República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06027-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06027-01 (12570)
Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: retiro del servicio. Subtema 3: defectos
procedimental y desconocimiento del precedente.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Carlos Humberto Gil Giraldo contra la sentencia del
4 de noviembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
1. Síntesis del caso
El señor Carlos Humberto Gil Giraldo presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
del 15 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 05001-33-33-019-2021-00038-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06027-01 (12570)
Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
2. El señor Carlos Humberto Gil Giraldo se vinculó a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, mediante nombramiento en provisionalidad, en el cargo de Registrador
Municipal 4035-05 de Frontino (Antioquia), desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 8
de marzo de 2020.
3. La entidad, desde el año 2015, prorrogó de forma sucesiva el nombramiento del
accionante. Así, pues, mediante Resolución núm. 558 del 30 de agosto de 2019,
efectuó la última prórroga del nombramiento en provisionalidad del actor, por un
término de 6 meses.
4. Posteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de oficio
núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, le informó al accionante que
a partir del 8 de marzo de 2020 su nombramiento en provisionalidad finalizaba y
debía hacer entrega del cargo.
5. El señor Carlos Humberto Gil Giraldo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
el fin de que se dejaran sin efectos la Resolución núm. 558 de 30 de agosto de 2019
y el oficio núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020 y, en consecuencia,
la autoridad judicial ordenara su reintegro al cargo que ostentaba en la entidad.
6. El Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 28
de junio de 2021, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control judicial. Contra dicha decisión la parte actora presentó recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el 15 de septiembre de 2025, confirmó
en todas sus partes el fallo de primera instancia, al considerar que el acto
administrativo que, eventualmente lesionó los derechos del actor fue la Resolución
núm. 558 del 30 de agosto de 2019, pero como no tenía certeza de la fecha en que
fue notificado dicho nombramiento, «se tomó para el efecto el día en que el
demandante se posesionó en el cargo, esto es el 09 de septiembre de 2019,
teniendo así que el término de 4 meses para demandar el acto administrativo
fenecía el 13 de enero de 2020». Sin embargo, la solicitud de conciliación
extrajudicial se radicó el 22 de octubre de 2020, esto es, cuando ya se había
configurado la caducidad del medio de control judicial.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
a. TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante, CARLOS HUMBERTO
GIL GIRALDO, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
primacía del derecho sustancial sobre las formas.
b. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia
del quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 2, certificado núm. 41C1D063236F690A 0077C2E1926FC5E3
EE4E4B58F7DEFBA3 23B33825E38FAE90.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06027-01 (12570)
Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, dentro del proceso con radicado
No. 05001333301920210003801.
c. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión que, en
un término perentorio y no superior a cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva
providencia de reemplazo en la que se abstenga de incurrir en el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y, en su lugar, proceda a realizar un análisis de fondo sobre
las pretensiones de la demanda, reconociendo que el Oficio DDA-TH-1001-19-03 es
un acto administrativo definitivo y susceptible de control judicial.
d. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión que
debe de tener en cuenta EL PRECEDENTE JUDICIAL. La línea jurisprudencial
consolidada del honorable Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso
administrativo. Dicha corporación ha sostenido de forma reiterada que las
comunicaciones, oficios o cartas que notifican la desvinculación o el retiro de un
servidor público son, en efecto, actos administrativos definitivos y particulares,
plenamente demandables, pues definen de manera concluyente la situación jurídica
del funcionario.
e. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión que,
proceda a realizar un análisis de fondo sobre el término de la caducidad y que se tome
hasta la fecha de solicitud de audiencia de conciliación, 21 de octubre de 2020 y NO el
13 de enero de 2020 como lo tomaron los Magistrados del Tribunal2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto, al considerar que la caducidad solo
podía establecerse a partir de la comunicación o notificación de la Resolución núm.
558 del 30 de agosto de 2019, porque, en su criterio, el oficio núm. DDA-TH-1001-
19-03 del 25 de febrero de 2020 era un mero acto informativo y, por ende, no era
susceptible de control judicial.
10. En este sentido, explicó que el Tribunal ignoró que, aunque el oficio se describe
como una «comunicación», en la práctica fue el acto que materializó la
desvinculación y definió la situación laboral del accionante, por lo que no era
razonable definir la caducidad a partir de la referida resolución.
11. Agregó que las conclusiones adoptadas por la autoridad judicial, en la
providencia acusada, lo dejaron sin un mecanismo efectivo para controvertir su
desvinculación, lo cual vulneró su derecho al acceso a la administración de justicia.
12.
