cuentan
con exención tributaria, pues el artículo 206 del Estatuto Tributario solo se refiere
a los fiscales delegados ante los tribunales.

22. Manifestó que en el proceso quedó demostrado que la asignación
mensual está fraccionada en sueldo básico y gastos de representación, por lo
que termina pagándose solo el 75 % de lo que establecen los decretos salariales,
reduciendo así la base del ingreso en un 25 %.

23. Reparó en que las costas en primera instancia estaban acreditadas, pues
actuó en el proceso por conducto de apoderado judicial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante auto de 7 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de
apelación. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

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Demandante: María Fabiola Mejía Muñeton

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si Nación – Fiscalía General de la Nación
liquidó y pagó de forma correctamente los salarios y prestaciones sociales de la
señora María Fabiola Mejía Muñeton, o si por el contrario se realizaron descuentos
indebidos de su asignación salarial el porcentaje correspondiente a gastos de
representación, en su condición de fiscal delegada ante los jueces penales de
circuito especializado. Asimismo, se establecerá si debía o no condenarse en costas
en primera instancia a la parte demandada.

27. Sobre el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, la
reliquidación de prestaciones sociales y la prescripción no se hará consideración
alguna, en tanto ello no fue objeto de apelación y, en consecuencia, escapa de la
competencia funcional del juez de segunda instancia, en los términos del artículo
328 del CGP.

Análisis del problema jurídico

28. La Sala modificará parcialmente la sentencia de primera instancia del 27 de
mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al concluir que
no se acreditó la reducción salarial de la demandante por una presunta aplicación
indebida de los gastos de representación, pero si debía haberse condenado en
costas a la parte demandada.

29. Para resolver, es preciso señalar que, en el sector público, los gastos de
representación han tenido un tratamiento particular y diferente al que corresponde
en el sector privado7. En ese sentido, resulta determinante la consagración que se
hace de los mismos en los Decretos Ley 1042 y 1045 de 19788, pues en ellos se le
da la connotación de factor salarial9 10, así como la de parte constitutiva de la base
de liquidación de las primas de servicio11, viáticos12, vacaciones y prima de

7 Sobre el particular puede consultarse: Corte Constitucional, sentencias C-1060A de 2001, C-250

de 2003 y C-461 de 2004; Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 10 de
febrero de 1975.
8 Es preciso señalar que existieron normas anteriores, propias del sector público, que hacen

referencia a este emolumento laboral, v. gr. Decreto 2285 de 1968.
9 Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 42.
10 Sobre el tratamiento que se da a los gastos de representación en el sector privado, el artículo 128

del Código Sustantivo del Trabajo señala que estos son pagos no constitutivos de salario, pues el
trabajador los recibe no para su beneficio o el enriquecimiento de su patrimonio sino para
desempeñar a cabalidad sus funciones.
11 Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 59.
12 Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 62.

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vacaciones13, prima de navidad14, cesantías y pensiones15, auxilios por
enfermedad y maternidad, indemnización por accidente de trabajo y por
enfermedad y seguro por muerte16.

30. Posteriormente, la Ley 4 de 1992, aplicable a los empleados de la Fiscalía
General de la Nación17, establece que el Gobierno Nacional, con base en los
criterios y objetivos contenidos en su artículo 2, podrá modificar el régimen de los
gastos de representación. En virtud de esta norma, han sido expedidos, entre otros,
los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de
1998, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de
2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087
de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017 y 343 de 2018, por medio de los cuales se
dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la entidad demandada.

31. En lo que respecta concretamente a los gastos de representación, estos
decretos establecieron una fórmula constante según la cual los empleos de la
Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración
mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas
vigentes que regulan la materia.

32. En ese sentido, las disposiciones citadas no reconocen los gastos de
representación como una suma adicional a la remuneración mensual fijada para
el respectivo empleo, sino que establecen que un porcentaje de esta tiene dicho
carácter. Por tanto, los gastos de representación forman parte de la estructura de
la remuneración prevista para el cargo18, y no constituyen un emolumento
independiente19que deba adicionarse a esta.

33. Para el presente caso, la Sala tiene por probado, a partir de la constancia
de servicios prestados expedida por la Sección de Talento Humano de la Fiscalía
General de la Nación, que la señora Mejía Muñeton, desde el 1 de enero de 2014,
ocupó el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales de circuito
especializado. Asimismo, según las constancias de tesorería de la mencionada
entidad, prestó sus servicios hasta el mes de julio de 2016.

