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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06027-00

Fecha
4 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06027-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Humberto Gil, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06027-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de noviembre de 2025

Expediente:11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: CARLOS HUMBERTO GIL GIRALDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
RESPECTO DEL EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

Síntesis del caso: la acción de tutela cuestionó la providencia que en segunda
instancia rechazó la demanda que el actor presentó contra la Registraduría Nacional
del Estado Civil con el fin de obtener la nulidad del acto que lo desvinculó de la
entidad. El actor invocó la configuración de un exceso ritual manifiesto y de un
desconocimiento del precedente judicial, respecto de los cuales la Sala encontró
que no se superó el requisito de relevancia constitucional por plantearse discusiones
que ya se tramitaron en el proceso ordinario.

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada1 por el señor Carlos
Humberto Gil Giraldo, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos
29 y 229 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2025 (índice 00002 en SAMAI)
el señor Carlos Humberto Gil Giraldo presentó acción de tutela en contra de la
providencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente
judicial.

1 Mediante escrito radicado el 25 de septiembre de 2025 (índice 0001 en SAMAI).

Expediente:11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:

1) El señor Carlos Humberto Gil Giraldo se vinculó en provisionalidad, en el cargo
de registrador municipal en la Registraduría Municipal de Frontino (Antioquia),
mediante nombramientos sucesivos que luego eran prorrogados desde el 9 de
marzo de 2015 y hasta el 8 de marzo de 2020.

2) Mediante la Resolución No. 558 del 30 de agosto de 2019 fue nombrado por
última vez en provisionalidad y en dicho acto se estableció que el término del
nombramiento sería de seis (6) meses.

3) Mediante el Oficio No. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, la
Registraduría le solicito al demandante la entrega de su puesto, comunicándole que
a partir del 8 de marzo del mismo año finalizaba el plazo dispuesto para su
nombramiento en provisionalidad.

4) El 1 de febrero de 2021, presentó demanda en ejercicio del medio de control
jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de controvertir la
legalidad de la Resolución No. 558 que lo nombró en provisionalidad y el Oficio No.
DDA-TH-1001-19-03 que lo desvinculó del servicio.

5) El 28 de junio de 2021, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín dictó sentencia en la que negó las pretensiones del medio de control
con fundamento en que con respecto a la acción incoada por el demandante había
operado el fenómeno de la caducidad, debido a que la Resolución No. 558 del 30
de agosto de 2019 fue notificada por lo menos desde la fecha de su posesión (09
de septiembre de 2019), por lo que ya habían vencido con creces los 4 meses para
demandarla y el Oficio No. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020 le fue
notificado el 5 de marzo de 2020, de modo que, descontando el periodo de
suspensión de términos con ocasión de la pandemia por el COVID19, el término
estuvo en suspenso entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, por lo que, para
el 22 de octubre de 2020 cuando la parte actora presentó la solicitud de conciliación
prejudicial, ya había perdido también la oportunidad para demandar, en tanto esta
venció el 20 de octubre de 2020.

6) La anterior decisión fue apelada por la parte actora quien señaló que el acto
enjuiciable era el Oficio No. DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020, el cual
le fue notificado el 6 de marzo siguiente, de modo que la oportunidad para demandar

Expediente:11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

vencía en un primer momento, el 9 de julio de 2020, sin embargo, al sumar los tres
(3) meses y catorce (14) días de suspensión de términos (debido a la pandemia
decretada mediante los Acuerdos CSJANT20-80 de 12 de julio de 2020 y
CSJANT20-87 de 30 de julio de 2020) tenía hasta el 23 de octubre de 2020 para
demandar, motivo por el cual como presentó la solicitud de conciliación el 22 de
octubre de 2020 la demanda fue oportuna.

7) El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 15 de septiembre de
2025 en la que confirmó el fallo de primera instancia bajo el entendido que el oficio
enjuiciado no era un acto demandable y que la decisión definitiva que debía
cuestionar en sede judicial el actor era la Resolución No. 558 del 30 de agosto de
2019, por cuanto fue esta la que dispuso que su nombramiento solo se prorrogaría
sería por seis (6) meses, de ahí que si estaba en desacuerdo con esa determinación
debió cuestionar dicho acto, no el oficio, teniendo en cuenta que este último era un
acto de mera comunicación de “lo que obvia e indiscutiblemente ya conocía y sabía
de antemano”.

