Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02253-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-02253-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02253-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-02253-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02253-01 (0296-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandada: Luz Stella Román Palacio
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho-Lesividad
Tema: Reconocimiento y pago pensión de vejez
Decisión: Sentencia de segunda instancia
1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes
contra la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
2. Colpensiones, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA, para que se declarara la nulidad de la
Resolución GNR 150173 del 24 de mayo de 2016, expedida por esa misma
1
Expediente híbrido.
2
Cuaderno principal, folios 2-16.
2
Número Interno: 0296-2026
Demandante: la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Luz Stella Román Palacio
entidad, mediante la cual se ordenó dar cumplimiento al fallo judicial proferido
por el Juzgado 9 de Familia de Medellín el 18 de marzo de 2016 y, en
consecuencia, reconocer y ordenar el pago de una pensión de vejez a favor
de la señora Luz Stella Román Palacio.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la devolución de las
sumas pagadas en virtud de la pensión de vejez, con su respectivo retroactivo,
(ii) la devolución de lo pagado por concepto de salud, con su respectivo
retroactivo, (iii) que dichas sumas sean debidamente indexadas, (iv) la
condena en costas y agencias en derecho.
1.2. Hechos
4. La parte demandante expuso los hechos que la Sala sintetiza a
continuación:
5. La señora Luz Stella Román Palacio, nació el 27 de octubre de 1959 y laboró
como empleada oficial al servicio del Hospital General de Medellín,
acumulando más de 1.345 semanas de cotización al Sistema General de
Pensiones.
6. El 28 de abril de 2006, la actora solicitó el traslado del régimen de ahorro
individual al régimen de prima media con prestación definida, administrado por
el Instituto de Seguros Sociales-ISS (hoy Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones). Al verificar su historia laboral, se estableció para
el 1 de abril de 1994, solo acreditaba 340 semanas cotizadas, por lo cual no
cumplía el requisito de 15 años de servicio exigido para conservar o recuperar
el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.
7. No obstante lo anterior, mediante Resolución GNR 117885 del 27 de abril
de 2015, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
reconoció a favor de la señora Román Palacio una pensión de vejez, en los
términos previstos en la Ley 33 de 1985, en cuantía de $1.888.755 para el año
2015, condicionando su ingreso a nómina, al retiro definitivo del servicio.
8. El Hospital General de Medellín aceptó su renuncia mediante la Resolución
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Demandado: Luz Stella Román Palacio
No. 189 del 5 de mayo de 2015, efectiva a partir del 11 de mayo de 2015.
9. A través de la Resolución GNR 269335 del 2 de septiembre de 2015, la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones negó la inclusión en
nómina y el pago de la pensión reconocida, al considerar que la demandante
no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, y solicitó
autorización para revocar el acto inicial de reconocimiento pensional.
10. Contra esa decisión, la interesada interpuso recursos en sede
administrativa. El recurso de reposición fue resuelto por medio de la
Resolución GNR 41898 del 8 de febrero de 2016, confirmando el
reconocimiento inicial, y el recurso de apelación fue decidido a través de la
Resolución VPB 10021 del 1 de marzo de 2016, en la cual se mantuvo la
negativa de inclusión en nómina y se dio por agotada la vía gubernativa.
11. La señora Román Palacio promovió demanda en ejercicio de la acción de
tutela, la cual fue conocida por el Juzgado 9 de Familia de Oralidad de
Medellín, que, en sentencia del 18 de marzo de 2016, amparó el derecho
fundamental de petición y ordenó a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, pagar la pensión de vejez reconocida, desde el 11
de mayo de 2015.
12. En cumplimiento de dicha orden judicial, la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones expidió la Resolución GNR 150173 del 24 de mayo
de 2016, mediante la cual reconoció y ordenó el pago definitivo de la pensión
de vejez, incluidos los valores retroactivos, aclarando que la prestación se
otorgaba exclusivamente en cumplimiento del fallo de tutela, pese a concluir
que la afiliada no cumplía el requisito de edad exigido por la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, pues contaba con 56 años al momento del
reconocimiento.
13. El reconocimiento pensional obedeció a un error judicial derivado de la
indebida apreciación probatoria, lo cual, a su juicio, afectó el interés general y
el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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14. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
• Constitución Política.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 797 de 2003.
• Acto legislativo 01 de 2005.
• Ley 71 de 1988.
15. Como sustento del concepto de violación, expuso los argumentos que la
Sala sintetiza, así:
16. Para el 1 de abril de 1994, la señora Luz Stella Román Palacio no cumplía
con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición, pues no tenía
15 años de servicios o cotizaciones, ni cumplía con la edad exigida (35 años),
sino que, por el contrario, contaba con un número insuficiente de semanas
cotizadas. En consecuencia, su situación pensional debía ser evaluada
conforme a las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797
de 2003.