34. Asimismo, de la información contenida en los mismos certificados de los
valores devengados y deducidos, se evidenció que, para los periodos

13 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 17.
14 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 33.
15 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45.
16 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 46.
17 Ley 4 de 1992, artículo 1, literal b.
18 V. gr. el Decreto 664 de 2008 estableció que «[p]ara los Fiscales Delegados ante Jueces Penales

de Circuito Especializados, los Directores Seccionales y los Jefes de Oficina de la Fiscalía General
de la Nación el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de
representación».
19 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de

agosto de 2025, Rad. 05001-23-33-000-2017-01583-02 (6592-2024); sentencia de 22 de mayo de
2026, Rad. 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023).

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reclamados, entiéndase de 2013 a 2016, la demandante percibió los montos
establecidos en los decretos salariales para esos años.

Decreto Devengado
Año Remuneración Asignación Gastos de
Número Total20
mensual básica representación
2013 1035 6.595.997 3.297.998 3.297.999 6.595.997
2014 205 6.789.920 3.394.960 3.394.960 6.789.920
2015 1087 7.106.331 3.553.166 3.553.165 7.106.331
2016 219 7.658.493 3.829.247 3.829.246 7.658.493

35. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que la parte demandante no
acreditó de forma alguna la disminución salarial que reclamó, pues, incluso, sus
argumentos y pretensiones sobre la adición de los porcentajes de gastos de
representación a la remuneración mensual, no pueden prosperar, ya que, como se
indicó, los gastos de representación, de una fiscal delegada, como la recurrente
representan una porción de la remuneración mensual pero no se reconocen como
una acreencia o emolumento adicional o autónomo, es decir, el porcentaje
catalogado como gastos de representación no incrementa el salario ni constituye un
pago adicional.

36. En ese sentido, la señora Mejía Muñeton, en los términos del artículo 167
del CGP, no probó los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que perseguía y, en consecuencia, se concluye que no se demostró la
presunta disminución del rubro gastos de representación sobre el salario
devengado. La carga de la prueba no se satisface con la mera presentación de
elementos de juicio (documentos), si (i) sobre estos la parte no explica con
suficiencia el alcance y mérito de cada uno de ellos para probar el supuesto de las
normas cuya consecuencia jurídica persigue o (ii) los mismos (entiéndase los
medios de prueba),21.

37. Por lo demás, contrario a lo alegado en el recurso de apelación, ni la
Administración, ni el tribunal desconocieron la naturaleza salarial de los gastos de
representación. Lo que se estableció fue que, conforme al régimen aplicable a la
demandante, dicho concepto corresponde a un porcentaje de la remuneración
mensual fijada para el respectivo empleo y no una suma adicional a esta. En
consecuencia, la asignación básica y el porcentaje correspondiente a gastos de
representación integran, en conjunto, la remuneración mensual del cargo, sin que
haya lugar a adicionar nuevamente este último concepto.

38. Las providencias de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia no desvirtúan de forma alguna la tesis del tribunal,

20 Si bien los certificados dan cuenta de mayores valores devengados mes a mes, ello se debe a la

inclusión de la denominada bonificación judicial, respecto de la cual no hay discusión en el proceso
de la referencia.
21 Sobre los conceptos de carga de la prueba, alcance técnico y mérito probatorio, puede consultarse:

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de julio de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2019-
00360-01 (29.475).

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pues en ellas se reconoce el carácter de factor salarial de los gastos de
representación en el sector público o la diferencia de tratamiento de estos en el
sector privado.

39. En lo que respecta al reparo de la ausencia de beneficio tributario para los
fiscales delegados que actúan ante jueces unipersonales, esta Subsección estima
que dicho alegato escapa del objeto de estudio, dado que la causa petendi en el
asunto de la referencia está relacionado con reconocimiento y pago de acreencias
laborales y no exenciones sobre ingresos constitutivos o no de renta.

Condena en costas

40. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

42. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y
ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se modificará la decisión de primer grado para
condenar en costas en primera instancia a la parte demandada por resultar
vencida, pues si bien se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y de conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del CGP, el juez podría
abstenerse de imponer dicha condena, está demostrado en el proceso que la
parte demandante actuó mediante apoderado judicial. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

44. Aunado a lo anterior, la Sala estima que no procede la condena en costas
en segunda instancia, toda vez que las peticiones del recurso de apelación están
siendo concedidas de manera parcial, por lo que no puede afirmarse que alguna
de las partes haya sido vencida. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.

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Demandante: María Fabiola Mejía Muñeton

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia del
27 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que,
en su lugar, disponga:

“Sexto. Condenar en costas en primera instancia a la Nación –
Fiscalía General de la Nación, a favor de la señora María Fabiola Mejía
Muñeton”.

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.

TERCERO. PRESCINDIR de la condena en costas en segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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