RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-01852-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01852-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01852-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01852-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Medina
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Gastos de representación
Decisión: Confirma sentencia. Condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 17 de julio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución SAG No.002506 del
10 de agosto de 20162, y de la Resolución No. 23804 del 23 de diciembre de
20163 que negaron el reajuste de la prima especial de servicios; y del acto ficto o
presunto mediante el cual la entidad demandada negó el reajuste frente a los
gastos de representación.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó4: «2. Todo lo anterior, con
ocasión que el pago estimado como sueldo mensual por la labor realizada por [el
demandante], corresponde en un 100% a salario, mientras que dicha liquidación y pago

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los gastos de
representación, objeto del presente proceso. Se hace la salvedad que el Doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó impedimento el 11 de diciembre de 2025- índice 5 de Samai, el cual fue declarado fundado
mediante providencia del 12 de febrero de 2026- índice 10 de Samai.
2 Folios 17-20 del expediente físico.
3 Folios 21-27 del expediente físico.
4
Se advierte que, mediante providencia del 29 de agosto de 2017 (folios 30-32 del expediente físico), el
Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió rechazar la demanda frente a las Resoluciones SAG No.
002506 de 10 de agosto de 2016 y 23804 de 23 de diciembre de 2016 que negaron lo relacionado con «el
reconocimiento y pago de prima especial como factor salarial, el reajuste del salario y de las prestaciones
por dicho concepto», y admitió la demanda frente a las demás pretensiones invocadas. Decisión que quedó
en firme, pues no fue objeto de recurso por la parte interesada.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

se hace en un solo 50% de sueldo y el restante 50% se atribuye a los gastos de
representación, descontados de la misma base salarial.

3. […] el reconocimiento y pago efectivo de la prima especial con factor salarial, así como
el pago efectivo […], del saldo restante de su salario, 50%, se ordene la reliquidación de
todas las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario ordenado por el
gobierno Nacional, desde el mes de Junio de 1995 hasta la fecha en que se ocupe el
cargo o similar, teniendo en cuenta que a la presentación de esta demanda [el
demandante], ocupa el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales de circuito
Especializado de Medellín.

4. Que se incluya el valor de los saldos dejados de cancelar, durante los años descritos
en la pretensión anterior, más los que se sigan generando hasta la fecha en que se
produzca acuerdo conciliatorio definitivo, o se siga ocupando el mismo cargo o similar,
como prestación periódica, así como, el pago proporcional adicional de las prestaciones
sociales correspondientes, a vacaciones, prima de vacaciones, primas de servicios,
prima de navidad; aporte a cesantías, gastos de representación y pensión, sobre la base
del 100% del salario, […]»5.

Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Fabio Libardo Salinas Medina ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal delegado ante jueces penales del circuito
especializados de Medellín6.

5. La parte actora elevó petición el 3 de agosto de 2016 ante la entidad
demandada, en la que solicitó el reajuste de la prima especial del 30% como un
plus adicional al salario, y que se tuviera en cuenta los gastos de representación
como parte de su asignación, la cual fue resuelta de manera negativa mediante
los actos demandados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 23 y 25 de la Constitución Política; artículos 1, 2, 3, 5 y 12 del Decreto
219 de 2016, 7, 11, 12 y 13 de la Ley 476 de 1998.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que lo que ordenó la Ley 4 de
1992 fue una prima sin carácter salarial, más no restar el 30% del básico
asignado al actor.

8. Por otro lado, señaló que los gastos de representación deben sumarse al
salario, pues son de libre disposición del funcionario para las expensas en que
incurre en nombre de la entidad para la cual labora. Agregó que, se disminuye la
remuneración del demandante para asignar un 50% como dicho emolumento, en
desmedro del ingreso del funcionario.

Contestación de la demanda

5 Transcripción literal del acápite de pretensiones de la demanda.
6 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio del actor.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

9. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda7 y se opuso a las
pretensiones en razón a que a partir del año 2003 los salarios y prestaciones
sociales se han liquidado con base en el 100% del salario. Así mismo, precisó
que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para determinar
el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. No obstante, puso de
presente que el Tribunal de instancia en el auto admisorio de la demanda rechazó
la demanda frente a los actos administrativos relacionados con la pretensión del
pago de la prima especial.

10. Asimismo, sostuvo que al demandante se le han liquidado todas sus
prestaciones sociales y gastos de representación con base en el 100% del
salario, por lo que no procede el reajuste solicitado.

