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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02967-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02967-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 veinticinco (2025), radicado: 05001-23-33-000-2017-02103-02 (0621-2025); del veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026), radicado: 05001-23-33-000-2021-00100-02 (3207-2025); del veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026), radicado: 05001-23-33-000-2020-03844-02 (3213-2025). 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 05001-23-33-000-2017-02967-02 (0620-2025) Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02967-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02967-02 (0620-2025)
Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02967-02 (0620-2025)
Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Gastos de representación
Decisión: Estarse a lo resuelto y confirma sentencia. Sin condena en
costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 25 de
julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución SAG No.001612 de
22 de mayo de 20172, y del acto ficto o presunto mediante el cual la entidad
demandada negó el reajuste de la prima especial de servicios y los gastos de
representación.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…]3. Se ordene el
reconocimiento adicional al salario ordenado por el decreto anual, de la prima especial
que debe cancelar la entidad demandada, producto de la asignación hecha en la Ley 4
de 1992, y los decretos reglamentarios que ordenan su pago mes a mes y que conforme
a ella, desde junio de 2016 y el tiempo en que efectivamente ocupe el cargo o similar el
demandante. Dicha prima no debe ser inferior al 30% adicional al salario básico mensual

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los gastos de
representación, objeto del presente proceso. Se hace la salvedad que el Doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó impedimento el 20 de mayo de 2026- índice 12 de Samai, el cual fue declarado fundado mediante
providencia del 25 de junio de 2026- índice 19 de Samai.
2 Folios 17-20 del expediente físico.
3 Ver folio 30 vto del expediente físico- subsanación de la demanda.

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Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya

vigente durante la reclamación total, junto con las prestaciones sociales que le
corresponden a dicho porcentaje.

3.[…] el reconocimiento y pago efectivo al demandante […] del saldo restante de su
salario, 25% se ordene la reliquidación de todas las prestaciones sociales sobre la base
del 100% del salario ordenado por el Gobierno nacional, desde el mes de junio de 2016
hasta la fecha en que se ocupe el cargo o similar, […].

4. Que se incluya el valor de los saldos dejados de cancelar, durante los años descritos
en la pretensión anterior, más los que se sigan generando hasta la fecha en que siga
ocupando el mismo cargo o similar, así como, el pago proporcional adicional de las
prestaciones sociales correspondientes, a vacaciones, prima de vacaciones, primas de
servicios, prima de navidad; aporte a cesantías, gastos de representación y pensión,
sobre la base del 100% del salario, […]»4.

Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Jaime Alonso Betancur Montoya ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal delegado ante jueces penales del circuito5.

5. La parte actora elevó petición el 20 de abril de 2017 ante la entidad
demandada, en la que solicitó el reajuste de la prima especial del 30% como un
plus adicional al salario, y que se tuviera en cuenta los gastos de representación
como parte de su asignación, la cual fue resuelta de manera negativa mediante
los actos demandados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 23 y 25 de la Constitución Política; artículos 1, 2, 3, 5 y 12 del Decreto
219 de 2016, 7, 11, 12 y 13 de la Ley 476 de 1998.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que lo que ordenó la Ley 4 de
1992 fue una prima sin carácter salarial, más no restar el 30% del básico
asignado al actor.

8. Por otro lado, señaló que los gastos de representación deben sumarse al
salario, pues son de libre disposición del funcionario para las expensas en que
incurre en nombre de la entidad para la cual labora. Agregó que, se disminuye la
remuneración del demandante para asignar un 50% como dicho emolumento, en
desmedro del ingreso del servidor.

Contestación de la demanda

9. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda6 y se opuso a las
pretensiones en razón a que a partir del año 2003 los salarios y prestaciones

4 Transcripción literal del acápite de pretensiones de la demanda.
5 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio del actor.
6 Folios 41-57 del expediente.

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sociales se han liquidado con base en el 100% del salario, sumado a que los
decretos salariales no contemplaron la prima especial de servicios.

10. Finalmente, presentó las excepciones de «cumplimiento de un deber legal»,
«carencia de objeto», y genérica.

Sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia proferida el 25 de julio de 20247, el Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió parcialmente las súplicas de la demanda.

12. Sostuvo que la Ley 476 de 1998 modificó el artículo 14 de Ley 4 de 1992, por
lo que a partir de la entrada en vigor de esta norma, la prima especial debe
reconocerse a los fiscales que se hayan acogido al régimen salarial y prestacional
consagrado en el Decreto 53 de 1993, así como a quienes se hayan vinculado
de manera posterior.