Por otra parte, indicó que la providencia cuestionada desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado3, en la que se ha sostenido que las
comunicaciones, oficios o cartas que notifican la desvinculación o el retiro de un
servidor público son, en efecto, actos administrativos definitivos y particulares,
plenamente demandables, pues definen de manera concluyente la situación jurídica
del funcionario.
2
Se transcribe incluso con errores
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2017, expediente 73001-23-33-000-
2012-00231-01 (2087-2014). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2008,
expediente 25000232500020010853401(0841-05), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de
enero de 2018, expediente 11001-03-25-000-2017-00433-00 (2079-2017).
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06027-01 (12570)
Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
13.
Asimismo, indicó que la providencia acusada desconoció el criterio de la Corte
Constitucional4 sobre el deber de motivación de los actos administrativos que retiran
del servicio a los servidores públicos vinculados en provisionalidad.
2.3. Trámite procesal
14.
El despacho ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 29 de septiembre de 20255, admitió la solicitud de
amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Antioquia, y puso en
conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 solicitó que se declare improcedente la
tutela, toda vez que el asunto planteado por el accionante carece de relevancia
constitucional.
16. Afirmó que el actor pretende utilizar la solicitud de amparo como una tercera
instancia, pues, la discusión con relación a la caducidad del medio de control judicial
se surtió en las instancias respectivas al interior proceso ordinario, ante los jueces
naturales.
17. Adicionalmente, argumentó que la tutela contra providencias judiciales tiene
carácter excepcional, restringido y extraordinario y, solo puede operar cuando se
encuentra un ejercicio arbitrario y caprichoso del poder judicial sin que pueda
emplearse como un mecanismo para rectificar decisiones en firme ni desautorizar a
los jueces del proceso ordinario.
18. La Registraduría Nacional del Estado Civil 7 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la solicitud de amparo se dirige a
controvertir una providencia judicial, frente a lo cual no tiene competencia funcional
alguna para determinar su validez o legalidad. En consecuencia, solicitó que se le
desvincule del presente trámite constitucional.
19. El Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín 8 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
4
Corte Constitucional, sentencias T-459 de 2018, T-035 de 2016, SU-054 de 2015 y SU-917 de 2010.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 4, certificado núm. 71B8E511198D0BED C2D9B14D4664664B
BCB3D350099AD1D1 A245E39DC54B4447.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 9, certificado núm. 2515084E8F52EB1D 61D7DFC246DF60FD
58F1C94DFB214B4A 3CC77B74C0FDF582
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 10, certificado núm. ED9B5C7B197641C0 8944D01C80F094AD
5355E47E939E0EFE 9ACD84BF552B526F.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 13, certificado núm. 835116D6DCCE875D 8AE68624D6040BD5
704AAD6E921E3317 C064B4BC902A4F28.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06027-01 (12570)
Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
2.5. Sentencia de primera instancia
20. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del
4 de noviembre de 20259 declaró improcedente la tutela, al considerar que el asunto
no cumplía con el requisito de relevancia constitucional.
21. Indicó que la discusión sobre la naturaleza del oficio de desvinculación y su
carácter de acto definitivo o de trámite fue un aspecto abordado en el curso del
proceso ordinario. Aspecto sobre el que el demandante presentó sus
inconformidades en el escrito de la demanda, en los alegatos de conclusión y en el
recurso de apelación, en cuyas oportunidades adujo que ese acto carecía de
motivación.
22.
Afirmó que, en lo concerniente al exceso ritual manifiesto y al desconocimiento
del precedente judicial, la parte actora pretendió emplear la acción de tutela como
un mecanismo para obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso
en que se profirió la providencia atacada, a pesar de que tal desacuerdo atañe a
una discusión de mera legalidad, que ya fue decidida en sede ordinaria y, que
resulta insuficiente para sustentar la relevancia constitucional.
23. Asimismo, concluyó que el accionante pretende traer a la acción de tutela
asuntos que ya fueron discutidos y valorados por los jueces de la primera y segunda
instancia en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
cual se declaró probada la caducidad con respecto a los actos demandados.
24. En este sentido, resaltó que no le es posible al juez de tutela inmiscuirse en
discusiones que no son de su resorte, so pena de afrentar los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
2.6. Impugnación
25. La parte actora presentó impugnación10 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su escrito, indicó que en la solicitud
de amparo tiene relevancia constitucional, debido a que lo pretendido es obtener la
protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
26. En este sentido, explicó que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que el
Tribunal accionado efectuó una indebida interpretación de los hechos y de los
documentos aportados con la demanda del proceso ordinario, por las siguientes
razones:
• El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada de oficio la excepción
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, «al
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00 índice 17, certificado núm. 3AF95E400A396E57 0E486C1D40A5B6B8
B4349FD5720939F4 3F41EF27DA0569E3.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 21, certificado núm. D8A96EDAA7E9E810 E139D575FE523F58
49C644011146F8DA 5FEEA703A1FC4692.
