Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03844-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03844-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-03844-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2020-03844-02 (3213-2025)1
Demandante: Diego León Mesa Estrada
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Emolumentos y prestaciones sociales
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual,
se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar que se inaplique por
inconstitucional “toda aquella normatividad que implique una merma en el salario del
demandante, y que denomina (sic) gastos de representación ”, y, asimismo, con el propósito
de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución Núm.
DS-SRANOC-GSA-28-002496 del Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil
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Expediente electrónico visible en el aplicativo Samai.
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Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 01 Demanda, págs. 1-29.
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Número Interno: 3213-2025
Demandante: Diego León Mesa Estrada
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Diecinueve (2019), por medio de la cual, la Fiscalía General de la Nación negó el
pago del 100% del salario, teniendo en cuenta el 25% descontado por concepto de
gastos de representación, así como la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre la base de ambos conceptos; y (ii) de la Resolución Núm. 2-0288 del
Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020), notificada el Veintisiete (27) del
mismo mes y año, en virtud de la cual, al desatarse el recurso de apelación, se
confirmó la decisión primigenia.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) incluir el valor de las sumas
dejadas de pagar, desde el año 2016, y en adelante -mientras ostente el cargo que
genera el beneficio-, por concepto de gastos de representación, los cuales
corresponden al 25% de lo que se le ha descontado del 100% de la base salarial;
(ii) pagar las prestaciones sociales correspondientes, así como los conceptos de
vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, cesantías,
gastos de representación y pensión, sobre la base del 100% del salario, con el
reconocimiento de todos los intereses corrientes y moratorios que se hayan
causado; y (iii) ordenar la indexación de las sumas que resulten a su favor.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que, en la actualidad, se desempeña como fiscal delegado ante jueces
penales municipales, al servicio de la Fiscalía General de la Nación.
4. Relató que, a partir de 1993, el Gobierno Nacional ha dado “cumplimiento parcial” a
la Ley 4ª de 1992, expidiendo, en un principio, el Decreto 57 de 1993 (para jueces),
y el Decreto 53 de la misma anualidad (para funcionarios de la Fiscalía General de
la Nación), en virtud de los cuales, se ordenó el reconocimiento de la prima especial
sin carácter salarial. Con base en dicha normatividad, el Gobierno Nacional expidió
los Decretos 49 de 1995, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 1480 de 2001, y
685 de 2002, los cuales, en los artículos 6º y 7º, previeron el pago de los gastos de
representación, concepto que, a la fecha, continúa vigente.
5. Manifestó que, por definición, los gastos de representación deben sumarse al
salario, porque son de libre disposición del funcionario para los gastos “en que incurre
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Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 01 Demanda, págs. 01-29.
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Número Interno: 3213-2025
Demandante: Diego León Mesa Estrada
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
en representación de la entidad”. No obstante, adujo que, su salario básico se ha visto
menguado en un 25%, habida cuenta que, se le ha sustraído el concepto en cita
“para convertirlo automáticamente en otro rubro, en términos que no han sido definidos por la ley ”.
6. Precisó que, mediante petición del Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019), le solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de
las sumas descontadas por concepto de gastos de representación. Empero, refirió
que la entidad, a través de la Resolución Núm. DS-SRANOC-GSA-28-002496 del
Veinticinco (25) de Septiembre de dicha anualidad, se limitó a señalar que “ no tenía
la competencia para realizar asignaciones salariales a los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación”, por lo que, reprochó que la demandada no hubiera contextualizado la
petición, “toda vez que no se solicitaba la creación de asignaciones salariales, sino el pago correcto
conforme a derecho y jurisprudencia relacionada, de los rubros ordenados por la ley (…)”.
7. Inconforme con la anterior decisión, interpuso el recurso de apelación, el cual, fue
desatado mediante la Resolución Núm. 2-0288 del Veintiuno (21) de Febrero de
Dos Mil Veinte (2020), notificada el Veintisiete (27) del mismo mes y año, en el
sentido de confirmar la negativa inicial frente al reconocimiento deprecado.
8. Aseveró que, el no pago de las sumas por concepto de gastos de representación,
en los términos anotados, “ha afectado y ha decrecido los ingresos que debe percibir ”.
Además, indicó que, “se le está atribuyendo una carga adicional para asumir los gastos de
representación, que por ley le corresponde al empleador cancelarlo, y no al funcionario, al
descontarle de su propio salario, dicho rubro, como viene sucediendo (…)”.
1.3. Concepto de la violación4.
9. El demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 23 y 25 de la Constitución Política; los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, y 12, inciso
3º, del Decreto 57 de 1993; los Decretos 19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015,
219 de 2016, 717 de 2017 y 343 de 2018; así como el Decreto 996 de 2019.
10. Explicó que, los actos administrativos enjuiciados están viciados de nulidad por
infringir las normas en las que deberían fundarse, específicamente, por desconocer
lo dispuesto en los artículos 12 y 30 del Decreto 57 de 1993 (sic), “por haber dejado de
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Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 01 Demanda, págs. 01-29.