17. Destacó el concepto Jurídico 2016‑7261433 del 30 de junio de 1995, según
el cual, las del Sistema General de Pensiones eran aplicables frente a
determinadas situaciones de servidores públicos territoriales, supuesto que no
abarcaba el caso de la demandante, quien no ostentaba la calidad de cotizante
activa a una caja territorial al 1 de abril de 1994.
18. El reconocimiento pensional efectuado mediante la Resolución GNR
150173 del 24 de mayo de 2016, resultó contrario al ordenamiento jurídico, al
desconocer los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez y
extender indebida y excepcionalmente los efectos del régimen de transición,
ocasionando con ello un perjuicio al interés público, dada la naturaleza pública
de los recursos del Sistema General de Pensiones.
2. Contestación de la demanda
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19. La señora Luz Stella Román Palacio no contestó la demanda.
3. La sentencia de primera instancia3
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, mediante
sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, así:
«PRIMERO. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 150173 del 24 de mayo
de 2016, mediante la cual Colpensiones, dando cumplimiento a la Sentencia
proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medellín del 18 de
marzo de 2016, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de
Luz Stella Román Palacio a partir del 11 de mayo de 2015 y conforme a los
parámetros de la Ley 33 de 1985 aplicando el régimen de transición.
SEGUNDO. Ordenar a Colpensiones reconocer la pensión de Luz Stella Román
Palacio aplicando el régimen pensional dispuesto en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.
Se precisa que la nulidad del acto administrativo decretada en el ordinal anterior
queda condicionada al reconocimiento que efectúe Colpensiones, toda vez que
no es procedente suspender el derecho a recibir la mesada pensional, de
conformidad con los motivos esgrimidos en esta decisión. Además, no hay lugar
a pagar nuevamente mesadas pensionales que ya han sido canceladas a la
demandada en virtud de lo establecido en la Resolución GNR 150173 del 24 de
mayo de 2016.
TERCERO. Negar la devolución la restitución de las sumas de dinero que la
parte actora le pagó a Luz Stella Román Palacio en virtud de las Resolución GNR
150173 del 24 de mayo de 2016.
CUARTO. No condenar en costas […]»
21. Como fundamento de su decisión, el Tribunal expuso, en síntesis, las
siguientes consideraciones:
i) Si bien la demandada cumplía el requisito de edad para ser beneficiaria
del régimen de transición, y contaba con más de 750 semanas
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 70.
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cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo
cierto es que al cambiar de régimen pensional, sin acreditar 15 años de
servicio al 1 de abril de 1994, conforme a lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU‑130 de 2013, no quedaba cobijada
por el régimen de transición, pues, para ese momento, contaba con
345,72 semanas cotizadas, equivalente a menos de 7 años de servicio.
ii) La situación pensional de la demandada no se rige por la Ley 33 de
1985, sino por las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797
de 2003. Bajo dicho régimen general, verificó que la señora Román
Palacio sí cumplía materialmente los requisitos para acceder a la
pensión de vejez, al haber alcanzado los 57 años de edad en octubre
de 2016 y contar con 1.349,54 semanas cotizadas.
22. Por consiguiente, el Tribunal declaró la nulidad de la Resolución GNR
150173 de 2016, por haber reconocido la pensión con fundamento en un
régimen inaplicable. No obstante, moduló los efectos de la nulidad, al
considerar que una nulidad pura y simple implicaría la interrupción del pago de
la mesada pensional, pese a que la demandada tenía derecho sustancial a la
prestación, lo cual resultaría contrario a los principios de primacía del derecho
sustancial, protección del mínimo vital e irrenunciabilidad de la seguridad
social.
23. En consecuencia, se ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones expedir un nuevo acto administrativo, reconociendo la pensión
de vejez conforme al régimen pensional previsto en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, precisando que los valores ya pagados se entenderían como
abonos a la obligación correctamente liquidada.
24. Respecto de la solicitud de reintegro de las sumas pagadas, negó dicha
pretensión, al considerar que la demandada recibió los pagos de buena fe,
amparada en la presunción de legalidad del acto administrativo y en una orden
judicial de tutela, sin que existiera prueba de una conducta dolosa o contraria
a dicho principio.
25. Finalmente, resolvió no condenar en costas, al no evidenciarse actuación
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temeraria ni mala fe por parte de la demandada.
4. Los recursos de apelación
26. Ambas partes interpusieron, oportunamente, recursos de apelación, los
cuales se sintetizan en los siguientes términos.
4.1. Parte demandante4
27. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones presentó
reparos solo frente a la decisión que negó la devolución de las sumas pagadas
a la señora Luz Stella Román Palacio, por concepto de mesadas pensionales
y retroactivo.
