Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01803-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01803-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01803-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01803-02 (6557-2024)
Demandante: Beatriz de Silva Osorio Vargas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema: Emolumentos salariales y prestaciones. Gastos de
representación. Remuneración mensual de los fiscales
delegados antes los jueces. Liquidación de prestaciones.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 13 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El 30 de agosto de 2018, la señora Beatriz de Silva Osorio Vargas, por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda1 en contra de la Nación –
Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones
DS-SRANOC-GSA/001069 de 4 de diciembre de 20172 y 2-1242 de 30 de abril de
20183, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago del 100 % del
salario, así como de los valores correspondientes por reliquidación de prestaciones
sociales.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de los saldos impagos de su salario y prestaciones sociales, desde el 17 de
noviembre de 20144.
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Respuesta al Derecho de Petición. Radicado No. 20170370967162 de 17 de noviembre de 2017».
3 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación».
4 Es preciso señalar que si bien es cierto en el escrito de la demanda se formuló una pretensión para
que fuera reconocida y pagada la prima especial como factor salarial, mediante auto de 10 de
septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó el desistimiento de esta, el cual
se había solicitado por la parte demandante a través de escrito de 29 de julio de 2019.
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3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que laboró en
la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante los jueces de circuito
especializado desde 1994, y se acogió al régimen salarial de las Leyes 4 de 1992 y
332 de 1996.
4. El 17 de noviembre de 2017, presentó una petición por medio de la cual
reclamó el pago, entre otros, del saldo pendiente por concepto de salario ante la
indebida aplicación del rubro de gastos de representación que generó una
disminución del 50 % de su asignación salarial.
5. Mediante Resolución DS-SRANOC-GSA-28/001069 de 4 de diciembre
de 2017, la entidad negó la mencionada solicitud, al considerar que no tenía
competencia para establecer o modificar el régimen salarial o prestacional de sus
funcionarios y, en todo caso, los pagos realizados habían tenido en cuenta los
parámetros establecidos por las normas vigentes. Esta decisión fue confirmada
en apelación a través de la Resolución 2-1424 de 30 de abril de 2018.
6. Como fundamento de la vulneración5, señaló que los gastos de
representación deben sumarse al salario porque son de libre disposición del
funcionario, no obstante, en su caso, estos fueron restados. Indicó que la entidad
demandada solo pagó el 50 % del salario, pues el 50 % restante lo atribuye a
gastos de representación y lo descuenta de la asignación mensual asignada por
decreto.
Contestación de la demanda
7. La Nación – Fiscalía General de la Nación adujo que los salarios y
prestaciones sociales de la demandante fueron liquidados y pagados con estricta
sujeción a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia
fiscal. Manifestó que, de conformidad con las planillas de pago y deducciones, se
evidencia que los gastos de representación y el salario básico suman el 100 %
de la remuneración mensual liquidada y pagada a la demandante6.
Sentencia apelada
8. Mediante sentencia de 13 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo
de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.
9. Sostuvo que la sentencia C-250 de 2003 de la Corte Constitucional, en
atención a la postura asumida por el Consejo de Estado7, precisó que los gastos
de representación en el sector público constituyen factor salarial y fueron creados
por la ley para el beneficio personal del empleado en virtud de su posición,
5 Como normas violadas se invocaron los artículos 23 y 25 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 5 y 12
del Decreto 57 de 1993; 7, 11, 12 y 13 de Decreto 219 de 2016; así como la Ley 476 de 1998.
6 Si bien la contestación de la demanda presentó argumentos relativos al reconocimiento de la prima
especial como factor salarial, no puede perderse de vista que dicha pretensión, como se indicó, fue
desistida por la parte demandante.
7 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 10 de febrero de 1975.
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jerarquía y responsabilidades. Agregó que los decretos que fijan el porcentaje
correspondiente a ese concepto obedecen al criterio de tornar exenta de
impuestos una parte del salario, sin que ello implique que deba ser un agregado
al mismo.
10. Expuso que de conformidad con los certificados expedidos por la
tesorería de la entidad para los años 2014 a 2017, así como el «extracto de la
hoja de vida de la demandante», no se acreditó reducción salarial alegada, toda
vez, que el 50 % reconocido por concepto de gastos de representación fue
incorporado en las respectivas liquidaciones salariales y prestacionales efectuadas
a su favor.
11. Concluyó que la Nación – Fiscalía General de la Nación ha actuado
apegada a la ley y no se evidenció la reducción salarial alegada.
12. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, al considerar que no
estaban acreditadas las condiciones legales para su imposición.
Recurso de apelación
13. La señora Osorio Vargas, además de insistir en los argumentos de la
demanda, señaló que los gastos de representación por definición deben sumarse al
salario por tratarse de «los gastos en los que incurre [el empleado] en
representación de la entidad para la cual labora».
14. Expuso que, según la sentencia C-461 de 2004 de la Corte Constitucional,
los gastos de representación son emolumentos que se reconocen excepcional y
restrictivamente a empleados de alto nivel jerárquico para el cumplimiento de sus
funciones y son constitutivos del salario, en los términos del Decreto 1045 de 1978.