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incluir el 30% de la prima especial como factor salarial para calcular el pago de las cesantías y
prestaciones sociales que corresponden al periodo reclamado ” (sic). Sobre el particular,
aseguró que, la misma norma que establece la remuneración de la Fiscalía General
debe respetar si se trata de servidores acogidos al nuevo sistema prestacional de
la Rama Judicial, reconociendo “adicional a su básico asignado por decreto anual, un 30% de
prima especial, con asignación mensual sobre la base del salario que le sirve de parámetro”.
11. Argumentó que, por definición, los gastos de representación deben sumarse al
salario, al tratarse de emolumentos de libre disposición del funcionario para los
gastos en que incurre “en representación de la entidad”. No obstante, reiteró que su
salario básico se ha visto menguado en un 25%, comoquiera que, en esa
proporción, se le han sustraído sumas del salario para convertirlas automáticamente
en otro rubro, a saber, en los denominados gastos de representación.
12. Agregó que, conforme al Decreto 1045 de 1978, los gastos de representación
se consideran factor salarial para liquidar prestaciones, resaltando las vacaciones,
prima de vacaciones, prima de navidad, pensiones, auxilios por enfermedad y
maternidad, indemnizaciones y demás conceptos. Agregó que, también ostenta
carácter salarial para liquidar elementos salariales, tales como la prima de servicios
y la bonificación por servicios prestados (siguiendo el Decreto 1042 de 1978).
13. Reprochó que, la entidad demandada pretenda “disfrazar el concepto de gastos de
representación para restarle valor al salario básico anunciado por el Gobierno Nacional para cada
funcionario”. Sobre el particular, explicó que el 75% de lo que percibe como fiscal
delegado ante jueces penales municipales corresponde al salario, mientras que el
25% restante se paga por concepto de gastos de representación, situación que
calificó como un “adefesio jurídico” que impacta negativamente el ingreso del
funcionarlo, al “ocultar conceptos devengados” para disminuirlo significativamente.
14. Expresó que, a través de los Decretos 1087 de 2015, 219 de 2016, 717 de 2017
y 343 de 2018, expedidos por el Gobierno Nacional, se dispuso, en el artículo 7º
común, que: “los empleos de la Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje de la
remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas
vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo
las primas establecidas en los artículos siguientes”.
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Demandante: Diego León Mesa Estrada
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
1.4. La contestación de la demanda5.
15. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
para lo cual sostuvo que la entidad, en cumplimiento de un deber legal, ha
reconocido y pagado al demandante lo concerniente a gastos de representación,
como asignación complementaria del salario básico que devenga el funcionario.
Agregó que, las prestaciones sociales se liquidan con base en el 100% del salario.
16. Ratificó que, la entidad ha reconocido y pagado periódicamente los gastos de
representación como una asignación complementaria al salario que devengan los
funcionarios de la entidad, dando así cumplimiento a los decretos que cada año
expide el Gobierno Nacional con ocasión del mandato derivado de la Ley 4ª de 1992,
sin que los mismos hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, por resultar ajustados al ordenamiento superior.
17. Explicó que, el Decreto 28 de 1989 fijó la escala de remuneración -entre otras-
de la Rama Judicial que, en su artículo 4º, previó que las asignaciones básicas
mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos
de representación de los funcionarios, serían los establecidos en la norma en cita,
“determinando de manera inequívoca que el cincuenta por ciento (50%) (sic) del salario mensual
tendrá el carácter de gastos de representación”. Anotó que, dicho precepto se mantuvo con
el Decreto 78 de 1990, mediante el cual se derogó el Decreto 28 de 1989 en cita.
18. Añadió que, el Decreto 2699 de 1991, por el cual se expidió el estatuto orgánico
de la Fiscalía General de la Nación, dispuso, en su artículo 63, que el régimen
prestacional de los servidores de la entidad sería el establecido en la ley para los
servidores de la rama judicial. Así pues, con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional,
en ejercicio del mandato constitucional -y legal- orientado a la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, expidió el Decreto 900 de 1992,
en cuyo artículo 3º se definieron las asignaciones básicas mensuales y los
porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos de representación.
19. Posteriormente, con la expedición del Decreto 53 de 1993, el ejecutivo
estableció (en el artículo 5º) que los empleos de la Fiscalía General de la Nación
conservarían el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de
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Índices 00011 y 00012 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia.
Dicho porcentaje se aplicaría a la remuneración mensual, excluyendo las primas
establecidas en los demás artículos del Decreto de la referencia.
20. Puso de presente que, como el Decreto 53 de 1993 no se refirió nuevamente a
los porcentajes de gastos de representación, los señalados en el Decreto 900 de
1992, derogado por el Decreto 52 de 1993, permanecieron incólumes. En adición,
hizo énfasis en que, a través del Decreto 108 de 1994, que derogó parcialmente el
Decreto 53 de 1993, se dejó consignado (en el artículo 1º) que el régimen salarial y
prestacional sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servicio
de la Fiscalía General con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993.
21. Puntualizó que, los decretos expedidos por el Gobierno Nacional tienen como
común denominador que, en ellos, se ha reconocido que los empleos de la Fiscalía
General de la Nación “conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el
carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia ”.
Además, insistió en que la entidad ha dado cabal cumplimiento a dichas normas.
