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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00100-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00100-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Veintisiete (27) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-00100-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00100-02 (3207-2025)1
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Emolumentos y prestaciones sociales
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Veintisiete (27) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual,
se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones2

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de inaplicar por inconstitucional
“toda aquella normatividad que implique una merma en el salario de la demandante”, y asimismo,
con el propósito de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la

1
Expediente electrónico visible en el aplicativo Samai.
2
Índice 00034 del expediente del Tribunal de origen, 01 Demanda, págs. 01-31.

2

Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Resolución Núm. DS-SRANOC-GSA-28-00395 del Veinticinco (25) de Febrero de
Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual, la entidad accionada le negó la reliquidación
y pago del salario en un 100%, con inclusión del porcentaje (50%) dejado de percibir
por concepto de gastos de representación, descontados de la asignación básica,
durante el tiempo en el que ha ocupado el cargo de fiscal delegada (desde el 2017);
(ii) y de la Resolución Núm. 2-0775 del Doce (12) de Junio de la referida anualidad,
con arreglo al cual, se confirmó la decisión anterior.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) incluir el valor de las sumas
dejadas de pagar desde el año 2017, y en adelante -mientras ostente el cargo que
genera el beneficio-, por concepto de gastos de representación, los cuales
corresponden al 50% de lo que se le ha descontado del 100% de la asignación
básica; (ii) reliquidar las prestaciones sociales sobre la base del 100% de la
asignación, con el reconocimiento de todos los intereses corrientes y moratorios que
se hayan causado; y (iii) ordenar la indexación de las sumas que resulten.

1.2. Los hechos

3. En el escrito de demanda3, explicó que, desde el 2017, viene desempeñando el
cargo de fiscal delegada ante los jueces penales del circuito especializados.

4. Narró que, a partir de 1993, el Gobierno Nacional ha dado “ cumplimiento parcial” a
la Ley 4ª de 1992, expidiendo, en un principio, el Decreto 57 de 1993 (para jueces),
y el Decreto 53 de la misma anualidad (para funcionarios de la Fiscalía General de
la Nación), en virtud de los cuales, se ordenó el reconocimiento de la prima especial
sin carácter salarial. Con base en dicha normatividad, el Gobierno Nacional expidió
los Decretos 49 de 1995, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 1480 de 2001, y
685 de 2002, los cuales, en los artículos 6º y 7º, previeron el pago de gastos de
representación, concepto que, a la fecha, continúa vigente.

5. Indicó que, por definición, los gastos de representación deben sumarse al salario,
porque son de libre disposición del funcionario para los gastos “ en que incurre en
representación de la entidad”. No obstante, precisó que, su salario básico se ha visto

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Índice 00034 del expediente del Tribunal de origen, 01 Demanda, págs. 01-31.

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

menguado en un 50%, habida cuenta que, se le ha sustraído el concepto en cita
“para convertirlo automáticamente en otro rubro, en términos que no han sido definidos por la ley ”.

6. Adujo que, mediante petición del Doce (12) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020),
reclamó lo ahora pretendido, pero la entidad, a través de la Resolución Núm. DS-
SRANOC-GSA-28-00395 del Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020),
negó la reliquidación deprecada, indicando que “no tenía la competencia para realizar
asignaciones salariales a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación”. Sobre la base de

lo resuelto, consideró que la entidad “no contextualizó la petición”, comoquiera que, no
se solicitaba la creación de nuevas asignaciones o factores salariales, sino “ el pago
correcto conforme a derecho y jurisprudencia relacionada de los rubros ordenados por la ley”.

7. Inconforme con la anterior decisión, interpuso el recurso de apelación, el cual fue
desatado mediante la Resolución Núm. 2-0775 del Doce (12) de Junio de Dos Mil
Veinte (2020), en el sentido de confirmar la decisión primigenia.

1.3. Concepto de la violación4

8. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 23 y 25 de la Constitución Política; los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, y 12, inciso
3º, del Decreto 57 de 1993; los Decretos 19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015,
219 de 2016, 717 de 2017 y 343 de 2018; así como el Decreto 996 de 2019.

9. Argumentó que, las resoluciones acusadas infringen las normas en las que deben
fundarse, específicamente, lo dispuesto en el Decreto 57 (sic) de 1993, en la medida
en que se dejaron de cancelar en un 100% los gastos de representación, y se omitió
su inclusión como factor salarial “para calcular el pago de las cesantías y prestaciones sociales
que corresponden al periodo reclamado ”. Anotó que, el artículo 12 ibidem prevé que,

“constituye factor salarial, toda remuneración que en forma permanente reciban los funcionarios ”.

