Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02101-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02101-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-02101-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación1
Tema: Gastos de representación. Prima especial de servicios. Artículo
14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fabiola Bermúdez Roa presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de i) la Resolución SAG 002497 del 10 de agosto de 2016
expedida por la subdirectora seccional de apoyo central a la gestión de Antioquia
de la FGN, por medio de la cual le negó el reconocimiento de la prima especial de
1 En adelante FGN.
2 Folios 1 a 12. La demanda fue presentada el 10 de agosto de 2017.
3 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
servicios del 30% como factor salarial, desde el año 2013 en adelante; ii) la
Resolución 23806 del 23 de diciembre de 2016 por medio de la cual confirmó la
anterior decisión; y iii) el acto ficto o presunto originado por la omisión de respuesta
en lo atinente al reconocimiento y pago del salario básico mensual sobre el 100%
con la reliquidación de las respectivas prestaciones sociales «con la inclusión del 50%
por concepto de gastos de representación».
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago a) de la prima especial de servicios «con factor
salarial»; y b) «del salario restante en un 50% […] sobre la base de un 100% del salario»;
ii) la reliquidación de las prestaciones sociales y gastos de representación sobre el
100% del salario, desde el año 2013 en adelante, por el desempeño del cargo de
fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado de Medellín; y iii) la
indexación de las sumas adeudadas con los respectivos intereses moratorios desde
su causación hasta la ejecutoria de la decisión definitiva.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Fabiola Bermúdez Roa se desempeña actualmente como fiscal delegado ante
los jueces del circuito especializado de Medellín4.
3.2. La FGN redujo indebidamente su salario en un 50 %, al pagarle dicho porcentaje
como gastos de representación, y sin reconocer la prima especial de servicios como
un adicional al salario básico mensual.
3.3. El 3 de agosto de 2016, solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales por concepto de prima especial de servicios
y gastos de representación.
3.4. Mediante Resolución SAG 002497 del 10 de agosto de 2016 expedida por la
subdirectora seccional de apoyo central a la gestión de Antioquia de la FGN, la
entidad manifestó que no tenía competencia para efectuar las asignaciones
salariales a los funcionarios de la entidad.
3.5. Por medio de la Resolución 23806 del 23 de diciembre de 2016, expedida por el
subdirector de talento humano, la FGN confirmó la anterior decisión, con omisión de
respuesta respecto del reconocimiento y pago del 100% de salario [con inclusión
del 50% por concepto de gastos de representación] y la reliquidación de las
4 No especificó fecha.
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Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
prestaciones sociales.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 23 y 25 de la Constitución Política; 1, 2, 3,
5 y 12 del Decreto 057 de 1993; 7, 11,12 y 13 del Decreto 219 de 2016; y las leyes
4ª de 1992 y 476 de 1998.
4.1. En cuanto al concepto de violación expuso que los actos demandados son nulos
por desconocer el Decreto 057 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 al no
incluir el 30% de la prima especial de servicios como factor salarial para liquidar
cesantías y prestaciones; y porque redujo indebidamente su salario básico al tratar
dicho porcentaje como prima especial de servicios y no como salario en contravía
de la jurisprudencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de algunos
artículos de decretos que se apartaron de la ley marco para los servidores de la
FGN. Agregó que, conforme con la sentencia C-461 de 2004 de la Corte
Constitucional, los gastos de representación deben integrar el salario, pero el pago
por este concepto fue «disfrazado» al fraccionar el salario en un 50 % como sueldo
y 50 % como gastos de representación, con afectación de la base salarial y las
prestaciones sociales.
1.2. Contestación de la demanda
5. La FGN se pronunció en los siguientes términos5.
5.1. Desde el año 2003 se suprimió la prima especial de servicios, así que liquidó el
salario y las prestaciones sociales sobre el 100% sin fraccionamiento. Por lo tanto,
la asignación salarial y prestacional fue liquidada y pagada conforme con los
decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional y la Ley 4ª de 1992,
sin que exista posibilidad de reconocer conceptos no previstos en dicha normativa.
5.2. Proceden las excepciones de i) prescripción de los periodos causados con
anterioridad al año 2013 al haber presentado la reclamación ante la entidad el 3 de
agosto de 2016; ii) «carencia de objeto» debido a que liquidó y pagó los salarios con
base en el 100% del salario básico mensual, y la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial; iii) «falta de integración del litisconsorcio necesario pasivo6» ya
5 Folios 45 a 60.
6 Por auto del 14 de marzo de 2018 el tribunal negó la excepción propuesta con fundamento en que
las entidades llamadas a integrar el litisconsorcio no expidieron el acto administrativo acusado y no
tenían la calidad de empleador. Índice 2 de Samai.
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_2842023(.zip) NroActua 2» PDF denominado
«002ExpedienteDigitalizado 05001-23-33-000-2017-02101-011» Pagina 291 y 292.
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que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional la tiene el gobierno
nacional. En virtud del principio de solidaridad [artículo 90 superior] se debe vincular
a dicho ente, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a los
ministerios del Interior y de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público; y iv) «la
genérica».