11. Finalmente, presentó las excepciones de «ineptitud sustantiva de la
demanda», «carencia de objeto», y genérica.

Sentencia de primera instancia

12. Mediante sentencia proferida el 17 de julio de 20258, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda.

13. Para arribar a esa decisión, el a quo indicó que el Decreto 53 de 1993 que
reguló el régimen salarial y prestacional de la fiscalía y los preceptos sucesivos
establecieron que el porcentaje destinado a los gastos de representación debe
aplicarse a la remuneración mensual, excluyendo las primas. En particular, los
Decretos 2744 de 2000 y posteriores indican que el 50% del salario mensual de
los fiscales delegados ante jueces penales de circuito especializados, cargo
desempeñado por el actor, corresponde a gastos de representación.

14. Precisó que los gastos de representación son ingresos destinados a los
empleados de alto nivel jerárquico para cumplir con sus funciones
representativas, y se consideran parte del salario, aunque con un propósito
específico relacionado con el cargo. Estos gastos, según lo indicado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-250 de 2003, son un componente salarial en el
sector público, creados por la ley para beneficiar al empleado en función de su
jerarquía y responsabilidades.

15. En consecuencia, concluyó que no es contrario a la ley que una parte del
salario se destine a gastos de representación, pues no constituyen una
disminución del salario del empleado, sino un beneficio económico relacionado
con el desempeño de sus funciones, valores que se han tenido en cuenta para
efectos de liquidación de sus prestaciones sociales.

16. Finalmente, dispuso no condenar en costas.

7 Folios 39-64 del expediente.
8 Índice 34, gestión en otros despachos de Samai.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

Recurso de apelación

17. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en
apelación.9

18. Señaló que por definición, los gastos de representación deben sumarse al
salario, porque son de libre disposición del funcionario para los gastos en que
incurre en representación de la entidad para la cual labora. No obstante, su
salario básico, se ve menguado en el porcentaje que se sustrae para convertirlo
automáticamente en otro rubro, en términos que no han sido definidos así por la
ley.

19. Por otro lado, indicó que los gastos de representación, según lo establecido
en el Decreto 1045 de 1978, se consideran factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales.

20. Igualmente, sostuvo que «el fallo de primera instancia incurre en el error
sustancial de apreciación de la ley frente al pago de los gastos de representación
de los Fiscales delegados ante Jueces, como es el caso del demandante, pues
no puede hablarse, que ese pago solo se hace para obtener un beneficio
tributario, cuando precisamente la ley estatutaria no establece dicho descuento
para la retención en la fuente de su salario, solo establece una excepción para
los gastos de representación, pero para otros funcionarios expresamente
nombrados en la ley de contribución fiscal».

21. Concluyó que puede evidenciarse que, al momento de realizar el pago del
salario, este se fraccionó en sueldo y gastos de representación, siendo evidente
que en materia de remuneración salarial, tan solo se hizo el pago del 75% del
rubro asignado por decreto, y el otro tanto, fue asignado como gastos de
representación que redujo la base de ingreso salarial y no fue sumado al mismo.

22. Finalmente, solicitó se condene en costas en ambas instancias a la
demandada.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

23. Por auto del 22 de junio de 2026,10 se admitió el recurso de apelación de la
entidad demandada.

24. Las partes guardaron silencio.

25. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

9 Índice 37, gestión en otros despachos de Samai.
10 Índice 16 de Samai.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

27. Le corresponde a la Sala establecer si el actor en su condición de fiscal tiene
derecho al reajuste de su salario en un 100%, con la inclusión de lo deducido en
un 25% que corresponde a los gastos de representación, y en consecuencia la
reliquidación de las prestaciones sociales. Así mismo, si procede la condena en
costas en ambas instancias a la entidad demandada.

28. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. Los gastos de representación y el precedente jurisprudencial; y 2.
Caso concreto.

De los gastos de representación en el sector público

29. Los gastos de representación en el sector oficial constituyen un factor salarial
integrante de la remuneración de determinados servidores públicos, en atención
a la jerarquía, dignidad y responsabilidades propias del cargo desempeñado. En
consecuencia, no corresponden a erogaciones ocasionales ni a simples
mecanismos de reembolso de gastos operativos, sino a un componente
permanente de la estructura salarial legalmente prevista para ciertos empleos
públicos.

30. El Decreto Ley 1045 de 1978 estableció la obligatoriedad de incluir los gastos
de representación en diversos componentes prestacionales. Así, el artículo 17 de
la referida norma los reconoce como factor para la liquidación de vacaciones y la
respectiva prima de vacaciones; por su parte, el artículo 33 ordena su inclusión
para el cómputo de la prima de navidad y el artículo 45 los instituye como base
para el cálculo de las cesantías y las pensiones.