22. Aunado a lo expuesto, refirió que resulta impreciso el razonamiento del actor,
según el cual, a la remuneración mensual que devenga se le restan los gastos de
representación, habida cuenta que, con sujeción a los decretos que expide el
Gobierno Nacional en materia de régimen salarial y prestacional de los servidores
de la entidad, el salario y los gastos de representación suman el 100%. Frente al
último concepto, indicó que la Fiscalía General de la Nación ha pagado los gastos
de representación “en el porcentaje que determina la ley y los respectivos decretos que dictan
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la entidad ”,
agregando que el mismo rubro constituye factor salarial para efectos prestacionales.
23. Llamó la atención en el antecedente de la Corte Constitucional, contenido en la
sentencia C-250 de 2003, en virtud del cual se reafirmó que, los gastos de
representación son una parte del salario, y, en esa medida, tienen una naturaleza
retributiva del servicio, por lo que forman parte del ingreso privado de cada
funcionario, quien puede disponer de ellos para subvenir sus propias necesidades.
A partir de dicho pronunciamiento, hizo hincapié en que los gastos de
representación se erigen como una asignación complementaria del servicio, es
decir, que forman parte del salario de algunos servidores públicos.
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Número Interno: 3213-2025
Demandante: Diego León Mesa Estrada
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
24. Con todo, concluyó que ha dado aplicación a las normas que, en materia salarial
y prestacional, rigen para los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
precisando que a la citada entidad no le es dable reconocer conceptos,
emolumentos o sumas que el ordenamiento no prevé, como lo pretende el ahora
demandante, al sostener que, los gastos de representación establecidos para los
fiscales delegados corresponde a un valor adicional a la remuneración mensual
establecida en los decretos salariales. Sobre esa base, propuso como única
excepción la de “carencia de objeto para pedir y el cobro de lo no debido”.
1.5. La sentencia de primera instancia6.
25. En la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025)7, la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la
excepción de “carencia de objeto para pedir y cobro de lo no debido ” y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda promovida el señor Diego León Mesa Estrada,
sin condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo, se dispuso:
Primero. Declarar probada la excepción de “carencia de objeto para pedir y cobro de lo no
debido”, propuesta por la demandada.
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda instaurada por el señor DIEGO LEÓN
MESA ESTRADA, conforme a lo expuesto.
Tercero. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
Cuarto. Notifíquese esta providencia conforme al artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.
Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo
247 del C.P.A.C.A.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.
26. De acuerdo con los elementos de juicio que fueron valorados, el Tribunal
encontró acreditado que: (i) según la constancia de servicios prestados emitida por
al entidad, el señor Diego León Mesa Estrada ingresó a la Fiscalía General de la
Nación el Veintitrés (23) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) y que,
a la fecha de su expedición, se encuentra activo, desempeñando el cargo de fiscal
delegado ante jueces municipales y promiscuos; y (ii) de acuerdo con el certificado
expedido por la sección de tesorería, en el que se hacen constar los devengados y
deducidos del demandante, al actor se le han pagado los gastos de representación.
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Índice 00034 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Índice 00034 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 3213-2025
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27. Al acudir al análisis de los argumentos esgrimidos por el actor, precisó que, los
gastos de representación no tuvieron origen en la Ley 4ª de 1992, sino en el régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación
establecido en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, los cuales ya establecían
el aludido concepto. Anotó que, desde el Decreto 53 de 1993, se definió que los
empleos de la Fiscalía conservarían el porcentaje de remuneración mensual
destinado a gastos de representación, de acuerdo con lo fijado en las normas en
cita. Esa previsión fue reiterada en los Decretos 49 de 1995, 50 de 1998, 38 de
1999, 2743 de 2000, 1480 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009 y 1395 de 2010,
conservándose así una continuidad en el tratamiento de los referidos gastos.
28. Explicó la estructura salarial de algunos servidores de la Fiscalía General de la
Nación, sosteniendo que, algunos decretos, como el Nº. 41 de 1999, detalló los
porcentajes específicos del salario mensual que se consideran gastos de
representación -según el cargo-, así: (i) para los directores nacionales, secretario
general, los fiscales delegados ante la Corte y los directores regionales de la
Fiscalía, el 64% del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación;
(ii) para los fiscales delegados ante jueces regionales, los directores seccionales y
los jefes de oficina de la entidad, el 50% del salario mensual tendrá igual carácter;
y (iii) para los fiscales delegados ente jueces del circuito y fiscales delegado ante
jueces municipales y promiscuos, la proporción sería del 25% del salario mensual.
29. Hizo énfasis en que, en sentencia C-250 de 2003, la Corte Constitucional resaltó
que, no resulta violatorio de la Constitución que ciertos componentes de la
retribución de determinados funcionarios públicos se establezcan considerando la
dignidad del cargo, las responsabilidades inherentes al mismo y la autoridad
correspondiente, aspecto que justifica la existencia de los gastos de representación.