28. Sostuvo que, dichos pagos se originaron en un acto administrativo
expedido en estricto acatamiento de un fallo de tutela, el cual fue
posteriormente declarado nulo por ilegal, al haber reconocido una pensión bajo
el régimen de transición, sin que la beneficiaria cumpliera el requisito esencial
de 15 años de servicios al 1 de abril de 1994. Pese a que se definió
judicialmente la inexistencia del derecho, el Tribunal omitió ordenar el reintegro
de los recursos públicos pagados sin causa legal.
29. A juicio de la apelante, esta determinación desconoce:
i) el principio de restitución patrimonial, aplicable cuando desaparece el
fundamento jurídico del pago;
ii) la naturaleza de la acción de lesividad, cuyo objeto es revertir los
efectos económicos derivados de actos administrativos ilegales; y
iii) el deber constitucional del Estado de proteger y recuperar los recursos
públicos, en especial aquellos que integran el sistema de seguridad
social.
30. Invocó jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, conforme a la cual
la anulación de un acto pensional ilegal implica el reintegro de las sumas
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 73.
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percibidas sin derecho, y precisó que el cumplimiento de un fallo de tutela no
sanea la ilegalidad del acto, ni genera derechos adquiridos, ni exonera de la
obligación de restituir pagos indebidos, criterio igualmente respaldado por la
Corte Constitucional.
31. Asimismo, sostuvo que el Tribunal efectuó una aplicación extensiva e
indebida del principio de buena fe, pues este no convalida actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico ni legitima la conservación de pagos
carentes de causa. Aunque la prestación pensional tenga carácter alimentario,
ello no autoriza la permanencia de un exceso objetivamente indebido; en tal
escenario, resulta procedente modular la devolución mediante mecanismos de
compensación gradual, con el fin de preservar el mínimo vital del pensionado.
32. Adicionalmente, destacó que existió conocimiento efectivo del yerro por
parte de la beneficiaria, quien fue informada previamente de la intención
administrativa de corregir la ilegalidad mediante la Resolución GNR 269335
del 2 de septiembre de 2015, circunstancia que debilita la presunción de buena
fe y refuerza la procedencia del reintegro.
33. Finalmente, Colpensiones precisó que el restablecimiento pretendido es
estrictamente objetivo, circunscrito a la suma de $79.927.841, correspondiente
a la diferencia de mesadas y retroactivo indebidamente reconocidos, sin que
ello implique desconocer el derecho a la pensión válidamente causado. En su
criterio, la negativa al reintegro traslada un costo injustificado al erario, vulnera
los principios de legalidad, economía y sostenibilidad financiera del sistema
pensional, y propicia un enriquecimiento sin causa.
34. Con fundamento en lo anterior, la entidad demandante solicitó revocar
parcialmente la sentencia apelada, acoger las pretensiones de la demanda y
ordenar el reintegro de las sumas indebidamente percibidas.
4.2. Parte demandada5
35. La señora Luz Stella Román Palacio, interpuso recurso de apelación contra
5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 74.
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la sentencia de primera instancia, solicitando su revocatoria integral y la
absolución frente a las pretensiones de la demanda.
36. Alegó la nulidad de lo actuado por indebida notificación del auto admisorio
de la demanda, al no haberse acreditado su recibo efectivo por la demandada,
ni haberse dispuesto el emplazamiento o la designación de curador ad litem.
Sostuvo que dicha omisión vulneró las garantías procesales del debido
proceso, máxime en un asunto que compromete derechos fundamentales.
37. En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la demandada sí tenía derecho
al régimen de transición, y que la sentencia desconoció las circunstancias
particulares del traslado pensional. Indicó que, resultaba indispensable
vincular como litisconsorte necesario a la Administradora de Fondo de
Pensiones Protección, entidad de la cual la demandante retornó al régimen de
prima media en 2006, en condiciones que calificó como extraordinarias, pues
el traslado se produjo dentro de un escenario de multiafiliación, lo cual
implicaría que, en realidad, no existió un traslado jurídicamente válido.
38. Argumentó que, al declararse a la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones, como la entidad definitiva, debía entenderse que la
afiliada retornaba al estado inicial, razón por la cual no era procedente aplicarle
las restricciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre pérdida del
régimen de transición, dado que nunca se produjo un traslado eficaz.
39. Asimismo, sostuvo que, el régimen de transición constituye un derecho
irrenunciable, y que tanto la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones, como el fondo privado, incumplieron el deber de información al
momento del traslado, afectando una expectativa legítima de obtener la
pensión en condiciones más favorables. En apoyo de esta tesis, invocó la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente la sentencia
SL‑1452 de 2019, según la cual, la falta de información clara y suficiente por
parte de las administradoras de pensiones torna ineficaz el traslado, sin que
sea exigible que el afiliado se encuentre próximo a pensionarse o tenga un
derecho causado.