10. En punto a los gastos de representación, indicó que, conforme al Decreto 1045
de 1978, se consideran factor salarial para liquidar prestaciones, resaltando las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, pensiones, auxilios por
enfermedad y maternidad, indemnizaciones y demás conceptos. Agregó que,

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Índice 00034 del expediente del Tribunal de origen, 01 Demanda, págs. 01-31.

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Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

también ostenta carácter salarial para liquidar elementos salariales, tales como la
prima de servicios y la bonificación por servicios prestados.

11. Sostuvo que, la Fiscalía General, a través de los Decretos 49 de 1995, 50 de
1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 1480 de 2001, y 685 de 2002, estableció el pago
de los gastos de representación, y que tales normas se encuentran vigentes.

12. Reprochó que, la entidad demandada pretenda “disfrazar el concepto de gastos de
representación para restarle valor al salario básico anunciado por el Gobierno Nacional para cada
funcionario”. Sobre el particular, explicó que el 50% de lo que percibe como fiscal

delegada corresponde al salario, mientras que el otro 50% se paga por concepto de
gastos de representación, situación que calificó como un “adefesio jurídico” que
impacta negativamente el ingreso, al disminuirlo significativamente.

1.4. La contestación de la demanda5

13. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual
sostuvo que, la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de un deber legal,
ha reconocido y pagado a la actora lo concerniente a gastos de representación,
como asignación complementaria del salario básico que devenga la funcionaria.
Agregó que, las prestaciones sociales se liquidan con base en el 100% del salario.

14. Insistió en que, la entidad ha reconocido los gastos de representación como una
asignación complementaria al salario que devengan los funcionarios de la entidad,
dando así cumplimiento a los decretos que cada año expide el Gobierno Nacional
con ocasión del mandato derivado de la Ley 4ª de 1992, sin que los mismos hayan
sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

15. Explicó que, el Decreto 28 de 1989 fijó la escala de remuneración -entre otras-
de la Rama Judicial que, en su artículo 4º, previó que las asignaciones básicas
mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos
de representación de los funcionarios, serían los establecidos en la norma en cita,
“determinando de manera inequívoca que el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá
el carácter de gastos de representación”. Precisó que, dicho precepto se mantuvo con el

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Índices 00014 y 00015 del expediente del Tribunal de origen.

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Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Decreto 78 de 1990, mediante el cual se derogó el Decreto 28 de 1989 en cita.

16. Añadió que, el Decreto 2699 de 1991, por el cual se expidió el estatuto orgánico
de la Fiscalía General de la Nación, dispuso, en su artículo 63, que el régimen
prestacional de los servidores de la entidad sería el establecido en la ley para los
servidores de la rama judicial. Así pues, con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional,
en ejercicio del mandato constitucional -y legal- orientado a la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, expidió el Decreto 900 de 1992,
en cuyo artículo 3º se definieron las asignaciones básicas mensuales y los
porcentajes del salario mensual que tienen el carácter de gastos de representación.

17. Puntualizó que, más adelante, con la expedición del Decreto 53 de 1993, se
dispuso (en su artículo 5º) que los empleos de la Fiscalía General de la Nación
conservarían el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de
gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia.
Dicho porcentaje se aplicaría a la remuneración mensual, excluyendo las primas
establecidas en los demás artículos del Decreto de la referencia.

18. Puso de presente que, como el Decreto 53 de 1993 no se refirió nuevamente a
los porcentajes de gastos de representación, los señalados en el Decreto 900 de
1992, derogado por el Decreto 52 de 1993, permanecieron incólumes. Asimismo,
hizo énfasis en que, a través del Decreto 108 de 1994, que derogó parcialmente el
Decreto 53 de 1993, se dejó consignado (en el artículo 1º) que el régimen salarial y
prestacional sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servicio
de la Fiscalía General de la Nación con posterioridad a la vigencia del Decreto 53
de 1993, y no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de
otros funcionarios de cualquiera de las Ramas del Poder Público, organismos o
instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal.

19. A partir de lo expuesto, aseveró que ha dado aplicación a las normas que, en
materia salarial y prestacional, rigen para los servidores de la Fiscalía General,
precisando que a la entidad no le es dable reconocer conceptos, emolumentos o
sumas que la ley no prevé, como lo pretende la ahora demandante, al sostener que
los gastos de representación establecidos para los fiscales delegados se erige como
un valor adicional a la remuneración mensual establecida en los decretos salariales.