30. El A-quo desestimó el argumento de la parte actora, con arreglo al cual, el salario
se le redujo en un 25% al asignarlo al rubro de gastos de representación, y que se
le liquidaron las prestaciones sociales sobre el 50% del salario, toda vez que, como
ya lo había advertido la Corte Constitucional en la sentencia en comento, los gastos
de representación constituyen factor salarial, por cuanto fueron creados por la ley
para el beneficio personal del empleado, en virtud de su posición, jerarquía y
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Número Interno: 3213-2025
Demandante: Diego León Mesa Estrada
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
responsabilidades. En esa línea, puntualizó que, no se ha reducido el salario de la
accionante y que, contrario a lo argüido en la demanda, sí se han considerado los
gastos de representación para efectos de la liquidación de prestaciones sociales.
31. Concluyó que, la entidad “ha actuado conforme a la normativa vigente en relación con los
gastos de representación” y que, contrario a lo alegado por el demandante, no se ha
puesto en evidencia una reducción salarial del 25%, al asignarle dicha proporción a
los gastos de representación, ni mucho menos se ha demostrado que se haya
prescindido del carácter salarial de ese rubro al liquidar las prestaciones sociales.
1.6. El recurso de apelación8.
32. Mediante memorial radicado el Nueve (9) de Junio del Dos Mil Veinticinco
(2025)9, la parte demandante solicitó revocar el fallo de primera instancia. Para
fundamentar su solicitud, adujo que, si bien no desconoce que la entidad accionada
le está pagando los denominados gastos de representación, la discusión debió
centrarse “en que de ese salario devengado erróneamente se cancela el 75% y el restante 25%
se atribuye a los gastos de representación, descontados de la misma base salarial.”
33. Reiteró que, aunque los gastos de representación deben sumarse al salario, al
ser de libre disposición del funcionario, su asignación se ha visto menguada en un
25%, porcentaje que se ha sustraído “para convertirlo en otro rubro”, refiriéndose a los
gastos de representación, los cuales reconoció que se pagan de manera periódica.
34. Manifestó que, según lo establecido en el Decreto 1045 de 1978, los gastos de
representación se consideran factor salarial para efectos prestacionales, así como
para “liquidar elementos salariales”. De igual manera, acudió nuevamente a la cita del
artículo 7º de los Decretos 1087 de 2015, 219 de 2016, 717 de 2017 y 343 de 2018,
en los que se señala que, los empleos de la Fiscalía General de la Nación
conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de
gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia, y
que dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas
establecidas en los respectivos decretos.
35. Insistió en que, en el fallo recurrido, se “disfraza el concepto de gastos de representación
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Índice 00036 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Ibidem.
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para restarle valor al salario básico anunciado por el Gobierno Nacional para cada funcionario Fiscal
Delegado ante Jueces Penales Municipales”, comoquiera que, según detalló, el 75% de lo
percibido corresponde al salario, y el 25% a gastos de representación. Para soportar
los anteriores reproches, trajo a colación distintos apartes del libelo inicial.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
36. Mediante el auto del Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)10, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al
despacho para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de las partes.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
37. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150,
243 y 247 del CPACA, y en atención al 328 del Código General del Proceso (CGP)11.
2.2. Problema jurídico.
38. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, los siguientes:
(i) ¿Los gastos de representación, correspondientes al 25% del salario
mensual asignado al señor Diego León Mesa Estrada (en su calidad de
fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos), reducen el ingreso
del demandante, al no considerarse como un emolumento adicional, y, en
ese sentido, impactan la liquidación de las prestaciones sociales?
10
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Número Interno: 3213-2025
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(ii) En caso afirmativo, ¿debe revocarse la sentencia recurrida para, en su
lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por
haber infringido la normativa superior en la que debieron fundarse?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
39. El artículo 150 de la Constitución Política señala que, le corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, ejercer distintas
funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral 19, literal e),
ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes marco, en
virtud de las cuales, se le reserva al Congreso de la República la determinación de
la política general, y al ejecutivo, por su parte, la regulación particular de la materia,
así como su aplicación concreta -vía decreto-12.
40. Al respecto, se ha dicho que, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 13 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador.14 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”15.
41. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
12
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
13
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
15
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
12
Número Interno: 3213-2025
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materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo16. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
41.1. Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco,
no son decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11, sino actos
administrativos de carácter general que cumplen un mandato constitucional directo
de completar la ordenación de la materia17.
42. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo18.
43. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199219, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
19
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
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44. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.
44.1. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional20.
45. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:
“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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46. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.
47. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.
47.1. Este precepto reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, en el entendido que, mientras el Congreso de la República
define los objetivos y criterios generales, el Gobierno regula los aspectos
específicos, sin que, a través de dicha facultad reglamentaria especial, le esté
permitido desconocer derechos adquiridos, desmejorar los salarios y prestaciones
sociales, soslayar la carrera administrativa, inobservar la política macroeconómica
y fiscal del país, o ignorar las limitaciones presupuestales de cada entidad.
2.3.2. Naturaleza jurídica de los gastos de representación.
48. Los gastos de representación “son emolumentos que se reconocen por el desempeño de
ciertos empleos, cuyo cumplimiento puede exigir excepcionales condiciones de vida que impliquen
mayores gastos, comparativamente con los que demandada el ejercicio común de los cargos
oficiales21 (…)”, creados de forma permanente para el beneficio de ciertos empleados
y que, para el sector público, constituye salario (según la previsión del artículo 4222
del Decreto 1042 de 1978), a diferencia del ámbito privado, en el que no tiene esa
connotación (de acuerdo con el artículo 12823 del Código Sustantivo del Trabajo).