31. En consecuencia, el alcance de esta noción no se limita a la liquidación de
prestaciones ordinarias, sino que se extiende al ámbito de la seguridad social y
a las demás contingencias derivadas de la relación laboral. Por ello, los gastos
de representación deben incorporarse para la determinación del ingreso base de
liquidación de los conceptos antes mencionados, así como para el

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

reconocimiento de licencias de maternidad, auxilios por incapacidad e
indemnizaciones originadas en accidentes de trabajo o enfermedades
laborales12. De esta forma, se salvaguarda el principio de integridad salarial y se
garantiza la efectividad de los derechos irrenunciables de los servidores públicos.

32. La Ley 4 de 1992 dispuso que corresponde al Gobierno nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluidos los
servidores de la Fiscalía General de la Nación. En ese marco, el artículo 2 de
dicha normativa prevé que, para la determinación de ese régimen, se tendrá en
cuenta el reconocimiento de los gastos de representación, mientras que el
artículo 4 faculta al Gobierno para modificar los factores salariales y
prestacionales, entre ellos dicho emolumento.

33. En desarrollo de la referida ley marco, el Decreto 53 de 1993, por el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía
General de la Nación, dispuso en su artículo 5.º que los empleos de dicha entidad
conservarían el porcentaje de la remuneración mensual reconocido como gastos
de representación, de conformidad con lo previsto en los preceptos vigentes que
regulaban la materia. Esta disposición evidencia que tales gastos hacen parte de
la remuneración mensual del servidor y se integran a la estructura salarial del
empleo. No obstante, la norma no estableció un porcentaje único, fijo o uniforme
para todos los cargos de la entidad.

34. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C - 250 de 2003 señaló que
«el concepto de gastos de representación […] en el sector público […] se han
considerado factor salarial y benefician al empleado, al paso que en el sector privado,
esos gastos son expensas que se hacen en beneficio de la empresa, y no pueden, desde
la perspectiva tributaria, emplearse como instrumento para mejorar el ingreso real de los
empleados, porque tal mejoría se haría para trabajadores privados, pero con cargo a las
finanzas públicas, por la reducción en el producido del impuesto».

35. En la sentencia C-461 de 2004, reiteró que «[l]os gastos de representación son
emolumentos que se reconocen excepcional y restrictivamente a empleados de alto nivel
jerárquico para el cumplimiento de sus funciones y que, en el sector público, son
constitutivos del salario».

36. En suma, los gastos de representación no constituyen una retribución
autónoma o adicional por la prestación personal del servicio, sino un componente
salarial orientado a asegurar el adecuado desempeño de funciones asociadas a
cargos que implican dirección, representación institucional y especiales niveles
de responsabilidad. Su reconocimiento encuentra justificación en la necesidad de
preservar las condiciones propias de la jerarquía, investidura y carácter
inherentes a determinados empleos públicos. De ahí que el ordenamiento jurídico

12 Artículo 46 del Decreto Ley 1045 de 1978.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

los haya concebido como un factor integrante de la remuneración de
determinados empleos y no como una prestación social autónoma13.

Hechos probados

37. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal local y
delegado ante jueces del circuito delegado desde el 13 de junio de 1995, sin que
a la fecha de la certificación reporte retiro del servicio.14

38. Está demostrado que el demandante a partir de la fecha de su vinculación
como fiscal ha percibido sueldo y los gastos de representación15

39. Que el 3 de agosto de 201616 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de los gastos de representación.

Caso concreto

40. El demandante sostuvo que la entidad fraccionó indebidamente su salario al
reconocer una parte de la remuneración bajo el concepto de gastos de
representación, con la consecuente afectación de la base salarial y prestacional.

41. Frente a este planteamiento, la Sala advierte que conforme se explicó en el
marco normativo de esta providencia, el artículo 5 del Decreto 53 de 1993 prevé
que los gastos de representación integran la remuneración mensual de
determinados empleos de la Fiscalía General de la Nación y constituyen un
componente salarial legalmente reconocido dentro de la estructura remuneratoria
de dichos cargos.