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

20. Con todo, aseveró que los actos demandados, mediante los cuales se negó la
reliquidación y pago de las sumas reclamadas, gozan de plena legalidad, en la
medida en que no desconocen la normativa que les resulta aplicable. En esa línea,
destacó que los gastos de representación que se han liquidado y pagado,
corresponden al 50% de la remuneración mensual que devenga la actora, por lo
que consideró impreciso el razonamiento según el cual, a la remuneración mensual
que devenga, se le restan los gastos de representación, puesto que, “de conformidad
con los decretos que forman parte del ordenamiento jurídico, el salario y los gastos de representación
suman el 100%, precisando, además, que los gastos de representación los ha pagado la Fiscalía
General de la Nación en el porcentaje que determina la ley y los respectivos decretos que dictan
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la entidad”. Sobre esa

base, propuso como excepción la de “carencia de objeto para pedir y cobro de lo no debido”.

1.5. La sentencia de primera instancia6

21. En la sentencia del Veintisiete (27) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)7, la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la
excepción de “carencia de objeto para pedir y cobro de lo no debido ” y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda promovida la señora Estupiñán Rodríguez,
sin condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo dispuso:

Primero. Declarar probada la excepción de “carencia de objeto para pedir y cobro de lo no
debido”, propuesta por la demandada.

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda instaurada por la señora SANDRA
CECILIA ESTUPIÑAN RODRÍGUEZ, conforme a lo expuesto.

Tercero. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

Cuarto. Notifíquese esta providencia conforme al artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.
Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo
247 del C.P.A.C.A.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

22. De acuerdo con los elementos de juicio que fueron valorados, el Tribunal
encontró acreditado que: (i) según la constancia de servicios prestados, emitida por
el Subdirector Regional Noroccidental de la Fiscalía General, la señora Sandra
Cecilia Estupiñán Rodríguez se vinculó a la entidad el Dos (2) de Agosto de Mil

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Índice 00028 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Índice 00028 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Novecientos Noventa y Nueve (1999) y, para la fecha de presentación de la
demanda, continuaba en servicio activo, en el cargo de fiscal delegada ante jueces
del circuito y especializados; y (ii) de conformidad con el certificado de devengados
y deducidos de los años 2018, 2019 y 2020, se dejó consignado que a la
demandante se le cancelaron, entre otros, el concepto de gastos de representación.

23. Precisó que, los gastos de representación no tuvieron origen en la Ley 4ª de
1992, sino en el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía
General establecido en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, los cuales ya
establecían el aludido concepto. Anotó que, desde el Decreto 53 de 1993, se definió
que los empleos de la Fiscalía conservarían el porcentaje de remuneración mensual
destinado a gastos de representación, de acuerdo con lo fijado en las normas en
cita. Esa previsión fue reiterada en los Decretos 49 de 1995, 50 de 1998, 38 de
1999, 2743 de 2000, 1480 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009 y 1395 de 2010,
conservándose así una continuidad en el tratamiento de los referidos gastos.

24. El A-quo desestimó el argumento de la parte actora, con arreglo al cual el salario
se le redujo en un 50% al asignarlo al rubro de gastos de representación, y se le
liquidaron las prestaciones sociales sobre el 50% del salario, toda vez que, como
ya lo había advertido la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 2003, los
gastos de representación constituyen factor salarial, por cuanto fueron creados por
la ley para el beneficio personal del empleado, en virtud de su posición, jerarquía y
responsabilidades. En esa medida, puntualizó que no se ha reducido el salario de
la accionante y que, contrario a lo argüido en la demanda, sí se han considerado los
gastos de representación para efectos de la liquidación de prestaciones sociales.

25. Concluyó que, la entidad “ha actuado conforme a la normativa vigente en relación con los
gastos de representación”, habida cuenta que, en el sub judice, no evidenció una

reducción salarial del 50% al asignarle esa proporción a los gastos de
representación, ni una liquidación equivocada de las prestaciones sociales.

1.6. El recurso de apelación8

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Índice 00030 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

26. Mediante memorial radicado el Once (11) de Septiembre del Dos Mil Veinticinco
(2025)9, la parte actora solicitó revocar el fallo de primera instancia. Para tal fin,
expuso que, si bien no desconoce que la entidad le está pagando los denominados
gastos de representación, la discusión se centra “en que de ese salario devengado
erróneamente se cancela el 50% y el restante se atribuye a gastos de representación, descontados
de la misma base salarial”, aspecto que, a su juicio, no se tuvo en cuenta.

27. Advirtió que, aunque los gastos de representación deben sumarse al salario -al
ser de libre disposición del funcionario-, su asignación se ha visto menguada en un
50%. Asimismo, hizo hincapié en que los gastos de representación se le pagan de
manera periódica (mes a mes) con el porcentaje del “salario parcial”, atendiendo a los
decretos salariales que se expiden anualmente conforme a la Ley 4ª de 1992.