21
Diego Younes Moreno, Derecho administrativo laboral, decimocuarta edición, E. Temis 2024, pág. 187
22
ARTÍCULO 42. De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos,
del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario
todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
(…)
b. Los gastos de representación.
23
ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de
1990. El nuevo texto es el siguiente:> No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el
trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes
de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su
patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios
o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el
{empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como
la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.
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49. En cuanto a la evolución normativa de los gastos de representación para el
sector público, debe resaltarse que, en virtud del artículo 8° del Decreto 2285 de
1968, se fijó el régimen salarial del nivel central24 creada para los viceministros y
superintendentes en un equivalente a un cincuenta (50%) de su sueldo.
Posteriormente, con el Decreto 2554 de 1973, se extendió este emolumento para
los rectores, gerentes, directores o presidentes de establecimientos públicos, en
cuantía equiparable a la tercera parte del sueldo de la escala salarial.
50. En virtud del Decreto 1045 de 1978, se estableció que, los gastos de
representación son factor de salario para liquidar la prima de navidad, las cesantías
y pensiones, para liquidar otras prestaciones y determinar el valor de los auxilios
por enfermedad y maternidad, de la indemnización por accidente de trabajo y por
enfermedad profesional y del seguro por muerte.
51. A través de la Ley 4ª de 1992 se habilitó al Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Ejecutiva Nacional, el
Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, la Organización
Electoral y la Contraloría, siguiendo las normas y objetivos de esta Ley.
52. El artículo 2º ibidem determinó que, para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores anteriormente enunciados, se tendría en cuenta el
reconocimiento de gastos de representación. Por su parte, el artículo 4 ejusdem
autoriza al Gobierno Nacional para modificar los gastos de representación.
53. Es preciso indicar que, el Decreto 53 de 1993, por el cual se dictan normas sobre
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General,
dispuso, en el artículo 5, que los empleos de esta entidad conservarán un porcentaje
de su remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación.
54. En la sentencia C-250 de 2003, la Corte Constitucional indicó que los ingresos
por gastos de representación y los beneficios tributarios asociados forman parte
integral de la estructura salarial de ciertos funcionarios públicos, especialmente los
de la Rama Judicial. Evaluar la constitucionalidad de estos ingresos sólo desde la
24
Por el cual se fija el régimen de clasificación y remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y Superintendencias.
16
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capacidad contributiva (es decir, cuánto se debe pagar en impuestos) omitiría
aspectos fundamentales de equidad, como la intangibilidad del salario y el
reconocimiento de ciertos niveles salariales como aspectos necesarios para
respetar la dignidad del cargo, su proyección social y la autoridad que representa.
55. En conclusión, los gastos de representación en el sector público colombiano son
pagos que compensan condiciones especiales y mayores gastos de ciertos cargos
públicos, considerándose como un elemento integrante del salario.
2.4. Hechos probados.
56. De conformidad con los elementos de juicio que reposan en el dosier procesal,
la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la controversia:
a) El Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), el señor Diego León
Mesa Estrada presentó una petición ante la Subdirección Regional de Apoyo a la
Gestión de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, encaminada a que “ se
ordene reliquidar y cancelar efectivamente el pago del salario básico en un 100% y las prestaciones
sociales debidas en el porcentaje no cancelado ”, haciendo énfasis en el 25% del salario por
concepto de gastos de representación que, a su juicio, se le ha descontado25.
b) Mediante el oficio de respuesta Núm. DS-SRANOC-GSA-28 del Veinticinco (25)
de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)26, la subdirectora regional de la entidad
atendió la petición tramitada con el Rad. 20190370594492, en el sentido de negar
la reliquidación y el pago pretendido por el señor Mesa Estrada, para lo cual sostuvo:
“(…) no le asiste a esta Subdirección Regional ningún deber de reliquidarle salarios ni prestación
social alguna a su poderdante, ya que para todos los pagos realizados se le han tenido en cuenta
los parámetros establecidos por las normas vigentes, al igual que para las liquidaciones de sus
prestaciones sociales durante los años laborados en la entidad, y de los cuales solicita reliquidación”.
c) El Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), el apoderado del
señor Mesa Estrada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior,
impugnación que fue tramitada con el Rad. Antioquia-STH-Nº. 2019037074361227.
d) En virtud de la Resolución Núm. 2-0288 del Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil
25
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, págs. 4-5.
26
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, págs. 6-10.
27
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, págs. 14-16.
17
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Veinte (2020)28, la subdirectora de talento humano de la entidad confirmó en todas
sus partes la decisión contenida en el oficio con Rad. 20190380026741, de fecha
Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), relacionado ut supra.