40. Igualmente, citó jurisprudencia constitucional para sostener que el régimen
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Número Interno: 0296-2026
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de transición se adquiere cuando se cumple uno solo de los requisitos
disyuntivos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (edad o tiempo
de servicios), y que dicho derecho, una vez adquirido, permite el traslado entre
regímenes en cualquier tiempo para hacerlo efectivo, sin que normas
reglamentarias posteriores puedan restringirlo.
41. Finalmente, cuestionó la aplicación del Decreto 3800 de 2003, al
considerar que impuso requisitos no previstos en la ley, en contravía del
artículo 48 de la Constitución, posición respaldada por decisiones del Consejo
de Estado que suspendieron provisionalmente disposiciones de dicho decreto,
por afectar derechos adquiridos e imponer limitaciones ilegítimas al derecho
irrenunciable a la seguridad social.
1.5. Trámite de segunda instancia
42. En auto de 8 de abril de 20266, se admitieron los recursos de apelación
conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, ingresó al Despacho para fallo.
43. El Ministerio Público emitió concepto7, en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. En relación con la procedencia del régimen de
transición, concluyó que la señora Luz Stella Román Palacio no era
beneficiaria del previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aunque
cumplía el requisito de edad al 30 de junio de 1995 y contaba con 750 semanas
cotizadas al entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, se verificó que
se trasladó del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con
prestación definida en 2006, sin acreditar 15 años de servicios al 1 de abril de
1994, exigencia establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU‑130 de 2013, para conservar o recuperar dicho beneficio. En
consecuencia, resultaba improcedente aplicar la Ley 33 de 1985 o el Acuerdo
049 de 1990, siendo correcto sujetar el caso al régimen general previsto en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
44. Respecto del segundo problema jurídico, referido a la procedencia del
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Samai, índice 5.
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Samai, índice 10.
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reintegro de las mesadas y del retroactivo, la Procuraduría consideró que, si
bien fue acertada la declaratoria de nulidad del acto administrativo de
reconocimiento, no era jurídicamente viable ordenar la devolución de los
valores pagados. Ello, por cuanto no se acreditó mala fe por parte de la
demandada, quien actuó bajo la convicción legítima de tener derecho a la
pensión, sustentada tanto en decisiones administrativas iniciales como en el
fallo de tutela proferido por el Juzgado Noveno de Familia de Medellín.
45. Indicó que la buena fe se presume en las actuaciones de los particulares
y que, el error en el reconocimiento pensional, era imputable exclusivamente
a la administración, sin que se demostraran conductas fraudulentas,
engañosas o presentación de documentos falsos por parte de la beneficiaria.
Asimismo, precisó que, una eventual afectación al principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, derivada de un yerro administrativo, no
constituye causal legal suficiente para ordenar la restitución de prestaciones
periódicas percibidas de buena fe.
46. Finalmente, recordó que, aunque el Estado está facultado para solicitar la
nulidad de actos que reconozcan prestaciones periódicas, el legislador ha
establecido como límite que no pueden recuperarse las sumas pagadas a
particulares que hayan obrado de buena fe, correspondiendo a la
administración la carga de probar lo contrario.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
47. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
48. De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
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Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2. Problemas jurídicos
49. Teniendo en cuenta los argumentos de la sentencia de primera instancia y
aquellos expuesto por ambas partes en los recursos de apelación interpuestos,
la Sala identifica los siguientes problemas jurídicos:
a) ¿Se configuró una indebida notificación del auto admisorio de la
demanda? y, en el evento en que la respuesta resulte afirmativa, ¿tiene
efectos sobre la sentencia de primera instancia?
b) El acto demandado, contenido en la Resolución GNR 150173 del 24 de
mayo de 2016, mediante la cual se ordenó dar cumplimiento al fallo
judicial proferido por el Juzgado 9 de Familia de Medellín el 18 de marzo
de 2016 y, en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de una
pensión de vejez a favor de la señora Luz Stella Román Palacio, ¿Es
pasible de control judicial?
Solo en el evento en el cual, la respuesta al interrogante anteriormente
planteado sea positiva, se continuará con el análisis de los siguientes
aspectos:
c) ¿La parte demandada era beneficiaria del régimen de transición?, ¿El
régimen pensional aplicable a la demanda era el previsto por la Ley 22
de 1985, o en dispuesto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?
d) Teniendo en cuenta que el fallo de tutela que ordenó el reconocimiento
y pago de la pensión a favor de la demandada, fue anulado, ¿Hay lugar
a la devolución de las sumas pagadas?