13. En consecuencia, señaló que a pesar de no encontrarse regulada la prima
especial de servicios para los fiscales a partir del año 2003, la jurisprudencia
reconoció la procedencia de su reconocimiento adicional a la asignación básica
correspondiente a cada empleo, para estos años y hasta el 01 de enero de 2021
y en adelante de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021.

14. A su vez, indicó que operó la prescripción trienal de las diferencias solicitadas
anteriores al 20 de abril de 2014, pues la petición ante la administración se radicó
el 20 de abril de 2017. No obstante, aclaró que dado que en la demanda se
peticionó a partir de junio de 2016, será a partir de esta fecha que se ordenará
el reconocimiento y no se aplicará dicho fenómeno.

15. Por otro lado, manifestó que no se redujo del salario del demandante el
porcentaje del 25% indicado, pues los gastos de representación son un
componente del ingreso laboral. Además, la entidad le ha reconocido las
prestaciones sociales sobre el 100% de lo devengado, situación que no fue
desvirtuada en el proceso. Es importante además tener en cuenta que los gastos
mencionados posibilitan la exención tributaria de una parte del salario, lo que
constituye un beneficio económico para quienes lo devengan y no una merma de
su patrimonio.

16. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordenó:

TERCERO. - A modo de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la NACIÓN
–FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

A) Reconocer y pagar al señor JAIME ALONSO BETANCUR MONTOYA, la prima
especial de servicios como adición al salario, a partir del 1º de junio de 2016, tal

7 Índice 39, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya

como se peticionó en la demanda y mientras perdure en el empleo y en razón
de éste tenga derecho a la prima especial de servicios, sin que en ningún caso
supere los porcentajes máximos fijados por el Gobierno Nacional atendiendo al
cargo correspondiente.

B) Realizar los descuentos de ley al sistema general de seguridad social en las
proporciones correspondientes, respecto de las diferencias no cotizadas.
[…]

CUARTO. - NEGAR las demás súplicas de la demanda, de conformidad con las
razones expuesta en esta decisión.

Recurso de apelación

-Parte demandante:

17. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en
apelación parcialmente, en relación con el numeral cuarto.8

18. Señaló que por definición, los gastos de representación deben sumarse al
salario, porque son de libre disposición del funcionario para los gastos en que
incurre en representación de la entidad para la cual labora. No obstante, su
salario básico, se ve menguado en el porcentaje que se sustrae para convertirlo
automáticamente en otro rubro, en términos que no han sido definidos así por la
ley.

19. Por otro lado, indicó que los gastos de representación, según lo establecido
en el Decreto 1045 de 1978, se consideran factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales.

20. Igualmente, sostuvo que «el fallo de primera instancia incurre en el error
sustancial de apreciación de la ley frente al pago de los gastos de representación
de los Fiscales delegados ante Jueces, como es el caso del demandante, pues
no puede hablarse, que ese pago solo se hace para obtener un beneficio
tributario, cuando precisamente la ley estatutaria no establece dicho descuento
para la retención en la fuente de su salario, solo establece una excepción para
los gastos de representación, pero para otros funcionarios expresamente
nombrados en la ley de contribución fiscal».

21. Concluyó que puede evidenciarse que, al momento de realizar el pago del
salario, este se fraccionó en sueldo y gastos de representación, siendo evidente
que en materia de remuneración salarial, tan solo se hizo el pago del 75% del
rubro asignado por decreto, y el otro tanto, fue asignado como gastos de
representación que redujo la base de ingreso salarial y no fue sumado al mismo.

-Parte demandada:

8 Índice 42, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya

22. La apoderada de la parte demandada presentó recurso de apelación 9.

23. Al respecto, sostuvo que conforme a la sentencia el 15 de diciembre de 2020,
proferida por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no se estableció un criterio para el pago de los aportes de cotización a la pensión
de jubilación que debiera hacer el empleador durante todo el periodo en que el
actor hubiera prestado sus servicios como fiscal delegado ante los jueces de la
República, lo cual atenta contra la estabilidad financiera de la entidad, más aún
cuando lo máximo que debe ser reconocido como aportes son los generados
durante los tres años anteriores a la reclamación administrativa, presentada por
el actor conforme al fenómeno prescriptivo del derecho.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

24. Por auto del 2 de mayo de 2026,10 se admitieron los recursos de apelación
de las partes.

25. El Ministerio Público rindió concepto11, y señaló que la prima especial debe
entenderse como un adicional a la asignación mensual dispuesta en los decretos
anualmente expedidos por el Gobierno nacional. A su vez, sostuvo que los
aportes a pensión son imprescriptibles en favor del trabajador, quien mediante un
proceso laboral ordinario puede exigir su pago al empleador en cualquier tiempo,
por lo que la prescripción trienal frente a éstos no opera.