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor señaló que, en la providencia proferida por el tribunal, se incurrió en un
exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente jurisprudencial en los
siguientes términos:

1) Con respecto a la configuración del exceso ritual manifiesto alegó que, en primer
lugar, el tribunal hizo una errónea calificación del acto de desvinculación toda vez
que:

“(…) Un acto administrativo no se define por su nombre, sino por su
capacidad de producir efectos jurídicos. El Oficio DDA-TH- 1001-19-03 no
fue un acto preparatorio, sino la manifestación unilateral y definitiva de la
voluntad de la administración de extinguir una relación laboral” (Archivo
disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

Y, en segundo lugar, adujo que exigirle al ciudadano que demande su acto de
nombramiento mientras se encontraba en el ejercicio de su cargo supone la
creación de una barrera insuperable de acceso a la justicia.

2) Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegó que se
desconocieron las sentencias T-221/2014, SU-917/2015 y SU-054 de 2015 de la
Corte Constitucional y las providencias del 12 de marzo de 2020 – radicación 11001-
03-15-000-2019-05310-00, 1 de septiembre de 2017- radicación 73001-23-33-000-
2012-00231-01, 7 de octubre de 2004 - radicación 25000-23-26-000-1999-02241-

Expediente:11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

01, 19 de febrero de 2018 – radicación 66001-23-33-000-2014-00408-01, 24 de julio
de 2008 – radicación 25000232500020010853401, 8 de junio de 2023 radicación
180012331000201100222-02, 19 de septiembre de 2019 – radicación 18001-23-31-
000-2013-00006-01 y del 25 de enero de 2018 radicación 11001-03-25-000-2017-
00433-00 del Consejo de Estado y afirmó que no se tuvo en cuenta la línea
jurisprudencial de esta Corporación según la cual comunicaciones, oficios o cartas
que notifican la desvinculación o el retiro de un servidor público son actos
demandables que deben estar debida y expresamente motivados, contrario a lo que
ocurrió en este caso pues su desvinculación careció por completo de la mínima
motivación.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“a. TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante, CARLOS
HUMBERTO GIL GIRALDO, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la primacía del derecho sustancial sobre las
formas.

b. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS
la sentencia del quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión, dentro del proceso con radicado No.
05001333301920210003801.

c. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión que, en un término perentorio y no superior a cuarenta y ocho
(48) horas, profiera una nueva providencia de reemplazo en la que se
abstenga de incurrir en el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y, en su lugar, proceda a realizar un análisis de fondo sobre las
pretensiones de la demanda, reconociendo que el Oficio DDA-TH-1001-
19-03 es un acto administrativo definitivo y susceptible de control judicial.

d. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión que debe de tener en cuenta EL PRECEDENTE JUDICIAL. La
línea jurisprudencial consolidada del honorable Consejo de Estado,
máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Dicha corporación ha
sostenido de forma reiterada que las comunicaciones, oficios o cartas que
notifican la desvinculación o el retiro de un servidor público son, en efecto,
actos administrativos definitivos y particulares, plenamente demandables,
pues definen de manera concluyente la situación jurídica del funcionario.

e. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión que, proceda a realizar un análisis de fondo sobre el término de
la caducidad y que se tome hasta la fecha de solicitud de audiencia de
conciliación, 21 de octubre de 2020 y NO el 13 de enero

f. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión que, proceda a realizar un análisis de fondo sobre las
actuaciones de los apoderados de la parte demandada. Analizar todo el
material probatorio que aparece en la carpeta administrativa, se
comprueba la falta de diligencia y cuidado de la parte demandada y hasta
raya con la mala fe, el hecho de enviar de manera extemporánea tanto la
contestación de la demanda como los alegatos y no asiste a la audiencia
de conciliación, lo anterior con el fin de los honorables magistrados
analicen de fondo la hipotética condena en costas. de 2020 como lo

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Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

tomaron los Magistrados del Tribunal.”. (Archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación de procesal

Mediante auto del 29 de septiembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se
admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de Antioquia y se vinculó al titular del Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y al registrador nacional del Estado
Civil, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia (índice 0009 del
aplicativo SAMAI) solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
porque no se acredita en el caso la relevancia constitucional, toda vez que la parte
actora pretende emplear este mecanismo como una tercera instancia, pues, en
torno a la caducidad, ya se surtieron los debates correspondientes en el proceso
ordinario; a su vez, argumentó que la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene carácter excepcional, restringido y extraordinario y solo puede operar cuando
se encuentra un ejercicio arbitrario, voluntarista y caprichoso del poder judicial sin
que pueda emplearse como un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en
firme ni desautorizar a los jueces del proceso ordinario.