15. Indicó que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1 de febrero de
2011 (35771), sostiene que estos no tienen el propósito de enriquecer el patrimonio
del trabajador pues deben ser utilizados exclusivamente «en labores relacionadas
con el protocolo comercial o en actividades relacionadas con promociones u
operaciones de venta». En consecuencia, un trabajador con labores netamente
operativas y/o administrativas no puede considerarse que actúa en nombre de la
empresa y no es dable asignarle una remuneración bajo el concepto de gastos de
representación, pues ello supone la intención del empleador de evitarse ciertas
cargas laborales de forma fraudulenta.
16. Argumentó que los gastos de representación para los fiscales delegados
ante los jueces municipales, promiscuos de circuito y especializados no cuentan con
exención tributaria, pues el artículo 206 del Estatuto Tributario solo se refiere a los
fiscales delegados ante los tribunales.
17. Manifestó que en el proceso quedó demostrado que la asignación mensual
está fraccionada en sueldo básico y gastos de representación, por lo que termina
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pagándose solo el 75 % de lo que establece los decretos salariales, reduciendo
así la base del ingreso en un 25 %.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto de 20 de febrero de 2025, se admitió el recurso de
apelación. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Fiscalía General de la
Nación liquidó y pagó correctamente los salarios y prestaciones sociales de la
señora Beatriz de Silva Osorio Vargas, o si por el contrario se realizaron
descuentos indebidos de su asignación salarial el porcentaje correspondiente a
gastos de representación, en su condición de fiscal delegada ante los jueces
penales de circuito especializado.
Análisis del problema jurídico
21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 13 de agosto de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al concluir que no se
acreditó la reducción salarial de la demandante por una presunta aplicación
indebida de los gastos de representación.
22. Para resolver, es preciso señalar que, en el sector público, los gastos de
representación han tenido un tratamiento particular y diferente al que
corresponde en el sector privado8. En ese sentido, resulta determinante la
consagración que se hace de los mismos en los Decretos Ley 1042 y 1045 de
8 Sobre el particular puede consultarse: Corte Constitucional, sentencias C-1060A de 2001, C-250
de 2003 y C-461 de 2004; Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 10 de
febrero de 1975.
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19789, pues en ellos se le da la connotación de factor salarial10 11, así como la de
parte constitutiva de la base de liquidación de las primas de servicio 12, viáticos13,
vacaciones y prima de vacaciones14, prima de navidad15, cesantías y
pensiones16, auxilios por enfermedad y maternidad, indemnización por accidente
de trabajo y por enfermedad y seguro por muerte17.
23. Posteriormente, la Ley 4 de 1992, aplicable a los empleados de la
Fiscalía General de la Nación18, establece que el Gobierno Nacional, con base
en los criterios y objetivos contenidos en su artículo 2, podrá modificar el régimen
de los gastos de representación. En virtud de esta norma, ha sido expedidos,
entre otros, los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52
de 1997, 50 de 1998, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013,
205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017 y 343 de 2018, por medio
de los cuales se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los
servidores públicos de la entidad demandada.
24. En lo que respecta concretamente a los gastos de representación, estos
decretos han establecido una formula constante según la cual los empleos de la
Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración
mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas
vigentes que regulan la materia.
25. En ese sentido, las disposiciones citadas no reconocen los gastos de
representación como una suma adicional a la remuneración mensual fijada para el
respectivo empleo, sino que establecen que un porcentaje de esta tiene dicho
carácter. Por tanto, los gastos de representación forman parte de la estructura de la
remuneración prevista para el cargo19, y no constituyen un emolumento
independiente20que deba adicionarse a esta.
9 Es preciso señalar que existieron normas anteriores, propias del sector público, que hacen
referencia a este emolumento laboral, v. gr. Decreto 2285 de 1968.
10 Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 42.
11 Sobre el tratamiento que se da a los gastos de representación en el sector privado, el artículo 128
del Código Sustantivo del Trabajo señala que estos son pagos no constitutivos de salario, pues el
trabajador los recibe no para su beneficio o el enriquecimiento de su patrimonio sino para
desempeñar a cabalidad sus funciones.
12 Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 59.
13 Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 62.
14 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 17.
15 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 33.
16 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45.
17 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 46.
18 Ley 4 de 1992, artículo 1, literal b.
19 V. gr. el Decreto 664 de 2008 estableció que «[p]ara los Fiscales Delegados ante Jueces Penales
de Circuito Especializados, los Directores Seccionales y los Jefes de Oficina de la Fiscalía General
de la Nación el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de
representación».
20 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de
agosto de 2025, Rad. 05001-23-33-000-2017-01583-02 (6592-2024); sentencia de 22 de mayo de
2026, Rad. 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023).
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26. Para el presente caso, de los elementos de juicio que obran en el
proceso21, la Sala tiene por acreditado que la señora Osorio Vargas desde el
2014 (fecha a partir de la cual reclama sus derechos) ocupó los cargos de fiscal
delegada ante los jueces penales municipales y promiscuos, delegada ante los
jueces penales de circuito y delegada ante los jueces penales de circuito
especializado, todos ellos, cargos disimiles entre sí y con asignaciones salariales
o remuneratorias diferentes.