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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3. Caso concreto
50. La Sala entrará a resolver el primer problema jurídico planteado, de
naturaleza procesal.
a) ¿Se configuró una indebida notificación del auto admisorio
de la demanda? y, en el evento en que la respuesta resulte
afirmativa, ¿tiene efectos sobre la sentencia de primera
instancia?
51. La parte demandada alegó en el recurso de apelación, la nulidad de lo
actuado, por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, al no
haberse acreditado su recibo efectivo por la demandada, ni haberse dispuesto
el emplazamiento o la designación de curador ad litem. Sostuvo que dicha
omisión vulneró las garantías procesales del debido proceso, máxime en un
asunto que compromete derechos fundamentales.
52. Revisado el expediente, la Sala encuentra que inicialmente, la
Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES presentó correo
certificado de la empresa 4-72, código NY002282216CO-, con destino a la
Carrera 50 No. 51-43 del barrio Villa Paola, municipio de Itagüi, Antioquia, para
la notificación personal de la demanda a la señora Luz Stella Román Palacio,
pero el mismo fue devuelto, con causal de devolución «No existe».
53. Posteriormente, la Administradora Colombiana de Pensiones-
COLPENSIONES, radicó memorial dentro del trámite del proceso, a través del
cual informó que, por error involuntario, se había enviado la notificación a una
dirección errada, razón por la cual, remitió nuevamente el correo certificado de
la empresa 4-72 a la señora Luz Stella Román Palacio a la Carrera 50 No. 55
-43, barrio Villa Paula, municipio de Itagüi, Antioquia, código NY00234159400,
con la constancia de entrega suscrita por la señora Luz Stella Román el 22 de
enero de 2018, a las 10:17 A.M.
54. Con fundamento en lo anterior, se despachará desfavorablemente el
argumento expuesto por la parte demandada en el recurso, toda vez que se
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probó la debida notificación personal del auto admisorio de la demanda. Cosa
diferente, es que la parte demandada no hubiere ejercido su derecho de
defensa en la audiencia inicial y de pruebas.
b) El acto demandado, contenido en la Resolución GNR 150173 del 24
de mayo de 2016, mediante la cual se ordenó dar cumplimiento al
fallo judicial proferido por el Juzgado 9 de Familia de Medellín el
18 de marzo de 2016 y, en consecuencia, reconocer y ordenar el
pago de una pensión de vejez a favor de la señora Luz Stella
Román Palacio, ¿Es pasible de control judicial?
55. A efectos de resolver el anterior interrogante, resulta necesario analizar los
hechos probados:
56. Cédula de ciudadanía de Luz Stella Román Palacio9: nació el 27 de octubre
de 1959.
57. El 28 de abril de 2006, la demandada solicitó al Instituto de Seguros
Sociales el traslado del régimen pensional de Protección, para lo cual afirmó
haber cotizado más de 150 semanas en cajas o fondos.
58. El 31 de diciembre de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES, respondió la solicitud elevada por la señora Luz Stella
Román, para la corrección de su historial laboral. En el reporte de semanas
cotizadas en el periodo 1967-199410, expedido por la Administradora
Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, de la señora Luz Stella Román
Palacio el 26 de noviembre de 2013, se reflejan 1.112,14 semanas cotizadas
para esa fecha.
59. Resolución GNR 117885 del 27 de abril de 2015: la gerente nacional de
reconocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones-
COLPENSIONES le reconoció la pensión de vejez11 a la señora Luz Stella
Román Palacio, en cuantía de $1.888.755, conforme a la Ley 33 de 1985, la
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cual quedó en suspenso hasta que se allegara el acta de retiro definitivo del
servicio. Explicó:
«Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 9.396 días
laborados, correspondientes a 1.342 semanas.
Que nació el 27 de octubre de 1959 y actualmente cuenta con 55 años de edad.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, “el
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que
por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio”»
60. Resolución 189 de 5 de mayo de 2015: el Hospital General de Medellín
aceptó la renuncia presentada por la señora Luz Stella Román Palacio,
efectiva a partir del 11 de mayo de 2015.
61. Resolución GNR 269335 del 2 de septiembre de 201512: La Administradora
Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, negó la inclusión en nómina del
pago de la pensión de vejez a la señora Luz Stella Román Palacio, por cuanto
no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 797 de 2003 y,
adicionalmente, solicitó autorización a la señora Román Palacio, para revocar
la Resolución 117885 de 278 de abril de 2015, mediante la cual se le reconoció
la pensión de vejez. Explicó:
«Que en el presente caso la solicitante presentó traslado del régimen de ahorro
individual con solidaridad, al régimen de solidaridad de primera media con
prestación definida, ISS hoy Colpensiones el 28 de abril de 2006.