A su turno, la Registraduría Nacional del Estado Civil (índice 00010 del aplicativo
SAMAI) manifestó no tener competencia para pronunciarse sobre las pretensiones
formuladas por el actor, toda vez que estas son de conocimiento del Tribunal
Administrativo de Antioquia en el marco del proceso y por ese motivo solicita ser
desvinculada.

Por su parte el Juzgado 19 Administrativo de Medellín (índice 00013 del aplicativo
SAMAI) exclusivamente remitió a esta corporación copia digital del expediente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

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Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia del actor, presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 15 de
septiembre de 2025, mediante el cual se confirmó la decisión de declarar probada
la caducidad respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.1 La solicitud de desvinculación

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó en su informe ser desvinculada
del asunto, no obstante la Sala no accederá a dicha solicitud porque esa autoridad
fue vinculada en condición de tercera con interés dado que fungió como parte
demandada en el proceso ordinario en el que se expidió la providencia objeto de
censura, por lo cual su llamado al proceso era necesario en aras de proteger su
derecho de defensa y debido proceso, pues la decisión que eventualmente se dicte
podría afectar sus derechos.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

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Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
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1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar
varios elementos, entre ellos que la acción de tutela no se use para debatir asuntos
que hayan sido discutidos en el trámite del proceso ordinario, puesto que este
mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la mera discrepancia que el actor tenga frente al
criterio de los jueces naturales.

2) En el presente caso, el señor Carlos Humberto Gil Giraldo reclamó la
configuración de un defecto procedimental por un supuesto exceso ritual manifiesto
y un supuesto desconocimiento del precedente ante la interpretación que hizo el
Tribunal Administrativo de Antioquia sobre dos aspectos, principalmente; i) la
calificación que hizo el tribunal accionado del Oficio No. DDA-TH- 1001-19-03 como
acto de mera comunicación o de trámite y ii) la responsabilidad que le atribuyó de
demandar su propio acto de nombramiento.

3) Sobre el primer punto, el accionante reprochó que en la sentencia se desconoció
la naturaleza del oficio referido, ya que este tuvo como objeto extinguir la relación
laboral; sobre el segundo, advirtió que exigirle demandar su propio acto de
nombramiento suponía una vulneración a su derecho de acceso a la administración
de justicia.

4) Para esta Sala, los reparos del actor relacionados con la naturaleza del oficio o
la identificación del acto que debía ser enjuiciado carecen de una clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional, toda vez que se trata de la misma
discusión que el accionante ha pretendido ventilar a lo largo de todo el proceso
ordinario; en efecto, tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión y la
apelación, el actor ha pretendido proponer el mismo debate dirigido a demostrar que
el oficio referido constituía un acto susceptible de ser demandado y que con su
desvinculación se buscaba perseguir un fin contrario al mejoramiento del servicio .

5) El juez de la primera instancia hizo el análisis correspondiente de la demanda y
sus pretensiones y precisó que el término para demandar ante la jurisdicción con
respecto a la Resolución 558 estuvo comprendido entre el 10 de septiembre de 2019
al 10 de enero de 2020.

6) Al analizar la caducidad del segundo acto, el juez también refirió que la
oportunidad para demandarlo estaba comprendida entre el 16 de marzo de 2020 al
20 de octubre de 2020, incluyendo la suspensión dispuesta por el Consejo Superior
de la Judicatura en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, sin embargo,

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Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

la solicitud de conciliación fue presentada por el actor por fuera de ese término, esto
es, el 22 de octubre del mismo año, de modo que la demanda estaba caducada
frente a ambos actos administrativos.

7) En el escrito de apelación, el señor Carlos Humberto Gil Giraldo nuevamente
esgrimió los mismos argumentos expuestos en el escrito de la demanda en los
siguientes términos:

“ (…) es el oficio N° DDA-TH-1001-19-03 del 25 de febrero de 2020 el acto
que definitivamente puso término a la relación laboral y definió la situación
jurídica del demandante y, por ende, demandable ante esta jurisdicción;
y, si bien se acusó también la Resolución N° 754 del 558 de agosto 30 de
2019 –acto de nombramiento- que estableció la duración del
nombramiento en seis (6) meses, admitir la aplicación de la caducidad
frente a dicho acto, vulneraría, entre otros derechos, el de acceso a la
administración de justicia, ello en el entendido de que el demandante se
vería obligado a demandar el acto administrativo que lo nombró durante
la vigencia de la relación laboral, situación que, en la práctica, se le
dificultaría al empleado, máxime cuando su relación laboral venía
prorrogándose en el tiempo, a través de nombramientos sucesivos desde
el año 2015 hasta el año 2019 (13 Contratos firmados sucesivamente),
situación que le generaba cierta confianza de continuidad en el cargo.”