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, profirió sentencia el
12 de octubre de 20227, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la excepción denominada “Carencia de Objeto”,
formulada por la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la excepción de “Prescripción trienal” de los
derechos laborales anteriores al 03 de agosto de 2013, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No. SAG 002497 del 10 de agosto de 2016 “Respuesta derecho de
petición” expedida por la Subdirectora Seccional de Apoyo a la Gestión de Antioquia y
Resolución No. 23806 del 23 de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se resuelve
un recurso de apelación”, expedida por el Subdirector de Talento Humano de la entidad
demandada; además, del acto ficto presunto resultante del silencio negativo en virtud del
artículo 83 del CPACA, mediante el cual se negó el reconocimiento de las demás
peticiones laborales de la demandante. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho:
CUARTO. CONDÉNASE a la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION a
RECONOCER la prima especial correspondiente al 30% del salario y/o asignación
básica que corresponde a la demandante FABIOLA BERMUDEZ ROA, desde el 03 de
agosto de 2013 hasta la desvinculación de la actora, debidamente indexado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en la parte motiva de la sentencia.
SEXTO. No condenar en costas a la demandada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEPTIMO: Dese cumplimiento a la presente sentencia, en los términos de los artículos
192 a 195 del CPACA» (sic).
7. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
7 Índice 2 de Samai. «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_2842023(.zip) NroActua 2» PDF
denominado «005Sentencia».
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7.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un incremento
del salario básico mensual de los funcionarios beneficiarios, y solo tiene carácter
salarial para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.
7.2. Los «funcionarios» de la FGN acogidos al régimen del Decreto 53 de 1993, o
vinculados con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como
un adicional al salario básico mensual y a la reliquidación de sus prestaciones
sociales sobre el 100% del salario básico.
7.3. La demandante estuvo vinculada a la FGN desde el año 2013 [fecha desde la
cual solicita el reconocimiento de sus prestaciones] y se desempeñó como fiscal
delegada ante los jueces especializados.
7.4. No se demostró la existencia de un fraccionamiento indebido del salario, toda
vez que los valores reconocidos y pagados a la actora corresponden a aquellos
previstos en los decretos salariales anuales aplicables al cargo desempeñado, sin
que se advierta reconocimiento autónomo alguno por concepto de prima especial
de servicios.
7.5. Comoquiera que dicha prestación no fue incluida dentro de la estructura
remuneratoria reconocida a la actora, pese a encontrarse prevista normativamente
como un emolumento adicional al salario para el cargo desempeñado, procede el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios equivalente al 30% como
adicional a su salario, desde el 3 de agosto del 2013 hasta que permanezca en el
cargo o en uno de similar naturaleza, con observancia del fenómeno prescriptivo
respecto de las mesadas causadas con anterioridad a dicha data porque la
reclamación fue presentada ante la entidad el 3 de agosto de 2016.
7.6. Con base en la jurisprudencia de las altas cortes, los gastos de representación
en el sector público son permanentes, constituyen factor salarial y benefician
personalmente al empleado por la jerarquía de su cargo. Los pagos efectuados por
la FGN ya poseen naturaleza remuneratoria y constituyen factor salarial [50%],
según el régimen legal aplicable. Estos valores incrementan el patrimonio personal
de la demandante en razón de su jerarquía y no funcionan como reembolso de
expensas operativas. Al no existir prueba de erogaciones propias para representar
a la entidad, la pretensión carece de sustento legal, pues el concepto ya se pagó
íntegramente como parte del salario.
1.4. Los recursos de apelación
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8. La FGN presentó el recurso de apelación con fundamento en lo siguiente8:
8.1. La decisión del tribunal tuvo sustento en la jurisprudencia aplicable a la rama
judicial y no a la FGN sin analizar el régimen salarial y prestacional propio de los
fiscales. Ello desconoce la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2020 por el
Consejo de Estado según la cual existen diferencias sustanciales frente al caso de
los jueces, en particular la extralimitación del gobierno al reconocer a los fiscales
una prima especial de servicios del 30% no prevista en la ley, con efectos en la
liquidación de sus prestaciones.
8.2. Lo anterior, porque desde el año 2003, los decretos salariales de la FGN no
previeron prima especial de servicios para los fiscales. Por ello, desde ese año no
reconoció el 30 % por ese concepto y liquidó el 100 % del salario básico como factor
prestacional, de modo que la condena desconoce que dichas prestaciones ya
habían sido íntegramente pagadas. En consecuencia, liquidó y pagó el régimen
salarial y prestacional conforme con dicha normativa, por lo que acceder a la
pretensión de la demandante implicaría desconocer «la presunción de legalidad que
se predica de los decretos».
8.3. Si se concede la prima especial de servicios del 30 % como adicional al salario
básico en virtud de lo decidido por el Consejo de Estado en la sentencia del 15 de
diciembre de 2020, debe precisarse con claridad en la parte resolutiva que dicha
prima constituye factor salarial únicamente para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión, para evitar interpretaciones y confusiones en su ejecución.