Que teniendo en cuenta lo anterior se tiene que si bien no requiere de cálculo de
rentabilidad, si es necesario que acredite los 15 años de servicio para recuperar
régimen de transición, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir
al 01 de abril de 1994.
[…]
Que en consideración a lo anterior, el(a) peticionario(a) no logra acreditar los
requisitos mínimos de edad toda vez que solo cuenta con 55 años, razón por la
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cual se niega reconocimiento con Ley 797 de 2003».
62. Resolución GNR 41898 del 8 de febrero de 201613: la Administradora
Colombiana de Pensiones, al resolver el recurso de reposición interpuesto por
la señora Román Palacio, confirmó la Resolución GNR 117885 del 27 de abril
de 2015, para lo cual, explicó:
«Ahora bien, revisada la historia laboral se constata que la asegurada reúne un
total de 1.345 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones y 56 años
de edad siendo evidente que cumple con la densidad de semanas pero no
cumple con la edad exigida por la norma mencionada; por consiguiente, es
necesario confirmar la Resolución GNR 117885 del 27 de abril de 2015.
Mediante Resolución GNR 269335 del 02 de septiembre se le solicito a la señora
Román Palacio Luz Stella la autorización para revocar la Resolución GNR
117885 del 27 de abril de 2015 y en el recurso presentado el 23 de septiembre
de 2015 la asegurada no autoriza revocar dicho acto administrativo; por lo tanto
se remite el caso bajo radicado 2016_1213615 a la Gerencia de Defensa Judicial
para los trámites pertinentes».
63. Resolución VPB 10021 del 1 de marzo de 2016: la Vicepresidente de
Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones-
COLPENSIONES, modificó el artículo 1 de la Resolución GNR 41898 del 8 de
febrero de 2016, en los siguientes términos:
«Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución 269335 del 2 de
septiembre de 2015, conforme el recurso presentado por […] ROMÁN PALACIO
LUZ STELLA […]
[…] Comunicar el presente acto administrativo al JUZGADO SEGUNDO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE ITAGÜI, para lo de su competencia».
64. Como fundamento de dicha decisión, se revisó y se relacionaron los
servicios prestados por la señora Luz Stella Román en el Hospital San Rafael
Itagüi, como independiente y en el Hospital de Medellín, según el cual, acreditó
9.417 días. También se tuvo en cuenta su edad, 56 años para el 1 de marzo
de 2016 (nació el 27 de octubre de 1959) y se indicó que lo siguiente:
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«Se evidencia en la historia laboral que la peticionaria obtuvo un traslado de
PROTECCIÓN al ISS hoy Colpensiones el día 01 de junio de 2006.
Verificando el aplicativo SIAFP se valida la fecha de solicitud de traslado a
Colpensiones el día 28 de abril de 2006.
[…]
Se evidencia en la historia laboral que la asegurada al 01 de abril de 1994 cotizó
6 años de servicio es decir no logando cumplir con los 15 años de servicio a la
entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993 siendo uno de los requisitos
indispensables para recuperar el régimen de transición conforme a la circular
interna 08 de 2014 en el numeral 1.3.
Conforme a lo anterior es procedente el estudio de la prestación a la luz de la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que señala como requisitos
para acceder a la pensión de vejez:
i. Haber cumplido cincuenta y cinco [55] años de edad si es mujer […]
incrementándose a partir de 1 de enero del año 2014 la ead de las mujeres a
cincuenta y siete [57].
ii. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo,
incrementando a partir del 1 de enero de 2005 el número de semanas en 50 y a
partir del 1 de enero de 2006 en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el
año 2015.
[…]
Ahora bien, revisada la historia laboral se constata que la asegurada reúne un
total de 1.345 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones y 56 años
de edad siendo evidente que cumple con la densidad de semanas pero no
cumple con la edad exigida por la norma mencionada […]»
65. Sentencia de 18 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Noveno de
Familia de Oralidad de Medellín, dentro del proceso de tutela 05001-31-10-
009-2016-00323-00: Ordenó tutelar el derecho de petición de la señora Lus
Stella Román Palacio, vulnerado por la Administradora Colombiana de
Pensiones-COLPENSIONES y, en consecuencia, ordenó al representante
legal de dicha entidad «[…] que en el término improrrogable de diez (10) días
contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a pagar la
pensión de vejez reconocida en resolución GNR 117885 del 27 de abril de
2015, desde el 11 de mayo de 2015, hasta la fecha y las que en lo sucesivo
se causen, so pena de no hacerlo en dicho interregno, se harán [sic] acreedora
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a las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991; y que de
hacerlo, deberá enviar con destino a este estrado judicial, copia de la
respuesta al interesado, par efectos de verificar el cumplimiento de lo aquí
ordenado»
66. En el fallo de tutela se indicó que la señora Román Palacio había
renunciado a su empleo para que se hiciera efectiva su pensión, pero ello no
sucedió porque la Administradora Colombiana de Pensiones-
COLPENSIONES, advirtió «que se equivoca en al Resolución GNR 117885»
y por lo tanto, no fue incluida en nómina.