42. En efecto, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-
250 de 2003, los gastos de representación son «[…] emolumentos que se reconocen
por el desempeño de excepcionales empleos, cuyo ejercicio puede exigir un género de
vida que implique mayores gastos en relación con los que demanda el ejercicio común
de los cargos oficiales.” 17 […]los gastos de representación constituyen factor salarial,
porque “... fueron creados por la ley, con carácter permanente, para beneficio personal
del empleado, en gracia de la posición que ocupa, de la jerarquía del empleo, de la
dignidad que implica y de las responsabilidades señaladas al cargo mismo...”18»

43. Así las cosas, los gastos de representación hacen parte de la remuneración
salarial, pues su finalidad, incluso desde una perspectiva tributaria, consistía en
mejorar el ingreso efectivo de los funcionarios. En tal sentido, la Corte reconoció

13 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B- consejero

ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar- sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)-
radicación: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023).
14 Folio 91 del expediente físico. Fecha de certificación 7 de noviembre de 2017.
15 Folios 160-199 del expediente físico.
16 Folios 15-16 del expediente físico.
17 Diego Younes Moreno. Derecho Administrativo Laboral 3ª ed. Ed. Temis, Bogotá, 1985
18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, febrero 10 de 1975. Consejero Ponente Jaime

Betancur.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

que existía una justificación suficiente para que el legislador atribuyera una
porción de la remuneración de jueces y magistrados a este concepto.

44. De igual manera, los decretos expedidos por el Gobierno nacional en materia
de régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la
Nación han mantenido de forma constante la previsión según la cual dichos
empleados conservan el porcentaje de su remuneración mensual
correspondiente a gastos de representación, conforme a las disposiciones
vigentes que regulan la materia, porcentaje que se calcula sobre la remuneración
mensual, excluyendo las primas establecidas en las normas respectivas.

45. Bajo este contexto normativo, si bien está acreditado que al demandante le
fueron reconocidos y pagados valores por concepto de gastos de representación,
ello no permite inferir, por sí solo, una reducción de su asignación básica ni la
existencia de diferencias salariales o prestacionales insolutas a su favor.

46. Lo anterior obedece a que correspondía a la parte actora acreditar que la
entidad demandada excluyó indebidamente de la base de liquidación de sus
prestaciones sociales algún factor salarial que, de conformidad con el
ordenamiento jurídico, debía integrarla, o demostrar la existencia de sumas
efectivamente adeudadas por tal concepto, carga probatoria que no fue
satisfecha en el presente proceso al tenor del artículo 167 del CGP19 .

47. Además, carece de sustento normativo y jurisprudencial la tesis según la cual
los gastos de representación constituyen un emolumento autónomo y adicional
al salario o que implique un fraccionamiento indebido de la remuneración del
servidor.

48. Por el contrario, esta Corporación20 ya ha sostenido que la asignación
mensual de estos empleados se encuentra integrada tanto por la asignación
básica como por los gastos de representación fijados anualmente por el Gobierno
nacional, componentes que conforman una unidad remuneratoria y que no
pueden ser entendidos como rubros independientes o susceptibles de liquidación
aislada, como lo propone el actor. En consecuencia, no se acreditó que la entidad
hubiera desmejorado la base salarial del demandante mediante el
reconocimiento de los gastos de representación ni que hubiera excluido este

19 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez
podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se
encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio,
por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
20 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Subsección B, consejero

ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, Ver sentencias del seis (6) de agosto de dos mil veinticinco
(2025), radicado: 05001-23-33-000-2017-01583-02 (6592-2024); del siete (07) de noviembre de dos mil
veinticinco (2025), radicado: 05001-23-33-000-2017-02103-02 (0621-2025); del veintidós (22) de mayo de
dos mil veintiséis (2026), radicado: 05001-23-33-000-2021-00100-02 (3207-2025); del veintidós (22) de
mayo de dos mil veintiséis (2026), radicado: 05001-23-33-000-2020-03844-02 (3213-2025).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

factor de la liquidación de sus prestaciones sociales, por lo que el recurso de
apelación no tiene vocación de prosperidad.

49. Ahora, frente a la solicitud del recurrente de que se debió condenar en costas
a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia, se advierte que
teniendo en cuenta que la sentencia se expidió el 17 de julio de 2025, es aplicable
el artículo 188 del CPACA, con la modificación efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, norma que derivó en diversos entendimientos por parte de
esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de esta se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en
el proceso21, por lo que la decisión del a quo es acertada, ya que las pretensiones
de la demanda no prosperaron, por lo que no le asiste razón a la parte actora.

51. De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la

21 Posición acogida por la Sala en sesión del 28 de agosto de 2025.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01852-02 (2304-2025)
Demandante: Fabio Libardo Salinas Mediana

liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se condenará costas a la parte demandante, por cuanto se
niega totalmente la petición del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.