8.4. La demandante presentó recurso de apelación con fundamento en que el tribunal
había negado el reconocimiento de los gastos de representación como salario pese
a que dicho rubro debía integrar el salario en su totalidad, al no existir norma que
autorizara su descuento ni exención tributaria para los fiscales delegados ante los
jueces, y en contravía de lo dispuesto por los decretos salariales aplicables y la
jurisprudencia de las altas cortes. Además, afirmó de manera errada que no se
había acreditado el destino del 50 % reconocido como gastos de representación,
cuando de las colillas de pago y certificaciones obrantes en el expediente se
evidencia que el salario fue fraccionado y que solo se pagó el 50 % como salario,
mientras el restante se asignó como gastos de representación, lo cual redujo
indebidamente la base salarial; por ello, la sentencia carece de motivación suficiente
al negar el pago del salario restante, no obstante reconocer dicho rubro y excluir el
porcentaje reclamado9.
8 Índice 2 de Samai. «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_2842023(.zip) NroActua 2» PDF
denominado «007MemorialRecursoApelacion».
9 Índice 2 de Samai. «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_2842023(.zip) NroActua 2» PDF
denominado «008MemorialRecursoDeApelacion».
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1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.
1.6. Ministerio Público
10. El agente delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto11 extemporáneo12
en el que solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Se circunscribe a establecer ¿si se desconoció el régimen salarial y prestacional
propio de los fiscales y las disposiciones introducidas por los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional desde el año 2003?; ¿si la prima especial de
servicios constituye factor salarial únicamente para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión?; y ¿si los gastos de representación hacen parte del salario
y constituyen factor salarial?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
de la FGN
12. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
13. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
10 Al respecto, ver auto del 11 de diciembre de 2024. índice 25 de Samai.
11 Índice 30 del aplicativo Samai.
12 Según constancia secretarial del 28 de febrero del 2025 que obra a índice 29 de Samai.
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Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
14. Por su parte, mediante el Decreto 53 de 1993, el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
en el cual previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993,
podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en
ese decreto (artículo 2), con la excepción14 establecida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
15. Igualmente, en su artículo 6 señaló: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de
servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad Regional
de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de
Fiscalía, Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores
Regionales, Directores Seccionales, Jefes de Oficina, Jefes de División».
16. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala
salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
14 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
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la liquidación de la pensión de jubilación.
17. Laanterior norma fue aclarada por la Ley 476 de 1998, en el sentido de
establecer que la excepción prevista en la Ley 332 de 1996, que hace alusión a la
Ley 4ª de 1992 no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que
se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes
se vincularan con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos
servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto
53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogaron o lo adicionaron, tendría
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de
la pensión de jubilación.
18. Así las cosas, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
19. Ahora bien, en sentencia del 2 de abril de 2009 15, la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó que «la noción de “prima" como concepto genérico emerge
a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar
cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en
su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima,
entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un
"plus" en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición
normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente
bonificatorio». [Se resalta].
20. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), MP.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
21. En sentencia del 29 de abril de 201416, el Consejo de Estado declaró la nulidad
de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e
acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro
que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición
de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la
mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y
prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario
de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios
a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].
22. Asimismo, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 15 de diciembre de 202017, frente al reconocimiento de la prima
especial para aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53
de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, indicó lo siguiente:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
16 Radicado 11001-03-25-000-2007-00081-00 (1583-2007) Declaró la nulidad del Artículo 9 del
Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de
1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del
Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56
de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13
del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto
44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740
de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de
2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001;
6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y
12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12
del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del
Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6
del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048
de 2007.
17 Radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), conjuez ponente Jorge Iván Rincón
Córdoba.
10
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».
23. A tales conclusiones llegó la sala de conjueces, luego de considerar que «[a]nte
la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria
que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y
no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una
relación de derecho administrativo laboral […] [N]o sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998
consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente
hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el
nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el
artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». De acuerdo con lo
anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un
valor adicional al salario básico.
24. Finalmente, la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202218, declaró la nulidad de los
decretos anuales que establecían el régimen salarial y prestacional para los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, dictados en los años 1993
a 2017, al considerar que el 30% del salario básico mensual de los servidores de
esa entidad «no puede ser considerado como prima especial de servicios, como lo
disponen las normas sub judice […], no puede ser imputada como parte del salario, sino
sumada, agregada, adicionada a éste». [Se resalta].
2.2.2. Los gastos de representación en el sector público
18 Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018), declaró la nulidad de los artículos 6 y 16
del Decreto 53 de 1993, 7 y 18 del Decreto 108 de 1994, 7 y 17 del Decreto 49 de 1995, 7 y 17 del
Decreto 108 de 1996, 7 y 17 del Decreto 52 de 1997, 7 y 18 del Decreto 50 de 1998, 7 y 17 del
Decreto 38 de 1999, 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000, 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001, 7 y 16 del
Decreto 685 de 2002, 15 del Decreto 3549 de 2003, 15 del Decreto 4180 de 2004, 15 del Decreto
943 de 2005, 15 del Decreto 396 de 2006, 15 del Decreto 625 de 2007, 15 del Decreto 665 de 2008,
16 del Decreto 730 de 2009, 16 del Decreto 1395 de 2010, 15 del Decreto 1047 de 2011, 15 del
Decreto 875 de 2012, 15 del Decreto 1035 de 2013, 15 del Decreto 205 de 2014, 16 del Decreto
1087 de 2015, 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.