67. Resolución No. GNR 150173 de 24 de mayo de 201614: el gerente nacional
de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la
Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, en cumplimiento
de una orden de tutela, reconoció la pensión de vejez a favor de la señora Luz
Stella Román Palacio, así:
68. Y en la parte resolutiva del acto, la Administradora Colombiana de
Pensiones-COLPENSIONES, también decidió:
«ARTÍCULO SEXTO: Esta entidad salvaguarda cualquier responsabilidad de
índole penal, fiscal, laboral o administrativa y disciplinaria que le pueda generar
el presente Acto Administrativo; toda vez que con él se están dando estricto
cumplimiento al Fallo de Tutela proferido por el JUZGADO NOVENO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN mediante fallo de tutela Radicado No.
050013110009-2016-323-00 de fecha 18 de marzo de 2016»
69. Como sustento del acto administrativo, la Administradora Colombiana de
Pensiones-COLPENSIONES expuso que la señora Luz Stella Román Palacio
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había acreditado 9.417 días laborados, esto es, 1.345 semanas, que nació el
27 de octubre de 1959, por lo que tenía 56 años y explicó:
«Se evidencia en la historia laboral que la peticionaria obtuvo un traslado de
PROTECCIÓN al ISS hoy Colpensiones el día 01 de junio de 2006.
Verificado el aplicativo SIAFP se valida la fecha de solicitud de traslado a
Colpensiones el día 28 de abril de 2006.
Que la circular interna 08 de 2014 su [sic] numeral 1.3. suscrita por la
Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y
Beneficios determinó:
[…]
Conforme a lo anterior es procedente el estudio de la prestación a la luz de la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que señala como requisitos
para acceder a la pensión de vejez:
i) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre, incrementándose a partir de 1 de enero del año 2014 la edad
de las mujeres a cincuenta y siete (57) años y para los hombres a sesenta y dos
(62) años.
ii) Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo,
incrementando a partir del 1 de enero de 2005 el número de semanas en 50 y a
partir del 1 de enero de 2006 en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas
cotizadas en el año 2015.
[…]
Ahora bien, revisada la historia laboral se constata que la asegurada reúne un
total de 1.345 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones y 56 años
de edad siendo evidente que cumple con la densidad de semanas pero no
cumple con la edad exigida por la norma mencionada, por consiguiente no
tendría derecho a la pensión de vejez solicitada por la señora ROMÁN PALACIO
LUZ STELLA.
En este orden de ideas no tendría derecho a la Pensión de Vejez por parte de
esta Administradora, no obstante se reconoce de manera DEFINITIVA a partir
del 11 de mayo de 2015 dando cumplimiento al fallo de tutela Radicado No.
050013110009 2016-323-00 de fecha 18 de marzo de 2016 proferido por el
JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN».
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70. Certificado laboral del Hospital General de Medellín E.S.E.15: el director de
gestión humana certificó que Luz Stella Román Palacio, estaba vinculada a
dicho hospital desde el 1 de enero de 1996, como empleada pública, inscrita
en carrera administrativa, en el cargo de auxiliar área salud (auxiliar de
enfermería), con una asignación básica mensual de $1.841.385.
71. Reporte de semanas cotizadas en pensiones (Colpensiones)16
72. Certificado de información laboral del Hospital General de Medellín Luz
Castro de Gutiérrez E.S.E.17
73. Certificación de salario base para la liquidación y emisión de bonos
pensionales del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.18
74. Reporte de semanas cotizadas en pensiones19: Del certificado expedido
por la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, se
constató que la señora Luz Stella Román Palacio estuvo vinculada al Hospital
San Rafael y cotizó a pensión, desde abril de 1981 hasta agosto de 1981 y
luego de junio de 1982 hasta noviembre de 1988, para un total de 345
semanas cotizadas; que volvió a cotizar como independiente desde febrero
hasta diciembre de 1995 y que, luego, se vinculó al Hospital General de
Medellín E.S.E., y cotizó desde enero de 1996 hasta noviembre de 2014.
Asimismo, en agosto de 1999, se trasladó al régimen de ahorro individual, al
cual continuó cotizando hasta mayo de 2006, momento a partir del cual se
trasladó al régimen de prima media con prestación definida, al cual estuvo
cotizando hasta noviembre de 2014.