26. En cuanto a los gastos de representación, señaló que constituyen factor
salarial por expresa disposición legal y tanto la asignación básica como éstos
hace parte de la remuneración mensual para los empleados de la Fiscalía
General de la Nación. En consecuencia, se tiene que la demandada incluyó
dichos conceptos como parte de los factores salariales para la liquidación de las
prestaciones sociales, en razón a que dentro del proceso no se encuentra prueba
alguna que demuestre que los gastos de representación fueron excluidos al
momento de liquidar los factores salariales o prestacionales.

27. Las partes guardaron silencio.

28. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

9
Índice 43, gestión en otros despachos de Samai.
10 Índice 5 de Samai.
11 Índice 9 de Samai.

5
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29. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

30. Le corresponde a la Sala establecer si era procedente ordenar los aportes al
Sistema de Seguridad Social en pensión con ocasión del reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios, y si se debía aplicar la prescripción trienal frente
a éstos.

31. Así mismo, si el actor en su condición de fiscal tiene derecho al reajuste de
su salario en un 100%, con la inclusión de lo deducido en un 25% que
corresponde a los gastos de representación, y en consecuencia la reliquidación
de las prestaciones sociales.

32. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios y precedente jurisprudencial; 2. Los
gastos de representación y el precedente jurisprudencial; y 3. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

33. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

34. Por su parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto

12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
6
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53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción14 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

35. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199615 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

36. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

37. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202016, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de

14 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
15 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
7
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1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

38. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,17 10 de septiembre de 202418 y 5 de noviembre 2024.19

39. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202220 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

De los gastos de representación en el sector público

40. Los gastos de representación en el sector oficial constituyen un factor salarial
integrante de la remuneración de determinados servidores públicos, en atención
a la jerarquía, dignidad y responsabilidades propias del cargo desempeñado. En
consecuencia, no corresponden a erogaciones ocasionales ni a simples
mecanismos de reembolso de gastos operativos, sino a un componente
permanente de la estructura salarial legalmente prevista para ciertos empleos
públicos.

41. El Decreto Ley 1045 de 1978 estableció la obligatoriedad de incluir los gastos
de representación en diversos componentes prestacionales. Así, el artículo 17 de
la referida norma los reconoce como factor para la liquidación de vacaciones y la
respectiva prima de vacaciones; por su parte, el artículo 33 ordena su inclusión
para el cómputo de la prima de navidad y el artículo 45 los instituye como base
para el cálculo de las cesantías y las pensiones.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
20 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02967-02 (0620-2025)
Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya

42. En consecuencia, el alcance de esta noción no se limita a la liquidación de
prestaciones ordinarias, sino que se extiende al ámbito de la seguridad social y
a las demás contingencias derivadas de la relación laboral. Por ello, los gastos
de representación deben incorporarse para la determinación del ingreso base de
liquidación de los conceptos antes mencionados, así como para el
reconocimiento de licencias de maternidad, auxilios por incapacidad e
indemnizaciones originadas en accidentes de trabajo o enfermedades
laborales21. De esta forma, se salvaguarda el principio de integridad salarial y se
garantiza la efectividad de los derechos irrenunciables de los servidores públicos.

43. La Ley 4 de 1992 dispuso que corresponde al Gobierno nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluidos los
servidores de la Fiscalía General de la Nación. En ese marco, el artículo 2 de
dicha normativa prevé que, para la determinación de ese régimen, se tendrá en
cuenta el reconocimiento de los gastos de representación, mientras que el
artículo 4 faculta al Gobierno para modificar los factores salariales y
prestacionales, entre ellos dicho emolumento.

44. En desarrollo de la referida ley marco, el Decreto 53 de 1993, por el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía
General de la Nación, dispuso en su artículo 5.º que los empleos de dicha entidad
conservarían el porcentaje de la remuneración mensual reconocido como gastos
de representación, de conformidad con lo previsto en los preceptos vigentes que
regulaban la materia. Esta disposición evidencia que tales gastos hacen parte de
la remuneración mensual del servidor y se integran a la estructura salarial del
empleo. No obstante, la norma no estableció un porcentaje único, fijo o uniforme
para todos los cargos de la entidad.

45. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C - 250 de 2003 señaló que
«el concepto de gastos de representación […] en el sector público […] se han
considerado factor salarial y benefician al empleado, al paso que en el sector privado,
esos gastos son expensas que se hacen en beneficio de la empresa, y no pueden, desde
la perspectiva tributaria, emplearse como instrumento para mejorar el ingreso real de los
empleados, porque tal mejoría se haría para trabajadores privados, pero con cargo a las
finanzas públicas, por la reducción en el producido del impuesto».

46. En la sentencia C-461 de 2004, reiteró que «[l]os gastos de representación son
emolumentos que se reconocen excepcional y restrictivamente a empleados de alto nivel
jerárquico para el cumplimiento de sus funciones y que, en el sector público, son
constitutivos del salario».

47. En suma, los gastos de representación no constituyen una retribución
autónoma o adicional por la prestación personal del servicio, sino un componente
salarial orientado a asegurar el adecuado desempeño de funciones asociadas a

21
Artículo 46 del Decreto Ley 1045 de 1978.
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cargos que implican dirección, representación institucional y especiales niveles
de responsabilidad. Su reconocimiento encuentra justificación en la necesidad de
preservar las condiciones propias de la jerarquía, investidura y carácter
inherentes a determinados empleos públicos. De ahí que el ordenamiento jurídico
los haya concebido como un factor integrante de la remuneración de
determinados empleos y no como una prestación social autónoma22.

Hechos probados

48. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegado
ante jueces municipales y del circuito delegado desde el 9 de febrero de 2004,
sin que a la fecha de la certificación reporte retiro del servicio.23

49. Está demostrado que el demandante a partir de la fecha de su vinculación
como fiscal ha percibido sueldo y los gastos de representación24. Igualmente, el
actor a partir de la fecha de su vinculación como fiscal percibió el 100% de su
remuneración básica y no reporta ningún emolumento por concepto de la prima
mencionada.

50. Que el 20 de abril de 201725 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de los gastos de representación y el pago de
la prima especial de servicios.

Caso concreto

51. La Sala advierte, que en el presente caso procede el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios como un incremento del salario básico, como lo
señaló el a quo, la cual no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua
para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión, conforme
lo dispone el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y en especial para el caso de la
Fiscalía, como lo prevé la Ley 476 de 199826.

52. Por otro lado, se advierte que la cotización a pensión está íntimamente
relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el
reconocimiento de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago de
los aportes al Sistema General de Pensiones, de conformidad con la ley, por ser

22 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B- consejero

ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar- sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)-
radicación: 05001-23-33-000-2017-02101-02 (2561-2023).
23 Folio 128 del expediente físico. Fecha de certificación 20 de junio de 2018.
24 Folios 160-199 del expediente físico.
25 Folios 15-16 del expediente físico.
26 Artículo 1º. Aclárase el artículo 1º de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4ª de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen
con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a
que se refiere el artículo 6º del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona,
tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación.
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un derecho imprescriptible e irrenunciable27 a favor del trabajador y por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios por la
sostenibilidad del sistema28.

53. Es del caso señalar que, a partir del 2003 los decretos salariales de la Fiscalía
no previeron la mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente
como una adición a la asignación básica, por lo que a partir de dicho año las
diferencias de los aportes pensionales deben liquidarse respecto de la prima
especial del 30 %, bajo el entendido de que, en su momento, se hicieron los
aportes de ley sobre el 100% de la asignación básica, tal como lo indicó el a quo,
por lo que no le asiste razón a la entidad demandada.

54. Por otro lado, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de
septiembre de 202229 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que
declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales señaló que el 30% correspondiente a
la prima especial «no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que
además ella es una adición a éste». Además, se declaró la nulidad de la siguiente
previsión «ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en
contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

55. Frente al recurso interpuesto por la parte actora, ésta sostuvo que la entidad
fraccionó indebidamente su salario al reconocer una parte de la remuneración
bajo el concepto de gastos de representación, con la consecuente afectación de
la base salarial y prestacional.