11
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
25. En relación con los gastos de representación en el sector público, resulta
necesario precisar que estos constituyen un factor salarial integrante de la
remuneración de determinados servidores públicos, en atención a la jerarquía,
dignidad y responsabilidades propias del cargo desempeñado. En consecuencia, no
corresponden a erogaciones ocasionales ni a simples mecanismos de reembolso
de gastos operativos, sino a un componente permanente de la estructura salarial
legalmente prevista para ciertos empleos públicos.
26. Dicho sustento normativo se encuentra de forma expresa en el Decreto Ley 1045
de 1978, norma que establece la obligatoriedad de incluir los gastos de
representación en diversos componentes prestacionales. Así, el artículo 17 de la
referida norma los reconoce como factor para la liquidación de vacaciones y la
respectiva prima de vacaciones; por su parte, el artículo 33 ordena su inclusión para
el cómputo de la prima de navidad y el artículo 45 los instituye como base para el
cálculo de las cesantías y las pensiones.
27. Por consiguiente, el alcance de este concepto trasciende la liquidación de
prestaciones comunes y proyecta sus efectos hacia la seguridad social y otras
contingencias laborales. Por consiguiente, los gastos de representación deben ser
contabilizados para la determinación del ingreso base de liquidación de los
conceptos señalados, así como para el reconocimiento de licencias de maternidad,
auxilios por enfermedad e indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales [artículo 46]. De esta manera, se garantiza el respeto
a la integridad del salario y la protección de los derechos irrenunciables de los
servidores estatales.
28. El 10 de febrero de 197519 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado señaló que los gastos de representación constituyen factor salarial, porque
«fueron creados por la ley, con carácter permanente, para beneficio personal del empleado,
en gracia de la posición que ocupa, de la jerarquía del empleo, de la dignidad que implica
y de las responsabilidades señaladas al cargo mismo».
29. En dicho concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil precisó que los gastos de
representación no corresponden a expensas ocasionales efectuadas por el servidor
en beneficio de la administración, sino que constituyen una suma reconocida «con
carácter permanente, para beneficio personal del empleado», razón por la cual integran
ordinariamente su remuneración y deben ser considerados como factor salarial para
efectos prestacionales.
30. Dentro del marco de la Ley 4ª de 1992, los gastos de representación se
19 Consejero Ponente Jaime Betancur.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
configuran como un componente del régimen salarial cuya determinación
corresponde al gobierno nacional, en desarrollo de la competencia otorgada por el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política. Esta potestad se ejerce
respecto de los servidores señalados en el artículo 1 de dicha ley, esto es, los
empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, cualquiera sea su
sector o denominación; los empleados del Congreso de la República, de la rama
judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, de la
Organización Electoral y de la Contraloría General de la República; los miembros
del Congreso y los integrantes de la Fuerza Pública.
31. A su vez, el artículo 2, literal ll), de la Ley 4ª de 1992 facultó expresamente al
gobierno nacional para establecer gastos de representación cuando las
circunstancias lo justifiquen, lo que evidencia que este concepto forma parte del
régimen salarial de determinados servidores públicos. Su reconocimiento guarda
relación con la naturaleza del cargo, el nivel jerárquico, las responsabilidades
asignadas y las calidades exigidas para su desempeño.
32. A su vez, el artículo 4 habilitó al gobierno nacional para modificar el régimen de
viáticos, gastos de representación y comisiones de los servidores antes
mencionados, lo que confirma que estos conceptos integran el ámbito propio de la
regulación salarial. En consecuencia, los gastos de representación no constituyen
simples reembolsos de erogaciones ocasionales, sino un reconocimiento ligado a la
jerarquía, dignidad y responsabilidad del cargo, previsto legalmente como parte del
régimen salarial de los servidores públicos allí determinados.
33. Esta naturaleza se refuerza además en el ámbito de la Fiscalía General de la
Nación, pues el artículo 5 del Decreto 53 de 199320 expedido por el gobierno
nacional en virtud de la Ley 4ª de 1992, dispuso que «[l]os empleos de la Fiscalía
General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el
carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia.
Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas
establecidas en los artículos siguientes». Esta disposición evidencia que los gastos de
representación hacen parte de la remuneración mensual del servidor y se integran
a la estructura salarial del empleo. No obstante, la norma no estableció un
porcentaje único, fijo o uniforme para todos los cargos de la entidad, pues tales
porcentajes dependían de las disposiciones salariales vigentes aplicables a cada
empleo.