Fecha de
Cargo
posición
Fiscal delegado ante los jueces penales municipales y promiscuos (FDJPM) 03/04/2014
Fiscal delegado ante los jueces penales de circuito (FDJPC) 27/10/2014
Fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado (FDJPE) 01/02/2016
27. Asimismo, se evidenció que, para los periodos reclamados, entiéndase de
2014 a 2018, la demandante percibió los montos establecidos en los decretos
salariales para esos años.
Decreto Devengado
Año Cargo Remuneración Asignación Gastos de
Número Total22
mensual básica representación
FDJPM 4.735.742 3.551.806 1.183.936 4.735.742
2014 205
FDJPC 6.093.848 4.570.386 1.523.462 6.093.848
2015 FDJPC 1087 6.377.822 4.783.366 1.594.456 6.377.822
FDJPC 6.873.379 5.155.03423 1.718.34524 6.873.379
2016 219
FDJPE 7.658.493 3.829.247 3.829.246 7.658.493
2017 FDJPE 989 8.175.442 4.087.721 4.087.721 8.175.442
2018 FDJPE 343 8.591.572 4.295.786 4.295.786 4.295.786
28. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que no se acreditó la
disminución salarial alegada. En efecto, la pretensión de adicionar a la
remuneración mensual el porcentaje correspondiente a gastos de representación
parte de entender este concepto como un emolumento autónomo, cuando,
conforme al régimen salarial aplicable, constituye una porción de la remuneración
mensual asignada al respectivo empleo y no una suma adicional a esta.
29. En ese sentido, la señora Osorio Vargas, en los términos del artículo 167
del CGP, no probó los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que perseguía y, en consecuencia, se concluye que no se demostró la
21 Certificados de montos devengados y deducidos 2014-2017 de la Tesorería de la Fiscalía General
de la Nación y la certificación de la hoja de vida expedido por el Departamento de Administración de
Personal de la misma entidad.
22 Si bien los certificados dan cuenta de mayores valores devengados mes a mes, ello se debe a la
inclusión de la denominada bonificación judicial, respecto de la cual no hay discusión en el proceso
de la referencia.
23 Este valor resulta de la suma de los montos pagado por los conceptos de «SUELDO» y «DIF.
SUELDO», este último equivalente al retroactivo posterior al incremento anual.
24 Este valor resulta de la suma de los montos pagado por los conceptos de «GTOS
REPRESENTACIÓN» y «DIF. GTOS REPRESENT», este último equivalente al retroactivo posterior
al incremento anual.
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presunta disminución del rubro gastos de representación sobre el salario
devengado. La carga de la prueba no se satisface con la mera presentación de
elementos de juicio (documentos), si (i) sobre estos la parte no explica con
suficiencia el alcance y mérito de cada uno de ellos para probar el supuesto de
las normas cuya consecuencia jurídica persigue o (ii) los mismos (entiéndase los
medios de prueba)25.
30. Por lo demás, contrario a lo alegado en el recurso de apelación, ni la
Administración, ni el tribunal desconocieron la naturaleza salarial de los gastos
de representación. Lo que se estableció fue que, conforme al régimen aplicable
a la demandante, dicho concepto corresponde a un porcentaje de la
remuneración mensual fijada para el respectivo empleo y no una suma adicional
a esta. En consecuencia, la asignación básica y el porcentaje correspondiente a
gastos de representación integran, en conjunto, la remuneración mensual del cargo,
sin que haya lugar a adicionar nuevamente este último concepto.
31. Las providencias de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia no desvirtúan de forma alguna la tesis del tribunal,
pues en ellas se reconoce el carácter de factor salarial de los gastos de
representación en el sector público o la diferencia de tratamiento de estos en el
sector privado.
32. En lo que respecta el reparo de la ausencia de beneficio tributario para los
fiscales delegados que actúan ante jueces unipersonales, esta Subsección estima
que dicho alegato escapa del objeto de estudio, dado que la causa petendi en el
asunto de la referencia está relacionado con reconocimiento y pago de acreencias
laborales y no exenciones sobre ingresos constitutivos o no de renta.
33. Finalmente, pese a que la parte demandante formuló como argumento que
solo le estaba siendo reconocido el 75 % de la asignación mensual, no desarrolló
dicho reparo ni presentó los cálculos comparativos en los que soportó el mismo y,
en todo caso, ello constituye una falta de coherencia interna en la argumentación
de la parte pues se trata de un cambio sobre la tesis inicialmente planteada en la
demanda (50 %). En consecuencia, se echa de menos los elementos
argumentativos y probatorios suficientes y necesarios que demostraran que la
Fiscalía pagó una remuneración mensual inferior a la demandante.
Condena en costas en segunda instancia
34. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
25 Sobre los conceptos de carga de la prueba, alcance técnico y mérito probatorio, puede consultarse:
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de julio de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2019-
00360-01 (29.475).
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ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.
36. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y
ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
37. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 13 de agosto de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la señora Beatriz de Silva
Osorio Vargas, a favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación. Para tal efecto,
las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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Demandante: Beatriz de Silva Osorio Vargas
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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