56. Frente a este planteamiento, la Sala advierte que conforme se explicó en el
marco normativo de esta providencia, el artículo 5 del Decreto 53 de 1993 prevé
que los gastos de representación integran la remuneración mensual de
determinados empleos de la Fiscalía General de la Nación y constituyen un
componente salarial legalmente reconocido dentro de la estructura remuneratoria
de dichos cargos.

57. En efecto, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-
250 de 2003, los gastos de representación son «[…] emolumentos que se reconocen
por el desempeño de excepcionales empleos, cuyo ejercicio puede exigir un género de
vida que implique mayores gastos en relación con los que demanda el ejercicio común

27 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
28 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la

Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
29 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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de los cargos oficiales.” 30 […]los gastos de representación constituyen factor salarial,
porque “... fueron creados por la ley, con carácter permanente, para beneficio personal
del empleado, en gracia de la posición que ocupa, de la jerarquía del empleo, de la
dignidad que implica y de las responsabilidades señaladas al cargo mismo...”31»

58. Así las cosas, los gastos de representación hacen parte de la remuneración
salarial, pues su finalidad, incluso desde una perspectiva tributaria, consistía en
mejorar el ingreso efectivo de los funcionarios. En tal sentido, la Corte reconoció
que existía una justificación suficiente para que el legislador atribuyera una
porción de la remuneración de jueces y magistrados a este concepto.

59. De igual manera, los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en materia
de régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la
Nación han mantenido de forma constante la previsión según la cual dichos
empleados conservan el porcentaje de su remuneración mensual
correspondiente a gastos de representación, conforme a las disposiciones
vigentes que regulan la materia, porcentaje que se calcula sobre la remuneración
mensual, excluyendo las primas establecidas en las normas respectivas.

60. Bajo este contexto normativo, si bien está acreditado que al demandante le
fueron reconocidos y pagados valores por concepto de gastos de representación,
ello no permite inferir, por sí solo, una reducción de su asignación básica ni la
existencia de diferencias salariales o prestacionales insolutas a su favor.

61. Lo anterior obedece a que correspondía a la parte actora acreditar que la
entidad demandada excluyó indebidamente de la base de liquidación de sus
prestaciones sociales algún factor salarial que, de conformidad con el
ordenamiento jurídico, debía integrarla, o demostrar la existencia de sumas
efectivamente adeudadas por tal concepto, carga probatoria que no fue
satisfecha en el presente proceso al tenor del artículo 167 del CGP32 .

62. Además, carece de sustento normativo y jurisprudencial la tesis según la cual
los gastos de representación constituyen un emolumento autónomo y adicional
al salario o implique un fraccionamiento indebido de la remuneración del servidor.

63. Por el contrario, esta Corporación33 ya ha sostenido que la asignación

30 Diego Younes Moreno. Derecho Administrativo Laboral 3ª ed. Ed. Temis, Bogotá, 1985
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, febrero 10 de 1975. Consejero Ponente Jaime
Betancur.
32 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez
podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se
encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio,
por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
33 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Subsección B, consejero

ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, Ver sentencias del seis (6) de agosto de dos mil veinticinco
(2025), radicado: 05001-23-33-000-2017-01583-02 (6592-2024); del siete (07) de noviembre de dos mil
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mensual de estos empleados se encuentra integrada tanto por la asignación
básica como por los gastos de representación fijados anualmente por el Gobierno
nacional, componentes que conforman una unidad remuneratoria y que no
pueden ser entendidos como rubros independientes o susceptibles de liquidación
aislada, como lo propone el actor. En consecuencia, no se acreditó que la entidad
hubiera desmejorado la base salarial del demandante mediante el
reconocimiento de los gastos de representación ni que hubiera excluido este
factor de la liquidación de sus prestaciones sociales, por lo que el recurso de
apelación no tiene vocación de prosperidad.

64. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en la
sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018); y iii) se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

65. Conforme a lo anteriormente expuesto, en relación con los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, según lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en
el proceso.

66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

67. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que ninguno de los recursos de apelación prosperó, por manera que no
puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022

veinticinco (2025), radicado: 05001-23-33-000-2017-02103-02 (0621-2025); del veintidós (22) de mayo de
dos mil veintiséis (2026), radicado: 05001-23-33-000-2021-00100-02 (3207-2025); del veintidós (22) de
mayo de dos mil veintiséis (2026), radicado: 05001-23-33-000-2020-03844-02 (3213-2025).

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02967-02 (0620-2025)
Demandante: Jaime Alonso Betancur Montoya

dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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