34. En efecto, el Decreto 903 de 1992, expedido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992,
fijó porcentajes variables de gastos de representación para determinados cargos de
20 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
13
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Justicia Penal Militar, lo que demuestra
que este componente salarial no respondía a una regla uniforme de distribución
salarial, sino a criterios asociados al nivel y naturaleza del cargo desempeñado. Así,
por ejemplo, el artículo 5 dispuso que el 64% de la remuneración mensual del
viceprocurador general de la nación tendría el carácter de gastos de representación,
mientras que el artículo 6 estableció que para algunos cargos de la Procuraduría
General de la Nación dicho porcentaje correspondería al cincuenta por ciento (50%)
de la remuneración mensual.
35. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C - 250 de 2003 señaló que «el
concepto de gastos de representación […] en el sector público […] se han considerado
factor salarial y benefician al empleado, al paso que en el sector privado, esos gastos son
expensas que se hacen en beneficio de la empresa, y no pueden, desde la perspectiva
tributaria, emplearse como instrumento para mejorar el ingreso real de los empleados,
porque tal mejoría se haría para trabajadores privados, pero con cargo a las finanzas
públicas, por la reducción en el producido del impuesto. [Se resalta].
36. En la sentencia C-461 de 2004, reiteró que «[l]os gastos de representación son
emolumentos que se reconocen excepcional y restrictivamente a empleados de alto nivel
jerárquico para el cumplimiento de sus funciones y que, en el sector público, son
constitutivos del salario». [Se resalta].
37. En síntesis, los gastos de representación no tienen como finalidad remunerar de
manera autónoma o adicional la prestación personal del servicio, sino garantizar el
adecuado ejercicio de funciones públicas asociadas a cargos de dirección,
representación institucional y alta responsabilidad. Su reconocimiento responde a
la necesidad de preservar las condiciones inherentes a la jerarquía, dignidad y
representación del empleo público, razón por la cual el ordenamiento jurídico los
incorporó como parte de la estructura salarial de determinados cargos y no como
una prestación independiente.
38. En concordancia con lo anterior, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992 habilitó al
gobierno nacional para modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y
comisiones de los servidores antes mencionados, lo que confirma que estos
conceptos integran el ámbito propio de la regulación salarial.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
39.1. Fabiola Bermúdez Roa se vinculó a la FGN desde el 14 de diciembre de 1998
con estado «activo» a la fecha de expedición de las certificaciones, y se desempeñó
como fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos, y del circuito
especializados [este último desde el 20 de octubre de 1999], según constancias del
21 de julio de 201621 y del 20 de octubre de 201722 expedidas por la entidad.
39.2. El 3 de agosto de 201623, solicitó el reconocimiento y pago del salario y la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico mensual
desde el año 2013 en adelante; disminuido i) en un 30% por concepto de prima
especial de servicios; y ii) en un 50% por concepto de gastos de representación.
39.3. La subdirectora seccional de apoyo central a la gestión de Antioquia de la FGN
expidió la Resolución SAG 002497 del 10 de agosto de 201624, por la cual negó la
petición con fundamento en que el salario y las prestaciones fueron liquidadas de
conformidad con la normativa vigente, y no tenía competencia para modificarlo o
interpretarlo.
39.4. Por medio de la Resolución 23806 del 23 de diciembre de 2016 25 expedida por
el subdirector de talento humano de la FGN, se confirmó la anterior decisión con
fundamento en que: i) la nulidad de los artículos de los decretos salariales anuales
expedidos por el gobierno nacional desde el año 1993 hasta el año 2002 no incidía
en el reconocimiento de derechos efectuados para esas vigencias, en la medida en
que las sentencias de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho no eran
vinculantes para el caso de la peticionaria; ii) los decretos expedidos desde el año
2003 en adelante no establecieron la prima especial de servicios, de tal manera que
liquidó el salario y las prestaciones sociales con base en el 100% del salario básico
mensual; y iii) Fabiola Bermúdez Roa carecía de legitimación porque a partir del año
2013 en adelante [periodo reclamado] el referido emolumento hacía parte integral
del salario.
39.5. Mediante constancia del 20 de octubre de 201726 expedida por la FGN, se
relacionaron los valores devengados por Fabiola Bermúdez Roa desde el 1 de enero
de 1999 hasta el 1 de enero de 2017. Para el efecto, se enlistaron los valores
registrados respecto del sueldo y los gastos de representación correspondientes a
los años 2013 en adelante [periodo reclamado en el que se desempeñó como fiscal
21 Folio 34.
22 Folios 122 a 126. Según lo manifestado por la entidad en el acápite de pruebas, pues la
certificación no la contiene.
23 Folios 66 y 67.
24 Folios 15 a 18.
25 Folios 25 a 32.
26 Folios 122 a 126. Según lo manifestado por la entidad en el acápite de pruebas, pues la
certificación no la contiene.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
delegado]. No hay registro en ninguna vigencia por concepto de prima especial de
servicios:
Gastos de
Año Salario
representación
2013 $ 3.297.998 $ 3.297.998
2014 $ 3.394.960 $ 3.394.960
2015 $ 3.553.166 $ 3.553.165
2016 $ 3.829.247 $ 3.829.246
2017 $ 4.087.721 $ 4.087.721
2.3.1. Análisis sustancial del caso concreto
40. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, declaró la nulidad de los actos
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la FGN a pagar el
reajuste salarial del 30% del salario básico mensual por concepto de prima especial
de servicios, desde el 3 de agosto de 2013 hasta la desvinculación.