28. Citó lo dispuesto en el artículo 7º de los Decretos 1087 de 2015, 219 de 2016,
717 de 2017 y 343 de 2018, en los que se señala que, los empleos de la Fiscalía
General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que
tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que
regulan la materia, y que dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual
excluyendo las primas establecidas en los respectivos decretos.

29. Reiteró que, en el fallo recurrido, se “disfraza el concepto de gastos de representación
para restarle valor al salario básico anunciado por el Gobierno Nacional para cada funcionario Fiscal
Delegado ante Jueces Penales del Circuito”, comoquiera que, según detalló, el 50% de lo

percibido corresponde al salario, y el 50% a gastos de representación. Para soportar
los anteriores reproches, transcribió distintos apartes del libelo inicial.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

30. Mediante el auto del Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)10, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al
despacho para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de las partes.

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Ibidem.
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Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.

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Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150,
243 y 247 del CPACA, y en atención al 328 del Código General del Proceso (CGP)11.

2.2. Problema jurídico

32. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, lo siguiente:

(i) ¿Los gastos de representación, correspondientes al 50% del salario
mensual asignado a la señora Estupiñán Rodríguez (en su calidad de
fiscal delegada ante jueces del circuito), reducen el salario de la
demandante, al no considerarse como un emolumento adicional, y, en
ese sentido, impactan la liquidación de las prestaciones sociales?
(ii) En caso afirmativo, ¿debe revocarse la sentencia recurrida para, en su
lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por
haber infringido la normativa superior en la que debieron fundarse?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos

33. El artículo 150 de la Constitución Política señala que, le corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, ejercer distintas
funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral 19, literal e),
ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el régimen

11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes marco, en

virtud de las cuales, se le reserva al Congreso la determinación de la política
general, y al ejecutivo, por su parte, la regulación particular de la materia, así como
su aplicación concreta -vía decreto-12.

34. Al respecto, se ha dicho que, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 13 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador14. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”15.

35. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo16. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.

35.1. Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco,
no son decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11, sino actos

12
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
13
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
15
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

administrativos de carácter general que cumplen un mandato constitucional directo
de completar la ordenación de la materia17.

36. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo18.

37. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199219, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

38. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

38.1. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
19
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

12

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cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional20.

39. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

40. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

41. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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41.1. Este precepto reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, en el entendido que, mientras el Congreso de la República
define los objetivos y criterios generales, el Gobierno regula los aspectos
específicos, sin que, a través de dicha facultad reglamentaria especial, le esté
permitido desconocer derechos adquiridos, desmejorar los salarios y prestaciones
sociales, soslayar la carrera administrativa, inobservar la política macroeconómica
y fiscal del país, o ignorar las limitaciones presupuestales de cada entidad.

2.3.2. Naturaleza jurídica de los gastos de representación.

42. Los gastos de representación “son emolumentos que se reconocen por el desempeño de
ciertos empleos, cuyo cumplimiento puede exigir excepcionales condiciones de vida que impliquen
mayores gastos, comparativamente con los que demandada el ejercicio común de los cargos
oficiales21 (…)”, creados de forma permanente para el beneficio de ciertos empleados

y que, para el sector público, constituye salario (según la previsión del artículo 4222
del Decreto 1042 de 1978), a diferencia del ámbito privado, en el que no tiene esa
connotación (de acuerdo con el artículo 12823 del Código Sustantivo del Trabajo).

43. En cuanto a la evolución normativa de los gastos de representación para el
sector público, debe resaltarse que, en virtud del artículo 8° del Decreto 2285 de
1968, se fijó el régimen salarial del nivel central24 creada para los viceministros y
superintendentes en un equivalente a un cincuenta (50%) de su sueldo.
Posteriormente, con el Decreto 2554 de 1973, se extendió este emolumento para
los rectores, gerentes, directores o presidentes de establecimientos públicos, en
cuantía equiparable a la tercera parte del sueldo de la escala salarial.

21
Diego Younes Moreno, Derecho administrativo laboral, decimocuarta edición, E. Temis 2024, pág. 187
22
ARTÍCULO 42. De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos,
del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario
todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
(…)
b. Los gastos de representación.
23
ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de
1990. El nuevo texto es el siguiente:> No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el
trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes
de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su
patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios
o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el
{empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como
la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.
24
Por el cual se fija el régimen de clasificación y remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y Superintendencias.

14

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44. En virtud del Decreto 1045 de 1978, se estableció que, los gastos de
representación son factor de salario para liquidar la prima de navidad, las cesantías
y pensiones, para liquidar otras prestaciones y determinar el valor de los auxilios
por enfermedad y maternidad, de la indemnización por accidente de trabajo y por
enfermedad profesional y del seguro por muerte.