En punto a los gastos de representación, la entidad señaló lo siguiente:
“En tal sentido, los salarios pagados a los mencionados servidores, está compuesto por la
suma asignada como sueldo básico y la suma asignada como gastos de representación,
como se encuentra discriminado en las planillas de Devengados y Deducciones, que fueron
allegados por la Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental, a las respuestas a los
derechos de petición, por lo tanto resulta impreciso señalar, que al salario básico se le restan
los gastos de representación, puesto que los mismos y el salario básico suman el 100%, de
acuerdo a lo establecido por los decretos de salarios para los años anteriores hasta el 2019,
aclarando que los gastos de representación se han pagado en el porcentaje que determina
la ley y en los precitados decretos, reconociendo su carácter de factor salarial para todos los
efectos prestacionales, por hacer parte del 100% del salario, tal como se precisó.
Es de anotar, que la Fiscalía General de la Nación, les ha cancelado a sus poderdantes los
salarios, conforme a los decretos sobre los salarios anuales expedidos por el Gobierno
Nacional, incluido lo correspondiente a los gastos de representación, sin que se haya
realizado ningún descuento por este factor como lo indica el recurrente, al igual que lo
correspondiente a las prestaciones sociales durante los años laborados en la Entidad (…)”.
e) Con la “constancia KARDEX de devengados y deducidos”29, se discriminan los conceptos
de nómina devengados por el señor Diego León Mesa Estrada durante las vigencias
2018 y 2019, así como los descuentos efectuados.
f) De acuerdo con la “constancia de servicios prestados”30 que reposa en el plenario, el
demandante ha desempeñado los siguientes cargos, devengando estos conceptos:
28
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, págs. 17 y siguientes.
29
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, págs. 11-13.
30
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, pág. 25.
18
Número Interno: 3213-2025
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2.5. Caso concreto.
57. En el asunto sub examine, la parte demandante pretende la nulidad del oficio de
respuesta DS-SRANOC-GSA-28-002496 del Veinticinco (25) de Septiembre de Dos
Mil Diecinueve (2019), y la Resolución Núm. 2-0288 del Veintiuno (21) de Febrero
de Dos Mil Veinte (2020), por medio de los cuales, la entidad demandada negó el
reconocimiento del 25% pagado por concepto de gastos de representación, como
una suma adicional al 100% del sueldo que percibe como fiscal delegado ante
jueces municipales y promiscuos (que, a su juicio, se le han venido descontando),
así como, la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales.
57.1. Valga anotar que, aunque en el libelo inicial se hicieron someras referencias
a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
pese a que un componente de los actos acusados se ocupa de dicho emolumento,
lo cierto es que, tanto en la demanda, como en el escrito de subsanación 31, las
pretensiones se circunscribieron al reconocimiento del 25% de los gastos de
representación que, en criterio del actor, se le ha descontado de la base salarial.
57.2. No en vano, al subsanar la demanda, el apoderado del demandante precisó:
“(…) me permito manifestar a su digno Despacho que ratifico en todo su contenido la pretensión
expuesta para el restablecimiento del derecho, respecto a los gastos de representación, en el cual
se solicita el pago del salario restante al ordenado legalmente mediante Decreto anual expedido por
el Gobierno Nacional, 25% y prestaciones sociales, teniendo en cuenta que de la base salarial se
está descontando el pago de los gastos de representación, y se cancela tan solo el 75% del salario
y el saldo restante se atribuye a un descuento por gastos de representación .” Con base en esa
precisión, la Sala se relevará de emitir pronunciamiento alguno frente a la prima
especial de servicios, en la medida en que no hace parte del objeto del litigio.
58. En la sentencia objeto de apelación, la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Antioquia(,) declaró probada la excepción de “carencia de objeto para
pedir y cobro de lo no debido” propuesta por la demandada y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda. Lo anterior al considerar que, contrario a lo argüido
por el actor, los gastos de representación se han venido sufragando en atención a
lo establecido en los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, sin evidenciar que dichos
31
Índice 00006 del expediente del Tribunal de origen.
19
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pagos comporten una reducción salarial del 25%. Además, puso de presente que la
entidad ha liquidado las prestaciones sociales, teniendo en cuenta los gastos de
representación como un emolumento que constituye factor salarial.
59. En el recurso de alzada, el apelante puntualizó que, aunque la entidad le viene
pagando los denominados gastos de representación, lo ha hecho “ erróneamente”,
comoquiera que, del 100% de su asignación, descuenta de esa misma base el 25%
que le corresponde por el referido rubro, en atención al cargo que ostenta.
60. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditado que: (i) de conformidad con la “constancia de servicios prestados”32,
el señor Diego León Mesa Estrada se ha desempeñado como fiscal delegado ante
jueces municipales y promiscuos desde el Primero (1º) de Enero de Dos Mil
Diecisiete (2017), en la dirección seccional de Medellín, cargo que seguía
ostentando para la fecha de presentación de la demanda; y (ii) en virtud del cargo
que asume, devenga los conceptos de a) sueldo básico, b) gastos de
representación, c) prima especial de servicios, y d) la bonificación judicial.
61. Por su parte, en la “constancia KARDEX de devengados y deducidos”33 se observa que
el demandante ha devengado, dentro de los conceptos de nómina, tanto el concepto
de “sueldo”, como el de “gastos de representación” y que, sobre el total devengado, se
han efectuado los respectivos aportes a salud, pensiones, y demás deducciones.