41. En contra de esta decisión la demandada señaló que el tribunal i) aplicó
jurisprudencia ajena a la FGN, ignoró el régimen salarial específico de los fiscales y
desconoció el precedente del Consejo de Estado contenido en la sentencia del 15
de diciembre de 2020 sobre las diferencias entre jueces y fiscales, en particular la
extralimitación del gobierno al reconocer a los fiscales una prima especial de
servicios del 30% no prevista en la ley; con lo que desconoció la presunción de
legalidad de los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional que
desde el año 2003 suprimieron la prima especial de servicios y generó un doble
pago; y ii) no precisó que dicho emolumento constituye factor salarial
exclusivamente para efectos pensionales.
42. Por su parte, la demandante presentó recurso de apelación en el que cuestionó
que el tribunal hubiese negado la naturaleza salarial de los gastos de representación
pese a que la norma y la jurisprudencia ordenan su integración total al salario y la
demostración del fraccionamiento injustificado del salario [50% salario y 50% gastos
de representación], lo que redujo la base prestacional. En consecuencia, la
sentencia carece de motivación suficiente al admitir la existencia del rubro, pero
excluir su pago prestacional.
2.3.1.1. En torno a la prima especial de servicios
43. Al respecto, la Sala precisa que de conformidad con el marco normativo y
jurisprudencial expuesto, no hubo desconocimiento de la sentencia del 15 de
16
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
diciembre de 2020 ni de los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno
nacional a partir de 200327 mediante los cuales se suprimió la prima especial de
servicios; por cuanto, como se explicó, en la sentencia referida la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado28 estableció unas pautas
respecto de la prima especial de servicios para los servidores de la FGN que se
acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993, o que se vincularon con
posterioridad a la entidad, en virtud del principio de progresividad y no regresividad
con el fin de salvaguardar el nivel de protección laboral alcanzado hasta el año 2002.
De estas pautas se desprende que los beneficiarios tienen derecho al pago de las
diferencias de la prima especial y a la reliquidación prestacional sobre el 100% del
salario básico; dicha prima constituye factor salarial exclusivamente para el ingreso
base de liquidación pensional, con una prescripción de 3 años desde la reclamación.
44. En esa oportunidad, se precisó que « aunque la discusión jurídica presenta notorias
diferencias con aquella que soportan las reclamaciones de los jueces, por todo el recorrido
normativo y jurisprudencial […], en esencia las conclusiones a las que se arriban no difieren
de las establecidas en la sentencia de 2 de septiembre de 2019 en la que se precisó el
alcance del derecho a la prima especial que se reconoce a los funcionarios judiciales».
45. Precisamente, esta tesis fue aplicada por el a quo. Aunque haya hecho referencia
no solo a esa providencia sino también a otras sentencias proferidas por el Consejo
de Estado atinentes a la rama judicial dentro del marco normativo y jurisprudencial
en punto de la discusión de la prima especial de servicios para explicar la creación
y evolución de dicho emolumento y la forma como debe interpretarse, tal situación
que no implica el desconocimiento de las diferencias existentes entre jueces y
fiscales, porque en los dos regímenes es aplicable la prima especial de servicios
como un factor adicional al salario básico mensual tal como ha sido decantado por
esta Sala de decisión.
46. De lo anterior se concluye además que la presunción de legalidad de los decretos
en referencia que dejaron de prever la prima especial de servicios no impone el
desconocimiento de este derecho porque el hecho de no incluir expresamente tal
emolumento no significa su supresión, pues se trata de una prestación creada
directamente por la Ley 4ª de 1992 y desarrollada por normas posteriores [Ley 332
de 1996 y Ley 476 de 1998], cuyo reconocimiento no podía ser eliminado ni reducido
por vía reglamentaria, tal como se señaló en el marco normativo de esta decisión.
47. Por lo tanto, la ausencia de regulación expresa de la prima especial de servicios
27 Que corresponde a los decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de
2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de
2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018, 996 de 2019 y 300 de 2020.
28 Con radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01-00.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
en los decretos expedidos a partir de 2003 no implica su supresión, porque este
derecho tiene origen legal, además de ser reconocido en múltiples sentencias del
Consejo de Estado. En consecuencia, la demandante tenía derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios, esta prima constituye un factor
adicional al salario básico y no puede entenderse como anulada ni desmejorada por
la reglamentación posterior, en aplicación del principio de progresividad y no
regresividad de los derechos laborales.
48. Adicionalmente, debe precisarse que no existe controversia sobre el hecho de
que la prima especial de servicios no fue pagada, pues fue la FGN la que reconoció
que desde el año 2003 dejó de incluir el 30% correspondiente a dicho concepto en
la remuneración de los fiscales, bajo el entendido de que los decretos salariales
expedidos a partir de esa anualidad no la preveían. Esa circunstancia confirma que
el emolumento se adeuda a la demandante, sin que la invocación de la aplicación
de los decretos salariales resulte suficiente para justificar su no reconocimiento.