45. A través de la Ley 4ª de 1992 se habilitó al Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Ejecutiva Nacional, el
Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, la Organización
Electoral y la Contraloría, siguiendo las normas y objetivos de esta Ley.

46. El artículo 2º ibidem determinó que, para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores anteriormente enunciados, se tendría en cuenta el
reconocimiento de gastos de representación. Por su parte, el artículo 4 ejusdem
autoriza al Gobierno Nacional para modificar los gastos de representación.

47. Es preciso indicar que, el Decreto 53 de 1993, por el cual se dictan normas sobre
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General,
dispuso, en el artículo 5, que los empleos de esta entidad conservarán un porcentaje
de su remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación.

48. En la sentencia C-250 de 2003, la Corte Constitucional indicó que los ingresos
por gastos de representación y los beneficios tributarios asociados forman parte
integral de la estructura salarial de ciertos funcionarios públicos, especialmente los
de la Rama Judicial. Evaluar la constitucionalidad de estos ingresos sólo desde la
capacidad contributiva (es decir, cuánto se debe pagar en impuestos) omitiría
aspectos fundamentales de equidad, como la intangibilidad del salario y el
reconocimiento de ciertos niveles salariales como aspectos necesarios para
respetar la dignidad del cargo, su proyección social y la autoridad que representa.

49. En conclusión, los gastos de representación en el sector público colombiano son
pagos que compensan condiciones especiales y mayores gastos de ciertos cargos
públicos, considerándose como un elemento integrante del salario.

2.4. Hechos probados.

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50. De conformidad con los elementos de juicio que reposan en el dosier procesal,
la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la controversia:

a) El Dos (2) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020), la parte actora, a través de
apoderado, radicó una petición ante la Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín,
encaminada a solicitar el “pago del salario básico en un 100% y las prestaciones sociales
debidas en el porcentaje no cancelado”. La petición en cita fue tramitada con el Rad.

ANTIOQUIA-STH 20200370083332, según la constancia que obra en el plenario25.

b) Mediante el oficio STH-31310 del Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Veinte
(2020), la Subdirectora Regional de la entidad dio respuesta a la petición anterior,
en el sentido de negar la reliquidación deprecada, al sostener: “(…) en virtud de lo
expuesto no le asiste a esta Subdirección Regional ningún deber de reliquidarle salarios ni prestación
social alguna a su poderdante, ya que para todos los pagos realizados se le han tenido en cuenta
los parámetros establecidos por las normas vigentes, al igual que para las liquidaciones de sus
prestaciones sociales durante los años laborados en la entidad”26.

c) Contra la resolución en comento, el apoderado de la demandante interpuso
recurso de apelación el Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Veinte, impugnación
que fue tramitada con el Rad. ANTIOQUIA-STH 2020037017575227. A través de la
Resolución Núm. 181 del Siete (7) de Mayo de ese año, se concedió el recurso28.

d) En virtud de la Resolución Núm. 2-0775 del Doce (12) de Junio de Dos Mil Veinte
(2020), la subdirección de talento humano de la entidad accionada confirmó
integralmente el acto recurrido, oportunidad en la cual destacó lo que sigue 29:

“(…) Ahora bien, a partir del año 2003 se eliminó de los Decretos Salariales 3549 de 2003,
4186 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de
2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 019 y 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de
2016, 989 de 2017, 343 de 2018 y 996 de 2019, la prima especial del treinta por ciento (30%)
como factor no salarial, de donde se desprende que la Entidad no adeuda ningún
emolumento correspondiente a estas vigencias, pues, para los años a los cuales hace
referencia el recurrente, los salarios y prestaciones sociales se liquidaron, con base en el
cien por ciento (100%) del salario.

25
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo No. 01, Documento
10_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENTES(.pdf) NroActua 15.
26
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo No.01, Documento
10_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENTES(.pdf) NroActua 15, págs. 5-8.
27
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo No.01, Documento
10_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENTES(.pdf) NroActua 15, págs. 11-13.
28
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo No.01, Documento
10_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENTES(.pdf) NroActua 15, págs. 14-15.
29
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo No.01, Documento
10_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_ANTECEDENTES(.pdf) NroActua 15, págs. 16-25.

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Lo anterior significa que la situación administrativa de la servidora mencionada quedó
cobijada por los Decretos citados, actos administrativos que no han sido objeto de
declaratoria de nulidad y cuya legalidad no se vio afectada con la declaratoria de nulidad de
los Decretos salariales expedidos para los años 1993 al 2002, que contemplaban una prima
especial de servicios sin carácter salarial.