62. Las pruebas antes señaladas se acompasan con los dichos del actor, quien en
el escrito de demanda, y en el recurso de apelación, reconoció que la entidad le ha
pagado el concepto de nómina correspondiente a los gastos de representación,
valor que ha servido de base para el cálculo de los aportes a seguridad social.
63. Ahora bien, para justificar los reparos esgrimidos en la apelación, el demandante
insiste en que los gastos de representación, al erigirse como un concepto de libre
disposición, deben sumarse al salario, y no sustraerse del mismo en la proporción
anotada (25%), so pena de menguar el ingreso que percibe por la labor que
desempeña. No obstante, una aseveración en ese sentido no encuentra sustento
en el ordenamiento actual, con arreglo al cual, se conciben los gastos de
32
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, pág. 25.
33
Índice 00040 del expediente del Tribunal de origen, 14AntecedentesFiscalía, págs. 11-13.
20
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representación como emolumentos que integran la estructura salarial, es decir,
aquellos que constituyen un componente de la retribución del servidor, y que se
reconocen -de forma permanente- a ciertos servidores por la labor que adelantan,
o la dignidad que se ostenta, cuyo cumplimiento envuelve elementos diferenciados.
64. La Corte Constitucional, en la sentencia C-250 de 200334, recordó que: (i) los
gastos de representación corresponden a un determinado porcentaje del salario; (ii)
son de libre disposición; (iii) representan un componente de la retribución del
servidor; (iv) se reconocen por el desempeño de excepcionales empleos, cuyo
ejercicio puede exigir “un género de vida que implique mayores gastos en relación con los que
demanda el ejercicio común de los cargos oficiales”35; y (v) constituyen factor salarial, habida
cuenta que, “fueron creados por la ley, con carácter permanente, para beneficio personal del
empleado, en gracia de la posición que ocupa, de la jerarquía del empleo, de la dignidad que implica
y de las responsabilidades señaladas al cargo mismo”36.
65. En la misma providencia, el Alto Tribunal Constitucional reafirmó que los gastos
de representación hacen parte de la estructura de remuneración de ciertos
servidores, cuya proporción se fija a partir de “los niveles de autoridad, responsabilidad y
dignidad que comporta el empleo y que en atención a esa consideración, los mismos se reservan
para los más altos funcionarios del Estado, en una escala creciente a medida en que se ascienda en
la jerarquía de la función pública” 37 . En ese sentido, es claro que, los gastos de
representación hacen parte de la estructura salarial y, a diferencia de conceptos
como la prima especial, no fueron concebidos como un sobresueldo o una adición
al salario, aspecto que se inscribe en la facultad concurrente del legislador, y el
ejecutivo nacional, para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores.
66. Dicho lo anterior, la Sala debe precisar que, de conformidad con lo señalado en
el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política, en concordancia
con las previsiones de la Ley 4ª de 1992, le corresponde al Gobierno Nacional fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, con estricta
observancia de los objetivos y criterios definidos por el legislador en el artículo 2º
de la plurimentada ley marco.
34
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
35
Diego Younes Moreno. Derecho Administrativo Laboral 3ª ed. Ed. Temis, Bogotá, 1985.
36
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, febrero 10 de 1975. Consejero Ponente: Jaime Betancur.
37
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-250 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21
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67. La Sala Plena de la Sección Segunda de esta Colegiatura, en la sentencia de
unificación del Doce (12) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022)38, en punto a la
facultad en comento, explicó que, “comoquiera que el ejecutivo es la autoridad que debe fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos dentro del límite de la ley marco, está
investido de la potestad de configuración para señalar en detalle todos los elementos propios del
régimen, esto es, el conjunto de normas que regulan esta temática específica, dentro de los cuales
habrá algunos de contenido material o sustancial, relativos a las prestaciones como tal y otros de
carácter adjetivo, necesarios para el cumplimiento de los anteriores, los que la jurisprudencia ha
denominado accidentales, dados por elementos tales como condiciones, términos y modos ”.
68. Nótese que, en ejercicio de las facultades derivadas de la Ley 4ª de 1992, con
las cuales se materializa el mandato del artículo 150.19 Constitucional, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 53 de 1993 39 , en cuyo artículo 5º dispuso que, los
empleos de la Fiscalía General de la Nación “conservarán el porcentaje de la remuneración
mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que
regulan la materia”, y que dicho porcentaje “se aplicará a la remuneración mensual excluyendo
las primas establecidas en los artículos siguientes”, contenidos en el Decreto en cita.
69. No pasa inadvertido que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley
4ª de 1992, el legislador habilitó al Gobierno Nacional para que, cada año, modifique
el sistema salarial de los servidores públicos (de los que trata el artículo 1º, literales
a y b ejusdem), atendiendo a los objetivos y criterios definidos en el artículo 2º
ibidem, y, asimismo, lo facultó para modificar el régimen de viáticos, gastos de
representación y comisiones de los mismos empleados.
70. En tal virtud, el Gobierno ha expedido los decretos relacionados con el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.
Para el caso que ocupa la atención de esta Sala, es decir, para los períodos
reclamados por el demandante (2016 en adelante, según lo narrado en la demanda)
el Gobierno Nacional expidió los Decretos 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018
y 996 de 2019, en cuyo contenido se replica el artículo 7º común, precepto que, en
punto a los gastos de representación, dispone: “los empleos de la Fiscalía General de la
Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de
representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará
a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes ”.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
39
“Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación y se dictan otras disposiciones”.