49. En segundo lugar, respecto de la precisión en la parte resolutiva de la sentencia
en relación con que la prima constituye factor salarial únicamente para las
prestaciones sociales, se advierte que, si bien el tribunal hizo referencia a este
aspecto en el marco normativo y jurisprudencial, no emitió pronunciamiento al
resolver el caso concreto y no dio una orden en tal sentido, pese a que hizo parte
de las pretensiones toda vez que la demandante solicitó que se le reconociera el
factor salarial a dicho emolumento.
50. Por lo tanto, en virtud del principio de congruencia [artículo 281 del CGP29], y
partiendo de lo probado en el expediente, la demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios desde el 3 de agosto de 2013, por prescripción de los periodos
causados con anterioridad a esa data, asunto último que no fue objeto de discusión,
y habida cuenta de la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, se
condenará a la entidad demandada a realizar el pago de los aportes o cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como
ingreso base de liquidación el 30% correspondiente a la prima especial de
servicios30, desde la fecha de la vinculación al cargo que le otorga ese beneficio, es
decir, desde el 1° de enero de 2013 [periodo reclamado por Fabiola Bermúdez Roa]
por el desempeño del cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados, pues
lo cierto es que la prima especial de servicios tiene carácter salarial solo para efectos
de aportes a pensión.
29 Aplicable también por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre
de 2023, Exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, Exp.
05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023)
Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
51. En todo caso, la entidad deberá verificar si a la demandante se le reconoció y
pagó la prima especial de servicios en los términos previstos en el Decreto 272 de
2021, disposición que establece que dicha prima es adicional a la asignación básica
y constituye factor salarial únicamente para efectos del ingreso base de cotización
al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, conforme con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.
52. Se precisa que el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a
que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por
los mismos conceptos aquí reconocidos y en ese sentido se adicionará la decisión
de primera instancia.
53. Para efectos de lo anterior, se advierte que la prima especial de servicios sumada
con la bonificación por compensación y las demás prestaciones percibidas no
pueden superar los topes establecidos por el gobierno nacional.
2.3.1.2. En torno a los gastos de representación
54. La demandante sostuvo que la entidad fraccionó indebidamente su salario al
reconocer una parte de la remuneración bajo el concepto de gastos de
representación, con la consecuente afectación de la base salarial y prestacional.
55. Frente a este planteamiento, la Sala recuerda que, conforme se explicó en el
marco normativo de esta providencia, el artículo 5 del Decreto 53 de 1993 prevé
que los gastos de representación integran la remuneración mensual de
determinados empleos de la FGN y constituyen un componente salarial legalmente
reconocido dentro de la estructura remuneratoria de dichos cargos.
56. En efecto, tal y como se resaltó la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de
2003, los gastos de representación i) corresponden a un determinado porcentaje
del salario; ii) son de libre disposición; iii) representan un componente de la
retribución del servidor; iv) se reconocen por el desempeño de excepcionales
empleos; y v) constituyen factor salarial. Al respecto señaló que «el concepto de
gastos de representación […] en el sector público […] se han considerado factor salarial y
benefician al empleado, al paso que en el sector privado, esos gastos son expensas que
se hacen en beneficio de la empresa, y no pueden, desde la perspectiva tributaria,
emplearse como instrumento para mejorar el ingreso real de los empleados, porque tal
mejoría se haría para trabajadores privados, pero con cargo a las finanzas públicas, por la
reducción en el producido del impuesto. [Se resalta].
57. En consecuencia, componen el salario y, a diferencia de conceptos como la prima
especial, no fueron concebidos como un sobresueldo o una adición al salario, sino
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que su propósito sí era, desde la perspectiva tributaria, emplearlos como
instrumento para mejorar el ingreso real de los empleados. Así, para la Corte «existe
una justificación suficiente para que la ley atribuya una parte de la retribución de jueces
y magistrados a gastos de representación».
58. Además, los decretos expedidos por el gobierno nacional relacionados con el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación han venido reiterando que estos «conservarán el porcentaje de la
remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las
normas vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración
mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes».
59. Además, la finalidad de los gastos de representación en el sector público no es
retribuir de manera autónoma o adicional la prestación personal del servicio, sino
garantizar el adecuado ejercicio de funciones de dirección, representación
institucional y alta responsabilidad inherentes a determinados cargos públicos.
60. Por ello, la jurisprudencia y la normativa aplicable han reconocido que dicho
concepto hace parte de la estructura salarial de ciertos empleos, en atención a la
jerarquía y dignidad de las funciones desempeñadas, sin que su reconocimiento
implique, por sí mismo, un fraccionamiento indebido del salario ni la existencia de
una remuneración paralela o independiente de la asignación básica.
61. En ese contexto, si bien se encuentra acreditado que dentro de la remuneración
percibida por la actora se reconocieron valores por concepto de gastos de
representación, tal circunstancia no demuestra automáticamente una disminución
del salario ni permite concluir la existencia de diferencias salariales o prestacionales
pendientes de pago a su favor.