Bajo dicha consideración, de accederse a lo pretendido por el recurrente, se desconocería
de forma abierta e ilegal lo consagrado en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional
que fijaron el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la
Nación, para los años 2003 y en adelante, los cuales no establecen el pago de la prima
especial de servicios, tal como lo solicita.”

e) Con el escrito de demanda, la señora Estupiñán Rodríguez aportó la “constancia
KARDEX de devengados y deducidos” para las vigencias 2018, 2019 y 202030.

f) Por su parte, con el escrito de contestación, la entidad aportó la documental
denominada “constancia de servicios prestados”, expedida por el Subdirector Regional
Noroccidental (E) el Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)31.

2.5. Caso concreto.

51. En el asunto sub examine, la parte demandante pretende la nulidad de las
Resoluciones Núm. DS-SRANOC-GSA-28-00395 del Veinticinco (25) de Febrero de
Dos Mil Veinte (2020), y Núm. 2-0775 del Doce (12) de Junio de la referida
anualidad, expedidas por la entidad demandada, mediante las cuales negó el
reconocimiento del 50% de los gastos de representación como una suma adicional
al 100% del sueldo que percibe como fiscal delegada ante jueces del circuito
especializados, así como la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales.

52. En la sentencia objeto de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró probada la excepción de “carencia de objeto para pedir y cobro de lo no debido”
propuesta por la demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda. Lo anterior al considerar que, contrario a lo argüido por la actora, los
gastos de representación se han venido sufragando en atención a lo establecido en
los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
de la Fiscalía General de la Nación, sin que dichos pagos comporten una reducción
de la asignación en un 50%. Además, evidenció que, la Fiscalía ha liquidado las
prestaciones sociales de la señora Estupiñán Rodríguez, teniendo en cuenta los

30
Índice 00034 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 01 DEMANDA, págs. 16-20.
31
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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gastos de representación como un emolumento que constituye factor salarial.

53. Inconforme con la decisión de instancia, la recurrente reiteró, en esencia, los
argumentos esgrimidos en el libelo inicial, insistiendo en que, a su juicio, aunque la
entidad le ha venido pagando los gastos de representación, se le viene descontando
del 50% de su asignación. En sus términos, del “salario devengado erróneamente se
cancela el 50% y el restante se atribuye a gastos de representación, descontados de la misma base ”.

54. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala constata
que la señora Estupiñán Rodríguez, según la constancia de servicios prestados32,
se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde el Dos (2) de Agosto de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), en calidad de “Técnico Judicial II”. Desde
entonces, se ha desempeñado como “fiscal de jueces municipales y promiscuos” y como
“fiscal de jueces del circuito”. A partir del Tres (3) de Abril del Dos Mil Diecisiete (2017),
empezó a fungir como fiscal delegada ante jueces del circuito especializados en la
subdirección seccional de fiscalías de Medellín, y, desde el Primero (1º) de Julio de
la referida anualidad, hizo lo propio en la dirección seccional de Medellín, cargo que,
para la fecha de presentación de la demanda, continuaba ostentando.

55. Asimismo, en atención a la información consignada en la “constancia KARDEX de
devengados y deducidos”33, la entidad accionada hizo constar que, para los períodos

certificados (2018, 2019 y 2020), la señora Estupiñán Rodríguez devengó, como
concepto de nómina, el sueldo y, en cuantía equivalente, los gastos de
representación, entre otros rubros como la bonificación judicial. En la misma
documental se discriminaron los descuentos efectuados por concepto de aportes a
salud, pensión, retención en la fuente, y demás deducciones relacionadas.

56. Las pruebas antes señaladas se acompasan con los dichos de la parte actora,
quien en el escrito de demanda, y en el recurso de alzada, reconoció que la entidad
le ha venido pagando las sumas correspondientes por gastos de representación,
concepto que ha servido de base para el cálculo de los aportes a seguridad social.

57. En criterio de la accionante, por tratarse de un concepto de libre disposición, los
gastos de representación deben sumarse al salario, pues, de no ser así, la

32
Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
33
Índice 00034 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 01 DEMANDA, págs. 16-20.

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asignación básica se vería menguada en un 50%. No obstante, una aseveración en
ese sentido no encuentra sustento en el ordenamiento actual, el cual, concibe los
gastos de representación como emolumentos que integran la estructura salarial, y
que se reconocen -de forma permanente- a ciertos servidores por la dignidad que
ostentan o la especial labor que adelantan, cuyo cumplimiento envuelve elementos
diferenciados.

57.1. La Corte Constitucional, en la sentencia C-250 de 200334, recordó que: (i) los
gastos de representación corresponden a un determinado porcentaje del salario; (ii)
son de libre disposición; (iii) representan un componente de la retribución del
servidor; (iv) se reconocen por el desempeño de excepcionales empleos, cuyo
ejercicio puede exigir “un género de vida que implique mayores gastos en relación con los que
demanda el ejercicio común de los cargos oficiales”35; y (v) constituyen factor salarial, habida

cuenta que, “fueron creados por la ley, con carácter permanente, para beneficio personal del
empleado, en gracia de la posición que ocupa, de la jerarquía del empleo, de la dignidad que implica
y de las responsabilidades señaladas al cargo mismo”36.