22
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70.1. Estos decretos deben leerse en armonía con las disposiciones del Decreto
041 de 1999 (y de los Decretos 2744 de 2000, 2728 de 2001, 684 de 2002, 3550 de
2003, 4173 de 2004, 937 de 2005, 395 de 2006, 624 de 2007, y siguientes), en los
que el Gobierno Nacional ha fijado los respectivos porcentajes de la remuneración.
70.2. Para ilustrarlo, en los mencionados decretos, por medio de los cuales, en
desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno
Nacional fijó la escala de asignación básica para los empleos de la Fiscalía General
de la Nación, se determinaron los porcentajes del salario mensual que tienen el
carácter de gastos de representación. Así, por ejemplo, para los fiscales delegados
ante jueces municipales y promiscuos, se previó que el veinticinco por ciento (25%)
del salario mensual tendría el carácter de gastos de representación.
70.3. En los mismos actos administrativos, el Gobierno Nacional ha distinguido, con
suficiencia, los componentes de la remuneración que constituyen un sobresueldo y
aquellos, como los gastos de representación, que integran el salario.
71. Con fundamento en lo expuesto, emerge con claridad meridiana que, la voluntad
del Gobierno Nacional fue la de fijar un porcentaje de la remuneración mensual, a
título de gastos de representación, a favor de algunos servidores de la Fiscalía
General de la Nación, sin que dicha facultad pueda desnaturalizarse al punto tal de
considerar el mentado concepto como un sobresueldo o una adición sobre la
remuneración mensual, pues, ese no fue el carácter que le dio el ejecutivo, en quien,
fuerza iterar, recae la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional.
71.1. Suponer lo contrario implicaría reconocer un “doble pago” por el mismo
emolumento, es decir, un 25% de la remuneración que integra la estructura salarial,
por concepto de gastos de representación, junto con el 75% de sueldo básico,
sumado a un porcentaje adicional (del 25%) como “sobresueldo” o “adicional”,
naturaleza que, se insiste, no le fue otorgada por el Gobierno Nacional a ese rubro.
71.2. Aunado a ello, una conclusión en ese sentido supondría desconocer la
competencia concurrente del ejecutivo y el legislador para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos (entre ellos, los de la Fiscalía General),
habilitación dentro de la cual se inscribe la posibilidad de definir que un porcentaje
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de la remuneración esté constituido por los gastos de representación, como en
efecto lo ha hecho el Gobierno Nacional, a través de decretos cuya nulidad no ha
sido declarada en esta jurisdicción, y cuya legalidad no se discute en el proceso.
72. En un caso de similares contornos fácticos y jurídicos, la Sala, en sentencia del
Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)40, se refirió a la naturaleza de los
gastos de representación y a la imposibilidad de concebirlos como un adicional, así:
“Expuesto el extremo anterior, no le asiste la razón a la demandante, habida cuenta que, las
pruebas aportadas al proceso la entidad ha cancelado los gastos de representación de
acuerdo con el certificado aportado por la Tesorería de la Fiscalía General de la Nación
Seccional Medellín durante los periodos 2013 a octubre de 2018. Además, de acuerdo a la
certificación expedida área de prestaciones de la sección de talento humano, informó que,
“(…) ésta asignación siempre ha constituido factor salarial para efectos de la liquidación de
las prestaciones sociales de conformidad con el Decreto 1045 del 17 de junio de 1978 (…)”,
por lo tanto, los gastos de representación no corresponden a un adicional a la asignación
básica, son parte del salario, lo que, la diferencia de la prima especial que si corresponde a
un adicional de la remuneración, pues como se indicó anteriormente la entidad liquidó los
gastos de representación en el sueldo que percibió la demandante sin hacer deducción
alguna como erradamente lo interpretó la actora.
Lo anterior, se ratifica de la lectura de los decretos 41 anuales que han regulado la materia,
pero en especial del artículo 5 del Decreto 42 53 de 1993 que señaló: «Los empleos de la
Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que
tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la
materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas
establecidas en los artículos siguientes.», de donde se deduce que los gastos de
representación de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se aplican a la
remuneración mensual y no se tienen como una suma adicional como si lo es la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.”
73. La Sala destaca que, al no ser concebidos -los gastos de representación- como
un porcentaje adicional al 100% de la asignación que percibe la demandante, por
sustracción de materia, se torna inane el pronunciamiento sobre la pretendida
reliquidación de las prestaciones sociales con el aludido incremento o sobresueldo.
74. Vistas así las cosas, la Sala concluye que los reparos del demandante no tienen
vocación de prosperidad y, en esa medida, se confirmará la sentencia apelada.
2.6. Condena en costas.
75. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de agosto
de 2025, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2017-01583-02 (6592-2024).
41
Decreto 49 de 1995, Articulo 6; Decreto 108 de 1996, Articulo 6; Decreto 52 de 1997, Artículo 6; Decreto 50 de 1998, Articulo
6.
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Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación y se dictan otras disposiciones.
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temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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