75. Certificación de salarios mes a mes del Hospital General de Medellín Luz
Castro de Gutiérrez E.S.E. 20
76. Con fundamento en el material probatorio, la Sala encuentra que el acto
demandado no creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular, sino
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que, por el contrario, se limitó a ejecutar los efectos de un acto previo ya
definitivo, sin que se le hubiere otorgado un alcance diferente a lo dispuesto
por la autoridad judicial, por lo que es dable concluir que no puede ser objeto
de control.
77. Por regla general, los actos definitivos son los únicos susceptibles de ser
enjuiciados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues, es a
través de estos, que la administración crea, modifica o extingue situaciones
jurídicas21. En ese sentido, para establecer, cuáles son susceptibles de control
judicial, la Sala explicó22:
«[…] Hay tres tipos de actos, a saber:
i) Preparatorios, accesorios o de trámite que se expiden como parte del
procedimiento administrativo con el fin de darle curso, son instrumentales y no
encierran declaraciones de la voluntad ni crean relaciones jurídicas y solo sirven
de impulso a la continuidad de la actuación de la administración.
ii) Definitivos que el artículo 43 del CPACA define como “los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. La
jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que son “aquellos que
concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea
porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica en particular”.
iii) Los actos administrativos de ejecución que se limitan a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa […]»
78. En esa misma providencia, la Sala explicó que, excepcionalmente, los
actos de ejecución pueden ser objeto de control judicial en los siguientes
eventos23:
«[…] cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar
cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto
administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se
21
Consejo de Estado; Sección Segunda; Subsección B; expediente 25000-23-42-000-2021-00790-01 (1089-2023) de
5 de octubre de 2023; C.P. César Palomino Cortes.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2020, exp. 25000-23-42-000
2014-00109-01 (1997-2016).
23
Ibidem.
22
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presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada o
condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los
eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad real
de la administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para el
administrado, susceptible de control de legalidad […]»
79. Particularmente, el acto que creó la situación jurídica particular de la señora
Luz Stella Román Palacio, fue la Resolución GNR 117885 del 27 de abril de
2015, por medio de la cual le reconoció la pensión de vejez, conforme a la Ley
33 de 1985, decisión que quedó en suspenso hasta tanto se allegara el acta
de retiro definitivo del servicio.
80. Y esa manifestación de la voluntad de la administración, no puede
confundirse24 con el acto de ejecución demandado, por medio del cual, la
Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, se limitó a
cumplir la orden judicial impartida dentro del proceso de tutela 05001-31-10-
009-2016-00323-00, consistente en que dicha entidad, «en el término
improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda
a pagar la pensión de vejez reconocida en resolución GNR 117885 del 27 de abril de
2015, desde el 11 de mayo de 2015, hasta la fecha y las que en lo sucesivo se causen, so
pena de no hacerlo en dicho interregno, se harán [sic] acreedora a las sanciones previstas en
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991; y que de hacerlo, deberá enviar con destino a este
estrado judicial, copia de la respuesta al interesado, para efectos de verificar el cumplimiento
de lo aquí ordenado». (Destacado por fuera del texto original)
81. En efecto, por medio del acto demandado, esto es, la Resolución GNR
150173 de 24 de mayo de 2016, la Administradora Colombiana de Pensiones
– COLPENSIONES, se limitó a dar cumplimiento a la orden judicial consistente
en pagar la pensión de vejez reconocida en la resolución GNR 117885 del
27 de abril de 2015, sin modificar la orden de tutela o sin darle una alcance
diferente o adicional del cual, pudiera llegar a presumirse la voluntad de la
Administración que lo hiciere mutar su condición de acto de ejecución
82. Ahora, cabe precisar que, en este caso, no se desconoce la jurisprudencia
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, acción de tutela
radicado 11001-03 15-000-2025-06027-01; Aclaración de voto del consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
23
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de la Sala25, encaminada a reconocer que los actos administrativos expedidos
en cumplimiento de órdenes de tutela son objeto de control judicial. Lo que
sucede es que, a diferencia de los otros supuestos, el acto administrativo
demandado en este juicio no ordenó el reconocimiento pensional, sino que,
como se explicó, únicamente dispuso su pago en los términos reconocidos en
la Resolución 117885 de 27 de abril de 2015.
83. Con fundamento en todo lo anterior, es dable concluir que la Resolución
demandada es un acto de ejecución, por medio del cual, se da cumplimiento
a una orden judicial, sin que contenga una voluntad de la administración
diferente a aquella emitida por el operador judicial de tutela, lo cual conlleva a
revocar la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
pretensiones y, en su lugar, se declarará la ineptitud sustantiva de la demanda.
4. Condena en costas
84. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025, por
medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. DECLARAR la ineptitud sustantiva de la demanda.
TERCERO. Sin condena en costas.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de agosto de 2025, rad. 3555-2021 y de 23
de octubre de 2025, rad. 3497-2021.
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CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con salvamento de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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