57.2. En la misma providencia, el Alto Tribunal Constitucional reafirmó que los
gastos de representación hacen parte de la estructura de remuneración de ciertos
servidores, cuya proporción se fija a partir de “los niveles de autoridad, responsabilidad y
dignidad que comporta el empleo y que en atención a esa consideración, los mismos se reservan
para los más altos funcionarios del Estado, en una escala creciente a medida en que se ascienda en
la jerarquía de la función pública” 37 . En ese sentido, es claro que, los gastos de

representación hacen parte de la estructura salarial y, a diferencia de conceptos
como la prima especial, no fueron concebidos como un sobresueldo o una adición
al salario, aspecto que se inscribe en la facultad concurrente del legislador, y el
ejecutivo nacional, para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores.

58. En este punto, la Sala debe precisar que, de conformidad con lo señalado en el
artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política, en concordancia con
las previsiones de la Ley 4ª de 1992, le corresponde al Gobierno Nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, con estricta observancia
de los objetivos y criterios definidos por el legislador (en el artículo 2º ibidem).

34
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
35
Diego Younes Moreno. Derecho Administrativo Laboral 3ª ed. Ed. Temis, Bogotá, 1985.
36
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, febrero 10 de 1975. Consejero Ponente: Jaime Betancur.
37
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-250 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

19

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58.1. Bajo este esquema, el Congreso no agota la regulación de la materia, sino
que propende por establecer las normas generales, así como los objetivos y criterios
básicos a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional38. Esta técnica legislativa
responde a la necesidad de atribuir al ejecutivo la concreción ágil y eficiente de
parámetros legales en materias especializadas, cuyo desarrollo exige una dinámica
administrativa de la que carece el legislativo, permitiendo, además, ajustes
periódicos conforme a las posibilidades macroeconómicas y fiscales del Estado39.

59. La Sala Plena de la Sección Segunda de esta Colegiatura, en la sentencia de
unificación del Doce (12) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022)40, en punto a la
facultad en comento, explicó que, “comoquiera que el ejecutivo es la autoridad que debe fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos dentro del límite de la ley marco, está
investido de la potestad de configuración para señalar en detalle todos los elementos propios del
régimen, esto es, el conjunto de normas que regulan esta temática específica, dentro de los cuales
habrá algunos de contenido material o sustancial, relativos a las prestaciones como tal y otros de
carácter adjetivo, necesarios para el cumplimiento de los anteriores, los que la jurisprudencia ha
denominado accidentales, dados por elementos tales como condiciones, términos y modos ”.

60. Justamente, en ejercicio de las facultades derivadas de la Ley 4ª de 1992, con
las cuales se materializa el mandato del artículo 150.19 Constitucional, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 53 de 199341, en cuyo artículo 5º se dispuso que, los
empleos de la Fiscalía General de la Nación “conservarán el porcentaje de la remuneración
mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que
regulan la materia”, y que dicho porcentaje “se aplicará a la remuneración mensual excluyendo

las primas establecidas en los artículos siguientes” del mentado Decreto.

61. No sobra advertir que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 4ª
de 1992, el legislador habilitó al Gobierno Nacional para que, cada año, modifique
el sistema salarial de los servidores públicos (de los que trata el artículo 1º, literales
a y b ejusdem), atendiendo a los objetivos y criterios definidos en el artículo 2º
ibidem, y, asimismo, lo facultó para modificar el régimen de viáticos, gastos de

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 06 de agosto de 2020; C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2020-03101-00 (AC).
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-
20 del 11 de junio de 2020.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
41
“Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación y se dictan otras disposiciones”.

20

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representación y comisiones de los mismos empleados.

62. En tal virtud, el Gobierno ha expedido los decretos relacionados con el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.
Para el caso que ocupa la atención de esta Sala, es decir, para los períodos
reclamados por la actora (2017, en adelante), el Gobierno Nacional expidió los
Decretos 989 de 2017, 343 de 2018 y 996 de 2019, cuyo artículo 7º común reafirmó,
en punto a los gastos de representación, que: “los empleos de la Fiscalía General de la
Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de
representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará
a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes ”.

63.1. Estos decretos deben leerse en armonía con las disposiciones del Decreto
041 de 1999 (y de los Decretos 2744 de 2000, 2728 de 2001, 684 de 2002, 3550 de
2003, 4173 de 2004, 937 de 2005, 395 de 2006, 624 de 2007, y siguientes), en los
que el Gobierno Nacional ha fijado los respectivos porcentajes de la remuneración.