62. Lo anterior es así porque correspondía a la parte demandante demostrar que la
entidad excluyó indebidamente de la base de liquidación de sus prestaciones,
factores salariales o valores que, conforme con el ordenamiento jurídico, debían
integrarla, o que existían diferencias efectivamente adeudadas por dicho concepto,
circunstancia que no logró acreditarse dentro del proceso
63. Esto es así porque no tiene asidero legal ni jurisprudencial la afirmación de la
demandante según la cual los gastos de representación deben ser reconocidos
como un emolumento adicional e independiente del salario de modo que haya
ocurrido un fraccionamiento de su asignación mensual al establecer dicho haber
como parte integrante del salario básico.
64. De ese modo, la asignación básica mensual está conformada por el salario
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básico y los gastos de representación establecidos anualmente por el gobierno
nacional, rubros que no son independientes o que no deban calcularse de manera
aislada como sugiere la apelante. En tal sentido, no se acreditó que la entidad
hubiera desmejorado la base salarial de Fabiola Bermúdez Roa con ocasión del
pago de los gastos de representación que le fueron reconocidos, ni que dicho factor
salarial haya sido excluido de la liquidación de las prestaciones sociales.
65. Tampoco se demostró la existencia de una disposición normativa aplicable al
caso concreto que estableciera una composición salarial distinta de la efectivamente
reconocida por la entidad.
66. En ese sentido, no obra en el expediente prueba que desvirtúe la presunción de
legalidad de las liquidaciones efectuadas por la entidad demandada ni evidencia
que permita concluir que las prestaciones sociales hubiesen sido calculadas
excluyendo los gastos de representación reconocidos a la actora como parte de su
remuneración mensual.
67. En consecuencia, al no acreditarse una liquidación errónea de las prestaciones
sociales ni la existencia de diferencias salariales efectivamente adeudadas, no hay
lugar a acceder a la pretensión orientada al reconocimiento de un pago adicional
derivado de los gastos de representación.
68. Por lo tanto, se confirmará parcialmente la sentencia proferida el 12 de octubre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante
la cual accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, y se adicionará
en los términos señalados.
2.5. Costas
69. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
70. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
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del procedimiento para su liquidación y ejecución.
71. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
72. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
73. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
74. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) no hubo
desconocimiento por parte del tribunal de la sentencia del 15 de diciembre de 2020
ni de la presunción de legalidad de los decretos salariales anuales expedidos por el
gobierno nacional desde el año 2003 porque la prima especial de servicios tiene
origen legal y ha sido reiterada por la jurisprudencia. Es un derecho que no puede
ser eliminado por normas reglamentarias, en aplicación del principio de
progresividad y no regresividad de los derechos laborales; y ii) Fabiola Bermúdez
Roa no demostró la existencia de saldos pendientes ni errores en la liquidación de
las prestaciones en relación con los gastos de representación, así, incumplió la
carga de la prueba [artículo 167 CGP] al no demostrar la afectación alegada.
75. Se adicionará la sentencia para aclarar que i) la entidad deberá a) pagar los
aportes al Sistema General de Pensiones desde el desde el 1° de enero de 2013
por el desempeño del cargo de fiscal delegada ante los jueces del circuito
especializados, ante la imprescriptibilidad del derecho, teniendo en cuenta como
ingreso base de liquidación el 30% correspondiente a la prima especial de servicios;
b) verificar si la prima especial fue reconocida según el Decreto 272 de 2021; y c)
cumplir con la sentencia, siempre que no se hayan efectuado pagos previos por los
mismos conceptos; y ii) la prima especial de servicios sumada con la bonificación
31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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por compensación y las demás prestaciones percibidas no pueden superar los topes
establecidos por el gobierno nacional.
76. En consecuencia, la Sala adicionará el ordinal 4 de la sentencia proferida el 12
de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Adicionar el ordinal 4° de la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, el cual quedará así:
Cuarto. Condenar a la nación, Fiscalía General de la Nación i) a reconocer la prima
especial correspondiente al 30% del salario y/o asignación básica a Fabiola Bermúdez
Roa, desde el 3 de agosto de 2013 hasta su desvinculación, debidamente indexado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia; ii) a realizar el pago de los
aportes o cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en caso
de no haberse realizado, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, desde el 1° de enero de 2013, debido
a la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social.
En todo caso, la entidad deberá verificar si a la demandante se le reconoció y pagó la
prima especial de servicios en los términos previstos en el Decreto 272 de 2021,
disposición que establece que dicha prima es adicional a la asignación básica y
constituye factor salarial únicamente para efectos del ingreso base de cotización al
Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
conforme con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y en ese sentido se adiciona la decisión de primera
instancia.
Para efectos de lo anterior, se advierte que la prima especial de servicios sumada con la
bonificación por compensación y las demás prestaciones percibidas no pueden superar
los topes establecidos por el gobierno nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Fabiola Bermúdez
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Demandante: Fabiola Bermúdez Roa
Roa contra la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en esta
decisión.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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