5
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considerar que el acto definitivo era el Oficio núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25
de febrero de 2020 (comunicación del retiro)».
• Un «acto de comunicación (como el oficio DDA-TH-1001-19-03) no es el acto
administrativo definitivo enjuiciable, sino un simple acto de trámite o informativo.
Al tomar la fecha de este oficio como punto de partida para el conteo de la
caducidad, se impuso una BARRERA PROCESAL ILEGÍTIMA que impidió el
estudio de fondo de la controversia», lo que, en criterio del actor sacrificó la
justicia material por un formalismo.
• No se tuvo en cuenta que la demanda inicial solicitó la nulidad del artículo 1 del
parágrafo de la Resolución núm. 558 del 30 de agosto de 2019.
• El oficio DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020 fue enviado a un correo
distinto que no le pertenece al demandante.
• Los términos procesales fueron suspendidos a partir de mediados de marzo de
2020 debido a la emergencia sanitaria (Decreto 491 de 2020 entre otros).
• Las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que, mediante sentencia del 24
de abril de 2020, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Frontino (Antioquia)
concedió el amparo de tutela, de forma definitiva, y dejó sin efectos el oficio DDA-
TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020. Debido a esa decisión y con
fundamento en el principio de confianza legítima, no era exigible que el actor
promoviera en ese momento el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues dicho no producía efectos jurídicos.
• Informó que la anterior providencia fue revocada el 13 de mayo de 2020 por la
«Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Antioquia»; sin embargo, no era
procedente contabilizar el término de caducidad desde esta decisión «por
cuanto, se reitera, el amparo se otorgó de forma definitiva y no transitoria, de tal
forma que aquel no podía suponer, asumir o inferir que debía demandar ante el
juez natural».
27. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 4 de
noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
6
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Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
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3.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa del señor Carlos Humberto Gil Giraldo
está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
30.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia,
objeto de estudio.
31. Por otro lado, se advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó
su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
32. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en
el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional12.
34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7
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35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
36. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución14.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
38. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
39.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8
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decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
41. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, fue notificada el 18 de septiembre siguiente19, y la demanda de tutela se
presentó el 25 de septiembre de 202520, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como
razonable.
42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación al defecto procedimental y al
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
45. Corresponde a la Sala determinar si en los términos del escrito de impugnación,
el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Carlos Humberto Gil
Giraldo. Concretamente si ¿incurrió en defecto procedimental y en desconocimiento
del precedente, al proferir la sentencia del 15 de septiembre de 2025, mediante la
cual confirmó la providencia del 28 de junio de 2021, expedida por el Juzgado
Diecinueve Administrativo de Medellín, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el actor?
19
Samai, exp. 05001-33-33-019-2021-00038-01, índice 14.
20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06027-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06027-01 (12570)
Accionante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
46.
Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto procedimental
47. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
48. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
49. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 23.
50. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»24.
51.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
52. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
23
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
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afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»25.
3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial
53. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas26.
54. Al respecto, la Corte Constitucional27 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales28.
55. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia29.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
26 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
27 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
28 Se transcribe incluso con errores.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
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56.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»30.
57. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela31.
58. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación32.
59. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5 Caso concreto
60.
En el asunto bajo estudio, el señor Carlos Humberto Gil Giraldo presentó escrito
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la pretensión principal de que se
declarara la nulidad de las siguientes actuaciones administrativas: a) el artículo 1
del parágrafo de la Resolución núm. 558 del 30 de agosto de 2019 y c) el oficio
núm. DDA-TA-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020. Asimismo, pidió que se
ordenara su reintegro al cargo que ocupaba dentro de la entidad demandada.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
31 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
32 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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61.En primera instancia, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín,
mediante providencia del 28 de junio de 2021, declaró probada de oficio la
excepción del medio de control judicial promovido por el tutelante.
62. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió
sentencia el 15 de septiembre de 2025, en la que confirmó en todas sus partes la
decisión recurrida.
63. Pues bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que la
autoridad accionada, al proferir la providencia del 15 de septiembre de 2025,
incurrió defecto procedimental porque, en su criterio, analizó la caducidad desde la
comunicación o notificación de la Resolución núm. 558 del 30 de agosto de 2019,
esto es, el oficio núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, sin tener en
cuenta que este documento «es un simple acto de trámite o informativo».