8) En el trámite de la segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia
también se refirió sobre el particular y ratificó parcialmente lo dispuesto por el juez
de la primera instancia, en tanto declaró la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo el entendido que el acto enjuiciable era
la Resolución No. 558 del 30 de agosto de 2019.

9) Específicamente, en lo concerniente al desconocimiento del precedente judicial,
la parte actora alegó que con la providencia judicial atacada la demandada
desconoció el precedente contenido en diversas sentencias proferidas por esta
Corporación2, las cuales, a su juicio, constituyen una “línea jurisprudencial” según
la cual las comunicaciones, oficios o cartas son actos definitivos que pueden ser
demandados3, de modo que el incumplimiento del deber de motivación de tales
actos conlleva a su ilegalidad.

2 2 i)Sección Quinta del Consejo de Estado, proferida el 29 de abril de 2015. Radicado No 11001-03-

15-000-2014-04126-00. ii) Sección Primera. Sentencia del 12 de marzo de 2020, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez. Radicación: 11001-03-15-000-2019-05310-00 iii) Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, 1 de septiembre de 2017, expediente 73001-23-33-000-2012-00231-01
(2087-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.iv) Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de octubre
de 2004, radicación 25000- 23-26-000-1999-02241-01(27272), C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez v) Consejo de Estado, Sección Segunda, 19 de febrero de 2018, expediente 66001-23-33-
000-2014-00408-01(2510-17), C. P. César Palomino Cortés vi) Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, 24 de julio de 2008, expediente 25000232500020010853401(0841-05), C.
P. Jesús María Lemos Bustamante vii) Consejo de Estado, Sección Primera, 8 de junio de 2023,
radicación 180012331000201100222-02, M.P: Hernando Sánchez Sánchez viii) Consejo de Estado,
Sección Tercera, 19 de julio de 2007, expediente 33.918, C.P: Enrique Gil Botero, y ix) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, 25 de enero de 2018, expediente 11001-03-25-000-2017-
00433-00 M.P. Dr. William Hernández Gómez.
3 De acuerdo con el accionante el Oficio No. DDA-TH-1001-19-03.

Expediente:11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

10) Sin embargo, la discusión sobre la naturaleza del oficio de desvinculación y su
carácter de actor definitivo o de trámite, como fue explicado anteriormente,
constituye un aspecto que fue debidamente abordado en el trámite del proceso
ordinario, punto sobre el que el demandante formuló reparos tanto en el escrito de
la demanda como en los alegatos de conclusión y el recurso de apelación,
oportunidades en las cuales alegó que ese acto carecía de motivación.

11) Lo expuesto permite concluir sin mayores dilaciones que, en lo concerniente al
exceso ritual manifiesto y al desconocimiento del precedente judicial, la parte actora
pretendió emplear la acción de tutela como un mecanismo para obtener una
decisión favorable a sus intereses en el proceso en que se profirió la providencia
atacada, a pesar de que tal desacuerdo atañe a una discusión de mera legalidad y
por demás reiterativa que ya fue decidida en sede ordinaria y que resulta insuficiente
para sustentar la relevancia constitucional.

12) Es así que resulta evidente que el accionante pretende traer a la acción de tutela
asuntos que ya fueron discutidos y valorados por los jueces de la primera y segunda
instancia en el curso del proceso ordinario, proceso en el cual se declaró probada
la caducidad con respecto a los actos demandados.

13) La controversia planteada por esta vía constitucional está relacionada con una
discusión que ya fue sometida a la decisión de las autoridades judiciales
competentes, sin que sea viable que el juez constitucional, en virtud de su
competencia, pueda inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena
de afrentar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

14) Por motivo de las razones expuestas se declarará la improcedencia del exceso
ritual manifiesto y el desconocimiento del precedente judicial alegados.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Humberto Gil, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

Expediente:11001-03-15-000-2025-06027-00
Demandante: Carlos Humberto Gil Giraldo
Acción de tutela

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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