63.2. Para ilustrarlo, en los mencionados decretos, por medio de los cuales, en
desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno
Nacional fijó la escala de asignación básica para los empleos de la Fiscalía General
de la Nación, se determinaron los porcentajes del salario mensual que tienen el
carácter de gastos de representación.

63.3. En los mismos actos administrativos, el Gobierno Nacional ha distinguido, con
suficiencia, los componentes de la remuneración que constituyen un sobresueldo y
aquellos, como los gastos de representación, que integran el salario.

64. Con fundamento en lo expuesto, emerge con claridad meridiana que, la voluntad
del Gobierno Nacional fue la de fijar un porcentaje de la remuneración mensual, a
título de gastos de representación, a favor de algunos servidores de la Fiscalía
General de la Nación, sin que dicha facultad pueda desnaturalizarse al punto tal de
considerar el mentado concepto como un sobresueldo o una adición sobre la
remuneración mensual, pues, ese no fue el carácter que le dio el ejecutivo.

64.1. Suponer lo contrario implicaría reconocer un “doble pago” por el mismo
emolumento, es decir, un 50% de la remuneración que integra la estructura salarial,

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

por concepto de gastos de representación, junto con el 50% sueldo básico, sumado
a un porcentaje equivalente (para el caso) adicional como “sobresueldo” o “adicional”,
naturaleza que, se insiste, no le fue otorgada por el Gobierno Nacional a ese rubro.

64.2. Aunado a ello, una conclusión en ese sentido supondría desconocer la
competencia concurrente del ejecutivo y el legislador para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos (entre ellos, los de la Fiscalía General),
habilitación dentro de la cual se inscribe la posibilidad de definir que un porcentaje
de la remuneración esté constituido por los gastos de representación, como en
efecto lo ha hecho el Gobierno Nacional, a través de decretos cuya nulidad no ha
sido declarada en esta jurisdicción, y cuya legalidad no se discute en el proceso.

65. En un caso de similares contornos fácticos y jurídicos, la Sala, en sentencia del
Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)42, se refirió a la naturaleza de los
gastos de representación y a la imposibilidad de concebirlos como un adicional, así:

“Expuesto el extremo anterior, no le asiste la razón a la demandante, habida cuenta que, las
pruebas aportadas al proceso la entidad ha cancelado los gastos de representación de
acuerdo con el certificado aportado por la Tesorería de la Fiscalía General de la Nación
Seccional Medellín durante los periodos 2013 a octubre de 2018. Además, de acuerdo a la
certificación expedida área de prestaciones de la sección de talento humano, informó que,
“(…) ésta asignación siempre ha constituido factor salarial para efectos de la liquidación de
las prestaciones sociales de conformidad con el Decreto 1045 del 17 de junio de 1978 (…)”,
por lo tanto, los gastos de representación no corresponden a un adicional a la asignación
básica, son parte del salario, lo que, la diferencia de la prima especial que si corresponde a
un adicional de la remuneración, pues como se indicó anteriormente la entidad liquidó los
gastos de representación en el sueldo que percibió la demandante sin hacer deducción
alguna como erradamente lo interpretó la actora.

Lo anterior, se ratifica de la lectura de los decretos 43 anuales que han regulado la materia,
pero en especial del artículo 5 del Decreto 44 53 de 1993 que señaló: «Los empleos de la
Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que
tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la
materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas
establecidas en los artículos siguientes.», de donde se deduce que los gastos de
representación de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se aplican a la
remuneración mensual y no se tienen como una suma adicional como si lo es la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.”

66. La Sala destaca que, al no ser concebidos -los gastos de representación- como
un sobresueldo, un incremento o porcentaje adicional al 100% de la asignación que
percibe la demandante, por sustracción de materia, se torna inane el

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de agosto
de 2025, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2017-01583-02 (6592-2024).
43
Decreto 49 de 1995, Articulo 6; Decreto 108 de 1996, Articulo 6; Decreto 52 de 1997, Artículo 6; Decreto 50 de 1998, Articulo
6.
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Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación y se dictan otras disposiciones.

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Número Interno: 3207-2025
Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

pronunciamiento sobre la pretendida reliquidación de las prestaciones sociales con
el aludido incremento o el pretendido sobresueldo.

67. Vistas así las cosas, la Sala concluye que los reparos de la recurrente no tienen
vocación de prosperidad y, en esa medida, se confirmará la sentencia apelada.

2.6. Condena en costas.

68. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Veintisiete (27) de Agosto de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandante: Sandra Cecilia Estupiñán Rodríguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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