64. A su vez, indicó que la providencia cuestionada desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado33, en la que se ha sostenido que las comunicaciones, oficios o
cartas que notifican la desvinculación o el retiro de un servidor público son, en
efecto, actos administrativos particulares, susceptibles de control judicial, pues
definen la situación jurídica del servidor.
65. Asimismo, afirmó que la providencia acusada desconoció el criterio de la Corte
Constitucional34 sobre el deber de motivación de los actos administrativos que
retiran del servicio a los servidores públicos vinculados en provisionalidad.
66. Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia precisó que los argumentos del
recurso de apelación propuesto por el accionante en contra de la providencia del
28 de junio de 2021, expedida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín
se dirigían a desestimar la caducidad del medio de control judicial, a partir de la
notificación del oficio núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, que
ocurrió el 5 de marzo de 2020.
67.En este sentido, el Tribunal advirtió que el fundamento de la apelación se
concretaba en lo siguiente:
Por lo tanto, habiéndose notificado el acto acusado el viernes 06 de marzo de 2020; la
oportunidad para demandar vencía en un primer momento, el 09 de julio de 2020,
empero, al adicionar los 3 meses y 14 días de suspensión de los términos de
prescripción y caducidad; estos se ampliaron hasta el 23 de octubre de 2020.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2017, expediente 73001-23-33-
000-2012-00231-01 (2087-2014). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2008,
expediente 25000232500020010853401(0841-05), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de
enero de 2018, expediente 11001-03-25-000-2017-00433-00 (2079-2017).
34
Corte Constitucional, sentencias T-459 de 2018, T-035 de 2016, SU-054 de 2015 y SU-917 de 2010.
13
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Encontrándonos dentro del término de oportunidad procesal, pues la solicitud de
conciliación fue radicada el día 22 de octubre de 2020 ante la Procuraduría 30 Judicial
II para asuntos administrativos.
[…]
es el oficio N° DDA-TH-1001-19-03 del 25 de 2020, el acto que definitivamente puso
término a la relación laboral y definió la situación jurídica del demandante y por ende
es el acto administrativo enjuiciable ante la jurisdicción, y si bien se acusó la
Resolución No. 588 del 30 de agosto de 2019 (Acto de Nombramiento), que estableció
la duración del nombramiento por seis (06) meses, admitir la aplicación del término de
caducidad vulneraría el acceso a la administración de justicia, ello en el entendido de
que el demandante se vería obligado a demandar el acto administrativo que lo nombró
durante la vigencia de la relación laboral, situación que, en la práctica, se le dificultaría
al empleado, máxime cuando su relación laboral venía prorrogándose en el tiempo, a
través de nombramientos sucesivos desde el año 2015 hasta el año 2019 (13
Contratos firmados sucesivamente).
68. De esta manera, el Tribunal, al verificar el contenido del oficio núm. DDA-TH-
1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, advirtió que este documento tenía por
asunto: «Solicitud de entrega de puesto de trabajo y funciones a cargo», por lo que
no creaba, modificaba o extinguía una situación judicial concreta de la parte actora.
69. Así pues, para el Tribunal, el citado oficio solo tenía por objeto darle a conocer
al demandante que, finalizada la prestación del servicio, lo que indiscutiblemente
ya conocía y sabía de antemano, desde la expedición de la última resolución que
dispuso su vinculación en provisionalidad como registrador del municipio de
Frontino (Antioquia). De modo, que con ocasión del oficio núm. DDA-TH-1001-19-
03 debía entregar formalmente las actividades relacionadas con las funciones del
cargo que desempeñaba.
70. En este orden, la providencia acusada consideró que no era procedente
efectuar un análisis de la figura de la caducidad a partir del oficio reseñado, pues
este documento era un acto de comunicación y no de una actuación administrativa
que definía la situación laboral del demandante.
71. Por lo anterior, el Tribunal precisó que la caducidad debía examinarse a partir
del contenido de la Resolución núm. 558 del 30 de agosto de 2019, toda vez que
este definía en forma concreta la permanencia del accionante en el ejercicio del
servicio público, respecto de lo cual, el actor tenía pleno conocimiento que su
vinculación era por término de 6 meses contados desde la posesión.
72. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la providencia objeto de
tutela, expuso lo siguiente:
En la parte resolutiva del acto en mención se dispuso que la duración de su vinculación
laboral era por el término de seis (06) meses. Al respecto en el parágrafo del artículo
primero de la citada resolución se advirtió que:
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“… La duración de este nombramiento provisional será hasta por el término de
seis (06) meses contados a partir de la fecha de posesión y finalizará al término
del mismo, sin que para ello se requiera acto administrativo ni comunicación
alguna, en todo caso podrá darse por terminado en cualquier momento.”
Ahora como no se tiene certeza de la fecha en que fue notificado dicho nombramiento,
se tomó para el efecto el día en que el demandante se posesionó en el cargo, esto es
el 09 de septiembre de 2019, teniendo así que el término de 4 meses para demandar
el acto administrativo fenecía el 13 de enero de 2020 en virtud de la vacancia judicial,
momento para el cual no se había presentado la suspensión de términos con ocasión
de la pandemia por Covid-19 encontrándose configurado el fenómeno jurídico de
caducidad respecto de la Resolución No. 558 del 30 de agosto de 2019, ya que la
solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 22 de octubre de 2020, es decir cuando
ya había operado el término de caducidad. [sic].
73. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal accionado efectuó el
análisis de la caducidad del medio de control judicial promovido por el señor Carlos
Humberto Gil Giraldo a partir de la Resolución núm. 558 del 30 de agosto de 2019
y no desde el oficio núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, dada la
naturaleza jurídica de este último.
74. Es importante aclarar que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se limitó a los documentos antes referidos porque en el expediente no
existían otras posibles actuaciones de la administración relacionadas con la
permanencia del demandante en el cargo pretendido, que le hubiesen permitido al
Tribunal accionado ampliar el estudio del plazo para acudir a la jurisdicción a otros
hechos o actos administrativos.
75. Dicho esto, llama la atención que el accionante en el escrito de tutela cuestione
que no se hizo la valoración del presupuesto de la caducidad desde la notificación
oficio núm. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, pero en el memorial de
impugnación indique que el Tribunal incurrió en error al valorar esta figura procesal
desde el mencionado documento, lo cual no ocurrió como lo planteó el impugnante
tal y como se expuso en líneas precedentes.
76.
En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 15 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa y los documentos aportados al proceso, lo
que le permitió concluir que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el señor Carlos Humberto Gil Giraldo en contra de la Registraduría
Nacional del Estado Civil fue promovida por fuera del término legal previsto en el
literal d), numeral segundo del artículo 164 del CPACA35.
35
Ley 1437 de 2011.
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro
(4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;
[…].
15
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77. En este punto, conviene mencionar que la Corte Constitucional se ha
pronunciado sobre el respeto de los plazos judiciales y la relevancia de la figura de
la caducidad, en el sentido de indicar que «[…] esta constituye un mecanismo que
limita el tiempo durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la
definición judicial de las controversias, el cual privilegia la seguridad jurídica y el
interés general. Bajo esa perspectiva se ha destacado la obligatoriedad de los
términos de caducidad, y, por ende: “(…) la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto
que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus
derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”
36 […]» 37.
78. Por otro lado, en cuanto al desconocimiento del precedente, es pertinente
aclarar que las providencias a las que hizo mención el accionante en el escrito de
tutela, de ninguna manera hacen referencia a la naturaleza de acto administrativo
definitivo de los oficios emitidos por los delegados de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, que comunican la entrega del cargo al cumplimiento del término de la
provisionalidad, por lo que no se puede inferir que dichas decisiones constituyen un
precedente aplicable al caso concreto de obligatorio cumplimiento.
79. Adicionalmente, se debe advertir que la sentencia cuestionada no desconoció
el criterio de la Corte Constitucional38 sobre el deber de motivación de los actos
administrativos que retiran del servicio a los servidores públicos vinculados en
provisionalidad, toda vez que la demanda promovida por el tutelante no superó el
presupuesto de caducidad. De modo, que no le era dable a la autoridad accionada
en una etapa procesal previa efectuar una valoración de los argumentos propios del
concepto de violación, esto es, del fondo del litigio.
80. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso, sin que se pueda evidenciar alguna situación contraria al ordenamiento
constitucional. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
fundamentales.
81. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones
36
Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
37
Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.
38
Corte Constitucional, sentencias T-459 de 2018, T-035 de 2016, SU-054 de 2015 y SU-917 de 2010.
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4. Conclusiones
82. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no vulneró
los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por el defecto procedimental y el desconocimiento del precedente, que exija la
intervención del juez de tutela.
83. En consecuencia, se modificará la sentencia del 4 de noviembre de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
sentido de negar el amparo solicitado por la parte actora.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 4 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Carlos Humberto
Gil Giraldo en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
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Con salvamento de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
18
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